Hablar para ocultar, callar para negociar. Las elites militares y
partidarias frente al “problema de los desaparecidos” durante la
última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)
Paula Canelo
Anuario Nº44 / ISSN 1853-8835 / 2026
http://anuariodehistoria.unr.edu.ar/ojs/index.php/Anuario/index
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Hablar para ocultar, callar para negociar.
Las elites militares y partidarias frente al
“problema de los desaparecidos” durante la última
dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)
Talk to hide, silence to negotiate.
The military and partisan elites facing the “problem of
the disappeared” during the last Argentine civil-military
dictatorship (1976-1983)
PAULA CANELO
Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Universidad de Buenos Aires
pvcanelo@gmail.com
RESUMEN
El artículo analiza el contenido, tensiones y temporalidades de los posicionamientos y
estrategias de las elites militares y partidarias en torno al “problema de los
desaparecidos” durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). El
texto muestra de qué forma, y a partir de qué acontecimientos históricos clave, al frente
organizado en torno a las demandas de verdad-justicia-memoria de los organismos de
derechos humanos, las elites militares opusieron otro, de carácter especular, de
ocultamiento-no revisión-impunidad. Asimismo, el trabajo explica cómo y por qué las
elites partidarias, basadas en la estrategia de “callar para negociar” las condiciones de
la salida política, se posicionaron en un calculado equilibrio entre las demandas del
primero y las necesidades del segundo.
Palabras clave: dictadura; elites militares; elites partidarias; desaparecidos.
ABSTRACT
This article analyses the content, tensions and temporalities of the positions and
strategies of the military and party elites in relation to the ‘problem of the disappeared’
Hablar para ocultar, callar para negociar. Las elites militares y
partidarias frente al “problema de los desaparecidos” durante la
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during the last Argentine civil-military dictatorship (1976-1983). The text shows how,
and from which key historical events, the military elites opposed the front organised
around the demands for truth-justice-memory of the human rights organisations with
another, speculative front of concealment-non-revision-impunity. The paper also
explains how and why the party elites, based on the strategy of ‘silence to negotiate’ the
conditions for a political solution, positioned themselves in a calculated balance between
the demands of the former and the needs of the latter.
Keywords: dictatorship; military elites; party elites; missing persons.
Introducción
Si hay un tema cuya trascendencia definió la historia reciente argentina y continúa
moldeando las luchas políticas del presente, es el “problema de los desaparecidos”
durante la última dictadura cívico-militar argentina, autodenominada “Proceso de
Reorganización Nacional” (1976-1983). Esta trascendencia fue, como afirma Salvi
(2016: 104) “el resultado de un largo proceso de luchas, disputas y re-significaciones
que se dieron en los planos jurídico, político, simbólico y cultural en los más variados
escenarios, entre diversos actores y en diferentes momentos”. Hoy, a 50 años del
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, continúa siéndolo.
Las temporalidades y tensiones en la configuración de sentidos y las formas de
representación de los desaparecidos en la Argentina (Salvi, 2016) han sido
estudiadas, sobre todo, a través de las luchas de los organismos de derechos
humanos (Franco, 2018a). También, que el “problema de los desaparecidos” adquirió
el carácter de tal (asumiendo así una mayor atención por parte de la literatura) a
partir de su irrupción como problema público durante las postrimerías de la
dictadura, especialmente durante los años 1982 y 1983 (Feld y Franco, 2015). Fue
con especial intensidad a partir de entonces, que los reclamos por los desaparecidos
desde los frentes de oposición civil a la dictadura (sobre todo, los organismos de
derechos humanos, pero también ciertos sectores de la cultura, la política, el poder
judicial, la Iglesia Católica, la prensa, etc.) lo convirtieron en la consigna catalizadora
de la configuración memorial propia de la transición a la democracia en Argentina.
Se ha afirmado que es posible reconocer tres componentes en las estrategias y
posicionamientos por los derechos humanos: el “reclamo por la verdad”, la “demanda
de justicia” y el “imperativo de memoria” (Vezzetti, 2002, pp. 21-22). Es posible
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afirmar que esos componentes fueron presentándose de forma
sucesiva y progresiva, como si fueran eslabones que van sumándose a una misma
cadena, tanto durante la dictadura como después: primero, entonces, se trató de
saber la verdad sobre el destino de las víctimas y sobre la naturaleza de la represión;
después (aunque no inmediatamente) de lograr la justicia sobre los crímenes que
iban siendo progresivamente revelados; y, finalmente, de preservar la memoria sobre
los desaparecidos y la represión. Ahora bien, si esos componentes fueron
construyéndose políticamente, a través de un largo proceso de luchas, disputas y
resignificaciones, ¿qué estrategias y posicionamientos presentaron, frente a los
mismos, las elites políticas y partidarias, sin duda, actores protagónicos del período?
El interés académico sobre las posiciones de estas elites alrededor del “problema de
los desaparecidos” ha sido mucho mayor y más consistente alrededor del período
postdictatorial, especialmente (aunque no únicamente) de la política de
judicialización encarada por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín (1983-1989).
Sin embargo, sobre los contenidos, tensiones y temporalidades de estas elites en
torno al problema de los desaparecidos durante la dictadura, tenemos hoy más
preguntas que respuestas.
Los trabajos pioneros que abordaron las estrategias y posiciones de los políticos
durante la dictadura (González Bombal, 1991; Quiroga, 2004; Yannuzzi, 1996) nos
legaron un conjunto de conclusiones generales que serán el punto de partida de este
artículo. Sabemos hoy que el frente político presentó una endeble cohesión interna,
basada en acuerdos básicos que no iban más allá de la necesidad de reorganizar los
partidos, devolverles representatividad y la de obtener de la dictadura un cronograma
electoral (Novaro y Palermo, 2003). También sabemos que la dirigencia partidaria del
período se mantuvo en una postura “negociadora”, “ambigua y expectante” (Canelo,
2016 y 2021), de silencio frente a los crímenes y de crítica a la impopular política
económica del régimen, convertida en el “tema de oposición” a la dictadura. En este
contexto, las indagaciones han tendido a concentrarse en momentos puntuales, por
ejemplo, en el primer “diálogo político” establecido entre el gobierno militar y
dirigentes civiles a partir de 1980, en la conformación de la Multipartidaria en 1981,
o en las posiciones de los partidos durante períodos más extensos, como el de
radicalización del frente antidictatorial posterior a 1982 (Franco, 2014, 2018b y
2018c; González Bombal, 1991; Velázquez Ramírez, 2015), por citar sólo algunos
ejemplos.
Asimismo, otros trabajos han sabido reconocer en las posturas de las Fuerzas
Armadas, tanto durante la dictadura como (y sobre todo) después de la transición,
diversas estrategias de construcción de narrativas sobre lo actuado en la represión,
resultantes de “las negociaciones y confrontaciones” tanto hacia el propio frente
interno como hacia el discurso de los organismos de derechos humanos (Salvi, 2009,
p. 93). Aquí también los abordajes (que en parte retomaremos en este trabajo) se han
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dirigido, en general, a temas o períodos más o menos acotados: por ejemplo,
encontramos aquí importantes trabajos sobre la “teoría de la guerra sucia”, sobre las
posturas públicas de algunos exponentes paradigmáticos del régimen durante el
período y/o después, y sobre las estrategias mediante las cuales, al final de la
dictadura, las Fuerzas Armadas buscaron consagrar su impunidad (Canelo, 2008 y
2019; Feld y Salvi, 2019; Galante, 2019; Salvi, 2016; Franco, 2014 y 2018a), entre
otros temas.
En este artículo nos proponemos analizar los contenidos, tensiones y temporalidades
de los posicionamientos y estrategias de las elites militares y partidarias en torno al
“problema de los desaparecidos” durante todo el extenso período durante el que se
desplegó el Proceso de Reorganización Nacional.
1
En particular, ¿en qué momento el
“problema de los desaparecidos” adquirió carácter de tal para las elites procesistas y
por qué? ¿Cuáles fueron las estrategias institucionales que éstas ensayaron y cuáles
fueron sus objetivos y sus límites? ¿Qué posicionamientos presentó la dirigencia
partidaria frente al “problema de los desaparecidos” a lo largo de la dictadura? ¿Hubo
acuerdos entre militares y políticos en torno al tratamiento que debía dársele al
“problema de los desaparecidos”? Finalmente, ¿cuáles fueron los acontecimientos
históricos fundamentales que moldearon esta trama política?
Si bien, como expresamos más arriba, otros trabajos nos brindaron invalorables
aportes a la comprensión de estos problemas, el aporte principal de este artículo, del
que los textos citados constituyen un antecedente fundamental, es el de ofrecer un
análisis que los aborde durante todo el período 1976-1983. Esta mirada de largo
plazo nos permitirá mostrar de qué forma, y a partir de qué acontecimientos
históricos clave, al frente organizado en torno a las demandas de verdad-justicia-
memoria de los organismos de derechos humanos, las elites militares opondrán otro,
de carácter especular, de ocultamiento-no revisión-impunidad. Asimismo, nos
permitirá explicar cómo y por qué las elites partidarias, basadas en la estrategia de
“callar para negociar” las condiciones de la salida política, se posicionarán en un
calculado equilibrio entre las demandas del primero y las necesidades del segundo.
Este texto está organizado en tres apartados, a partir de la construcción de tres
escenarios que se desplegaron entre 1976 y 1983. El primero, que se desarrolló entre
los años 1976 y 1978, estará centrado en las “Fuerzas Armadas victoriosas” en la
1
El corpus documental principal de este trabajo está integrado por las “Actas de la Dictadura”, el fondo
más importante hoy existente sobre la dictadura argentina, que fue sistematizado por el Ministerio de
Defensa de la Nación en 2014 y que puede ser consultado en
https://www.argentina.gob.ar/defensa/archivos-abiertos/centro-de-documentos-digitalizados
(disponible el 31/5/2025); por los llamados Planes Políticos de la dictadura, documentos reservados
producidos entre 1976 y 1979 por las más altas esferas del gobierno militar, que forman parte del
archivo personal de la autora; por prensa del período, en especial diarios de circulación nacional, y por
otras fuentes complementarias que serán citadas en cada caso.
