La campaña anticorrupción de la dictadura en las provincias (1976-
1977)
Martín Astarita
Anuario Nº44 / ISSN 1853-8835 / 2026
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La campaña anticorrupción de la dictadura en las
provincias (1976-1977)
The dictatorship's anti-corruption campaign in the
provinces (1976-1977)
MARTÍN ASTARITA
Universidad de Buenos Aires
astaritam@gmail.com
RESUMEN
La dictadura militar argentina (1976-1983), en paralelo a la guerra “antisubversiva”,
puso en marcha una ambiciosa campaña anticorrupción que criminalizó a buena parte
de la dirigencia vinculada con el gobierno constitucional. En ese marco, el presente
artículo analiza uno de los componentes fundamentales de esta campaña, que tuvo
como escenario las esferas subnacionales de gobierno y que incluyó acusaciones y
procesos judiciales contra muchos ex gobernadores y funcionarios locales. Se pondrá
en evidencia que la lucha contra la corrupción fue replicada, de manera
significativamente homogénea, en todas las provincias del país y que, oficiando de
delegados del poder central, los gobernadores de facto identificaron como principales
enemigos del Proceso a los subversivos y a los corruptos.
Palabras clave: dictadura militar; corrupción y anticorrupción; provincias; peronismo.
ABSTRACT
The Argentine military dictatorship (1976-1983), in parallel with the "anti-subversive"
war, launched an ambitious anti-corruption campaign that criminalized a large part of
the leadership linked to the constitutional government. Within this framework, this
article analyzes one of the fundamental components of this anti-corruption campaign,
which took place in the subnational spheres of government, and which included
accusations and judicial processes against many former governors and local officials. It
will be evident that the fight against corruption was replicated, in a significantly
homogeneous manner, in all the country's provinces and that, acting as delegates of
central power, the de facto governors identify subversives and the corrupt as the main
enemies of the Process.
Keywords: military dictatorship; corruption and anti-corruption; provinces; peronism.
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Facultad de Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Rosario), 2026
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1. Introducción
El campo de estudios sobre la última dictadura militar en la Argentina, tras casi
medio siglo de intensa producción intelectual, resulta vasto y heterogéneo en cuanto
a los enfoques historiográficos aplicados, las cuestiones tratadas y las sub-etapas
analizadas. El contexto histórico, las tendencias imperantes en el mundo académico
y los vaivenes políticos, entre otros factores, han ido moldeando una versátil y
prolífica agenda de investigación que, sin embargo, aún deja resquicios para la
indagación. Es sabido, la historia reciente, además de ser guía para el porvenir, vibra
incesantemente por las demandas del presente.
La corrupción y su par, la anticorrupción, un tema de indudable vigencia en la
actualidad, fue la ruta de acceso para explorar una vez más el denominado Proceso
de Reorganización Nacional (PRN). Dos argumentos justifican esta elección. El
primero es de índole historiográfico, y está dado por la importancia estratégica que le
concedió a la cuestión la propia dictadura militar, expresada de múltiples maneras:
en los comunicados oficiales (por ejemplo, en la Proclama emitida el 24 de marzo de
1976 por la Junta Militar); en los discursos del primer presidente de facto, general
Jorge Rafael Videla; en el impulso a un sinnúmero de investigaciones judiciales; en
reformas institucionales de los organismos de control; en la aplicación de medidas de
castigo y sanción, entre otras. Esta densidad fáctica, sin embargo, no mereció
mayores reflexiones por parte de la literatura especializada, dejando un vacío que se
procuró empezar a llenar en una investigación anterior (Astarita, 2024) con el
presupuesto, retomado en este trabajo, de que la Junta Militar llevó adelante a partir
del 24 de marzo de 1976 una campaña anticorrupción
1
-sistemática, abarcativa y
planificada- por medio de la cual criminalizó a una gran cantidad de personas
vinculadas directa o indirectamente con el último gobierno constitucional.
1
La categoría de campaña anticorrupción, si bien cuenta con suficiente respaldo empírico, es una
construcción eminentemente teórica y propia. Ningún funcionario de la dictadura reconoció
explícitamente el diseño y ejecución de una campaña anticorrupción sistemática. La falta de un
plan preconcebido y reconocido por las autoridades guberbamentales no fue óbice, sin embargo,
para identificar un conjunto de discursos, acciones y medidas que, retrospectivamente, es posible
integrarlas como parte de un todo más coherente, básicamente en una campaña anticorrupción.
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El segundo argumento es teórico, y se vincula con la corrupción como
concepto. Frente a las visiones más tecnicistas, pregonadas por los organismos
internacionales y que apuntan a dar una definición estándar y descontextualizada,
este trabajo se inscribe en los nuevos enfoques críticos surgidos en el siglo XXI cuyo
punto liminar es la ponderación acerca del carácter históricamente situado y
multidimensional del fenómeno. La premisa es que para abordar las diversas formas
en las que se manifiesta la corrupción (también la anticorrupción) es necesario, ante
todo, considerar el contexto histórico en el que se manifiestan. La riqueza conceptual
de la corrupción no se agota allí, porque a su mutabilidad y heterogeneidad, habría
que añadir su carácter eminentemente político (no técnico). Es que la corrupción
posee una indudable carga valorativa (negativa) que deja entrever, en contraposición,
los ideales políticos subyacentes. En otros términos, la corrupción es un concepto
político en la medida en que implica, por parte de quien denuncia, una afirmación -
explícita o implícita- de determinados valores, creencias e ideas (un deber ser).
En resumidas cuentas, estudiar la corrupción y su contrario, la anticorrupción,
desde una perspectiva histórica, puede contribuir a explorar no sólo los significados
y usos concretos que adopta en cada momento, sino también ciertos rasgos
constitutivos de las identidades políticas y del proceso histórico más general.
En ese marco, el presente artículo analiza uno de los componentes fundamentales de
la campaña anticorrupción dictatorial, que tuvo como escenario las esferas
subnacionales de gobierno. ¿Qué características tuvo esta campaña anticorrupción
en las provincias? ¿Es posible encontrar lineamientos similares, acaso fijados por el
gobierno nacional, o cada jurisdicción ofrece trayectorias peculiares? ¿Contra
quiénes estuvo dirigida? ¿En qué se basaron las denuncias formuladas y qué tipo de
prácticas políticas fueron objetadas? ¿Quiénes motorizaron los procesos e
investigaciones y a qué tipo de estrategia recurrieron? ¿De qué manera se vincularon
estas denuncias con los objetivos declarados por la Junta Militar? Y más
concretamente, ¿cuál fue la relación entre la lucha contra la corrupción y la lucha
contra la subversión en el plano local? Estos son algunos de los interrogantes que se
buscará responder, procurando sistematizar y analizar la campaña anticorrupción a
nivel federal durante el primer año de gestión dictatorial (1976-1977), que fue el
momento más álgido y más intenso en lo que respecta a medidas adoptadas para
luchar contra la corrupción.
El artículo busca dialogar con tres tipos de estudios. El primero de ellos, dentro de lo
que se conoce como historia reciente, con los estudios políticos sobre la última
dictadura militar en Argentina que abordaron la cuestión de los mecanismos de
legitimación y de consenso (Canelo, 2008; Crespo, 2008; González Bombal, 1991;
Lvovich, 2009; Novaro y Palermo, 2003; Quiroga, 1994; Risler, 2018). Se procura
poner de relieve aspectos aún desconocidos de esta etapa, vinculados con la lucha
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contra la corrupción y que se encuentran ligados estrechamente con el
otro gran objetivo que se propuso el gobierno militar, el combate contra la subversión.
El segundo tipo de estudios con el que se pretende establecer vasos comunicantes
corresponde con aquellos específicos sobre corrupción, que han mostrado en las
últimas décadas un crecimiento vertiginoso (Rose Ackerman & Palifka, 2016).
Tomando como premisa el doble carácter histórico y político de la corrupción, se
busca evidenciar el potencial que tiene la cuestión de la corrupción para la indagación
histórica.
El tercer grupo de estudios con el que puede resultar fértil dialogar tiene que ver con
quienes han enfatizado la importancia de incorporar la dimensión subnacional en el
análisis de la etapa dictatorial (ver, entre otros, Águila, 2016; Canelo, 2013; Scatizza,
2016). En tal sentido, interesa exponer la manera en que la campaña anticorrupción
planificada por la Junta Militar se llevó adelante en todo el país de manera
relativamente homogénea, pero aún así, son identificables variaciones locales
producto de que la ejecución quedó a cargo de cada gobierno subnacional.
