Resistencias, infrapolítica y movilización en dictadura.
El movimiento de derechos humanos en Córdoba desde los papeles
de la Policía Federal (1976-1979)
Ana Carol Solis
Anuario Nº44 / ISSN 1853-8835 / 2026
http://anuariodehistoria.unr.edu.ar/ojs/index.php/Anuario/index
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Resistencias, infrapolítica y movilización en
dictadura. El movimiento de derechos humanos en
Córdoba desde los papeles de la Policía Federal
(1976-1979)
Resistances, infrapolitics and mobilization during the
dictatorship. The human rights movement in Córdoba
from the papers of the Federal Police (1976-1979)
ANA CAROL SOLIS
Universidad Nacional de Córdoba
Asociación de Historia Oral República Argentina
Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política
acarolsolis@yahoo.com.ar
RESUMEN
Persiguiendo viejos y nuevos conflictos, algunos previsibles y otros inesperados a los
ojos del poder, se indagan las huellas de las acciones colectivas mediante un ejercicio
que se interroga por las formas, las escenas y las temporalidades en las que discurrieron
un mosaico enmarañado de actuaciones furtivas, clandestinas y públicas en oposición
a la configuración de acciones permitidas, toleradas y prohibidas por el poder dictatorial.
Se centra en el movimiento de derechos humanos en Córdoba a través del análisis de
las huellas de su accionar en los papeles secretos y reservados de la Policía Federal
Argentina Delegación Córdoba, en particular de los subconjuntos memorandos y
carpetas temáticas. La represión directa, la persecución y el espionaje producidos o
informados por esta policía permite captar un abanico de actuaciones que remiten a la
persistencia de argucias y artefactos de las militancias anteriores como a sus
renovaciones, mostrando que aún en ciclos altamente represivos se agudizaron las
formas comunes de hacer posible la búsqueda de una solución social a los efectos del
terror de Estado.
Palabras clave: infrapolítica; movilización; derechos humanos; documentos secretos;
Policía Federal Delegación Córdoba.
Resistencias, infrapolítica y movilización en dictadura. El
movimiento de derechos humanos en Córdoba desde los papeles de
la Policía Federal (1976-1979)
Anuario Nº44, Escuela de Historia
Facultad de Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Rosario), 2026
ISSN 1853-8835
ABSTRACT
Pursuing old and new conflicts, some expected and other unexpected to the eyes of
power, the footprints of the collective actions are inquired through an exercise that
questions the forms, the scenes and the temporalities where it transpired a tangled
mosaic of clandestine and public activities in opposition to the configuration of actions
allowed, tolerated and prohibited by the dictatorial power. It focuses around the human
rights movement in Córdoba through an analysis of the tracks left by it in classified
documents of the Argentine Federal Police Córdoba Delegation, in particular the
memorandums and folders. The direct repression, persecution and espionage produced
or informed through these documents enable us to catch an array of actions that send
to the persistence of artifacts and tricks of past militants as well to their renovations,
showing that even in highly repressive cycles the ways to find a social solution to the
effects of state terrorism sharpened.
Keywords: infrapolitics; mobilization; human rights; secret documents; argentine
Federal Police Córdoba delegation.
Introducción
El artículo propone contribuir en la estela de la renovación historiográfica que
en las últimas décadas ha producido notables avances desde la historia reciente
en tres dimensiones: por un lado, respecto de las formas de resistencia a las
dictaduras en diálogo con el problema de la actitudes sociales, por otro a la
historización de las luchas por derechos humanos y en particular del
movimiento homónimo y, por fin, al lugar de las agencias estatales represivas
en el seguimiento y persecución de los núcleos, organizaciones y redes
defensistas. Retoma en cuanto a la primera dimensión, las contribuciones de
Águila y Alonso (2013), Lvovich (2025),
1
Águila (2015) y Dicósimo (2012) para
complejizar el abanico de las actitudes sociales, buscando incluso huellas de
dichas actitudes en papeles oficiales secretos o reservados y debatiendo
teóricamente la pertinencia conceptual de analizar resistencias como actitud
social. Al mismo tiempo, dialoga con la ya consolidada tradición de estudios
sobre el movimiento de derechos humanos que ha realizado un mapeo y
actualización de las investigaciones de diferente alcance territorial y temporal,
con trabajos de síntesis que han puesto de manifiesto las recurrencias y
1
Lvovich realizó para PolHis un temprano Dossier temático sobre actitudes sociales (2015).
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particularidades del fenómeno de conformación y devenir de este actor
paradigmático, como los trabajos de Alonso (2022), Scocco (2021), Kotler (2014),
Azconegui (2021), Crenzel (2008), Zubillaga (2019) y Laino Sanchis (2025),
2
entre otros, y los míos propios. Por fin propone aportar a los estudios de la
represión en la senda de las compilaciones y síntesis promovidas por Águila,
Garaño y Scatizza (2020), Lvovich (2020), Franco (2018), entre otras, y de las
policías en concreto como Águila (2018), Kresic (2020), Eidelman (2010), en
particular respecto de las tareas de inteligencia desarrolladas por diferentes
agencias estatales represivas en las investigaciones de Kahan (2007), Funes
(2006) y Zubillaga (2024) para fuentes de la DIPPBA, además de Román
Margaría y Schnyder (2015), Scatizza (2016), Muzzopapa (2017) y Scocco (2019)
entre otros, para otras fuerzas, acervos documentales e incluso períodos,
buscando ese diálogo con las dimensiones previas.
3
Entonces, en la línea de las investigaciones que ponen en duda las miradas
dicotomizadas de las respuestas sociales a la violencia represiva y el
disciplinamiento ejercidos en la última dictadura, el artículo expone un
itinerario para hilvanar las resistencias infrapolíticas y las movilizaciones
asequibles en fuentes reservadas y secretas. A su vez, procura reflexionar sobre
los intersticios para asir la acción colectiva desde la producción de inteligencia
a nivel local de la Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina.
Persiguiendo viejos y nuevos conflictos, algunos previsibles y otros inesperados
a los ojos del poder, se indagan las huellas de las acciones colectivas mediante
un ejercicio que se interroga por las formas, las escenas y las temporalidades
en las que discurrieron un mosaico enmarañado de actuaciones furtivas,
clandestinas y públicas en oposición a la configuración de acciones permitidas,
toleradas y prohibidas (en la línea de Tilly) por el poder dictatorial. Se centra en
el movimiento de derechos humanos, buscando articular reflexiones generales
con una mirada más micro de las transformaciones y continuidades
perceptibles al reducir la escala. Esto permite captar un abanico de actuaciones
que remiten a la persistencia de argucias y artefactos de las militancias
anteriores como a sus renovaciones, mostrando que aún en ciclos altamente
represivos se agudizaron las formas comunes de hacer posible la búsqueda de
una solución social a los efectos del terror de Estado.
Asir la historia de las organizaciones y personas que han conformado el
movimiento de derechos humanos en Argentina —aun considerando una
definición incluso más amplia de movimiento social que implicaría no solo a
2
De los mismos autores hay varias obras, se citan solamente algunas representativas de sus
enfoques.
3
Una referencia igualmente ineludible es el dossier “Los organismos de inteligencia en Argentina.
Miradas desde los archivos a una burocracia secreta” coordinado por Muzzopappa y Nazar en
Aletheia (2022).
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estas organizaciones sino también a sus redes, en escenarios tanto nacionales
como externos— ha sido posible principalmente por los testimonios de sus
integrantes y de sus redes solidarias, otorgándoles una centralidad que no se
discute. De hecho, gran parte de las investigaciones, en particular desde el
campo historiográfico, han recurrido con insistencia a esas memorias
biográficas y organizacionales como materia prima de los relatos. Es más, varios
emprendimientos, en los bordes y colaboraciones entre la expertise académica
y la militancia de las organizaciones han ayudado a construir y disponer los
testimonios para su resguardo y accesibilidad.
Esa centralidad y relevancia social ha sido incluso mayor para dar cuenta de
los inicios de estos nucleamientos, cuando la represión posterior al golpe de
Estado de 1976 fue desarticulando los modos previos de inscribir y accionar
socialmente contra la violencia represiva. De allí que la propia ferocidad
represiva, en parte, ha generado esta importancia del testimonio, máxime
cuando las condiciones de clandestinidad en la que muchos se movieron
dificultaron enormemente el resguardo de otras huellas, entre ellas de
materialidades que dieran cuenta de ese accionar de resistencia.
Sin embargo, lo anterior debiera matizarse por cuanto es claro que, en más de
un caso, las propias familias y allegados de las personas represaliadas
resguardaron los papeles personales y otras huellas que expresan el derrotero
de esas búsquedas y su temprana e insistente acción denunciativa. Es cierto,
además, que varias de esas acciones de búsqueda fueron colectivas aunque se
hayan realizado a título individual, como la presentación de habeas corpus,
estrategias que los mismos testimonios han permitido documentar. La
accesibilidad a tales huellas del pasado en el presente es relativa y en varios
casos depende de las relaciones interpersonales que puedan habilitar ese
compartir, pero desde hace un tiempo y con variaciones regionales, existe la
posibilidad de acceder a documentación otrora no pública. Ello fue posible por
las políticas de memoria y en concreto por las acciones de la justicia que
permitieron resguardar un vasto universo documental producido por diferentes
instituciones estatales, entre ellas las agencias represivas. Esas informaciones
resguardadas, por ejemplo aquellas relativas a las tareas de seguimiento y
producción de informaciones e inteligencia, han sido incorporadas con variadas
temporalidades y densidades en archivos públicos. Ello fue así porque su
resguardo depende, en primer lugar, de los propios procesos de justicia y demás
políticas reparatorias y, con diferencias regionales, su incorporación como
fuente historiográfica depende igualmente de las explicaciones sobre la
historicidad de las luchas por derechos humanos, en la medida en que han
resultado disponibles. Así, disponibilidad de preservación y acceso junto a la
oportunidad e integración interpretativa resultan claves para su incorporación
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en las explicaciones del devenir de las luchas por los derechos
humanos. En esta oportunidad, el artículo analiza, dentro de una investigación
en curso, los papeles resguardados en memorandos y carpetas temáticas de la
Policía Federal Delegación Córdoba, buscando encontrar en ellas huellas de la
acción colectiva en dictadura. Este fondo se corresponde, desde las perspectivas
de Muzzopapa y Schnyder (2021: 6), a una documental disponible por un
allanamiento judicial y con la finalidad principal de prueba judicial, a diferencia
de otros que los conceptualizan como hallazgos. En efecto, para contextualizar
el corpus documental, fue a partir de la acción de la Justicia Federal que este
acervo fragmentario —es decir que no se conserva la totalidad de lo producido
por esta agencia— pasó a ser resguardado en el Archivo Provincial de la Memoria
de Córdoba y contiene aquellos conjuntos documentales que a la justicia le
resultaron relevantes en el marco de las causas en curso. El fondo ingresó en
2010 al archivo y contiene legajos de identidad, memorandos S.I y Reservados,
carpetas temáticas (no en su totalidad, sólo aquellas que la justicia consideró
con valor probatorio) y fichas. La documentación hasta el momento se ha usado
principalmente con fines judiciales y reparatorios, aunque hay investigadores
que han utilizado algunas colecciones parciales pero en general para recortar
objetos definidos, siendo incipientes los estudios en serie de los mismos (Solis,
2023a; Ortiz, 2019 y 2022 y Ríos, 2018). Con respecto al rol de la Policía Federal
Delegación Córdoba en la represión local, en trabajos previos hemos
caracterizado su presencia en casos ligados a administraciones nacionales en
la provincia, al seguimiento particular de entidades nacionales para la
identificación de activistas, además de su rol como informante de diversos
procedimientos, propios y no propios. Se ha vuelto evidente en esta fuente su
progresiva articulación y subordinación al actor militar, en este caso al Ejército,
por ejemplo mediante su inclusión y permanencia en las reuniones de la
Comunidad Informativa, al menos durante 1976, su alejamiento de las
reuniones en 1977 y la exposición de su particular saber basado en los años
que llevaba produciendo información en el medio cordobés. Hemos
documentado también su participación en procesos de Instrucción de
Prevenciones Sumarias a detenidos para infracciones de la ley 21460 y
posiblemente en roles técnicos derivados de su conocimiento en la producción
de información e inteligencia. Otras participaciones de la Federal no han sido
confirmadas: por lo menos en los Juicios de Córdoba no hay condenados de esta
fuerza hasta el presente. Sí se han utilizado estos documentos para probar la
sistematicidad en el accionar represivo local, e incluso en ellos se advierten
algunas diferencias de opción entre las fuerzas que se han incluido en las
sentencias.