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“lucha antisubversiva”. Durante el mismo el régimen pondrá en escena
la llamada “teoría de la guerra sucia y los excesos”, primera narrativa pública
elaborada para enfrentar las demandas sobre los desaparecidos, y la “victoria militar”
será el principal capital político de los militares en el poder. En este primer escenario
se enfrentarán, en el seno de las elites procesistas, las posiciones “clausuristas” sobre
la represión con las “revolucionarias”, con un significativo predominio de las
primeras, especialmente por los réditos obtenidos del Mundial ‘78.
En el segundo escenario, entre 1979 y 1980, el fracaso de los clausuristas llevará a
las Fuerzas Armadas a replegarse hacia una nueva estrategia, de “no revisión de lo
actuado”. Este cambio se producirá, especialmente, por el resultado adverso de la
visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
Organización de Estados Americanos (OEA) en 1979. Así, y con el objetivo central de
evitar la “revisión” de los crímenes de la represión, el régimen convocará en 1980 a
la dirigencia civil al “diálogo político”, marco en el cual las elites partidarias jugarán
un rol central.
El tercer escenario, que se extendió entre 1981 hasta el final de la dictadura, estará
caracterizado por la pérdida de control del régimen sobre casi todos los frentes. El
“problema de los desaparecidos” ganará legitimidad como problema público y se
iniciará una progresiva radicalización del frente antidictatorial. Hasta que, como
consecuencia de la derrota en la guerra de Malvinas en 1982, las Fuerzas Armadas
pierdan, finalmente, su condición de “victoriosas” y, por lo tanto, su principal capital
político, replegándose aún más hacia la demanda de impunidad, su último y único
objetivo.
Las “Fuerzas Armadas victoriosas”, la “teoría de la guerra sucia y los excesos”
y la “estrategia clausurista” (1976-1978)
Se ha extensamente señalado que la última dictadura cívico-militar argentina tuvo
objetivos refundacionales. Las elites militares y civiles que condujeron el régimen se
proponían nada menos que inaugurar “un nuevo ciclo histórico”, dejando atrás para
siempre tanto la inestabilidad que impulsaba a los militares a intervenir
recurrentemente en el sistema político como la aguda conflictividad social y política
por entonces característica de la Argentina.
Para lograrlo se propusieron lograr un conjunto de objetivos vinculados entre sí: por
un lado, mediante la política económica (especialmente la del primer Ministro de
Economía, José Alfredo Martínez de Hoz) buscaron transformar irreversiblemente la
estructura socioeconómica argentina; por otro, en el plano político, procuraron lograr
en paralelo la “victoria militar” en la llamada “lucha antisubversiva” y la refundación
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frente al “problema de los desaparecidos” durante la última dictadura
cívico-militar argentina (1976-1983)
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de las elites políticas existentes mediante la creación de un gran Movimiento de
Opinión Nacional (MON).
El objetivo que predominó por sobre todos los demás fue la “lucha antisubversiva”.
2
La misma fue, al mismo tiempo, el principal recurso de legitimación del régimen ante
la sociedad y de cohesión del frente militar. Alrededor de la misma se gestó lo que en
otros trabajos llamamos “consenso antisubversivo” (Canelo, 2008 y 2016), que
suponía la adhesión incondicional de las Fuerzas Armadas a tres premisas
constitutivas. Primero, que llevaban adelante una “guerra total” contra el enemigo
omnipresente de la “demagogia”, la “corrupción” y la “subversión”. Segundo, que esta
“guerra justa y necesaria” era un acto institucional sacrificial, de servicio hacia la
sociedad argentina. Y tercero, que la excepcionalidad del enemigo requería de la
aplicación de métodos también excepcionales (criminales y clandestinos, “no
adecuados” al derecho vigente) sobre los que debía mantenerse un pacto de silencio,
superior a cualquier otra consideración moral, política, personal o institucional
(Canelo, 2016).
En consecuencia, durante los primeros años de la dictadura el principal recurso de
poder, tanto intra-militar como frente a cualquier potencial oposición, fue la
conservación de la condición de “Fuerzas Armadas victoriosas”. Por una parte, para
quienes estaban al frente de la “lucha antisubversiva” en todo el territorio nacional
(los llamaremos aquí “revolucionarios” -Canelo, 2008-), su mayor responsabilidad en
el aniquilamiento implicó mayores cuotas de poder institucional. Por otra parte, para
la institución en su conjunto, mantener esta condición era garantía para reclamar
un espacio institucional destacado en el juego político futuro.
En los inicios, el “problema de los desaparecidos” no fue tal para la dictadura. El
“consenso antisubversivo” indicaba que el haber sido “lanzadas” a una “contienda no
buscada” (“contingente”, como la definían -Galante, 2019-) debía asegurarles una
“impunidad natural”, justificada en el “sacrificio” institucional que realizaban.
Asimismo, la desquiciada pero inquebrantable construcción de un enemigo
omnipresente parecía garantizar que la tarea represiva sería infinita y que el poder
casi absoluto del que gozaban las Fuerzas Armadas no tendría fin. A mediados de
1977, por ejemplo, el general Ibérico Saint Jean, gobernador de la provincia de
Buenos Aires, afirmaba: “primero mataremos a los subversivos, luego a sus
2
Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 la dictadura puso en marcha un plan represivo
clandestino y sistemático que fue aplicado sobre todo el territorio nacional por las Fuerzas Armadas,
con el apoyo operacional de las fuerzas de seguridad. Este plan fue organizado y conducido desde las
más altas esferas del gobierno y del Estado, y estuvo basado en la desaparición forzada de personas, el
secuestro, la tortura y la apropiación de niños/as y de bienes materiales de las víctimas, entre muchas
otras formas de violencia indiscriminada.
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colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a los indiferentes y por
último a los tímidos”.
3
En este escenario de “guerra” las “Fuerzas Armadas victoriosas” desplegaron un
relato “heroico”
4
coherente con el “consenso antisubversivo”, tanto hacia el interior
de la institución como frente a la sociedad.
Fue en octubre de 1977 que la Junta Militar (JM) (formada por los tres Comandantes
en Jefe y máximo órgano soberano de la dictadura) registró por primera vez en su
agenda la existencia de reclamos sobre desaparecidos: “4. TELEGRAMA A LA JUNTA
MILITAR DEL SEÑOR LUCAS ORFANO
5
, SOLICITANDO AUDIENCIA EN NOMBRE
DE FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS”; frente a lo que se resolvió
que fuera “el señor Secretario General de Turno
6
quien lo reciba en audiencia.”
7
Si por entonces el “problema de los desaparecidos” no era tal para la dictadura, lo
que sí constituía una amenaza creciente era la denominada “campaña
antiargentina”
8
en el frente externo. En octubre de 1977, en un documento reservado,
la Armada afirmaba que dicha “campaña”
puede derivar en la adopción de medidas de presión de tipo político-económico, por
parte de organismos internacionales, de países liderados por los EE.UU., el
sionismo internacional, el Vaticano, etc. Estas presiones pueden llegar a privar al
país de los recursos financieros indispensables para la rápida recuperación
nacional.
9
Si las Fuerzas Armadas sólo temían, por entonces, por el plano internacional, la “pata
civil” del Proceso sí comenzaba a prever posibles sanciones del frente interno sobre
los “métodos” usados en la “lucha contra la subversión”. En abril de 1978 Jaime
Perriaux, uno de los colaboradores civiles más influyentes del gobierno militar,
3
International Herald Tribune, 26/05/1977.
4
En ningún caso el empleo de la categoría “heroico” implica valoración: se la recupera aquí para poner
en juego analíticamente la distinción entre el componente heroico/guerrero y el componente técnico que
reconoce Janowitz (1967) en los liderazgos característicos de las organizaciones militares modernas.
Volveremos más adelante sobre el relato “técnico” que puso en marcha la dictadura sobre los
desaparecidos durante el escenario previo a la visita de la CIDH.
5
Se trataba de Lucas Orfanó, militante peronista y referente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos
por Razones Políticas, que había sido secuestrado junto a su esposa en agosto de 1976 y cuyos hijos,
Pantaleón y Guillermo Lucas estaban desaparecidos. Orfanó prestó testimonio en el Juicio a las Juntas
y falleció en septiembre de 1986.
6
La responsabilidad recaía en el brigadier Lami Dozo, Secretario General de la Fuerza Aérea; que sin
embargo, en el marco de la Causa Nº 13/84, negó tener conocimiento sobre denuncias sobre
desaparecidos, que sólo había recibido algunos reclamos del Episcopado y que los había transmitido “a
la autoridad competente” (
https://www.derechos.org/nizkor/arg/causa13/cap19.html, disponible el
18/3/2025).
7
Actas de la Dictadura, Acta 38, 18/10/1977, Tomo 2, p. 40, mayúsculas y subrayado en el original.
8
En el discurso público del régimen esta campaña era conducida por los “subversivos” derrotados en la
“guerra interna” que habían “podido escapar” y refugiarse en el exterior para, desde allí, sabotear al
gobierno con “falsas acusaciones” sobre “supuestas” violaciones a los derechos humanos.
9
“Consideraciones sobre el proceso de institucionalización y el Movimiento de Opinión Nacional.
Documento de Trabajo”, Armada Argentina, octubre de 1977, p. 22.
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advertía que éste debía empezar a pensar en controlar la “salida política” (léase
entrega del poder a los civiles) porque uno de los máximos peligros de una salida
política “no controlada” era la “altísima probabilidad de que se cuestione
severamente, en un intento vengativo de establecer responsabilidades y aplicar
graves sanciones, los métodos con que las Fuerzas Armadas alcanzaron el triunfo en
la lucha contra la subversión”.