Resta mencionar algunos aspectos metodológicos. El trabajo recurre a una estrategia
de investigación de tipo cualitativa, con una visión interdisciplinaria que combina la
historia con herramientas teórico-conceptuales provenientes de la ciencia política,
poniendo especial énfasis en el concepto de corrupción y en la importancia de la
variable régimen político como determinante de ciertos rasgos constitutivos de la
campaña anticorrupción dictatorial. Asimismo, la perspectiva espacial es
complementada con el estudio de trayectorias individuales de los líderes políticos
provinciales, procurando que la imbricación de capas analíticas (nacional, local,
individual) o, de otra manera, entre lo macro y lo micro, pueda ofrecer un panorama
más acabado y preciso de la etapa dictatorial.
Dado el vacío ya referido en la literatura especializada, se utilizó como principal
fuente de información diarios de circulación nacional de la época: Clarín, La Nación
y La Razón y La Prensa. De todas formas, a lo largo del artículo se toman como
referencia estudios realizados sobre el período, especialmente aquellos que han
puesto el acento en los objetivos políticos de la represión ejercida contra la
subversión, a fin de poder establecer relaciones con lo efectuado en materia de lucha
contra la corrupción.
Finalmente, conviene aclarar que este trabajo opta por no inmiscuirse en la difícil
tarea de dirimir la veracidad de las acusaciones por corrupción. Trascendentes en
otros ámbitos (judicial, político), las categorías de verdad y falsedad en este caso
parecen no ser de mayor utilidad, y hasta cierto punto pueden obstaculizar el objetivo
de indagar acerca de lo que expresan en relación con las identidades políticas y el
momento histórico en el que tienen lugar.
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Luego de esta introducción, el trabajo se organiza de la siguiente
manera. En la siguiente sección se da cuenta de la situación política previa en las
provincias, mostrando que el período 1973-1976 está signado por una gran
inestabilidad política y que la corrupción, junto con la subversión, son factores
decisivos en la configuración de este escenario previo al golpe. A continuación, en la
tercera sección, se ofrece una descripción general de la campaña anticorrupción a
nivel federal iniciada el mismo 24 de marzo de 1976, comparando sus características
con lo ocurrido en el orden nacional. La cuarta sección indaga contra quiénes estuvo
dirigida la campaña anticorrupción en las provincias, focalizando el análisis en las
autoridades superiores. La quinta sección se consagra a estudiar el tipo de denuncias
formuladas y las prácticas políticas objetadas, mientras que la sexta sección pone en
consideración los efectos de la campaña anticorrupción, siguiendo la trayectoria
política de los gobernadores depuestos tras el retorno de la democracia, en 1983. La
séptima sección agrega conclusiones.
2. La situación política previa a nivel subnacional
Para comprender los fundamentos, naturaleza y alcance de la campaña
anticorrupción a nivel subnacional es necesario previamente señalar algunos
aspectos clave del proceso político de la etapa democrática inmediatamente anterior,
es decir, el período conocido como tercer peronismo, que va de 1973 a 1976 y durante
el cual se suceden tres presidentes: Héctor Cámpora, Juan Domingo Perón y María
Estela Martínez de Perón (en adelante, Isabel Perón).
El primer rasgo destacable es el dominio del peronismo en la escena subnacional,
producto de los triunfos electorales del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI)
en 1973 en la mayoría de las jurisdicciones. Las excepciones fueron Neuquén, donde
se había impuesto el Movimiento Popular Neuquino (MPN); y hasta cierto punto Santa
Fe, gobernada por el Movimiento Integración y Desarrollo (de sus filas provenía el
gobernador, Carlos Sylvestre Begnis), pero en alianza con el FREJULI (el
vicegobernador Félix Cuello era peronista).
Este predominio justicialista, de todas formas, no acontecía en aguas calmas. En
efecto, los gobiernos provinciales fueron cajas de resonancia y en algunos casos, con
sus peculiaridades, amplificaron los agudos conflictos internos que atravesó el
peronismo en esa época a nivel nacional. Los ejes de estos conflictos fueron diversos
y móviles. El de mayor volumen fue, probablemente, el clivaje ideológico entre la
izquierda revolucionaria (sectores juveniles, organizaciones armadas, sindicalismo
combativo, intelectuales) y la derecha política-sindical (sindicalistas, dirigencia
política tradicional). Tras la muerte de Perón en julio de 1974, y superpuesto en cierto
modo al enfrentamiento anterior, empezó a ser cada vez más evidente la aparición de
otra disputa que se erigió alrededor de la figura de José López Rega, en aquel
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momento el ministro más influyente del gobierno, y frente al cual, se
constituyó una heterogénea oposición “antientornista”, es decir, diversos sectores
que veían en él y un séquito de funcionarios y amigos de la presidenta un entorno
nocivo causante de la marcha errática del gobierno. A lo largo de 1975, asimismo,
ganará protagonismo un tercer foco de conflicto, en este caso entre los leales a la
presidenta, llamados verticalistas, y quienes comenzaron a mostrarse críticos frente
a ella, los antiverticalistas (Ladeuix, 2021). López Rega, nuevamente, ocupó un lugar
estelar y de hecho, los antiverticalistas fueron llamados antientornistas, aunque de
todas maneras este conflicto tuvo su dinámica propia que excedió al entonces
ministro de Bienestar Social.
En un trabajo anterior (Astarita, 2024) se ha mostrado, además, que durante esta
etapa se produjo una serie de escándalos de corrupción (el de ALUAR, el de la
Cruzada de Solidaridad, el de las Bodegas Giol, entre los más notorios) que
involucraron a importantes figuras del peronismo nacional y provincial y en torno a
los cuales se expresó -y en cierta manera fue catalizador- de los conflictos internos
en el oficialismo.
Este panorama, al que se le sumó la problemática de la guerrilla subversiva y la
creciente ola de violencia que azotaba al país desde principios de la década, fue el
telón de fondo sobre el que se dio una marcada inestabilidad política en el escenario
subnacional. De las 22 provincias consideradas en ese momento como tales (Tierra
del Fuego era territorio nacional y la Capital Federal del país logra autonomía recién
con la reforma constitucional de 1994), en siete de ellas los gobernadores elegidos en
1973 ya no gobernaban al momento del golpe, en marzo de 1976, producto -en la
gran mayoría de los casos- de las intervenciones federales decretadas por el gobierno
nacional. Aunque el motivo formal alegado para justificar esta intromisión del poder
central fue la necesidad de garantizar las formas republicanas de gobierno, en verdad
ello obedeció al intento de dirimir la interna peronista en contra de la izquierda
revolucionaria y a favor de la derecha sindical (Servetto, 2010). Esta estrategia,
iniciada bajo la presidencia de Perón y que profundizará su sucesora, Isabel Perón,
quedó en evidencia en los desplazamientos de Antenor Gauna en Formosa (noviembre
de 1973); Ricardo Obregón Cano en Córdoba (febrero de 1974); Alberto Martínez Baca
en Mendoza (agosto de 1974); Jorge Cepernic en Santa Cruz (octubre de 1974) y
Miguel Ragone en Salta (noviembre de 1974). A este listado hay que agregar el caso
bonaerense, donde si bien no hubo intervención formal, el entonces presidente Perón
fue clave para la remoción de Oscar Bidegaín y su reemplazo por el vicegobernador
Victorio Calabró, de extracción sindical
2
.
Estos recambios en la cúpula de los poderes provinciales se originaron a partir de
denuncias contra los mandatarios por supuesta vinculación o tolerancia con la
2
El otro gobernador que no estaba al frente de su provincia al momento del golpe de Estado fue Juan
Manuel Irrazábal, quien falleció en un accidente de avión pocos meses después de su asunción, en
noviembre de 1973.
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subversión (los casos de Obregón Cano y Cepernic, por ejemplo) o por
hechos de corrupción (Martínez Baca). Es decir, ya aparecen en esta etapa
democrática los dos grandes temas que movilizarán al gobierno militar en los inicios
de su gestión.
En el período 1973-1976 se registra también un proceso de incipiente militarización
de la vida política, que fue en paralelo al endurecimiento de la legislación represiva,
al involucramiento activo de las Fuerzas Armadas en las tareas antisubversivas
(Águila, 2016) y a su progresiva autonomización (Franco, 2016). Raúl Lacabanne y
Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba, Pedro Lucero en Mendoza, fueron militares
designados por los gobiernos peronistas para ocupar el cargo de interventor en
sendas provincias. A ello se agrega el peso creciente y en algunos casos decisivo que
tuvieron algunas figuras militares como, por ejemplo, Antonio Bussi en Tucumán,
que anticipa en el período democrático el poder que ostentará una vez instaurado el
régimen dictatorial. Más en general, varios militares que ocuparon posiciones
relevantes en el diseño represivo durante la etapa constitucional ocuparán cargos
políticos relevantes tras el golpe (Canelo, 2013).
