Notas
acerca de la problemática argentina en la coyuntura de la primera posguerra*
Notes about the Argentine problems in the post-war
period
MARTA BONAUDO
Elida Sonzogni
Mirta Moscatelli
Silvia Marchese
Alejandra Monserrat
Norma Campos
Gabriela Alessandroni
Julia Calvo
Analía Giavon
Escuela
de Historia,
Facultad
de Humanidades y Artes,
Universidad
Nacional de Rosario (Argentina)
El presente proyecto de
investigación surgió como expresión de una inquietud promovida por la carencia
de estudios sistemáticos que aborden la sociedad argentina alrededor de los
años '20. Si bien desde la década del '60 se han producido avances en lo relativo
al período 1916-1930—tanto en el campo de la Historia como desde la perspectiva
de otras ciencias sociales— resulta evidente que resta mucho por hacer.
Desde el punto de vista
del modelo de desarrollo, la década del '20 aparece subsumida dentro de los
análisis generales del período 1880-1930, lo cual resta especificidad al
estudio de las coyunturas inherentes al mismo.
Paralelamente, en el
plano de lo político, una característica de trabajos llevados a cabo para la
etapa 1916-1930 residen en el hecho de que centran básicamente la cuestión en
el régimen político vigente, con lo que se pierde la perspectiva del sistema
político en su conjunto y su relación con la sociedad civil. Los trabajos de
Alain Rouquié, David Rock, Peter Smith, Carl Solberg, Ana María
Mustapic, Hebe Clementi —entre otros— realizan
interesantes aportes a la problemática planteada en torno a los gobiernos
radicales. Persisten, no obstante, una gran cantidad de interrogantes acerca de
la dominación y de la discusión que seinstala en esa sociedad en relación al
poder, al Estado, etc.
El reconocimiento de
los avances y limitaciones de los aportes existentes, nos condujo a una primera
aproximación a los materiales bibliográficos y documentales sobre el período. A
partir de ella, fue demarcándose la crisis de la posguerra como un nudo de
interés para ahondar en la investigación.
En esta instancia, el
principal objetivo de esta investigación es reiniciar la discusión alrededor de
esa coyuntura, que juzgamos como un momento en el que se originan nuevos
desajustes que repercutirán negativamente en distintos planos de la sociedad y,
particularmente, de la economía. Porque, si bien es cierto que se recupera la
capacidad exportadora en materia de cereales, el sector ganadero —que había
logrado incrementar su peso en el mercado mundial durante la guerra— se
encuentra ahora con enormes dificultades para colocar sus excedentes. A ello se
suma la debilidad que se manifiesta en el proceso de sustitución de
importaciones —dirigidas a abastecer a un mercado interno en vías de
complejización— al normalizarse el sistema de intercambios internacionales.
Esto ha conducido, en
el campo de la economía, a exámenes contrapuestos en la caracterización del
momento: por una parte, los que lo interpretan como inmerso en una fase de
desaceleración del desarrollo industrial, lo que representaría “una gran
demora”, a partir de las “condiciones previas” generadas entre 1880 y 1914; por
otra, los que lo incluyen en una fase de recuperación y expansión de la
economía argentina, que se extendería desde 1917 a 1929.
Independientemente de
la aceptación de alguna de estas hipótesis divergentes —del planteo de estar o
no frente a una crisis, global o parcial, de la sociedad argentina[1] —,
nuestra preocupación se orienta a buscar en las propias expresiones de los
actores sociales, algún tipo de respuestas para comprender, con mayor claridad
y profundidad, un momento que consideramos de fuerte activación de tensiones,
que impactan diferencialmente al conjunto social.
Entre 1918 y 1922 se
producen importantes huelgas obreras que llegan a su clímax a principios de
1919, con la denominada Semana Trágica. La agitación creada en el ámbito urbano
se vivencia también en el rural, donde frente a los chacareros movilizados,
estallan los conflictos de los peones rurales, Movimientos obreros, movimiento
chacarero, movilización estudiantil, tensión en los grupos ganaderos frente a
la crisis del sector. Las interpelaciones se explicitan en el campo político,
arena en la que se dirime la puja por la redistribución del excedente social.
Si bien es cierto que,
pese a los temores del maximalismo al terror revolucionario que ciertos
sectores de la clase dominante explicitan, no se elabora en esta etapa ningún
proyecto alternativo que ponga en peligro la pervivencia del sistema, se
plantea una serie de discusiones que afectan a diferentes niveles de la
sociedad. ¿Qué se discute?
Un primer punto de
discusión que preocupa —y que es objeto del presente informe— es el de devolver
al país el dinamismo económico perdido, al parecer, a partir de la primera
guerra.
Durante los dos
primeros años de la posguerra, priva la sensación de que se están recuperando
las condiciones de crecimiento que caracterizaron la etapa prebélica, pero esa
percepción comienza a impregnarse de temores que anuncian desajustes
importantes en el sector ganadero, tanto en lo referido a las carnes como a las
lanas. Y estos desajustes constituyen efectos tardíos, generados durante la
etapa de la contienda, agravados con la recuperación de los países Centrales
que intervinieron como beligerantes. Al referirse a la situación de los
productores laneros, una editorial de La Nación de 1920 señala que éstos
“han sufrido en este último tiempo
oscilaciones de precios tan extremas como imprevistas. Después de la guerra
hubo demanda ilimitada. Más tarde la situación del mercado cambió
sensiblemente. Bajo el apremio de la guerra Gran Bretaña adquirió la producción
entera de lana fina de Nueva Zelandia y Australia. Como ella impone la moda, se
handejado las lanas gruesas de lado”.[2]
Estas apreciaciones son
ratificadas dos años más tarde en el análisis retrospectivo que efectúa la
Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción (CACIP):
“Después de realizada la “Primera
Conferencia Económica Nacional” hace tres años, dentro de un ambiente de
relativa prosperidad, el mundo ha
sentido amargamente las consecuencias de la conflagración general y se
encuentra desde un período ya prolongado, en un estado de semiparalización
económica.
“Nuestro país ha sido influenciado
grandemente por esta situación de anormalidad general en el mundo. Las
condiciones han variado en forma pronunciada en los últimos tres años...
“La desorganización profunda del comercio
mundial y el reducido poder adquisitivo de varias naciones, ha afectado nuestro
comercio de exportación. Estas causas y la abundante oferta, ha producido una
disminución en los precios de nuestros productos, y si bien algunos renglones han
reaccionado, la hacienda vacuna sufre una depreciación que ha alcanzado
actualmente un aspecto sumamente grave, puesto que el precio de la carne ha
llegado a un nivel que hace años no conocíamos, conduciéndonos a una crisis
ganadera sin precedentes en el país”.[3]
El debate se orienta
entonces hacia problemas que aparecen como centrales: el fuerte deterioro del
eje más dinámico de la economía agroexportadora, la consecuente incidencia de
esta reducción sobre la capacidad de importación —en especial, de insumos
imprescindibles— el devenir del proceso de sustitución de importaciones
realimentado por el episodio bélico, la agudización de las prácticas
mercantiles monopólicas, el reacomodamiento del mercado internacional con el
fortalecimiento de trusts, carteles y holdings, y su consecuente repercusión sobre
las economías exportadoras de bienes primarios.
Esas preocupaciones se
manifiestan en distintos ne de a práctica social y política: por una parte, las
encontramos reflejadas frente a las inminencias concretas, en los manifiestos
de las organizaciones Corporativas y en los debates parlamentarios; por otra,
en la tónica con que se abordan las planificaciones a mediano plazo por parte
de los Ejecutivos, expresada fundamentalmente en los mensajes y anteproyectos
de ley enviados a las Cámaras; por fin, en los ensayos más elaborado que se
proponen desde el campo intelectual.
El problema básico que
se pone en discusión es la necesidad de repensar las características del modelo
de desarrollo de la Argentina y, particularmente, el funcionamiento de sus ejes
esenciales. Una mirada más detenida hacia el interior de la sociedad nos da
cuenta de que han reaparecido, en este momento, fuertes tensiones que expresan
las condiciones potencialmente conflictivas, en el largo plazo, en que se
proyectara e implementara la articulación eficiente a las exigencias del
mercado exterior. Entre esas condiciones, que en una etapa pueden haber reforzado
la eficacia del modelo, pero que aparecen luego y particularmente ahora, como
una amenaza para su continuidad, se encuentra la concentración de la propiedad
en pocas manos.
El triunfalismo del
Centenario no pudo ocultar, en este sentido, que la vía seguida por el
desarrollo capitalista en el agro había destruido el “modelo sarmientino” de
reproducir en la Argentina una organización social basada en la presencia
multiplicada de pequeños y medianos propietarios agrícolas, Para 1910, se ha
cristalizado definitivamente una a estructuración de la propiedad rural basada
en grandes bloques apropiados por las minorías dominantes. En consecuencia, la
inserción de la Pampa Húmeda en el marco de la economía capitalista ha
implicado el predominio del sistema de arrendamiento, el desarrollo de una
agricultura extensiva, la creciente utilización de una fuerza de trabajo
progresivamente costosa, la utilización de insumos de alto valor, la existencia
de circuitos de comercialización monopolizados por grandes empresas extranjeras
y, finalmente, la fuerte dependencia de los procesos de acumulación de los
países industrializados para colocar las materias primas en el mercado mundial
y expandir la renta diferencial.
La coyuntura de la
guerra agudiza la presión de los factores negativos. Pese a la favorable
colocación de los excedentes ganaderos, pone en evidencia los riesgos de una
producción agrícola básicamente extensiva —cuyas fronteras habían quedado delimitadas
casi definitivamente en 1914— y la necesidad de acelerar y profundizar el
desarrollo capitalista en el agro.
Reaparece, en
consecuencia, una línea de debate que se remonta a las postrimerías del siglo
XIX y que sindica al latifundio como causante último y directo de las
dificultades de ese desarrollo capitalista (Halperin Donghi, 1984: 367-385).
Si algunos análisis no
descartan la posibilidad de la transformación de los terratenientes en
verdaderos empresarios capitalistas, otros —como el de Juan B. Justo en 1917—
transfieren el papel protagónico del proceso de plena implantación del
capitalismo agrario a los pequeños y medianos propietarios. Estos accederían a
la propiedad a partir de una baja en el precio de la tierra, resultante de la
instrumentación de una política de altos impuestos que forzaría a la clase
terrateniente a desprenderse del suelo, en lugar de aumentar su productividad
(Justo, 1917).
Esta propuesta no es
sólo compartida por los dirigentes agrarios, sino también por conspicuos
conservadores, como es el caso de Miguel Angel Cárcano:
“El régimen del arrendamiento y de la gran propiedad
en que vivimos no puede mantenerse. Obedeció a causas anteriores, de
legislación y modalidades locales, sirvió para labrar la riqueza en un período
de la evolución del país, pero ya no llenan las aspiraciones actuales que son
de equilibrio y vinculación entre los diversos factores de la economía...