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La acción colectiva en los papeles de la Federal
¿Qué aportan los papeles secretos de esta policía sobre las resistencias, la
acción colectiva y los procesos de movilización en dictadura? Esta pregunta
inicial introduce el problema de las correspondencias, opacidades y
translucencias que se solapan en la pretensión de asir la acción colectiva y la
movilización en papeles oficiales o, precisando más aún, en papeles producidos
y/o resguardados por una agencia estatal especializada en el ejercicio de la
represión como acción o amenaza. No es una pregunta nueva, pero la intención
es responder de manera situada, a la luz del ejercicio investigativo. Para ello es
menester realizar algunas precisiones, respecto del modo en que entenderemos
esas formas de acción. Por un lado, nos referiremos a un conjunto amplio de
actuaciones, desafiando los límites de las actividades permitidas, toleradas y
prohibidas por la dictadura que muestran la acción de búsqueda y de denuncia
de las situaciones padecidas por personas represaliadas. Ese amplio abanico
reúne desde las acciones emprendidas por familiares y allegados hasta las que
pueden ser precisadas como más estrictamente políticas, en el sentido de
organizadas con el fin expreso de instalar una denuncia política hacia la
dictadura. Analíticamente, todas pueden ser pensadas desde la categoría de
resistencias de Scott (2000), entendidas como acciones que se mueven entre la
seguridad de los pares y la resistencia abierta (más propias de un contexto de
apertura política) y que, en la mayoría de los casos discurren en los niveles de
la infrapolítica, principalmente por las condiciones de cercenamiento del
espacio público y la desigualdad exponencial de recursos de poder para instalar
esa acción de resistencia frente al poder. Estas acciones son particularmente
evidentes en los años de mayor despliegue represivo y, conforme se dieron
mayores condiciones seguras para instalar otro tipo de repertorio las acciones
colectivas en sentido más clásico —es decir como acciones que se inscriben
públicamente en una interacción contenciosa contra un oponente— que se
dieron preferentemente ya en los años ochenta, aunque nos concentramos en
los primeros años, de los cuales existen menos fuentes para documentar esas
primeras acciones en dictadura.
Para comprender las acciones infrapolíticas se recurre a James Scott (2000)
quien propone la existencia de discursos públicos y discursos ocultos como
puertas de acceso a las relaciones entre dominadores y dominados. Si bien
retomar su planteo implica un desafío analítico respecto del uso pertinente de
categorías pensadas inicialmente para otros sistemas de dominación, su lectura
ilumina las diferencias entre discurso frente y detrás del poder de los actores, y
permite delimitar situaciones a medio camino entre lógicas de acción defensivas
y el abierto desafío, a través de la noción de infrapolítica entendida como,
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[...] la variedad de las formas de resistencia muy discretas que recurren
a formas indirectas de expresión (…). Una concepción de la política enfocada
exclusivamente en las que pueden ser las manifestaciones impuestas de
anuencia o en la rebelión abierta reduce enormemente la imagen de la vida
política, sobre todo en las condiciones de tiranía o de casi tiranía en las que
se encuentra gran parte del mundo (Scott, 2000: 44).
De su mano, el concepto de infrapolítica posibilita considerar una amplia gama
de actuaciones que no son la resistencia “abierta”, sea en sentido amplio y
coloquial o en sentido estricto como se concibe y conceptualiza al asociarla a la
acción colectiva contenciosa. Esa perspectiva de la infrapolítica entiende los
márgenes discretos por los que se cuela la acción desafiante en un contexto
dictatorial como el argentino y resulta muy afín para pensar las resistencias en
Córdoba. La perspectiva de Scott guarda similitudes con De Certeau (2000) en
su noción de resistencia, cuando busca componer un abordaje de los desafíos
en lo cotidiano —y ya no solo para grandes regímenes de dominación—
pensando los tránsitos entre la aceptación y la transformación; desde una
mirada que destaca la capacidad afirmativa, creativa y fundante de las
resistencias allí donde solo pareciera haber introyección del orden (Abal Medina,
2007). Para las acciones de desafío abierto, las clásicamente consideradas
acciones colectivas, se toman las coordenadas de los analistas del proceso
político y en particular de la contienda política contenciosa (Mc Adam, Mc
Carthy y Zald, 1999; Mc Adam, Mc Adam, Tarrow y Tilly, 2005).
Ahora bien, para integrar las acciones producidas contra el poder con la
pretensión de auscultar, identificar y desarticular esas acciones por parte del
mismo poder al que se intenta desafiar o al menos trascender, es preciso valerse
de otras aproximaciones. Por un lado, retomar de los analistas de la contienda
política la centralidad de la construcción de amenaza,
4
un proceso básico de
atribución (el otro es el de las oportunidades) que permite asir su contingencia,
historicidad y variabilidad para comprender que, a los ojos del poder dictatorial,
esa atribución de amenaza más allá de estar definida y aparentemente
contenida en determinadas figuraciones del enemigo, fue igualmente una
disposición abierta con una fuerte dimensión conjetural. De allí la importancia
de dar cuenta de lo esperado, lo previsible y lo inesperado en cuanto a las
acciones de desafío, disidencia u oposición abierta en dictadura, mediante la
posibilidad de pensar en esa construcción dinámica de la amenaza. Justamente,
el proceso de atribución de amenaza deviene sustantivo para componer una
mirada de las acciones de espionaje y la producción de informaciones que prima
en los papeles oficiales secretos de esta policía. En otras palabras, permite
dinamizar ese peinar a contrapelo la escena buscando amenazas reales o
4
Esta mirada toma los aportes teóricos de los procesos de movilización social; particularmente
respecto de los procesos de atribución de oportunidades y amenazas (McAdam, Tarrow y Tilly,
2005).
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potenciales, aún en lugares inimaginados. Como se expondrá, si las reuniones
de la Comunidad Informativa de Inteligencia sirven para caracterizar a grandes
rasgos quienes componen esa amenaza e incluso valorar cuán amenazantes
resultan a los ojos del poder, atribuir amenaza es una acción y un proceso clave
para situar la concreción rutinaria de expedientes temáticos de la Policía
Federal Delegación Córdoba, una de las fuentes consideradas en esta pesquisa.
Brevemente, las carpetas temáticas de la Policía Federal Delegación Córdoba
5
reúnen un conjunto de documentos variables (memos, volantes, informes con y
sin firma, cuadros de clasificación, revistas, resumen de declaraciones,
valoraciones, etc.) a modo de colecciones clasificadas por temas para
determinadas etiquetas. Buscando huellas de la acción colectiva en dictadura,
nos abocamos a caracterizar una de ellas. La carpeta C.A.D.H. N°91, Tomo I,
especifica en su tapa el desglose de los temas que contiene: Comisión Argentina
por los Derechos Humanos y como agregados posteriores, en caligrafía diferente,
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y Asamblea
Permanente. En su versión digitalizada y accesible a la consulta, contiene 247
folios que cubren un arco temporal de informaciones entre 1976 y 1986.
6
Con
un ordenamiento decreciente, a la manera del resguardo de expedientes
administrativos, se observan las sucesivas incorporaciones, a veces
identificables como subcarpetas, otras como documentos sueltos o agrupados
en los que se archivaban y —se estima— disponían para la consulta interna de
la fuerza, las novedades respecto del tema aglutinador. No poseen índices ni
descriptores internos, no guardan otra jerarquía que la temporal y en algunas
ocasiones reiteran documentos que hemos visto en la serie de memorandos
reservados o, en otros casos, coinciden en las informaciones allí resumidas
aunque éstas se encuentren en otros formatos, como informes de difícil
identificación en cuanto a su autoría, probablemente surgidos de sus propios
medios. Según este esbozo general, la carpeta contiene una variedad de
documentos que reunidos sugieren que no había un único modo de producir y
resguardar informaciones, primando al parecer en el guardado la variable
5
Archivo Provincial de la Memoria, Córdoba Fondo: Policía Federal Argentina Delegación Córdoba
(en adelante APM, Fondo PFDC).
6
Se tomarán los registros hasta 1979. Las condiciones de acceso como investigadora permiten
ver la digitalización en el Archivo. En base a los protocolos de consulta y las recomendaciones del
Comité de Ética de la FFYH y de la SECYT, no se harán referencias que permitan identificar a las
personas de las cuáles la documentación secreta y reservada da cuenta. Si bien algunas
situaciones conocidas en la historia de la represión local pueden inferirse por el contexto,
omitiremos cualquier información que permita identificar a cada una de las personas incluidas
en las informaciones; la decisión obedece no solo a que se trata de documentación secreta y
reservada, sino a que muchas de ellas fueron tomadas / producidas en situaciones de
interrogatorio a personas sin reconocimiento legal de su situación, ni resguardos procesales
mínimos. En otros casos, las informaciones contienen una serie de suposiciones sobre las
adscripciones identitarias, particularmente políticas, de las personas que no son en este artículo
de interés confirmar y dar a conocer.
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temática y cronológica, en la que estas novedades se sucedieron. El
análisis de la carpeta se complementa con las informaciones contenidas en los
Memorandos Reservados, perteneciente a la serie Memorandos de la misma
agencia policial federal. Ello permite contextualizar la documentación temática,
además de recuperar valoraciones circuladas sobre las informaciones reunidas,
ubicarlas en una agenda más integral de documentación destinada a la
comunicación inter e intra fuerza, entre las que destacan las referidas a la
síntesis de las reuniones de la Comunidad Informativa. Cabe aclarar que, para
los memorandos, hasta esta escritura el procesamiento de los mismos se
produjo entre septiembre de 1975 y 1978.
7
En base a su consulta se realizaron
en publicaciones previas aproximaciones a las temporalidades que se advierten
y se pudo componer con ese conjunto documental una primera periodización.
