La última dictadura argentina, en la encrucijada del pasado
y el futuro
Marina Franco
Anuario Nº44 / ISSN 1853–8835 / 2026
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La última dictadura argentina, en la encrucijada
del pasado y el futuro
The last Argentine dictatorship, at the crossroads of the
past and the future
MARINA FRANCO
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Universidad Nacional de San Martín
mfranco@unsam.edu.ar
RESUMEN
Con motivo de los cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que dio
lugar a la última dictadura militar, este artículo se propone leer ese acontecimiento con
las claves interpretativas que da la perspectiva histórica del tiempo transcurrido. La
observación se moverá entre los andariveles históricos e historiográficos, indisociables
para la reflexión sobre el fenómeno. Para ello, en primer lugar y a modo de ensayo, se
propone una mirada histórica para pensar el acontecimiento desde tres ángulos
distintos pero convergentes: a) la dictadura en la larga duración de la historia argentina
del siglo XX; b) la dictadura en la sincronía de los procesos regionales; y c) la dictadura
como cesura histórica. En segundo lugar, la mirada vuelve sobre la historiografía que
ha tratado de pensar ese acontecimiento.
Palabras clave: dictadura; terrorismo de Estado; transición democrática; democracia;
historia reciente.
ABSTRACT
On the occasion of the fifth anniversary of the coup d’état of March 24, 1976, which
ushered in the last military dictatorship, this article seeks to examine that event through
the interpretive lenses afforded by the historical perspective granted by the passage of
time. The analysis moves between historical and historiographical frameworks,
understood as inseparable for a meaningful reflection on the phenomenon. To this end,
the article first proposes–by way of an essay–a historical perspective that approaches
the event from three distinct yet convergent angles: (a) the dictatorship within the long–
term trajectory of twentieth–century Argentine history; (b) the dictatorship in the
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futuro
Anuario Nº44, Escuela de Historia
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synchronic context of regional processes; and (c) the dictatorship as a historical rupture.
In the second part, the discussion turns to the historiographical contributions that have
attempted to interpret this event.
Keywords: dictatorship; state terrorism; democratic transition; democracy;
contemporary history.
Los historiadores traducen el pasado y lo traen a su
propio tiempo. Su trabajo es hacer inteligible el pasado a
sus contemporáneos.
Por eso mismo, en cada generación hay que escribir la
Historia, no sólo porque surgen nuevos descubrimientos,
sino porque los lectores son diferentes, con distintos
supuestos, y necesitan que se les expliquen las cosas
sobre el pasado de otra manera, bajo otros parámetros.
La Historia es emocionante porque implica intentar
imaginarse a uno mismo en otra época, en otra cultura,
para luego volver y explicar cómo eran las cosas antes y
por qué la gente asumía como natural algo que para una
generación posterior supone precisamente todo lo
contrario.
Peter Burke (2013)
1
1. De la historiografía a la historia
Transcurridas cinco décadas del inicio de la última dictadura y transcurridas casi
tres décadas de un intenso desarrollo historiográfico en torno a ella, las condiciones
parecen propicias para un ejercicio reflexivo en un doble sentido, histórico e
historiográfico.
2
Este texto parte de la idea de que el tiempo que nos separa de aquel acontecimiento
–que en el caso argentino no ha precisamente “enfriado” el objeto– y los procesos
históricos posteriores nos permiten sumar nuevos niveles de análisis en relación con
1
Agradezco a Facundo Sayavedra (IG Historias destacadas) por recuperar esta bella cita de Peter
Burke que aquí tomo prestada.
2
Agradezco los ricos y perspicaces aportes de los evaluadores de este trabajo, que me permitieron
expandir algunas ideas y referencias en la medida en que la extensión del texto o sus objetivos
puntuales lo permitían. También agradezco a los colegas del proyecto PICT 0099–2021 y muy
especialmente a Daniela Slipak por todas lecturas inteligentes y oportunas.
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aquello que podíamos proponer hace treinta o cuarenta años, cuando
comenzaba a desplegarse la reflexión sobre el tema. Esa nueva distancia temporal,
transformada en distancia epistémica, puede aportarnos otro tipo de miradas, menos
centradas en el acontecimiento y más enfocadas en pensar su lugar en el transcurso
histórico. A su vez, ello sólo es factible gracias al enorme conocimiento e investigación
ya acumulados (cualquiera sea su origen disciplinario), que nos permite avanzar en
más niveles y dimensiones interpretativas.
3
La pregunta que recorre este texto es, entonces ¿qué perspectiva nos aporta el tiempo
histórico e historiográfico transcurrido? La respuesta podría desenvolverse en un
sinnúmero de dimensiones posibles, pero quisiera aquí proponer una lectura que,
descentrándose del acontecimiento, lo examine desde la totalidad del siglo XX
argentino y, a su vez, lo use para iluminar algo de ese mismo siglo. Desde esta
perspectiva, vuelve a surgir la reflexión sobre la excepcionalidad de la dictadura, no
como hecho extraordinario o inexplicable, sino como hecho singular y regular a la vez
y, ante todo, con un profundo impacto histórico.
4
Dada la naturaleza ambiciosa de esta empresa, haré foco específico en las
dimensiones políticas de los procesos históricos examinados, sin desatender otras
variables entrelazadas.
5
Para ello, me interesa recorrer tres ángulos de análisis: a) la
dictadura en la larga duración de la historia argentina del siglo XX; b) la dictadura
en la sincronía de los procesos regionales; y c) la dictadura como cesura histórica. Lo
que sigue es entonces una reflexión sobre el tema, visto desde el presente y
articulando cuestiones históricas con algunas consideraciones historiográficas.
6
2. La dictadura como parte del siglo XX argentino
Como se ha dicho numerosas veces y ya no es una novedad, la última dictadura –y
la represión, como dimensión central– está íntimamente imbricada con procesos
previos que la explican y nos permiten pensar sus condiciones de inteligibilidad
histórica.
7
En este caso no me interesa tanto observar las dinámicas que llevaron a
3
No es este el espacio para analizar los avances en la producción científica sobre la dictadura, pero
existen buenas síntesis para distintos asuntos, cfr. el dossier coordinado por Águila (2008), Águila,
Luciani, Seminara y Viano (coords.) (2018); Basualdo, 2012; D’Antonio y Eidelman, 2013; Franco y
Lvovich, 2017, entre otros.
4
La idea de excepcionalidad, como bien señala Gabriela Águila, es una noción deudora de la memoria
de la transición bajo el signo alfonsinista. Frente ella, esta autora prefiere la noción de singularidad para
pensar lo distinto dentro de “lo normal” (Aguila, 2023, 219-222).
5
Este tipo de ejercicio no puede autonomizar la observación política de las dinámicas sociales o
económicas, pero dada la amplitud de la propuesta no puedo abordarlas aquí en profundidad, pero sí
considerarlas en su interacción constante con lo político.
6
El enfoque de síntesis que tiene este texto está basado en la enorme producción de la historiografía
argentina de las últimas décadas y en mis propias investigaciones empíricas para ciertos temas.
7
Entre muchos, Águila, 2024; Águila, Garaño y Scatizza, 2016; Pittaluga 2006; Pontoriero, 2022.
Personalmente he intentado explorar el tema en sucesivos trabajos (Franco 2012a, 2012b, 2016).
