Las renuncias de profesores en Filosofía y Letras en 1966 y 1975. Claves para un análisis comparado

The resignations of professors in Filosofía y Letras in 1966 and 1975. Keys for a comparative analysis

El golpe y la intervención a las universidades en 1966 provocaron distintos gestos de resistencia de autoridades, docentes y del movimiento estudiantil; sin embargo, al interior del claustro profesoral ninguna acción alcanzó el grado de proyección que tuvieron las renuncias. Tampoco de persistencia en la memoria universitaria. En el lapso de poco más de un mes desde la intervención, la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNL (hoy Humanidades y Artes de la UNR) quedó desmantelada de profesorxs y ayudantes. Ello se debió a que un importante número transitó el camino de la renuncia como forma de protesta. Manifestaron públicamente sus razones a través de documentos y solicitadas en los medios de comunicación. Apenas nueve años después, en octubre de 1975 un grupo de docentes de la FFyL fueron amenazados de muerte por la Triple A y obligados a dejar la universidad. Algunxs de esxs profesorxs habían sido renunciantes del 66. Renunciaron individualmente y se fueron no solo de la universidad sino de la ciudad y en otros casos del país. El propósito de este artículo es examinar pormenorizadamente y en clave comparada estas dos coyunturas de la vida universitaria tomando como eje de análisis las renuncias de profesorxs de la Facultad de Filosofía y Letras (UNL-UNR) en 1966 y en 1975.

The coup and the intervention at the universities in 1966 provoked different gestures of resistance from authorities, teachers and the student movement; however within the teaching staff no action reached the degree of projection that the resignations had. Nor persistence in university memory. In the span of just over a month since the intervention, the Faculty of Philosophy and Letters (FFyL) of the UNL (today Humanities and Arts of the UNR) was dismantled of professors and assistants. This was due to the fact that a significant number took the path of resignation as a form of protest. They publicly stated their reasons through documents and requested in the media. Just nine years later, in October 1975, a group of FFyL teachers were threatened with death by Triple A and forced to leave the university. Some of these professors had been resignations from '66. They resigned individually and left not only the university but the city and in other cases the country. The purpose of this article is to examine in detail and in a comparative way these two junctures of university life, taking as an axis of analysis the resignations of professors from the Faculty of Philosophy and Letters (UNL-UNR) in 1966 and 1975.

Durante más de treinta años el frente del edificio de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario exhibió una expresión de Tácito que el decano normalizador nombrado en 1984 (Fernando Prieto) había hecho estampar de modo que no pasara desapercibida. En momentos en que la recobrada democracia daba sus primeros pasos escogía traer a ese presente un momento de la historia reciente que había marcado la vida de la facultad y de las universidades de modo perdurable. Se trataba, aún con una ligera variación, del título de la solicitada del primer grupo de profesores renunciantes frente a la intervención a las universidades de 1966: Los romanos hacen un desierto y lo llaman paz.

Ciertamente en ese año el rumbo de las universidades argentinas se modificó. La noche de los bastones largos actuó como símbolo y condensador de la memoria de la represión inicial de la dictadura de Onganía sobre las y los universitarios. Y si bien el golpe y la casi inmediata intervención a las universidades provocaron distintos gestos de resistencia de autoridades, docentes y del movimiento estudiantil, al interior del claustro profesoral ninguna acción alcanzó el grado de proyección que tuvieron las renuncias. Tampoco de persistencia en la memoria universitaria, sobre todo en aquellas instituciones donde ello alcanzó fuertes dimensiones. Este fue el caso de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre (FFyL) de la UNL (hoy Humanidades y Artes de la UNR) que quedó desmantelada de profesorxs y ayudantes en poco más de un mes desde la intervención. Ello se debió a que en muy significativa proporción transitaron el camino de la renuncia como forma de protesta. Las y los renunciantes, pertenecientes a disciplinas diversas, con carreras profesionales que se encontraban en distintas etapas de desarrollo y portando sensibilidades ideológico-políticas heterogéneas, dejaron múltiples evidencias de un accionar colectivo meditado, discutido, atravesado por consideraciones éticas y políticas. No se fueron en silencio. Manifestaron públicamente sus razones a través de documentos y solicitadas en los medios de comunicación.

Apenas nueve años después, en octubre de 1975 un grupo de docentes de la Facultad fueron amenazados de muerte por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y obligados a dejar la universidad. Como resultado de ello, entre octubre y los meses siguientes, se produjeron numerosas renuncias en las carreras de historia, antropología, letras y filosofía. Algunxs de esxs profesorxs habían sido renunciantes del 66. Otrxs formaban parte de un proceso de actualización generacional. Renunciaron individualmente y tuvieron que irse, en silencio, no solo de la universidad sino de la ciudad y en otros casos del país.

El propósito de este artículo es examinar en clave comparada estas dos coyunturas de la vida universitaria tomando como eje de análisis las renuncias de profesorxs^[1] de la FFyL, que ya en 1975 había modificado su denominación a Filosofía a secas y había pasado a formar parte de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) creada en 1968. Para ello nos valemos principalmente de un espectro documental recuperado a través del Programa de Preservación Documental de la Facultad de Humanidades y Artes (PPFHyA) de la UNR y de un valioso universo testimonial que, producto de distintas iniciativas investigativas, fue recogido en un arco temporal amplio.

Socavadas por la sistemática campaña de desprestigio que los medios de comunicación venían realizando, para mediados de los años 60s las universidades argentinas eran consideradas “reductos comunistas”. Esa retórica propia de la guerra fría era esgrimida por distintos actores tanto internos como externos a la propia institución.^[2] Hacia 1965 el panorama interno de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre (FyL) era ciertamente complejo. La presencia de agrupaciones estudiantiles de derecha en los años previos al golpe no constituía una situación sencilla de manejar, tampoco la de administrativos vinculados al Sindicato Universitario Argentino “interesados de crear un clima de intimidación en la Universidad Nacional”^[3]. En agosto de 1965, frente a la invasión de Santo Domingo, la Federación Universitaria del Litoral (FUL) solicitó al profesor Alberto Pla adherir a un acto que tenía previsto realizar en la casa de estudios. Este respondió la convocatoria con una carta donde sostenía que era posible reseñar los problemas de la universidad a partir de las demandas estudiantiles. Agregaba que en ese escenario de crisis y convulsión se comprendía la situación de conflicto de personal nodocente sancionado por las autoridades y su reemplazo por “elementos sindicados como tacuaristas o policiales”. Aún más le advertía al decano sobre quienes desde “adentro de la universidad” favorecían la reacción y a las fuerzas de derecha”^[4]. La nota de Pla, tratada en el Consejo Directivo, evidenciaba la integración de sectores de Tacuara en la estructura administrativa de la universidad en un momento de fuertes tensiones entre agrupaciones de derecha e izquierdas en su seno (Luciani, 2021: 136 y 137). Asimismo, hilar algunos hechos nos permite identificar un escenario de cuestionamientos y relaciones cada vez más ríspidas del CEFyL con el decano Maci. Ello quebraba un largo período de vínculos estrechos del estudiantado reformista con la gestión de la facultad que se había inaugurado con la intervención de José Juan Bruera y prolongado a los decanatos de Tulio Halperin Donghi y Adolfo Prieto. Pero no solo; ya que el frente docente que había acompañado las distintas gestiones post 55 también presentaba diferencias que se manifestaban públicamente. La renuncia al consejo directivo del profesor de filosofía Angel Capelletti acusando a Maci “de llevar adelante una política nefasta para la vida de la facultad y la universidad” es solo una de muchas manifestaciones de disidencia^[5].