Nuestro régimen agrario necesita y está en condiciones
de experimentar un movimiento de reformas en nombre de estos dos principios:
facilidad para que el comprador encuentre tierras y capital para trabajar, o lo
que es lo mismo, subdivisión de la propiedad y organización del crédito
agrícola. No hay que dejar que la concentración manifiesta y exigente de los
propios intereses la pida...” (Llach, 1985: 135-139).
La advertencia de
Cárcano no halla eco en el Estado y será “la concentración manifiesta y
exigente de los propios intereses” la que pone en el primer plano de la
discusión el problema del régimen de propiedad de la tierra a través de las
huelgas de 1919. Piacenza, ahora desde la presidencia de la Federación Agraria
Argentina, afirma en un reportaje aparecido en La Vanguardia, que las
reformas al régimen de arrendamiento no implican la solución del problema, sino
que constituyen una alternativa transitoria y circunstancial frente a la
respuesta de fondo que es la reforma agraria.[4]
La movilización
chacarera que se realiza bajo la consigna de “la tierra para quien la
trabaja” es considerada por los sectores terratenientes más tradicionales
como un “movimiento anarquista, maximalista y criminal...” en el que
nada ha incidido “la distribución de la tierra o elproblema del
latifundio...”[5].
La presión de estos sectores sobre el gobierno limita cualquier posibilidad de
modificar la estructura de propiedad, trabando de manera directa o indirecta
toda aquella legislación que intente retomar, por vía de la subdivisión de la
tierra y de la colonización, el proyecto sarmientino. En junio de 1921, el
diputado Repetto invita al ministro de Agricultura para que explique los
motivos que han impedido el cumplimiento —por parte del Ejecutivo— de la Ley Nº
10.284, llamada Ley del Hogar. La respuesta es el silencio o la acusación
presidencial de que el Parlamento pretende erigirse en contralor del Ejecutivo.
[6]
Sin embargo, de las fundamentaciones a las que el diputado socialista recurre
se desprenden algunos datos significativos, en la medida en que no sólo
considera que el desarrollo de una sociedad agraria basada en la presencia del
pequeño propietario “será el mejor baluarte de los gobiernos libres y
democráticos”, sino también por afirmar la indispensabilidad de la entrega
de la tierra al pequeño agricultor “para que realice en el país el progreso
de la técnica agrícola, la transformación del medio rural...”
Las reflexiones de
ciertos dirigentes políticos, gremiales o de algunos intelectuales se insertan
en la discusión, pero pierden proyección. Ni siquiera aparecen como
alternativas válidas en el momento más crucial
de la crisis ganadera, cuando por ejemplo, Jacobo Saslavsky, uno de los
representantes de la CACIP, propone en 1922 un proyecto de inmigración y
colonización, basado en la subdivisión de las grandes propiedades:
“...Ellos van a comprender que, con ceder
“una parte” de sus tierras hoy destinadas a pastoreo, para una explotación
agrícola racional e inteligente como es posible, ganarán no sólo con los
beneficios del ca. pital empleado en la Sociedad, sino también en parte
principal aunque indirecta, con la valorización segura e inevitable de las
tierras limítrofes…[7]
Las decisiones o las
respuestas a las demandas desvían el centro de atención del régimen de
propiedad y lo reorientan hacia el régimen de
tenencia, el crédito agrario, la necesidad de acrecentar los niveles de
rendimiento, de eficiencia, de racionalidad.
Las dificultades que se
le plantean a Argentina en esta coyuntura para retomar los niveles de
eficiencia alcanzados antes de la contienda, se agudizan ante un contexto
internacional que impone una política de restricciones fiscales a nuestras
exportaciones, fundamentalmente las que provienen del sector ganadero.
Es evidente que estas
modificaciones que se fueron registrando en el comportamiento del mercado
internacional van siendo crecientemente internalizadas por los actores sociales
y proyectadas en sus reflexiones. Así, en julio de 1920, La Nación
editorializa la conferencia internacional de comercio de París, en donde
lúcidamente describe la situación internacional en relación con los cambios en
las reglas de juego en el mercado:
“Es de toda evidencia la estrecha solidaridad
dominante en los fenómenos de la economía mundial y como consecuencia no
obstante... no podríamos confiar demasiado en las ventajas de nuestro desahogo
presente, pues es de elemental lógica prever que aquellos países, política y
económicamente poderosos, y además, íntimamente solidarizados por la comunidad
de sus intereses, habrán de acordar medidas de carácter financiero susceptibles
de propagar sobre el resto del mundo, los sacrificios y remedios que les
imponen las dificultades que atraviesan. Debemos estar en constante información
de lo que ocurre y al mismo tiempo, en aptitud de asumir una política defensiva
si llegase el caso de ver comprometidos en alguna forma los intereses
argentinos... Debe ser una preocupación dominante para todas las formas de la
actividad,. Propender especialmente a la realización del propósito fundamental
que domina sobre todas las medidas aconsejadas, vale decir, el aumento de la
producción ya que ella además de ser principal alimento del intercambio y
riqueza, representa el fondo irreemplazable de disponibilidades económicas y
financieras, que serán requeridas para atender los problemas futuros de la
distribución”.[8]
A su vez, en 1922, la
CACIP vuelve al tema con expresiones similares:
“La desorientación de la economía mundial a
raíz de la guerra ha obligado a países, financieramente muy fuertes, a
protegerse contra rivales más débiles y nuestro país es, en la actualidad, uno
de los muy pocos que, a pesar de su relativa debilidad económica, no ha
adoptado medidas tendientes a proteger sus fuentes de producción. En todas
partes, las barreras económicas son incuestionablemente mucho más altas y debe
tratarse, por consiguiente, de reforzar con ese criterio, la situación
financiera de la República.... [9]
Enmarcada en esta problemática
se produce una ardua polémica en dos momentos (1920 y 1923) alrededor de la
determinación de una política arancelaria que sea capaz de mantener en la
coyuntura los tradicionalmente genuinos recursos del Estado y satisfacer
algunas de las demandas sociales, ahora multiplicadas.
Los planteos que
provienen desde el gobierno se fundamentan —en apariencia— en una necesidad
fiscal, necesidad que sólo parece resuelta a medias con la Ley Nº 11.022 de
1920, que elevó los tan retrasados aforos a un 20 %. Es por eso que se reinicia
en el año 1923, la discusiónde una nueva ley en la que los aforos se
incrementan a un 60 %, sancionada con el Nº 11.281 (Jorge, 1971: 61-62).[10]
La discusión en las
Cámaras o fuera de ellas va develando diferencias marcadas o acuerdos
esporádicos entre quienes avalan o se oponen a la ley. En general, la discusión
trasciende los límites de una norma meramente impositiva y se encuadra en la
disyuntiva de librecambio o proteccionismo. Las propuestas proteccionistas
tienen como defensores, entre otros, a varios diputados del interior,
preocupados en parte por el mantenimiento de niveles de protección para
industrias que tradicionalmente lo habían tenido (caso Tucumán) o deseosos de
promover la protección de ciertas ramas extractivas de peso en sus propias
áreas geográficas o en áreas cercanas.[11]
Fuera de las Cámaras,
el gran adalid del proyecto proteccionista es la CACIP y la UIA. Según la
visión crítica de Enrique Dickmann, los grandes promotores de este proyecto son
el ingeniero Bunge y la UIA:
“Esta revista, Órgano de la Unión Industrial
Argentina, manifiesta su regocijo en estos términos: “Una imponente ola de
nacionalismo argentino arrastra las últimas barreras de la industrialización
argentina. Todo esto indica que los aumentos de impuestos no tienen por objeto
aumentar las rentas generales, sino impedir la entrada de mercaderías
extranjeras y entonces, el diputado Dr. Molina tenía razón al afirmar que,
elevando los impuestos aduaneros, los recursos fiscales iban a disminuir…...El
inspirador de toda esta política malsana es, evidentemente, el actual Director
de Estadística, Ingeniero Alejandro Bunge quien en su manejo de números y de
estadísticas ha impresionado al ex Ministro de Hacienda, demostrándole que los
actuales aforos están muy por debajo de los precios reales de las mercaderías”.[12]
En la realidad, las
posturas de la UIA y de la CACIP no se plantean en el marco de un
proteccionismo a ultranza, sino como mecanismo provisorio necesario, que actúe
a mediano plazo, hasta tanto se consolide el proceso de industrialización. Esta
posición es apoyada por algunos diputados como Saccone, quien expresa:
“Decía que, ni librecambista, como ciertos utópicos
teorizadores, ni liberal como el señor ministro de Hacienda, ni excesivamente
proteccionista como los representantes parlamentarios de algunas provincias del
norte...”.
Al ejemplificar su
posición, comenta la situación en la rama de la confección del calzado en estos
términos:
“Aceptaría una disminución gradual del proteccionismo
alcanzado, concediendo el tiempo necesario para que no se malogren los
cálculos, las esperanzas y los gastos hechos por las organizaciones
fabriles...”.[13]
Desde el campo
librecambista, se elige como argumento de peso la incidencia que estos
gravámenes tienen sobre los artículos de consumo popular y, por ende, sobre el
poder adquisitivo del salario. Los defensores más notorios de esta propuesta se
encuentran en la bancada socialista, a través de las figuras de Juan B. Justo,
Enrique Dickmann y Augusto Bunge. Las intervenciones de estos oradores muestran
hasta qué punto las argumentaciones han sido permeadas por la ideología liberal
del progreso. Esta afirmación queda evidenciada en primer lugar, en la visión
positiva que Dickmann plantea sobre la división internacional del trabajo:
“La división del trabajo, ley fundamental del progreso
entre los hombres, es también ley de progreso entre las naciones; y el comercio
internacional es el intercambio de productos que cada pueblo es más apto para
producir, por las condiciones de su naturaleza, por la aptitud de su pueblo...”.[14]
Y a continuación,
agrega:
“Para que así podamos reestablecer nuestro cambio
internacional, yo no diré librecambista, sino de libre comercio... debemos producirlo
(carne, cereales, etc.) en condiciones económicas y ventajosas a importar lo
que nosotros económicamente no podemos producir”.[15]
En segundo lugar, con
la adhesión manifestada por Justo al eje agroexportador como base ineludible de
las posibilidades de desarrollo en nuestro país:
“En el hecho, todas estas pretendidas protecciones en
cuanto son efectivas, son losas de un peso enorme que caen sobre la verdadera
industria nacional, sobre la agricultura y la ganadería. Y sería hora que la
Sociedad Rural y las otras grandes agrupaciones de empresarios rurales se
hicieran oír en ese sentido, y mostraran que hoy en nuestro país, de lo que no
se puede hablar es de aumentar los gravámenes de aduana, porque esto es
preparar nuevas causas de ruina para las industrias madres: la agricultura y la
ganadería, en lo que éstas tienen de moderno”. [16]
Este debate puntual
sobre la legislación aduanera arrastra —en sus comienzos como reconocimiento de
la situación y luego como propuestas orgánicas— la necesidad de una evaluación
sobre esas industrias madres y su futuro en el marco de la experiencia que
ofrece la coyuntura.
En 1918, en el Mensaje
leído por Pelagio Luna ante la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo hace una
revisión de la acción tutelar desarrollada en favor de la colocación de los
productos agrícolas y de las medidas adoptadas en apoyo a la industria.