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ella y cristalizaron en sus resultados (Franco y Pontoriero, en prensa),
sino regularizar analíticamente el evento dictatorial para observarlo como parte de
procesos de largo plazo que atraviesan todo el siglo XX, o con más rigor histórico,
toda la experiencia política argentina desde el Estado-Nación contemporáneo. Una
mirada que regularice e inserte la dictadura en procesos más largos permite ver
continuidades y discontinuidades históricas, así como los cambios que el propio
evento dictatorial introdujo. De manera complementaria, pero visible en los
argumentos que siguen, esta perspectiva es deudora de una preocupación
historiográfica más amplia que aspira a articular, al menos para ciertos temas como
los aquí contemplados, la relación entre la primera y segunda parte del siglo XX
argentino (Bohoslavsky y Franco, 2020).
A continuación propongo, entonces, algunas variables para abordar el tema como
parte regular de la larga historia previa. En primer lugar, el último proceso dictatorial
debe ser considerado como “uno más” en el ciclo de inestabilidad institucional abierto
en 1930 que dio origen a una sucesión de golpes de Estado y la alternancia entre
gobiernos de facto y constitucionales. Esta dinámica estructuró la vida política
nacional en el vaivén entre regímenes dictatoriales, democráticos, constitucionales
de origen espurio (como en la década de 1930) o de democracia restringida (desde
1955 por la exclusión electoral del peronismo durante dos décadas). Este ciclo
reactivo que suele fecharse en 1930 y al que se le otorga una duración de cincuenta
años, en realidad es más amplio y debiera situarse no en su primera manifestación
institucional (el golpe de Uriburu), sino en las tensiones que están en el propio origen
de la ampliación democrática con la ley Sáenz Peña de 1912, el cierre de la república
oligárquica y las transformaciones políticas e ideológicas de los años siguientes en
un sentido conservador y autoritario (Bohoslavsky y Morrresi, 2025; Echeverría,
2010; Tato, 2004). Esto no significa bajo ningún concepto que las interrupciones
institucionales posteriores estuvieran ya contenidas en las tensiones frente al proceso
de democratización de 1912, o en los cambios ideológicos posteriores a esa fecha,
sino que esas tensiones nunca se resolvieron y jugaron y se rearticularon con las
contingencias de cada instancia posterior.
Por ello mismo, en segundo lugar, la última dictadura forma parte del ciclo secular
de tensión y/o impugnación de la democracia de masas por parte de diversos sectores
de las élites políticas y/o las derechas locales, que se inició en torno a 1916. Esa
tensión se asentaba menos en el sistema electoral y más fundamentalmente en los
distintos procesos de ampliación de derechos y de conflictividad social que atravesó
la sociedad argentina. Desde luego, esto no fue siempre constante y el siglo XX está
atravesado por los intentos más o menos frustrados, más o menos logrados –sobre
todo a escala provincial–, de las derechas por participar del juego democrático
(Bohoslavsky y Morresi, 2025). No obstante, para muchas de sus líneas y en distintos
momentos, la democracia como proceso social (no meramente político–institucional)
fue vista como peligrosa, y como parte de un sistema “demagógico” incapaz de
mantener el orden, siempre puesto en jaque por los nuevos desafíos y las demandas
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populares y obreras. Para muchos de aquellos grupos esa amenaza se
vio ratificada tempranamente por lo que consideraron las “sublevaciones” de la
“Semana Trágica” o la Patagonia en 1921-1922, y más tarde por el mismo peronismo.
En definitiva, los argumentos hostiles al juego democrático-liberal y a la presión de
las masas para dirimir reglas y acuerdos societales explican en buena medida la
vocación golpista de las derechas argentinas durante todo el siglo XX. Esta tensión
con la vida democrática está más allá de la diversidad de actores e intereses en juego
y la intensidad de la conflictividad de cada momento golpista, cuyo efecto pudo ser
ocultar este otro dato más estructural. Así, la última dictadura fue una manifestación
de ello con sus propios elementos contingentes y específicos de la década de 1970.
Pero esto solo se hace evidente a la luz de un siglo entero de historia argentina, en
contraste con los procesos posteriores a 1983 y descentrando la mirada de la historia
corta de la tensión peronismo–antiperonismo.
8
En tercer lugar, la última dictadura está inserta en el largo ciclo de presencia
pretoriana de las fuerzas armadas en la escena política –aspecto que debe
considerarse analíticamente por separado de la recurrencia de las dictaduras–.
9
Como ha sido estudiado por múltiples autores, la pugna de fondo por los resortes del
poder político, con sus formas históricamente variables, pusieron a la institución
castrense y su poder de fuego en el centro de la escena, como recurso disponible de
otros sectores y también como actor con su propia agenda, cuyo rol y sus márgenes
de autonomía fueron variando a lo largo del siglo.
10
Esto incluye el hecho
fundamental de que la agencia y la agenda militares tampoco pueden considerarse
internamente homogéneas (probablemente la Guerra Fría y la represión de la última
dictadura sean uno de esos momentos de unificación interna, al menos en algunos
aspectos como la “guerra antisubversiva”). En definitiva, el juego de inestabilidad
institucional transformó a las fuerzas armadas en un actor político capaz de imponer
su propio proyecto, de dirimir conflictos y de ser convocado por las fuerzas civiles –
del más diverso tenor– para imponer otro orden alternativo.
A su vez, esto fue posible por una larga tradición y presencia de las Fuerzas Armadas
en la construcción del orden nacional y en la intervención política y el conflicto social
que se remonta al siglo XIX (Quinterno, 2014; Avellaneda, 2019). Por ello, este perfil
militar no se activó inesperadamente en 1930, y así como se inscribía en
8
Esta constatación no excluye otras interpretaciones sobre procesos y ciclos más acotados, por ejemplo,
la lectura en clave de “empate hegemónico” acuñada por Juan Carlos Portantiero para explicar
especialmente la inestabilidad entre 1955 y 1973 por la imposibilidad de cualquier fuerza de establecer
un proyecto político duradero y la presencia de oposiciones políticas que optaban por quebrar el orden
institucional para imponerse (Portantiero, 1977).
9
Entre otros, este largo ciclo de presencia pretoriana ha sido analizado por Hugo Quiroga (1994) quien
considera a las Fuerzas Armadas como un actor político en esas décadas.
10
Solo por citar algunas referencias para distintos momentos y sobre un tema tan complejo: Avellaneda,
2022; Forte, 1999; Franco, 2012c, 2019; Mazzei, 2012; Potash, 1981: Rouquié, 1988; Pontoriero, 2022;
Sain, 2010.
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representaciones y formas previas, su irrupción ese año sólo fue posible
por tensiones sociales más contingentes, locales e internacionales. Entre aquellas
que iniciaron el ciclo de pretorianismo militar se cuentan los efectos de la Primera
Guerra Mundial y de la Revolución Rusa y los consiguientes temores a la “demagogia”
de la democracia incapaz de contener los riesgos de la “revolución social” (Camarero,
2017; Forte, 1999; Franco, 2020). En esta línea, aunque el momento 1976 no puede
ser pensado exclusivamente desde la óptica del poder castrense, constituyó una de
las formas más acabadas de la presión y el proyecto militar a lo largo del siglo (incluso
considerando la presencia civil en el bloque autoritario).
El cuarto elemento de largo plazo, y del cual la última dictadura es parte regular de
la serie, es la omnipresencia de la violencia política y de la represión como una de
sus formas particulares. Si bien suele mencionarse insistentemente como una
realidad histórica a partir del derrocamiento del peronismo en 1955, el recurso a la
violencia estatal represiva fue un rasgo recurrente, con discontinuidades y
diferencias, a lo largo de todo el siglo, tanto en períodos constitucionales como
omnipresente en los momentos dictatoriales (Franco, 2016; Bohoslavsky y Franco,
2020). Si consideramos el proceso de organización del Estado Nación moderno, esa
violencia encuentra su primer jalón en un uso a gran escala para el sojuzgamiento y
matanza indígenas de las campañas militares del siglo XIX e inicios del XX en el sur
y norte argentinos.