En suma, la situación política subnacional previa al golpe, suscintamente, se
caracterizó por el predominio del peronismo, pero atravesado por múltiples conflictos
internos; una marcada inestabilidad política; un contexto político general muy
conflictivo con la cuestión de la corrupción y de la subversión como primordiales
preocupaciones; y una progresiva militarización de la vida política. Muchos de estos
elementos, cabe decir, van a adquirir una intensidad cualitativamente diferente a
partir del 24 de marzo de 1976. Ello se percibe no sólo en el plano de la subversión,
contra la que se desata una violencia extrema y sin precedentes, sino también, como
se verá a continuación, con la cuestión de la corrupción.
3. La campaña anticorrupción a nivel federal
Durante el primer año de gobierno dictatorial, la campaña anticorrupción tuvo en el
plano provincial uno de sus capítulos más importantes. Al revisar los diarios de
circulación nacional entre el 24 de marzo de 1976 y el 24 de marzo de 1977, son
frecuentes las noticias relacionadas con denuncias por corrupción contra las
autoridades políticas constitucionales del orden local.
Ahora bien, para comprender la naturaleza y dinámica de lo ocurrido en el terreno
provincial es preciso tener en cuenta el carácter centralizado y planificado de la
campaña anticorrupción a cargo del gobierno militar. En tal sentido, cabe recordar
que la Junta Militar y el presidente Videla dejaron en claro desde el momento inicial
tras la toma del poder que los únicos enemigos del denominado PRN eran los
corruptos y los subversivos. Y aunque en ocasiones ambas acusaciones se fusionaron
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y confundieron, la corrupción fue una temática que tuvo peso propio y
distinto a lo efectuado en materia de lucha contra la subversión. Si bien lo efectuado
a nivel nacional no es el centro de este trabajo, es posible identificar una serie de
medidas implementadas por el gobierno militar con el objetivo, formalmente
declarado, de combatir la corrupción. Al respecto, durante el primer año, fueron
puestos en prisión preventiva numerosos representantes políticos, sociales y
gremiales, acusados de supuestos ilícitos y hechos de corrupción. Asimismo, fue
sancionada el Acta del 18 de junio de 1976, un marco normativo amplio y discrecional
que permitió embargar los bienes de una extensa lista de dirigentes, acusados de
haber incrementado de manera ilegítima sus patrimonios. Para investigar la situación
patrimonial de las personas denunciadas, tiempo después se creó la Comisión
Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA), y también se dotó de mayores
capacidades y atribuciones a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
que, a cargo del fiscal Conrado Sadi Massüe, tuvo un gran protagonismo en la
tramitación de investigaciones contra ex funcionarios públicos. Finalmente, otro
aspecto significativo de la campaña anticorrupción dictatorial es que fue llevada
adelante mediante una estrategia primordialmente legalista, que contrasta con
aquella basada en el terror y la clandestinidad que se utilizó para enfrentar a las
organizaciones armadas y a la oposición y disidencia de izquierda en general. En
efecto, hubo una manifiesta voluntad del gobierno de facto por dotar a las acciones
emprendidas contra los supuestos corruptos de un tipo de legitimidad formal-legal,
recurriendo en algunos casos a normativa ya vigente y, en otros, mediante la
elaboración de nueva legislación.
El gobierno militar buscó replicar en todo el territorio la campaña anticorrupción.
Ello fue posible, ante todo, por la reconfiguración del poder político subnacional. La
dictadura declaró la caducidad de los mandatos de los gobernadores
constitucionales, disolvió las legislaturas y removió a los miembros de los tribunales
superiores de las provincias
3
. Inmediatamente, el mismo día del golpe designó
interventores militares en las 22 provincias (La Razón, 25 de marzo de 1976). La
gestión de estos interventores fue breve, de apenas unas semanas (salvo excepciones,
hasta principios de abril de 1976), aunque ese lapso fue suficiente para que muchos
de ellos formulen denuncias y publiquen informes sobre supuestas irregularidades
por corrupción, además de dictar prisiones preventivas contra algunos ex
funcionarios. Luego, a lo largo de 1976, la Junta Militar designó gobernadores de
facto, algunos de ellos oficiales retirados. La mayoría de las gobernaciones quedó en
manos del Ejército, mientras que el resto se repartió entre la Armada y la Fuerza
Aérea (Canelo, 2013). Este criterio de distribución entre las FFAA, tripartito pero
desigual, con predominancia del Ejército, fue muy similar al aplicado en otras
instancias de poder: ministerios nacionales, sindicatos, medios de comunicación,
directorios de empresas públicas.
3
Con respecto a los poderes judiciales de las provincias, tras la destitución de los titulares de los
tribunales superiores, fueron declarados en comisión la totalidad de los magistrados y funcionarios.
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No sólo fueron designados por el poder central, sino que de acuerdo
con lo previsto en el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional (Junta
Militar, 31 de marzo de 1976), el Poder Ejecutivo Nacional estableció que los nuevos
gobernadores debían ejercer sus facultades conforme a las instrucciones impartidas
por la Junta Militar (artículo 12) y ajustar su acción a los objetivos básicos fijados
por la Junta, por el Estatuto y por las Constituciones nacional y provinciales (artículo
14).
Asegurada de este modo la fidelidad de los mandatarios provinciales, interesa ahora
mostrar el modo en que éstos asumieron como propios los objetivos impartidos por
la Junta Militar, declarando al asumir que su cometido era luchar contra los
corruptos y los subversivos. Al respecto, en San Juan, tras asumir en sus funciones,
el gobernador, capitán de navío Alberto Lombardi, dio a conocer un mensaje a la
población: “Se inicia en la provincia una nueva etapa del PRN emprendido por las
Fuerzas Armadas y me toca ser el ejecutor de sus objetivos”, afirmó como preámbulo,
en una muestra de clara predisposición a subordinarse a los dictados del gobierno
nacional. Y para que no queden dudas de su alineamiento, manifestó a continuación:
“Sólo los corruptos, los inmorales, los delincuentes subversivos deben sentirse
excluidos de este proceso, porque no tendrán cabida en el seno de la comunidad” (La
Nación, 23 de abril de 1976). De manera similar, en Córdoba, en la despedida como
interventor militar, el general José Antonio Vaquero, sostuvo que los propósitos de la
intervención de las FFAA en el proceso nacional eran “la restitución de los valores
que hacen a los fundamentos de la conducción integral del Estado, con un sentido
de moralidad, idoneidad y eficiencia, para reconstruir el contenido e imagen de la
Nación (....) y combatir la subversión”. Y agregó que para cumplir con esos propósitos,
al asumir el poder se buscó preservar las pruebas de “inmoralidad pública,
corrupción administrativa y delincuencia subversiva” (La Nación, 12 de abril de
1976).
En las alocuciones correspondientes a los tiempos inaugurales del Proceso en las
provincias, quedan en evidencia, asimismo, dos significados distintos conferidos a la
corrupción. Por un lado, los mandatarios hacen referencia a la corrupción en tanto
denuncia de prácticas ilegales o reñidas con la ética pública. Pero por otro lado,
aparece una segunda dimensión de la corrupción, entendida ya no como práctica o
acción concreta (por caso, una irregularidad administrativa), sino como un estado de
descomposición estructural, asociado con el desorden y el caos generalizado que
caracterizaba al régimen democrático depuesto. Es en este segundo nivel cuando de
a momentos los corruptos y los subversivos parecieron fusionarse en el discurso de
los gobernadores de facto. Algunos ejemplos ilustran este doble sentido conferido a
la corrupción. En San Luis, el brigadier Hugo Raúl Marcilese, al brindar su primer
discurso como gobernador, enumeró una larga lista de prácticas irregulares de la
gestión anterior: desorden administrativo, despilfarro metódico, desocupación
disfrazada, empleos fantasmas, malversación, robo, toda clase de procedimientos
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ilegales, utilización de fondos reservados en forma indiscriminada,
mutilación de escalafones, promociones o designaciones a través de métodos
arbitrarios y oscuros, mal manejo de la producción a los vaivenes de los intereses
electorales, politización del andamiaje gubernamental, descuido total de la educación
y la salud, y como corolario, “protección suicida a cierta organización subversiva
como pago de una pseudo paz interior” (La Nación, 7 de julio de 1976). De manera
análoga, en Tucumán, el gobernador Bussi, brindó un extenso mensaje difundido por
televisión y radio en el que denunció la situación heredada. Sostuvo que el gobierno
constitucional depuesto ¨había llegado a gobernar en función de las presiones
partidistas, de las apetencias personales y de los compromisos contraídos, en algunos
casos, hasta con aquellos delincuentes que hoy pretenden modificar nuestra forma
tradicional de vida¨. También se refirió al exceso de empleo público y que Tucumán
se hallaba al borde de la cesación de pagos. Y a modo de resumen, remató:
La falta de conducción y de estrategia global, la carencia de soluciones para
problemas específicos, la manifiesta irresponsabilidad en la conducción, las
reiteradas contradicciones, la especulación, la venalidad y corrupción
generalizadas, las medidas demagógicas adoptadas en perjuicio de un pueblo que
creía y al que se engañó con promesas de soluciones sin esfuerzos, fueron las
características estables más sobresalientes (La Nación, 26 de julio de 1976).