10
El verdadero problema que la dictadura debió resolver en forma casi inmediata fue el
de su paradójica legitimidad de origen. Si, como vimos, la misma descansaba casi
enteramente en la “victoria” militar sobre la “subversión”, para consagrar su
legitimidad de ejercicio debía, inevitablemente, clausurar los escenarios de la
“guerra”. En otras palabras: para que el recurso de legitimación y de unidad
institucional de la “guerra interna” conservara su eficacia, era necesario
abandonarlo, anunciando el “triunfo final sobre la subversión”.
Fue así que la conducción dictatorial debió iniciar lo que aquí llamamos “estrategia
clausurista”: “cerrar” el escenario de “guerra” y anunciar que se había tratado de un
período “excepcional” que debía ser “dejado atrás”. La misma tuvo tres etapas: la
primera fue la puesta en escena de la llamada “teoría de la guerra sucia y los excesos”
en la represión, iniciada en 1977; la segunda fue la realización del Mundial de Fútbol
en 1978; y la tercera, la visita de la CIDH de la OEA en 1979. Fue conducida por los
miembros de la JM, el presidente de la Nación, general Jorge Rafael Videla (también
miembro de la JM), su ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, y un
encumbrado espectro de altos funcionarios.
A poco más de un año de gobierno, había llegado el momento de encarar la imposible
tarea de “decir” sobre los desaparecidos, y de poner en escena algún tipo de narrativa
que lograra contrarrestar las primeras denuncias que iban teniendo repercusión
internacional.
11
¿Cómo hacerlo sin dar ningún indicio sobre los crímenes aberrantes
cometidos en el marco de un plan sistemático y planificado de exterminio masivo de
personas, conducido desde las más altas esferas del poder estatal y gubernamental?:
mediante una estrategia basada en la premisa de “hablar para ocultar”.
Fue en mayo de 1977, en una conferencia de prensa ante periodistas extranjeros en
la ciudad de Caracas, Venezuela, cuando Videla se refirió por primera vez en público
a los desaparecidos:
10
“Propuesta Política de Jaime Perriaux para el Proceso de Reorganización Nacional”, abril de 1978, p.
I.
11
Por ejemplo, los casos del embajador argentino en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá (julio de 1977), los
periodistas Edgardo Sajón (abril de 1977) y Rodolfo Fernández Pondal (agosto de 1977) y el sindicalista
Oscar Smith (febrero de 1977) (Salvi, 2016, p.107).
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(...) en nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima
realidad pero que objetivamente debemos reconocer. Resulta difícil explicar por qué
y por vía de quién estas personas han desaparecido, y voy al caso, por ejemplo de
cinco o seis alternativas que puedan caber para cada caso en particular: que la
persona de marras haya desaparecido porque pasó a la clandestinidad (...). Otra
alternativa: que por falta de lealtad a las organizaciones paramilitares o político-
militares subversivas hayan sido eliminadas por la propia subversión (…). Tercera
alternativa: problema de conciencia del hombre que sabe que entró en un camino
que no tiene regreso como es la subversión, o se automargina, autosecuestra para
desaparecer del escenario político. Otra alternativa: esta misma circunstancia que
yo puntualizo lo lleva al hombre a veces al terreno de la desesperación y un suicidio
de quien no se tienen más noticias. Y acepto la quinta: un exceso de la represión de
las fuerzas del orden. Cuál de las cinco es de aplicación a cada caso, casi le diría
que es imposible la respuesta.
12
Según la “teoría de la guerra sucia y los excesos”, los desaparecidos eran “casos”
específicos, “particulares”; las causas de estas desapariciones puntuales (“por vía de
qué y por quién”) eran imposibles de determinar y, sólo en última instancia, el
régimen aceptaba la posibilidad de que “elementos fuera de control” (también,
aislados, particulares y “espontáneos”) hubieran cometido “excesos”.
En declaraciones posteriores Videla perfeccionó la idea de los “excesos”
13
calificándolos como “la secuela sucia de una guerra sucia”. En septiembre de 1977,
en Washington, afirmó que “la guerra” había producido “suciedades” difíciles de
“controlar desde los estratos más altos”: “grupos espontáneos” que, tal vez con “muy
buena intención”, “quieren hacer lo que creen que el gobierno no hace”.
14
Videla llamó
a “retomar el control total de los elementos lanzados a la lucha contra la guerrilla” y
manifestó su “intención de castigar a los responsables cuando sean
individualizados”.
15
En sintonía con Videla, el ministro Harguindeguy, en el V Congreso de Jefes de
Policías Nacionales y Provinciales advirtió sobre los peligros de que la “fuerza del
Estado” fuera “deformada” por la de “grupos fuera de control”:
La falta de encuadramiento de esta violencia creó un ambiente propicio para el
descontrol ético. (…) las fuerzas legales adecuamos muchos de nuestros
procedimientos de combate a los usados por la subversión, el desprecio por la vida
humana, intrínseco de la filosofía del enemigo, rozó a unos pocos, los desvalores de
estos delincuentes causaron mella en alguno de nuestros hombres (…) Por ello
ustedes, señores jefes de las policías provinciales, deben buscar por todos los
12
Citado en Salvi (2016, p. 106).
13
De acuerdo con Salvi (2016, p. 107) “la figura de los excesos estaba contemplada en el Artículo 514
del Código de Justicia Militar, según el cual el superior que da una orden de servicio es el único
responsable del delito que pudiera cometerse por su ejecución, mientras que el inferior era considerado
cómplice si se excediera en su cumplimiento.”
14
La Nación, 09/09/1977.
15
La Nación, 09/09/1977.
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frente al “problema de los desaparecidos” durante la última dictadura
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medios que las instituciones que mandan vayan retomando sus características
específicas de fuerzas policiales.
16
La “teoría de la guerra sucia y los excesos” tenía varias ventajas para el régimen: no
empañaba la “heroicidad” de unas “Fuerzas Armadas victoriosas” en una “guerra
excepcional”; la figura de los “excesos” de “grupos fuera de control” ocultaba el
carácter planificado y sistemático de la represión; ofrecía una “clasificación” de
“posibles causas” de las desapariciones que invertía la carga de la culpa sobre la
“subversión” o sobre las propias víctimas (Salvi, 2016); y mostraba la intención del
régimen de dejar atrás una etapa “excepcional”. Finalmente, la magnitud y masividad
de los crímenes (y de las víctimas) todavía no era percibida ni por los propios
afectados: la palabra “desaparecido” no refería aún a “un conjunto específico de
personas que padecieron una misma situación de secuestro, reclusión y asesinato
clandestino, y todo eso como un tipo de crimen específico” (Feld y Franco, 2015, p.
387).
Sin embargo, la estrategia de “hablar para ocultar” de los pragmáticos clausuristas
no fue bien recibida por los “revolucionarios”,
17
que la consideraron una traición al
“sacrificio” de los “mártires”. Para ellos, la “guerra justa y necesaria” no admitía
rendición de cuentas de ningún tipo y debía perpetuarse indefinidamente, ya que en
tal máxima residía el poder soberano del Proceso. En mayo de 1978, por ejemplo, el
general Luciano Benjamín Menéndez, Comandante del III Cuerpo de Ejército,
afirmaba “no hay descanso para los hombres de armas argentinos”; “el Ejército vigila
las otras formas de lucha del marxismo (...) los estamos encontrando como quiera
que se disfrazan, cualquiera sea la actividad en que [se] desarrollan”.
18
La segunda etapa de la estrategia clausurista fue la realización de la XI
Copa Mundial de Fútbol Argentina ‘78. El objetivo era proyectar internacionalmente
la imagen de una sociedad “pacificada”, gracias al “sacrificio” de unas “Fuerzas
Armadas victoriosas” sobre la “subversión” y contrarrestar así la “campaña
antiargentina”. Había que demostrar que “los argentinos somos derechos y
humanos”.
Aunque el Mundial ’78 también fue una oportunidad, para los organismos de
derechos humanos, de aumentar la visibilidad de sus demandas por la “verdad” sobre
lo sucedido en la represión, los beneficios políticos que tendría para el régimen la
“fiesta magnífica” del Mundial ’78 se dejaron ver de inmediato, especialmente en el
plano interno. Según Clarín, “la Argentina quiere dejar definitivamente atrás la
16
La Nación, 04/05/1978.
17
El espectro de los “revolucionarios” incluía a diferentes fracciones procesistas, pero sobre todo era
representado por los exponentes más paradigmáticos de la represión, los Comandantes de Cuerpo de
Ejército, llamados en otros trabajos “señores de la guerra” (Canelo, 2016).
18
La Nación, 28/05/1978.
PAULA CANELO
Anuario Nº44, Escuela de Historia
Facultad de Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Rosario), 2026
ISSN 1853-8835
inercia, el dolor y el desgarramiento. Quiere marchar hacia un destino
de realizaciones y victorias”; por su parte, La Nación advertía que “hoy una vocación
de grandeza despierta”.
19
Videla señalaba que la Argentina “ha vivido un auténtico
clima de fiesta que ha sorprendido a muchos visitantes [que] podrán ahora
testimoniar sobre la realidad de nuestra Patria, deformada por una aviesa campaña
internacional”.
20
De la estrategia clausurista a la de “no revisión de lo actuado” (1979-1980)
La decisión de la JM de avanzar con la invitación a la CIDH de la OEA
21
a realizar
una visita al país, tercera etapa de la estrategia clausurista, respondió a varios
factores. El primero fue el frente externo: allí, la incorporación de la “cuestión de los
derechos humanos” en la política exterior de James Carter profundizó el temor hacia
sanciones políticas y económicas, particularmente la de la reducción de la ayuda
militar; asimismo, varios países europeos y las Naciones Unidas incrementaban sus
advertencias sobre la “preocupante situación de los derechos humanos” en la
Argentina. El segundo factor fue de orden interno: si bien el éxito del Mundial ’78 le
había otorgado al régimen un considerable “paréntesis” de popularidad, crecía la
preocupación de la JM por la “activación política” y “sindical”. La misma, por el
momento, se dirigía contra el plan económico de Martínez Hoz, “tema de oposición”
contra el régimen y era acompañada por el silencio sobre los desaparecidos de la
mayor parte de la opinión pública, incluidos los partidos políticos.