De igual modo, se recuperan los avances respecto de los contenidos temáticos
y la circulación de sus informaciones restringidas (Solis, 2023 y 2024). Con
respecto al tratamiento discursivo, se aclara que los términos incluidos
corresponden a los usos dados en los documentos; palabras como
“subversivos”, “delincuentes”, “detenidos”, “lucha antisubversiva” entre otras,
surgen todas ellas de la propia documentación y se consignan de ese modo sin
utilizar encomillados textuales en cada caso a fin de resguardar la inteligibilidad
del artículo.
Lo común y lo diverso en Córdoba tras el golpe
La crónica periodística comentó muy sucintamente el operativo de desalojo de
las autoridades provinciales de la Intervención Federal, por parte del Comando
del Tercer Cuerpo, aquella madrugada del 24 de marzo de 1976 en la que fueron
detenidos todos los presentes en la Casa de Gobierno:
Luego se liberó de esta situación al Interventor y al Ministro (Carlos Risso) [...]
Allí se aguardó […] hasta las 4.45 hs en que arribaron al lugar el general
Menéndez y otros altos oficiales. Minutos después pasaron al despacho oficial
el interventor, su señora y el Dr. Risso oportunidad en que el general
Menéndez –en un marco de sencillez y respeto- recibió el gobierno de manos
del Dr. Bercovich. Producida la ceremonia el grupo regresó al chalet N°1.
8
No hubo resistencia, no hubo violencia; sólo una ceremonia —sencilla según el
cronista— en la que el interventor entregó el gobierno de la provincia al General
Menéndez. Ese relato de cierta parsimonia y solemnidad contrasta con la
cuantía de víctimas detenidas y secuestradas en los primeros días en Córdoba,
7
El arco temporal considerado obedece a los avances de investigación ya procesados. Para el año
1979 la carpeta conservada resguarda un tipo de documentación diferente, de notas recibidas y
no enviadas. Los años posteriores están en proceso de indagación.
8
La Voz del Interior, Córdoba, 25-03-1976, p.9.
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a tal punto que hasta la actualidad no hay una fecha certera de cuándo comenzó
a funcionar el centro clandestino La Perla, el epicentro de la represión ilegal en
la provincia. Sin intención de debatir esta construcción de normalidad difundida
desde los medios de prensa comercial, es preciso recordar que, una vez
instalado el gobierno militar, el abanico de prohibiciones e intervenciones sobre
el amplio arco militante y organizacional preexistente afectó por igual a
organizaciones de distinto carácter y grado. La primera etapa del nuevo gobierno
a nivel nacional implicó, en su cara pública, el diseño del andamiaje jurídico
administrativo que delimitó las condiciones de funcionamiento de un espacio
público claramente cercenado. Dicho requisito actuó, junto a la represión
sistemática, como condición de partida para frenar el proceso de movilización
social y la politización de la etapa precedente (Águila, 2023; Crespo, 2007).
Desde la perspectiva temporal, las leyes que expresan ese andamiaje
corresponden al período inicial de la dictadura por lo que en escasos días,
apenas meses, quedó delimitado claramente el nuevo escenario normativo.
9
En
primer término, se suspendieron las actividades políticas y los partidos
políticos, así como las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y
profesionales; permitiendo sólo la actividad gremial vinculada a la
administración interna y de las obras sociales.
10
Como en los propósitos
inicialmente difundidos, cada uno de estos instrumentos puso énfasis en los
argumentos justificatorios referidos, por ejemplo, a posibles delitos económicos.
Estas medidas y las posteriores se presentaron como transitorias, haciéndose
permanentes por el mecanismo de las prórrogas. El disciplinamiento de la
sociedad, objetivo central de este dispositivo de cercenamiento, incluyó algunas
disposiciones específicas. En primer lugar, se estableció la posibilidad de
despedir a empleados públicos sin derechos indemnizatorios para los acusados
de estar implicados en actividades subversivas, permitiendo la depuración de
los cuerpos estatales, al completarla con la vigencia del régimen de
prescindibilidad establecido durante el tercer gobierno peronista (que permitía
la baja por razones administrativas). El efecto de estas leyes fue la cesantía de
un considerable número de empleados públicos que perdieron su derecho
9
Se toman para su despliegue los aportes de nuestra tesis de licenciatura en Historia, Oviedo y
Solis, 2006.
10
La prohibición se hizo extensiva a organizaciones preexistentes como las 62 Organizaciones, la
Confederación General Económica y la Confederación General de los Trabajadores, todas ellas de
fuerte protagonismo en la gestión peronista recién depuesta. En Córdoba, en el mes de junio se
reiteraron las condiciones de prohibición de las actividades políticas y gremiales mediante un
comunicado de la Secretaría de Seguridad, a través del Departamento de Relaciones Policiales de
la Provincia, puntualizando los casos contenidos: reuniones en la vía pública, actividades
gremiales, actividades políticas y reuniones en locales gremiales. “Las reuniones que se realicen
en locales cerrados y no contravengan lo establecido en la Ley 20840 Nacional se encuentran
limitadas únicamente por las disposiciones vigentes del Código de Faltas de la Provincia de
Córdoba”. La Voz del Interior, Córdoba, 20-06-1976, p.23.
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laboral; además del uso discrecional de la norma, por la ambigua
definición de las causales –vg. actividades “subversivas o disociadoras”, de
manera abierta o solapada. En Córdoba, la ley que adecuó la normativa para
los empleados públicos del ámbito provincial fue la 5.911, del 8 de abril de
1976.
11
Se prohibió incluso la realización de huelgas y otras medidas de acción
directa y se suprimió el fuero sindical,
12
en un claro avance contra los
sindicatos. El andamiaje destinado a suspender la estabilidad laboral y debilitar
el ejercicio de los derechos laborales se complementó con la suspensión del
derecho de opción, garantía de rango constitucional incluida en el artículo 2,
que permitía a los detenidos políticos salir del país, siempre que fueran pedidos
por el país receptor.
13
Finalmente, a los fines de nuestro objeto, otras leyes
muestran la amplitud de la amenaza subversiva, razón por la que se prohibieron
una serie de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, profesionales y
de derechos humanos. Entre las que habíamos encontrado activadas en la etapa
previa, en relación al conflicto de los detenidos políticos y sociales, figuran la
Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales
(CO.FA.P.P.E.G.) y la Comisión Peronista de Solidaridad (COPESOL).
Las prohibiciones contempladas en estas disposiciones generales se
complementaron con el establecimiento de penalidades para los infractores.
Brevemente, las mismas tipifican la peligrosidad de los delitos, estableciendo
desde el aumento en años de prisión hasta la posibilidad de la pena de muerte,
en el marco de la creación de los Consejos de Guerra Especiales Estables que
podían aplicar el procedimiento sumario del Código de Justicia Militar a
mayores de 16 años.
14
También se modificaron las condiciones de detención a
disposición del Poder Ejecutivo Nacional, situación que afectaba principalmente
a quienes estaban prisioneros desde antes del 24 de marzo.
15
11
La misma autorizó al Poder Ejecutivo provincial a dar de baja al personal de la administración
pública vinculado de cualquier forma a actividades subversivas o disociadoras, o que de forma
abierta, encubierta y solapada preconice o fomenten dichas actividades. Se aplicó a personal
permanente, interino, contratado, transitorio o suplente de la administración pública, legislatura,
tribunal de cuentas, organismos descentralizados autárquicos, empresas, bancos del estado y
empresas paraestatales, también a todas las dependencias del poder ejecutivo provincial. El
órgano encargado de aplicación sería el Superior Tribunal de Justicia. Se instruiría igualmente a
las municipalidades para tomar medidas similares. Además, se agregó que hasta el 31 de
diciembre se suspendía cualquier normativa provincial que se oponga a esta ley o reconozca el
pago de indemnizaciones. La Voz del Interior, Córdoba, 9-04-1976, p.8.
12
La Voz del Interior, Córdoba, 9-09-1976, p 9.
13
Se dispuso la disolución, clausura, quite de personería jurídica y sanciones a un conjunto de
organizaciones de carácter sindical, estudiantiles y políticas, identificadas con la izquierda, en
sentido amplio, pero también con el peronismo: sobre todo con la fracción más contestataria y
que, en la primera mitad de la década del ´70, había disputado su poder con el ala reaccionaria
del movimiento.
14
La pena de muerte por actividades subversivas incluía la pérdida del derecho indemnizatorio
para los familiares.
15
Decreto 955/76.
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Con respecto a las temporalidades, entre 1976 y 1977 se realizó el diseño del
marco institucional a nivel normativo, y tras esta primera etapa no se dictaron
leyes o decretos que hayan modificado sustancialmente el escenario de un
espacio público y político profundamente cercenado que, junto a la censura y
autocensura funcionó como una verdadera ficción. Este diseño se construyó
desde la dualidad “prohibición - penalidad” y su sentido primordial fue controlar
férreamente los espacios y modos de participación. El despliegue en detalle de
este dispositivo obedece a la necesidad de volver a recordar el cambio sustancial
de reglas de juego que operó en la faz pública y legal (de facto) de la dictadura,
sin que ello ignore el adelantamiento e incremento de la normativa represiva
sucedido en el tercer gobierno peronista pero que, a las claras, debe partir de
reconocer que los actores se encontraron con un escenario muy diferente para
enunciar reclamos y denuncias o construir y desplegar solidaridades antes y
después del golpe.
Con respecto a la provincia, lo verificado para Córdoba muestra que aquí se
conformó igualmente una Comisión de Asesoramiento Legislativo encargada de
redactar las respectivas leyes que adaptaron al nivel jurisdiccional provincial
las mismas normativas en los aspectos más relevantes como aquellas referidas
a la autodepuración del Estado. Sobre este suelo común de construcción de una
ficción legal real —en palabras de Victoria Crespo (2007)— lo diverso en la
provincia fue más bien el modo en que se ejecutó el plan sistemático de
represión política particularmente en su faz clandestina, en sintonía con lo
conocido respecto de la centralización de las decisiones y la ejecución
descentralizada (Águila, 2023).
La trama represiva y la centralidad de lo clandestino
Existe un consenso establecido por las investigaciones y por la justicia federal
respecto del adelantamiento represivo acontecido en Córdoba, al menos desde
el Navarrazo de 1974 que depuso a las autoridades constitucionalmente electas
y aún más desde mediados y fines de 1975 por la progresiva militarización de
la represión, en particular tras la llegada de Luciano Benjamín Menéndez a la
comandancia del III Cuerpo de Ejército en septiembre de ese año.
Tempranamente describimos esos cambios cualitativos en el ejercicio de la
represión cuando identificamos que, en el último tercio de 1975, a las
modalidades ya conocidas de la represión y la violencia en cierto modo
habituales se sumaron elementos novedosos en las denuncias que buscaban
disputar las narrativas del silencio y la desresponsabilización oficial
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inscribiendo la existencia de una verdadera escalada represiva.
16
Así,
en un estudio previo y en base a las recurrencias en las noticias difundidas por
la prensa gráfica cordobesa, se advierte un conjunto de modalidades
predominantes que darían cuenta de este cambio en el patrón represivo, las que
agrupadas se resumen en: Prisión sin condena efectiva, Persecuciones,
Detenciones Masivas y Allanamientos; Torturas; Procedimientos sin garantías
legales; Traslados; Exilios forzados; Asesinatos de familias señaladas como
«subversivas»; Amenazas y represión a los familiares de detenidos y/o
secuestrados; Secuestro/Detención, seguido de desaparición transitoria;
Secuestro/Detención, seguido de desaparición y muerte; Secuestro/Detención
seguido de desaparición permanente.