En Río Negro, la intervención militar emitió un comunicado para afirmar que “es
firme preocupación de las autoridades provinciales promover la recuperación de la
confianza colectiva y moralizar la función pública sancionando a los eventuales
responsables de enriquecimiento ilícito”. Y agregó que la intención era “posibilitar la
sanción de aquellos que, junto a la subversión, son los verdaderos enemigos del
pueblo argentino” (La Razón, 10 de abril de 1976).
En virtud del alto acatamiento por parte de los gobernadores de facto a las pautas
fijadas por la Junta Militar, la campaña anticorrupción a nivel federal presentó una
serie de características comunes que, allende sus particularidades, es posible
identificar en las provincias, a saber:
● Amplia. La campaña anticorrupción federal fue amplia en un doble aspecto.
En términos geográficos, porque abarcó a todas las provincias. A lo largo del
primer año de gobierno de facto, es posible encontrar en los diarios de
circulación nacional denuncias y procesos judiciales en las 22 jurisdicciones,
si bien varía la frecuencia y cantidad en cada una de ellas. Pero la campaña
fue amplia también en cuanto a las personas afectadas. Enfrentaron
acusaciones y en muchos casos sanciones y castigos (embargo de bienes,
prisión preventiva, juicios, etc.) gobernadores y vicegobernadores,
interventores (civiles y militares), funcionarios de todos los niveles (ministros,
secretarios, subsecretarios, directores, asesores), empleados públicos, fiscales
de Estado, sindicalistas, intendentes, dirigentes políticos y sociales,
autoridades de los poderes legislativos, diputados y senadores.
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● Homogénea. Como delegados del poder dictatorial, quienes
ocuparon de facto la máxima autoridad política a nivel subnacional
desplegaron, con recursos e intensidad variable, una estrategia similar
tendiente a impulsar denuncias y procesos judiciales por supuestos casos de
corrupción contra integrantes del gobierno anterior o personas vinculadas con
él. En efecto, luego de declarar, en sus discursos inaugurales, la necesidad de
combatir la corrupción y la subversión, los mandatarios trabajaron en pos de
activar denuncias y causas judiciales por supuestas irregularidades,
delegando en organismos especializados -generalmente, las Fiscalías de
Investigaciones Administrativas de cada provincia- la tarea de reunir los
elementos probatorios. Tras ello, nuevamente los gobernadores ocuparon el
centro de la escena, dando a publicidad los informes provistos por las Fiscalías
correspondientes. Resulta notorio, en tal sentido, el interés de los mandatarios
por visibilizar la marcha de la campaña anticorrupción y lograr así apoyo
social
4
. El informe, finalmente, era remitido al poder judicial provincial y allí
los procesos tuvieron resultados diversos.
● Los municipios. La campaña también derramó al nivel municipal. Las
intendencias no solo fueron parte de la campaña anticorrupción, sino que la
homogeneidad registrada a nivel provincial alcanzó aquí su máxima expresión.
A diferencia de las provincias, cabe recordar, los municipios quedaron
mayormente en manos de civiles afines al Proceso (Canelo, 2008). Sin
embargo, el relevamiento efectuado entre marzo de 1976 y marzo de 1977,
indica que en la mayoría de los casos, hay informes de irregularidades en
aquellas comunas e intendencias que quedaron a cargo de Intendentes
militares, no civiles. A lo largo de 1976, por ejemplo, el diario La Nación publicó
periódicamente notas en las que los militares a cargo de las intendencias
dieron a conocer el estado de situación heredado, y donde abundan las
denuncias por supuestas irregularidades, anomalías y un estado de
corrupción generalizado. Los informes, por otra parte, son muy similares entre
sí.
● Prisión preventiva. Otro elemento para destacar es la alta frecuencia con que
se recurrió a la prisión preventiva contra los acusados por supuestos delitos
de corrupción. Ello se puede observar con nitidez siguiendo lo ocurrido con los
ex gobernadores, algunos de ellos (Adre, de San Luis; Juri, de Tucumán),
encarcelados en la misma madrugada del 24 de marzo y el resto en los días
subsiguientes al golpe. Se replicó una dinámica similar a la sufrida por la ex
4
La experiencia en Entre Ríos resulta prototípica. El gobernador de facto, Rubén Di Bello, brindó a los
periodistas un informe oficial relacionado con las maniobras económico-administrativas de los ex
funcionarios de la provincia de Entre Ríos. El informe es extenso, La Nación lo reproduce casi
íntegramente y se caracteriza además por involucrar numerosas prácticas e irregularidades, y a una
gran cantidad de ex funcionarios: 52 personas en total (La Nación, 6 de septiembre de 1976).
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presidenta Isabel Perón y otros funcionarios de orden nacional: primero
la cárcel y sólo después, los procesos por corrupción.
● Redadas colectivas. Del relevamiento periodístico efectuado, emerge como
denominador común la puesta en marcha en muchas provincias de verdaderas
redadas por supuestos casos de corrupción. No se trató de delitos in fraganti,
sino de una de las etapas del proceso investigativo conducido por las
autoridades de facto locales, en las que quedaban detenidos, en el mismo día
y por el mismo acto, una gran cantidad de personas. Al respecto, el mismo día
fueron encarcelados, junto con el gobernador y vicegobernador de Entre Ríos,
otras 101 personas (La Nación, 4 de abril de 1976). En San Juan, un ministro
del gobierno provincial de facto informó que eran 200 los ex funcionarios
públicos investigados por presunta malversación de fondos e incumplimiento
de deberes (La Nación, 15 de agosto de 1976). En Misiones, procesaron el
mismo día a 23 ex funcionarios por malversación de caudales públicos (La
Nación, 22 de julio de 1976). Tiempo después, en Córdoba, fue puesto en
prisión el ex interventor junto con diez ex funcionarios (La Nación, 29 de agosto
de 1976).
● Familiares. En varias provincias, fueron incluidos en las causas judiciales por
delitos vinculados con la corrupción, y hasta sufrieron prisión preventiva,
familiares de los ex gobernadores depuestos y de las máximas autoridades. Es
el caso de San Luis, donde fueron detenidos, junto con el ex gobernador Adre,
su hermano (Nicolas) y su hijo (Ángel Guillermo). De manera similar, en
Corrientes, la esposa del gobernador destituido, Ema Tacta de Romero, que se
había desempeñado al frente de la cartera de Bienestar Social en su provincia,
quedó detenida bajo la figura de prisión preventiva. Situaciones parecidas se
vivieron en Buenos Aires, Córdoba, Misiones, San Luis, Santiago del Estero,
entre otras.
● Empresarios. Aunque la campaña anticorrupción estuvo enfocada
principalmente en la criminalización de la dirigencia política vinculada directa
o indirectamente con el último gobierno constitucional, en algunas provincias
se registran casos de procesos judiciales en los que fueron incluidos
empresarios, en calidad de la contraparte privada de supuestos hechos de
corrupción. Al respecto, en Buenos Aires, un grupo de ex funcionarios
provinciales fueron procesados por supuestamente beneficiar, a través de la
compra irregular de pasajes y hospedajes, a una firma unipersonal, Inter
World, cuyo titular resultó ser Juan Amadeo Gramano. Tanto Gramano como
su esposa fueron detenidos por el delito de defraudación. En Córdoba, por su
parte, fue juzgado y condenado el ex interventor federal Raúl Oscar
Lacabanne, acusado de defraudación calificada por su participación en una
operación de compra, por el Estado provincial, de la fábrica de zapatos de la
empresa Lucas Trejo.