El golpe militar de 1966, resultado de una operación largamente planeada, no encontró resistencias importantes en la sociedad. Hasta había sido anunciado un año antes por uno de los semanarios de mayor difusión de la época. La intervención del Estado militar en las universidades no produjo el mismo efecto. Apenas ello se conoció en distintos espacios se precipitaron un conjunto de acciones de resistencia de parte de autoridades, profesores y estudiantes. El rector de la UNL, Cortés Solís Pla convocó a una sesión de Consejo Superior en su domicilio particular (en Rosario). Se redactó allí un comunicado que expresaba un cerrado rechazo a la violación de la autonomía universitaria y a la ocupación por tropas del ejército de los locales universitarios. También se acordó realizar gestiones ante las autoridades militares para obtener la normalización. Este sería un camino infructuoso. Las reacciones de las distintas casas de estudio fueron sin embargo disímiles y expresaron realidades y correlaciones de fuerza diversas^[6].

Designado el nuevo rector (Manuel Joaquín de Juano), los nombramientos se sucedieron sin cesar en la UNL aunque en una trama de debate y agitación creciente en los claustros de profesorxs y estudiantes. Y de escalada represiva. El 30 de julio de 1966 el Consejo Directivo de FyL llegó a expedir una última resolución solidarizándose con la decisión del decano y del vicedecano de no permanecer en sus cargos bajo las condiciones que exigía la intervención. Expresaban allí que

…la reducción de sus funciones a las meramente administrativas, sujetas a ordenanzas ministeriales, significa anular el gobierno de la Universidad, todo lo cual implica el avasallamiento absoluto de la autonomía universitaria, condición indispensable para la existencia de una auténtica universidad y que quebrantar esa autonomía es una forma decisiva de coartar la libertad y, por lo tanto, destruir la cultura y la vida nacional, pues lesiona los fundamentos en los que históricamente se ha consolidado…^[7]

En la misma resolución se denunciaba la violencia ejercida hacia estudiantes y profesorxs de la Universidad de Buenos Aires, así como la detención de estudiantes de la UNL y de la UBA. El Consejo Directivo de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre no volvería a reunirse por veinte años. Cuando ello ocurrió la Facultad tenía un nombre que había dejado como herencia otra dictadura: Humanidades y Artes.

En el lapso de poco más de un mes desde la intervención, la Facultad quedó desmantelada de profesorxs y ayudantes ya que, como adelantamos, un importante número transitó el camino de la renuncia como forma de protesta ^[8]. No se fueron en silencio. Manifestaron públicamente sus razones a través de documentos y solicitadas en los medios de comunicación. “Los romanos crean un desierto y lo llaman paz” se tituló la primera de ellas. Constituyó una elocuente condensación del mensaje de diez profesoras y ocho profesorxs en el principal diario de Rosario; La Capital. Ramón Alcalde, Angel Capelletti, María Teresa Carrara, José Mario Gutiérrez Márquez, Mario López Dabat, Gabriela B. de Lavarello, León Pérez, Elsa de Ferrazoli, Susana Petruzzi, Adolfo Prieto, Carmen P. de Sgrosso, Beatriz Rabaza, Zulema Solana, Sofía I. de Slulitel, Nicolás Tavella, Pedro Oscar Yañez, Celia Wagner de Guevel, Reyna Pastor de Togneri fueron lxs firmantes^[9]. Este grupo de profesorxs pertenecía a disciplinas diversas, sus carreras profesionales se encontraban en distintas etapas de desarrollo y sus sensibilidades ideológico-políticas eran heterogéneas^[10]; sin embargo los unió el acto de sostener mediante la palabra colectiva un explícito posicionamiento frente al golpe militar y la intervención a las universidades. En la solicitada no quedada duda de ello. Expresaban, con fuerte tono denuncialista, que no tenían una alternativa distinta que renunciar de forma indeclinable a los cargos que ocupaban. Entre los condicionantes que los llevaba a tomar esa decisión destacaban la agresión contra lxs estudiantes, las “cesantías ideológicas de docentes”, las “bandas fascistas colaborando como delatores de la policía”, la propia policía ocupando los edificios universitarios y la prohibición del ingreso de alumnxs que en los últimos seis meses no hubieren aprobado una materia, entre otros argumentos.

Adolfo Prieto, una de las figuras claves de la renovación de la carrera de Letras y de la Facultad de Filosofía y Letras después del golpe que derrocó al peronismo, y uno de los firmantes de la solicitada, renunció a sus cargos de Profesor Titular de Literatura Argentina y Director del Instituto de Letras. Le dirigió entonces una carta al decano interventor Roberto Brie donde subrayó su labor académica y su responsabilidad ética con la universidad pública. La carta, portadora de un estilo sobrio atraviesa una zona de sentires que no pueden ocultarse. Prieto destaca desde su orgullo por la tarea realizada hasta el desgarramiento personal que le provoca esa renuncia concretada un 5 de setiembre de 1966.

…interrumpo una labor de siete años a la que he entregado la mayor parte de mi tiempo, mi responsabilidad profesional y mi voluntad de trabajo. Las cinco mil piezas bibliográficas de una biblioteca que no contaba más de trescientas al hacerme cargo del Instituto de Letras, los quince títulos publicados con el sello editor del mismo y la firma de mis discípulos en muchos de los sobresalientes trabajos de ese fondo son un testimonio que no desdeño proclamar con orgullo al renunciar a los cargos que me fueron confiados. Y son un testimonio del desgarramiento que me significa esta actitud. Acaso el marco de referencia necesario para ponderar la dimensión de aquellos principios sobre los que creo posibles y justificables la idea y el contenido de una Universidad Nacional en la concreta circunstancia histórica que nos toca vivir... ^[11]

Nora Avaro (2015:54) señala agudamente que allí se condensan “denuncia, balance, compromiso; las tres actitudes críticas que su generación había vuelto programáticas.”

Otra solicitada, poco conocida y aún menos recordada aparecía días después en el diario La Capital. Sus escribas la nombraron “A la conciencia universitaria”^[12]. Esta fue recortada y pegada prolijamente sobre la hoja con que se inició un voluminoso expediente: el 16955^[13]. Sin dudas uno de sus componentes más importantes lo constituye un documento de siete páginas mecanografiadas donde las y los renunciantes fundamentaron colectivamente su decisión y elaboraron una minuciosa crónica de los acontecimientos y de las acciones llevadas adelante. Acciones cuyo corolario fue la presentación de las más de cincuenta renuncias que lo acompañan. Dicho texto fue conocido parcialmente por la mencionada solicitada, en la que solo se reproducían algunos pasajes.