11
Pero también en la violencia disciplinatoria ejercida sobre los
sectores populares criollos y la violencia intraélite usada desde el Estado nacional
para la resolución de los conflictos políticos en esas mismas décadas y las siguientes.
En los períodos posteriores, la represión fue una respuesta frecuente ante las
demandas de los sectores trabajadores y pobres y un instrumento de control de los
conflictos políticos a escala provincial y entre conservadores y radicales y, más tarde,
entre peronistas y antiperonistas.
Este rasgo recurrente tuvo un salto cualitativo con el desembarco tardío de la Guerra
fría en la Argentina desde mediados de los años cincuenta, en el cual se
superpusieron los conflictos locales en torno al peronismo con la dimensión global y
su específica declinación en las doctrinas militares contrainsurgentes (Bohoslavsky
y Franco, 2024; Pontoriero, 2022; Potash, 1981). En todo caso, lo que empieza en
1955 es un ciclo particular de un funcionamiento estatal bastante regular en el
tiempo.
Desde luego, esto no significa que la historia nacional se reduzca a la violencia
represiva y/o política o que ese funcionamiento haya sido igual y continuo en el
tiempo, sino que la historia de la última dictadura debe insertarse como episodio de
ese rasgo de nuestro funcionamiento societal. Si se considera el conjunto diverso y
variable de los procesos represivos, ellos no aparecen circunscriptos a un tipo de
régimen específico (democrático, dictatorial o cualquiera de sus variantes), ni a una
11
Sobre esos procesos, en términos generales y desde la perspectiva que nos interesa aquí Delrio et al,
2018 y Pérez, 2016.
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fuerza política particular, ni mucho menos al actor militar como motor
o único responsable. Mucho más ampliamente, la omnipresencia de la represión da
cuenta de una manera regular de gestión del conflicto político y social, de las lógicas
de poder aplicadas desde los engranajes del Estado y de las formas de la conflictividad
política argentina.
12
En síntesis, desde esta mirada de largo plazo, la última dictadura emerge entonces
como una manifestación más de los rasgos regulares de las dinámicas políticas de
buena parte del siglo XX, a saber: la inestabilidad política y la interrupción
sistemática del orden constitucional; el cuestionamiento de la legitimidad
democrática, de la conflictividad social y de la presencia popular en la vida política;
el peso decisivo del actor militar; y la omnipresencia de la violencia política y de su
forma particular que es la represión. Claro está, esta inscripción regular no explica
ni agota el evento. Por el contrario, requiere de otras series analíticas temporales y
espaciales para ser pensado.
3. La dictadura en el concierto epocal y regional
La expansión de la historiografía sobre la historia reciente del Cono Sur y también de
la Guerra fría latinoamericana ha puesto en evidencia hasta qué punto la última
dictadura es inseparable del marco regional en la cual se produjo y que definió un
tempo histórico que la hizo posible. En efecto, hoy es una certeza que el caso
argentino debe analizarse como parte del ciclo de dictaduras de la “seguridad
nacional” o de las “dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas”, por proponer
una definición que agrupe los casos de Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y, con otras
características de origen, también Paraguay (Ansaldi, 2004; Ramírez y Franco, 2021;
Serra Padrós, 2009; Soler, 2012). Esas dictaduras formaron parte del momento global
de la Guerra fría, cuando los conflictos de cada país se articularon con los intereses
de las fuerzas de Occidente para empujar salidas dictatoriales en países periféricos
con alto grado de modernización social y económica y fuertes procesos de
radicalización política. El carácter regional más visible de esto se expresó en las
múltiples formas de cooperación y articulación represiva entre regímenes (Slatman
2016; Lessa, 2022), pero también en las mutuas influencias y sintonías ideológicas.
La significativa articulación de este “momento latinoamericano” puede medirse,
además, por la capacidad de expansión del modelo represivo conosureño hacia otras
zonas como América Central.
13
12
Estas ideas más amplias están aún en estado exploratorio y forman parte de una investigación
personal en curso.
13
Sobre estos procesos de influencia y expansión véanse especialmente los diversos textos del libro de
Águila, Garaño y Scatizza 2025; algunos muestran fenómenos de influencia y exportación fuera de la
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La observación de este fenómeno general, desde y más allá del Cono
Sur, está en plena expansión investigativa.
14
Gracias a estos avances, la represión en
clave contrainsurgente ha empezado a dibujarse como un proceso latinoamericano
vasto y difuso, plenamente inscripto en las lógicas geopolíticas de la Guerra fría. En
efecto, a mediados de los años sesenta, mientras las dos superpotencias
protagonistas del conflicto bipolar entraban en una fase de cierta distensión,
trasladaron la puja a otras zonas del globo como América Latina. A la vez, se
profundizaron los efectos de la descolonización en África y Asia y sus repercusiones
en nuestra región. Así, en estas latitudes, la presión de Estados Unidos se sumó y
articuló con los conflictos internos de cada país, en plena ebullición en clave de
revolución-contrarrevolución (Grandin y Joseph, 2010; Pettiná, 2018).
Lo que me interesa resaltar aquí es que, producto de estas tensiones, los mecanismos
de represivos y de control poblacional en clave anticomunista y contrainsurgente, o
de la seguridad nacional, se extendieron por toda la región incluyendo países como
México, Bolivia, Colombia o Venezuela, configurando una verdadera dinámica
continental que fue mucho más allá del Cono Sur. El caso mexicano es
particularmente significativo para observar esto, porque suele ser considerado como
una excepción dentro del conjunto regional, cuando en realidad también allí se
instaló una intensa lógica de seguridad interna basada en tareas de vigilancia y
represión, incluso bastante antes que en el resto de la región. Ello se desplegó en
clave contrainsurgente contra sectores políticos locales y extranjeros (exiliados y
refugiados en el territorio mexicano) y en colaboración con otros gobiernos
autoritarios (Ansaldi y Giordano, 2012; Ovalle, 2025). En el estado de Guerrero fue
donde esta “guerra sucia” –en los términos mexicanos– tuvo una expresión más
acabada, con el desarrollo de un foco de guerrilla y una respuesta estatal represiva
que incluyó métodos extremos, como la desaparición forzada de personas contra los
grupos insurgentes y la población local, entre 1969 y 1977 (Aguirre Gutiérrez, 2024).
No obstante, a diferencia de sus pares del sur, la represión mexicana se desplegó sin
dictadura y con una expansión del modelo desarrollista y de redistribución social
(Pettiná, 2018).
También el caso colombiano, habitualmente contado desde su gran singularidad,
forma parte de este fenómeno represivo. Sobre la base del largo conflicto interno
iniciado en los años cuarenta, la doctrina de la seguridad nacional y el apoyo de
Estados Unidos incidieron en los años sesenta y setenta en la formalización de esa
doctrina como parte de la normativa de gobierno, estableciendo un estado de
región dictatorial (Rostica y Salas, 2025) y otros las influencias entre dictaduras (Garaño y Nebbia,
2025). Otros trabajos pioneros en esa línea han sido Armony, 1999 y Rostica, 2020.