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● El tipo de cobertura mediática. Aunque no forma parte del foco
del trabajo, un aspecto digno de atención es que, casi sin excepciones, en los
diarios de circulación nacional la voz que circula es la de los denunciantes,
casi nunca la de los acusados. Además, se registra una cierta ambivalencia en
el tipo de cobertura. Por un lado, la prensa escrita tendió a dar amplio espacio
a las noticias vinculadas con la marcha de la campaña anticorrupción en las
provincias y en ello fue decisivo, seguramente, la pretensión del gobierno de
facto de dar difusión al tema a fin de encontrar rédito político. Pero, por otro
lado, no fueron pocos los casos en los que prevaleció el secretismo y el
hermetismo en la tramitación de las causas vinculadas con supuestos casos
de corrupción
5
.
4. ¿Contra quién estuvo dirigida?
La campaña anticorrupción en las provincias, como fuera dicho antes, fue dirigida
contra una multiplicidad de actores. En lo que sigue el análisis se concentrará en lo
ocurrido con los ex gobernadores e interventores del período democrático
inmediatamente anterior al golpe de Estado. Se podrá observar que hubo, por parte
de la dictadura militar, un plan masivo de criminalización que tuvo entre sus
destinatarios principales a las máximas autoridades civiles de cada provincia. En
efecto, de acuerdo con el relevamiento efectuado en los principales diarios de
circulación nacional entre marzo de 1976 y marzo de 1977, hubo un total de 17 ex
mandatarios sobre los que recayeron denuncias por corrupción. Es decir, tan solo en
4 provincias, sus gobernadores no enfrentaron ningún tipo de causa o, al menos, no
se encontraron en el relevamiento mediático efectuado: Carlos Snopek (Jujuy), Miguel
Alterach (Misiones), Eloy Camus (San Juan) y Carlos Sylvestre Begnis (Santa Fe).
Resulta interesante mirar un poco más de cerca quiénes fueron los ex mandatarios
acusados e investigados, porque es una manera de mensurar la amplitud y extensión
de la campaña anticorrupción a nivel federal. En tal sentido, es posible clasificar a
los mandatarios en distintos grupos, de acuerdo con sus respectivas trayectorias y
posiciones políticas.
4.1. Contra la izquierda peronista
La campaña anticorrupción estuvo organizada en base a una división de trabajo, en
la que las cuestiones provinciales quedaron a cargo de los gobiernos de facto locales.
5
Así, por ejemplo, se informó la detención del ex gobernador de Río Negro, Mario José Franco de la
siguiente manera “Informóse oficialmente que por resolución del gobernador, contraalmirante Aldo Luis
Bachmann, fue detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional el exgobernador Mario José
Franco. Pudo saberse extraoficialmente que la detención se concretó ayer, aproximadamente a las 9.30,
en Villa Regina”. (La Nación, 3 de agosto de 1976).
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La excepción a ello fue una serie de ex gobernadores constitucionales
que fueron incluidos en un Acta Institucional de junio de 1976 emitida y ejecutada
por la Junta Militar. Es decir, a este grupo les correspondió un tratamiento idéntico
al que tuvieron dirigentes y funcionarios nacionales. Se trata de ex gobernadores
desplazados por intervenciones o presión directa del gobierno nacional entre 1973 y
1974, emparentados con la izquierda del peronismo o, al menos, así fueron
visualizados en aquella época: Obregón Cano, Martínez Baca, Cepernic y Bidegain. A
ellos hay que sumarles a dos mandatarios que estuvieron en sus cargos hasta el 24
de marzo de 1976: Carlos Menem (La Rioja) y Adre (San Luis), también incluidos en
el Acta Institucional de junio de 1976.
El Acta en cuestión, sancionada el 18 de junio de 1976, dispuso en su artículo 1 la
facultad de la Junta Militar de considerar “la conducta de aquellas personas que
hayan ocasionado perjuicios a los superiores intereses de la Nación”. Y a
continuación, estableció el tipo de conductas ante las cuales la Junta Militar podía
intervenir, a saber:
● Inobservancia de principios morales básicos en el ejercicio de funciones públicas,
políticas, gremiales o actividades que comprometan el interés público.
● Negligencia grave en el ejercicio de funciones públicas, políticas, gremiales o
actividades que comprometan el interés público.
● Incumplimiento del mandato público o social otorgado.
● Acciones u omisiones que hayan facilitado la subversión disociadora.
● Tolerancia de la corrupción administrativa o negligencia que la facilitara.
En cuanto al tipo de sanciones, contempladas en el artículo 2 del Acta Institucional
del 18 de junio, se estableció la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la pérdida
de los derechos políticos, la pérdida de la ciudadanía para los argentinos
naturalizados; la expulsión del país, en el caso de los extranjeros y argentinos
naturalizados; la prohibición de ejercer la profesión; la internación a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional; y la prohibición de administrar y disponer de sus bienes
hasta tanto justifiquen la legitimidad de la adquisición de los mismos (en caso de no
hacerlo, se abría la posibilidad de su transferencia al Estado nacional).
En definitiva, los gobernadores mencionados (Adre, Bidegaín, Cepernic, Martínez
Baca, Menem y Obregón Cano) fueron puestos en prisión preventiva; se les dictó la
interdicción de sus bienes y en algunos casos, se dispuso su transferencia al Estado
nacional; se les prohibió ejercer su profesión y estuvieron inhabilitados para ejercer
cargos públicos.
4.2 Contra quienes habían combatido la subversión
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Un segundo grupo se compone de ex gobernadores que tuvieron causas
de corrupción durante la dictadura y que, en la etapa constitucional, se ubicaban en
lo que puede llamarse como el sector ortodoxo (o derecha peronista). Más aún,
durante sus mandatos habían emprendido acciones decididas para combatir a la
guerrilla subversiva, permitiendo y en algunos casos delegando la acción represiva a
las Fuerzas Armadas.
Un primer ejemplo es el del ex gobernador de Tucumán Juri. Este caso es simbólico
porque es allí donde se llevó adelante el Operativo Independencia que, en cierta
manera, adelantó, en democracia, lo que será la actuación castrense para “aniquilar”
la subversión a partir del 24 de marzo de 1976. Pues bien, Juri fue promotor de este
Operativo Independencia
6
. Pues bien, ello no impidió que, una vez consumado el
golpe, el interventor y gobernador de facto de la provincia, general Bussi, con las
directivas que emanaban a nivel nacional, impulsara una serie de causas judiciales
por supuesta corrupción contra el ex gobernador. Juri quedó detenido el mismo día
del golpe. Semanas más tarde se dispuso su procesamiento y prisión preventiva junto
con otros funcionarios, y sus bienes fueron embargados, acusado de violación de los
deberes de funcionario público y de malversación de caudales púbicos. (La Nación,
27 de junio de 1976).
Algo similar ocurrió con el ex gobernador Carlos Juárez, en Santiago del Estero, quien
tras el golpe tuvo en su contra distintas causas judiciales por corrupción y pedidos
de captura. Juárez estuvo prófugo, pero su esposa y parte de su familia, en cambio -
por las mismas causas- fueron detenidos. Juárez se exilió fuera del país y mucho
tiempo después, ya en democracia, se conoció una carta escrita por él mismo, dirigida
a un funcionario del gobierno de facto, en la que le solicitaba el cese de la persecución
contra él y su familia, alegando que como gobernador había combatido eficazmente
la subversión en su provincia (Página 12, 4 de septiembre de 2010).
Un tercer ejemplo es el del ex gobernador de Entre Ríos, Enrique Cresto, enrolado
también en la línea ortodoxa del peronismo (Maidana, 2011). Durante su gestión, y
ante la inminencia del golpe, Cresto desplegará una estrategia ofensiva para reprimir
a los sectores de izquierda del peronismo y más aún, en su provincia actuará el grupo
parapolicial “Comando Paraná”, vertiente entrerriana de la triple AAA. Consumado el
golpe, Cresto enfrentará cargos judiciales y la cárcel por su participación en el
Comando Paraná y por enriquecimiento ilícito (La Nación, 17 de septiembre de 1976).
4.3 Contra interventores del período democrático
Otro grupo para destacar son las causas por corrupción que se promovieron contra
interventores de la etapa democrática. Un caso, de origen militar, fue el del brigadier
6
Cabe recordar, de todas maneras, que las Fuerzas Armadas relegaron a un lugar subordinado a Juri
y que incluso muchos de sus funcionarios fueron considerados subversivos.