En su desarrollo se enlaza estrechamente lo nacional con lo acontecido en la UNL y en la Facultad de Filosofía y Letras. Sostienen allí que

Nos vemos en la obligación de presentar nuestras renuncias a los cargos con que nos honrara la Universidad que ayudamos a construir, convencidos de que esta dolorosa decisión, que implica en muchos casos la interrupción de una carrera de investigación y docencia sobre la que habíamos proyectado nuestras vidas, es el único camino para no participar en esta obra de destrucción y mutilación de uno de los principales medios educacionales con que el país cuenta^[14]

Denuncian que, frente a la situación creada por el gobierno, el Personal de Institutos y Auxiliar de Docencia de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre fijó condiciones mínimas para el desarrollo de la vida universitaria. En franca sintonía con la primera solicitada, advierten que el problema universitario no puede reducirse al ámbito local y que por ello establecen como premisa básica para permanecer en sus cargos “el rechazo de todas las renuncias presentadas a nivel nacional por los docentes que, sensibilizados por el ataque reaccionaron resignando sus cargos y decidimos no reintegrarnos a nuestras tareas hasta tanto no se cumpliera esa exigencia”. Se refieren a la inmediata ola de renuncias que se produjeron en las Facultades de Ciencias Exactas y Filosofía y Letras de la UBA a consecuencia de la “noche de los bastones largos”.

El documento se inscribe en un contexto político y en tradiciones culturales que hacen imposible prescindir de la toma de posición clara, de la palabra fuerte, del tono elevado. Animadxs por la defensa a la libertad de expresión y a la no discriminación ideológica, al respeto a los concursos de oposición y a las libertades gremiales se reunieron con el decano interventor Brie quien se habría comprometido a no aceptar las quince renuncias (y diecisiete anuncios de retiro de colaboración) que ya se habían producido en el ámbito de la Facultad y a llevar el planteo a los restantes decanos del país. Las (in)conductas del decano interventor adquieren entonces espesor descriptivo. También el concurso de la fuerza policial para imponer sus decisiones y aplastar “la auténtica vida universitaria”.

Las renuncias, presentadas individualmente poseen un formato común: en todas se manifiesta la adhesión a las razones expuestas en el documento^[15]. Unas pocas están dirigidas a Brie llamándolo “decano”; simplemente “sr” o en otros casos “doctor”. Una sola se explaya de manera más amplia; la de Carlos Saltzmann^[16]. La mayoría de estas renuncias son de jefes de trabajos prácticos y ayudantes ad –honorem con la excepción de Gladys Onega, Beatriz Rabaza y Zulema Solana que ocupaban, aun siendo muy jóvenes, al igual que el resto, cargos de profesoras titulares. Todas y cada una están fechadas el 5 de setiembre de 1966. El expediente continúa con tres páginas donde se detalla a un conjunto de renunciantes: las dos primeras cubiertas con cincuenta y dos nombres cada una, la tercera con treinta (los últimos veinte fueron agregados manualmente). Allí están las y los firmantes de las dos solicitadas, pero no solo ellxs. Otros docentes que fueron sumando su voluntad de renunciar aparecen referenciados.

Sin dudas, el expediente contribuye a armar el mapa de las y los renunciantes, de las posiciones que ocupaban dentro de la facultad, de las carreras en las que ejercían. En esa dirección la presencia de un segundo listado nos permite adentrarnos en la dimensión cuantitativa pero principalmente discernir la significación académico-política de las renuncias más allá de las declaraciones públicas. Desfilan distintas figuras del universo intelectual de las letras, la filosofía, la historia, la antropología, la arqueología y la psicología. Profesorxs titulares^[17] y adjuntxs con las cátedras en las que se desempeñaban, directores de práctica de la enseñanza, preseminarios, seminarios, directores y secretarixs técnicxs de institutos, ayudantes de investigación, jefxs de trabajos prácticos y ayudantes alumnxs de institutos y cátedras. Fueron listados como “Profesores que no se han reintegrado hasta el día de la fecha (16 de setiembre de 1966)”. En otra parte del expediente se observa una nómina de renunciantes que detentaban “cargos sin antecedentes” y que corresponden en su totalidad a ayudantes alumnxs.

Las renuncias no constituyeron un camino directo en todos los casos; las primeras se produjeron como inmediata reacción a la intervención y a los sucesos en la UBA, luego sobrevino el retiro de colaboración de numerosos docentes y finalmente devinieron masivas el 5 de setiembre^[18]. Y con la misma fecha se libraron las correspondientes resoluciones aceptándolas. Aunque rechazando los términos en que fueron realizadas.

La agitación también envolvió al claustro de graduados afín al reformismo. Casi recién recibidas, Teresa Bertaina y Graciela Aletta de Silvas, habían sido invitadas a participar en un curso sobre “El ensayo y la novela interpretativa en la Argentina” que organizaba el Colegio de Graduados de Filosofía y Letras. Colegio que sostuvo una posición militante de apoyo al golpe y a la intervención. Advertidas de la situación, renunciaron a su dictado por considerar que ello “podría implicar un acuerdo tácito con la posición adoptada por dicha institución frente a la situación que vive la universidad”.^[19]

La intervención inició una intensa persecución burocrática por dos razones principales: el pago de haberes del mes de agosto que la UNL había concretado a las y los renunciantes de setiembre y el consiguiente reclamo por su devolución bajo el argumento que solo habían trabajado durante dos días. Obviando claro está que ello era imposible ya que la Facultad estuvo ocupada por fuerzas policiales y que “oficialmente” las actividades no se reanudaron hasta el 29 de ese mes^[20].

Asimismo, otra vía de acercamiento es la que nos provee el universo testimonial que nos brinda la posibilidad de adentrarnos en las experiencias político-académicas, pero también en dimensiones específicamente personales y declaradamente subjetivas y por qué no, el acceso a otros registros tanto informativos como interpretativos. En tal dirección distintos testimonios, de quienes en los años sesenta eran profesorxs, nos permiten vislumbrar múltiples coincidencias. Particularmente la insistencia descriptiva de ese momento como oscuro, difícil, habitado por proyectos que quedaron truncos. El caso de Hilda Habichayn, quien renunció a su cargo desde Holanda es uno de ellos. Su experiencia registra además el tener que sostener un juicio por devolución de haberes que la Facultad les inició a ella y a su compañero Héctor Bonaparte.

nos enteramos que los compañeros habían renunciado acá en la Facultad y nosotros renunciamos desde allá, es decir que volvimos sin trabajo eh… y, después de un período que estuvimos en Córdoba, en casa de un hermano y… yo, me di cuenta que en Córdoba yo ya no tenía contactos, había empezado la facultad allá pero, la había terminado acá, no tenía ningún contacto como para conseguir un trabajo entonces me vine a Rosario y… poco a poco fui entrando a la docencia, no en la Universidad porque era el momento más difícil políticamente, no? y… después en el año ’74 creo que fue, por un período muy breve yo me presente a un concurso en Sociología, en la cátedra de Sociología de la carrera de Psicología y… bueno, empecé a trabajar pero en Marzo prescindieron a la profesora y a todos los que estábamos con ella, entonces yo digo nunca más voy a volver a la Universidad, fue muy feo…(con tristeza)^[21].