Yrigoyen fundamenta estas decisiones en las siguientes consideraciones:
“Es previsión y cálculo del porvenir y defensa del
productor y del industrial uno de los puntos capitales del programa de este
gobierno, que cifra en la actividad fabril la independencia económica que el
país anhela conquistar”.[17]
Esta propuesta se ve
ampliada y profundizada en el Mensaje inaugural a las Cámaras del Presidente
Alvear, quien enuncia un programa global, tendiente a evitar las crisis
periódicas y a orientar por cauces nuevos la estructura productiva, tanto
agraria como industrial, del país. Lograr este objetivo significa diversificar
la economía, fomentar la industria, desarrollar una agricultura intensiva. [18]
Operacionalmente, esta
propuesta se traduce en una reorganización ministerial del área de Agricultura,
a través de la gestión de Tomás Le Breton que dio impulso modernizador a su
ministerio, explicitado particularmente en el campo estadístico y de
investigación aplicada (Solberg, 1975: 273-274).[19]
Diversificación
productiva y racionalización aparecen como consignas fundamentales en el marco
de las propuestas presidenciales y de las reflexiones que provienen tanto del
campo intelectual como del de las corporaciones. En 1921, por ejemplo,
Alejandro Bunge argumenta:
“Después de 1908, la Argentina empezó a ser un país
estático, desde el punto de vista de su organización económica. Y estamos
palpando las consecuencias. Ha bastado que la capacidad de consumo de Europa se
haya reducido, o que algunos estados hayan modificado su política,para que la Argentina
se vea amenazada con una larga crisis...” (Bunge, 1984:247).
A este diagnóstico que
el economista realiza sobre el peso negativo que la excesiva especialización
productiva ha tenido sobre la economía nacional, sigue una propuesta de
transformación económica del país:
“Si bien interesa a la Argentina el aumento de su
producción agrícola y ganadera, sería altamente perjudicial para nuestro pais
si con ese aumento no se siguiera produciendo, simultáneamente, la
diversificación de sus fuentes de producción y el desarrollo equivalente en sus
industrias manufactureras. Nos encontramos en un momento económico semejante al
de la época del economista List en Alemania y al de los Estados Unidos hace
cuarenta años.
“La Argentina, por su bien y por el de Europa, no
puede ni rdebe seguir siendo un país exclusivamente exportador de carnes,
lanas, cuerosy cereales; puede y debe producir, y aún exportar en un porvenir
no muy lejano, manteca y queso, calzado, petróleo, algodón y otras fibras
textiles, arroz, yerba, etc. Puede y debe también aspirar a exportar sus
productos con mayor elaboración que hasta hoy.
“La política económica argentina ha permanecido
demasiado tiempo estacionaria y al pasar ahora de un período agrícola a un
período industrial lo hará, en lo que de ella depende, en la forma paralela que
su territorio privilegiado le permite, es decir, sin detrimento de su
agricultura” (Bunge, 1984:251).
La propuesta que
formula Alejandro Bunge adquiere las siguientes características: por una parte,
no constituye un programa de sustitución total de los ejes agroexportadores;
sólo se formula como alternativa a responder a una situación de estancamiento
que se viene produciendo en la economía argentina; por otra, no sólo no
antagoniza sino antes bien los complementa pues los rubros industriales que
enumera como núcleos de esa diversificación son derivados precisamente de los
recursos originados en el sector primario. Se trata del desenvolvimiento de las
llamadas “industrias naturales”, por último, es posible suponer que el llamamiento
industrialista de Bunge se hace en representación de sectores comprometidos con
el capital industrial.
Esos sectores que
tienen una representación específica en la UIA se nuclean simultáneamente —en
forma individual o como empresas— en una entidad plurisectorial como la CACIP,
desde donde expresan:
“Tenemos que acordar ante todo a nuestra
producción manufacturera un apoyo eficiente para que pueda ir evolucionando sin
peligro de verse expuesta a la competencia ruinosa de países especificamente
industriales. Habrá que coartar asimismo, la vida pródiga mediante un gravamen
mucho más elevado sobre los bienes no indispensables para la vida o para la
producción. Una política orientada así, en las circunstancias presentes de la
economía mundial; no sólo deberá restablecer el bienestar de la Nación y de los
factores vitales de su producción, sino ante todo, inaugurarse con la seguridad
o bajo un consenso tácito de que continuará primando la situación económica
nacional durante un tiempo suficientemente prolongado para que el capital
arriesgado a la empresa, bajo el dominio de esa política, pueda encontrar en el
desarrollo mismo de su actividad industrial la fuerza necesaria para poder
seguir prosperando aun bajo una política menos favorable”. [20]
El párrafo precedente
no es de ningún modo una proclama de nacionalismo económico, sino la lógica
respuesta que dentro incluso del marco liberal conviene dar a las políticas
arancelarias de los tradicionales clientes. En este sentido, cabe recordar que
la producción manufacturera para la que se solicita protección está integrada
por los rubros deducidos de las materias primas originadas en el agro o por
renglones claves de las industrias extractivas, como el petróleo.
Este conjunto de
manufacturas agroindustriales constituye el horizonte consensual de los
sectores adheridos a la CACIP (Sociedad Rural, Bolsa de Comercio, Cámaras
Empresariales, etc.). Y en este sentido, un miembro representativo de la
Sociedad Rural coincide con lo afirmado anteriormente y marca con claridad no
sólo los niveles de acuerdo, sino también los límites dentro de los cuales debe
encuadrarse el proyecto de industrialización:
“La República Argentina es un país industrializable,
La industrialización no tiene por qué hacerse a partir de los minerales, porque
el concepto que sostiene a éstos por base del proceso industrializador es anticuado,
pues bien puede el país llegar a ser industrial careciendo en absoluto de
minas, siempre que reúna otras condiciones. En efecto, ¿qué es el mineral con
relación a la industria?; una materia prima cualquiera en inferioridad de
condiciones a otras materias primas, como los animales y los vegetales, por la
sencilla razón que unos son cuerpo de composición sencilla e inorgánica
mientras que los otros son complejos y organizados; consisten estos últimos en
el producto de millones de pequeños laboratorios químicos en los cuales la
naturaleza elabora sustancias que el hombre es incapaz de preparar
sintéticamente. Nuestros ganados y nuestros vegetales constituyen una fuente
inagotable de materias primas suficientes para proporcionar inversión
industrial a muchos millones de pesos y trabajo a varios millones de hombres.
Se trata de una evolución que viene sufriendo la industria, consistente en el
mejor aprovechamiento de los cuerpos organizados, de tal manera que las industrias
de elaboración de los productos animales y vegetales van superando en
importancia a las manufacturas de materias inorgánicas”.[21]
Estas proposiciones
encuentran buenos receptores en los equipos de gobierno, tanto de la gestión de
Yrigoyen como de la de Alvear[22],
en la que se destaca más el predicamento de Alejandro Bunge. Dicho
predicamento deriva no sólo por su
accionar a través de diversas funciones públicas en el Departamento Nacional de
Trabajo o en la Dirección General de Estadística y como asesor del Ministro de
Hacienda, Rafael Herrera Vega, sino también por sus reflexiones explicitadas en
la Revista de Economía Argentina, que comienza a editarse a partir de 1918.
Crítica situación de
nuestras exportaciones, dificultades consecuentes en la capacidad de
administrar divisas, búsqueda de alternativas de crecimiento ampliado,
conflictos suscitados en los distintos sectores
sociales golpeados por la coyuntura, son todos síntomas que obligan
también a un nuevo esbozo del papel que el Estado, como ente administrador del
bienestar común, debe asumir frente a estas circunstancias.[23]
El gobierno radical,
que fundamenta su legitimidad en la libertad de sufragio[24],
se ve comprometido o más aún, compelido a definir sus roles en esa sociedad que
ha complejizado y escorzado los contenidos de sus demandas. Por una parte, debe
resolver o por lo menos contribuir a zanjar dificultades instaladas en el campo
social global, en función de reclamos diferenciales; por otra, despejar los
obstáculos inherentes a su propio aparato, particularmente en la esfera de la
disponibilidad de recursos financieros.
En general, las
dificultades en el campo social se refieren al encadenamiento de situaciones
derivadas de la coyuntura de la posguerra, que implican desde un proceso de
encarecimiento de los productos de consumo popular hasta rechazos o repelencias
de ciertos sectores a asumir alícuotamente, la resolución de los problemas.
En una visión meramente
fenoménica de las demandas contrastantes, podríamos situar el problema girando
en torno a un eje de oposición productores versus consumidores[25],
lo que nos ubicaría en un único nivel de confrontación, que plantea la puja
redistributiva entre los sectores obreros urbanos y rurales —principalmente
consumidores- y los empresarios de iguales ámbitos. Sin negar que éste es uno
de los as pectos más visibles del conflicto, es necesario señalar que detrás de
este antagonismo consumo-producción se halla una discusión mucho más compleja.
Ella, llevada adelante
fundamentalmente por los voceros del socialismo y por los dirigentes obreros,
no sólo está ligada al aumento de valor de los productos de subsistencia, que
inciden directamente en la composición del salario y cuya alza se atribuye a
las leyes aduaneras, sino también al manejo que desde el Estado se hace de la
política monetaria y de cambio. Este manejo que según el planteo de Justo
responde a la presión de considerables intereses sobre el Estado, había
provocado en los últimos años no sólo una transferencia de excedentes desde los
sectores ganaderos hacia los frigoríficos, sino también del conjunto de los
asalariados y pequeños productores a los exportadores:
“En estas condiciones monetarias, la carestía de la
vida se produce por un doble mecanismo: todo lo que se consume en el país,
producido en el país, que son principalmente artículos de exportación como pan,
carne, cuero y lana, calzado, algodón y tejido, etc., todo esto se vende a más
alto precio en el país y se encarece prácticamente para los que reciben su
salario y sus sueldos en papel; y todo lo que viene de afuera, se encarece
también, porque cuesta más el producirlo al país, en papel”.[26]
Este análisis obliga a
ampliar la óptica alrededor de la puja “consumo-producción”, en la medida en
que no sólo aparecen implicados en ella obreros urbanos y rurales, sino también
otros sectores del mundo urbano y del mundo rural, a quienes el incremento de
precios de productos de consumo —vía tarifas aduaneras, vía política monetaria—
reducen notoriamente el valor de sus ingresos.
Frente a esta pugna
distributiva, no sólo las clases populares sino también las dirigencias
empresariales adoptan el criterio de apelación al Estado para que éste intervenga,
mediando en esta lucha de reparto del producto social.[27]
Esta mediación, de acuerdo con el lugar social desde el cual se plantea,
conduciría a diferentes formas de intervención.