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Raúl Lacabbane, perteneciente a la Fuerza Aérea, y que había sido
designado por la entonces presidenta de la Nación, Isabel Perón, como interventor en
Córdoba entre septiembre de 1974 y septiembre de 1975. Durante su gestión,
implementó una ambiciosa política represiva contra la subversión y la izquierda
revolucionaria, con acciones que como él mismo definió, trascendieron la esfera de
las organizaciones armadas y abarcaron la tarea de depuración ideológica de todo
elemento izquierdista en “la administración pública, en las plantas industriales, en
el empresariado, en el estado económico de la provincia” (Lacabbane, citado en
Servetto, 2007). En esta estrategia represiva, el interventor se apoyó en las acciones
del grupo parapolicial “Comando Libertadores de América”, de similar naturaleza que
la Triple A pero a nivel provincial. Bajo la dictadura militar de 1976, a pesar de ello,
Lacabbane estuvo detenido y enfrentó una causa judicial por supuesta corrupción
por un hecho cometido durante su gestión como interventor provincial (La Nación, 29
de agosto de 1976).
Los interventores de origen civil no escaparon de este destino. Aún habiendo sido
designados por el gobierno nacional en reemplazo de gobernadores asociados con la
subversión, también enfrentaron causas judiciales por corrupción y en algunos
casos, la prisión, durante la dictadura. Fue el caso de Antonio Cafiero, identificado
también con la vertiente ortodoxa del peronismo, y que tras la salida de Martínez
Baca ejerció durante un breve lapso de tiempo como interventor de la provincia de
Mendoza (entre agosto de 1974 y mayo de 1975). Tras el golpe, Cafiero enfrentó una
causa por corrupción ocurrida durante su gestión como interventor (La Nación, 11 de
junio de 1976): fue procesado y estuvo detenido aunque, antes de terminar 1976, fue
absuelto y recuperó la libertad .
Otro caso es el de Juan Carlos Beni, designado interventor de Formosa entre
diciembre de 1973 y junio de 1975. Durante su mandato, hubo una escalada
represiva contra la izquierda peronista y los “elementos subversivos”, en la que se vio
involucrada el gobierno provincial (Servetto, 2007). No obstante, tras el golpe, Beni
fue acusado de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, en una
causa relacionada con la permuta de tierras fiscales (Clarín, 6 de mayo de 1976).
4.4 ¿Y los no peronistas?
Hasta aquí el común denominador de los distintos grupos identificados es su
pertenencia al heterogéneo mundo peronista. Es interesante analizar lo ocurrido en
los pocos casos de ex gobernadores no peronistas. Uno es el de Sapag en Neuquén,
del MPN, quien estuvo preso durante buena parte del período dictatorial, acusado
por un hecho de supuesta corrupción. El segundo caso es el de Begnis que, como
fuera dicho, pertenecía al Movimiento Integración y Desarrollos, en alianza con el
FREJULI. Begnis no enfrentó ninguna causa por corrupción en dictadura, aunque sí
su vicegobernador Cuello, que era peronista (ver siguiente apartado).
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4.5 Contra los vicegobernadores
Analizar la suerte de los vicegobernadores del período democrático es interesante
porque en 1973, en muchas provincias se habían impuesto coaliciones en las que los
cargos de gobernador y vicegobernador expresaban fuerzas políticas diversas. Así,
por ejemplo, hubo casos de gobernadores identificados con la izquierda peronista,
secundados por vicegobernadores provenientes de la derecha sindical. Fue el caso de
Mendoza, donde como fuera dicho, el gobernador Martínez Bacca, destituido en
agosto de 1974, enfrentó un proceso por supuesta corrupción. La suerte de su
compañero de fórmula, el vicegobernador Carlos Mendoza, y que provenía del
sindicalismo metalúrgico, no fue mejor. Tras el golpe, en efecto, Mendoza enfrentará
distintos procesos judiciales. En los primeros meses, fue condenado por un tribunal
militar a nueve años de prisión por tenencia ilegal de armas, y luego, será procesado
por soborno y enriquecimiento ilícito (La Nación, 13 de julio de 1976).
Un destino similar, durante la dictadura, tuvieron los vicegobernadores de Santa Fe,
Cuello (peronista y de extracción sindical), y de Entre Ríos, Dardo Pablo Blanc
(peronista y gremialista de la carne).
5. De qué se los acusa: entre el Código Penal y la micropolítica
Interesa revisar ahora el tipo de acusaciones y denuncias que recayeron contra los
dirigentes políticos y funcionarios subnacionales, desde un doble punto de vista. Por
un lado, en lo que concierne a su naturaleza jurídica, esto es, qué cargos legales
fueron invocados contra ellos. Por otro lado, se analizará con detalle el tipo de
prácticas objetadas, un nivel de análisis distinto al anterior y que lo complementa; lo
que el historiador alemán Jeans Ivo Engels (2014) denominó la micropolítica
7
.
5.1 El encuadre legal de los delitos
Los interventores y gobernadores de facto tendieron a utilizar el Código Penal para
encuadrar las acusaciones y motorizar los procesos judiciales por delitos vinculados
con la corrupción.
El abuso de autoridad y la violación de deberes de funcionario público fueron las
figuras legales más invocadas por el régimen militar, tal vez porque su definición es
difusa y habilita un amplio margen de discrecionalidad en su aplicación. El artículo
248 del Código Penal, en efecto, establece la prisión e inhabilitación para ocupar
cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las
7
Con este término, Engels hacía referencia a un conjunto de prácticas basadas en las relaciones
personales e informales, orientadas a captar beneficios en la asignación de recursos estatales. Enrolado
en lo que dio en llamarse nuevo enfoque cultural de la corrupción, Engels remarca la necesidad de
trascender el plano legal e interiorizarse en las prácticas concretas que son motivo de cuestionamiento.
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constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes
o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le
incumbiere”. El artículo 249, por su parte, estipula penas para el funcionario público
que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.
Curiosamente, fueron prácticamente nulas las denuncias por soborno o cohecho,
figura tipificada en el Código Penal, que en la actualidad es una de las formas que
más importancia tiene para definir la corrupción, al menos en la visión de los
organismos internacionales y en el discurso público. La única denuncia que
encontramos por este tipo de acciones fue la dirigida contra quien fuera
vicegobernador de Mendoza entre 1973 y 1974, Carlos Mendoza.
Otras irregularidades contempladas en las causas judiciales contra ex funcionarios
provinciales fueron las defraudaciones, el encubrimiento, la falsificación de
documentos, la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles
en la función pública, la usurpación de títulos profesionales, el enriquecimiento ilícito
y el pago de cheques sin fondos.
5.2. Las prácticas objetadas
En relación con las prácticas concretas objeto de las denuncias, se constata una
amplia y heterogénea variedad: uso indebido de recursos públicos, irregularidades
en licitaciones y compras públicas, clientelismo político y crecimiento injustificado
en el empleo público. Esto muestra que aún considerando la noción de corrupción
como una práctica individual y concreta, ésta posee un carácter multidimensional,
admitiendo diversas formas de manifestación.
Es posible encontrar algunos denominadores en común al escudriñar de manera
comparativa las denuncias sucedida en cada una de las provincias. Uno de ellos tiene
que ver con el (mal) uso de los recursos públicos. Se distingue, en cuanto a este ítem,
un predominio de acusaciones por el desvío en el uso de los denominados fondos
reservados. Cabe consignar que a nivel nacional, la ex presidenta Isabel Perón fue
procesada y condenada junto a otros ex funcionarios por el desvío de uso de fondos
reservados para fines personales (Astarita, 2024). Pues bien, en distintas provincias
se registra algo similar.
● El ex gobernador de La Rioja Menem, junto a otros ex funcionarios que lo
acompañaron en su gestión, fue procesado por la posible comisión de delitos
en perjuicio de la administración pública. En concreto, se los acusó de haber
incrementado ilegalmente los créditos para gastos reservados asignados por la
ley de presupuesto del año 1975.
● En Córdoba, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Oscar
Eduardo Valdez, fue procesado y se le dictó prisión preventiva en una causa
por peculado, en la que se lo acusó de haber desviado fondos reservados en
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provecho propio, para saldar deudas y adquirir mercaderías y
bienes de consumo (La Nación, 14 de junio de 1976).
Las denuncias por mal uso de recursos públicos abarcaron otras prácticas. En
Corrientes, al ex gobernador Julio Romero, se lo procesó y condenó por haber
transferido gratuitamente, cuando era gobernador, un inmueble propiedad del
Estado provincial al Partido Justicialista distrito Corrientes. La figura legal bajo la
que se tramitó la causa en su contra fue por violación de los deberes de funcionario
público y el juez, además, le impuso un embargo y ordenó la restitución del inmueble
a manos del Estado provincial (La Prensa, 16 de junio de 1976). Otra causa que
enfrentó el ex mandatario fue por el uso de aviones estatales con fines privados, no
oficiales (La Nación, 7 de agosto de 1976).