Diversos sustratos de sentido pueden apreciarse en su relato. Hilda trae al presente de la entrevista una convicción del pasado que felizmente no se cumplió ya que pudo retornar a la facultad en los años ochenta. Aunque los efectos de la intervención fueron múltiples y arrasaron para siempre con algunos espacios. Particularmente con el Instituto de Sociología^[22]; territorio al cual se desplaza inmediatamente. Héctor (Bonaparte), su compañero, había ganado el concurso de director de dicho Instituto en 1962. Brie no conforme con ser decano interventor también se quedó con esa dirección en 1966, mudando a la Facultad de Derecho la importante biblioteca que se había formado en pocos años. “… todo se desperdigó” recuerda Hilda amargamente.

Para la antropología fue una ruptura clara en el proceso de generación de un campo disciplinario (Achilli 2000). A ello apunta Susana Petruzzi, aunque no solo

…considero que fue una mutilación para muchísima gente, a gente que le interrumpió la carrera, como me pasó a mí, estábamos comenzando a construir nuestra carrera académica y eso nos costó. No teníamos ni el prestigio, ni el conocimiento, ni las publicaciones como para hacernos conocer en otras partes. Para la Facultad…se cortó una cosa que prometió ser muy rica … Muchos materiales quedaron aquí, no se nos permitió sacarlo. En el Instituto de Antropología (cuando vine a buscar mis papeles personales) afortunadamente estaba Chiappe, como director, quien me facilitó las cosas; tuve que hacerlo bajo la mirada de la profesora Haiek, que era la persona que estaba en ese momento, controlando un poco lo que me llevaba o lo que no me llevaba^[23]

Los vínculos de la UNL con la UBA eran muy fluidos; tanto que muchxs de lxs profesorxs eran “viajeros” y se desempeñaban en ambas universidades. Ello era especialmente significativo en las distintas carreras de la Facultad de Filosofía. Profesorxs que se trasladaban, por uno o varios días a Rosario en el mítico tren de Buenos Aires en forma semanal. Enrique Butelman era uno de ellos. Psicólogo de dilatada trayectoria académica e institucional en Filosofía^[24] e intenso polemista, según algunas fuentes, brindaba una perspectiva muy poco idílica sobre la situación previa a la intervención del 66. Desde el horizonte de los años ochenta seguía considerando un acierto la decisión de renunciar y cuestionaba severamente a quienes decidieron no hacerlo.

…en Buenos Aires la situación era casi incontrolable, ese año renunció Gino Germani y yo renuncié con él, pero seguí viajando a Rosario porque mantenía todas mis actividades en la Facultad. Allí estuve hasta que se produjo el golpe en el ‘66 y cuando los militares decretaron la intervención renuncié respetando lo que habíamos acordado entre los profesores. Fue todo muy triste. … antes de la intervención los docentes habíamos decidido que íbamos a renunciar todos si había intervención de los militares. Los que estábamos identificados con el decano, era Guillermo Maci, éramos considerados como enemigos por el Centro de estudiantes y no se daban cuenta que el enemigo estaba por entrar a los bastonazos en las facultades.^[25]

Recuperamos distintas aristas de su diagnóstico. Sobre todo, una evaluación de la vida interna de las universidades, donde se encuentran críticas semejantes a las que realizaban grupos adversos a los postulados reformistas: el acendrado internismo y la radicalización política estudiantil ponderados como factores que actuaban negativamente. Butelman, asumiéndose parte del grupo de la gestión Maci, visiblemente enfrentado con el Centro de Estudiantes de la Facultad (“políticos que trabajan de estudiantes”) cuestiona severamente acciones y proyectos como el que generó un importante debate de asamblea: la incorporación de los no docentes al co-gobierno de la universidad o propuestas de designación de profesores connotados por sus posiciones de izquierda.

El asunto era que por esos días teníamos muchos problemas con los estudiantes; ¡bah! con los políticos que trabajaban de estudiantes, movidos por esa gente una asamblea de alumnos planteó que debía haber en la facultad un cuarto estamento, no sólo profesores, alumnos y graduados, sino que también el personal no docente debía tener su representación en el consejo. Nosotros con nuestros argumentos nos opusimos porque los no-docentes no tienen nada que hacer en el gobierno de las universidades.^[26]

Las renuncias fueron evocadas desde distintos registros; “error” o “acierto”, “nos hubieran echado igual”, “lo volvería a hacer” como algunos de los tópicos recurrentes. Haydee Gorostegui de Torres, otra viajera, por entonces profesora de Introducción a la Historia e Historia Económica Argentina, recuerda hacia 1988 que se opuso a las renuncias pero que sin embargo se sumó a esa iniciativa. Su testimonio permite vislumbrar otras zonas de la experiencia epocal.

Estaba de moda hablar mal del gobierno al estilo Primera Plana. Y es la gente que después, en general, cuando se produce el golpe del 66 creo que en una actitud omnipotente...renuncia. Yo me opuse a la renuncia, pero por supuesto me pasaron por encima. Yo creo que era una cosa muy omnipotente: creer que si se renunciaba en masa el gobierno se iba a asustar y entonces iba a dar marcha atrás… la verdad yo lo viví como una tragedia personal; mucha gente lo vivió como una tragedia personal. ^[27]

Por su parte, Reyna Pastor, también profesora viajera de muy activa participación en la vida académica de la Facultad, titular de Historia Social de España y del Seminario “El crecimiento demográfico, la expansión agraria y la estructura de la Sociedad en el reino de Castilla y León siglos XI-XIV” sostuvo que “lo de las renuncias fue una patriada de tipo liberal romántico, evidentemente, pero creo que nos hubieran echado igual. Hubieran expedientado… tenían las listas. Quizás hubiera quedado algunos más de los que renunciaron, pero fue una cosa así romántico-liberal. Y bueno, pero nos hubieran echado” (Calderari y Funes 1998: 35). En palabras de Marta Bonaudo, entonces estudiante y joven colaboradora de Reyna Pastor, “Nicolás (Sanchez Albornoz) vino al Instituto de Investigaciones y nos comunicó que no estaba dispuesto a seguir … Me acuerdo que fuimos con Susana (Belmartino) en tren a Buenos Aires para hablar con Reyna. Ella nos planteó que no iba a seguir, pero que eso no significaba que el proyecto se terminaba y que si teníamos constancia ella pensaba seguir trabajando con nosotras” (Eujanian y Mauro, 2014: 334).

