Reseña Bibliográfica
Fabricio Laino Sanchis
Anuario Nº44 / ISSN 1853-8835 / 2026
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Crenzel, Emilio (2025). Pensar los 30.000. Qué sabíamos sobre los
desaparecidos durante la dictadura y qué ignoramos todavía. Buenos Aires:
Siglo XXI Editores, [272 páginas].
Un interrogante que ha atravesado el debate (académico, pero también social y
político) sobre la última dictadura argentina refiere a qué sabía la sociedad sobre los
crímenes del régimen militar, en particular acerca de las desapariciones forzadas de
personas. Durante mucho tiempo, la discusión pública estuvo signada por narrativas
y representaciones maniqueas (que aún reverberan en el presente), según las cuales
la sociedad habría constituido un bloque homogéneo, ya sea como víctima pasiva e
ignorante de los crímenes o como plenamente conocedora y cómplice de la masacre.
En contraste con estas interpretaciones simplificadoras, diversas investigaciones
históricas desarrolladas en las últimas dos décadas han procurado reconstruir el
amplio y complejo espectro de actitudes sociales durante la dictadura y, con ello,
poner de relieve la heterogeneidad del conocimiento que diferentes sujetos sociales
poseían.
En esta línea de indagación se inscribe Pensar los 30.000, la última publicación de
Emilio Crenzel, sociólogo de reconocida trayectoria en el campo de la historia reciente
y los estudios sobre memorias sociales. Frente a la amplitud del problema, el autor
propone un recorte metodológico preciso y sugerente: indagar qué sabían aquellos
que tenían mayor interés en conocer la suerte de las víctimas, es decir, los familiares,
compañeros y compañeras de militancia y activistas de derechos humanos que
denunciaron e intentaron dilucidar el funcionamiento del sistema represivo en el
momento mismo de la comisión de los crímenes.
La clave conceptual que organiza el libro es la distinción entre conocimiento y
reconocimiento. Como plantea Crenzel, no basta con disponer de información sobre
un hecho, por más contundente que pueda parecer la evidencia: existen condiciones
sociales, políticas y culturales que habilitan —o bloquean— la posibilidad de
reconocerla y transformarla en conocimiento socialmente aceptado. Desde esta
perspectiva, y sobre la base del análisis de un extenso corpus compuesto por
documentos provenientes de múltiples archivos y por veintisiete entrevistas, el libro
reconstruye los procesos mediante los cuales diferentes actores fueron elaborando
saberes sobre la desaparición forzada de personas, así como las disputas,
incertidumbres y obstáculos que atravesaron dicha elaboración. Sobre esta base
analítica se organiza el recorrido que el libro propone a lo largo de sus cinco capítulos.
El primer capítulo, “¿Es el Estado?”, examina la construcción de las primeras
interpretaciones sobre la naturaleza de los crímenes y la atribución de
responsabilidades. A partir de una minuciosa reconstrucción de denuncias
realizadas tanto en la Argentina como en el exterior por actores diversos, Crenzel
muestra que durante los primeros años de la dictadura —especialmente entre 1976
y 1977, cuando se produjo más del 80% de las desapariciones forzadas— no existía
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entre familiares, organismos de derechos humanos y militantes
políticos una certeza compartida acerca de las características del
crimen ni sobre la responsabilidad directa del Estado. Mientras algunos atribuían los
secuestros a “bandas armadas de derecha” y mantenían expectativas en que el
gobierno militar pudiera controlar esos excesos mediante la restauración del
monopolio estatal de la fuerza, otros denunciaron tempranamente la responsabilidad
directa de las fuerzas armadas y el carácter planificado de la represión. Dirigentes y
grupos vinculados a las organizaciones político-militares —entre ellos Rodolfo Walsh
o la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) — hablaron desde muy
temprano de “genocidio” o “terrorismo de Estado”.
Según muestra Crenzel, fue recién hacia fines de la década de 1970 cuando comenzó
a consolidarse entre los denunciantes una interpretación relativamente homogénea
del sistema represivo. La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en 1979 y la publicación de su informe en 1980 contribuyeron decisivamente
a fijar la responsabilidad de las fuerzas armadas y de seguridad y a generalizar la
denominación de las víctimas como “detenidos-desaparecidos”. En los años
siguientes, las denuncias sobre la desaparición forzada como crimen de Estado se
ampliaron más allá de los círculos de familiares y activistas, a través de múltiples
manifestaciones políticas, culturales y artísticas. Sin embargo, el autor subraya que
fue recién después de la derrota en la guerra de Malvinas y del cambio en la
correlación de fuerzas políticas cuando estas denuncias adquirieron mayor
pregnancia social. Tras la apertura democrática, iniciativas como la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y el Juicio a las Juntas
terminaron de consolidar la interpretación del “terrorismo de Estado” como un plan
sistemático de desaparición de personas, una imagen que, al mismo tiempo, tendió
a ubicar a la sociedad en una posición ambigua, oscilante entre la victimización
pasiva y el desconocimiento de la magnitud de los hechos.