17
La diferencia central con la etapa
posterior radica en que fueron denunciadas en o por la prensa, en el marco de
un proceso de movilización y puesta en discusión pública de estas nuevas
formas de la violencia de la cual se discutía socialmente su autoría y
responsabilidad. Y lo común es que ya en 1975 se ha confirmado el
funcionamiento como centro de detención clandestino tanto del Departamento
de Informaciones de la Policía de Córdoba (D-2) como de la Ribera, prisión
militar dependiente del Ejército.
Ahora bien, una vez producido el golpe, se dio un cambio cuantitativo y
cualitativo en el ejercicio de la represión. La red represiva montada, que adquirió
toda su sistematicidad y coherencia después del 24 de marzo de 1976, tuvo
como epicentro al Destacamento de Inteligencia 141 “General Iribarren” que
concentraba toda la información, procesaba el trabajo de inteligencia y
participaba en la coordinación de las acciones de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad en la llamada “Comunidad Informativa de Inteligencia”. La red
articulaba los centros clandestinos La Perla con Campo de La Ribera, el D-2,
dependencias policiales, militares, penitenciarias y de gobierno.
18
En concreto, en la Ciudad de Córdoba y su inmediato hinterland, donde se ubicó
La Perla, se dispusieron diferentes puntos y funciones en la red y trama
represiva que fueron reconocidos por la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación en la información disponible del Registro Único de Víctimas del
Terrorismo de Estado (en adelante RUVTE).
19
Dicha sistematización producida
16
Escalada represiva era un modo de connotar la responsabilidad estatal frente a otra narrativa
exculpatoria, que explicaba el acrecentamiento de los casos y denuncias de violaciones a los
derechos humanos a la “escalada terrorista”. Esa narrativa podía atribuir igualmente a la acción
de las organizaciones armadas o a la violencia de derecha los casos, con una temprana
identificación poco rigurosa de cierta teoría de los dos demonios (Oviedo y Solis, 2006).
17
Ver Oviedo y Solis, 2006, capítulo 3.
18
Información disponible en el sitio oficial de los espacios de Córdoba.
(http://www.apm.gov.ar/?q=lp/1-la-perla-centro-clandestino-de-detenci%C3%B3n-tortura-y-
exterminio, consulta 2/9/2019)
19
La versión consultada es la que estuvo disponible hasta el final del gobierno de C. Kirchner en
la página de la SDH Nación. Consta de dos tomos, ordenados alfabéticamente.
Resistencias, infrapolítica y movilización en dictadura. El
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distingue entre Centros Clandestinos de Detención (CCD)
20
y Puntos de Apoyo
(PA). Dentro de los CCD principales, en la ciudad de Córdoba funcionaron
Campo de la Ribera
21
y el Departamento de Informaciones de la Policía de
Córdoba (D-2),
22
convertidos hoy en sendos espacios de memoria. El primero
estaba bajo autoridad del Ejército y con funcionalidad previa de prisión militar;
el segundo dependió de la órbita de la policía provincial. La importancia de la
policía en la represión local se afirma por integrarse al registro de CCD y PA a
la Jefatura Policial,
23
la Alcaldía de Córdoba, seis comisarías, la Policía Federal
Delegación Córdoba y la Guardia de Infantería de la Policía provincial.
24
Junto
a esta red territorial policial se encuentran los sitios dependientes de las fuerzas
armadas: además de Campo La Ribera, el Destacamento de Inteligencia 141
“Gral. Iribarren”, dependiente del Ejército,
25
el Comando de Brigada de
Infantería Aerotransportada IV
26
(en una localidad aledaña, camino a La Calera)
y la Escuela de Aviación Militar dependiente de la Fuerza Aérea.
27
Además de
estas dependencias, en la ciudad funcionaron otros lugares de detención
clandestina, aunque con menor envergadura, en agencias estatales como la
Municipalidad, algunas escuelas o sedes ministeriales. A ello se sumó una red
de puntos de apoyo en la que destacan los puntos sanitarios que incluyeron al
Hospital Militar Córdoba y Sanidad Policial. El primero de ellos ha sido señalado
además como lugar de partos clandestinos. La red represiva se completó con el
lugar de las cárceles locales en el dispositivo represivo que en la época eran tres:
Unidad Penal 1 o Penitenciaría de barrio San Martín, la Unidad Penal 2 o Cárcel
de Encausados y la Unidad penal 5 “del Buen Pastor” que era un penal de
mujeres.
28
Ahora bien, el esquema represivo excedió la ciudad capital, siendo
particularmente importante la zona aledaña a la misma que se extiende por el
oeste y el norte. De este hinterland destaca el predio de La Perla. Ubicado sobre
la ruta nacional N°20 en el ejido de la localidad de Malagueño del Departamento
20
Utilizo la denominación genérica que contiene el RUVTE. En los casos concretos de Córdoba
utilizo las denominaciones específicas, por ejemplo C.C.D.T.yE. cuando se han comprobado,
además, exterminio en dichos CCD.
21
En la zona ribereña del Río Suquía, al este de la ciudad.
22
Ubicado en el Centro, en proximidades de la plaza San Martín que es la principal del casco
histórico urbano. Con posterioridad esta agencia represiva fue trasladada a cercanías de la plaza
Colón y luego a barrio Güemes.
23
Se indica como locación el período en que ésta funcionó en las instalaciones del Cabildo, en
Plaza San Martín.
24
Emplazada en el centro de la ciudad.
25
En el parque Sarmiento, hoy sede de la Universidad Provincial. Fue señalizado en el año 2014.
26
Ubicado en zona oeste, camino a la localidad de La Calera. Allí funcionaba una Unidad de
Comando, Área 311.
27
Al oeste capitalino, camino a Carlos Paz.
28
Ninguno de los tres penales funciona como tal en la actualidad. Desde la llegada del peronismo
al poder de la provincia en 1999 las cárceles de la ciudad fueron trasladadas fuera del ejido
capitalino y se crearon nuevos penales en el interior provincial.
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Santa María, este ex centro de detención clandestina, tortura y
exterminio (CDCTyE) fue conocido también como la Universidad o “Arriba”, por
su funcionamiento integrado a un predio menor denominado La Perla Chica, La
Perlita, Escuelita, Perla Vieja o Malagueño, ubicado del otro lado de la ruta
mencionada.
29
La Perla dependió del Ejército y allí funcionaron luego las
dependencias del Arma Brigada de Caballería Aerotransportada.
30
En el
momento de su mayor producción represiva, este sitio y la vasta red descrita
estuvieron bajo la autoridad militar del Comando del III Cuerpo de Ejército. Pero
no sólo fue en la capital y su inmediato hinterland donde se desplegó la red
represiva. Las investigaciones más actuales señalan otros establecimientos
como lugares de cautiverio clandestino, por ejemplo el señalizado como sitio de
memoria Grupo de Artillería 141 José de la Quintana perteneciente al Ejército,
en el departamento Santa María, al sur de la capital.
31
Los juicios con sentencia y el trabajo de los espacios de memoria han
confirmado la centralidad de la labor de inteligencia en el accionar represivo.
En particular se destaca el rol articulador de información, valoración y
coordinación que tuvo la denominada Comunidad Informativa de Inteligencia,
que fue dinamizada incluso antes del golpe pero que tras el mismo ofició con
mayor regularidad y sistematicidad de reuniones al menos en el primer año de
la dictadura, dinámica observable en los propios registros reservados de los
memorandos de la Policía Federal Delegación Córdoba. Las reuniones de esta
Comunidad Informativa generalmente se desarrollaron en el predio militar del
comando del III Cuerpo, casi siempre en la IV Brigada de Infantería. Eran
presididas por un alto mando del Ejército e incluyeron en calidad de miembros
fijos a representantes —en su mayoría asistieron los titulares— de: Servicio de
Inteligencia de la Aeronáutica (SIA), Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE),
Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia (D-2), Jefe de
Inteligencia de la Agrupación Escuela de Aviación, Destacamento de Inteligencia
del Batallón 141 del Ejército, Secretaría de Seguridad de la Provincia de
Córdoba, y el representante de la oficina técnica de la Policía Federal Delegación
Córdoba. En estas reuniones se delinearon los trazos principales de la
articulación de inteligencia, se distinguieron reuniones locales y regionales (con
29
Este sitio se habría encontrado en la entrada de la mencionada localidad y funcionó en
momentos articulado con La Perla.
30
La Perla fue señalizada en el año 2007 según la ley N°26691 de Sitios de Memoria y abierta al
público el 10 de diciembre de 2009 como Espacio de Memoria y promoción a los derechos
humanos.
31
Ver Refugio Libertad, señalización del espacio de memoria.
https://espaciosmemoriacordoba.com.ar/apm/que-hacemos/intervenciones-urbanas-
senalizaciones-marcas-de-memoria/senalizaciones/refugio-libertad-ex-grupo-de-artilleria-141-
jose-de-la-quintana/
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representante de las subáreas del interior provincial), mostrando la relevancia
que la ciudad y su inmediato hinterland tuvieron en la cuantificación de
“enemigos”, la fijación de temarios y valoraciones de la capacidad del enemigo
en diferentes momentos, así como distribución de informes de inteligencia sobre
temas o acontecimientos especiales, valoración de amenazas, entre otras tareas
habituales. Pero, ¿qué dicen las reuniones de la inteligencia y en general los
documentos secretos y reservados conservados como memorandos de la Policía
Federal Delegación Córdoba sobre las acciones de resistencia? ¿Constituyeron
una preocupación duradera los efectos del despliegue represivo? ¿Se valoraron
como amenaza tales efectos? ¿Tuvieron información temprana y fidedigna del
proceso molecular de organización de núcleos y redes de resistencia, denuncia
y solidaridad? En lo que sigue analizaremos estos interrogantes.
Entre lo esperado y lo inesperado
A diferencia de la etapa pregolpe (Solis, 2023a), los documentos conservados de
memorandos reservados muestran que la elevación de informes semanales de
la propia policía —sobre procedimientos, presos, etc.— dejará de ser una
práctica habitual y será reemplazada por la asiduidad de las reuniones de la
Comunidad Informativa, instancia de coordinación de Inteligencia en la que
participaron junto a otros servicios radicados en la provincia. Fue en estas
reuniones donde se estabilizaron modos de evaluar la progresión de los
diferentes ámbitos de interés en las evaluaciones periódicas. Además de
ámbitos, la lectura de esta serie documental muestra que, en las valoraciones
de la Inteligencia articulada, las fábricas en primer término y luego la
Universidad (nacional) constituían áreas de interés central; a tono con los
espacios de mayor politización y radicalización previa y con lo reconstruido
después sobre las características del universo de represaliados.