En 1966, si renunciar o no hacerlo fue una primera decisión a tomar, lo cierto es que todxs debieron enfrentar la pérdida de un lugar que no era sólo de trabajo y que inmediatamente los colocó frente a un dilema ¿y ahora qué hacemos? De este testimonio se desprende con claridad que la tarea de formación no se interrumpió. Tampoco los vínculos que algunos profesorxs viajerxs promovían. La búsqueda de trabajo individual tanto en Rosario como en la región en distintos niveles educativos fue una experiencia compartida por la mayoría de las y los renunciantes del 66, la inestabilidad laboral posterior también, aún para lxs que se marcharon al exterior. Sin embargo, nos interesa reparar en otra estrategia que tuvo, de manera similar a las renuncias, un carácter colectivo: la creación de un centro que replicaba en su nombre al de la facultad. Docentes de distintas disciplinas se reunieron para fundar el "Centro de Estudios de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre" que contó durante el primer año de existencia con la dirección de Adolfo Prieto y la secretaría de Elida Sonzogni. Allí ofrecían cursos, charlas y conferencias varias para un público general y estudiantes universitarios. Sin embargo, luego de dos estimulantes primeros años en términos de balance de lo realizado en esa casona hoy demolida de Córdoba al 1700 provista por Carmen Pujals de Sgrosso, el proyecto comenzó a debilitarse por la falta de financiamiento y la necesidad de buscar otras alternativas rentables (Eujanian y Mauro, 2014: 335)^[28].

Advertimos asimismo que la continuidad en los cargos profesorales luego de la intervención no remitió a un universo homogéneo, y por ende la lectura e interpretación del nuevo mapa no puede realizarse linealmente. Quedarse no implicó necesariamente la adhesión al gobierno de facto y al nuevo régimen universitario. Ese universo estuvo conformado por quienes alentaron el propósito de enfrentar al onganiato desde el interior de la institución a la que pertenecían. Tanto es así que ello aparece evocado con insistencia en la comunidad de memoria de las y los renunciantes. Remiten a esos gestos que emanaban de posiciones de resistencia “desde adentro” de la universidad intervenida^[29]. Quedarse fue también el producto de una decisión ético y política y una estrategia que el movimiento estudiantil reformista alentó. Aunque resistir desde adentro no fue una estrategia exitosa; digámoslo. Las cesantías, las expulsiones o los sumarios constituyeron el destino casi inmediato de profesorxs conocidos y reconocidos por sus posicionamientos ideológico-políticos críticos. Ese también fue el derrotero de Alberto J. Pla, quien gozó de la compañía (y control) del decano interventor en las mesas examinadoras de marzo de 1967 en las materias en las que era titular mientras estaba ya en marcha un sumario que lo dejaría muy pronto fuera de la Facultad. El pretexto fue su negativa a cubrir las mesas de lxs profesorxs renunciantes.

En Filosofía también podemos rastrear evidencias de una posición asumida por quienes no renunciaron convencidos de la independencia de la universidad con respecto a la política nacional, cualquiera sea la forma que ésta adopte. Por ello convivieron confortablemente con gobiernos democráticos y con gobiernos dictatoriales y no hicieron tribuna de su ambigüedad comportamental dentro de la institución. Consideremos a modo de ejemplo la situación en el Instituto de Investigaciones Históricas. Hourcade (1994: 132) señaló la existencia de reinados profesorales “eternos” que, como los de Ricardo Orta Nadal, profesor de Historia Antigua de Oriente o Jorge Luis Cassani (en Historia Antigua Clásica y también Medieval), constituyeron una cabal muestra de flexibilidad para adaptarse a la situación de turno. Ambos cultores de una modalidad de historia tradicional y erudita, integraron el grupo que obtuvo el control de los espacios formadores del oficio de historiador/a en 1966. La intervención contó con el apoyo activo de docentes y graduadxs vinculados, en ese presente o en el pasado, a la propia universidad. Quienes aceptaron cumplir funciones como decanos y funcionarios interventores eran en su gran mayoría profesores de la propia universidad en actividad. Y ello comenzaba con el nuevo rector de Juano.

El retorno del peronismo al gobierno nacional en 1973 configuró un escenario inmejorable para el despliegue de rectores, decanos, y distintos funcionarios afines que respaldaban sus políticas en la Universidad, aunque en un marco siempre permeado por una intensa conflictividad interna y externa. También para el crecimiento de las vertientes estudiantiles filiadas en la izquierda peronista. En Filosofía, luego de haberse abstenido de participar en 1973, la JUP ganó las elecciones del centro de estudiantes en 1974 y, en consonancia con ese avance, en mayo de ese año fue elegido un nuevo decano afín a la Tendencia (Nicolás Rosa), mediante un método nunca ensayado: en asamblea estudiantil. Este reemplazó al secretario académico a cargo de la gestión interventora, Arturo Fernández. Nos detenemos brevemente en ese acontecimiento ya que para entonces y aún antes de la muerte de Perón era muy visible el proceso de derechización del gobierno y ello se expresaba en distintas dependencias estatales, aunque no solo, claro está. Filosofía era un escenario donde se desplegaban los antagonismos políticos con intensidad y donde las amenazas sistemáticas y los actos de violencia socavaban la precaria institucionalidad.

En las universidades, desde el inicio de la gestión de Oscar Ivanissevich en la cartera de educación, se manifestó claramente un proceso de depuración ideológica, disciplinamiento y cercenamiento de la vida política, que se materializó en cesantías docentes, reformulaciones en los planes de estudios- que asumían un corte conservador- y el cierre de comedores universitarios entre otras medidas. Y ello reverberó en Filosofía con la salida del decano Rosa, que se produjo luego de un allanamiento a la facultad donde se detectó la presencia de armas en el edificio, situación que conllevó hasta a una breve detención del decano. El 17 de octubre de 1974, el rector de la UNR firmó una resolución que expresa los términos en que fue provocada la renuncia del decano electo en asamblea. Se le atribuía que “frente a hechos que no tienen relación alguna con la enseñanza universitaria... que la autoridad encargada de dicho instituto no ha actuado con el celo y vigilancia necesario para evitar la comisión de los mismos lo que constituye una falta grave que el rectorado no puede dejar pasar por alto”^[30].

La depuración intrapartidaria contra la izquierda del movimiento peronista y la construcción de un entramado legal de corte “antisubversivo” cobraban forma aceleradamente hacia fines del 74 y principios del 75 en el marco del “saneamiento” de las universidades “subvertidas” por la infiltración marxista. En consonancia con tal propósito en la UNR se fueron estableciendo una serie de pautas que apuntaban a la “normalización” académica. Las señales del rectorado de la UNR no dejaban dudas de su posicionamiento: nombraban “huésped oficial” a Ivanissevich ante una visita a la ciudad y establecían un duelo de cinco días por la muerte del dictador español Francisco Franco. Puertas adentro de las unidades académicas el rectorado impartía instrucciones concretas dirigidas a mantener “en perfecto estado de limpieza” las dependencias universitarias. En Filosofía se disponía la realización de tareas de pintura y aseo para cubrir las pintadas de las paredes y el montaje de una ronda de vigilancia para controlar su estado. En una misma línea se reglamentó la vestimenta de las y los profesores universitarios (medida que fue alabada por la prensa local) y se implementaron algunas lógicas disciplinarias que contemplaron la aplicación de sanciones sobre el claustro docente y estudiantil.

