La dimensión transnacional de la última dictadura argentina (1976-
1983). Temas y enfoques a medio siglo del golpe de Estado
Hernán Eduardo Confino
Anuario Nº44 / ISSN 1853-8835 / 2026
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La dimensión transnacional de la última dictadura
argentina (1976-1983). Temas y enfoques a medio
siglo del golpe de Estado
The Transnational Dimension of Argentina's Last
Dictatorship (1976–1983). Problems and Views from 50
Years After the Coup d'État
HERNÁN EDUARDO CONFINO
Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales
Universidad Nacional de General San Martín
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
hconfino@gmail.com
RESUMEN
A cincuenta años del golpe de Estado de 1976, este artículo propone un balance
historiográfico sobre las investigaciones que han estudiado la dimensión transnacional
de la última dictadura argentina. Para ello, el trabajo reconstruye los principales aportes
académicos que, en las últimas dos décadas, han analizado las proyecciones
internacionales del régimen dictatorial. Basado en los principales núcleos problemáticos
y empíricos identificados en la bibliografía, el artículo organiza esta producción en tres
ejes: la coordinación represiva en el Cono Sur, la colaboración contrainsurgente
argentina con los regímenes autoritarios de América Central y el despliegue del
denominado “frente externo”. A partir de este recorrido, se destacan los aportes del
enfoque transnacional para superar los límites del paradigma estatal-nacional y se
señalan algunas posibles líneas de investigación para futuras agendas.
Palabras clave: dictadura argentina; represión transnacional; coordinación represiva;
frente externo; estado de la cuestión.
ABSTRACT
Fifty years after the 1976 coup d'état, this article offers a historiographical assessment
of the research that has studied the transnational dimension of Argentina's last
dictatorship. To this end, the paper reconstructs the main academic contributions that,
over the last two decades, have analysed the international projections of the dictatorial
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regime. Based on the main problematic and empirical issues identified in the literature,
the article organises this production into three axes: repressive coordination in the
Southern Cone, Argentine counterinsurgency collaboration with authoritarian regimes
in Central America, and the deployment of the so-called “external front”. Based on this
overview, the contributions of the transnational approach to overcoming the limits of
the state-national paradigm are highlighted, and some possible lines of research for
future agendas are pointed out.
Keywords: argentine dictatorship; transnational repression; repressive coordination;
external front; literature review.
Introducción
Han transcurrido cincuenta años desde el último golpe de Estado en Argentina.
Durante este tiempo, entre los diversos aspectos que la historiografía y las ciencias
sociales han señalado sobre el proyecto dictatorial encabezado en primera instancia
por Jorge R. Videla, Emilio E. Massera y Orlando R. Agosti ha quedado de manifiesto
su dimensión transnacional. El terrorismo de Estado militar se enmarcó en la lucha
ideológica y global que significó la Guerra Fría y, como esta, tuvo alcances que
trascendieron las fronteras nacionales en su voluntad y materialidad disciplinadora.
Durante la segunda mitad de la década de 1970, la dictadura argentina conformó
una estructura de colaboración represiva con otros países dictatoriales y autoritarios
del Cono Sur. También trasladó fuera de su jurisdicción parte de su aparato de
represión en numerosos operativos extraterritoriales y clandestinos. Además,
participó en el diseño y la implementación de la contrainsurgencia en América
Central a principios de los años ochenta y elaboró campañas propagandísticas para
desacreditar las denuncias contra las violaciones a los derechos humanos que
exiliados y exiliadas patrocinaron ante la comunidad internacional. Estas dinámicas
históricas se inscribieron en el marco del proyecto continental de defensa hemisférica
liderado por los Estados Unidos y estuvieron orientadas a la persecución de un
enemigo interno —la “subversión” o la “subversión internacional”— que se
desplegaba, en continuo movimiento, por distintos puntos del mapa. En base a estas
consideraciones, el objetivo de este artículo es doble: por un lado, trazar un recorrido
por las producciones que han abordado la dimensión transnacional de la dictadura
y ofrecer un balance historiográfico de los principales enfoques, problemas y
hallazgos; por el otro, aportar a una comprensión más integrada del proyecto y las
lógicas del régimen en su relación con el exterior.
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El análisis de la dimensión transnacional de la última dictadura se ha
visto robustecido durante el presente siglo y ha crecido al amparo de la conformación
y consolidación del campo de la historia reciente en América Latina y en estrecha
relación con el apogeo de las perspectivas de la historia global, transnacional y
conectada que se produjo desde fines de la década de 1990 (Keck y Sikkink, 1998;
Franco y Levin, 2007; Marchesi, 2009 y 2017; Bertrand, 2015 y Conrad, 2016). En
los últimos años, además, las producciones en torno a la “Guerra Fría
latinoamericana” han favorecido aún más este impulso (Pettinà, 2018 y 2023; Casals,
2020). El carácter supranacional del proyecto dictatorial argentino fue indagado a
través de diversas metodologías —estudios comparativos, de redes y también de
conexiones— y desde varios subcampos de producción académica, como la historia
de la represión, la historiografía sobre el último exilio político y la historia de la nueva
izquierda, en general, y de las organizaciones armadas, en particular (Jensen y
Lastra, 2014; Marchesi, 2019; Confino, 2021, Águila, Garaño y Scatizza, 2025). Entre
estos subcampos y apuntalado por los intercambios entre la historia y la sociología
histórica se ha ido hilvanando el estudio de la proyección transnacional de la última
dictadura cuyos aportes este artículo busca recuperar y sistematizar.
Para tal recuperación y sistematización, este escrito se divide en tres apartados que
orbitan alrededor de los principales núcleos problemáticos y empíricos identificados
en la literatura especializada: en primer lugar, la transnacionalización de la represión
en el ámbito conosureño, articulada alrededor de la Operación Cóndor pero con
acuerdos entre países que la trascendieron largamente; segundo, la colaboración y
coordinación represiva que la dictadura argentina prestó en el proceso
contrainsurgente centroamericano, en particular, en El Salvador, Guatemala y
Honduras y, por último, la interrogación del llamado “frente externo”, que incluye —
aunque también desborda— las operaciones de “acción psicológica” que fueron
realizadas por el último gobierno militar en su afán de limpiar la imagen exterior
frente a la gran cantidad de denuncias recibidas por los crímenes estatales
cometidos.
Entre las recurrencias halladas, dos primeras certezas: en la mayoría de los casos,
algunas dinámicas transnacionales ya habían sido intuidas por las investigaciones
periodísticas, antes de ser retomadas como parte de la problematización vehiculizada
por la historia reciente o la sociología histórica; en segundo punto, el cruce de
diversas escalas de indagación del proceso histórico —locales, nacionales, regionales
y también globales— se ha traducido en un aumento del conocimiento sobre los
proyectos represivos del continente americano que, durante las décadas de 1960-
1980, estuvieron inspirados por la Doctrina de la Seguridad Nacional y avalados
políticamente por los Estados Unidos. Ese aumento —aún en curso— implicó la
consideración de nuevas agencias, más allá de las superpotencias que tejieron el
mundo bipolar de la segunda mitad del siglo XX, que contribuyeron a complejizar el
cuadro histórico de aquellos años.