La preocupación por las acciones de resistencia (en sentido laxo y estricto a la
vez) es una constante en los registros de las reuniones de la Comunidad
Informativa. Si bien no la explicita de ese modo, los sucesivos diagnósticos
vertidos en las reuniones de la Comunidad Local y de la Regional realizados por
ámbito (comunista, subversivo, económico, político, religioso) muestran que se
buscó auscultar de manera permanente la posible acción “subversiva” y que
ésta fue entendida como aquella que pudieran ejercer las “bandas de
delincuentes terroristas (BDT)” y un arco más amplio de actores que terminaron
por volver objetivos de la tarea de inteligencia a sindicatos, partidos,
organizaciones estudiantiles y hasta sectores religiosos. Es decir que, además
de acciones de las organizaciones armadas, se sopesaban las posibilidades de
acción de oposición o resistencia más genérica a todas las políticas de la
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dictadura, desde las públicas hasta las clandestinas. En ese afán de
intensificar el control y el disciplinamiento, sumado al ejercicio sistemático de
la violencia represiva clandestina, donde la acción colectiva de protesta fue
prácticamente nula, salvo por algunos volantes en los primeros días de la
dictadura ¿qué lugar queda para encontrar huellas de las acciones de
resistencia infrapolítica?
Una de las informaciones relevantes al respecto es la negativa —expresada muy
inicialmente— a publicar listas de detenidos. En efecto, en una reunión de
Comunidad Informativa apenas ocurrido el golpe, se estableció realizar contacto
diario telefónico entre las fuerzas, con envío de partes reservados por estafeta a
la Policía Federal Delegación Córdoba que enlazará con S.I.A por cercanía
(quedaban a tres cuadras uno de otro), mientras el resto de los servicios lo haría
por teletipo. En estos acuerdos de funcionamiento, se dejó establecido que por
el momento no se publicarían listas de “detenidos” a consideración de las
Fuerzas Armadas, dado que, una vez analizada la situación de cada uno de ellos
en reunión de Comunidad Informativa, algunos “recuperarían” su libertad.
32
Pero no se trató solo de una decisión de no publicar las listas, sino además de
rastrear la posibilidad misma de averiguar sobre el paradero de personas. En
efecto, en estos primeros meses posteriores al golpe en el que se aceitaron
mecanismos y se construyó mayor voluntad de trabajo coordinado, en los
papeles de la Federal junto a las reuniones de la Comunidad se encuentran
algunos informes de inteligencia realizados por el comando de la IV Brigada de
Infantería del Ejército,
33
que sintetizan las operaciones por dimensión y sus
diagnósticos en la semana informada. Allí se incluyó en el ámbito subversivo la
referencia a una denuncia en una comisaría de seccional policial de dos personas
desaparecidas,
34
lo que muestra que estaban relevando igualmente las acciones
de familiares y allegados a las víctimas, tal como se había solicitado antes al
incluir la auscultación sobre las consecuencias que generaban detenciones y
desapariciones. De igual modo, el informe contiene la descripción de acciones
atribuidas a las organizaciones armadas más bien menores y de propaganda.
35
Es decir que, en estos primeros meses luego del golpe, no pareciera que las
tareas de intercambio de informaciones de la comunidad trataran en particular
como amenaza real a las acciones de denuncia y menos de protesta abierta,
salvo las menciones aquí referidas, y ello coincidiría con otras huellas respecto
32
APM; Fondo PFDC, Memos. DGI. cd. N°34 R, 7/4/1976.
33
En su sede se realizaron normalmente los encuentros de la Comunidad Informativa.
34
Se trata de la seccional 7ma de la Policía Provincial, ubicada en la zona de barrio Alta Córdoba
de la ciudad capital. Se trató de un hombre y una mujer, secuestrados en días cercanos en sus
domicilios. Él continúa desaparecido, ella es sobreviviente de La Perla y ha testificado en la
justicia, en la Megacausa iniciada en 2016.
35
DGI.cd. N°83 R, 2/6/1976. La fecha del Resumen de Inteligencia del Comando de la IV Brigada
es del 10 de mayo de 1976.
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a que salvo volantes y acciones menores pareciera no haber habido expresiones
de acción clandestina de envergadura.
La represión a familiares
Los episodios más relevantes incluidos en la documentación secreta de la
Federal ocurrieron en el segundo semestre de 1976, momentos en que el caso
de un grupo de religiosos secuestrados logró trascender y llevó a denunciar en
el Congreso de Estados Unidos la represión en Córdoba, lo que permitió dotar
de visibilidad internacional a los casos cordobeses, al tiempo que se realizó la
visita infructuosa de Amnistía Internacional en noviembre (Solis, 2023b). En ese
contexto de cierta convulsión, se sucedieron una serie de acciones represivas
contra padres de personas represaliadas. Con estas acciones en la Carpeta
CADH se hizo un mini expediente que terminó dando nombre a la carpeta
temática completa por las elucubraciones del tipo de organización a la que
estaban persiguiendo. El inicio de la carpeta obedece a la información recogida
respecto de una volanteada de denuncia firmada por la Comisión Argentina de
Derechos Humanos, que a modo de solicitada denunciaban:
Los familiares de los presos populares, políticos, gremiales y estudiantiles,
conjuntamente con la CADH [...] denuncian que se está preparando un túnel
hacia la cárcel y que se simularía su descubrimiento para justificar una
matanza de presos populares, bajo el pretexto de un intento de una masiva
evasión. [... Además] ya son varios los presos asesinados bajo esos pretextos
o sin ellos, el último fue atado a un poste, desnudo, siendo de noche y con
temperatura bajo cero, mientras miembros del Ejército lo custodian y torturan,
le arrojaban agua helada hasta que murió por un ataque cardíaco luego de
muchas horas de martirio.
36
Lo central es que el volante denuncia, en una actividad conjunta de familiares
y una organización que no tenía ese nombre en el escenario cordobés pregolpe,
el asesinato de presos políticos, un caso emblemático que ha sido juzgado y
expone particularidades del ejercicio del poder represivo en la ciudad, habida
cuenta la cantidad de personas legalmente presas antes del golpe que sufrieron
estos fusilamientos. De igual manera, es evidente que la denuncia se hace desde
modos de articulación militante que hacen pública la información que los
propios presos intentaban sacar del penal en medio de la incomunicación
permanente y la prohibición de visitas que sufrieron desde el mismo día del
36
APM; Fondo PFDC, C.T. CADH, DGI. cd N°729. S.I.1/10/1976. Este memorando corresponde
a los de tipo S.I., es decir realizados en base a información propia o procesada por su servicio de
inteligencia. Comúnmente se los denomina radiogramas, para diferenciarlos de la otra serie que
es de Memorandos reservados. En ellos se valoraba la fuente de información expresada en una
codificación, siendo más relevantes aquellas producidas por medios propios, a diferencias de otras
que sintetizaban informaciones públicas como las periodísticas.
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golpe de Estado. Si bien estos derroteros de resistencia infrapolítica
son ampliamente conocidos, lo novedoso es que los servicios de inteligencia de
la Policía Federal Delegación Córdoba tenían registrado la cadena de
acontecimientos que liga el volante con la represión directa a familiares. Frente
a la inminente matanza, en el volante se exhorta a los organismos judiciales,
eclesiásticos, civiles —nacionales y extranjeros— a que visitaran la cárcel
Penitenciaría para constatar las denuncias, a la vez que pedían restituir las
visitas a los presos, que se levante el régimen inhumano, se suspenda el
aislamiento y se les brinde atención médica, comida y abrigos adecuados.
Exigían además el cese de los asesinatos y torturas, del martirio cotidiano que
vivían y del dolor de sus familiares y exhortaban a involucrarse al Cardenal
Primatesta, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados para que solicitaran
conocer el estado de los prisioneros y visitaran la cárcel. Asimismo, ampliaban
a las embajadas y organismos extranjeros “dar a conocer al mundo el genocidio
cordobés”. Finalizaban su denuncia con una dura advertencia: “Si ese túnel
sirve para asesinar a los presos populares, todo el que no levante su voz para
suspenderlo será cómplice en el asesinato”.
37
Los fusilamientos de presos políticos de la Penitenciaría de Barrio San Martín
motivaron el inicio de uno de los Juicios por la Verdad a fines de la década de
1990. Luego, en el siglo XXI fueron juzgados con la reapertura de la escena
judicial y se emitió condena en 2012. También se juzgaron las responsabilidades
del Poder Judicial porque se trataba de presos legales y en varios casos sus
traslados fueron conocidos y permitidos por autoridad judicial. Incluso, el
primer juicio concluido en 2025 sentenció al ex secretario judicial Otero Álvarez
por sus responsabilidades en esta modalidad represiva. Todo ese periplo de
justicia fue posible por la insistente —y ahora también comprobada— muy
temprana articulación de denuncias clandestinas que pudieron sostener desde
la cárcel con sus solidaridades internas (de los denominados presos “comunes”)
y externas, entre las que se cuenta la activación de los familiares de los
represaliados.
Ahora bien, ¿cómo fue leído por la Policía Federal Delegación Córdoba esta
denuncia abierta de los asesinatos de presos políticos? Usando como referente
de un memorando S.I. a la expresión Comisión de Solidaridad, la Federal
informaba en base a medios propios (y valor de fuente de información B2) que
las OPM —organizaciones político militares— estaban abocadas a estructurar
comisiones de solidaridad para conformar un frente de lucha contra el accionar
de las fuerzas armadas y de seguridad en materia de represión a la “subversión”.
Según este informe, en Córdoba ya funcionaba la CADHU (Comisión Argentina
de Derechos Humanos), formada por elementos liderados por un abogado
37
Las citas textuales corresponden al documento referenciado.
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conocido defensor de presos políticos donde seis serían de Montoneros, tres del
E.R.P. (es decir Ejército Revolucionario del Pueblo) y uno de Poder Obrero. Los
definía como elementos seleccionados para “dar la cara”, cuya misión era
nuclear para denunciar la represión en Argentina. Parecería que estaba
integrada por militantes de las organizaciones mencionadas, más Vanguardia
Comunista y el Partido Comunista Marxista Leninista. Además, estaría por
estructurarse una Comisión de Solidaridad en la Resistencia (COSORE) que
lucharía por los presos políticos y su situación, por los desaparecidos, la miseria
y la desocupación. Asimismo, afirma el documento secreto que desde
Montoneros se estarían organizando las unidades de resistencia y que la
articulación provincial en esa comisión tendría por objetivo ejecutar campañas
de recaudación de fondos. Finalmente, el memorando indicaba que esta
organización pretendía la formación de la agrupación Cristianos para la
Liberación, nucleando a elementos moderados que se proyectarán sobre la
Iglesia Católica o que intentarán capitalizar el sentimiento religioso de la
población.
38
El memorando es bastante confuso: no es sencillo dilucidar cuánto
de cierto había en la información y si en efecto esas eran las redes y sus
integrantes en el momento. De todos modos, pone en evidencia dos cosas
centrales: primero, que las acciones clandestinas para denunciar los efectos
represivos ya no eran estrictamente individuales y, segundo, que endilgaron
toda la responsabilidad a las organizaciones que corporizaban el enemigo
subversivo en Córdoba. Es notable que no se mencionan redes sindicales,
estudiantiles, ni tampoco más estrictamente ecuménicas.
Días después, volvieron a informar que supieron en la Policía Federal Delegación
Córdoba de una reunión en Buenos Aires de la CADHU a donde habían viajado
familiares cordobeses.