Ya a principios del mes de mayo de 1975 el decano Héctor Di Bitetti había ordenado la desocupación del local del Centro de Estudiantes en el término de cuarenta y ocho horas. Entretanto el rectorado apercibía a la directora del Instituto Superior de Bellas Artes aduciendo que había tenido “un comportamiento irregular” al exceder su ámbito de competencia y autorizar la realización de actividades no permitidas como las asambleas estudiantiles, en las que sectores del alumnado hacían “presentaciones y cuestionamientos improcedentes” (Grimi 2021:68 y 69 ). También se promovían transformaciones fuertemente regresivas en cuestiones de orden académico y/o administrativo. En febrero, el Instituto de Comunicación Social que funcionaba en la Facultad de Filosofía fue intervenido y transferido a la Facultad de Derecho, a la par que se daba de baja a la treintena de agentes que prestaban funciones allí.

Ese mismo mes fue intervenida la Escuela Superior de Psicología y Ciencias de la Educación. En diciembre el rectorado dio por finalizada la intervención al considerar que se habían cumplido los objetivos propuestos; Menossi presentó la renuncia y asumió el cargo de Director Normalizador el psicólogo Raúl Pangia (Grimi, 2021). La depuración de la planta de profesores se desplegaba a un ritmo acelerado.

Nos hemos detenido en describir esta serie de medidas promovidas desde la universidad y la facultad para poder comprender el contexto en el que veinte profesoras y profesores fueron amenazados por la Triple A en octubre de 1975. Dicha organización, comandada por el Ministro de Bienestar Social desde el breve gobierno de Cámpora en adelante, José López Rega, había llegado a la conclusión de que "el mejor enemigo es el enemigo muerto" y así lo enunciaba en su órgano de difusión; la revista El Caudillo. Coherente con este propósito el 31 de julio de 1974, la Triple A había asumido públicamente el asesinato político del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña y desde entonces se había mostrado muy prolífica asesinando a defensores de presos políticos, militantes políticos y sindicales. Según los distintos testimonios un “escrito” apareció promediando octubre conminándolos a renunciar inmediatamente a sus cargos en la facultad e irse de la ciudad. La amenaza era muy seria y no podía pasarse por alto: prometía la muerte para quienes no obedecieran.

Entre octubre y diciembre de 1975 las renuncias producto de las amenazas se concretaron, aunque cabe aclarar que reconstruir la lista de amenzadxs no es una tarea sencilla, ya que la memoria de los pocos sobrevivientes y la transmisión oral no son necesariamente coincidentes. Curiosamente ninguno de los sobrevivientes recuerda haber visto personalmente la nota, que estaba en poder del decano y solo algunos escasos documentos nos acercan alguna información, en particular dos renuncias que se alejan del tono formal y escueto que escogió la mayoría para cumplir con la amenazante exigencia, la de Juan Sasturain y la de Doreen Barrón Alonso. Ambas anuncian que renuncian junto a diecinueve compañeros amenazados. También comparten el deseo de proteger con ese acto a compañeros de trabajo y estudiantes y argumentan desde una identidad política de manera explícita.

Sasturain, por entonces profesor titular de Teoría literaria sostiene que lo hace en contra de sus deseos, pero sobre todo porque entiende el peligro que corren sus compañeros y asevera que

No me retracto de nada de lo dicho y hecho en el ejercicio de la cátedra ni en los cargos que me tocó desempeñar, tengo miedo como cualquiera pero por encima de todo vergüenza, en primer lugar por darles la razón a quienes creen en el poder de la violencia irracional, en segundo lugar lo reitero porque como peronista no puedo aceptar que los que están atrás acaso deseen se los identifique como seguidores del General Perón … no quiero darle a mi renuncia una trascendencia que no tiene si tenemos en cuenta l que está pasando a nuestro alrededor, pero que sea insignificante es un síntoma más de estos años terribles y absurdos que vivimos^[31].

Barrón Alonso por su parte sostiene que “habiendo sido notificada que figura en una lista de veinte profesores de esa casa amenazados de muerte y siendo de ellas renuncio motivada por la falta de seguridad que las autoridades pueden ofrecerme y en el deseo de proteger a compañeros y alumnos que están siendo víctimas por estos días de persecuciones y campañas terroristas que tiene como propósito destrozar la universidad …durante los años que he trabajado en esa casa (desde 1969) lo he hecho convencida de estar contribuyendo a la formación de la cultura nacional y popular”^[32] añade.

Grimi (2021:74) contabiliza veinticuatro renuncias, y si bien esa cifra fue bastante mayor no todas fueron provocadas por integrar la lista de amenazadxs. Por ejemplo, el antropólogo Héctor Vázquez^[33], entonces militante del PRT, renunció en diciembre por instrucciones del partido que evaluaba la peligrosidad de continuar trabajando en la facultad. Y dicho proceso estuvo lejos de detenerse, y continuó en el verano de 1976.

La carrera de Historia concentró la mayor parte de amenazadxs (y también de renunciantes) Reyna Pastor, Alberto Pla, Marta Bonaudo, Silvia Cragnolino, Susana Belmartino, Nidia Areces, Marta Castiglione, en Antropología Graciela Batallán, Doreen Barrón Alonso, María Teresa Carrara y Elena Najlis, en Letras Nicolás Rosa, María Teresa Gramuglio, Juan Sasturain, Ana María Gargatelli y Miguel Olivera Gimenez y Esther Díaz de Kóbila en Filosofía^[34]. El diario La Tribuna registró este acontecimiento como “Amenazas a docentes” y el movimiento estudiantil repudió el hecho manifestando su “firme voluntad de denunciar, y luchar para impedir actos como los señalados”^[35]. En relación a los cargos que ocupaban, salvo unos pocos auxiliares, la mayoría eran titulares de cátedras o profesores adjuntos. Y la secretaria técnica del Instituto de Investigaciones Históricas. Es importante subrayar que la amenaza a titulares de cátedra implicó rápidamente un proceso de renuncia de todos sus equipos.

Nuevamente el horizonte testimonial nos permite una aproximación cualitativa y vivencial. Gramuglio recuerda que aun cuando unos pocos días antes de las amenazas había asistido al entierro del artista plástico y militante del ERP Eduardo Favario, quien había sido acribillado en un enfrentamiento ficticio con el ejército, su primera reacción fue desestimar los riesgos. Pero esa actitud no le duró mucho ya que fue convencida por un fotógrafo amigo que trabajaba en ese momento con Juan Pablo Renzi (su compañero) a irse a Buenos Aires. Pronto supo que no podría volver. En noviembre y con mucha diligencia la facultad aceptaba su renuncia junto con las otras que ya se habían producido^[36].