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En definitiva, este recorrido busca identificar las claves analíticas y empíricas acerca
de cómo la dictadura argentina actuó como un actor transnacional en un sistema
represivo continental, y cómo esa condición ha sido recuperada, discutida y
complejizada por una historiografía que, aún medio siglo después, continúa
interrogando las múltiples escalas de la violencia de Estado.
La “Internacional represiva” en el Cono Sur
En noviembre de 1975, las agencias de inteligencia y seguridad de Argentina, Bolivia,
Chile, Paraguay y Uruguay suscribieron un acuerdo de coordinación represiva
llamado Operación Cóndor.
1
Este “momento superior del desarrollo de las redes de
coordinación represiva en el Cono Sur de las dictaduras de seguridad nacional”
(Slatman, 2016: 452), que se desplegó con diferentes intensidades durante la
segunda mitad de la década de 1970, fue ampliamente abordado por la literatura
especializada desde mediados de los años noventa (Blixen, 1994; Calloni, 1999;
Martorell, 1999 y Dinges, 2004). Sin embargo, la continuidad y consistencia de sus
hallazgos, así como la renovación de sus preguntas, dependieron en gran medida de
las políticas de desclasificación de archivos en los Estados Unidos y los diversos
países integrantes de la alianza represiva. Estos primeros trabajos, ya “clásicos”,
indagaron la fisonomía de la Operación Cóndor y precisaron su periodización y sus
repertorios políticos y organizacionales. No obstante, los desarrollos a nivel de las
fuentes condicionaron el análisis del rol desempeñado por cada país dentro de la
alianza. A este condicionamiento se sumaba otro, de índole analítico, vinculado con
el interés investigativo en el rol que le cupo a los Estados Unidos y su política para el
continente americano más que por las acciones emprendidas por las dictaduras
conosureñas.
Fue recién entrado el presente siglo que las diversas políticas de desclasificación y
judicialización, por un lado, y las perspectivas transnacionales aportadas por el auge
de la historia global y conectada, por el otro, habilitaron la construcción de una
agenda de problemas de investigación ligada a las redes, intercambios y
vinculaciones entre las dictaduras que favorecieron la represión en el continente
americano. Este enfoque trajo aparejado dos elementos sólo aparentemente
contradictorios: por un lado, permitió determinar de forma más fehaciente los
diversos intereses que perseguía cada uno de los regímenes firmantes de la Operación
Cóndor. Por el otro, el estudio de las diferentes escalas del proceso histórico —
nacionales, pero además regionales y globales— contribuyó al abandono del
excepcionalismo represivo de cada país —y, consecuentemente, de cada historiografía
nacional— en aras de pensar y analizar los intercambios que se dieron entre los
diversos gobiernos y las problemáticas comunes que adujeron enfrentar (Joffily y
1
Brasil se integraría a la alianza en 1976 y Perú y Ecuador, en 1978 (Saltman, 2016: 455).
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Águila, 2025). La “lucha antisubversiva” contra el enemigo interno, vale
decir, no estuvo limitada a las fronteras de los Estados nacionales. Por consiguiente,
el incremento de la investigación sobre el lugar de Argentina en la Operación Cóndor
conllevó un aumento, a su vez, del conocimiento de las modalidades represivas de los
otros países que integraron la alianza contrainsurgente (Slatman, 2011; 2012 y
2016).
El puntapié académico sobre la Operación Cóndor estuvo a cargo de una politóloga
estadounidense, J. Patrice McSherry, que en 2005 publicó Estados depredadores:
Operación Cóndor y Guerra Encubierta en América Latina. Allí hacía una descripción
pormenorizada de la coordinación represiva conosureña e intentaba abordar a la
Operación Cóndor como un sistema paraestatal y multinacional que se especializaba
en acciones represivas transfronterizas contra exiliadas y exiliados conosureños. Tal
como sostuvo el historiador Facundo Fernández Barrio, si bien el libro de McSherry
introducía diversos elementos para pensar la coordinación represiva transnacional
desde la historia política y social, todavía abrevaba en muchas de las inquietudes
propias del ciclo “clásico” de intervenciones periodísticas. Fundamentalmente,
situaba a la Operación Cóndor como un eco de la defensa hemisférica contra el
enemigo marxista que propiciaban los Estados Unidos en el contexto bipolar y dejaba
en segundo plano el papel cumplido por las propias dictaduras que habían suscripto
la alianza (Fernández Barrio, 2022: 261).
Si los primeros trabajos sobre la alianza transnacional contrainsurgente habían
hecho un fundamental hincapié en la coordinación represiva como una suerte de
variable de la defensa continental contra el marxismo coordinada por los Estados
Unidos, investigaciones más recientes han avanzado en el estudio del lugar ocupado
por otras agencias más allá de la del “gigante del Norte”. La indagación de esas otras
agencias, a su vez, permitió dar cuenta de los desarrollos bilaterales que, a nivel
conosureño, se hilvanaron entre distintos países —y entre diversos actores al interior
de cada país— y precedieron, pero también sucedieron, a los acuerdos prescriptos
por la Operación Cóndor. Paradójicamente, el estudio de Cóndor permitió iluminar
otros acuerdos similares, previos o paralelos, que la desbordaron. Esto fue
especialmente evidente —aunque no de forma exclusiva— en el análisis de las
relaciones entre Brasil y Uruguay, donde diversas investigaciones mostraron que la
coordinación represiva supranacional no se circunscribía a los lineamientos
estipulados por la Operación Cóndor (Viz Quadrat, 2005; Serra Padrós, 2006; Cassol,
2008; Simões Fernandes, 2009; Markarian, 2012).
La historización de la Operación Cóndor, y el interés por su fisonomía, implicó el
análisis de los encadenamientos represivos transnacionales que asumieron los
diferentes países miembros. Así, se puede observar una evolución en su
implementación, desde las operaciones represivas y clandestinas más clásicas de
1976 y 1977, hasta su relajamiento —unida a las rispideces surgidas entre diversos
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regímenes como el conflicto por el Canal de Beagle entre Argentina y Chile— y el
viraje hacia operativos más sofisticados de propaganda y “acción psicológica” desde
1978 (Slatman, 2016; Risler, 2018). Según ha puntualizado la historiadora Melisa
Slatman —pionera y responsable principal de los avances investigativos de la
“internacional represiva” en Argentina—, la Operación Cóndor podría pensarse a
través de la vinculación histórica de tres estructuras contiguas: aparatos represivos
nacionales, primero, organismos de enlace, luego, y, finalmente, el espacio
transnacional de coordinación resultante (Slatman, 2011, 2012 y 2016). Ese espacio
o núcleo transnacional, según las investigaciones de Slatman, se materializó en una
oficina montada en Santiago de Chile, primero, y luego en Buenos Aires, pero también
se concretó en la tecnología utilizada para las comunicaciones entre los diversos
regímenes de la región (2016: 452). En el estudio de la relación mutua entre estos
tres niveles descansa la posibilidad de aproximarse a la modalidad que adquirió la
represión transnacional en el continente por parte de las dictaduras del Cono Sur,
sin descuidar el papel de los Estados Unidos en la tarea pero sin desestimar,
tampoco, el lugar de los propios regímenes sudamericanos en la elección de los
momentos y los blancos o en el armado de la logística de los operativos
extraterritoriales.