En marzo de 1979 la JM dispuso que los Secretarios Generales “efectúen un estudio
para evaluar objetivamente las implicancias de [la visita de la CIDH] y los posibles
resultados, a efectos de prever las medidas correspondientes”.
22
El régimen debía
demostrar que “la Argentina nada tiene que ocultar”, pero frente a un observador
externo que no se conformaría fácilmente con la narrativa “heroica” de la “teoría de
la guerra sucia”. Era necesario producir algún tipo de “evidencia propia” que
contrarrestara la que pacientemente venían construyendo los organismos de
derechos humanos sobre los desaparecidos.
Desde los inicios, la dictadura se había negado a cualquier posibilidad de ofrecer
“listas” de desaparecidos, ya que eso podía revelar magnitudes, circunstancias,
19
Clarín y La Nación, 26/06/1978.
20
Clarín, 30/06/1978.
21
La CIDH es “un órgano principal, autónomo y consultivo” de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) creado en 1959 para promover “la observancia y la defensa de los derechos humanos
entre los países miembros” (D’Antonio, 2018: 154). Junto a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos conforma el sistema interamericano de protección a los derechos humanos en el continente.
La OEA era, por entonces, junto con la ONU, identificada por la dictadura como “campos de batalla
ideológica” (Feld y Catoggio, 2024, p. 18).
22
Actas de la Dictadura, Acta 86, 01/03/1979, Tomo 3, p. 164.
Hablar para ocultar, callar para negociar. Las elites militares y partidarias
frente al “problema de los desaparecidos” durante la última dictadura
cívico-militar argentina (1976-1983)
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responsables, etc. (Salvi, 2016), pero además porque eso contradecía la premisa de
la “imposibilidad de controlar” los “excesos de los grupos fuera de control”.
23
Sin embargo, la necesidad de “exponer los hechos” y de mantener control sobre la
evidencia que se presentaría a la CIDH impulsó a la JM a complementar el relato
“heroico” de la “guerra sucia” con lo que en otro trabajo (Canelo, 2019) llamamos
“relato técnico-burocrático” sobre la represión. Brindar información cuantitativa,
burocrática, sobre (por ejemplo) los detenidos “legales” a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) era otra forma de “hablar para ocultar” las detenciones
clandestinas y las desapariciones.
Harguindeguy fue quien comunicó los “números” y “clasificaciones” oficiales: los
“detenidos por subversión” a disposición del PEN eran 1.723, mientras que otros
1.077 se encontraban “sin proceso abierto”, en “libertad vigilada”, en “arresto”, en
“cese de arresto” o en “opción a salir del país”.
24
Con el propósito de ”cubrir” la
distancia, que denunciaban incluso algunos medios de comunicación,
25
entre los
números oficiales y los que poseían los organismos, el régimen promulgó el Acta 205,
que buscaba que fueran los familiares los que declararan “muertos” a los
desaparecidos para poder acceder a “beneficios previsionales”.
El 6 de septiembre de 1979 la CIDH llegó al país y fijó una sede de trabajo provisoria
en la ciudad de Buenos Aires. Sus integrantes se entrevistaron con altos funcionarios
gubernamentales y representantes de casi todos los sectores, y la comisión recibió
un total de 5.580 denuncias. Además, visitó establecimientos carcelarios, juzgados,
organismos de las fuerzas de seguridad y dependencias militares en todo el país
(Canelo, 2008). La CIDH concluyó su trabajo el 20 de septiembre y Harguindeguy
comunicó la posición oficial frente al “observador externo”:
no nos hemos “confesado” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Argentina de hoy sólo se confiesa ante su Dios. Nos hemos limitado a exponer
los hechos, dejando librado a sus integrantes el extraer las conclusiones pertinentes
(...) Mentiras infames como la de los campos de concentración han quedado
definitivamente sepultadas por la verdad incontrastable y comprobada (...) La
República Argentina nada tiene que ocultar.
26
La visita de la CIDH tuvo consecuencias negativas decisivas, tanto inmediatas para
la estrategia clausurista como de largo plazo para el futuro de la dictadura. La
primera fue la creciente consolidación del frente antidictatorial: en paralelo al
aumento de la legitimidad de los organismos de derechos humanos y de su presencia
23
En 1977, por ejemplo, Videla había afirmado que “no podemos dar una lista de personas
desaparecidas por cuanto (…) no siempre significan personas muertas” (Clarín, 18/12/1977).
24
La Nación, 30/06/1979 y 23/08/1979.
25
“Harguindeguy: 3,295 taken off ‘siege’ list” titulaba, por ejemplo, el Buenos Aires Herald
(30/06/1979).
26
La Prensa, 22/09/1979.
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pública, algunos líderes políticos, tanto en forma individual como
orgánica, comenzaron a sumarse expresamente a sus demandas. Alfonsín, entonces
dirigente de una fracción de la Unión Cívica Radical (UCR) tensionada con la
conducción balbinista, había sido miembro fundador de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos; mientras que los dirigentes peronistas Deolindo Bittel,
vicepresidente 1º del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ), y Herminio
Iglesias, publicaron el primer documento partidario que denunciaba la “muerte y
desaparición de miles de ciudadanos” en manos del “terrorismo de Estado”.
27
La segunda consecuencia de la visita de la CIDH fue especular a la anterior: la
reactivación del “consenso antisubversivo”. La presencia de la comisión fue rechazada
por un heterogéneo frente prodictatorial: altos funcionarios de la Iglesia Católica,
militares retirados, ex presidentes de facto, organizaciones empresarias, colegios
profesionales, editores de diarios, agrupaciones políticas, sindicales y otras (Canelo,
2008; Novaro y Palermo, 2003; D’Antonio, 2018). En este clima, los “revolucionarios”
avanzaron con fuertes críticas a la estrategia clausurista
28
: el general Carlos
Guillermo Suarez Mason, jefe del Estado Mayor del Ejército, afirmó sobre la CIDH
que “el veredicto final que ellos se formen es problema de ellos, [los argentinos] no
necesitamos recomendaciones exteriores”.
29
El 14 de diciembre de 1979 la CIDH concluyó su Informe final, que fue publicado en
marzo de 1980. Allí afirmó que “entre 1975 y 1979” se habían cometido en la
Argentina “numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos”
que habían afectado:
a) al derecho a la vida (…) personas pertenecientes o vinculadas a organismos de
seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después
de su detención; [preocupa especialmente] la situación de los miles de detenidos
desaparecidos, que (…) se puede presumir fundadamente que han muerto; b) al
derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposición del [PEN]
a numerosas personas en forma indiscriminada y sin criterio de razonabilidad; y al
haberse prolongado sine die [su] arresto (…); esta situación se ha visto agravada al
restringirse y limitarse severamente el derecho de opción previsto en el Artículo 23
de la Constitución (…); c) al derecho a la seguridad e integridad personal, mediante
el empleo sistemático de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes,
cuya práctica ha revestido características alarmantes; d) al derecho de justicia y
proceso regular [por] las limitaciones que encuentra el Poder Judicial para el ejercicio
de sus funciones; de la falta de debidas garantías en los procesos ante los
tribunales militares; y de la ineficacia que, en la práctica y en general, ha
27
“El Justicialismo denuncia la violación de los derechos humanos”, 12/09/1979, cit. en Iribarne (2006,
p. 29 y ss.)
28
El malestar era tan profundo que generó una sublevación militar, la única durante la dictadura,
protagonizada por el general Menéndez, exigiendo la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército, el
general Roberto Viola, por “condescendencia inadmisible” con la “subversión” (La Nación, 29/09/1979).
El detonante había sido la liberación de Jacobo Timerman, ex director del diario La Opinión, considerado
por los “revolucionarios” como “cómplice y financista” de la “subversión”.
29
La Nación, 16/09/1979.
Hablar para ocultar, callar para negociar. Las elites militares y partidarias
frente al “problema de los desaparecidos” durante la última dictadura
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demostrado tener (…) el recurso de Habeas Corpus, todo lo cual se ve agravado por
las serias dificultades que encuentran, para ejercer su ministerio, los abogados
defensores (…) algunos de los cuales han muerto, desaparecido o se encuentran
encarcelados por haberse encargado de tales defensas.
30
El Informe de la CIDH atribuyó la responsabilidad de las desapariciones a una
decisión de los más altos niveles de las Fuerzas Armadas y recomendó investigar,
enjuiciar y sancionar a los responsables “de las muertes imputadas a autoridades
públicas y sus agentes” (Crenzel, 2015, p. 83). La estrategia clausurista había llegado
a su fin
31
: un “observador externo”, legitimado por el propio régimen, desmentía la
narrativa oficial sobre los desaparecidos y revelaba (aun parcialmente) una “verdad”
sobre la dimensión y características de la represión, y sobre quienes habían sido sus
responsables, que potenció como nunca antes la legitimidad de los reclamos de los
organismos (Leis, 1989). Mientras el general “revolucionario” Santiago Omar Riveros
sostenía “ganamos, y no nos perdonan”
32
se abría un espacio legítimo para que a las
demandas de “verdad” comenzaran a sumarse los reclamos de “justicia”.
Las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a replegarse hacia una estrategia más
defensiva: había que conseguir de los civiles, en especial de las elites partidarias
(posibles sucesoras en algún futuro gobierno civil) la “no revisión de lo actuado”.
A fines de 1979 la JM definió las “Bases Instrumentales para la Acción Política de
uso exclusivo de la Junta Militar” que contenían las “Premisas Básicas no
negociables” con los civiles (Canelo, 2016). Éstas incluían, entre otros temas, “la
convalidación de todo lo actuado en la lucha contra la subversión e impedir todo
revisionismo sobre los mismos (sic.)”.
33
Asimismo, el gobierno convocó a los civiles a
un “diálogo político” que escenificaría por primera vez su intención de acercarse a la
dirigencia civil.
Sin embargo, Harguindeguy marcó muy claramente cuáles serían los límites: “al
Ejército vencedor no se lo enjuicia ni se le pide rendición de cuentas luego de la
guerra”.