Las medidas se
desplazan desde la instrumentación de una serie de leyes impositivas hasta la
conformación de un aparato jurídico-administrativo que legisle y supervise el
abastecimiento del mercado interno y la relación con el internacional. En esta
última línea se inscribe la legislación anti-trust y la conformación de la Junta
de Subsistencias, sancionada esta última alrededor de 1920.[28]
Un proyecto que no
llega a ser sancionado, pero que profundiza la acción del Estado como mediador
en la puja sectorial es la propuesta de creación de una Junta de Economía
Nacional (1921) presentada ante la Cámara de Diputados por Isaac Francioni y
Emilio Cardarelli, diputados santafecinos de la U. C. R. En la fundamentación
de su proyecto, Francioni afirma:
“...Frente al satisfecho que tiene en abundancia lo
necesario al sustento y puede esperar, y al hambriento que necesita alimentarse
y no puede esperar, no existe situación de igualdad. El que tiene locales
vacuos de su propiedad y el que forzosamente necesita hospedarse, no se hallan
en situación de igualdad para pactar. No es posible dejar a las coordinaciones
espontáneas la solución de estados así, que pueden resultar irreductibles con
peligro evidente del orden, de la tranquilidad y del bienestar público. La
pasividad del Estado, en vez de constituir una garantía de la pretendida absoluta
autonomía contractual, contribuiría a que bajo la forma de una apariencia
engañosa, se la violase e hiciese desaparecer injustamente. Hay necesidad
entonces, de que el Estado intervenga en las disciplinas de las libertades, que
si se pretenden y reconocen ilimitadas, se destruyen y aniquilan entre sí. Es
preciso, pues, rectificar el concepto de la absoluta autonomía contractual,
admitiendo la justicia de determinadas restricciones que impuestas en la medida
que señala el interés colectivo, nunca deben importar anularlas, sino definir
la verdadera extensión que corresponde a su razón de ser...”.[29]
En ambas piezas
legislativas hay un reconocimiento de que las fronteras del Estado
abstencionista en lo económico han perdido vigencia como consecuencia de una
complejización creciente de la sociedad y de una multiplicación de las
demandas. Tanto en el proyecto de la Junta de Economía como en el de la
creación de la Junta Nacional de Subsistencias, si bien se apela al Estado para
que amplíe su esfera de acción en el campo económico, aparecen compartiendo esa
acción con peso diferencial, los representantes de las corporaciones que
integran organismos colegiados.[30]
La nota distintiva
estaría dada por el proyecto de Francioni, en donde la intervención del Estado
no sólo abarcaría prácticamente todos los ámbitos de la economía sino que
tomaría en cuenta las profundas repercusiones sociales que el desequilibrio
generado en la puja sectorial Podría tener. Se introduce aquí, en el discurso
político de una vertiente del partido oficial, un concepto no frecuente para el
momento y generalmente atribuido a la tradición socialista: el concepto de
justicia social. Dicho concepto estaría sintetizando el cumplimiento de la
propuesta presidencial de equilibrio o armonía entre el capital y el trabajo en
función de la estabilidad social. En este sentido, Francioni afirma:
“Las medidas coercitivas, muchas veces, detienen el
empuje de las energías en explosión, pero son remedios artificiales de efímera
eficacia, porque dejan intacto y vivo el germen que las ha provocado.
Son,entonces, normas nuevas que interpretan mejor el concepto más claro, que es
posible tener hoy día de la justicia social, lo que es menester para asegurar
la vida quieta y pujante de la colectividad humana”.[31]
Para completar el arco
de las demandas a la intervención del Estado deberemos penetrar en el seno
mismo de un universo empresarial en el que no existe una percepción unívoca ni
de la situación, ni de las alternativas de solución. Es evidente que en algunas
discusiones importantes en este período como lo son la crisis ganadera, la ley
anti-trust [32]
ley de aduanas y el presupuesto, se revela una dura disputa en el campo de la
clase dominante en torno a la redistribución interna de la parte del excedente
social que intenta apropiarse, lo que concomitantemente implica un reparto
diferencial de los costos de los desajustes a los que se debe hacer frente.
Si bien no se puede
esbozar un esquema permanente y definido de líneas de enfrentamiento, es
posible delimitar la existencia de cierto acuerdos o alianzas coyunturales que
se descubren en los documentos de las corporaciones o en las discusiones
parlamentarias. Incluso es factible observar algunos matices o modificaciones
en las posiciones que ciertos sectores adoptan frente al mismo tema a través
del tiempo.
Pero lo que emerge con
claridad de la documentación es que las pugnas se desvanecen cuando el punto de
debate está referido a la cuestión social, al manejo que el Poder Ejecutivo
hace de los recursos de la Nación y a la falta de control del Poder Legislativo
sobre este plano de las decisiones y de las acciones. En estos dos últimos
casos, a los voceros de la política conservadora y de las grandes
corporaciones, se suman también la representación socialista y aun ciertas
vertientes del partido oficial.[33]
Entre los problemas que
generaron un amplio debate en la sociedad argentina se encuentra el de la
crisis ganadera[34]
con la que se vincula entre otras la discusión de la ley anti-trust.
El conflicto de los
hacendados arrastraba una tradición casi decenal de enfrentamientos en donde se
conjugaron frigoríficos (tanto británicos como norteamericanos), ganaderos (de
la provincia de Buenos Aires, de otras zonas de la Pampa Húmeda y marginales a
ella; dedicados a la cría de ganado o a su engorde): obreros de la carne y del
transporte, en fin, consumidores. En la marcha del conflicto se generan
debates, apelaciones, luchas, alianzas, reacomodaciones en cuyo trasfondo se
avizora la proclividad a demandar del Estado algún tipo de intervención. Estos
episodios provocarán además de las reubicaciones ideológicas y políticas de las
fuerzas en pugna, el irremediable fraccionamiento de los ganaderos, entre
criadores e invernadores. La coyuntura de los años ,1921 y 1922 da ocasión a
que la polémica se aposente en el sistema político, desde el cual se procurarán
medidas tales como fijación de precios mínimo y máximo de comercialización; estatización
de la actividad de conservación del producto y control estatal sobre el mercado
de la carne.
En esta polémica, que
se desarrolla fundamentalmente en el ámbito parlamentario y de la que se hacen
eco algunos diarios y revistas del momento[35],
se va a expresar el tipo de rupturas que se producen entre aliados
aparentemente tradicionales y una toma de distancia por parte de ciertas
corporaciones que deciden ignorar la apelación de los voceros del sector
ganadero para considerar el problema como de “utilidad pública".[36]
Pese a los esfuerzos de
Matías Sánchez Sorondo de diluir la oposición entre criadores e invernadores
frente al adversario único representado por los frigoríficos, la misma se
profundiza y se plantea incluso en el marco de la Sociedad Rural, de la que
temporalmente quedan desplazados los invernadores durante la presidencia de
Pagés. A través de sus argumentos, no sólo es posible delimitar las diferencias
económicas que los separan, sino también la forma diferenciada de su apelación
al Estado. Mientras la preocupación de los invernadores reside básicamente en
que el Estado intervenga controlando la comercialización de las carnes y la
conformación de frigoríficos nacionales, la de los criadores apunta a acentuar o sumar a estas dos
demandas la garantía de un precio mínimo. En cambio, en la puja planteada entre
ambos sectores ganaderos y los frigoríficos, el centro de la discusión pasa
fundamentalmente por el intento de criadores e invernadores de trasladar la
decisión del problema al ámbito político y alejarlo del “libre"
funcionamiento de las leyes del mercado[37],
como es el interés de los segundos.
La presión de los
frigoríficos sobre el mercado e indirectamente sobre el Estado disuelve
rápidamente los frágiles acuerdos entre invernadores, criadores y consumidores
(avalados estos últimos no sólo por los miembros del Partido Socialista sino
también por otros del Partido Radical como el diputado Caballero) e impulsa un
reacomodamiento de fuerzas que empuja fuera del acuerdo a los eslabones más débiles
(criadores y consumidores). El nuevo acuerdo pondrá también en evidencia los
límites temporales y espaciales que el sector invernador impone a la acción del
Estado.
Engarzado con la crisis
ganadera y con las inquietudes que generara la declinación del dinamismo y
eficiencia del aparato productivo, se levanta el problema de los trusts. Esta
inevitable tendencia del desarrollo capitalista es percibida por la sociedad
argentina de la primera posguerra tanto desde distintos foros de discusión
—según los intereses sociales que afectan tales mecanismos— como desde diversas
medidas orientadas a evitar tales prácticas monopólicas en variadas actividades
que interesan, ya al funcionamiento central del modelo de acumulación, ya a la
satisfacción del consumo interno.
Desde el sector de la
producción, la presencia de trusts o Pools percibe tanto en el tratamiento del
problema ganadero como en rubro de los hidrocarburos. En el primer caso, desde
el Parlamento, se elevan algunas voces como las del diputado Vidal, que
amonesta la inacción oficial en la materia:
"El único responsable de la falta de leyes de
defensa de la ganadería es el ministro de Agricultura... Si los frigoríficos
hubieran sabido que el Poder Ejecutivo no toleraría el abuso, eso hubiera
bastado. Estas empresas han procedido en la forma en que lo han hecho porque
sabían que no incurrirían en responsabilidad porque el ministro se había
anticipado a manifestarlo así... Cuando tuvo interés sin ley pudo conseguir
representantes de los frigoríficos y ahora, con ley no puede conseguirlo porque
faltó voluntad... El Poder Ejecutivo está perfectamente convencido de que
existe un trust o combinación para explotar la industria…".[38]
Esta nueva situación,
en donde los hacendados claman por el proteccionismo del Estado frente a las
maniobras de los pools frigoríficos
tiene su expresión más alta en la alocución que realiza el diputado
Matías Sánchez Sorondo, donde ubica la alternativa en los siguientes términos:
"Aquí se trata, señores diputados, de decirles a
estos hombres: seguid tranquilos vuestra tarea, base y cimiento de la
prosperidad colectiva, estamos advertidos de las maniobras que os despojan y os
aniquilan; os defenderemos, porque tal es nuestro deber de representantes del
pueblo, nuestro deber de hombres políticos que tienen a su cargo la salud general….nuestro
deber de argentinos, y yo agregaría, nuestra conveniencia de egoístas. O bien
de decirles: continuad, continuad, si os resulta en las condiciones actuales,
nada podemos hacer por vosotross, nada podemos hacer contra la ley de oferta y
la demanda, ni contra los frigoríficos…".[39]
Un segundo antecedente
de debate se vincula con el rubro de los hidrocarburos. La guerra mundial había
trabado la fácil introducción del carbón -insumo casi insustituible del
transporte y de las manufacturas— lo que encaminó la perspectiva de estimular
la exploración y explotación petrolera, a partir del conocimiento comprobado de
los recursos petrolíferos disponibles en el territorio nacional. Y esta
posibilidad inmediatamente debió enfrentar los intereses imperialistas que
procedían tanto de las compañías yanquis como de las británicas y europeas quienes
desde el fin de la contienda, competían por el control de las reservas
mundiales y, en el caso de Argentina existían razones, no sólo justificadas por
los recursos naturales existentes sino alentadas por una demanda interna
insatisfecha y una legislación permisiva al interés lucrativo.