14
Este crecimiento ha sido posible, primero, por los avances en la comprensión de los casos nacionales
–tal como procede la historiografía en general, preocupada por lo singular e irrepetible–; y segundo, por
el crecimiento intelectual de los estudios trasnacionales y conectados en las últimas décadas en América
Latina. Desde la Argentina, el recorrido de los trabajos colectivos de la RER (Red de Estudios sobre
Represión y Violencia Política) ejemplifica muy bien estos movimientos historiográficos (cfr, Águila,
Garaño y Scatizza, 2016; 2020; 2025).
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excepción y legitimando la represión estatal y, luego, paramilitar sobre
los grupos guerrilleros y la militarización del estado (Jiménez, 2009). De hecho, las
FARC se formaron en torno a 1964, cuando el ejército colombiano activó un plan
represivo basado en la seguridad nacional contra las organizaciones campesinas y
por impulso de Estados Unidos (Ansaldi y Giordano, 2012).
El punto de interés aquí consiste en desacoplar dictaduras y represión –relación tan
naturalizada para el Cono Sur–. Esta perspectiva nos devuelve un mapa
latinoamericano bastante menos disociado: de México a la Argentina, de Honduras a
Brasil. Así, la última dictadura argentina se integra como una forma específica de
una serie mayor de procesos autoritarios en todo el subcontinente. Todos estos
regímenes, empujados por la radicalización política contra los proyectos de cambio
social, optaron por la eliminación de sus supuestos enemigos internos –
independientemente de las formas institucionales y de los conflictos políticos
imperantes en cada país–. De esta manera, para analizar el argentino, a la
regularidad diacrónica de la larga historia previa se suma la regularidad sincrónica
que aporta la vasta historia latinoamericana de la Guerra fría.
4. La dictadura como cesura
Sin embargo, esta inscripción regular de la última dictadura en las coordenadas
analizadas encuentra su límite en su otra gran característica: su impacto como gran
cesura histórica. En efecto, probablemente, el dato más contundente para entender
la dictadura –porque se reconfirma y profundiza a medida que se amplía la distancia
temporal– sea su importancia como cesura histórica, como acontecimiento
excepcional que cambió el transcurso del siglo XX argentino y de la historia
posterior.
15
Probablemente sea este impacto y este carácter de parteaguas el que
lleva, muchas veces, a desanclarla de su pasado y de su presente, de esa inscripción
regular en tiempo y espacio precisos.
Ahora bien, ¿cómo asir este carácter de ruptura histórica? ¿Desde dónde explorarla
bajo el lente de la larga perspectiva temporal? El registro que propongo para evaluar
las transformaciones resultantes es a través de un nudo histórico distinto, que no
son solo los años dictatoriales 1976-1983, sino la dictadura–terror de Estado junto
con el proceso transicional. Antes de avanzar, algunas aclaraciones de rigor.
15
Esta aseveración no se contradice ni impide pensar en las muchas continuidades que persistieron o
los rasgos que tardaron mucho tiempo en modificarse, o incluso en otras formas nuevas del
autoritarismo social y estatal que emergieron luego (Alonso, 2025; Franco y Feld, 2015; Pittaluga, 2010).
La observación sobre los ciclos históricos es una construcción analítica de variables generales que no
pretende tener correspondencia lineal con la diversidad de la realidad empírica.
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En primer lugar, utilizo el par conceptual dictadura–terror de Estado
para explicitar dos procesos/eventos distintos, que suelen solaparse y que, cuando
ello sucede, se pierde la distinción necesaria entre el proceso institucional y el proceso
represivo. Mientras el terror de Estado
16
desbordó los marcos institucionales y
temporales del régimen dictatorial –empezando al menos un año y medio antes del
golpe de Estado–, la dictadura, como momento institucional, fue mucho más que su
dimensión represiva. En todo caso, es indisociable de su plan político y su política
económica. Por último, distinguir entre dictadura y terror de Estado permite, además,
evaluar los efectos diferenciables de una y otra cosa.
En segundo lugar, entiendo por proceso transicional las formas que adquirió la salida
de esa dictadura, tanto en la etapa final de régimen como en los primeros años
democráticos.
17
Ese proceso fue, en gran medida, consecuencia de las características
del fenómeno dictatorial, pero también resultado contingente de dinámicas y
relaciones de fuerzas específicas que tomaron forma entre esos dos momentos.
Hechas las aclaraciones y volviendo al nudo histórico, puede sostenerse que la
dictadura y la transición cerraron un ciclo tanto en términos políticos, sociales como
económicos. Ello fue así por la profundidad de las transformaciones deseadas y
logradas por los ejecutores militares y civiles, por sus fracasos y, más aún, por el
impacto social e histórico de la paradójica relación entre ambas cosas y la manera en
que se tejió la salida política. Me detendré brevemente en estas cuestiones.
En lo que respecta a los fracasos, la dictadura se terminó en 1983 por el derrumbe
del poder militar que la generó y la sostuvo, mientras buena parte de los aliados
civiles se retiraban de la alianza dictatorial sin salir casi dañados en su peso político
ni imagen pública. Ese desmoronamiento permitió lo que se conoce como transición
“por colapso”, es decir, sin acuerdos ni imposición de condiciones por parte de la
fuerza saliente (O’Donnell, 1988). Entre las múltiples causas de ese derrumbe es
importante destacar el desastre económico que hundió a la sociedad en una brutal
crisis muy visible desde 1981 y que tuvo efectos en la pérdida de apoyo de los sectores
de poder y antiguos aliados del régimen. Altísimos índices de inflación, destrucción
productiva, informalidad laboral, desempleo y endeudamiento externo fueron los
datos macroeconómicos de una crisis con profundo impacto social (Basualdo, 2010;
Damill, 2005). Ello se trasladó masivamente a un humor antimilitar y antidictatorial
que tomó forma alrededor de 1980 en distintos segmentos sociales y ámbitos de la
vida pública, especialmente en el mundo obrero, la cultura y algunas formas nuevas
de la protesta social. El peso de este escenario económico-social es clave para
entender la crisis del régimen militar (y, por extensión, la deslegitimación de
16
Por razones de espacio no puedo entrar en la discusión sobre este término, que prefiero a pesar de su
imprecisión conceptual y de que porta tantas dificultades como otros disponibles para pensar el
fenómeno represivo de los años setenta.
17
Para las consideraciones de este trabajo no considero de particular relevancia las discusiones sobre
la duración o las fechas marco de ese proceso transicional, que pueden consultarse en Alonso 2018;
Franco, 2023; Mazzei, 2011.
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regímenes políticos que no pueden garantizar la reproducción social
básica) (Franco, 2018).
Este primer fracaso dictatorial fue acompañado de otro más discreto y de más larga
duración, pero con similar peso: las fuerzas armadas y sus aliados no lograron
generar en esos años un proyecto político que les permitiera mantenerse en el poder
y competir en un terreno electoral con la creación de un partido autoritario, tal como
era su intención original. En contraste, la institución militar se hundió rápidamente
en sus propios conflictos internos –derivados de distintos frentes de tensión– y ello
bloqueó toda posibilidad de alguna proyección política en el futuro (Canelo, 2008).
Mientras, con menos costos, los sectores civiles autoritarios lograron otras formas de
inserción en la vida política de las décadas siguientes.