Según ha precisado la bibliografía especializada, esos regímenes contaron con
diversos repertorios comunes —desde el intercambio de información de inteligencia
al traslado de prisioneros y prisioneras; desde los secuestros en el exterior a la
concertación para llevar adelante políticas de “acción psicológica”; desde la
circulación de represores a la circulación de sus saberes— pero a la vez proyectaron
las particularidades de sus técnicas represivas fuera de sus fronteras (Slatman, 2016
y Lessa, 2022). El espacio resultante fue habitado, cual “zona de contacto”
transnacional (Weinstein, 2012; Rostica y Sala, 2025), por numerosos perpetradores
de diversos puntos del continente que pusieron en común sus experiencias y
articularon sus prácticas en conjunto.
Aunque la coordinación represiva en el continente americano no nació con la
Operación Cóndor, sí tuvo, en el marco de este acuerdo, especificidades propias
derivadas de los desarrollos doctrinarios contrainsurgentes. En particular, del lugar
que la Doctrina de la Seguridad Nacional deparaba a las fuerzas armadas de los
países latinoamericanos. No obstante, pensada como “herramienta o andamiaje”
(Slatman, 2016: 471), la Operación Cóndor fue la condición de posibilidad —pero
también el resultado— de otros acuerdos represivos transnacionales y simultáneos
que involucraron a diversas fuerzas represivas en distintos puntos del continente
(Fernández Barrio, 2024a, 2024b). La necesidad de una lucha sin cuartel contra el
“enemigo interno subversivo” llevó a que los militares y el personal civil de inteligencia
constituyeran alianzas y pactos varios a fin de perseguir, y asesinar, a exiliadas y
exiliados y desacreditar su lucha y sus denuncias. La dimensión global de los
desarrollos y prácticas contrainsurgentes deberían entenderse en relación con el
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alcance transnacional de las disidencias políticas. Pese a que no habría
que pensarlo como un esquema directo de acción-reacción —donde la radicalización
política continental habría ameritado una respuesta represiva transnacional
(Slatman, 2011) —, tampoco debería ignorarse que las reorganizaciones militantes en
el exterior y las denuncias por los crímenes de Estado impulsadas por exiliados y
exiliadas dieron forma a una amenaza que los regímenes dictatoriales del Cono Sur
decodificaron en clave de “amenaza a la seguridad nacional” y pretendieron
neutralizar apuntalando la dimensión transnacional de sus prácticas represivas
(Slatman, 2011; Confino, 2018; Fernández Barrio, 2017 y 2018; Marchesi, 2019 y
Lessa, 2024).
En el caso de la vinculación de Argentina con la “internacional represiva”, en los
últimos años la literatura sobre la temática se ha encargado de plantear los matices
de esa participación con respecto a la situación de otros firmantes de la Operación
Cóndor. A diferencia de estos, la incorporación argentina fue previa al último golpe
de Estado —aunque las Fuerzas Armadas ya dominaban los resortes de la seguridad
interior y comenzaban a estructurar las primeras formulaciones del terrorismo de
Estado, todavía en democracia
2
—. Fue durante esa efímera experiencia democrática
desarrollada entre 1973 y 1976 que muchos exiliados y exiliadas de los países
limítrofes se refugiaron en la Argentina peronista escapando de las dictaduras en sus
respectivos países. Como lo mostró el historiador Aldo Marchesi (2019), la cartografía
de la revolución transnacional de la nueva izquierda en el Cono Sur también dependió
de las necesidades de preservación de las y los militantes frente a la imposición
escalonada de los Estados terroristas en la región. Montevideo, primero, Santiago de
Chile, después, y, finalmente, Buenos Aires, fueron las diversas capitales que, al
tiempo que operaron como refugio vital de personas perseguidas, permitieron los
intercambios de ideas y las iniciativas conjuntas entre los revolucionarios de la
región. Quizás por esta particularidad histórica, entre los objetivos que se fijó la
última dictadura argentina estuvo, además de perseguir a las exiliadas y exiliados
argentinos que se encontraban en el exterior (Viz Quadrat, 2007; Silveira Bauer, 2012
y Fernández Barrio, 2017 y 2018), la misión de reprimir a los extranjeros y
extranjeras refugiados en Argentina (Paredes, 2010; Azconegui, 2014; Rodríguez
Agüero, 2014; Casola, 2015 y 2017; Lastra, 2020 y Fernández Barrio e Iturralde,
2023).
A partir de marzo de 1976, la dictadura argentina desplegó el plan sistemático de
represión más temible del Cono Sur, caracterizado por una planificación centralizada
2
Para consultar la modalidad de integración de los demás países del Cono Sur a la Operación Cóndor,
véanse los trabajos que, tanto desde el registro periodístico como del académico, han efectuado un
recorte nacional en el análisis de la Operación Cóndor. Para una selección mínima: Sivak, 1998; Labrune
y Mignone, s/f; Israel, 2002; Trobo, 2005; McSherry, 2006; Martorell ,1999; Marino, 2006; Boccia Paz
et al, 2002; Méndez Méndez, 2007. Sobre la intervención de las Fuerzas Armadas argentinas en la
seguridad interna, véanse Franco, 2012; Águila, 2018 y 2023 y Pontoriero, 2022.
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y una ejecución descentralizada. El poder estatal se reorganizó en un esquema
tripartito en el que el Ejército tuvo primacía, pero donde la Armada y la Fuerza Aérea
también asumieron competencias en materia de seguridad interior (Águila, 2018 y
2023; Águila y Garaño y Scatizza, 2016, 2020 y 2025). El accionar de inteligencia,
por su parte, fue más centralizado, aunque algunos trabajos recientes han propuesto
que su despliegue respondió a una lógica un tanto más compleja, que hilvanó
simultáneamente localización y deslocalización (González Tizón, 2025). Diversas
agencias participaron de la vinculación con estructuras represivas extranjeras, en el
marco de la alianza transnacional contrainsurgente. En el caso de la Operación
Cóndor, dos reparticiones argentinas actuaron como órganos de enlace: la Secretaría
de Inteligencia del Estado (SIDE), durante 1976, y, posteriormente, el Batallón de
Inteligencia 601 del Ejército (Slatman, 2016; Fernández Barrio, 2024). La terminal
operativa de la Operación Cóndor en Argentina fue el centro clandestino de detención
Automotores Orletti, epicentro del secuestro y desaparición de militantes extranjeros,
especialmente uruguayos (Serra Padrós, 2018; Fernández Barrio e Iturralde, 2023;
Tello, 2025).
3
Ahora bien, la proyección exterior del aparato represivo argentino no se limitó a esas
reparticiones ni al marco de la Operación Cóndor. En años recientes, la investigación
histórica amplió el foco hacia otras agencias estatales que intervinieron en
operaciones extraterritoriales, abarcando un espectro más amplio de fuerzas
armadas y de seguridad. En este sentido, Slatman (2012) y Fernández Barrio (2023)
han propuesto una sistematización que permite agrupar las acciones represivas
transfronterizas en tres grandes segmentos, según los actores intervinientes y los
momentos de su despliegue. El primero comprende las intervenciones tempranas de
la SIDE —ya mencionada como el primer órgano de enlace con Cóndor— y de la
Policía Federal en Bolivia, Uruguay y Paraguay entre 1976 y 1977. El segundo ciclo,
con intervenciones historiográficas recientes, está conformado por los operativos
ejecutados por la Armada en 1977 y 1978, especialmente por miembros del Servicio
de Inteligencia Naval (SIN) y del Grupo de Tareas 3.3 con base en la Escuela Mecánica
de la Armada (ESMA), en países como Uruguay y Perú. Finalmente, el tercer segmento
corresponde a las acciones represivas del Batallón 601 del Ejército —también
previamente referidas— en 1980, centradas en la persecución de militantes
montoneros vinculados a la Contraofensiva Estratégica en Brasil y Perú (Slatman,
2012; Fernández Barrio, 2017 y 2018; Confino, 2021).