Nidia Areces^[37] evoca con mucha precisión que las amenazas fueron un martes, y qué el miércoles 15 muy temprano el antropólogo Edgardo Garbulsky fue a su departamento a avisarle. Ella estaba trabajando en el Colegio Politécnico y el que recibió la noticia fue Carlos, su compañero. Dos días después se fue con sus dos hijos del departamento donde vivía^[38]. Para entonces se desempeñaba como Profesora Titular de Historia de América II y como Adjunta ad honorem de América III y también trabajaba en la UNL de donde pidió licencia y fue cesanteada poco después junto con 300 compañerxs. En Filosofía renunció al igual que todxs lxs amenazadxs. A Marta Bonaudo la noticia le llegó por medio de una compañera, que visiblemente alterada, fue a su casa a informarle que estaba incluida en la lista de la triple A y que debía abandonar universidad y ciudad en un plazo máximo de veinte días. Marta, embarazada de siete meses, contó como en otros momentos de su vida con el apoyo familiar para migrar de la ciudad y sostenerse. Mauro y Eujanian (2014: 338 y 339) subrayan que la angustia se hizo muy visible en su relato sobre todo al describir cómo debía renunciar a la vida que había construido, a la que había apostado tras doctorarse en Francia^[39].

Poco tiempo después apareció otra lista de amenazadxs en las facultades de Medicina y Arquitectura (Aguila,2014). Para fines de 1975 Filosofía era casi un páramo.

En 1966, según datos proporcionados por la misma intervención, en Filosofía y Letras había renunciado el 47,8 % del cuerpo docente, aunque con diferenciales impactos según las áreas: en Psicología, el 80 % de las cátedras habían quedado acéfalas; en Filosofía el 75 %, en Historia el 63 %, en Antropología el 60 % y en Letras el 50 %^[40] aunque el diario La Capital registra que docentes y estudiantes consideraron que fueron más altas.^[41] Lxs renunciantes del 66 configuraron un universo complejo que envolvió a todas las carreras de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre. Las del 75 estuvieron más acotadas disciplinarmente y fueron producto-como ya hemos planteado- de amenazas que se descargaron principalmente sobre algunas figuras muy conocidas por sus posicionamientos políticos de izquierda ya dentro del campo del peronismo o del marxismo.

El proceso de renuncias de 1975 presenta algunas similitudes y también ostensibles diferencias con las de 1966. Las voces que clamaban por la depuración de los claustros eran bastante similares pero nueve años después del 66 eran, sin embargo, más ruidosas, violentas y marchaban decididas a avanzar contra la vida de profesoras y profesores. En 1975 se consolidaba un proceso, en el que se inscribieron las amenazas de muerte que provocaron las renuncias, tendiente a la “depuración” del claustro docente que la dictadura del 76 profundizaría hasta niveles nunca alcanzados en el pasado.

En tanto las renuncias del 66 configuraron una acción colectiva de protesta frente a la imposición dictatorial de un nuevo régimen universitario del que nos quedan múltiples evidencias gestadas en tiempo real a partir de las solicitadas y documentos construidos por las y los grupos de renunciantes, las renuncias del 75 constituyeron un gesto defensivo de la propia vida en un marco de creciente violencia estatal y paraestatal que era imposible desconocer. Se fueron al exilio o al insilio … en silencio, avisadxs por compañeras y compañeros, refugiados por amigxs o familiares. Sus renuncias fueron escuetas y salvo en dos casos no se brindan fundamentos de los motivos, que conocemos principalmente por los dispositivos de memoria. En 1966, el movimiento estudiantil reformista rosarino se opuso de manera militante a las renuncias de profesores y a la intervención por supuesto. En 1975 encontramos algunas pocas y escuetas declaraciones de la FUR en un marco donde ellxs mismos estaban siendo ferozmente perseguidos y aún asesinados.

Hay quienes renunciaron dos veces, en 1966 y en 1975. De ambos grupos hay quienes nunca más ejercieron tareas docentes en la Facultad. Del grupo del 66 algunxs lo hicieron brevemente en los agitados años posteriores, sobre todo cuando la pequeña brecha que se abrió luego del 69 lo fue permitiendo y que el 73 amplificó. El retorno de la democracia en 1983 acogería a otro importante grupo. El conocimiento pormenorizado de las y los renunciantes nos permitió asimismo distinguir que las trayectorias profesionales posteriores no fueron lineales. A diferencia de los renunciantes del 75 entre los del 66 nos encontramos con algunxs pocos que no mantuvieron una actitud renuente a colaborar durante gobiernos dictatoriales. Seguir trayectorias intelectuales y profesionales nos permite observar que en la dictadura de 1976 un puñado de ellxs ocuparon titularidades de cátedra en distintas carreras de la Facultad.

Las renuncias del 66 dejaron heridas que tardarían mucho tiempo en cerrar entre sus protagonistas, alimentaron memorias transmitidas inter generacionalmente en nuestra Facultad y también forjaron una identidad: la de “los renunciantes del 66”. En parte ello se explica por el profundo impacto que provocaron, pero también por el hecho que muchxs de esxs renunciantes serían, desde la recuperada democracia de los años ochenta, protagonistas centrales de la vida académica y política de Humanidades y Artes. Contribuirían sin dudas a potenciar un imaginario persistente: el de los años dorados de la universidad argentina. Las renuncias (o más bien la intervención que provocó las renuncias) habían constituido el abrupto final de esa experiencia. El 75 también pervivió en la memoria universitaria y de la facultad, aunque no con la fuerza del 66. Sin dudas el acontecimiento se inscribió en la memoria social como un anticipo de la feroz dictadura militar que sobrevino a continuación.

Anuario Nº 40, Escuela de Historia

Facultad de Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Rosario), 2024

ISSN 1853-8835

[1] Si bien contamos con una profusión de abordajes sobre la universidad en el periodo y particularmente sobre la represión ejercida sobre ella, en su mayoría han centrado su interés en el movimiento estudiantil, Pis Diez (2022), Califa y Millán (2016), Vega (2016), Luciani y Viano (2023) entre muchos otros han contribuido a ello. El claustro profesoral ha sido desigualmente abordado, salvo el caso UBA y particularmente Filosofía y Letras y Exactas, que han concitado una atención casi excluyente.

[3] Nota 7/66, caja Notas 1966, 1-300. PPDFHYA, Rosario. Esta era una organización nacionalista, anticomunista y antirreformista de arraigo en la universidad.

[4] Notas 30/66 y 1237/65, PPDFHyA, Rosario. Maci le solicitó por nota que se rectificara y el asunto fue tratado en el Consejo Directivo generando una controversia de envergadura.

[6] El artículo 7 del decreto ley establecía que las autoridades (rectores y decanos) disponían de un plazo de 48 horas para comunicar al ministro de Educación la decisión de atenerse a las funciones estipuladas por la nueva reglamentación, de lo contrario se considerarían vacantes sus cargos y se procedería a cubrirlos. Las funciones que les asignaban eran meramente administrativas. De las ocho universidades nacionales existentes cinco rechazaron el decreto: Litoral, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y La Plata. En tanto las universidades del Sur, del Nordeste y de Cuyo aceptaron el nuevo régimen de funcionamiento.