El segundo capítulo se organiza en torno a otra de las preguntas centrales del
movimiento de derechos humanos: “¿Dónde están?”. Tras los secuestros, familiares,
compañeros y compañeras de las víctimas se enfrentaron a una situación marcada
por el terror, la incertidumbre y la ignorancia acerca del paradero de sus seres
queridos. La búsqueda de información fue desesperada y, en la mayoría de los casos,
infructuosa. Como reconstruye el autor, los familiares recurrieron a todo tipo de
intermediarios que pudieran brindar alguna pista: policías, militares, políticos,
sacerdotes e incluso videntes o parapsicólogos. Mientras algunas organizaciones
políticas aceptaron tempranamente la existencia de centros clandestinos de
detención, muchos familiares se resistieron inicialmente a admitir esa posibilidad.
Crenzel muestra que el conocimiento sobre la naturaleza y ubicación de estos centros
fue fragmentario y desigual. Incluso entre los propios detenidos y detenidas, las
condiciones de cautiverio —marcadas por la privación sensorial, el aislamiento y el
terror— dificultaban identificar los espacios donde estaban retenidos. A ello se
sumaba la circulación de diversas hipótesis sobre el destino de las víctimas. Entre
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ellas, la creencia de que los llamados “traslados” podían referir a
reubicaciones en cárceles especiales o “granjas de resocialización”, versión que las
propias autoridades militares difundieron entre los familiares y que fue retomada en
ocasiones por la prensa. Como muestra el libro, el significado real de ese eufemismo
—el asesinato de los detenidos y detenidas— se fue reconstruyendo paulatinamente,
primero entre las víctimas del cautiverio y luego fuera de los centros, a partir de los
testimonios de sobrevivientes.
Hacia fines de la década de 1970, la existencia de centros clandestinos de detención
como la ESMA, Campo de Mayo o La Perla era ya reconocida entre familiares y
activistas en Argentina y en el exterior. Posteriormente, la CONADEP amplió
considerablemente ese conocimiento mediante una extensa tarea de recopilación
testimonial y documental. En las décadas siguientes, los juicios por crímenes de lesa
humanidad y la transformación de muchos de estos lugares en sitios de memoria
continuaron profundizando la investigación sobre el funcionamiento del sistema
clandestino.
“¿Cuántos son?”, el tercer capítulo, aborda uno de los debates más persistentes en
torno al terrorismo de Estado: el de la cifra de las personas desaparecidas. Frente a
este interrogante, Crenzel examina las estrategias desarrolladas por familiares,
sobrevivientes y activistas humanitarios para cuantificar los crímenes en el mismo
momento de su consumación. A partir de un rastreo sistemático de documentos
elaborados por diversos actores, el autor identifica dos grandes modalidades de
contabilización. Por un lado, organizaciones políticas y armadas, así como algunos
organismos de derechos humanos difundieron estimaciones globales basadas en
datos parciales aportados por sobrevivientes, que oscilaron entre 8.000 y 30.000
desaparecidos. Por otro, organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos impulsaron la elaboración de
listas nominales a partir de denuncias individuales recopiladas mediante formularios
estandarizados. Estas listas, que incluían información sociodemográfica sobre las
víctimas pero omitían generalmente sus afiliaciones políticas —en consonancia con
los repertorios del activismo humanitario transnacional— comenzaron a circular en
el exterior y fueron utilizadas por organismos internacionales como la CIDH.
Posteriormente, la CONADEP retomó esta estrategia y registró 8.961 casos
documentados. Sin embargo, como muestra Crenzel, esa cifra no logró imponerse
como referencia indiscutida. A lo largo del capítulo, el autor reconstruye la
multiplicación de cifras y listas en las décadas siguientes, así como las modulaciones
del debate en torno a los 30.000, convertida con el tiempo en cifra emblemática y
símbolo del exterminio. El capítulo, sin embargo, no se limita a reponer esos
argumentos, sino que formula además dos aportes significativos. En primer lugar,
demuestra que la cifra de 30.000 desaparecidos no fue una invención posterior ni el
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producto de una manipulación interesada, sino una estimación
surgida durante la propia dictadura a partir de datos fragmentarios
reunidos por los familiares y compañeros de las víctimas. En segundo lugar, señala
que la magnitud del universo de sobrevivientes —estimado en torno a las 17.000
personas— permite comprender la plausibilidad de esa cifra como aproximación al
número total de víctimas del sistema clandestino, si se considera conjuntamente no
solo a quienes continúan desaparecidos, sino también a quienes sobrevivieron y a
aquellos cuyo asesinato fue confirmado a partir de la recuperación de sus restos.