Junto con estas claves analíticas, las investigaciones históricas han buscado, por un
lado, mensurar la cantidad de operativos y de víctimas que habrían arrojado las
operaciones transfronterizas de la represión estatal argentina y, por el otro, dar
3
Al respecto, véase Sentencia Plan Cóndor y Automotores Orletti, 9 de agosto de 2016, disponible en
https://www.mpf.gob.ar/plan-condor/files/2019/04/Sentencia-Plan-C%C3%B3ndor.pdf y también el
alegato del Ministerio Público Fiscal en la causa Orletti II, disponible en https://www.mpf.gob.ar/plan-
condor/#inicio-plan-condor.
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cuenta de cuáles fueron la armas y las estructuras que las
acometieron. Con respecto a los registros cuantitativos, tanto Slatman (2009) como
Fernández Barrio (2024) han intentado aproximarse al universo de víctimas
ocasionadas por la internacionalización del aparato represivo de la dictadura
argentina. Slatman reconoció 38 víctimas argentinas basándose en los anexos del
informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre Desaparición de personas
(CONADEP) mientras que Fernández Barrio, años después, amplió su indagación al
consultar el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) y el
listado elaborado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos
Humanos (CIPDH) e identificó 41 casos de argentinos y argentinas perseguidos fuera
de las fronteras nacionales entre 1976 y 1980.
4
En general, estos registros
demuestran que la capacidad de la dictadura argentina para eliminar opositores en
el extranjero se concentró mayormente en la región, donde contaba con regímenes
autoritarios aliados. Sus incursiones en México o en Europa, en cambio, fueron
breves y fallidas por la falta de cooperación local.
Slatman y Fernández Barrio también estudiaron los operativos extraterritoriales que
tuvo a su cargo la Armada (2012, 2024a, 2024b). Esa indagación permitió distinguir
los casos que se dieron dentro de la alianza de Cóndor de aquellos otros que fueron
fruto de instancias bilaterales de coordinación represiva. Al mismo tiempo, y como
parte de la evolución de este campo de estudios, se astillaron las miradas más
holísticas en torno a categorías como “militares argentinos”, por ejemplo, en pos de
dar cuenta de las estructuras y los encadenamientos represivos concretos que
posibilitaron cada uno de los operativos. Entre las novedades que aportaron los
estudios sobre los operativos extraterritoriales de la Armada, habría que destacar su
concentración en militantes de la organización Montoneros, la centralidad de la
ESMA como terminal para la represión de los disidentes y al desborde de la Operación
Cóndor en los arreglos transnacionales (Fernández Barrio, 2024b: 13). En conjunto,
los análisis más recientes plantean una cierta continuidad entre el modo en que se
ejerció la represión clandestina en el país —sobre todo, su ejecución heterogénea y
descentralizada— con las formas que adquirió fronteras afuera, donde “el despliegue
transfronterizo de dichos organismos adquirió una dinámica similar, caracterizada
por un margen de relativa autonomía de las fuerzas involucradas, aunque sin
desviarse del objetivo estratégico de la eliminación de las disidencias políticas”
(Fernández Barrio, 2024b: 14).
Sin embargo, la proyección transnacional de la dictadura argentina para la represión
no se circunscribió enteramente al Cono Sur ni a la eliminación de disidentes
políticos. En su despliegue contrainsurgente, los militares argentinos se encargaron
4
El caso inverso, de víctimas extranjeras en Argentina, fue abrumadoramente mayor: Iturralde y
Fernández Barrio reconocen más de quinientos casos de víctimas extranjeras en el país de los cuales
casi el 75% corresponden a sudamericanos (uruguayos, chilenos, brasileños, paraguayos, peruanos y
bolivianos) (2023: 61).
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de asesorar a sus pares centroamericanos que, entre fines de la década de 1970 y
principios de la de 1980, enfrentaron el desafío revolucionario en Nicaragua,
Guatemala y El Salvador. El próximo apartado se dirige, entonces, a pensar el cuerpo
de investigaciones que ha abordado ese proceso.
La colaboración represiva argentina con las dictaduras de Centroamérica
Además de los desarrollos historiográficos en torno a la “internacional represiva”
gestada en el Cono Sur, en los últimos años se ha consolidado una línea de
indagación alrededor de otro proceso de proyección transnacional del terrorismo de
Estado argentino: la colaboración represiva que la dictadura conosureña prestó a los
regímenes autoritarios en América Central entre fines de la década de 1970 y
principios de la de 1980. En un contexto de pérdida de relevancia de la coordinación
represiva a escala conosureña, el régimen argentino se interesó en ampliar sus
alcances y ganar relieve político en sus relaciones con sus pares centroamericanos.
La posibilidad del abordaje histórico de este proceso estuvo dada por el cruce entre
varias dinámicas vinculadas a la disponibilidad de fuentes y acervos históricos y
también a la renovación de la historiografía sobre el estudio de la Guerra Fría que
intensificó su diálogo con las perspectivas transnacionales, globales y conectadas que
permitieron inquirir otras agencias trascendiendo el accionar de los Estados Unidos
(Spenser, 2004; Westad, 2017; Pettinà, 2018 y 2023). Más allá de la Operación
Cóndor y de los designios de la superpotencia occidental, se situó, así, un conjunto
de trabajos que ha interrogado la fisonomía histórica que asumieron los intercambios
represivos a escala continental, y no sólo regional, entre Argentina y Guatemala, El
Salvador y Honduras.
Al igual que sucedió con la indagación de la colaboración represiva en el Cono Sur,
las primeras menciones en torno al involucramiento militar argentino en la crisis
centroamericana fueron muy tempranas y provinieron en su mayoría del periodismo
y del estudio de las relaciones internacionales (Cardoso et al, 1983; Duhalde, 1983;
Russell y Tokatlian, 1986 y Cisneros y Escudé, 2000). Se basaron en testimonios,
entrevistas y fuentes de prensa de aquellos años de difícil contrastación —muchas
procedentes de los Estados Unidos— e hicieron hincapié en el financiamiento que la
dictadura argentina prestó en América Central y en la presencia de represores
argentinos en el Istmo.