34
La condición de “Fuerzas Armadas victoriosas” debía seguir siendo
sinónimo de “Fuerzas Armadas impunes”. Después de todo, como aportaba Ricardo
30
“Informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina”, subrayado en el original
<
https://www.cidh.org/countryrep/Argentina80sp/indice.htm> disponible el 8/5/2025.
31
En febrero de 1980 la JM aprobó las “Consideraciones Finales y Conclusiones de la Respuesta del
Gobierno Argentino a la CIDH”, donde acusaba a la comisión de querer desprestigiar al gobierno
argentino y donde cuestionaba que sus principales fuentes hubieran sido las aportadas por los
denunciantes y que hubiera ignorado deliberadamente la situación de “guerra” desatada por el
“terrorismo” antes del golpe de 1976; además, la JM “rechazaba categóricamente” las acusaciones,
considerándolas una “verdadera intromisión en los asuntos internos del estado” (Actas de la Dictadura,
Acta 129, 26/02/1980, Tomo 4, p. 56 y ss.)
32
La Nación, 13/02/1980.
33
Actas de la dictadura, Acta 122, 05/12/1979, Tomo 3, p. 286.
34
La Nación, 22/03/1980.
PAULA CANELO
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Balbín, líder de la fracción colaboracionista de la UCR, “no hay
desaparecidos, creo que están todos muertos (…) Alguna vez se escribirá el capítulo
de las responsabilidades”.
35
La primera ronda del “diálogo político”
36
comenzó el 26 de marzo de 1980.
Harguindeguy fue acompañado por una Comisión Política (COMIPOL), “órgano de
trabajo y asesoramiento” que representaba a las Fuerzas Armadas y que informaba
a la JM. Asistieron a los encuentros varios miembros de la elite partidaria, que en
muchos casos ya venían dialogando con el régimen: Balbín, De la Rúa, Angeloz y
García Puente (UCR); justicialistas “antiverticalistas” como Matera, Parodi, Iturbe,
Osella Muñoz y Tecera del Franco; Frondizi (Movimiento de Integración y Desarrollo
-MID-); Guzmán (Fuerza Federalista Popular -FUFEPO-); Acuña Anzorena y
Domingorena (Movimiento Línea Popular -MOLIPO-); y otros dirigentes del Partido
Socialista Democrático (PSD), del Partido Demócrata Progresista (PDP), de un sector
del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de distintos partidos provinciales.
37
El régimen militar obtuvo de este “diálogo” la confirmación de la legitimidad de la
“lucha antisubversiva”, lo que, como vimos, consideraban garantía de impunidad.
Los políticos evitaron referirse al “problema de los desaparecidos”: sólo algunos
pidieron, como los peronistas “antiverticalistas”, a dar “una respuesta válida” a los
familiares de detenidos y desaparecidos, o, como el MID, la “regularización de la
situación de los presos políticos sin proceso judicial” (González Bombal, 1991).
Aún después de las revelaciones del Informe de la CIDH, la postura generalizada de
las elites partidarias continuó siendo la de “callar para negociar”, obediente a la
máxima de “no revisión de lo actuado” de las elites militares.
El extravío de las “Fuerzas Armadas victoriosas” y la impunidad como único
objetivo (1981-1983)
En marzo de 1981, el general Roberto Viola sucedió a Videla como presidente de la
Nación en un contexto de creciente desprestigio de su figura, opacada por la del
general Leopoldo Galtieri, nuevo Comandante en Jefe del Ejército (Canelo, 2016). Los
atributos de Viola, un presidente proclive al acercamiento con los políticos, pero al
35
Clarín, 24/04/1980.
36
Durante la dictadura se realizaron dos rondas de “diálogo político”. La primera durante la presidencia
de Videla y conducida por Harguindeguy, en marzo de 1980, y la segunda a partir de julio de 1981,
durante la presidencia de Viola y bajo la conducción de su ministro del Interior, Horacio Liendo. La
segunda derivó en un fracaso estrepitoso, dada la debilidad de la autoridad de Viola y el bloqueo de la
JM a la intención presidencial de acercarse a los políticos (Canelo, 2016; González Bombal, 1991).
37
También concurrieron empresarios, representantes de corporaciones empresarias, directores de
medios de comunicación, dirigentes sindicales, titulares de asociaciones civiles, rectores y miembros de
algunos colegios y academias profesionales, etc.
Hablar para ocultar, callar para negociar. Las elites militares y partidarias
frente al “problema de los desaparecidos” durante la última dictadura
cívico-militar argentina (1976-1983)
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mismo tiempo debilitado por la JM, fueron percibidos por la dirigencia partidaria
como una oportunidad para avanzar en la unificación.
A mediados de julio los líderes de los cinco partidos políticos por entonces
mayoritarios (UCR, el PJ, el MID, el Partido Intransigente -PI- y la DC) conformaron
la Asamblea Multipartidaria (nombrada popularmente como “Pentágono” político). El
28 de agosto la nueva organización publicó el documento “Convocatoria al país”,
donde definía sus objetivos programáticos: entre ellos, el retorno al estado de derecho
y “la remoción de las restricciones a los derechos humanos”; la normalización
inmediata de la actividad política, gremial, empresaria, estudiantil y cultural; la
formulación de un plan político que contuviera un “cronograma de plazos inmediatos
y precisos”, etc.
38
En sus primeras declaraciones la Multipartidaria mantuvo la
estrategia de “callar para negociar” y no se pronunció sobre los desaparecidos ni
cuestionó a las “Fuerzas Armadas victoriosas”.
El crecimiento de voces críticas a la dictadura, entre las que ya se encontraban
algunas de importante predicamento,
39
provocaba contradictorios posicionamientos
de un frente militar en franca descomposición. Mientras la JM debatía un “plan de
acción psicológica a nivel nacional” para “mantener y aumentar en la población
actitudes positivas hacia el Proceso”
40
, las referencias a los desaparecidos
comenzaban a permear las declaraciones públicas de exponentes paradigmáticos del
régimen y el peligro de “hablar y revelar” (Canelo, 2019) se volvía peligrosamente
tangible.
A principios de 1982, el almirante Emilio Massera, ex miembro de la JM, declaró:
“creí y creo que el gobierno debió clarificar oportunamente a la población sobre las
bajas producidas en uno u otro bando, como sucede en cualquier guerra”, ya que “de
esa manera hubiéramos sido responsables de las muertes de nuestros enemigos,
caídos en los enfrentamientos. Y sólo de esos”
41
. El revolucionario Suárez Mason le
respondió al almirante que personalmente lo “había visto” “al frente de sus hombres”
conduciendo las operaciones “antisubversivas”, negó la existencia de “listas” y afirmó
que “éste es un asunto un poco oscuro. Seguramente el almirante tendrá alguna”.
42
Se trataba, afirmaba la prensa, de la primera vez “que un miembro de las FFAA se
38
“Convocatoria al país”, Asamblea Multipartidaria, 28/08/1981.
39
Por ejemplo, en mayo de 1981 la Iglesia Católica había publicado su documento más importante sobre
el tema desaparecidos: “Iglesia y Comunidad Nacional”. Allí reconocía “la situación angustiosa de los
familiares de los desaparecidos” y “el problema de los que siguen detenidos sin proceso o de haber
cumplido sus condenas, a disposición indefinida del Poder Ejecutivo Nacional [no olvidamos] el valor de
las víctimas del terrorismo y la subversión. A ellos llegue también nuestra palabra de consuelo y
comprensión.” (cit. en Franco 2018, p. 248.)
40
Actas de la Dictadura, Acta 191, 29/09/1981, Tomo 4, p. 263.
41
La Nación, 20/01/1982.
42
La Nación, 04/02/1982.
PAULA CANELO
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refiere a la participación directa en hechos de esa naturaleza de uno
de los Comandantes en Jefe”.
43
Marzo de 1982 fue el catalizador de la conflictividad antidictatorial creciente que
preocupaba a la JM. El 20, la Multipartidaria realizó su primer acto público en la
ciudad de Paraná, e inició un plan de movilización a nivel nacional. El 30, las
organizaciones sindicales Confederación General del Trabajo (CGT) y las 62
Organizaciones convocaron a una movilización en Plaza de Mayo “para expresar el
rechazo del pueblo al gobierno militar”.
44
Esta radicalización del frente antidictatorial provocó la radicalización especular del
régimen. La JM se lanzó hacia su último intento de relegitimación, que muy pronto
se transformaría en una catástrofe militar, política e institucional: la reconquista de
las Islas Malvinas.
45
El 2 de abril de 1982 la JM, ahora integrada por Galtieri, Anaya
y Lami Dozo, dispuso el desembarco argentino en Malvinas y la ocupación de Puerto
Stanley, al tiempo que el canciller Costa Méndez comenzaba la batalla diplomática
ante Naciones Unidas.
El operativo militar sumergió a la opinión pública nacional en un nuevo “paréntesis”
(Canelo, 2008), comparable al del Mundial ’78. La “euforia malvinense” desatada por
la convocatoria oficial “¡Argentinos, a vencer! ¡Cada uno en lo suyo defendiendo lo
nuestro!” hegemonizó los medios de comunicación, la opinión pública, e incluso las
declaraciones públicas de (ahora) ex-opositores (Canelo, 2008). La Multipartidaria
expresó su apoyo “total y decidido” al operativo militar, la UCR su “solidaridad
incondicional”, y Bittel declaró que “nos une a todos los argentinos y nos llena de
alegría”
46
. Una masiva manifestación convocada por la CGT y la Comisión Nacional
de Trabajo (CNT)-20 contra Gran Bretaña demostró con cuánta facilidad podía
“reacomodarse” gran parte del frente “antidictatorial”.
Sin embargo, el paréntesis duró poco: el 14 de junio, la rendición del general Mario
Menéndez, gobernador de las islas, frente a Gran Bretaña fue el golpe definitivo al
gobierno del Proceso de Reorganización Nacional.
La derrota en Malvinas tuvo consecuencias devastadoras para la sociedad argentina
y también para el gobierno militar
47
. Para este último significó la pérdida del que
43
La Nación, 04/02/1982.