39
En principio refieren a una reunión de la CADHU en
la ciudad de Buenos Aires a donde hubo participación de familiares cordobeses,
en representación de la “Comisión de Familiares de Presos Políticos de Córdoba”
a la que asistieron tres hombres, padres de personas represaliadas, una fuera
del país, dos detenidos y dos desaparecidos. Además de incluir la expresión
“desaparecidos” en un memo oficial, llama la atención que se les endilga
adscripción política en organizaciones armadas en igualdad de términos que a
sus hijos (algunos de Montoneros, otros del E.R.P.). Entre las acciones de estos
padres, se establece que circularán una revista llamada Libertad y que fueron
parte de la publicación de la “Carta desde la Penitenciaría”. Para confirmar que
se trata de padres peligrosos, reproducen los antecedentes en poder de esta
policía respecto de algunos de sus hijos, por hechos cercanos o pasados y la
indicación de cuáles permanecían detenidos. Es decir que estos primeros
38
APM; Fondo PFDC, Memos DGI. cd. N°744, 5/10/1976.
39
Informaciones vertidas en un Memorando de la PFDC de carácter “estrictamente confidencial y
secreto", producido por medios propios.
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memorandos atribuyen al accionar subversivo, equivalente entre las
OPM y estos padres, la actividad de denuncia y solidaridad. En otro informe
secreto se indica que las detenciones producidas en octubre recaen sobre los
principales responsables de una comisión de solidaridad que funcionaba hacía
dos meses y que esas cinco personas, todos padres, tendrían roles de
responsabilidad en la misma, por ello se decide “su detención”. En efecto, se
trató de cinco varones, padres de hijos con diferentes situaciones represivas.
Las detenciones se ampliaron a personas integrantes del MEDH que habían sido
contactados con estos padres, lo que ayuda a vislumbrar dos cosas: por un lado,
cuáles habían sido las redes concretas que llevaron a estos padres a salir de la
ciudad y, por otro, la temprana actividad del movimiento ecuménico en Córdoba
para solidarizarse con las familias de los represaliados (Solis, 2020). Un informe
secreto, sin firma ni datos de su órgano productor o fecha,
40
presentado como
ampliación del informe de los padres subversivos detenidos, señala que son
parte de una iniciativa por conformar Comisiones regionales y Comisiones
zonales de solidaridad con los familiares de los presos políticos a instancias del
propio MEDH; por lo que prosiguieron a investigar si en efecto se trataba de la
Iglesia Evangélica Metodista. Ello significó la detención de dos personas más,
una mujer egresada de salud pública y un hombre médico de profesión que era
docente universitario y trabajaba en un hospital de la ciudad. Por la
reconstrucción vertida en el informe, sería esta mujer una intermediaria que
contactó a personas vinculadas al MEDH con familias de presos, algunos tenían
incluso familiares desaparecidos, contactos que incluyeron alguna ayuda
económica incluso. Estas declaraciones a nuevos detenidos les confirmarían
que la organización que estaba contactando a los familiares movilizados era el
MEDH, de ellos habría sido el congreso nacional al que viajaron los padres
cordobeses y no de la CADH o CADHU. Incluso se advierte que lo calificarían
como de menor peligrosidad, por cuanto entienden que su acción distorsionaría
la imagen argentina en el exterior.
Frente a la novedad que supuso encontrar una red que no era la esperada, quien
informa valora que la tendencia de la Iglesia Metodista es “Progresista” o más
claramente socialista, mencionando que uno de los pastores de esa comunidad
en Córdoba había sido candidato del FIP, al igual que otros dos que también
eran abiertamente socialistas. En las derivas de este caso, los documentos
secretos conservados revelan que ante la conformación de la participación de la
Iglesia Metodista se dejó de investigar luego de haber “desbaratado” el intento
de organización.
40
Se titula “Nuevas detenciones de integrantes del Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos (MEDH)”, consta de tres folios, sin firmas ni fechas.
Resistencias, infrapolítica y movilización en dictadura. El
movimiento de derechos humanos en Córdoba desde los papeles de
la Policía Federal (1976-1979)
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En los fundamentos de la sentencia de la Megacausa donde se investigó y juzgó
a los responsables de estas detenciones ilegales, se las caratula como secuestros
producidos por personal del Ejército; además de asignar responsables, de la
información surge que en algunos casos también secuestraron a otros hijos
varones de estos padres de manera conjunta.
41
Sobre su periplo, se cita que
estuvieron dos días en lugares sin identificar y luego aproximadamente un mes
cautivos en el CCD La Ribera. Por lo tanto, resulta plausible que se hallen
informes sin firma y que la documental incluida en la carpeta temática no
indique que se trató de secuestros ni tampoco quiénes fueron los responsables
directos de estas detenciones ilegales, ni el lugar de cautiverio. Por lo mismo,
todas las informaciones allí contenidas provistas por las víctimas fueron
obtenidas sin mediar el debido proceso ni el derecho a defensa de las personas.
La sentencia indica que fueron privados de su libertad por menos de un mes,
sometidos a violencia, tormentos y obligados a compeler contra su voluntad.
Lo que muestran entonces los documentos de la Federal es que esta resistencia,
ejercida de manera semiclandestina por los familiares de las personas
represaliadas, y en niveles de acción que podrían coincidir con la infrapolítica
definida por Scott, era en cierto modo inesperada, por cuanto no tuvieron
inicialmente los elementos precisos respecto de quiénes eran ni a quiénes
respondían, ensayando una primera interpretación que colegía por doble
extensión su naturaleza. Por un lado, por extensión del conflicto internacional
que en los meses previos se había desencadenado por las denuncias de
violaciones a los derechos humanos de Córdoba que fue desplegada en la escena
del Congreso estadounidense; por otro, por extensión ascendente de las
militancias adscriptas a sus hijos víctimas que tenían identidades políticas
fijadas en los informes de antecedentes con que contaba esta policía. Es más,
el acercamiento a las acciones y redes que efectivamente estaban poniéndose
en movimiento lo logran por medios propios pero incluso por vía de las
declaraciones de los propios padres que cuentan cómo fueron esos contactos y
por qué viajaron a Buenos Aires y por los datos aportados de los detenidos del
MEDH. Quizás por estas diferencias en las redes de obtención de información
se explican las imprecisiones en las denominaciones desplegadas que muestran
la convivencia de viejas y nuevas formas defensistas en el primer año de la
dictadura; ello se expresa, por ejemplo, cuando se replican denominaciones
existentes o similares a las existentes previamente y también cuando se
mencionan las más recientes, como la CADHU que a veces se escribe CADH,
41
Fundamentos de la sentencia Megacausa. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba
(2016) MENENDEZ Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. Privación ilegal de la libertad, privación ilegal
de la libertad agravada, imposición de tortura, imposición de tortura agravada, Homicidio agravado
y Sustracción de menores de 10 años. Expte. FCB 93000136/2009/TO1, protocolizado 367/2016
[Díaz Gavier, Jaime (Presidente), Falcucci, Julián; Quiroga Uriburu; José Camilo y Ochoa, Carlos
Arturo] pág. 513 y ss.
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como en la solapa de la carpeta temática de esta policía. Por otro lado,
confirma lo que se sabía de estudios previos y es que en Córdoba algunos
familiares de presos con participación en comisiones de solidaridad en los años
previos al golpe, pasaron igualmente a convertirse en padres de personas
desaparecidas, mostrando la larga continuidad de efectos represivos en las
mismas familias. De allí también que los nucleamientos preexistentes muestran
tanto continuidad como ruptura en las identidades y en las formas de acción
entre las pre y las dictatoriales. Y que incluso las discontinuidades o
interrupciones en las militancias defensistas se dejan leer igualmente por la
propia ferocidad represiva que recayó sobre estos grupos y sus redes, a la vez
que hubo incorporaciones nuevas de familiares sin esa experiencia previa. Por
fin, existe una cuestión más respecto de la veracidad de los contenidos
informados en los papeles resguardados por esta policía y las opacidades
persistentes en las huellas documentales. Evidentemente la carta existió y es
probable que haya tenido esa identificación de autoría, lo que no implica que el
trabajo de asimilación y homologación entre la carta, los padres y quien
motorizaba la reunión a Buenos Aires haya sido una misma y única iniciativa;
lo más probable es que hayan estado activas diferentes redes, a las que los
familiares de personas represaliadas podían tener acceso de manera grupal o
individual, y que por ello las informaciones preliminares son en parte
contestadas y en parte desmentidas por las propias declaraciones de las
personas apresadas en La Ribera.
Esta persecución a los padres ocurrida en el segundo semestre de 1976 tuvo
otro episodio parteaguas, la desaparición forzada de una madre que en ese
momento tenía a su hijo preso. Eugenia Turri de Guevara,
42
enfermera, fue
secuestrada de su lugar de trabajo en un hospital mientras estaba de guardia
nocturna. Su caso, hasta ahora, no ha podido ser juzgado y se desconocen datos
certeros sobre su derrotero. Era una madre activa, militante de las comisiones
defensistas de presos políticos antes y después del golpe. Tanto ella como su
nuera fueron desaparecidas en noviembre de 1976, una en Córdoba y otra en
Buenos Aires; su nuera fue identificada por el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) en 2014, Eugenia sigue desaparecida. Dentro de las políticas de
memoria que llevan a cabo los espacios de Córdoba, la represión a familiares ha
sido recordada en Campo de la Ribera con un homenaje en 2024 en el que a la
figura de Eugenia se agregan las de los cinco padres varones que fueron allí
42
En el Memorial web Presentes del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba se puede
consultar la historia de vida de Eugenia Turri de Guevara. Allí se indica que nació el 12 de
diciembre de 1924 en Cruz del Eje, provincia de Córdoba y que su hijo estaba preso desde antes
del Golpe. “Las compañeras recuerdan que en las visitas a la cárcel llevaba cigarrillos, abrigos y
comida para todos los presos. Hacía grandes ollas de comida. Era ocurrente, desafiaba a los
guardias cárceles. Tenía mucho carácter”.
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secuestrados, cuyos nombres coinciden con los papeles de esta policía.
43
Otro
padre, Vicente Fernández Quintana también fue desaparecido en 1976, era
escribano y docente, fue secuestrado de su hogar en la localidad de Río Tercero
y desaparecido en La Perla, había sido activo integrante de las comisiones en
defensa de los presos políticos.
44
Postales anónimas y títeres comunistas
¿Qué otras huellas han sobrevivido de la acción de resistencia en los primeros
años de la dictadura en Córdoba? Nuevamente los memorandos reservados nos
dan algunas pistas. Por un lado, a inicios de enero de 1977 se informó que el
gobernador Chasseing recibió tarjetas anónimas desde Israel, en blanco, es
decir sin remitente, que pedían “la libertad a todos los presos políticos”.
45
En su
descripción, el memo reconstruye el itinerario de las mismas, las que no
provenían del Correo Central, sino de una Oficina de Cambio Internacional del
Correo. Con sellos y estampas de Israel, el memorando indica que eran
posteriormente llenadas y enviadas desde distintos puntos del interior de la
provincia, sin que pudiera detectarse la empresa, ni el lugar por el que el camión
recorría esos varios lugares. Enviadas las postales de denuncia mediante el
formato de correspondencia simple, se trataba de varios sobres con tarjetas
estampilladas, dirigidas a personas en concreto o a instituciones, llegando las
mismas a diferentes personalidades del gobierno e incluso de las fuerzas de
seguridad.