Si para el caso de la Operación Cóndor fueron los aportes de McSherry aquellos que
inauguraron una nueva etapa en la interrogación del proceso, fue otro politólogo, en
este caso Ariel Armony (1999 y 2004), quien trazó las primeras coordenadas
analíticas para pensar la vinculación, o las vinculaciones, entre la dictadura
argentina y los regímenes represivos de Honduras, Guatemala y El Salvador. Armony
interpretó la transnacionalización represiva argentina como una suerte de cruzada
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anticomunista y sostuvo que la presencia argentina en Centroamérica
constituyó un corolario de la instrumentación de “zonas de colaboración y contacto
transnacional con distintos tipos de formalización” (2004: 321). Sentó, así, las bases
para pensar el proceso tomando en consideración la autonomía de los actores
latinoamericanos más allá de la órbita estadounidense en el contexto de una guerra
de fronteras ideológicas, no geográficas. Postuló, por ejemplo, que frente a la
retracción de los Estados Unidos de la conducción de la “lucha contra la subversión”
a escala continental la dictadura argentina quiso ubicarse como “sucedáneo
calificado” en esa tarea (Armony, 1999). Sin embargo, su investigación se apoyó en
fuentes limitadas desde el punto de vista empírico, lo que restringió la posibilidad de
una reconstrucción más situada y específica del proceso (Rostica, 2020: 247).
La disponibilidad de fuentes se incrementó en los últimos años a partir de los
distintos procesos de tramitación represiva del pasado reciente que estuvieron a
cargo de las comisiones de verdad centroamericanas, pero también gracias a la
desclasificación de los legajos de los perpetradores, cables y partes de inteligencia y
documentos oficiales —decretos, leyes y convenios—. Este aumento de las fuentes
históricas para la consulta posibilitó una indagación más sistemática y precisa sobre
la naturaleza de la internacionalización represiva argentina en Centroamérica y
detalló las modalidades, no sólo de la presencia de personal del Ejército conosureño
en los países del Istmo, sino también la dinámica inversa, es decir, de la asistencia
de militares centroamericanos que acudieron a la Argentina a formarse en los
designios de la lucha antisubversiva.
Este conjunto de investigaciones ha analizado en profundidad las diversas relaciones
establecidas entre las dictaduras de Argentina, Guatemala, El Salvador y Honduras
en un período acotado, en un contexto particular: entre fines de 1979 y los años 1980
y 1981. En 1980 se habría producido un “punto de inflexión” (Rostica, 2018: 252)
que estuvo atravesado por dos dinámicas claves que ayudan a comprender las
intenciones de la dictadura argentina de adquirir protagonismo en América Central.
Por un lado, el triunfo revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) en Nicaragua generó un fuerte temor en los gobiernos de la región ante la
posibilidad de una expansión del proceso insurreccional a los países vecinos (Sánchez
Nateras, 2022; Harto de Vera y Morales Gamboa, 2022). Por otro, la orientación de la
política exterior estadounidense bajo la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981) —
caracterizada por una retórica en defensa de los derechos humanos, con algunas
consecuencias prácticas— implicó una disminución del respaldo directo a los
regímenes autoritarios centroamericanos. En ese marco, la dictadura conosureña
intentó proyectarse como un actor contrainsurgente autónomo, capaz de ocupar el
lugar que Estados Unidos comenzaba a dejar vacante.
Uno de los principales problemas de investigación abordados por este cuerpo de
trabajos ha sido el de la presencia efectiva de agentes represivos argentinos en
La dimensión transnacional de la última dictadura argentina (1976-
1983). Temas y enfoques a medio siglo del golpe de Estado
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América Central entre los años de 1979 y 1981. A partir de documentación
diplomática, archivos desclasificados y registros de organismos de derechos
humanos, se ha podido establecer con precisión el despliegue de militares argentinos
en Guatemala, El Salvador y Honduras, donde operaron como asesores en tareas de
inteligencia, entrenamiento y diseño institucional. En algunos casos, incluso, se
probó la implicación de la dictadura argentina en episodios represivos y
paradigmáticos en Centroamérica, como en la masacre de El Mozote (1981) en El
Salvador (Rostica et al, 2019). En otros, la colaboración del personal militar argentino
adquirió trazos verdaderamente originales, trascendiendo el envío de asesores y
agregados y llegando incluso a incorporarse a organismos contrainsurgentes y
operativos en Honduras. Antes que por una voluntad de persecución a las y los
militantes argentinos internacionalistas que habían ido a colaborar con los procesos
insurgentes del Istmo (Balerini Casal, 2018), la misión argentina en Centroamérica
habría estado relacionada con el objetivo de intervenir en la “crisis centroamericana”
tanto en Nicaragua como en Honduras (Rostica, 2021).
Los agentes actuaron numerosas veces bajo cobertura civil o diplomática, lo que
indica un grado alto de implicación estatal y planificación por parte de la dictadura
argentina y una dinámica de solidaridad entre las facetas legales y burocráticas del
Estado argentino con aquellas otras ilícitas y clandestinas. Este elemento, y sus
implicancias analíticas sobre la definición misma del Estado terrorista, será ampliado
en el próximo apartado. Por lo pronto, y en relación con este punto, vale apuntar que
han sido relevantes los avances en el estudio del carácter de las relaciones
diplomáticas entre la dictadura argentina y los regímenes centroamericanos
(Molinari, 2018).
Otro eje de indagación que ha vertebrado las investigaciones sobre la temática ha
sido la naturaleza de los intercambios represivos entre Argentina y los gobiernos del
Istmo. Lejos de configurarse como una transferencia unidireccional de saberes,
variadas intervenciones han señalado que estos vínculos constituyeron verdaderas
instancias de co-construcción represiva, donde los marcos doctrinarios y las tácticas
contrainsurgentes fueron adaptadas a las particularidades de cada conflicto
nacional. A partir del estudio de prácticas y dispositivos operativos, se ha
documentado cómo la experiencia acumulada por las Fuerzas Armadas argentinas
durante los años previos en su triunfo sobre “la subversión” fue sistematizada y
transmitida, al mismo tiempo que era nutrida, y transformada, al calor de los desafíos
y aprendizajes que suscitaban los escenarios centroamericanos. De este modo,
Argentina no solo exportó cuadros y conocimiento, sino que consolidó su rol como
potencia contrainsurgente latinoamericana, capaz de intervenir en otros teatros de
conflicto con criterios doctrinarios y políticos propios (Rostica, 2018; Sala, 2019;
Rostica, 2020 y Rostica y Sala, 2025).
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Un tercer gran problema abordado por este cuerpo de trabajos es el de
la circulación doctrinaria antisubversiva y la formación militar de cuadros
centroamericanos en territorio argentino, que ha permitido visibilizar la dimensión
estructural de los lazos represivos entre estos regímenes. A partir del análisis de
registros de ingreso y egreso en diversos institutos militares y departamentos
específicos creados a efectos de instrumentar operativamente la colaboración
represiva, se ha identificado la presencia sistemática de oficiales guatemaltecos,
salvadoreños y hondureños en cursos impartidos por el Ejército argentino, donde
fueron formados bajo los parámetros doctrinarios de la “lucha antisubversiva”
desarrollada en el país desde comienzos de los años setenta. Esta dimensión ha sido
iluminada particularmente por los estudios centrados en la transmisión
institucionalizada de saberes represivos, que muestran que no se trató solo de
participaciones coyunturales, sino de programas sostenidos de formación militar y
policial. Intervenciones académicas más recientes han hipotetizado, incluso, que
estos espacios castrenses de formación fueron muy relevantes en la
transnacionalización de la metodología represiva de la desaparición forzada de
personas en zonas urbanas (Sala, 2022; Rostica, 2024).