En esta perspectiva, la derrota en la guerra de Malvinas merece una mención como
parte de los fracasos y la caída del poder militar. El desenlace bélico sumó un jalón
importante en la ya creciente disposición social antidictatorial y en la descomposición
interna del régimen. Si en 1981 la debilidad del gobierno ya era visible, aún
conservaba poder de negociación para presionar sobre las condiciones de la
transición. Pero en 1982, la resolución de Malvinas produjo un salto cualitativo en el
hartazgo social y una crisis política que obligó a definir aceleradamente las pautas
institucionales de la apertura. Por ello mismo, el conflicto austral no puede ser
considerado como el inicio de la transición, sino como parte de ella y del intento
militar de recuperar una iniciativa política que ya estaba agotándose. En 1983, este
cuadro general impidió cualquier imposición de condiciones por parte del poder
militar, especialmente en cuanto a mecanismos de control sobre el nuevo régimen
político y sobre la posible revisión de los delitos represivos (Franco, 2018). En
definitiva, esta debilidad explica por qué las fuerzas armadas se retiraron sin ninguna
capacidad de presión, dando lugar a una transición distinta a la de otros países del
Cono Sur donde sí se produjeron diversas formas de acuerdo y negociación que
enmarcaron las futuras democracias.
Ahora bien, si la noción de fracaso parece referirse a la suerte del actor militar y de
su experimento en el poder, como veremos, no puede aplicarse sin más a la suerte y
los efectos del régimen dictatorial en su conjunto. En efecto, los fracasos se articulan
estrechamente con los “logros”, tan importantes como los anteriores para entender el
cambio societal posdictatorial. Estos logros fueron los muy eficientes resultados en
el proyecto económico y el proyecto represivo.
En primer lugar, la economía. A pesar del desastre inmediato puesto en evidencia en
la crisis económica y social, las políticas implementadas desde 1977 cambiaron de
manera permanente las condiciones de la estructura productiva argentina y del
régimen de acumulación. Las medidas neoliberales heterodoxas, sin ser
completamente nuevas en 1976, abrieron el camino sostenido para destruir las bases
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del modelo económico previo de una industria nacional orientada al
mercado interno y la sustitución de importaciones con niveles aceptables de
redistribución del ingreso, ciclo que se había iniciado –con distintas etapas y
características– en la década de 1930 y profundizado con el peronismo. Las reformas
abrieron la puerta a un modelo de acumulación basado en el capital financiero, la
especulación y la concentración económica, cada vez más dependiente del
endeudamiento con el sistema financiero internacional y de los límites impuestos por
la nueva concentración del capital nacional y trasnacional (Basualdo, 2010;
Castellani, 2021). A su vez, ese cambio fue progresivo y consistió en habilitar un
proceso que se consolidaría en las décadas siguientes a la dictadura. En definitiva, a
tono con cambios mundiales más amplios, la nueva estructura económica y
financiera sentó las bases y los límites dentro de los cuales debió moverse la
democracia entrante.
En segundo lugar, el gran “logro” dictatorial fue el disciplinamiento social a través de
la represión, mucho más vasto que el aniquilamiento de los grupos de la militancia
revolucionaria como los blancos más visibles. La represión consiguió desarticular la
protesta social, las formas del conflicto, en especial su dimensión obrera clasista, y
las impugnaciones más generales al orden de los diversos sectores de eso que se
llamó la “nueva izquierda”. Los años setenta dejaron una sociedad domesticada,
apaciguada, atravesada por la desconfianza, la sospecha, la indiferencia y el fin de
toda búsqueda de transformación radical. Además, esos cambios, sumados al
impacto de las reformas estructurales, estimularon la emergencia de nuevas
subjetividades que tardarían unas décadas en tomar forma (Adamovsky, 2023;
Pittaluga, 2010).
Paradójicamente, el “éxito” en la represión terminó siendo parte del fracaso más
estrepitoso del régimen y el motivo de su mayor condena social posterior. Sin llegar
a ser una variable definitoria del derrumbe militar –cuyas causas exploramos antes–
, la represión comenzó a adquirir importancia hacia el final de la dictadura. Sus
efectos y gravedad fueron haciéndose visibles cuando la debilidad del régimen
permitió “descubrirlas”, y porque en ese contexto de crisis terminal los principales
actores políticos –partidos, poder judicial, grandes medios de comunicación, Iglesia
Católica, entre otros– dieron cabida pública a los reclamos sobre los desaparecidos.
Entonces se hizo evidente que las “secuelas de la represión” eran una cuestión
política que no podría ser obviada sin costos para los actores militares y partidarios.
En esta escena, la inquietud social en favor de los derechos humanos –más allá de
las organizaciones y sus círculos inmediatos– recién comenzaba a despuntar. Así, la
expansión sustantiva de la causa de los derechos humanos fue posterior y se produjo
al calor de la progresiva legitimidad adquirida por los organismos de derechos
humanos, del conocimiento generado por la investigación de la CONADEP (Comisión
nacional sobre la desaparición de personas) en 1984 y del juicio a las Juntas militares
en 1985, que fueron venciendo sospechas y estigmatizaciones y modificando las
lecturas epocales sobre lo sucedido. Me permito insistir en este carácter paulatino y
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no masivo del proceso para no considerar los derechos humanos como
un valor social “natural”, inamovible o unánime, ni siquiera en los años siguientes a
la transición (Franco, 2018 y Feld y Franco, 2015). En el escenario actual, a 50 años
del golpe de estado, tener en cuenta esto me parece más importante que nunca.
Esta relación paradojal entre logros y fracasos generó las condiciones para otro
cambio crucial y de largo plazo: los sectores civiles que habían sostenido e impulsado
el proyecto golpista (con distintos intereses y con matices) lo fueron abandonando.
Como se señaló antes, durante los últimos dos años de la dictadura, las fuerzas
armadas comenzaron a quedar públicamente aisladas, tanto por el desastre
económico y bélico como por los costos políticos de la represión. A su vez, para
muchos de esos sectores, la tarea autoritaria que se propuso la alianza dictatorial
estaba cumplida por la represión, las transformaciones estructurales y los efectos
disciplinantes de ambas cosas (Franco, 2018).
18
Sobre esta acumulación de elementos, el proceso transicional de la etapa alfonisinista
tuvo su propio y rotundo impacto. Ello no se debió solo a las graves consecuencias
de la dictadura–terror de Estado, sino a la propia configuración contingente de esa
transición, sus actores y las relaciones de fuerza allí tejidas. Entre varias cuestiones
conocidas que aquí repasaré muy rápidamente, el proceso de investigación y justicia
entre 1984 y 1985 fue fundamental para afirmar un nuevo paradigma de
impugnación institucional y social de la violencia represiva, de las prácticas golpistas
y para la desarticulación del poder político militar. Sin estos elementos y acuerdos,
que dependieron de voluntades políticas ni obvias ni preexistentes, es difícil apreciar
el escenario de las décadas siguientes.
Además, los años iniciales de la transición consolidaron el horizonte democrático
como paradigma político deseable, que se materializó, entre otras cosas, en el
novedoso rechazo social a las asonadas militares “carapintadas” de los años ochenta.
Las formas de activación y movilización en los más diversos ámbitos de la vida social
de aquella “primavera democrática” dan cuenta de las expectativas puestas en el
proceso de apertura bajo nuevas coordenadas simbólicas y materiales. Asimismo, de
la mano de estos cambios, se afirmó no sólo una novedosa legitimidad en torno al
modelo democrático, sino también en torno a los derechos humanos como horizonte
político y como paradigma de la lucha por derechos de diverso tipo –transformaciones
que recogían el impacto social que comenzaron a tener los organismos de derechos
humanos en esos años–.
En síntesis, el nudo dictadura y proceso transicional generó las condiciones para un
cambio político profundo. Desde 1983 y progresivamente, se abrió un nuevo ciclo en
18
La defección pública de estos aliados tuvo su excepción en los grandes sectores empresariales que –
con menos costos políticos que otros aliados civiles– se mantuvieron leales al régimen y la “lucha
antisubversiva” hasta último momento.