Ya en 1916, nueve meses
antes de la asunción de Yrigoyen a la primera magistratura, La Nación
editorializa sobre la cuestión, propugnando una política mixta del Estado y
particulares:
“La emisión de bonos para la explotación es, a nuestro
entender, el único medio de allegar los recursos que el tesoro nacional no
puede :invertir en ella; pero la condición de privilegio que se quiere acordar
a esos documentos para la adquisición del producto no parece sino muy peligrosa
y contraria a los altos fines económicos considerados para mantener los
yacimientos del Estado”.[40]
A pesar de que el
temprano radicalismo no incorpora a su cuerpo doctrinario el principio
patrimonial del Estado sobre la riqueza del subsuelo, da debida atención a la
misma en sus mensajes a las Cámaras:
“La industria petrolífera ha recibido toda la intensificación
posible, conciliable con el estado actual de la fabricación de maquinarias y
los fletes que dificultan el transporte de elementos con que pudiera aumentar
los pozos y la producción... y el Poder Ejecutivo ante las exigencias de las
industrias del país, nacidas a raíz de la imposibilidad de obtener combustible
en el exterior, juzgó indispensable aumentar en toda forma la producción... No
sólo intensificó la explotación, sino que contrató con la Compañía Argentina de
Comodoro Rivadavia la compra del producido de sus pozos”.
A esta confesión de los
límites impuestos por las circunstancias y del convencimiento de la necesidad
de aumentar la explotación del rubro, sigue una reflexión sobre los beneficios
indirectos que la caída de las importaciones ha provocado en el mercado
interno:
“La falta de petróleo extranjero ha traído mayor
demanda y mejores precios. Lo mismo ocurre con las demás industrias mineras...
La necesidad de bastarnos ha tenido como consecuencia la entrada en valor de
numerosos yacimientos que anteriormente habían sido desdeñados por la facilidad
con que se recibían los mismos productos del extranjero”. [41]
Aunque durante todo el
primer gobierno radical la oposición sistemática del Congreso impidió un
verdadero plan de activación de los yacimientos fiscales, ésta cobrará mayor
dinamismo bajo la presidencia de Alvear, cuando el General Mosconi asuma la
conducción del área.
No obstante las
dificultades reales y las oposiciones políticas, desde otros canales de opinión
se advertía sobre la necesidad de estatizar la producción de nuestras materias
primas minerales como queda indicado en el comentario que realiza La Nación
en 1920:
“Al comienzo de la guerra europea se dejó sentir la
carencia de combustible extranjero... fueron muchos los ilusos que pensaron que
había llegado la hora de explotar en forma racional e intensa los yacimientos
nacionales... Sin embargo, terminó la guerra y nuestras industrias vuelven a
recurrir al petróleo de Méjico y a los carbones ingleses y americanos, a pesar
de los precios extraordinarios y a la inseguridad del aprovisionamiento...
Creemos que es hora de que el Estado
encare el problema del combustible mineral, ya que existen en el país y
yacimietos capaces de abastecer a las industrias nacionales”.[42]
A estas repetidas
controversias que traducían el desasosiego de distintos sectores sociales
frente a maniobras obstructivas de la libre competencia en los puntales de la
actividad económica y que iban perfilando una nueva discusión en torno al Estado,
se agregan otras en donde se resumen los temores de algunos productores
regionales como del conjunto de los consumidores, acuciados por un proceso
inflacionario que atenta cotidianamente contra su poder adquisitivo.
En esta perspectiva se
inscribe el Informe y anteproyecto de Ley que la Comisión Investigadora de las
actividades de los trusts presenta a las Cámaras. Presidida por el socialista
Juan B. Justo, trabaja durante casi dos años en el análisis de actividades
económicas relacionadas con la producción del petróleo, cal, azúcar, vino,
harina, papas y carne y con la situación del transporte, a fin de detectar
maniobras que afectan el funcionamiento natural del mercado. En las
conclusiones a las que arriba la Comisión, se señalan cuatro propósitos principales
que subyacenen la respectiva legislación propuesta:
“1) Reparar los errores cometidos en la política
económica.
2) Corregir los vicios de la economía capitalista en
los servicios
públicos.
3) Educarnos en la acción técnico-económica.
4) Poner nuevas vallas legales al derecho de abusar de
la propiedad”. [43]
A pesar del sesgo
literario socializante, los redactores de los anteproyectos consideran
maniobras monopólicas las medidas proteccionistas de las autoridades
provinciales sobre determinada producción o actividad. En este sentido, son
claras las intenciones expresadas al proponer la rebaja de derechos de aduana
sobre el vino, azúcar y otros artículos para:
“...disociar a los sindicatos capitalistas de los
gobiernos de ésas Provincias; sindicatos y gobiernos hoy íntimamente unidos,
hasta el punto de constituir trusts oficiales para explotar al pueblo
consumidor de toda la República, los sindicatos mediante el monopolio; los
gobiernos mediante los impuestos a la producción”. [44]
En similar dirección la
Comisión propone la modificación de la Ley General de Ferrocarriles por
entender que éstos constituyen servicios públicos que deben asimilarse a otros,
como el correo o el telégrafo. En tal argumentación se sostiene que
“las grandes empresas de transporte... creadas con
fines de ganancia y manejadas por hombres que pueden servirse de ellas para sus
fines personales, tienden generalmente a preferir a los grandes cargadores, a
expensas de los pequeños y contribuyen así poderosamente a la formación y
robustecimiento de los trusts. Necesario es entonces prohibir por ley esos
favoritismos, para evitar el monopolio”.[45]
Pero la particular
concepción que, seguramente desde el cuerpo doctrinario socialista, se tiene
del proceso de centralización del capital, cobra especial nitidez cuando se
afirma:
“La tendencia capitalista a la centralización y el
monopolio, como último resultado de la competencia es universal y, en una u
otra forma podemos considerarla inevitable. Bienvenida sea esa centralización
cuando resulta del triunfo en buena ley de una empresa, gracias a su
técnica más avanzada y a su organización
superior a la de las otras. Pero también en este caso queda sujeta la
colectividad a un monopolio y, a veces, a un monopolio extranjero. Si esta
situación no ha de perdurar, se rá solamente capacitándonos para la
organización pública o cooperativa de la producción, de la distribución y del
cambio exterior de nuestros productos. La lucha contra los trusts sólo puede
emprenderse y llevarse hasta sus últimas consecuencias donde la administración
pública es inteligente y honesta y satisface necesidades colectivas
económicamente.[46]
Con este fin, la
Comisión propone aumentar la eficiencia del aprato político, a través de una
acción casi pedagógica, complementada por la creación, desde los consumidores,
de cooperativas diversas, que desalienten las prácticas delictivas en el
mercado. Esta ingenuidad de interpretación se atenúa en el tratamiento del
último objetivo cuando reconoce los artilugios de los que se valen "para
disimular sus enormes ganancias, los trusts embrollan tanto como pueden sus
cuentas y aguan su capital”.[47]
Con este
reconocimiento, el proyecto de ley amplía su jurisdicción trusts al "campo
entero de la producción y el comercio, ya que en todo él puede manifestarse la
acción extorsiva y destructiva del monopolio”.[48]
No obstante estas
últimas cláusulas, el espíritu del anteproyecto de ley tiende a examinar el
problema desde la óptica del consumidor y en tal sentido, está destinado
“a propender al
abaratamiento de los artículos de primera necesidad, asegurar una provisión
adecuada, facilitar el movimiento y distribución equitativa de las substancias
alimenticias, combustibles, artículos de vestir... impedir el acaparamiento o
especulación". [49]
Y en alguna medida,
frente a las posibles oposiciones que se presenten a la propuesta, la prensa
importante del país opina que:
“…será
preferible siempre esa ley por deficiente que sea, a estos proyectos contra el
acaparamiento y trustificación (que) no hacen sino anarquizar y enervar la vida
económica y comercial del país, entrañando
serias tribulaciones".[50]
Paralelamente a la
discusión de la crisis y de los trust v a desarrollarse la del impuesto a la
renta y del impuesto al ausentismo. Nuevamente aquí se produce un
realineamiento de fuerzas incluso indica cambios de posturas en el interior de
algunas corporaciones a través del tiempo. En 1919, la CACIP realiza una
encuesta preliminar para tratar dicho impuesto.
De la misma participan las diferentes Bolsas de Comercio, de Cereales,
Sociedades Rurales del interior, Cámaras, la UIA y Centros de Importadores,
etc.
En función de la
orientación de la mayoría de las respuestas, la CACIP considera tal impuesto
inoportuno y peligroso, en primer lugar porque
" Importa abrir la era de los avances del Estado
sobre la afor tunada de las empresas e iniciativas individuales... porque su
producido reagravaría los males ya agudos de la burocracia y de la ineficiencia
de la centralización: (porque) la creación de impuestos proporcionales al
rendimiento del trabajo o de los capitales en unos años, sin que para nada se
tenga en cuenta la contracción de valores a que estamos sujetos, importa
cercenar a título de la renta una parte de la fuente de producción mismas, en
una faz de su evolución peculiar al medio en que se desenvuelve… (finalmente)
por la probable reemigración de capitales y dificultad de que se introduzcan
otros nuevos, por la desaparición del incentivo que hasta ahora les ofreció la
moderación de los impuestos argentinos y la no intervención de las autoridades
fiscales para averiguar su origen, manejo y beneficios.[51]
En este momento, en que
las vinculaciones de la UIA con la CACIP parecen no ser tan estrechas como
posteriormente, si bien la primera comparte la necesidad de realizar un estudio
más a fondo del problema y postergar su tratamiento, vería complacida
"que el
impuesto a la renta se convirtiera en la principal fuente de recursos del
Estado, dejando al legislador en libertad de servirse del arancel aduanero como
instrumento esencial de la política económica, que tare o temprano y a pesar de
todas las prédicas contrarias, tendrá que adoptar la de una razonada protección
a las industrias transformadoras como único medio de complementar la
independencia política de la Nación".[52]
Las líneas de análisis
marcan las diferencias entre dejar libre el juego del mercado o intervenir en
él a través del Estado; preservar la propiedad de la tierra libre de cargas
impositivas o asentar el peso de los recursos del Estado sobre ella,
recurriendo al mismo tiempo a una política arancelaria no con fines rentísticos
sino de real protección a la industria. Como lo señaláramos precedentemente, el
sector terrateniente recurrirá al Estado sólo cuando sus intereses resulten
fuertemente afectados pero intentará bloquear toda acción de éste que procure
limitar su poder.
Entre 1922-23, el discurso
de la CACIP se ha matizado. Por un lado porque demanda en general una mayor
intervención del Estado y, en segundo lugar, porque considera aceptable un
impuesto a la renta y un impuesto al ausentismo como el propuesto por la
Facultad de Ciencias Económicas, a inspiración del Dr. Eleodoro Lobos.[53]
Desde los sectores
políticos, también se elevan voces favorables a tales proyectos, como las de
Justo o Lisandro de la Torre[54]
pero la presión de los sectores terratenientes nuevamente impedirá su sanción.
Las crecientes y
diferenciales apelaciones al Estado, así como la preocupación en torno a las
decisiones que éste adopte, particularmente en el plano de la economía y que
podrían afectar las formas de redistribución del excedente social, nos conduce
a analizar cuáles son algunas de las reflexiones y algunos de los problemas que
se suscitan en uno de los niveles más operativos de'ese Estado, como es el
Poder Ejecutivo. De este modo, puede observarse el entrecruzamiento de
discursos y justificaciones que, en nombre de intereses sectoriales,
interactúan en estas reclamaciones y respuestas.