Estas pesquisas han contribuido a reformular los marcos interpretativos desde los
que se abordaba la proyección internacional de la dictadura argentina. Frente a las
hipótesis que la entendían únicamente como relevo táctico del poder estadounidense
durante los años de repliegue promovido por la administración Carter, los nuevos
enfoques plantean que el régimen argentino actuó como un actor con cierto margen
de autonomía en el campo de la contrainsurgencia continental. Con objetivos
geopolíticos propios y una visión ideológica hemisférica, la dictadura conosureña
buscó ocupar un espacio vacante en la arquitectura represiva de la región,
aprovechando tanto el temor al contagio revolucionario tras el triunfo del FSLN como
la necesidad de los gobiernos autoritarios de contar con asesoramiento técnico y
logístico y respaldo económico. Esta perspectiva permite inscribir la experiencia
argentina en un proceso más amplio de reconfiguración de las geografías de la Guerra
Fría en América Latina, en el que los Estados del Cono Sur no fueron meros
receptores de influencia externa, sino productores activos de orden y represión en
clave regional (Marchesi, 2017).
De conjunto, estos trabajos proponen pensar la internacionalización represiva
argentina como un objetivo estatal que para su concreción alternó estrategias
diplomáticas y legales con otras represivas y clandestinas. Ese objetivo estuvo
fundamentado en ambiciones geopolíticas regionales, pero también se apoyó en los
intereses castrenses y en la afinidad ideológica dada por la común inscripción en el
enfoque ideológico contrainsurgente y la percepción de un conflicto global contra la
“subversión internacional” que tenía un despliegue muy relevante en América
Central. El tratamiento de este proceso ha permitido no solo dotar de un grado de
autonomía a actores estatales que antes habían sido pensados e interpretados como
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meros predicados de la acción estadounidense, sino también repensar las cronologías
y periodizaciones de la Guerra Fría que, durante la década de 1980, y producto de la
crisis centroamericana inaugurada por el triunfo del FSLN y los conflictos armados
internos en El Salvador y Guatemala, tuvo en el Istmo uno de sus puntos de mayor
gravitación política a escala global.
Dos últimos señalamientos al respecto, que surgen de un balance de la producción
dedicada a pensar la colaboración represiva entre Argentina y Centroamérica. El
primero, evidente, plantea que el terrorismo de Estado argentino no estuvo ceñido a
las fronteras nacionales y proyectó sus agentes, sus doctrinas y también sus
prácticas en un espacio político más amplio, determinado por la cartografía ideológica
de la Guerra Fría. El segundo, por su parte, permite resignificar la dinámica del
terrorismo de Estado toda vez que apunta a repensar las vinculaciones entre la cara
legal-burocrática y aquella otra ilegal-clandestina: lejos de ser dos facetas
excluyentes de un fenómeno complejo, queda de relieve que ambas dimensiones
fueron solidarias y colaboraron en la reproducción del proyecto represivo argentino a
escala transnacional. Esa reproducción fuera de las fronteras, que estuvo vinculada
con estrategias que desbordan la vertiente represiva —o, en todo caso, la analizan en
su dimensión productiva— y que contactan con facetas diplomáticas y
propagandísticas, entre otras, es la que se aborda con mayor detalle en el último a
apartado de este balance historiográfico, dedicado al llamado “frente externo”.
El “frente externo” de la dictadura: la dimensión productiva de la represión
En los últimos años, la historiografía sobre la última dictadura argentina ha
comenzado a explorar con mayor profundidad y sistematicidad otras proyecciones
internacionales del régimen más allá de los operativos extraterritoriales de represión
clandestina. Así, ha dado lugar a una línea de investigación centrada en el
denominado “frente externo” —conformado por “actores, sucesos y escenarios
internacionales” para “expandir ideas, difundir información, instalar imágenes y
disputar sentidos en torno a las acciones represivas del régimen” (Catoggio y Feld,
2024a) —. Esta perspectiva ha favorecido la consideración no solo de la articulación
represiva transnacional, sino también de las estrategias simbólicas, diplomáticas y
operativas que el Estado dictatorial desplegó en el exterior para sostener su
legitimidad, apuntalar consensos y perseguir a sus enemigos. Las proyecciones
transnacionales del régimen dictatorial argentino no se agotaron en la coordinación
regional de la represión en el Cono Sur ni en la colaboración material y doctrinaria
intercambiada con los regímenes autoritarios de América Central repasadas en los
apartados previos. Incluyeron, por ejemplo, negociaciones diplomáticas en torno a
crímenes de alto impacto internacional, como el secuestro y desaparición de las
monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, que afectaron sensiblemente la
imagen externa del régimen (Catoggio y Feld, 2024b). Episodios como este, por
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ejemplo, son indicativos de que el “frente externo” constituyó un
espacio donde se gestionaron los efectos políticos de la represión, tanto en términos
de encubrimiento como de contención diplomática de la presión internacional.
Las primeras aproximaciones en esta clave se originaron en el estudio del activismo
exiliar y pro-derechos humanos que se produjo en el extranjero y pusieron su foco en
las acciones emprendidas por la dictadura a fin de deslegitimar la “campaña
antiargentina” (Franco, 2002 y 2008) con la que el régimen se refería a las denuncias
de los crímenes dictatoriales que exiliados y exiliadas acometieron en el extranjero
(Jensen, 2010; Jensen y Lastra, 2014; Confino, 2018; Alonso, 2022). Así, el estudio
del “frente externo” quedó aunado a la interrogación de numerosas “acciones
psicológicas” (Risler, 2018) dictatoriales que, a través de estrategias diplomáticas,
propagandísticas y de inteligencia, tuvieron la función de construir consensos y
legitimidad frente a la comunidad internacional. El objetivo era doble: por un lado,
responder y desestimar las denuncias acumuladas en el extranjero que, desde 1977,
no harían más que escalar en los países de Europa occidental, los Estados Unidos y
México. Por el otro, construir una narrativa que destacara los logros del régimen
militar en el restablecimiento del orden en un país que habría estado sumido en el
caos de la violencia, y que reivindicara su inocencia frente a las acusaciones por las
prácticas ilegales de represión (Cristiá y Schenquer, 2022 y Risler y Schenquer,
2023).
Este primer eje de análisis —centrado en la reacción comunicacional del régimen
frente al activismo exiliar— abrió el camino a nuevas investigaciones que dirigieron
su mirada a la intervención de los organismos estatales y sus modalidades de
proyección internacional. De este modo, los trabajos sobre el “frente externo”
dictatorial ampliaron su lente para incorporar nuevas dinámicas en su seno e indagar
el rol de otros actores y agencias involucrados. Por ejemplo, a partir del estudio de
las diversas instancias burocráticas que tuvieron a su cargo la representación de la
dictadura frente a gobiernos y sociedades extranjeras. En numerosas ocasiones, esas
instancias, como la Secretaría de Información Pública —dependiente del Poder
Ejecutivo Nacional y en la órbita del Ejército— o distintas reparticiones que operaron
dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto —en el ámbito de la Armada—
estuvieron conducidas por personal civil como los diplomáticos de carrera y sus
lineamientos y acciones respondieron a las previsiones del régimen sobre el
encubrimiento de sus crímenes incluso antes de que arreciara la mayor cantidad de
denuncias en el exterior (Lloret, 2019; Cristiá y Schenquer, 2022; Piñero, 2024;
Fernández Barrio, 2024b y Schenquer, 2024).