En Río Negro, al ex gobernador Franco se lo procesó con prisión preventiva por
utilizar empleados y bienes del Estado en forma ilegal. Fue acusado, entre otros
cargos, de haberse apoderado de un molino de viento propiedad de un organismo
público, de trasladar materiales con vehículos oficiales y del uso de máquinas del
Ministerio de Agricultura para fines no oficiales (La Nación, 18 de septiembre de
1976).
En San Juan, la Fundación Vallecito, entidad oficial encargada de recoger las
donaciones de quienes visitaban a la Difunda Correa, fue intervenida por el gobierno
militar y se abrieron causas contra sus administradores por tener en sus viviendas
explosivos y dinero proveniente, supuestamente, de la Fundación (La Nación, 15 de
agosto de 1976). Nuevamente, el maridaje entre subversión y corrupción emerge en
escena.
Finalmente, en algunas provincias (Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero, entre
otras), se tramitaron causas por enriquecimiento económico y patrimonial ilícito no
justificado por parte de ex funcionarios durante el período en que ejercieron la
función pública.
Otro tipo de prácticas frecuentemente objetadas tuvo que ver con licitaciones y
compras públicas, en las que se señalaron distintas irregularidades administrativas.
En San Luis, fueron detenidos y procesados el hermano y el hijo del ex gobernador
de la provincia, en una causa en la que se los acusó de haberse beneficiado en una
licitación por la compra a través de la Dirección de Turismo de aires acondicionados
(La Nación, 7 de julio de 1976). En Buenos Aires, ya fue comentado, se denunció a
un conjunto de funcionarios provinciales de beneficiar, a través de la compra
irregular de pasajes y hospedajes, a la empresa Inter World.
Otro tipo de acusaciones y causas involucran prácticas vinculadas con el clientelismo
político, en algunos casos con denuncias por hechos concretos. En Misiones, por
ejemplo, se abrió una causa en la que se acusó al Ministerio de Bienestar Social de
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la Nación de asignar discrecionalmente fondos destinados a obtener
votos en las elecciones realizadas en esa provincia en enero de 1975 (La Nación, 22
de julio de 1976).
En otros casos, las denuncias fueron más larvadas, con una fuerte valoración
negativa respecto de determinadas decisiones políticas. En Buenos Aires, el ministro
de gobierno provincial, Jaime Smart, presentó públicamente un informe donde
denunció la demagogia de la administración saliente:
(...) sin negar los beneficios que puede aportar a la comunidad un sistema de planes
sociales tendientes a prestar a los sectores menos pudientes y a los escolares
vacaciones apropiadas, durante la gestión del gobierno anterior se gastaron
elevadas sumas de patrimonio del Ministerio de Educación, que carecía de fondos
para otras necesidades (La Nación, 6 de julio de 1976).
En Tucumán, las autoridades de facto provinciales publicaron un informe en el que
acusaron al ex gobernador Juri de haber utilizado fondos provenientes del sistema
de lotería en forma discrecional y de violar la legislación vigente bajo el concepto
equívoco de “emergencia social” (La Nación, 27 de junio de 1976).
La cuestión del empleo público merece un comentario aparte, en primer lugar, por
su extensión y transversalidad: aparece, como acusación de corrupción, en
prácticamente todas las provincias. Y en segundo lugar, porque constituyó uno de
los grandes (y escasos) consensos entre las Fuerzas Armadas en lo que refiere a
instrumentar una política de corte neoliberal en relación con el Estado y la reducción
de su tamaño
8
. En tal sentido, cabe señalar que el régimen militar mostró un especial
interés por el tema del empleo público a nivel provincial
9
. Y en ese marco, las
denuncias por corrupción en las provincias vinculadas con el empleo público fueron
frecuentes y variadas y, en virtud de ellas, se produjeron cesantías a lo largo y ancho
del país desde el 24 de marzo de 1976. En Corrientes, por ejemplo, el gobernador de
la provincia Luis Carlos Gómez Centurión, al efectuar un balance de las tareas
cumplidas durante los primeros seis meses de gestión, y afirmar que había
“corrupción inocultables en los organismos del Estado y una descomposición política
que distorsionaron la función pública”, informó que se vio obligado a realizar un
ordenamiento en toda la maquinaria estatal, ¨postergando transitoriamente la acción
creadora¨ (La Nación, 7 de agosto de 1976).
En resumen, las denuncias de corrupción en las provincias incluyeron como uno de
sus componentes fundamentales la cuestión del empleo público, y sirvieron para
8
Distintos trabajos (Canelo, 2008; Novaro y Palermo, 2003) han mostrado las resistencias de toda una
parte de las Fuerzas Armadas al programa económico de signo neoliberal que pretendía llevar adelante
el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, y que tuvo como una de sus manifestaciones principales
el proceso, finalmente trunco, de privatizaciones de empresas públicas.
9
Por ejemplo, el recordado discurso del entonces Ministro de Economía, Martínez de Hoz, pronunciado
el 2 de abril de 1976, donde se fijaron los lineamientos estratégicos de lo que sería su programa
económico, en el que se mencionó la necesidad de reducir el empleo público en las provincias y
municipios.
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legitimar medidas en pos de la racionalización del aparato burocrático
y el ajuste del gasto público. Así, se trató de una de las medidas en las que hubo
amplio consenso dentro de las Fuerzas Armadas, y significó un área en la que se
avanzó decididamente en lo que puede caracterizarse como uno de los rasgos del
modelo de orientación neoliberal. En ese sentido, se diferenció de otras medidas de
esta misma orientación que encontraron mayor resistencia interna como, por
ejemplo, las privatizaciones de empresas públicas.
6. El impacto sobre las trayectorias políticas
Por su propia amplitud y heterogeneidad, existen múltiples maneras de evaluar el
impacto de la campaña anticorrupción en las provincias. Una de ellas es posar la
mirada sobre los actores que han sido afectados en forma directa. En tal sentido, una
consecuencia inmediata para los dirigentes políticos y funcionarios sobre los cuales
se iniciaron procesos judiciales y en muchos casos, sufrieron la prisión preventiva,
fue la imposibilidad de participar en política durante gran parte del período
dictatorial. No debiera subestimarse este efecto de exclusión, teniendo en cuenta que,
aún bajo un régimen dictatorial, el gobierno militar, no sin contradicciones, abogó
casi desde el inicio de su gestión por promover lo que fue denominado como diálogo
político (Canelo, 2008; González Bombal, 1991), y que apuntó a entablar
conversaciones con parte de la dirigencia política y de la sociedad civil con miras a
encauzar el proceso para la vuelta de la democracia.
Pues bien, de ese diálogo político, que tuvo distintas instancias entre 1977 y 1983 y
que no estuvo exento de tensiones gubernamentales internas, quedaron excluidos
casi sin excepciones lo que la propia dictadura denominó como los subversivos y los
corruptos. Es identificable en esta política una vocación refundacional, que en los
sectores más intransigentes de las Fuerzas Armadas derivó en el proyecto de crear
una “nueva” elite política (imaginada bajo un conjunto de ostentosos títulos
alternativos, entre los cuales se destacó el de “Movimiento de Opinión Nacional”),
como modo de diferenciarse de las experiencias autoritarias anteriores (Canelo,
2011).
Aunque esta vocación refundacional de a momentos parecía significar la exclusión
del conjunto de las fuerzas protagonistas de la vida política hasta antes del golpe (el
peronismo y el radicalismo, básicamente), el régimen militar, por encima de sus
diferencias internas, tuvo como vector inconmovible la exclusión del peronismo,
mientras que fue mucho más oscilante y por momentos condescendiente con el
radicalismo (González Bombal, 1991). En síntesis, catalogado como promotor de la
corrupción y la subversión, el peronismo fue la fuerza política sistemáticamente
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excluida, casi sin excepciones, del diálogo político.
10
Y en esta exclusión
fue clave que sus principales dirigentes políticos estuviesen encarcelados.
Teniendo en cuenta este espíritu refundacional, vale la pena introducir una mirada
de más largo alcance para calibrar los efectos de la campaña anticorrupción. En vista
de ello, es posible indagar en las trayectorias políticas de los titulares de los poderes
ejecutivos en la etapa constitucional previa al golpe, a partir del retorno de la
democracia en 1983. Lo que se comprueba, mediante dicho análisis, es que la gran
mayoría no volvió a ocupar un cargo público.