44
La Nación, 20/03/1982.
45
La “recuperación” de Malvinas era un reclamo de larga data en el frente militar que, por ejemplo,
había sido reclamado en 1978 por el brigadier Lami Dozo en el documento secreto “Bases Políticas para
la Reorganización Nacional. Documento de Trabajo. Fuerza Aérea Argentina”, 26 de julio de 1978.
46
La Nación, 03/04/1982.
47
Primero, la pérdida de vidas humanas y materiales. Segundo, el derrumbe de la imagen profesional
de las Fuerzas Armadas, ya que el enfrentamiento reveló su desastrosa situación en términos de
modernización, aprovisionamiento, tecnología y manejo de la tropa, la que en muchos casos fue
sometida a tratos inhumanos y degradantes. Y tercero, la guerra mostró la profunda incompetencia del
Hablar para ocultar, callar para negociar. Las elites militares y partidarias
frente al “problema de los desaparecidos” durante la última dictadura
cívico-militar argentina (1976-1983)
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había sido su principal atributo político, el de “Fuerzas Armadas victoriosas”, nada
menos que en una guerra externa, lo que se suponía era su métier profesional
específico. Dado que esta pérdida ponía en riesgo la obtención de la impunidad, el
gobierno militar avanzó, ahora decididamente, en los pasos necesarios para la
institucionalización de una salida política.
Esta fue la tarea central del último presidente del Proceso, el general Reynaldo
Bignone, que asumió el 1 de julio de 1982 y declaró que “la solución que se arbitre
en lo político, económico y social [será] debidamente armonizada con las dirigencias
nacionales”.
48
El 26 de agosto se anunció la sanción del Estatuto de los Partidos
Políticos y “la firme e irrevocable decisión de las Fuerzas Armadas de institucionalizar
constitucionalmente al país a más tardar en marzo de 1984”.
49
Sin embargo, 1982 no fue un año “triunfante” para las Fuerzas Armadas en la tarea
de “controlar la salida”, como había recomendado Perriaux en 1978. Después de todo,
uno de los costos de haber extraviado la condición de “Fuerzas Armadas victoriosas”
fue el que Novaro y Palermo (2003) llamaron el “descubrimiento de los derechos
humanos” por parte de la sociedad argentina.
El 5 de octubre los organismos organizaron una “Marcha por la vida” que convocó a
más de 100.000 personas, a partir de la cual el reclamo “juicio y castigo a todos los
culpables” formaría parte central de su repertorio de demandas (Crenzel, 2015),
sumándose al componente de “verdad”. El diario Clarín afirmaba por entonces en un
editorial que “el problema de los derechos humanos” (que en el pasado, como vimos,
había sido considerado un problema individual o bien grupal) “encarna una
preocupación legítima, no solamente de las familias afectadas, sino también de la
comunidad nacional en su conjunto”:
Las madres y los familiares de los desaparecidos quieren información (y) puede
predecirse, casi con seguridad, que (…) continuarán pidiendo todos los días de su
vida, y por todos los medios imaginables o no, el esclarecimiento de la suerte corrida
por sus hijos
50
.
El día 23, el Centro de Estudios Legales y Sociales denunció la existencia de fosas
comunes con cientos de cadáveres NN, que habrían sido enterrados entre 1976 y
1979 en el cementerio Parque de Grand Bourg, provincia de Buenos Aires (Crenzel,
2015). El hecho fue sucedido por otros descubrimientos similares, con fuerte impacto
público nacional e internacional, iniciando el llamado “show del horror” (Landi y
mando militar argentino en su rol profesional principal, lo que generaría, en el futuro inmediato, nuevos
conflictos intra-militares, letales para la integridad institucional (Canelo, 2016).
48
La Nación, 26/06/1982.
49
Clarín, 27/8/1982. La Ley N°22.847, de convocatoria a elecciones generales de autoridades
nacionales, provinciales y municipales, fue promulgada el 13 de julio de 1983.
50
Clarín, 07/10/1982.
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Gonzalez Bombal, 1995), que se manifestará con toda su potencia
durante los primeros años de la democracia (Feld, 2015). Estos “descubrimientos”
alimentaron un clima de rumores, denuncias y escándalos varios que comenzaron a
implicar a distintos exponentes de la “guerra sucia”
51
(Canelo, 2016).
Los tiempos políticos se aceleraban. El 11 de noviembre de 1982 la JM lanzó las
“Pautas para la Concertación Económica, Política y Social” con la dirigencia civil.
Entre temas variados como “vigencia del estado de sitio”, “Ley y Cronograma
Electoral”, “lucha contra el terrorismo”, “Plan económico”, “Deuda externa”,
“Malvinas”, etc., la JM incluyó, como era de esperarse, el tema “desaparecidos”.
52
En
el documento secreto de elaboración de estas Pautas, la JM evaluaba “proveer
información” pero mantenía el principio de “no revisión”.
53
Una semana después, el 17 de noviembre, la Multipartidaria rechazó la
“concertación” (por “ajena a la Constitución” y “condicionante para el futuro gobierno
del pueblo”) y llamó a una “movilización nacional de todos los sectores” a cumplirse
el 16 de diciembre “contra la política económica”.
54
El 25, una nueva “Marcha por la
Vida” convocó a 4.000 personas
55
y el 6 de diciembre las dos CGT (Azopardo -ex CNT-
y Brasil) realizaron un paro total de actividades, la mayor protesta obrera y gremial
desde el inicio de la dictadura.
56
La marcha de la Multipartidaria realizada el 16 de diciembre fue ferozmente reprimida
provocando la muerte del obrero Dalmiro Flores, además de numerosos heridos y
detenidos.
57
Y esta vez sí, como respuesta a la represión, el “Pentágono” político
publicó el documento “Convocatoria del Pueblo”, donde incluyó por primera vez el
tema de los desaparecidos (Canelo, 2008). Allí las elites políticas reclamaban “una
explicación” del régimen y lamentaban que hubiera admitido “‘excesos de la
represión’” pretendiendo “que carguen con ellos las instituciones como tales, en lugar
de deslindar distintos grados de responsabilidades tendientes a preservarlas”.
58
Para
la Multipartidaria el reclamo por los desaparecidos era “absolutamente insoslayable”:
se trataba de un problema “que resultará más difícil solucionar cuanto más se
demore” y para el cual “una solución será menos traumática cuanto más rápida y
franca sea la respuesta”.
59
En el primer documento donde incluían el “problema de los desaparecidos” las elites
partidarias le ofrecían al régimen “una solución”, basada en las premisas básicas de
51
La Nación, 08-29/10/1982.
52
La Nación, 12/11/1982.
53
Actas de la Dictadura, Acta 240, 10/11/1982, Tomo 5, p. 106.
54
La Nación, 17/11/1982.
55
La Nación, 26/11/1982.
56
La Nación, 07/12/1982.
57
La Nación, 17/12/1982.
58
Ibídem.
59
Ibídem.
Hablar para ocultar, callar para negociar. Las elites militares y partidarias
frente al “problema de los desaparecidos” durante la última dictadura
cívico-militar argentina (1976-1983)
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la fórmula de “castigo ejemplar” que guiará, en el futuro, la política de judicialización
de Alfonsín (Canelo, 2006). Equidistante entre la “reivindicación del terrorismo” y la
“venganza”, la Multipartidaria proponía distinguir “niveles de responsabilidad” en lo
actuado, realizar algún tipo de “autodepuración” y “cerrar” el tema lo antes posible.
A cambio, ofrecía disminuir el “traumatismo” de la cuestión y asegurar el “respeto a
las instituciones”.
Las elites partidarias combinaban la presión pública con la “concertación” privada de
los temas que preocupaban al frente militar.
60
Así lo confirmaba el documento secreto
que el PEN le presentó a la JM en febrero de 1983, con “las coincidencias y disidencias
de los partidos políticos respecto de 12 (doce) temas específicos tratados durante el
diálogo realizado últimamente con dichas agrupaciones”.
61
Los partidos opinantes eran la UCR, la FUFEPO, el MID, el PDP, el PJ, el PSD, el
MOLIPO, el Frente de Izquierda Popular, el Partido Federal (PF) y el PDC. Aunque
diferían sobre varios de los temas “a concertar”,
62
coincidían, en línea con el último
documento de la Multipartidaria, que el gobierno militar debía “informar” sobre el
tema desaparecidos. Lo que sí planteaba algunos matices era el “cuándo”: el MID, el
PDP, el PJ y el PF creían que la información debía brindarse “ahora” (es decir, antes
del traspaso del poder al gobierno electo), mientras que la UCR ofrecía “postergar” la
información y el MOLIPO lisa y llanamente “informe y cierre”.
63
Sólo un mes después de haber recibido la opinión de los partidos, la JM publicó el
“Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el
terrorismo” y el “Acta Institucional”, donde presentó su “última palabra” “sobre los
resultados y consecuencias de la guerra contra la subversión y el terrorismo.”
En el Documento Final, la JM ratificó la “guerra justa y necesaria contra la
subversión” afirmando que “las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales [habían
actuado convocadas por un gobierno constitucional] en defensa de la comunidad
nacional”.
64
El régimen
reconoció haber cometido “errores” (justificados en el marco
de una “guerra inédita), cuya responsabilidad debía quedar librada al “juicio
60
Actas de la Dictadura, Acta 250, 25/02/1983, Tomo 5, p. 184 y ss.
61
“Coincidencias y disidencias de los partidos políticos frente a 12 temas”, Informe del PEN a la JM,
febrero de 1983 (Actas de la Dictadura, Acta Nº250, Anexo 1, 25/02/1983, Tomo 5, pp. 185-188).
62
Los temas eran reforma de la Constitución, régimen electoral, forma de elecciones (si separadas por
niveles municipal, provincial y nacional, o simultáneas), fecha de entrega del poder, estado de sitio,
fecha de resolución del Beagle, desaparecidos, deuda externa, situación económica, Malvinas, leyes de
asociaciones profesionales y obras sociales, y medios de comunicación social (Canelo, 2016).