El desplazamiento hacia el estudio de estructuras estatales formales permitió
complejizar la comprensión del “frente externo”, al revelar que las iniciativas para
blindar al régimen en el exterior no fueron improvisadas ni exclusivamente militares,
sino que también provinieron desde órganos civiles especializados. Este gesto
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intelectual implicó un acercamiento a las dinámicas productivas de la represión
estatal, es decir, no aquellas destinadas a perseguir y asesinar o desaparecer a los
enemigos políticos, sino a producir consensos favorables al curso del régimen militar.
En este sentido, por ejemplo, se ha estudiado la vinculación entre el Poder Ejecutivo
dictatorial —en particular, la Secretaría de Información Pública— y empresas
estadounidenses como Burson Marsteller, encargada de diseñar campañas de
comunicación que impulsasen la imagen del país (Risler, 2018; Piñero, 2024). El
análisis también abordó el cabildeo que, a favor del régimen argentino, llevaron
adelante otras empresas estadounidenses con el fin de condicionar las intenciones
de la administración Carter de reducir la ayuda financiera a la Argentina por las
denuncias de violación a los derechos humanos (Piñero, 2024). En esa construcción
favorable de la Argentina, los medios de comunicación en eventos como el Mundial
de Fútbol de 1978 también se revelaron fundamentales (Sticotti, 2024).
Asimismo, se ha avanzado en el estudio de la “diplomacia cultural” que efectuó el
régimen argentino en el extranjero, por ejemplo, a partir de la intervención en la línea
editorial de algunos medios de comunicación o de la invitación a personalidades de
relieve que pudieran visitar el país y, luego, devolver una imagen positiva del régimen.
Este tipo de diplomacia estuvo impulsada por la Secretaría de Información Pública y
por la Dirección General de Prensa y Difusión —dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto— y proyectó, fronteras afuera, las internas militares
entre el Ejército y la Marina (Canelo, 2008; Cristiá y Schenquer, 2022, Schenquer,
2024 y Cristiá, 2025).
Estas investigaciones permitieron reponer el papel de empresas privadas, agencias
diplomáticas y estrategias culturales en la producción de legitimidad internacional
de la dictadura, incorporando así una mirada más amplia sobre los dispositivos de
poder utilizados por la dictadura. Contribuyendo, en fin, a redefinir las fronteras y
las articulaciones del terrorismo de Estado.
Además de su intervención en la diplomacia cultural y en las acciones psicológicas
transnacionales, otros estudios sobre el funcionamiento del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto han hecho hincapié en diversos modos de incidencia del “frente
externo” de la “lucha contra la subversión”, tendientes a entorpecer la experiencia de
quienes se habían exiliado y su posibilidad de libre movimiento entre países. Los
exiliados y exiliadas formaban parte de la amenaza del enemigo interno —aunque
deslocalizado— que había construido la dictadura y, por ende, el estudio de su
experiencia histórica y sus intenciones organizativas también ha configurado una
puerta de entrada para indagar en los mecanismos de exclusión y en las dimensiones
productivas de la represión que impulsó el régimen dictatorial a través de prácticas
burocráticas varias (Jensen, 2019; 2020 y Jensen y Lastra, 2016).
Junto a las diversas estrategias políticas y de comunicación para desestimar las
denuncias en diversos foros internacionales, otras investigaciones han demostrado
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que instituciones formales del Estado, como el Servicio Exterior,
también participaron de los operativos extraterritoriales de represión clandestina que
tuvieron como fin perseguir y aniquilar al enemigo subversivo. Estos trabajos
cuestionaron, en su interrogación del “frente externo”, la idea de “Estados paralelos”
(McSherry, 2005) y plantearon, en cambio, una articulación solidaria entre las
estructuras represivas y clandestinas y las instituciones formales y pseudo legales
del Estado dictatorial en el desarrollo del terrorismo de Estado (Slatman, 2012;
Fernández Barrio, 2017 y 2018). Esto fue visible, no sólo a propósito del servicio
diplomático, sino también a partir de oficinas constituidas en el extranjero por parte
de la Armada para llevar a cabo una guerra de contrainformación que desmintiera la
represión en Argentina, como el Centro Piloto de París que, además, se valió del
trabajo esclavo de los secuestrados y secuestradas en la ESMA (Franco, 2008 y
Fernández Barrio y González Tizón, 2020).
La bibliografía ha demostrado que las intervenciones de la Marina en el “frente
externo” —además de reproducir sus disputas con el Ejército— fueron heterogéneas
y articularon mecanismos represivos, intereses económicos y operaciones mediáticas
y psicológicas dirigidas a una pluralidad de destinatarios que no se limitaban a la
opinión pública internacional, sino que incluían al propio Ejército y a Montoneros
(Confino y Franco, 2021; Fernández Barrio, 2024b). A su vez, una línea muy reciente
de investigación ha comenzado a explorar la circulación transnacional de los
perpetradores del terrorismo de Estado, en particular, de los integrantes del Grupo
de Tareas 3.3 de la ESMA. Se ha demostrado, por ejemplo, que un conjunto de
represores que había estado al frente de uno de los centros clandestinos más
significativos del país fue desplazado en misiones al exterior, hacia 1979, a destinos
como Sudáfrica, España o Gran Bretaña (Pineau, 2016 y Fernández Barrio, 2025).
Estas misiones revelan, por un lado, que el alcance transnacional del aparato
represivo no se circunscribía al continente americano. También ha quedado de
manifiesto la coexistencia, dentro de la estructura naval, entre los procedimientos
formales estipulados por la normativa castrense y las excepciones habilitadas por la
conducción política en casos puntuales; en otras palabras, resulta evidente la
articulación entre las dinámicas procedimentales legales y aquellas ilegales. Más aún,
permiten observar que el “frente externo” no solo cobijó represores para perseguir la
disidencia o desarrollar campañas propagandísticas, sino que funcionó, además,
como espacio de refugio —o de recompensa— para quienes habían estado
especialmente comprometidos con los objetivos de la “lucha contra la subversión”
(Fernández Barrio, 2024a y 2025).
En suma, el estudio del “frente externo” ha permitido a la historiografía reciente
recalibrar las diversas dimensiones del terrorismo de Estado —diplomáticas,
represivas, comunicacionales, entre otras—revelando que la represión también se
proyectó internacionalmente de manera multiforme, con fines tanto persuasivos
como persecutorios y que involucró un proyecto de poder que trascendió con creces
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a las estructuras clandestinas. La consideración de múltiples escalas, documentos y
actores confirma que el “frente externo” fue un campo de disputa política y una
dimensión estructural del régimen organizada a través de dispositivos civiles y
militares, públicos y clandestinos, cuyo análisis resulta clave para seguir indagando
la complejidad del Estado represivo argentino y su lugar en los alineamientos
políticos dispuestos por la Guerra Fría.