El segundo registro que interesa mostrar es una serie de actuaciones referidas
a las averiguaciones de antecedentes en Córdoba de funcionamiento de
actividades clandestinas del Partido Comunista Argentino (PCA) y luego de la
Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). Por radiograma se había
pedido informe de esta Liga a comienzos de febrero de 1977, respecto de una
43
En el homenaje se han identificado a seis familiares, cinco padres y una madre como víctimas
de la represión. Un audio con testimonios en Homenaje a Familiares de detenidos y desaparecidos
por razones políticas de Córdoba. Fecha de lanzamiento: 4 de abril de 2024. Disponible en
https://soundcloud.com/espaciocampodelaribera/homenaje-a-familiares-cordoba [Consulta:
8/7/2025]
44
En su Memorial Web de la Base Presentes del APM hay recuerdos de su nieta “Mi abuelo, ser
soñador, tuvo un corazón libre, lleno de coraje, valentía, sincero con lo que era y con lo que no.
Era un hombre consecuente con lo que pensaba y hacía. Fue militante de Familiares de Detenidos
y Desaparecidos junto con la Gorda, mi abuela, donde participaban muy activamente en las
reuniones con el único objetivo de LA LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS", entre ellos,
de sus hijos” en https://apm.gov.ar/presentes/detalle/175. En 2024 un Compromiso Social
Estudiantil entre la Facultad de Ciencias Sociales y el Archivo Provincial de la Memoria, junto al
Refugio Libertad y nuestra cátedra de Derechos Humanos, identificó en unos documentos
hallados en el ex Grupo de Artillería 141 de La Quintana huellas escritas manuscritas de su
nombre en el dorso de un papel.
45
APM; Fondo PFDC, Memos. DGI. cd.N°12 R, sin fecha, circa enero de 1977.
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posible campaña de financiamiento con ayuda del PCA y de sus
colaterales. En la respuesta elaborada como memorando reservado, se indica
que tal campaña tendría entre otros fines ayudar a los Familiares de Presos
Políticos y Gremiales y se estimaba que una parte pasaría a la campaña de las
organizaciones armadas para apoyo logístico. Respecto de Córdoba, el informe
estimaba que podrían involucrarse personas reconocidas en esta plaza por su
afinidad con ese espacio, como un médico de marcada tendencia “comunista”;
fuera de esta elucubración, se informaba que la actividad de la LADH en
Córdoba “no se ha manifestado mayormente, no por carencia de motivaciones,
sino ante la veda política, impuesta por las autoridades (...)”.
46
Culmina el
informe con los antecedentes de dos médicos de supuesta filiación comunista,
uno en Córdoba y su contacto, otro en Entre Ríos. En días previos habían
elevado otro memorando señalando que a la fecha no había local partidario del
PCA funcionando, pues el local conocido en el área central fue cerrado por la
prohibición de la actividad política y el otro que estaba ubicado en Barrio
Ferreyra (de la zona industrial al este de la ciudad) había sufrido un atentado
que destruyó el edificio y parte de su mobiliario pero sin víctimas.
47
Es decir que
la preocupación por las actividades de la LADH y el PCA estaban siendo
procesadas por las informaciones de la Policía Federal a comienzos de 1977, sin
que se estabilicen las noticias sobre Córdoba, mostrando que no había aún
informaciones de relevancia respecto de su integración a redes defensistas. Tal
como se advierte, a solo escasos meses de las represiones a familiares de 1976
la preocupación por la acción defensista pasa a otro núcleo de activismo, la Liga
y el PCA, a la vez que se pueden distinguir acciones de denuncia clandestina,
como las tarjetas venidas desde Israel de las cuales no se puede establecer
fielmente su autoría pero sí suponer que algún grado de organización implicaba
por la cuantía y modalidad de esquiva de controles.
En meses posteriores hubo pedidos que motivaron una nueva indagación sobre
la acción de la LADH. Este tipo de tareas se denominaba en la jerga policial
contestar requerimiento y obligaba a responder sobre una agenda de cuestiones
que no era la propia; tal vez por ello las condiciones de verosimilitud se tornan
opacas. En efecto, en junio de 1977 se puede rastrear nuevamente en los
memorandos reservados de esta policía la pregunta por la acción de esta
organización en Córdoba. Si bien en la primera huella encontrada la delegación
contesta de manera negativa a la consulta, manifestando que no se ha detectado
el accionar de la LADH en esta jurisdicción, en el mes siguiente se eleva un
informe detallado sobre ciertas acciones que merece ser extendido. Lo novedoso
es que, de la nula actividad, en solo tres semanas se informa que la LADH ha
46
APM; Fondo PFDC, Memos. DGI. cd.N°17 R, 27/1/1977.
47
APM; Fondo PFDC, Memos. DGI. cd. N°14 R, 24/1/2977.
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inaugurado una campaña tendiente a ejercer influencia psicológica desfavorable
a los propósitos del gobierno:
Esta movilización en Córdoba respondería a las exigencias de una
planificación nacional [...] y estarían comprometidos miembros del PC
elementos que actuaron a nivel de superficie en otras oportunidades en tareas
colaterales y no demostraron demasiada capacidad peligrosa, en este caso la
activación de los mismos estaría condicionada a una mayor libertad de
acción.
48
Si lo anterior resulta novedoso en el espectro de casi nula actividad de
resistencia detectada, el tramo final de la cita pareciera una justificación de por
qué están libres. Con mayor detalle, identifica como integrantes movilizados a
elementos que militaron en la Asociación pionera Domingo Faustino Sarmiento
de la Federación Juvenil Comunista y otras colaterales que actuaban en el
ámbito cultural. Respecto de la campaña, señalan que tales personas tratarán
de infiltrarse en los medios de comunicación, con “programas de
entretenimiento infantiles”, donde trataron temas como la paz y la no violencia,
“recalcando la actividad contraria a estas manifestaciones, lo que, hecho con
sutileza y argucia, estaría demostrando una velada crítica a los ataques y
avasallamiento de los derechos humanos”. Como dato de confirmación, señala
el informe que se verifica un aumento de los programas “para gente menuda y
con títeres”,
49
en particular refiere a uno conducido por una persona que tiene
hermanos militantes del PCA, como a la identificación de personas empleadas
en el área de educación municipal y en otro medio.
50
No hubo ni identificación
concreta ni seguimiento de lo informado, por lo que estimamos que, más allá de
lo extraño y hasta jocoso que pudiera resultar pensar en la acción disuasiva
desde un programa de entretenimiento infantil con títeres comunistas, resulta
más un modo de tener algo que decir frente a las autoridades que una amenaza
real. Por fin, en otro memo de la Policía Federal Delegación Córdoba se informó
que circulaba una campaña por los derechos humanos y la libertad de los
presos políticos entre estudiantes universitarios a los que se invitaba a adquirir
una revista por suscripción, particularmente entre las carreras de
humanidades, derecho y ciencias sociales. Si bien no se identifican mayores
datos de la campaña, lo interesante es que evidentemente había ciertas acciones
de militancia que los memos interceptaban aunque no pudieran establecer
responsabilidades ni desentramar redes.
51
De 1978 existen menos huellas de la acción de solidaridad y de denuncia de los
familiares y allegados de las personas represaliadas en los papeles de la Federal.
48
APM; Fondo PFDC, Memos. DGI, cd. N°123 R, 1/7/1977.
49
El destacado es nuestro.
50
APM; Fondo PFDC, Memos. DGI, cd. N°123 R, 1/7/1977.
51
APM; Fondo PFDC, Memos. DGI. cd. N°341 S.I., 27/4/1977.
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Entre los motivos, podría mencionarse que la regularidad de las
reuniones de la Comunidad Informativa ha dejado de existir y solo aparecen los
Panoramas, realizados por esta policía que elevó desde su delegación cordobesa
la síntesis de informaciones propias y balances a su superioridad. En efecto,
luego de la visita a la ciudad del jefe de la Subzona III de la Superintendencia
de la Seguridad Federal en febrero, se inició el envío de informes quincenales,
los que resultaron puntillosos en la caracterización de los diferentes ámbitos,
expresando a cabalidad la capacidad y dimensión productiva de la inteligencia
de esta delegación policial. Otro rasgo de los panoramas es que no incluían
medidas ni lineamientos operativos por tratarse de un material interno de la
Policía Federal y no de la Comunidad de Inteligencia en su conjunto. Sin
embargo, el conocimiento de las luchas por derechos humanos en Córdoba
permite identificar el pedido de informaciones de algunas personas que se
conoce estaban realizando acciones por sus familiares. En particular, un pedido
de informaciones de la Policía Federal de Mar del Plata muestra el seguimiento
a dos mujeres, una de ellas será en años posteriores una reconocida madre
integrante de Familiares y, luego, de Abuelas. Lo relevante aquí es que, en la
respuesta al pedido de informes de estas dos mujeres, la Federal contesta que
no tienen ninguna información de las mismas, mostrando que hasta entonces
no había identificado su parentesco con personas represaliadas ni contaban con
datos específicos de sus acciones defensistas.
En abril se informaron en el segundo panorama quincenal acciones
“subversivas” de tiroteos a los puestos de guardia de la Prisión Militar de Campo
de La Ribera (que a la sazón fungía desde diciembre de 1975 como CCD y allí
estuvieron los padres secuestrados), sin adjudicación de responsables.
52
Pero el
acontecimiento clave de ese año fue el Mundial de Fútbol que tuvo a Córdoba
como una de sus sedes. Salvo los tiroteos mencionados y alguna información
sobre acciones de propaganda de circulación de volantes con modalidad de
pasamano o distribuidos en algunas seccionales de la capital, no hay mayores
datos de una campaña como tal en Córdoba; salvo algunas comunicaciones por
correo que atribuían a Montoneros de residentes en el extranjero provenientes
de México, Estados Unidos e Italia. Pese a ello, las versiones de posibles acciones
se apresuraban en la inmediatez del evento, incluso con una cierta inflación de
informes respecto de posibles acciones de la “subversión”, algunas un poco
inverosímiles por contener datos de acciones de gran envergadura atribuibles a
organizaciones de las que se estimaba ya no tenían casi ninguna capacidad
operativa en la provincia.
A fines de 1978 se detectó la circulación de un petitorio de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en las calles de Córdoba,
52
APM; Fondo PFDC, Memos. D.G.I. cd. N°76 R, 15/4/1978.
Resistencias, infrapolítica y movilización en dictadura. El
movimiento de derechos humanos en Córdoba desde los papeles de
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volante que fue transcrito en un memorando estrictamente confidencial y
secreto en el que además se indica que se estaba en procura de obtener los
nombres de las personas que lo hacían circular. Se trataba de un volante de la
APDH realizado en Buenos Aires en vísperas de la navidad, que incluía
membrete de la organización, y que, según se cita, se dirigía al presidente, “por
una Navidad con Paz y Justicia” en el que se pedía el esclarecimiento de la
situación de los desaparecidos y que se resolviese la situación de las personas
detenidas a disposición del P.E.N., marcando claramente el arco de injusticias
evidente en esos años.
53
No era un volante cordobés, sino la circulación de uno
nacional.