Un área en la que esto
se refleja con mayor claridad es la referida a la discusión del presupuesto de
la Nación que atañe, en definitiva, al conjunto de la política económica planificada
desde el Estado.
Así como los desajustes
producidos por la guerra y las dificultades del reacomodamiento observadas en
la posguerra, han afectado los distintos sectores de la sociedad, también el
Estado se encuentra fuertemente limitado en la disponibilidad de recursos.
Fundamentalmente, esta limitación reside en el hecho de que los principales
recursos tienen su origen en la Aduana y están determinados por el nivel de las
exportaciones y de las importaciones. Ambos renglones manifiestan oscilaciones
preocupante alrededor de 1920 (Jorge, 1971:62). Por otra parte, el gobierno de
Yrigoyen que se inscribe en una nueva etapa política en la que se han
acrecentado los niveles de la participación, comienza a responder a ellos con
un incremento en los puestos de trabajo en el sector público. Este incremento
es visualizado, desde todos los grupos opositores, incluso desde la bancada
socialista, como uno de los eslabones que explican el creciente déficit fiscal,
y simultáneamente generador del significativo desorden administrativo,
atribuido a la gestión yrigoyenista. Así lo observa en las Sesiones Ordinarias
del año 1923, el diputado Rodolfo Moreno, refiriéndose a ella:
“Nos hemos caracterizado por el aumento innecesario e
inmoderado de los gastos; por el incremento enorme de la deuda pública, hecho
para satisfacer necesidades ordinarias de la administración; por el déficit...
por el desorden derivado de la falta de leyes y de la violación de las existentes...;
por la creación de intereses personales que perturban la administración...por
la mala política desenvuelta principalmente en las frecuentes y continuas
intervenciones a las Provincias cuyo régimen interno se ha perturbado de manera
profunda; por el desarrollo cada vez más acentuado de la burocracia; por la
repartición de empleos como consecuencia de servicios electorales prestados o
en expectativas y... la incompetencia en las direcciones, donde a base de una
democracia mentida, se han destruido, anarquizado o dislocado los organismos
más firmes y resistentes”.[55]
La dura crítica del
diputado Moreno, compartida por Lisandro de la Torre o por Juan B. Justo, no se
reduce indudablemente —como ya a suceder a lo largo de toda la discusión
presupuestaria— a algunos aspectos puntuales de la gestión de Yrigoyen, sino al
conjunto de la misma, la que a los ojos de la oposición aparece como altamente
desestructurante del sistema político vigente.[56]
Uno de los factores de tensión más graves que se ocultan tras esas críticas,
está dado por el hecho de que el Ejecutivo —en tiempos del primer gobierno
radical— ignoraba, sistemáticamente y descortésmente, a su par legislativo.
Esta ignorancia se justifica, según el diputado Justo, en el consenso alcanzado
por el gobierno de Yrjigoyen, a diferencia del de Alvear, lo que redundará en
una práctica diferente, en ambos momentos, en las relaciones entre los dos
poderes:
“El gobierno pasado tenía al menos la convicción de su
propia fuerza y en alguna corazonada hubiera podido acaso reducir algún renglón
escandaloso de gastos y reparar algún grave error, como éste que acabo de
mencionar de la situación monetaria del país.
“El gobierno actual no tiene esa fuerza; es un
gobierno que vive de prestado; está preocupado de mantener su propio
equilibrio, de atender a las exigencias de los amigos y no desagradar demasiado
a los enemigos de la propia denominación política, y será muy feliz si abre el
Congreso seis años seguidos y si mantiene a los ministros con más o menos
durabilidad, cierto número de meses o de años...
“Bajo el gobierno del presidente Yrigoyen estoy seguro
de que si el Congreso hubiera declarado abolida la ley que autorizó la clausura
de la Caja de Conversión, él con su ministro Salaberry, hubieran vetado la
nueva ley, tal era la medida que tenían de su poder de control y de limitación de
la acción legislativa”.[57]
Las diferencias entre
las dos administraciones que detecta el diputado socialista se comprueban en
las propias palabras del presidente Alvear, en su Mensaje a las Cámaras del 14
de diciembre de 1922 en las Sesiones Extraordinarias:
“Es una necesidad nacional e internacional, en esta
época, la reducción de los gastos públicos y privados. Sin satisfacerla,
cualesquiera que sean los sacrificios que imponga, no volveremos a la
normalidad administrativa...Reducir de pronto, personal y sueldos en la
Administración, produciendo la desocupación de siete u ocho mil personas en
sólo esta Capital... no debe ser la obra de un momento. Se realizará, sin
embargo, paulatinamente si ese personal no es necesario, como se reemplazará,
en todo caso, el que no sea competente, desde que el deber de economizar se
agrega al no menos exigente de asegurar el trabajo técnico y eficaz de la
Administración, aprovechando la preparación universitaria que costea del
Estado, del trabajo rural y de la educación nacional...
“A la necesidad de economizar a todo trance, se
agrega, como causa determinante de ese adelanto institucional, la mayor
influencia democrática en la vida administrativa. Mientras mayor sea el
sacrificio que se le imponga al contribuyente, mayor tiene que ser la
intervención que se le acuerde, dentro del sistema constitucional, sobre el
estudio, sanción y vigilancia de los gastos”. [58]
Estas argumentaciones
presidenciales acerca de la necesaria participación y contralor ciudadano de
los gastos públicos, son compartidas no sólo por el ámbito parlamentario, sino
fuera de él, por las corporaciones. En la Memoria de noviembre de 1923, la
CACIP afirma:
“Es pues, justo que los comerciantes, industriales o
productores sean oídos cada vez que se deba modificar una tarifa y a ese fin
corresponde la moción de crear un consejo consultivo, imitando en esto a todas
las naciones más adelantadas, las que cuentan con ellos desde largo tiempo
atrás... Esta ventaja se ha puesto bien evidente con motivo del aumento
introducido en las tarifas de 1922... Se hizo un trabajo tan bueno como fue
posible que no se hubiera conseguido sin ese acercamiento, sin esa discusión de
viva voz entre los representantes de intereses tan opuestos. Lo que se hizo con
carácter momentáneo, puede hacerse con carácter permanente y a ese fin responde
la moción, la que creemos debe estar de
acuerdo con las ideas del Poder Ejecutivo, ya que éste, por intermedio de
varios ministerios, ha iniciado una loable política de acercamiento entre el
Estado y las fuerzas vivas de la Nación".[59]
Una dinámica similar a
la observada en el tratamiento de los gastos públicos se refleja también en el
análisis de los mecanismos que aseguren la aproximación de recursos. En ambas gestiones
(Yrigoyen y Alvear) se parte de la inmodificabilidad de los derechos de la
exportación, y se propone como una de las soluciones la consolidación de la
deuda pública a través de empréstitos externos e internos, a fin de no
paralizar, por un lado los servicios esenciales de la administración y, por
otro, de extremar la resistencia impositiva del país. No obstante ello,
incluyen la necesidad del tratamiento de cierto tipo de impuestos, como el de
las tarifas aduaneras o sobre las rentas urbanas y los sellos.
La propuesta de la
consolidación de la deuda externa, si bien es compartida por ciertos sectores
conservadores, cuyo portavoz circunstancial es el diputado Moreno, no lo es por
la bancada demócrata progresista, quien se expresa a través de de la Torre:
“La mayoría de la Comisión de Presupuesto... cree que
le es permitido dividir las obligaciones del Estado en dos grandes grupos; en
uno, los gastos administrativos ordinarios del ejercicio; en otro la deuda
flotante; y este segundo grupo no puede entrar
en el presupuesto sin otra razón que la de que el Poder Ejecutivo se propone
consolidarla por medio de los proyectos que tiene sometidos al Congreso, es
decir, emisión de empréstitos internos y
externos, y desgraciadamente emisión de bonos del Tesoro, que en
definitiva es una emisión de billetes inconvertibles”.[60]
Para de la Torre, los
mecanismos de consolidación de la deuda pública estarían ligados a un aumento
de circulación monetaria sin respaldo, lo que incidiría, particularmente, sobre
los sectores más desprotegidos.
Esta visión es
compartida y ampliada por el diputado Rodríguez, al analizar el peso que sobre
los trabajadores de las provincias tienen los impuestos internos en vigencia.
Las argumentaciones más radicalizadas,
por fin, se ubican en el discurso socialista, que considera que la
totalidad de la política de gastos y de impuestos conduce a la pauperización
generalizada de la población.[61]
En todo este debate
subyacen distintas concepciones acerca de la política impositiva: por una parte,
las que se orientan a establecer las bases de recaudación en torno a un
conjunto de medidas que reparten el peso de la carga impositiva sobre toda la
población; por otra, en cambio, las que centran la esfera de recaudación en los
sectores económicamente más fuertes, impulsando proyectos como el impuesto al
mayor valor, el impuesto progresivo a la tierra libre de mejoras; el impuesto
al ausentismo; el impuesto a los valores mobiliarios y algunos otros valores
suntuarios (pasajes, alhajas, etc.).[62] A
esta última línea, adhieren no sólo los socialistas o de la Torre, sino también
ciertas vertientes del radicalismo e incluso, desde fuera de la instancia
partidaria, algunos entes empresariales, como la CACIP.
Reflexiones Finales
El análisis de esta
particular coyuntura de la historia argentina nos permite acercanos, en primera
instancia, a una discusión en torno de las peculiares condiciones creadas por
la guerra y la posguerra, en el marco del mercado internacional y sus
repercusiones sobre una economía insertada en él fundamentalmente a través de
la producción de cereales y ganado. Discusión que consideramos profundiza
algunas líneas de problemas que se vienen planteando desde fines del siglo XIX,
pero que no excede de la primera mitad de la década del '20. Los años 1924-25
parecen marcar, o por lo menos sugerir, que la recuperación de las
exportaciones cerealeras y particularmente, de las ganaderas, al asegurar las
condiciones del proceso de acumulación, relegan para una etapa posterior, la de
la crisis de 1930, el debate sobre la opción industrias naturales-industrias
artificiales; reciprocidad en el intercambio vs. comprar a quien nos compra;
proteccionismo o librecambio, etc.
Sin embargo, en
relación a la etapa precedente, es posible observar ciertas modificaciones,
fruto de las arduas polémicas y de la labor legislativa de estos años. Una de
ellas enfatiza una creciente preocupación por el mercado interno, visto tanto
desde la perspectiva de la inversión como del consumo. Los analistas económicos
detectan ese fenómeno en relación a las inversiones, particularmente desde
1924-26.
Ellos observan un
paulatino proceso de inversión de capitales, fundamentalmente extranjero (con
un fuerte peso del estadounidense) en la producción de bienes para un mercado
interno que ha crecido y se ha complejizado. Este proceso se ve acompañado por
una creciente preocupación por la eficiencia y diversificación del sector
agroexportador, especialmente durante la presidencia de Alvear.