Reflexiones finales
A partir del recorrido realizado, es posible afirmar que en los últimos años la
historiografía ha avanzado significativamente en la reconstrucción y análisis de la
dimensión transnacional de la última dictadura argentina. La articulación entre
diversas perspectivas de análisis y campos de estudios —como la historia global y la
historia reciente, o la historiografía sobre la Guerra Fría latinoamericana y la
sociología histórica— redundó en una profundización y complejización de la
semblanza del último régimen militar argentino. Cincuenta años después del golpe
de Estado de marzo de 1976, la mirada sobre la dictadura ha abandonado la
excepcionalidad y la explicación puramente endógena. Los estudios revisados en este
ensayo han demostrado que las políticas represivas, diplomáticas e ideológicas del
régimen estuvieron profundamente imbricadas en circuitos regionales e
internacionales, y que su articulación con el exterior fue tanto reactiva como
proactiva. La proyección internacional de la dictadura no puede ser entendida
simplemente como un efecto colateral de la represión interna, sino que debe ser
pensada como un campo estratégico en sí mismo, donde se jugaron disputas claves
de legitimidad, influencia y control.
El examen del eje vinculado a la coordinación represiva regional, como la Operación
Cóndor, y a los operativos extraterritoriales en el Cono Sur mostró una línea
historiográfica en plena expansión, anclada en fuentes desclasificadas, archivos
judiciales y redes transnacionales de activismo. Se ha podido constatar el carácter
sistemático que tuvo la coordinación de la represión, su estructuración institucional
y su capacidad de adaptación en distintos contextos. Al mismo tiempo, ha quedado
en evidencia que esta coordinación represiva regional no se limitó a la Operación
Cóndor ni a la persecución de exiliadas y exiliados, sino que involucró una diversidad
de espacios, actores y repertorios de acción. En este punto, la autonomía operativa
propia del despliegue del terrorismo de Estado en Argentina también se manifestó en
sus dinámicas fuera del país.
En esa misma línea, los estudios sobre la colaboración argentina en Centroamérica
han ampliado los márgenes del campo, evidenciando que la dictadura funcionó como
actor protagónico en la circulación de saberes y prácticas represivas más allá del
Cono Sur. Al integrar estas experiencias en escenarios como Nicaragua, El Salvador,
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Honduras y Guatemala, la historiografía ha expandido los marcos
interpretativos disponibles y, de este modo, ha complejizado la cartografía represiva
latinoamericana durante la Guerra Fría tardía. El carácter bilateral, informal y
operativo de estos vínculos, así como la circulación de técnicos, manuales,
entrenadores y doctrinas, muestran una modalidad distinta de internacionalización
represiva a nivel del Cono Sur, más flexible pero igualmente letal.
Por su parte, los análisis en torno al “frente externo” han permitido iluminar otras
dimensiones del accionar dictatorial, desde las estrategias diplomáticas y mediáticas
hasta las redes ideológicas que vinculaban al régimen con actores de la derecha
internacional. En estos trabajos se advierte un giro relevante: la dictadura no solo se
proyectó internacionalmente para perseguir opositores o limpiar su imagen, sino
también para insertarse en un campo político e ideológico transnacional que
compartía diagnósticos, repertorios y visiones del orden mundial. El alineamiento con
determinadas derechas internacionales, la apelación a lenguajes contrainsurgentes
globales, y la tentativa de moldear su imagen externa en un contexto de creciente
visibilización de las denuncias por violaciones a los derechos humanos son elementos
claves para entender esta dimensión.
Estos tres ejes, si bien diferenciados, habilitan a pensar que la transnacionalización
del terrorismo de Estado argentino no fue un fenómeno marginal ni exclusivamente
técnico, sino un aspecto central del proyecto autoritario. Esta constatación obliga a
revisar ciertos presupuestos historiográficos que, durante mucho tiempo, tendieron
a leer la dictadura en una clave predominantemente nacional. A medida que se fueron
ampliando los horizontes de fuentes y se establecieron diálogos con otros campos —
como los estudios internacionales, la historia global y las investigaciones sobre redes
transnacionales—, emergió una comprensión más matizada y compleja del régimen
dictatorial.
Uno de los aportes fundamentales de estos estudios ha sido el de impulsar un cambio
de escala analítica. Al incorporar el plano regional y global, se ha vuelto posible
entender las dinámicas internas del régimen y las formas en que fue modelado,
legitimado y proyectado desde y hacia el exterior. El trabajo multiescalar —que
articula lo local, lo nacional, lo regional y lo global— se revela así como un
instrumento indispensable para captar la densidad política e histórica del fenómeno
dictatorial. No se trata solo de sumar niveles de análisis, sino de cuestionar las
fronteras metodológicas y hermenéuticas que durante décadas delimitaron el objeto
de estudio. El cambio de escala implica también una modificación de perspectiva:
habilita nuevas preguntas, visibiliza actores y lógicas previamente marginales, y
obliga a repensar las cronologías y las espacialidades en las que se desplegó la
violencia estatal.
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Una aclaración. El énfasis en la dimensión transnacional no desplaza la centralidad
de la represión interna ni sus efectos devastadores sobre la sociedad argentina, sino
que permite contextualizarla en un marco más amplio, donde se entrecruzan
procesos globales de contrainsurgencia, Guerra Fría, circulación de doctrinas de
seguridad nacional y resistencias trasnacionales. Esta perspectiva posibilita,
además, pensar la experiencia argentina en clave comparada y conectada,
identificando patrones comunes con otras dictaduras del continente sin perder de
vista sus especificidades.
De cara al futuro, uno de los desafíos centrales de estos estudios será el de integrar
estos abordajes —todavía en parte fragmentarios— en una narrativa más articulada
que permita comprender cómo se conectaron, retroalimentaron o incluso se
tensionaron las distintas dimensiones del accionar transnacional del régimen. Ello
implicará, por un lado, seguir explorando cuerpos de fuentes como archivos
diplomáticos extranjeros, registros de organismos internacionales, memorias del
exilio y documentos de agencias de cooperación o seguridad de otros países. Por otro
lado, será necesario avanzar hacia un mayor grado de interdisciplinariedad y
continuar incorporando herramientas de la sociología histórica, las relaciones
internacionales o incluso la historia de las emociones, que permiten abordar aspectos
muchas veces dejados de lado en la escritura de la experiencia dictatorial, como los
climas afectivos, los lenguajes performativos o los gestos de solidaridad
transnacional. El campo de estudios, a su vez, podría beneficiarse de una mirada
más atenta a los actores no estatales —empresas, iglesias, organismos humanitarios,
asociaciones profesionales— que jugaron roles relevantes en los circuitos
transnacionales de legitimación o denuncia, apoyo o resistencia. También será
necesario prestar atención a las múltiples temporalidades del fenómeno y explorar
cómo persistieron, mutaron o se resignificaron ciertos vínculos más allá de 1983, por
ejemplo, durante los años de la transición democrática.
En definitiva, el estudio de la dimensión transnacional de la dictadura argentina no
constituye un simple capítulo agregado a una historia ya escrita, sino una invitación
a repensar el objeto mismo de esa historia. Al problematizar los marcos espaciales y
conceptuales desde los cuales se ha narrado el pasado reciente, estos abordajes
amplían los horizontes de la investigación y nos interpelan en tanto historiadores e
historiadoras, pero también como ciudadanos y ciudadanas. Más que una escala
suplementaria, lo transnacional se presenta como una perspectiva crítica que permite
reconfigurar lo que entendemos por historia nacional. Y en esa reconfiguración se
juegan no solo disputas académicas, sino también memorias sociales, sentidos
políticos y desafíos éticos que alcanzan y atraviesan nuestro presente.
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Anuario Nº44, Escuela de Historia
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Aceptado: 2 de octubre de 2025
Versión Final: 14 de octubre de 2025