Cuadro Nº 1. Trayectorias políticas de los gobernadores: pre y post dictadura
Provincia
Gobernador elegido en
1973
Trayectoria política post-
1983
Buenos Aires
Oscar Bidegain
No volvió a ocupar un cargo
público
Catamarca
Hugo Mott
No volvió a ocupar un cargo
público
Córdoba
Ricardo Obregón Cano
No volvió a ocupar un cargo
público
Corrientes
Julio Romero
Diputado nacional por
Corrientes entre 1987 y
1991
Chaco
Deolindo Bittel
Intendente de Resistencia
(1987-1989) y Senador
Nacional (1989-1997)
Chubut
Benito Fernández
Murió en 1982
Formosa
Antenor Gauna
No volvió a ocupar un cargo
público
Entre Ríos
Enrique Cresto
No volvió a ocupar un cargo
público
La Pampa
Aquiles Regazzoli
No volvió a ocupar un cargo
público
La Rioja
Carlos Menem
Gobernador, Senador
nacional, presidente
Mendoza
Alberto Martínez Bacca
No volvió a ocupar un cargo
público
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Durante la presidencia de Viola hubo un intento por reconocer al peronismo como interlocutor válido,
pero la iniciativa fracasó, entre otras cosas, por la oposición de los sectores más duros de las Fuerzas
Armadas.
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Neuquén
Felipe Sapag
Gobernador en dos
ocasiones (1983-1987 y
1995-1999)
Río Negro
Mario Franco
No volvió a ocupar un cargo
público
Santa Cruz
Jorge Cepernic
No volvió a ocupar un cargo
público
Salta
Miguel Ragone
Falleció en 1976
San Luis
Elías Adre
Falleció en 1980
Santiago del Estero
Carlos Juárez
Gobernador de la provincia
en dos ocasiones (1983-1987
y 1995-2001) y senador
nacional (1987-1995 y 2001-
2002)
Tucumán
Amado Juri
Diputado nacional (1997-
2000)
Fuente: elaboración propia en base a fuentes diversas.
En efecto, en el cuadro Nº 1 surge que solamente Menem, Sapag y Juárez volvieron
a presidir sus provincias por el voto popular. Por su parte, Bittel fue intendente de la
ciudad de Resistencia y luego senador nacional, mientras que Romero y Juri fueron
diputados nacionales. El resto, la gran mayoría, no volvió a ocupar ningún cargo.
11
Behrend (2011) ha planteado que, en 1983, miembros de las familias que habían
controlado la política provincial argentina antes de la dictadura, volvieron a la
gobernación; destacando así las continuidades provinciales en el contexto de un
cambio en la política nacional. Las evidencias empíricas encontradas aquí tal vez
sirven para matizar este énfasis acerca de la continuidad. Puede afirmarse que la
dictadura produjo un quiebre profundo en toda una generación de la política
argentina a nivel subnacional y, en ello, la campaña anticorrupción, con los castigos
impartidos -procesos judiciales, embargo de bienes, prisiones- ha tenido una
influencia nada desdeñable. De esta manera, se percibe que la campaña
anticorrupción tuvo un efecto político directo, en el sentido de inhabilitar
prácticamente durante todo el período dictatorial a buena parte de los gobernadores
constitucionales pero, además, hizo sentir un efecto ulterior y más profundo,
generando un hiato a nivel dirigencial en las provincias.
11
Por el contrario, de los cuatro gobernadores del período 1973-1976 que no enfrentaron causas
judiciales por corrupción durante la dictadura, dos de ellos (Alterach y Snopek) tuvieron una vida
política activa con el retorno de la democracia: Snopek volvió a ser gobernador y luego Senador nacional,
mientras que Alterach fue vicegobernador y diputado nacional. Begnis, en tanto, murió en 1980. El
único que no ostentó cargos electivos de importancia fue Camus.
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7. Conclusiones
Se ha podido observar la densidad y la capilaridad con que fue desplegada la
campaña anticorrupción por todo el territorio nacional. El abordaje de la dimensión
subnacional puso en evidencia el carácter masivo de la criminalización orquestada
contra el peronismo, por medio de la cual la dictadura hizo caso omiso de las
importantes diferencias que proliferaban en su interior. En esencia, enfrentaron
cargos por supuesta corrupción ex gobernadores identificados con la izquierda, pero
también dirigentes enrolados en el peronismo ortodoxo, interventores de extracción
militar y civil, y sindicalistas.
Otro aspecto para destacar son los vínculos entre corrupción y subversión. Por un
lado, los gobernadores de facto, replicando los lineamientos emanados del gobierno
nacional, identificaron a los corruptos y a los subversivos como los dos enemigos
principales a derrotar. Y, por otro lado, de a momentos ambos enemigos tendieron a
ser fusionados como parte del mismo problema, una expresión de la descomposición
generalizada que sufría la sociedad argentina y que era imperioso detener.
Asimismo, el despliegue de la campaña anticorrupción, que respondía a la vez a un
centro conductor - la Junta Militar-, encuentra un paralelismo con lo sucedido en el
plano de la “subversión”. En efecto, la lucha “antisubversiva” también se desarrolló
en todas las provincias, como parte de un proyecto nacional y sistemático (Invernizi
y Gociol, 2002) pero, a la vez, el terror represivo fue aplicado de manera
descentralizada, según las fuerzas, las zonas y las iniciativas tomadas en distintos
niveles de decisión (Vezzetti, 2014). La lucha contra la corrupción muestra también
ese doble carácter: una planificación nacional en cuanto a la estrategia general,
ejecutada en forma descentralizada, en este caso por los gobernadores de cada
provincia.
Las diferencias también son importantes. Lo que se puede observar es que mientras
que contra los subversivos, fue aplicado el terrorismo de Estado y la represión ilegal,
en el caso de la lucha contra los corruptos la metodología empleada se dio en el
terreno judicial y consistió en la criminalización masiva con acusaciones y causas
por variados delitos asociados con la corrupción. Si la represión ilegal contra la
subversión se realizó principalmente en la oscuridad, la represión legal se desarrolló
a la luz del día, se propagandizó y se buscó con ello obtener rédito político,
legitimándola de cara a la sociedad.
Por otro lado, es indudable que la concentración de poder que supone un régimen
dictatorial influyó decisivamente en las características y dinámica de la campaña
anticorrupción. En efecto, quedó bastante claro que, al menos en lo que respecta a
la lucha contra la corrupción del gobierno anterior, los mandatarios provinciales
designados por la Junta Militar actuaron en gran medida como delegados del poder
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central. Es difícil imaginar que en democracia, en un país federal, se
pueda dar en prácticamente todas las jurisdicciones provinciales, con idénticos
criterios y metodología, procesos tan abarcativos de denuncias por corrupción.
Finalmente, se ha podido comprobar también el carácter multidimensional de la
corrupción. Contrariamente a lo que pregona la concepción hegemónica, cuyo énfasis
recae generalmente en el soborno como la forma prototípica, son diversas las
manifestaciones que puede asumir la corrupción, aún entendida como una práctica
individual. Por otro lado, el gobierno de facto hizo uso de otra noción de corrupción,
más amplia que la anterior, vinculada con el funcionamiento del régimen político y
más en general, con la degeneración y corrupción de los valores imperantes en la
sociedad. Ambas nociones, sin embargo, aparecieron de a momentos fusionadas e
interconectadas, porque la suma de denuncias de corrupción, en tanto práctica,
llevaban irremediablemente a la corrupción sistémica y, de modo inverso, la
corrupción sistémica conducía a una sospecha generalizada que se proyectaba sobre
el comportamiento de los funcionario y de la dirigencia.
El artículo sirvió también para conocer algunos aspectos del período dictatorial a
nivel federal, contribuyendo así en el fértil campo en expansión de los estudios
subnacionales del período dictatorial. Por un lado, resulta interesante la relación de
cierta subordinación y alto acatamiento por parte de los gobernadores a las
directrices del poder central. Por otro lado, en lo referido al empleo público, se ha
visto que tanto a nivel nacional como en las provincias y municipios, la dictadura
avanzó en el recorte y racionalización de las estructuras de personal. En el contexto
de un gobierno atravesado por fuertes tensiones internas, entre otras, respecto de la
orientación neoliberal que pretendía el Ministro de Economía y que encontraba
resistencia por parte de sectores nacionalistas y antiliberales, el objetivo de reducir
el empleo público parece haber sido un punto casi excepcional de consenso y sobre
el que se pudo avanzar.
De esta manera, la corrupción, considerada como objeto de estudio en sí mismo,
permitió interiorizarse en los distintos significados y usos que le dio la dictadura en
las provincias y municipios. Y a la vez, fue la puerta de entrada, el prisma a través
del cual develó algunos aspectos hasta ahora desconocidos del proceso dictatorial.
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Recibido: 18 de agosto de 2025
Aceptado: 10 de septiembre de 2025
Versión Final: 15 de septiembre de 2025