63
Actas de la Dictadura, Acta 250, 25/2/1983, Tomo 5, Anexo 1/250, p. 188.
64
“Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo” (La Nación,
29/04/1983.
PAULA CANELO
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histórico” y ratificó su convicción de volver a actuar del mismo modo
cuando fuera necesario.
Frente a las expectativas de la dirigencia política que había pedido “informar” sobre
los desaparecidos, la JM respondía con los mismos argumentos de la “teoría de la
guerra sucia” puesta en escena por Videla en 1977:
(…) muchas de las desapariciones son una consecuencia de la manera de operar
de los terroristas. (…) La posibilidad que personas consideradas desaparecidas
pudieran encontrarse sepultadas como no identificadas, ha sido siempre una de las
principales hipótesis aceptadas por el gobierno. Coincidió con este criterio el informe
elaborado por la CIDH que visitó el país en 1979 (…) en la República no existen
lugares secretos de detención, ni hay en los establecimientos carcelarios personas
detenidas clandestinamente.
65
Finalmente, el Documento afirmaba que “quienes figuran en nóminas de
desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos
jurídicos y administrativos se consideran muertos”, aun cuando “no pueda precisarse
hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso ni la ubicación de sus
sepulturas”.
66
Paralelamente, en el Acta institucional, la JM dejó asentado, con miras a apaciguar
el frente interno (Franco, 2018a), que “todas las operaciones contra la subversión y
el terrorismo” habían sido “ejecutadas conforme a planes aprobados y supervisados
por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas, y por la Junta Militar”
por lo que sólo eran “competencia de la Justicia Militar”.
67
Los márgenes de la negociación se iban reduciendo. Altos dirigentes como Juan Trilla
(UCR), Antonio Cafiero (PJ), Italo Luder (PJ), Néstor Vicente (PDC), Vicente Saadi (PJ)
y Rogelio Frigerio (MID) dejaron claro públicamente que el documento no era “la
respuesta” esperada (Franco, 2018a, p. 258-260).
Pero aún faltaba lo más importante: un instrumento de alcance legal que consagrara
la impunidad. El 4 de agosto de 1983, la JM evaluó el informe secreto del PEN
“Opiniones sobre la Ley de Pacificación” que reflejaba las “opiniones de 15 líderes
políticos”: Carlos Contín y Juan Carlos Pugliese (UCR), Bittel, Angel Robledo y Cafiero
(PJ), Frondizi (MID), Oscar Alende (PI), Martínez Raymonda, Guillermo Acuña
Anzorena (MOLIPO) y Francisco Manrique (Partido Federal), Walter Constanza (PSD),
el liberal Alvaro Alsogaray, el conservador Emilio Hardoy, Carlos Ure (Partido
65
“Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo” (La Nación,
29/04/1983.
66
Ibídem.
67
Acta Institucional, La Nación, 29/04/1983 y Actas de la Dictadura, Acta 256, 14/04/1983, Tomo 6,
p. 27.
Hablar para ocultar, callar para negociar. Las elites militares y partidarias
frente al “problema de los desaparecidos” durante la última dictadura
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Demócrata) y Jesús Mira (Partido Comunista)
68
. De acuerdo con el PEN, la elite
partidaria acordaba con la “necesidad de promulgación” de una Ley de Pacificación;
y que, en cuanto al momento de la promulgación, la mayoría consideraba que la
coyuntura no era oportuna, salvo Bittel y Frondizi, que creían que debía ser
promulgada “cuanto antes”.
69
Desoyendo las opiniones de la elite partidaria sobre el timing necesario para la
medida, el 22 de septiembre de 1983, la JM promulgó la “Ley de Pacificación Nacional
o de Enjuiciamiento de Actividades Terroristas y Subversivas”, Nº22.924, conocida
como “Ley de Autoamnistía”. La misma declaraba “extinguidas” todas “las acciones
penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o
subversiva”, y sus “beneficios” se extendían a todos “los hechos de naturaleza penal
realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir,
conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas”, cualquiera
hubiera sido “su naturaleza o el bien jurídico lesionado”; a todos “los autores,
partícipes, instigadores, cómplices o encubridores” y a todos “los delitos comunes
conexos y a los delitos militares conexos”.
70
La necesidad de la JM de asegurarse su último objetivo (la impunidad) se había
impuesto por sobre la voluntad de negociación de gran parte de la elite partidaria. El
gran problema de la transición, el de los desaparecidos, debería ser resuelto por el
futuro gobierno constitucional.
Reflexiones finales
En este artículo analizamos el contenido, tensiones y temporalidades de los
posicionamientos y estrategias de las elites militares y partidarias en torno al
“problema de los desaparecidos” durante la última dictadura cívico-militar argentina.
De la extrema complejidad que presentó esta cuestión a lo largo de los tres escenarios
que construimos aquí, nos permitimos extraer un conjunto de conclusiones que son,
necesariamente, provisorias.
Primero: entre 1976 y 1983 se produjeron dos acontecimientos históricos que
tuvieron una incidencia decisiva, de quiebre o reacomodamiento, en los
posicionamientos y estrategias de las elites militares y de las elites partidarias sobre
el “problema de los desaparecidos”. El primero fue la invitación a la CIDH en 1979 y
68
Actas de la Dictadura, Acta 269, 4/08/1983, Tomo 6, p. 221. De acuerdo con el documento, Alfonsín
y Oscar Alende (PI) habían “rechazado la invitación”, mientras que Luder (PJ) y De La Rúa (UCR) no
“habían respondido a ella”.
69
Actas de la Dictadura, Acta 269, 4/08/1983, Tomo 6, p. 221.
70
Ley Nº22924, de Pacificación Nacional o de Enjuiciamiento de Actividades Terroristas y Subversivas,
Boletín Oficial de la República Argentina, 27/09/1983.
PAULA CANELO
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el segundo fue la guerra de Malvinas en 1982; esta última, muchísimo
más ponderada que la primera entre las explicaciones del derrumbe dictatorial.
Paradójicamente, ambos acontecimientos, los dos pasos decisivos de la dictadura
hacia su fracaso (Canelo, 2016) por haber tenido efectos y consecuencias
radicalmente opuestos a los esperados, fueron, ambos, pasos en falso dados por el
propio régimen. El primero, para controlar el tempranamente temido “frente externo”
de las denuncias por las violaciones a los derechos humanos, y el segundo, para
quebrar la radicalización progresiva del frente opositor interno. Si ese complejo
proceso de descomposición del poder militar estuvo lejos de presentar linealidad,
menos linealidad aún presentaron los posicionamientos y estrategias frente al
“problema de los desaparecidos” de las elites que aquí analizamos.
Segundo: contra lo que podría esperarse, las elites militares (no en su conjunto, pero
sí las que conducían el “gobierno político” del Proceso) hablaron, y mucho, sobre los
desaparecidos. Sin embargo, siempre que hablaron lo hicieron para ocultar sus
crímenes: su estrategia, bastante estable a lo largo del tiempo, fue “hablar para
ocultar”.
Aunque por la naturaleza misma de los crímenes cometidos en la represión, ninguna
“verdad” podía (ni debía) ser hablada, muy pronto, y especialmente a causa de las
amenazas del frente externo, los peligros de “no hablar” fueron tornándose demasiado
fuertes. Fue aquí cuando el régimen puso en marcha la estrategia clausurista,
mediante la cual se proponía “cerrar un periodo excepcional” manteniendo lo que por
entonces era el principal capital político de los militares: su condición de “Fuerzas
Armadas victoriosas” sobre la “subversión”. Componente central de esta estrategia
fue la eficaz narrativa de la “teoría de la guerra sucia y los excesos”. Mediante la
misma, la dictadura habló sobre los desaparecidos, pero para ocultar que la represión
había sido un plan sistemático de exterminio de opositores, basado en la
clandestinización del Estado y en la comisión de los crímenes más aberrantes.
La “teoría de la guerra sucia” fue el núcleo duro de sentidos y representaciones que
sostuvo el régimen durante toda la dictadura, desde el primer discurso de Videla
sobre los desaparecidos en 1977 hasta el Documento Final de 1983; e incluso
después.
71
La misma no fue abandonada ni durante la visita de la CIDH, ni a la hora
de responder a su lapidario informe, ni cuando, ya durante el ocaso del régimen, la
JM emitió su “última palabra” sobre los desaparecidos. La inmutabilidad de la “teoría
de la guerra sucia” creció a la par que crecía, en el seno de las Fuerzas Armadas, el
miedo a perder la “impunidad natural” de la que habían creído gozar por los motivos
que explicamos más arriba. Esta teoría no encontró obstáculos de relevancia, ni por
71
Por ejemplo, durante el Juicio a las Juntas militares, en los “enunciados genéricos” del discurso auto-
exculpatorio y auto-glorificador de los acusados que identifica Galante (2019, pp. 100-101), los militares
continuarían afirmando que habían actuado en una “guerra”, “excepcional”, “contingente” y, además,
“victoriosa”.
Hablar para ocultar, callar para negociar. Las elites militares y partidarias
frente al “problema de los desaparecidos” durante la última dictadura
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parte de los revolucionarios que se inflamaban contra las ideas de los “excesos” y de
la “interpenetración” con la “subversión”, ni por parte de unas elites partidarias que
permanecieron, como veremos, en una postura generalizada de “callar para
negociar”.
Fue la búsqueda de la “verdad” de los organismos de derechos humanos y de los
familiares de las víctimas la que marcó el verdadero límite, y el más temprano, de la
“teoría de la guerra sucia y los excesos”. Apenas la dictadura comenzó a “hablar para
ocultar” se dio de bruces con la “verdad”, aún parcial, reconstruida por aquellos que
sí reclamaban por el destino de los desaparecidos desde los inicios del régimen. Y fue
sobre todo como consecuencia de la visita de la CIDH, cuando el régimen se vio
obligado a “mostrar” que “la Argentina no tenía nada que ocultar”, que comenzó a
resultar cada vez más visible el gap (más bien el abismo) existente entre la
información “técnico-burocrática” que proveía el régimen (por ejemplo, las listas de
detenidos a disposición del PEN) y la que ya existía en poder de los organismos. Se
visibilizó aquí, probablemente con más fuerza que en ningún momento previo, la
probabilidad de que hubiera una “verdad no dicha” que estuviera siendo (como
efectivamente lo estaba) trabajosamente “ocultada” por los militares. Esto consolidó,
cada vez más claramente, una potente y temprana contraposición especular entre un
(por el momento sólo “posible”) “ocultamiento” militar y la “verdad” de los organismos:
contraposición frente a la que, salvo algunas excepciones, los políticos no se
posicionaron.