A las claras, la detección y persecución de núcleos defensistas es menos
asequible en los papeles de la Federal de 1977 y 1978. Ello no indica
necesariamente una disminución de las acciones y de la conformación de redes,
pero sí su menor registro o conocimiento por parte de esta policía. De igual
modo, podría colegirse que con la marcada centralización de las cuestiones de
inteligencia y operatividad en el Ejército, el lugar de esta policía como resguardo
y productora de información inmediata puede haber quedado relegado, habida
cuenta la menor regularidad de las reuniones de la Comunidad Informativa en
este tramo y que en sentido estricto las policías solo eran parte de las reuniones
regionales desde 1977. Y no habría que desestimar los aprendizajes sociales de
las redes de denuncia y contención en la que participaron los familiares y
allegados de las personas represaliadas, que probablemente fueron
incorporando rutinas de mayor cuidado y seguridad interna. Lo cierto es que la
documental permite advertir los cambios en los focos de interés, que
mayoritariamente operan mediante pedidos de informaciones provenientes de
las autoridades nacionales de esta policía, pedidos en los que se hace visible la
actividad que ciertas organizaciones de derechos humanos tenían regularmente
y de las que se esperaba detectar ramificaciones en la provincia.
La visita que si fue, la CIDH
En 1979 nuevamente la delegación cordobesa de esta policía responde a un
requerimiento informativo sobre el accionar de redes defensistas. Esta vez,
sobre la LADH y el Consejo Ecuménico informaron “la no existencia de los
mismos, se continúan auscultaciones, y de producirse novedad se informará”,
y aunque también se requería informe sobre APDH no fue finalmente incluida.
54
Ello muestra que al menos para esta producción de informaciones, en general,
53
APM; Fondo PFDC, Memos. DGI. cd. N°558. S.I. 19/12/1978.
54
APM; Fondo PFDC, C.T. CADH, Memorando Reservado DGI. cd N°119 R, 11/5/1979.
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la demanda por averiguaciones de las redes defensistas, seguía siendo
mayoritariamente externa.
Sin duda, el evento más relevante de ese año fue la visita de una delegación de
la CIDH a la capital de Córdoba. En meses previos se informaba en un
memorando estrictamente confidencial y secreto la posible visita a la ciudad de
Víctor Carreño, secretario de la organización, afirmando que la misma se
relacionaría con que en la Unidad Penitenciaria había “elementos subversivos”
alojados y que su llegada estaría vinculada a preparar el camino para la llegada
de la Comisión mientras se proseguían las auscultaciones para conocer con qué
personas se entrevistaría.
55
Sobre la visita de la CIDH, días antes de producirse
conocían e informaban donde se hospedarían y quién había hecho la reserva del
mismo, en el afamado Hotel Crillón (el mismo en el que se alojó a los visitantes
de Amnesty en 1976). De las informaciones elevadas, una cuestión de forma
resulta interesante, en el listado de copias entregadas al final de los documentos
reservados ya no se incluyen autoridades militares, sólo a diferentes instancias
superiores de la propia Federal, lo que mostraría quizás un menor grado de
coordinación de inteligencia o al menos circulación entre fuerzas; de igual modo,
importa señalar que varios documentos fueron producidos por medios propios,
lo que confirma el seguimiento de las actividades. En términos generales, se
describen las acciones que realizaría esta comisión, con información que en
general también podía encontrarse en la prensa local; pero algunas
informaciones relevadas por medios propios resultan novedosas. Por un lado,
respecto de la estadía, la Federal informaba que la CIDH había intentado
alojarse en dependencias religiosas o de organismos similares y que según había
podido indagar, el propio Arzobispado de Córdoba había expresado la negativa
a utilizar establecimientos de la arquidiócesis para tal fin. Incluso, afirmaba el
memorando que el mismo Arzobispo Monseñor Cardenal Raúl Francisco
Primatesta se ausentaría de la ciudad por esos días, postura que se condice con
la conocida nula solidaridad de la cúpula religiosa local con el tema derechos
humanos, quizás por eso en la noticia elevada de confirmación de hospedaje se
indicó que la reserva fue hecha a nombre de la CEA, es decir la Comisión
Episcopal Argentina. Se estimaba además que la oportunidad de la visita haría
sensibilizar el interés de los familiares de desaparecidos por establecer contacto
con los integrantes de la CIDH para plantear “el hecho concreto que les afecta”.
56
Pero no solo habría impulso a las redes denuncialistas; los contramovimientos,
o quizás menos pretenciosamente los grupos pro régimen, se organizaban
igualmente en las vísperas con denominaciones y formas de acción bastante
similares a las de sus adversarios. En efecto, un grupo hasta entonces no
55
APM; Fondo PFDC, C.T. CADH, DGI. cd N°324 S.I. 24/7/1979.
56
APM; Fondo PFDC, C.T. CADH, DGI. cd. N°453 S.I., 7/9/1979.
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conocido, denominado la Comisión de Asistencia y Solidaridad Cristiana
Servicio y Paz emitió un comunicado transcrito por la federal:
La Comisión de Asistencia y Solidaridad Cristiana Servicio y Paz se dirige a
los familiares de las víctimas del terrorismo que fueron integrantes de las
Fuerzas Armadas, de Seguridad y también de la civilidad, para que concurran
a sus oficinas [...] a fin de dar conocimiento de la actitud que asumirá la
entidad en vista de la inminente visita de la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos.
57
Es decir que, en los aprontamientos, las tareas de la Federal identificaban
igualmente esfuerzos organizativos de diferente objetivo y composición, aunque
similares modos de accionar.
¿Qué otras novedades aportan estos documentos de circulación restringida
sobre la visita? Precisiones respecto de la respuesta social que la visita tuvo.
Era conocido por las memorias militantes que las organizaciones existentes en
ese momento articularon juntas el apoyo a la visita, también que se había
intentado amedrentar a los familiares para disuadirlos de las denuncias; ahora
es posible sopesar mejor cuánta respuesta social hubo y que tipo de
amedrentamientos sufrieron. En primer lugar, la Policía Federal Delegación
Córdoba informó con gran detalle las actividades de los visitantes durante su
estadía en la ciudad de Córdoba. El hotel, los números de habitaciones, las
actividades administrativas preparatorias y los días y horarios de recibimiento
de público. Respecto de la respuesta social a la convocatoria a reunirse con los
delegados, el memo informa que el primer día, el 10 de septiembre se formó
tempranamente una cola de alrededor de 50 personas en la puerta del hotel,
llegando a convocarse unas 150 personas que eran “la mayoría del sexo
femenino”, de distintas edades, en general mayores de 20 años, algunas
acompañadas de niños de corta edad y que por las características presumían
que podrían constituir unas 80 familias. Incluso, describieron que la
concurrencia fue disminuyendo al ser atendidos, por denuncias de
desapariciones y de otras violaciones a los derechos humanos. Es importante
consignar que la fuente policial expresó con claridad que “en su mayoría eran
familias de desaparecidos” y que a la par de llenar el formulario de solicitud que
les era entregado por la CIDH, hacían constar las circunstancias en escritos tipo
cartas.
58
E incluyeron expresiones vertidas en medios periodísticos de los
visitantes, por ejemplo al aclarar que no atendían a víctimas de la subversión;
a la negativa a comunicar a la prensa los tipos de denuncia y cantidad recibidos,
por cuanto los delegados informaron que por la reserva de la Comisión no se
57
APM; Fondo PFDC, C.T. CADH, DGI. cd. N°453. S.I. 7/9/1979.
58
APM; Fondo PFDC, C.T. CADH, DGI cd. N°459. S.I. 11/9/1979.
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explayarían sobre esos temas y se cumplirían los reglamentos de la
organización.
¿Qué otras novedades incluye el seguimiento de la visita? Aparentemente hubo
una llamada anónima al hotel indicando la existencia de una bomba, lo que el
memorando estrictamente confidencial y secreto reproduce, explicando que fue
requerido el accionar de la Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba que
discretamente revisó las instalaciones, vestidos de civil para no ser advertidos y
con resultado negativo. Otras varias cuestiones de las tratadas en los informes
resultan conocidas, como las entrevistas formales con representantes de
gobierno, militares o universitarias y otros sectores sociales y políticos locales,
incluso porque fueron difundidas en la prensa; otro ejemplo son las visitas a
penales y ex CCD que ya entonces no actuaban como tales (Solis, 2016).
La actividad de seguimiento y la producción de informaciones de esta policía
sobre la visita fue prolífica, a la altura del acontecimiento clave que resultó la
misma en la historia de las luchas por derechos humanos en Córdoba. Pues,
pese al hostigamiento y a la falta de apoyos locales de envergadura,
efectivamente las denuncias pudieron realizarse; lo que demostró la eficacia de
las redes defensistas que, aunque no tenían gran presencia previa en los papeles
de la Federal, efectivamente existían y habían trabajado afanosamente para la
llegada de esta delegación (Luján de Molina, 2017).
Conclusiones
El artículo ha demostrado que los papeles secretos y reservados producidos y
circulados por la Delegación Córdoba de la Policía Federal son una vía de acceso
posible y necesaria de abordar historiográficamente para dar cuenta de un
abanico de acciones de resistencia que se encuentran en niveles de acción
infrapolítica, en palabras de Scott, y cuyo análisis complementa, amplía y
especifica lo conocido hasta ahora sobre estos primeros años de clara
transformación en las luchas por derechos humanos. Un período crucial por la
ferocidad represiva y también por la mixtura entre modos posibles de seguir
actuando de manera no pública para denunciar, construir solidaridad y
desentramar verdades ocultas sobre los efectos de la represión y otras huellas
que dejan intuir aquellas que dejan de ser posible y son reemplazadas por otras
nuevas, moleculares, formas de resistencia en dictadura. Así, entre las
reacciones previsibles a los ojos del poder y otras claramente inesperadas, se
dejan entrever acciones variadas y multiformes de militancias que fueron objeto
directo de represión en algunos casos, por ejemplo en el primer año de la
dictadura donde ésta se demostró implacable y aleccionadora con los familiares
de las personas represaliadas, y en otros discurrieron fragmentadas, casi
Resistencias, infrapolítica y movilización en dictadura. El
movimiento de derechos humanos en Córdoba desde los papeles de
la Policía Federal (1976-1979)
Anuario Nº44, Escuela de Historia
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inconexas para ese poder que buscaba identificarlas y anularlas. Esa
fragmentación - discontinuidad - no necesariamente es de las acciones, como
se ha intentado mostrar al ponerlas en tensión con las habitualidades en los
modos de producir información de esta policía y sus transformaciones en el
período en estudio junto a los modos en que se justificaba la propia tarea.
Por fin, persiguiendo viejos y nuevos conflictos, algunos previsibles y otros
inesperados a los ojos del poder, se procuró identificar en documentación
reservada y de circulación no pública aquellas huellas de las acciones colectivas
mediante un ejercicio que se interrogó por las formas, las escenas y las
temporalidades en las que discurrieron un mosaico enmarañado de actuaciones
furtivas, clandestinas y pocas veces públicas, en oposición a la configuración de
acciones permitidas, toleradas y prohibidas por el poder dictatorial. Fue este un
ejercicio exploratorio realizado mediante una escala local que ha posibilitado
captar un abanico de actuaciones que remiten a la persistencia de argucias y
artefactos de las militancias anteriores como a sus renovaciones, mostrando
que aún en ciclos altamente represivos se agudizaron las formas comunes de
hacer posible la búsqueda de una solución social a los efectos del terror de
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Recibido: 5 de agosto de 2025
Aceptado: 24 de octubre de 2025
Versión Final: 28 de noviembre de 2025