Por otra parte, tanto
el Estado como las corporaciones parecen haber ganado un espacio mayor; se
replantean las relaciones del Estado con la economía y simultáneamente, las
relaciones de aquél con los grupos y organizaciones que expresan el desarrollo
de la conflictividad social.
¿Qué roles asigna esa
sociedad polifacética al Estado? Todos los sectores concuerdan con la necesidad
de que el Estado prescindente, aquél cuya única función real era la de
posibilitar el libre juego de las fuerzas del mercado, debe cesar y
forzosamente debe hacerlo en razón de que la reproducción del sistema en su
conjunto es lo que comienza a advertirse como necesidad fundamental de esos
momentos. En esta perspectiva, las demandas a la intervención del Estado cubren
un amplio espectro de situaciones tanto económicas como sociales: se solicita
su intervención como custodio de la producción básica o complementaria,
resguardándola de las maniobras especulativas y del monopolio; se promueve su
iniciativa directa para estimular nuevas inversiones y actividades; se exige su
mediación en la resolución de los conflictos que expresan la puja distributiva;
se lo presiona para que aplique medidas represivas a los desbordes obreros.
Pero todas estas
reclamaciones no se desplazan siempre en la misma dirección ni, obviamente, con
iguales fundamentos. Lo que sí se quiere, principalmente desde las dirigencias
de entidades que expresan intereses sectoriales, es acompañar (y en muchas
ocasiones, imponer) al Estado en esta política de intervención, de protección.
Este comportamiento
estaría indicando la convicción de estas corporaciones en cuanto sujetos y del
conjunto de la sociedad, en tanto ellas son legítimas depositarias de la
representación de importantes segmentos de la comunidad. Esta base de
legitimidad les permitirá actuar no sólo en función de demandantes de
diferentes acciones estatales, sino también —y el siguiente fragmento lo
ejemplifica— como opciones válidas frente a la inercia estatal, como en 1919,
cuando sectores empresarios fundamentan las iniciativas nacidas en su propio seno,
como respuestas:
“a la necesidad de llenar una tarea vacante que la
insuficiencia oficial no ha sabido comprender ni ha podido asumir. En el seno
de la Conferencia y bajo la cubierta de cuestiones exclusivamente utilitarias
en apariencia, se ocultaba una función política, porque su obra metódicamente
solidaria desempeñaba una función de gobierno. Los intereses del trabajo y
producción nacionales, descuidados por la perturbación de los que tienen la
misión de atenderlos, la coordinación económica de sus fuentes productoras desconocida
por la presente desarticulación de la técnica oficial y, por fin, las
aspiraciones de un mayor impulso, privadas de todo apoyo y de todo fomento por
un gobierno que reacciona tan sólo a las solicitaciones del partidismo, han
debido congregarse por un impulso en el cual se puede advertir tanto desilusión
en lo ausente, como confianza en sus propias fuerzas...”.[63]
Esto es también,
creemos, un indicador de nuevas condiciones en la discusión del poder, De aquí
en más, las corporaciones irán adquiriendo una dimensión diferente y su peso se
acrecentará a partir de la gran crisis.
Bibliografía
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Editores.
Fuentes
La
Nación
La Vanguardia
Diario de Sesiones,
Cámara de Diputados.
Diario de Sesiones,
Cámara de Senadores.
Confederación
Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción, Actas de
Asamblea General Extraordinaria.
* Este informe
de proyecto de investigación apareció publicado originalmente en el Anuario N°12.
[1] Ver
particularmente: Di Tella y Zymelman (1967); Díaz Alejandro (1983). Si bien Díaz
Alejandro discute el planteo de Zymelman - Di Tella, afirma que durante la
guerra, se asiste a un momento de real desajuste de las condiciones de
desarrollo previas y que, en el marco económico se expresan a través de la
reducción de las exportaciones cerealeras, a causa de la escasez de los
embarques, la caída de las inversiones extranjeras en el país, el cese de los
préstamos, la detención de las construcciones ferroviarias y de cualquier otro
capital social fijo, la notable reducción de las importaciones de maquinarias y
equipos, todo lo que en conjunto redundaría en una disminución de P. B. I. y,
por ende, del ritmo del crecimiento de la economía argentina. Dicha situación
se modificaría, de acuerdo con lo sustentado por Díaz Alejandro (1983: 61 y
ss.), desde 1917.
[2] La Nación, 15/04/1920.
[3]
Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción, Asamblea
General Extraordinaria, 8 de marzo de 1922, p.p. 11-12. La CACIP surge como
nucleamiento en 1917. De acuerdo con Dardo Cuneo (1984), dicha organización, la
primera en el país de este tipo, surge en un momento de real crisis de
representación de la UIA. Sin que ésta se integre formalmente en la CACIP,
participa de sus encuestas y, a través de algunos de sus socios, está de algún
modo presente, en sus asambleas o reuniones. Cuneo (1984: 79 y ss).
[4] La Vanguardia, 19/01/1919.
[5] Extraído de un artículo
de Castex Alberto, Anales de la Sociedad Rural Argentina, 1919, vol. LII,
p.p. 1017 y 197.
[6] El 3 de agosto de 1921,
Yrigoyen envía a la Cámara de Diputados un Mensaje, en cuyos pasajes centrales
se afirma: “Una vez más V. H. me impone la ingrata exigencia de reiterarle mi
desconocimiento a sus pretendidas facultades constitucionales para erigirse en
contralor del P. Ejecutivo ...Niego... la pretendida atribución que invoca,
erigiéndose... en superintendente de otro poder que lo es completo... V. H. ha
podido concurrir a dictar la ley a que alude, ésa es su función de cuerpo
legislativo, ahí terminan sus atribuciones; es el Poder Ejecutivo el encargado
de cumplirlas cuando se requiera su aplicación...”. Ver: Diario de
Sesiones, Cámara de Diputados, 1921, Tomo II.
[7] Confederación
Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción, Asamblea General
Extraordinaria, 8 de marzo de 1922, p.p. 32. En el mismo año y en "ocasión del
debate en Diputados sobre medidas para resolver la crisis ganadera, LIsandro de
La Torre reitera esa posición cuando atribuye al sistema latifundista y sus
consecuencias, la ausencia de propietarios, el origen del problema. Ver: Diario
de Sesiones, Cámara de Diputados, 1922, Tomo VII, p.p. 329-335. Similar
fundamentación se da en la propuesta del diputado Manuel Pinto, quien sugiere la
superación de la crisis a partir de una reforma agraria. Ver: Diario de
Sesiones, Cámara de Diputados, 1923, Tomo VI, p.p. 680-714.
[8] La Nación, 01/07/1920.
[9] CACIP, Asamblea General Extraordinaria, 8 de
marzo de 1922, p.p. 32.
[10] La UIA, por su parte,
tampoco se mostró satisfecha por lo sucedido en 1920. El 3 de marzo de ese año
se lee en La Nación el siguiente comentario: “La Asociación Industrial
Argentina, formuló serias observaciones al proyecto de ley de Aduana sancionado
últimamente por la Cámara de Diputados. Refiriéndose a la razón fundamental de
la reforma dice que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aduce
“que es indispensable señalar rumbos más humanos al impuesto aduanero,
reduciéndolo para todos aquellos artículos cuyo encarecimiento pesa sobre la clase
trabajadora... el socorrido argumento del encarecimiento de la vida es falso...
insistimos que no ha sido la causa que ha motivado la reforma. Absolutamente
no. La Comisión de laCámara de Diputados está constituida por hombres de
reconocida inteligencia y ellos saben que tal argumento no es real. El
indiscutible objetivo es otro. Los referidos inspiradores son reconocidos
librecambistas que han exteriorizado su desprecio por la industria nacional...
Resulta irrisoria la protección del 25 % prestada por la Comisión... Estas
doctrinas muy bonitas, porque huelen a libertad, pero muy perjudiciales porque
nos llevan a un internacionalismo económico que sólo puede convenir a los
magnates del industrialismo”. Este planteo de la UIA, por otra parte,
confirmaría de algún modo las afirmaciones de Cuneo sobre la primacía en la
misma, en esta etapa,de los pequeños industriales. Ver: Cuneo, 1984: 82-83.
[11] Ver,
por ejemplo, las posiciones de los diputados Lloveras y de La Vega, Diario
de Sesiones, Cámara de Diputados, 1923, Tomo IV,
pág. 231 y Tomo VIII, p.p. 66.
[12] Diario de Sesiones, Cámara
de Diputados, 1923, Tomo VII, p.p. 54 y 56.
[13] Diario de Sesiones, Cámara
de Diputados, 1923, Tomo VII, p.p. 382.
[14] Diario de Sesiones, Cámara
de Diputados, 1923, Tomo IV, p.p. 234.
[15] Diario de Sesiones, Cámara
de Diputados, 1923, Tomo VII, p.p. 290.
[16] Diario de Sesiones, Cámara
de Diputados, 1923, Tomo IV, p.p. 221.
[17] Diario de Sesiones,
Cámara de Senadores, 1918.
[18] Diario de Sesiones, Cámara
de Senadores, 1923.
[19] Se debe tener en cuenta
que en este período se produce una cierta diversificación del eje agroexportador
con la incorporación de la producción algodonera chaqueña y de la frutícola ligada
al Alto Valle del Río Negro.
[20]
CACIP, Asamblea General Extraordinaria,
8 de marzo de 1922, p.p.14-15.
[21] Castex Mariano, Anales
de la Sociedad Rural Argentina, 19 de enero de 1920
[22] En el año 1922, el
entonces embajador argentino en Italia, Angel Gallardo, envia una nota al
gobierno, tomando las argumentaciones de Bunge relativas a los cambios que se
obervaban en la posguerra en torno a la política de Gran Bretaña: “Esa
política inglesa, así enunciada por el Señor Alejandro E. Bunge parece tener ya
un principio de ejecución. La depresión brusca de nuestros productos ganaderos,
que ha causado la actual: crisis argentina, muestra la disminución del interés
de Inglaterra en la adquisición de nuestras producciones. La concurrencia de
los delegados de los Dominios en un pie de igualdad con los Estados Europeos a
la Conferencia de Génova y las palabras tan claras de Lord Birkenhead, son
nuevos síntomas de esta evolución, que pueda tener para nosotros consecuencias gravísimas
si no nos preocupamos en tiempo de nuestra industrialización. Cuando todos los
países desarrollan una egoísta política nacionalista o imperialista, no podemos
nosotros seguir jugando confiadamente toda nuestra fortuna y todo nuestro
porvenir a una sola carta, esperando siempre la reanudación de las condiciones
económicas anteriores a la guerra, que hicieron nuestra prosperidad, pero que
va en camino de no restablecerse nunca o, por lo menos, hasta dentro de muchos
años... Desde el punto de vista argentino creo que debemos tomar nota de esas
autorizadas opiniones y tratar de organizar nuestra existencia, de la manera
más independiente de Europa que nos sea posible... Debemos procurar la mayor autonomía
económica, tratando de fomentar nuestras industrias, a fin de librarnos de la necesidad
de comprar tantos artículos al extranjero” (Bunge, 1984: 248).