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relación con la historia previa, cuyas características pueden apreciarse
con más claridad transcurridos más de cuarenta años.
5. Un nuevo ciclo histórico
Desde esta perspectiva, desde 1983 –si se trata de datar el proceso con una fecha
simbólica– se fueron modificando progresivamente varios rasgos políticos que
caracterizaron buena parte del siglo XX y que fueron reseñados en la primera sección
de este texto. Lo que sigue es una síntesis de esos cambios, observados de manera
global y a escala nacional. Desde luego, no pretendo con esto eludir las muchas
continuidades y pervivencias de los procesos autoritarios o de sus formas nuevas, ni
tampoco asumo que las transformaciones fueron rápidas, súbitas o completas.
Las novedades que me parecen relevantes en términos políticos tienen que ver con las
características del juego democrático, las formas de gestión del conflicto y los actores
participantes en la arena pública. El dato más obvio es el fin del ciclo de inestabilidad
institucional golpista que caracterizó buena parte del siglo. Desde 1983, incluso bajo
crisis de extrema gravedad sociopolítica y económica como fueron las de 1989 y 2001,
se reafirmó la continuidad institucional y la vigencia del juego político de la
democracia liberal.
En relación directa con ello, otro cambio importante fue la modificación total del rol
de las Fuerzas Armadas. Aunque ello no se produjo de manera inmediata, el actor
castrense perdió su poder pretoriano sobre la escena política, dejó de ser convocado
por las élites conservadoras y autoritarias y dejó de ejercer su autonomía para dirimir
conflictos políticos y/o sociales. Así en esos años terminó de consolidarse la
subordinación del poder castrense al poder civil. Este dato, crucial para asegurar la
transición, fue posible por la debilidad con que los militares salieron de la dictadura,
por el impacto del proceso de justicia y también de las políticas de indulto y de recorte
del poder castrense durante el gobierno de Carlos Menem (Canelo, 2011).
Señalemos aquí, de paso, que este proceso de subordinación militar no estaba
asegurado en los años ochenta: los levantamientos “carapintadas” y las presiones
militares fueron de enorme gravedad y así fueron vividos por los contemporáneos,
porque estaban inscriptos en las prácticas y experiencias previas del siglo XX
argentino. Solo la distancia con lo efectivamente sucedido luego –el fracaso militar en
esas asonadas y la continuidad democrática– han llevado a minimizar su peso
histórico. En otros términos, los futuros no advenidos (Deluermoz y Singaravélou,
2016) de esos intentos golpistas tienen gran peso para mostrar el cambio en las
predisposiciones sociales y políticas frente al actor castrense, que pasó de ser una
solución esperable a los males argentinos a devenir uno de los “demonios”.
Por otra parte, a partir de 1983, se inició una nueva época en cuanto a los parámetros
admisibles del uso de la violencia estatal y la intervención de las fuerzas de seguridad
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en el control del orden interno. Esto no excluye en absoluto el recurso
a la represión en las décadas siguientes, e incluso el florecimiento de otras formas de
violencia institucional, pero su uso cambió de registro, diluyéndose las formas más
masivas y brutales en favor de un uso más esporádico, acotado y selectivo. Ese
cambio incluyó otra novedad importante que fue una nueva intolerancia y
cuestionamiento social y público ante hechos de violencia estatal, al menos en
relación con el pasado.
19
Probablemente la crisis de 2001 sea un prisma interesante
para evaluar este cambio. La represión y el estado de sitio de diciembre fueron una
excepción a la observación previa sobre el final de la violencia represiva de tipo
masivo, pero a la vez, hubo dos datos que confirman algunas novedades: por un lado,
fue un estado de sitio puntual y acotado, que a pesar de su brutalidad no se expandió
hacia secuencias autoritarias más prolongadas como tantas otras veces en el pasado;
por el otro y, llamativamente, generó un inédito repudio social con desobediencia
civil. Dicho esto, otros hechos brutales pueden funcionar de contraejemplos: la
represión durante los saqueos de 1989 o el ataque al cuartel de la Tablada ese mismo
año no recogieron las mismas reacciones ni oposición social. Probablemente, los
grupos que fueron víctimas de la violencia del Estado en estos dos episodios no
merecieron la misma consideración social que las clases medias del 2001.
En todo caso, de manera general, desde 1983 la represión siguió siendo utilizada
centralmente para gestionar la protesta social –tal como sucedió en la década de los
noventa bajo el peso de las reformas neoliberales– y con una selectividad de clase
visible en formas represivas de baja intensidad –como sucede con la violencia policial
estructural que afecta a las poblaciones más pobres, y la violencia estructural contra
los sectores indígenas de manera mucho más regular–. En cualquier caso, el cambio
global posdictatorial consistió en que el uso de la violencia estatal no dio lugar a
regímenes donde la represión fuera la forma de gobierno o a estados de excepción
permanentes como en el pasado.
20
Más aún, sobre todo, durante varias décadas
posteriores a 1983, la represión perdió aceptación social y política como mecanismo
de gobierno. En esa misma línea, el actor militar fue efectiva y legalmente desprovisto
de potestad de intervención en seguridad interior desde los años posdictatoriales,
aunque no hayan faltado los intentos por restituir ese poder por diversas vías y con
la presencia de fuerzas alternativas.
21
En definitiva, la ausencia militar en conflictos
sociales internos constituyó otro cambio histórico.
19
Una de las formas de esa nueva ilegitimidad de la violencia aparece condensada en el trabajo de G.
Sandra Gayol y Gabriel Kessler en torno a las muertes “que importan” (Gayol y Kessler, 2018).
20
Este tipo de procesos y derivas autoritarias se produjo sucesivas en regímenes constitucionales, por
ejemplo, en relación con la persecución anarquista y obrera en las primeras décadas del siglo que dejó
prácticamente sin protección del Estado de derecho a esos sectores; en los años treinta; en los años
cincuenta de Frondizi, en los años setenta peronistas (Franco, 2012b, 2012c, 2019).
21
La disposición que excluye a las fuerzas armadas de la seguridad interior corresponde a la Ley de
Defensa (N° 23.554) de 1988, mientras que con la toma de La Tablada en 1989 comenzaron a reintroducir
atribuciones militares a través de una serie de normativas por decreto (Confino y Pontoriero, 2025) en
1991 la ley de Seguridad Interior (N° 24.059) abría algunas alternativas para la presencia militar en ciertas
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Asimismo, durante los últimos cuarenta años, la violencia política en
general quedó deslegitimada como instrumento regular del juego político. Esto no
significa que haya estado ausente, sino que por varias décadas se mantuvo en
parámetros de baja intensidad y, más importante aún, dejó de tener un lugar validado
en la escena pública. Desde luego, esto ha cambiado vertiginosamente en los años
más recientes, cuyo jalón simbólico es el intento de asesinato de Cristina Fernández
de Kirchner en 2022.
Por último, otro cambio crucial interrumpió y modificó el ciclo previo a partir de 1983.