El cuarto capítulo, titulado “¿Anestesias para asesinarlos? El testimonio de los
sobrevivientes en debate”, analiza los debates generados por los testimonios de
sobrevivientes acerca de los mecanismos de exterminio. Desde comienzos de la
dictadura comenzaron a circular versiones que señalaban que los “traslados”
implicaban en realidad el asesinato de los detenidos y el ocultamiento de sus cuerpos,
en ocasiones mediante los llamados “vuelos de la muerte”. Aunque distintas fuentes
ya habían sugerido estas prácticas antes de 1980, los testimonios de dos
sobrevivientes presentados ese año ante Amnistía Internacional generaron intensas
controversias incluso entre los denunciantes del régimen. Crenzel vincula estas
disputas con el rechazo que provocaron las leyes promulgadas por la dictadura en
1979 que permitían declarar la presunción de fallecimiento de los desaparecidos y
habilitaban a sus familiares a tramitar herencias o pensiones. En ese contexto,
numerosos organismos adoptaron la consigna “aparición con vida” y cuestionaron
públicamente a quienes afirmaban que las víctimas habían sido asesinadas. El
análisis de estos debates permite al autor mostrar cómo incluso frente a evidencias
múltiples el reconocimiento de ciertos hechos podía resultar socialmente
problemático.
El capítulo final, “Lo que aún ignoramos”, examina los aspectos del sistema represivo
que aún permanecen parcialmente o totalmente desconocidos. A pesar de las décadas
de investigación impulsadas por organismos de derechos humanos, instancias
estatales, la justicia, el periodismo y las ciencias sociales, persisten importantes
zonas de sombra. Entre ellas se destacan el destino final de la mayoría de los
desaparecidos y la identificación de las personas apropiadas recién nacidas o en su
primera infancia. Aunque organismos como el Equipo Argentino de Antropología
Forense, Abuelas de Plaza de Mayo, el Banco Nacional de Datos Genéticos y la
CONADI han logrado avances fundamentales, miles de cuerpos continúan sin ser
identificados y más de trescientas personas viven aún sin conocer sus verdaderos
orígenes.
El autor señala también otros déficits de conocimiento. Sabemos todavía poco sobre
el perfil socio-ocupacional y político de las víctimas, sobre la magnitud y distribución
de los sobrevivientes del sistema clandestino y sobre las relaciones entre
perpetradores y detenidos y detenidas en los centros de detención. Del mismo modo,
el conocimiento sobre los victimarios sigue siendo limitado, tanto en lo relativo a su
número como a sus trayectorias, motivaciones e inserciones institucionales,
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especialmente cuando se considera la participación de civiles en la
comisión de los crímenes.
Crenzel atribuye estas lagunas no sólo a la negativa de los perpetradores a brindar
información, sino también a ciertos obstáculos epistemológicos que han condicionado
la producción de conocimiento. La centralidad de la narrativa humanitaria elaborada
por familiares y organismos de derechos humanos —luego retomada por la CONADEP
y por las políticas de memoria de las décadas recientes— y el peso del paradigma
jurídico en la construcción de la verdad sobre los crímenes han sido fundamentales
para el avance del conocimiento, pero también han delimitado los marcos desde los
cuales ese conocimiento fue producido.
En el epílogo, el autor recupera un episodio que condensa de manera elocuente los
dilemas en torno al conocimiento y el reconocimiento del fenómeno de la desaparición
forzada. Se trata de la participación en un programa de radio de dos abogados de
derechos humanos junto a un joven músico llamado Ignacio. Dos meses después de
aquella entrevista, Ignacio descubrió que era hijo de Laura Carlotto y Oscar Walmir
Montoya, desaparecidos y asesinados durante la dictadura, y nieto de Estela Barnes
de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. La fotografía de ese encuentro
radial adquiere así un significado retrospectivo que resume el carácter a la vez
perverso y espectral del sistema desaparecedor: una presencia-ausencia que
continúa proyectándose sobre el presente.
Al reconstruir cómo se produjeron históricamente los saberes sobre el sistema de
desaparición forzada de personas, qué actores participaron en su elaboración y qué
condiciones sociopolíticas y epistemológicas hicieron posible, o dificultaron, su
reconocimiento, Pensar los 30.000 ofrece una contribución original y muy relevante
a los estudios del pasado reciente. La obra no sólo realiza un aporte significativo a
debates persistentes que exceden el ámbito estrictamente historiográfico (como el
relativo a la cuantificación de las víctimas), sino que también invita a reflexionar
sobre los procesos mediante los cuales ciertos hechos se vuelven socialmente
reconocibles mientras otros permanecen, durante largos períodos, en los márgenes
de lo decible y lo pensable, así como sobre las condiciones que permiten desplazar
esos límites y abordar nuevos objetos y problemas.
Fabricio Laino Sanchis
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales
Universidad Nacional de San Martín
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de José C. Paz
fabricio.laino@gmail.com