[23] Esta preocupación va
sentando desde el gobierno radical una propuesta de acción, tal como lo
expresan las palabras del presidente en el Mensaje enviado al Senado en 1918,
para avalar el proyecto de expropiación del azúcar: “...Marca (el proyecto)
un concepto de gobierno. Y una orientación económica... Al país le falta fijar
las bases primordiales de su constitución social... esencial deber de propulsar
los medios para que la justicia discierna sus beneficios a todos los rangos
sociales, tal como los sentimientos humanitarios imponen a la civilización: “La
democracia no consiste solamente en la garantía de la libertad política;
entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimo de
bienestar siquiera...“El Gobierno, inspirado en esos ideales, ampara todas las
clases, porque el poder del Estado es un factor esencial de justicia, cuida de todos
los intereses, buscando en el bienestar común la seguridad de cada uno: corrige
la desigualdad en la órbita de sus facultades, proponiendo leyes como
aconsejando soluciones...” Diario de Sesiones, Senadores, 31 de
agosto de 1920.
[24] Desde
la perspectiva del Ejecutivo, la legitimidad reside en la existencia del
sufragio libre y es esa legitimidad la que le otorga simultáneamente un mandato
directo, aparentemente sin mediaciones, por el cual asume la representación y
la responsabilidad del pueblo de la Nación. Clarifican estas afirmaciones los
párrafos del mensaje presidencial que el Dr. Luna lee en la inauguración de la
Asamblea Legislativa el 16 de mayo de 1918: “...El Poder Ejecutivo consideró
como su primer deber, dedicar su atención a la obra de restablecer el imperio
de las instituciones y el afianzamiento de los principios democráticos,
cumpliendo así el mandato que recibiera del pueblo de la Nación. En las
Provincias, como en esta Capital, sus habitantes gozan hoy de las más amplias
garantías y ante la firme resolución del Gobierno de no permitir que se usurpe,
defraude o menoscabe el derecho del sufragio, hacen saludable vida cívica, en
la seguridad de que concurrirán a comicios libres y garantidos. En poco tiempo
más, no podrá, pues, dudarse de la legitimidad de los gobiernos”. Diario de
Sesiones. Cámara de Senadores, 1918.
Este
análisis forma parte de uno de los problemas centrales de la discusión de esta
coyuntura sobre el que estamos trabajando, pero que no se incorpora al presente
informe.
[25] Del mismo modo que en
el caso precedente, la discusión en torno a la oposición
productores-consumidores será ampliada en el ámbito mayor del tratamiento de la
relación del Estado con las clases dominadas o subalternas.
[26] Diario de Sesiones,
Cámara de Diputados, 1923, Tomo Il, p.p. 256.
[27] No sólo debemos
recordar las propuestas de intervención que surgen desde la Sociedad Rural
con motivo de la crisis ganadera,
encuadradas dentro de ciertos límites, sino también las apelaciones que
provienen de otras organizaciones como la CACIP. En la Asamblea de 1922, ésta
plantea: “Las exigencias cada vez mayores de la civilización, y las grandes
perturbaciones. producidas por la guerra en el mundo, demandan mayores
esfuerzos y una inversión metódica y ordenada de los recursos. Estas grandes
orientaciones sociales, sólo pueden producirse desde el gobierno”. CACIP, Asamblea
General Extraordinaria, 8 de marzo de 1922, p.p. 14.
Estas propuestas ya han sido consideradas
como imprescindibles por Bunge en 1917: “El país no está capacitado para
defender la producción nacional por medio de la iniciativa privada. Si la
acción es indispensable y no puede esperarse que surja espontáneamente de la iniciativa
privada, es evidente que debe esperársela del Estado. Debe éste intervenir
¿Puede hacerlo? Todos losgobiernos del mundo están interviniendo
imperativamente y sin vacilación en este orden de cosas. Casi diría que las
circunstancias que motivan estas consideraciones no se habrían podido producir
de no intervenir los gobiernos compradores de nuestros productos. Nosotros
somos enemigos del “Estado Providencia” y del socialismo de Estado; pero
declaramos que, en este caso, sólo el gobierno del país puede hacer posible la
política económica internacional que imperiosamente reclaman las
circunstancias” (Bunge, 1984:44).
Un año después también Cárcano realiza un
planteo similar: “Los intereses consagrados por el tiempo, las luchas avivadas
por los intereses, la fuerza venciendo en las luchas económicas y la
conveniencia social venciendo al fin del estatismo institucional y las
prebendas tradicionales, consagran definitivamente el concepto de que el Estado
debe proteger, organizar y estimular proporcionalmente los elementos
indispensables de la producción...” (Llach, 1985:122).
A estas propuestas se podrían sumar las
apelaciones que provienen de otras corporaciones como la Federación Agraria
Argentina o de los sectores obreros. Ver: Bonaudo y Godoy, 1985 y Rock, 1977.
[28] “El aumento de los precios
de los productos de subsistencia se_revela no sólo en los diferentes análisis
del período sino también en las opiniones que se expresan en la prensa del
momento, en las demandas de los sectores sociales involucrados y en las
discusiones parlamentarias, particularmente desde los planteos socialistas.
Dicha preocupación que se extiende al problema del alto costo de los alquileres
y la escasez de vivienda, va a promover toda una legislación en estos años
destinada a abaratar ciertos artículos de consumo como lo son las harinas y el
azúcar; a congelar alquileres y arrendamientos y a proponer diversas salidas
para viviendas baratas. Entre esas propuestas figura la de la Junta de
Subsistencias consagrada a “evitar el acaparamiento, escasez, especulación en
artículos de primera necesidad, que perjudican al pueblo...”. Diario de
Sesiones, Cámara de Senadores, 1920. Lo llamativo de la propuesta es que
uno de los promotores del proyecto es el terrateniente azucarero salteño R.
Patrón Costas. Indudablemente, la propuesta de dicho senador está destinada a
buscar una medida intermedia que, sin afectar en demasía los intereses
azucareros, de algún tipo de respuesta a los consumidores. En ese momento se
está discutiendoparalelamente la propuesta del P. E. sobre la expropiación del
azúcar.
[29] Diario de Sesiones,
Cámara de Diputados, 1921, Tomo Il, p.p 49.
[30] En el proyecto de la
Junta Nacional de Subsistencias se propone que la misma esté integrada,
entre otros, por el Presidente de la Bolsa
de Comercio, el presidente de la Bolsa de Cereales, el presidente de la Unión
Industrial, el presidente de la Sociedad Rural.
[31] Diario de Sesiones, Cámara
de Diputados, 1921, Tomo Il, pág. 47.
[32] Dicha ley es aprobada
en Diputados pero todavía en 1923 no ha tenido real tratamiento en el Senado.
[33] Un ejemplo claro de
esta situación se observa cuando el diputado Justo solicita la interpelación al
ministro del Interior, a la que adhiere la bancada radical. Ver: Mustapic, 1984,
p.p. 94.
[34] El tema ha sido
ampliamente tratado por Smith (1983) y en consecuencia no vamos a profundizarlo
especialmente.
[35] Entre otros por La
Nación, la Review of tbe River Plate, Anales de la Sociedad Rural
Argentina,
el Buenos Aires Herald, etc.
[36] “He buscado el
principio a que debiera obedecer la legislación administrativa, y lo he
encontrado
en el concepto de la utilidad pública que
reviste la industria frigorífica como transformadora y circuladora de nuestra
riqueza ganadera, y de este concepto de utilidad pública emana la legitimidad
de la intervención del Estado, intervención que debe ejercitarse sobre ella
como se ejercita con caracteres de concesión, control y vigilancia en la
explotación delos ferrocarriles y en la explotación de las minas”. Defensa de Matías
Sánchez Sorondo en la Cámara de Diputados, Sesiones Extraordinarias,
Tomo V, 1922, p.p. 245.
Entre las corporaciones que ignoran la
apelación se hallan, según Smith, la UIA y la FAA. Ver: Smith, (1983:106 y ss).
[37] La discusión en torno a
la crisis ganadera también ha sido tratada ampliamente por Oscar Colman en su
obra.
[38] La Nación, 22/11/1923.
[39] Diario de Sesiones, Cámara
de Diputados, 1922, Tomo VII, p.p. 232.
[40] La Nación, 21/01/1916.
[41] Diario de Sesiones, Cámara
de Senadores, 12 de mayo de 1918.
[42] La Nación, 14/07/1920.
[43] Diario
de Sesiones, Cámara de Diputados, 1920, p.p.1116.
[44] Diario
de Sesiones, Cámara de Diputados, 1920, p.p.1116.
[45] Diario
de Sesiones, Cámara de Diputados, 1920, p.p.1117.
[46] Diario
de Sesiones, Cámara de Diputados, 1920, p.p.1119.
[47] Diario
de Sesiones, Cámara de Diputados, 1920, p.p.1119.
[48] Diario
de Sesiones, Cámara de Diputados, 1920, p.p.1120.
[49] La Nación, 20/05/1920.
[50] La Nación, 11/06/1920.
[51]
CACIP, “Impuesto a la Renta”. Su inoportunidad y peligros (Encuesta preliminar),
Buenos Aires, diciembre de 1918, p.p. 12, 13 y 14. 58.
.
[52] CACIP,
“Impuesto a la Renta”. Su inoportunidad y peligros (Encuesta preliminar), Buenos
Aires, diciembre de 1918, p.p. 25.
[53] CACIP, Reforma
Impositiva, Informe elevado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la H.
Cámara de Diputados de la Nación, Buenos Aires, enero 10 de 1922, pág. 14.
[54] Las voces de Justo y de
de la Torre, sumadas a la de algunos radicales, se elevan para defender
la propuesta a lo largo de la discusión
parlamentaria de 1923.
[55] Diario de Sesiones, Cámara
de Diputados, 1923, p.p. 118. Es también el diputado Moreno el que llama la atención
sobre el hecho que durante seis años no se haya contado con presupuestos
anuales, sino con duodécimos o presupuestos mensuales.
[56] El terna presupuesto
agrega otro ingrediente a los conflictos que oponen al Poder Ejecutivo y al
Legislativo durante la gestión de Yrigoyen, especialmente en lo que hace a las
tardanzas en la presentación del mismo, su recurrencia a los informes mensuales
y el uso discrecional que el Ejecutivo hace del gasto público, como nuevas
evidencias de la marginación que suite el Congreso en el control de las
finanzas de la República. Esto conlleva indudablemente, a generar profundas
tensiones en el sistema político que pueden conducir, ante una crisis de legitimidad,
a justificar el derecho de rebelión. Cabe la aclaración hecha en la nota 24).
[57] Diario de Sesiones, Cámara
de Diputados, 15 de mayo de 1923, p.p. 258-259.
[58] Diario de Sesiones, Cámara
de Diputados, 1922, p.p. 28.
[59] CACIP, Memoria,
1922, p.p. 21.
[60] Diario de Sesiones, Cámara
de Diputados, 17 de mayo de 1923, p.p. 457.
[61] Diario de Sesiones, Cámara
de Diputados, 15 de mayo de 1923, p.p. 252.
[62] Diario de Sesiones, Cámara
de Diputados, 1923, p.p. 372.
[63] La Nación, 21/10/1919.