El estatus de la infancia en la agenda internacional del movimiento de
derechos humanos en los 70’
Anuario Nº44, Escuela de Historia
Facultad de Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Rosario), 2026
ISSN 1853–8835
Conocer estos hechos, que ahora pueden resumirse en un párrafo, fue un proceso
arduo para todos los involucrados tanto para las víctimas y sus familiares como para
el movimiento de derechos humanos. En 1976, al perpetrarse los primeros secuestros
de niños, se disponía de poca o ninguna información. Las madres que buscaban con
desesperación a sus hijos e hijas, al encontrarse en hospitales, comisarias y
batallones, notaron que, en algunos casos, también buscaban a sus nietos y nietas.
Comenzaron a reunir fuerzas en común y formaron las organizaciones de Madres de
la Plaza de Mayo y, luego, de Abuelas de la Plaza de Mayo. Por entonces, las oficinas
de Amnesty International en Londres estaban desbordadas por las denuncias
procedentes de Argentina, Chile y Uruguay. Dichas denuncias eran parte del
engranaje que expresó y, a la vez, nutrió la hegemonía de los derechos humanos en
los años setenta. Su matriz se volvió dominante en el lenguaje y la imaginación
política. El rechazo a la violencia poscolonial en Asia y África, y a las feroces
dictaduras latinoamericanas, canalizó una nueva sensibilidad y un nuevo activismo
político, capaz de nuclear a disímiles actores de carácter transnacional, con efectos
cruciales sobre las identidades y las estrategias políticas a escala nacional, regional
e internacional (Markarian, 2005; Moyn, 2012). Las Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo establecieron una alianza con dicho movimiento humanitario en términos
políticos, económicos y emocionales (Keck y Sikkink, 1998, Crenzel, 2008; Laino
Sanchís, 2020). De modo tal que el escenario internacional constituyó un frente
decisivo de la confrontación a los gobiernos dictatoriales en el Cono Sur (Guest, 1990;
Lloret, 2019). Y, al mismo tiempo, las organizaciones de derechos humanos del Cono
Sur tuvieron un papel crucial en la agenda del activismo global (Markarian, 2005;
Moyn, 2012).
Para abordar el estudio de las estrategias de este movimiento frente a los crímenes
sufridos por los bebés, niños y niñas parto de entender la paradoja de que las
sociedades occidentales han sacralizado a la niñez y, a la vez, han creado nuevas
violencias (encierros, separación de las familias, traslados compulsivos) ejercidas en
su contra, con frecuencia, legitimadas en su supuesta salvación. Esta dualidad fue
central en la expansión imperial y colonial y de los estados nacionales, que hicieron
de los niños un “botín de guerra” (Stoler, 2010; Milanich, 2024). Sin embargo, recién
a raíz de las guerras vividas en Europa, la preocupación por la violencia ejercida sobre
los niños adquirió entidad y generó plexos normativos a escala internacional (Cosse,
2006). Fue, de hecho, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se aprobó la
Declaración de los Derechos del Niño en 1959 (Zahra, 2012). Ese marco fue renovado
cuatro décadas después con el nuevo paradigma de derechos creado por la
Convención Internacional de Derechos de los Niños y las Niñas (1989), como veremos
a continuación (D’Costa, 2015).
Sabemos que las Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron una intervención decidida en la
confección de los artículos relativos a la identidad de los niños aprobados por la
Convención (Villalta, 2012; Laino Sanchis, 2020). También, sabemos la importancia