La visita de la CIDH fue, así, un acontecimiento político bisagra para las posiciones
y estrategias relativas de las elites militares y de los organismos. Para las primeras,
el informe final de la comisión implicó el inicio de la pérdida del frente internacional
y las obligó a abandonar la estrategia clausurista y a replegarse rápidamente hacia
la (más defensiva) de “no revisión de lo actuado”. Esta última estrategia fue articulada
a través de las “Premisas básicas no negociables” con los civiles en diciembre de 1979
e institucionalizada en los “diálogos políticos” desde 1980. Para los organismos, las
revelaciones de la CIDH fueron un impulso tanto para sus demandas de “verdad”
frente a la opinión pública como para la incorporación del componente de “justicia”
en sus reclamos. Así, y aunque muy lentamente, con posterioridad a la publicación
del informe de la comisión quedó consagrada la oposición especular entre el frente
organizado alrededor de los componentes verdad-justicia liderado por los organismos
y el frente articulado en torno al ocultamiento-no revisión que buscaban las elites
militares.
Tercero: ¿y la dirigencia política? Si, como afirmamos más arriba, contra lo que podría
esperarse las elites procesistas hablaron sobre los desaparecidos, también contra lo
que podría esperarse, las elites políticas callaron, y callaron mucho y durante mucho
tiempo.
PAULA CANELO
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Muy probablemente, como afirma Franco (2014), no haya habido, al
menos durante los primeros años de la dictadura, tal cosa como “una dirigencia
política”. Aunque sin dudas, y gracias a que la dictadura había prorrogado los
mandatos de las autoridades partidarias,
72
lo que sí hubo fueron elites partidarias,
aunque no necesariamente “dirigentes”.
El posicionamiento y las estrategias de estas elites políticas frente al “problema de
los desaparecidos” tuvieron un compás diferente al que marcaba la confrontación
régimen militar-organismos de derechos humanos. Este compás estuvo determinado,
por un lado, por la cercanía (que en algunos casos incluyó participación en el
gobierno
73
) de buena parte de los políticos de las fuerzas tradicionales; y por otro, por
la adhesión generalizada a un cálculo político básico. ¿En qué consistió ese cálculo?
En que incluso aquéllos que podían tener incentivos para “oponerse” (o, lo que es lo
mismo, menos incentivos para “callar”) poseían una expertise bien concreta,
desarrollada a lo largo de varias décadas de ejercicio de la profesión en contextos de
alternancia cívico-militar. Y esta experiencia indicaba que todo militar que llegara al
gobierno, más tarde o más temprano, debería retornar a la sombra de los cuarteles.
En consecuencia, radicalizar posiciones “opositoras” era muy costoso en
comparación con la estrategia que efectivamente primó: la de “callar para negociar”.
Es esta una explicación posible para la llamativa homogeneidad de las estrategias y
posicionamientos “de oposición” de unas heterogéneas elites partidarias durante el
período: siempre tolerables para el régimen, dirigidos contra el plan de Martínez de
Hoz y contra el MON adicto que quería crear la dictadura, y combinados con el más
estruendoso silencio sobre el “problema de los desaparecidos” (Canelo, 2008;
Yannuzzi, 1996). Los políticos acompañaron en silencio (cuando no adhirieron) la
puesta en escena y despliegue de la “teoría de la guerra sucia y los excesos” a partir
de 1977; ignoraron las primeras demandas por la “verdad” sobre el destino de los
desaparecidos y la naturaleza de la represión de los organismos, y sólo a partir de
1978 se sumaron a la mesurada ocupación de la escena pública que practicaban
otras organizaciones, siempre dentro de los límites de la crítica a la política económica
(Canelo, 2008).
Las elites partidarias ensayaron durante todo el período un calculado equilibrio entre
las demandas del frente antidictatorial (al que se acercaron buscando capturar y
aprovechar su creciente legitimidad pública -Leis, 1989-) y las necesidades del frente
dictatorial con el que buscaban negociar. En efecto, aunque han sido frecuentemente
72
La Ley Nº21.699 de 1977 prorrogó los mandatos de las autoridades partidarias, reconociendo la
supervivencia de las organizaciones políticas, de sus autoridades y sus estructuras.
73
En efecto, algunos partidos, en particular la UCR-Línea Nacional balbinista y pequeños partidos
provinciales de centro y derecha (Canelo, 2016), considerados “afines” por el régimen, proveyeron a la
dictadura cuadros que ocuparon importantes cargos en diferentes niveles de gobierno, como asesores,
embajadores, gobernadores o intendentes (Canelo, 2021). Fueron ellos, sobre todo, los destinatarios del
discurso oficial de construcción de una “herencia del Proceso” (González Bombal, 1991).
Hablar para ocultar, callar para negociar. Las elites militares y partidarias
frente al “problema de los desaparecidos” durante la última dictadura
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consideradas por la literatura como parte del primero, salvo algunas excepciones, no
formaron parte del frente de “denuncia humanitaria” (Franco, 2014, 2018a, 2018b y
2018c) que buscaba impugnar a la represión y al régimen en términos globales.
74
Por
eso, si el informe de la CIDH provocó, como vimos, cambios en los posicionamientos
y estrategias del frente militar y los de los organismos de derechos humanos, no tuvo
demasiado impacto en los de los políticos. Frente a la incipiente contraposición
ocultamiento-no revisión y verdad-justicia siguieron “callando para negociar”; ahora,
acudiendo a los “diálogos políticos” que les propuso el régimen a partir de 1980,
donde reconocieron la legitimidad de la “lucha antisubversiva” frente a Harguindeguy
y donde, por lo tanto, confirmaron la impunidad militar (Franco, 2018b).
La guerra de Malvinas sí fue un acontecimiento que determinó cambios en las
estrategias y posicionamientos de todos los actores que aquí nos ocupan. Para los
organismos, la derrota en Malvinas implicó el “descubrimiento de los derechos
humanos” por parte de la sociedad (Novaro y Palermo, 2003) y la consagración del
reclamo de “juicio y castigo a todos los culpables” en su repertorio de demandas. Para
las Fuerzas Armadas, derrotadas precisamente en aquel plano que constituía su
métier específico, significó la pérdida, entre otras cosas, de su principal atributo
político, el de “Fuerzas Armadas victoriosas”. Como consecuencia, abandonaron la
estrategia de “no revisión” y rápidamente se aglutinaron en torno al que sería su
último objetivo: la impunidad.
Para las elites políticas, ya unificadas en torno a la Multipartidaria, la pérdida de la
condición de “victoriosas” de las Fuerzas Armadas fue una ocasión ideal para
escenificar una oposición más decidida. Pero fue recién tras la represión de la marcha
de diciembre de 1982 (y sólo a partir de ese momento) cuando llevaron el “problema
de los desaparecidos” al centro del escenario para coronarlo como prenda central de
la “negociación” con el régimen.
Sin embargo, incluso con este tardío timing, cuando los miembros del “Pentágono”
“hablaron” orgánicamente sobre los desaparecidos, lo hicieron, en un primer
momento, para ofrecerle al régimen una pragmática propuesta de “solución” al
“problema”, y en un segundo momento, para exigirle una “respuesta” que le evitara
al primer gobierno civil postdictatorial lidiar con semejante herencia.
75
74
Hubo, sin dudas, dirigentes políticos, incluso de alto perfil, que sí compartían con los organismos
posiciones de “denuncia humanitaria”, y varios hasta se agrupaban en la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos o estaban vinculados con otros organismos. Sin embargo, de acuerdo con González
Bombal (1991), lo hacían en general a título individual sin comprometer a las autoridades partidarias.
75
Estas posiciones y estrategias de la elite partidaria no fueron acompañadas ni compartidas por
algunos políticos de alto perfil, como Alfonsín, Oscar Alende (PI) y sectores minoritarios del PJ (Franco,
2018c)
.
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La estrategia de “callar para negociar” no sólo fue demasiado
pragmática, en tiempos de revelaciones atroces que reclamaban posicionamientos
convencidos, sino que sus alcances fueron, por calificarlos de alguna forma,
limitados. Los profesionales del cálculo no previeron que, del otro lado de la mesa,
las elites militares serían interlocutoras aviesas porque nada tenían para (y nada
querían y nada podían) negociar en torno al “problema de los desaparecidos”.
Habiéndole entregado, sí, a los políticos los instrumentos para la institucionalización,
las Fuerzas Armadas se negaron no sólo a dar la “respuesta” esperada por los
políticos (con el Documento Final), sino que además intentaron blindarse contra
cualquier posible cuestionamiento de su impunidad (con la Ley de Pacificación).
Como consecuencia de haber sido más eficaces para “callar” que para “negociar”, las
elites partidarias debieron aceptar que la fórmula básica de “castigo ejemplar”,
probablemente uno de los escasos consensos mínimos que habían logrado articular,
tuviera que ser puesta en marcha, muy poco tiempo después, por el gobierno
constitucional de Raúl Alfonsín.
Los inciertos escenarios transicionales traerían con ellos, progresivamente, la
consolidación de la oposición definitiva, perdurable durante los años venideros, del
frente verdad-justicia-memoria y del frente ocultamiento-no revisión-impunidad. El
análisis de estos escenarios, que ya ha convocado el interés de importantes
investigaciones, excede, sin embargo, los propósitos y alcances de este trabajo.
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Recibido: 5 de agosto de 2025
Aceptado: 24 de octubre de 2025
Versión Final: 5 de noviembre de 2025