Derivado de los costos de la dictadura-terror de Estado, de su resolución transicional
y también del escenario reordenado que el autoritarismo dejó, las derechas –en sus
dos vertientes, liberal-conservadora y nacionalista-reaccionaria– fueron
abandonando las salidas autoritarias en sus múltiples variantes (golpistas,
represivas o por limitación de las fuerzas democráticas). Junto con ellas, otros
sectores como el radicalismo, que también aprobaron soluciones autoritarias o
golpistas en el pasado, abandonaron ese camino. Desde los años ochenta, el conjunto
heterogéneo de estos actores, que por debilidad o fortaleza habían optado por la
presión desleal al sistema electoral desde 1930, aceptaron y aprendieron el juego
democrático y comenzaron a construir bases sociales de apoyo y estrategias de
proyección (Bohoslavsky y Morresi, 2025). Este escenario abierto progresivamente en
1983 se inserta y explica también por el cambio en las condiciones de la geopolítica
mundial de aquel momento, cuando los grandes intereses de Occidente dejaron de
incentivar salidas autoritarias y el recurso a las fuerzas militares en América Latina
en favor de opciones democráticas y liberales de diverso cuño. En otros términos, a
partir de los años ochenta se produjo la reconciliación –condicional y contingente– de
las élites con la democracia de masas. O del capitalismo tout court con la democracia
(O’Donnell citado en Semán, 2023). La comprensión de este viraje –central para
considerar un cambio de ciclo histórico– puede entenderse como una nueva
percepción de parte de estos actores de los menores riesgos de la democracia y de las
presiones de los sectores populares y medios reestructurados por la cesura
dictatorial. Las salidas autoritarias pasaron a resultar costosas o innecesarias en el
nuevo escenario socio-político y la Argentina de 1983 no parecía ofrecer grandes
amenazas. Estos nuevos contextos (local y mundial) explican la progresiva
incorporación de las derechas al juego democrático, que culminaría con la llegada al
poder de Cambiemos en 2015.
Ligado a esto, otro cambio se produjo entre las fuerzas de izquierda occidentales,
aunque a la distancia histórica ello parezca menos relevante: la pérdida de la
esperanza emancipadora en las salidas revolucionarias. Para una parte de estas
izquierdas, esto funcionó como reafirmación por defecto de las virtudes de la
democracia liberal y este sistema emergió como un aprendizaje de “convivencia
política”. Aunque esto no fue así para todos los sectores (Copello, 2025 y Manzano,
circunstancias. En pleno 2025, el intento más reciente de modificar esto es el involucramiento de las
fuerzas armadas en tareas de seguridad interna vinculadas al supuesto terrorismo.
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2025), como muestra el episodio de La Tablada, en el largo plazo el
horizonte revolucionario tendió a disolverse como opción política atractiva, en la
Argentina y en el mundo.
Así, a la par de los cambios globales, en la Argentina se fue cerrando el ciclo de
disputa sobre la legitimidad de la democracia liberal como sistema político y como
forma de vida en común. Además, ello fue asociado de manera más amplia a una
noción de democracia como democratización, en el sentido de garantía de derechos y
acceso a otros nuevos, y democratización de las experiencias de la vida social (Alonso,
2025; Franco, 2024). A pesar de todos límites y las fragilidades de esa democracia,
de emergencia de nuevas violencias y autoritarismos
22
y de la persistencia de otras
violencias estructurales y capilares, este cambio supuso la reversión del ciclo previo.
Por ello, no estoy sugiriendo ver lo que se abre en 1983 como “un mundo feliz” bajo
el signo de la democracia liberal, sino como un período marcado por la reversión de
importantes rasgos estructurantes de la vida política argentina del siglo XX.
En síntesis, con el final de la dictadura y su transición, se abrió un nuevo momento
político. Sus datos fueron: el final de la inestabilidad política institucional y las
salidas golpistas; la disolución del factor de poder militar; la no aceptabilidad de la
violencia política y estatal; la incorporación de las derechas al juego político; la
disolución de las opciones antisistema de izquierda; y la aceptación de la democracia
liberal por la mayoría de los actores.
Ahora bien, estos rasgos son identificables y objetivables porque son la reversión de
procesos políticos previos, pero el nuevo ciclo supuso, además, otras novedades con
impacto en esa misma vida política. Entre ellas, hoy se nos hacen particularmente
visible las modificaciones que se fueron operando en las subjetividades
contemporáneas en un sentido neoliberal, de la mano del avance efectivo de esas
políticas y lógicas en la Argentina (Adamovsky, 2023; Alonso, 2025; Gago, 2014;
Semán, 2023). La comprensión de los cambios en las subjetividades aún se encuentra
en estado de exploración inicial, pero parecería claro que los cambios estructurales
dejados por la dictadura, las derivas del capitalismo contemporáneo y la persistente
presencia de las derechas en la gestión de gobierno en las décadas siguientes –de
manera directa o mediada– han ido afirmando los parámetros de una sociedad
dominada por las lógicas del mercado. En la Argentina, el neoliberalismo ha mostrado
gran plasticidad para adaptarse a diferentes contingencias socio-políticas desde la
segunda parte de la década de los ochenta hasta la actualidad, con los matices y
algunos límites que impusieron las intenciones progresistas y distribucionistas en
los años kirchneristas. Más tarde, con la llegada de las derechas y extremas derechas
al poder, esa dominación se ha hecho totalmente desnuda, a la vez que se hizo
descarnadamente evidente el cambio en las subjetividades contemporáneas en su
22
En este punto Luciano Alonso (2025), siguiendo a Pilar Calveiro, enfatiza el peso de la
gubernamentalidad autoritaria propia del momento global neoliberal.
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racionalidad individualista y “mejorista” (Semán, 2023) o abiertamente
autoritaria (Adamovsky, 2023). En definitiva, como se propuso antes, podría
reiterarse aquí la misma correlación sugerente: ¿en qué medida el disciplinamiento
social inicialmente efectuado por el terror de Estado y el neoliberalismo, modeló el
cambio societal que, a su vez, permitió la reconciliación de los sectores dominantes
con la democracia?
23
Y ello, por supuesto, también como parte del cambio global
planetario con sus propias declinaciones locales (Laval y Dardot, 2013; Han, 2018).
Todo lo dicho hasta aquí deja a la vista otra pregunta tan clara como perturbadora,
que seguramente el lector o la lectora ya habrán imaginado: ¿qué queda hoy de ese
momento abierto en 1983? Volveremos sobre ello al cerrar este texto.
6. De la historia a la historiografía: ¿qué hacemos con la última dictadura?
Pasaron cincuenta años. Aunque el debate sobre la dictadura se “recaliente” en
algunos sectores más ideologizados de las juventudes políticas, aunque esté muy
presente en ciertos espacios del debate público y las acciones memoriales, para las
generaciones más jóvenes, la dictadura está tan lejos y puede serles tan ajena como
cualquier otro momento del siglo XX. No representa un momento particular ni
significativo de sus pasados ni el de sus padres. Y, sin embargo, a pesar de ello,
cincuenta años después, la dictadura y sus herencias siguen atravesando a la
sociedad argentina. Más allá del debate memorial, que seguramente se siga acallando
con el tiempo, ¿qué lugar le damos, entonces, en las estructuras historiográficas que
intentan organizar el pasado?
Desde algunas perspectivas de la historia del tiempo presente podríamos considerar
que la última dictadura ha sido nuestra “última catástrofe” (Rousso, 2012), en el
sentido del evento más reciente que ha redefinido la historia posterior y a partir del
cual empieza nuestra historia reciente. Aunque como criterio historiográfico general
esta definición resulte reductiva, parece particularmente tentadora en el caso
argentino, especialmente a la luz de lo dicho sobre el impacto del acontecimiento.
