
La campaña anticorrupción de la dictadura en las provincias (1976-1977)
Anuario Nº 44, Escuela de Historia
Facultad de Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Rosario), 2026
ISSN 1853-8835
ilegales, utilización de fondos reservados en forma indiscriminada,
mutilación de escalafones, promociones o designaciones a través de métodos
arbitrarios y oscuros, mal manejo de la producción a los vaivenes de los intereses
electorales, politización del andamiaje gubernamental, descuido total de la educación
y la salud, y como corolario, “protección suicida a cierta organización subversiva
como pago de una pseudo paz interior” (La Nación, 7 de julio de 1976). De manera
análoga, en Tucumán, el gobernador Bussi, brindó un extenso mensaje difundido por
televisión y radio en el que denunció la situación heredada. Sostuvo que el gobierno
constitucional depuesto ¨había llegado a gobernar en función de las presiones
partidistas, de las apetencias personales y de los compromisos contraídos, en algunos
casos, hasta con aquellos delincuentes que hoy pretenden modificar nuestra forma
tradicional de vida¨. También se refirió al exceso de empleo público y que Tucumán
se hallaba al borde de la cesación de pagos. Y a modo de resumen, remató:
La falta de conducción y de estrategia global, la carencia de soluciones para
problemas específicos, la manifiesta irresponsabilidad en la conducción, las
reiteradas contradicciones, la especulación, la venalidad y corrupción
generalizadas, las medidas demagógicas adoptadas en perjuicio de un pueblo que
creía y al que se engañó con promesas de soluciones sin esfuerzos, fueron las
características estables más sobresalientes (La Nación, 26 de julio de 1976).
En Río Negro, la intervención militar emitió un comunicado para afirmar que “es
firme preocupación de las autoridades provinciales promover la recuperación de la
confianza colectiva y moralizar la función pública sancionando a los eventuales
responsables de enriquecimiento ilícito”. Y agregó que la intención era “posibilitar la
sanción de aquellos que, junto a la subversión, son los verdaderos enemigos del
pueblo argentino” (La Razón, 10 de abril de 1976).
En virtud del alto acatamiento por parte de los gobernadores de facto a las pautas
fijadas por la Junta Militar, la campaña anticorrupción a nivel federal presentó una
serie de características comunes que, allende sus particularidades, es posible
identificar en las provincias, a saber:
● Amplia. La campaña anticorrupción federal fue amplia en un doble aspecto.
En términos geográficos, porque abarcó a todas las provincias. A lo largo del
primer año de gobierno de facto, es posible encontrar en los diarios de
circulación nacional denuncias y procesos judiciales en las 22 jurisdicciones,
si bien varía la frecuencia y cantidad en cada una de ellas. Pero la campaña
fue amplia también en cuanto a las personas afectadas. Enfrentaron
acusaciones y en muchos casos sanciones y castigos (embargo de bienes,
prisión preventiva, juicios, etc.) gobernadores y vicegobernadores,
interventores (civiles y militares), funcionarios de todos los niveles (ministros,
secretarios, subsecretarios, directores, asesores), empleados públicos, fiscales
de Estado, sindicalistas, intendentes, dirigentes políticos y sociales,
autoridades de los poderes legislativos, diputados y senadores.