En otras perspectivas, la historia del presente no se inicia temporalmente por un
hecho, como podría ser la dictadura o la crisis del 2001, sino por una matriz de
transformaciones que constituyen un cambio axial, e indican y distinguen al tiempo
presente de otro anterior (Aróstegui, 2004). Para otra tercera línea historiográfica,
igualmente ajena a toda necesidad de definir acontecimientos fundantes o
traumáticos, el presente es una coyuntura histórica que se inicia en la actualidad
para prolongarse hacia atrás, en un despliegue temporal que se retrotrae al momento
en que los elementos que singularizan el presente empezaron a tomar forma. En esta
23
Claro está, ello no parece haber anulado la constante batalla de estos sectores con ciertas supuestas
formas de esa democracia, como muestra la denuncia de la “demagogia” de los años veinte al
“populismo” del siglo XXI (Bohoslavsky y Morresi, 2025).
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línea, el presente como categoría historiográfica incluye todas las
dinámicas principales que dieron forma al momento histórico en que se vive (Fazio
Bengoa, en prensa).
24
Sin duda, la dictadura-transición podría funcionar como ese
momento en que empiezan a configurarse las dinámicas del largo momento histórico
posterior, tanto de las transformaciones estructurales en un sentido neoliberal como
de los cambios socio-políticos de las herencias en términos de derechos humanos y
democracia.
Para otras bibliotecas, también críticas de una perspectiva de la historia reciente
atada a las grandes violencias, o a las memorias o a la presencia de sujetos vivos de
pasados “sombríos”, la historia reciente debería ser la que aborde no hechos cercanos
en el tiempo, sino las temporalidades diversas del pasado en el presente. Es decir,
aquella historia que pueda recuperar las capas del pasado que se entrelazan en
nuestro presente, sean estas muy lejanas o muy cercanas a nosotros (Droit y
Reichherzer, 2013).
Estas perspectivas historiográficas, en su gran pluralidad epistemológica, tienen
diversas formas de superposición y diferenciación, pero probablemente todas ellas
nos llevan a un punto en común para considerar la última dictadura: sigue siendo el
presente/evento/proceso/matriz que ha redefinido nuestra historia contemporánea,
cerrando ciclos históricos y abriendo otros; transformándose en el presente-pasado
que constituye nuestros procesos contemporáneos, y por lo tanto, sigue siendo
nuestro presente. Por muy lejana que parezca en las percepciones del tiempo de las
generaciones más jóvenes.
Así las cosas, por el momento, parecería que no nos desharemos de la dictadura-terror
de Estado tan fácilmente, aún cuando hayan pasado varias generaciones, aún
cuando dejemos de tener testigos vivos y heridas tan lacerantes que narrar, aún
cuando ya tengamos en nuestro haber otros eventos más cercanos y particularmente
críticos, como la crisis del 2001 o la pandemia de 2020-2021. En torno a la dictadura
parece tomar forma con claridad aquel principio epistemológico según el cual la
discusión entre pasado cercano y lejano es estéril (Rousso, 2012). En cambio, resulta
más útil abordarla pensando que se trata de las estructuras, dinámicas y procesos
del pasado (no importa cuán lejos esté) que siguen configurando nuestro presente.
24
En este último enfoque el presente no es el momento inmediato del observador, sino que se define a
partir de un conjunto de procedimientos que determinan las dinámicas, las líneas de fuerza, las
estructuras temporales y diacrónicas, que explican las relaciones de fuerza y las principales situaciones
que caracterizan la coyuntura del observador. En otros términos, parte de la pregunta sobre las
características del mundo actual y desde la respuesta por su proceso de conformación construye el
presente (Fazio Bengoa, en prensa). Su objetivo es dar cuenta del mundo contemporáneo del capitalismo
global, pero resulta de gran validez para observar nuestro presente nacional. Esta conceptualización de
alcance local escapa a toda aseveración sobre la universalidad de las periodizaciones para pensar la
historia y reafirma la necesidad de considerar múltiples escalas convergentes (local/global) para esos
periodos y los conceptos historiográficos derivados de ello.
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Por ello mismo, aún si nos paramos en la perspectiva historiográfica
más tradicional, que recurre a jalones cronológicos para organizar el pasado, tal vez
podríamos pensar que nuestra historia reciente ya no empieza a mediados del siglo
XX ni en los años sesenta, sino en el nudo histórico que constituye la dictadura y su
salida. Es desde allí, y desde las herencias del terror de Estado, que se tejen las
condiciones actuales de la historia argentina reciente (y también, una vez más, de su
historiografía).
6. Colofón sin epílogo
Llegado este punto es inevitable preguntarnos por lo que antes definimos con
liviandad como “las condiciones actuales” de la historia argentina posdictatorial.
¿Son tales? ¿Siguen siendo las mismas tras los cambios del escenario político
argentino abierto formalmente desde 2023 y que sin duda venía modificándose desde
mucho antes?
25
En efecto, ese escenario (con sus dimensiones globales) plantea un
límite, como mínimo inquietante, en relación con las características definidas para el
ciclo abierto desde 1983. Las razones por las que llegamos al escenario actual
exceden este trabajo, pero sea cual sea la explicación, parece que avanzamos hacia
una reversión de los acuerdos que habían constituido la vida política posdictatorial.
Avanzamos hacia formas de la democracia iliberal (Forti, 2024) que reemplazan la
inestabilidad institucional de antaño por otras formas de destrucción de la
democracia donde las derechas dejaron de necesitar el juego democrático pacificado.
Avanzamos hacia nuevas formas del estado de excepción en términos autocráticos y
autoritarios. Avanzamos hacia una nueva habilitación y legitimidad para el ejercicio
de la violencia política y represiva. En el momento en que se escriben estas líneas,
avanzamos hacia nuevas formas de la persecución política y la generación de miedos
como instrumento de control social. Avanzamos, en definitiva, hacia la disolución de
los consensos sobre los cuales se refundó la vida política y social en la Argentina
desde 1983. Aun si este momento político dejara lugar, inesperadamente, a nuevas
formas menos brutales y desiguales de la vida política y social, la legitimidad que
rigió los acuerdos posdictatoriales parece haber terminado. A la vez, estos cambios,
paradójicamente, se asientan en la continuidad y profundización de las lógicas socio-
económicas que se abrieron con la dictadura y se profundizaron en las décadas
posteriores en sucesivas etapas en espiral, de la dictadura a los años noventa y de
los noventa a las décadas siguientes –con algunos límites que no cambiaron el rumbo
del proceso–.
25
Desde luego tampoco estos rasgos se gestaron en 2023 ni este fue un corte abrupto, sino que deben
remontarse a procesos paulatinos con momentos de aceleración, cuyos puntos más álgidos seguramente
se remontan a la crisis del 2001, la polarización política posterior y la pandemia, y desde luego al propio
fracaso social de la democracia desde 1983 (para reflexiones en distinto tono y énfasis, véase
Adamovsky, 2023; Bohoslavsky y Morresi, 2025; textos varios en Grimson, 2024).
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¿Qué nuevas formas tomará la vida política argentina? ¿Ante qué tipo
de cambio estamos? ¿En qué nuevo ciclo global se insertan los cambios locales?
¿Estaremos ante otras formas de la historia reciente y nuevas “últimas catástrofes”?
¿Seguirán siendo nuestras categorías de la modernidad liberal útiles para analizar el
momento global? Nada de esto puede ser respondido en estas páginas, solo podemos
reafirmar que, por el momento, pensar el pasado dictatorial seguirá siendo un hecho
político del presente, y la comprensión sobre ello seguirá estando modelada por las
cambiantes formas históricas de ese presente.
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Recibido: 18 de septiembre de 2025
Aceptado: 24 de noviembre de 2025
Versión Final: 17 de diciembre de 2025