[7] Resolución 1357 C.D. 30 de julio de 1966. Esta fue la última resolución emitida por el pleno; en la anteúltima reunión el CD se había pronunciado contra el golpe de estado y exhortado a lxs universitarios a integrar un frente solidario en el ámbito nacional fundado en los principios que rigen a las universidades. Ver Resolución 1356 C.D. 2 de julio de 1966.

[8] Renunciar no fue la única manera en que se manifestó la disidencia. Dentro de la universidad distintas voces y espacios se manifestaron abiertamente rechazando la reestructuración autoritaria del sistema universitario. Desde el Instituto del Profesorado Básico, el Instituto de Cine y la Facultad de Ingeniería Química se promovieron declaraciones contrarias a la intervención. También lo hicieron los integrantes del Departamento de Pedagogía Universitaria. En el mes de setiembre cuando las medidas de la intervención estaban ya muy afinadas, un grupo de docentes de Medicina exigió al Decano Juan Picena el retiro de la policía de la Facultad y el restablecimiento de la libertad de reunión y de expresión en la Universidad (Vega, 2016:232).

[9] Mantuvimos el orden original de la solicitada. Varios apellidos de profesoras solo aparecen indicados con una inicial y se registraron con el de sus cónyuges y en otro caso solo con él. La Capital, agosto de 1966.

[10] Realizar un perfil de las trayectorias profesionales y de las sensibilidades ideológico-políticas excede en mucho las posibilidades de este texto. Sin embargo, señalemos que encontramos entre el grupo de firmantes a un dirigente del Movimiento de Liberación Nacional (Malena), a un fervoroso anarquista, a allegados al partido comunista, a socialistas, liberales, republicanos, y hasta a un médico neurólogo de activa militancia católica.

[12] Lxs firmantes fueron (en orden riguroso y formato original): E. Ossanna, G. Rimini, L.A. Giunípero, G. Porrini, G. Ibarra, E. González, L. Vilito, E. Sonzogni, Z. Solana, A. Vasconcelos, C. Yusnosky, I. Antognazzi, G. García Montaño, A. Milanesi, M. Botbol, M. Rosetti, L. Rodriguez Pujol, E. Noceti, A. Betria, B. Rabaza, G. Pedrazoli, M. Porta, E. Basso, M.C. Garello, L. Balzaretti, M. Ciminelli, E. Bargellini, V. Bordenave, E. Saltzmann, M. Bottone, N. Mugica, A. Oliva, A. Grisolia, A. Ulanosky, M.C. Cassani, C. Fadlala, M del C. Caratozzolo, M. Carbonatto, A.M. Perrota, E.R. de Paul, A. Ceresa, A. Laterza, G. Onega, H. Piazza, M.E. Yaffar, E. Ciardonel, O. Calvo, A.M. Rissotto, G. Fernández, G. Baravalle, M.T. Gramuglio, A. Calderón de la Barca, E. Luchesi, A. M. Molinaro, S. Nadali, P.Cancina, M.L. Rossi.

[13] Hallamos dicho expediente (16955) en 2016 en una bolsa de consorcio tirada en un sótano de la facultad. Constituyó una pieza fundamental para reconstruir el proceso de 1966. Las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre lo habían rotulado como “Nómina del personal docente que ha renunciado al 6/9/1966”. Expediente que luego de completar todo el itinerario burocrático fue “archivado” un 23 de junio de 1970 cerrando el “caso”. Con variaciones ello fue tratado en: Viano, 2021.

[16] “La presente situación de las universidades nacionales, provocada por el “gobierno de facto” (subrayado en el original) y sus mandatarios en las casas de estudio me obligan a adoptar una penosa decisión, que concibo como única alternativa a la colaboración con quienes destruyen en el presente un instrumento esencial para el desarrollo educacional del país y construyen en su lugar una universidad cerrada y antipopular”. Expte 16955 en Caja bolsa Nº 66 PPDFHyA. Rosario.

[17] En muchos casos se desempeñaban en más de una materia (o materia y seminario o bien materias y dirección de instituto), como Ramón Alcalde, Jaime Bernstein, Enrique Butelman, Angel Capelletti, Roberto Cortés Conde, Haydeé Gorostegui de Torres, Rodolfo Kaiser Lenoir, Pedro Krapovickas, Mario López Dabat, Guillermo Maci, Juan Ricardo Musso, Reyna Pastor, León Perez, Adolfo Prieto, Eduardo Prieto, Nicolás Sánchez Albornoz, Nicolás Tavella, Ma. Luisa Siquier de Ocampo. Advertimos, sin embargo, que no se puede considerar que este expediente documente de forma completa el universo de las y los renunciantes. Por ejemplo, las renuncias de Pedro Krapovickas (Director del Instituto de Antropología) o la de Alba Romano no constan allí. La situación de Martín Moldenhauer es distinta ya que las autoridades lo incorporaron al listado erróneamente dado que no renunció. Estaba en uso de licencia cuando se produjeron las renuncias.

[18] Los primeros días de agosto había dimitido el Departamento de Pedagogía Universitaria de la UNL en pleno, encabezado por su Director, Nicolás Tavella. También se produjeron algunas renuncias individuales como la de Domingo Buonocore, Director de la Revista Universidad. Ver El Litoral, 9 de agosto de 1966.

[21] Esta entrevista fue realizada en el año 2011 en el marco de un proyecto bajo mi dirección que recupera la historia del feminismo rosarino y en la que Hilda realizó un repaso biográfico.

[22] Distintas iniciativas quedaron documentadas. Dan cuenta de la enorme vitalidad y desarrollo que logró el extinto Instituto de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras en muy pocos años en esa formativa etapa de las ciencias sociales en Argentina. Ver entre otros Pagnoni, 2023.

[24] Butelman fue una figura de significación desde 1956, sobre todo en la configuración de la recién creada carrera de psicología de la UNL; la primera en el país. Junto a Jaime Bernstein (también renunciante de Filosofía, entonces Director del Instituto de Psicología) había fundado en 1945 la editorial Paidós. En 1966 se desempeñaba como Profesor Titular en Escuelas Contemporáneas de Psicología y en Historia de la Psicología.

[28] Los autores subrayan que en Buenos Aires distintxs cientistas sociales participaban desde tiempo atrás en distintos espacios privados con financiamiento externo como el IDES, el Di Tella o el CEDES en tanto en Rosario no estaba presente esa alternativa y por tanto la experiencia fue fundante.

[29] En esa dirección la figura de Alberto J. Pla aparece como representativa de una posición que fue, sin dudas, muy minoritaria en Filosofía y Letras de la UNL. O hasta podríamos decir solitaria.

[33] Conversación de la autora con H. Vázquez (2022) poco antes de su fallecimiento y en el marco de un homenaje a quien se desempeñara como decano en 1984, Fernando Prieto.

[34] Ver Caja: Resoluciones rectorales 1975-1976. PPDFHyA, Rosario. Hemos optado por mencionar a quienes pudimos confirmar en su calidad de amenzadxs mediante fuentes diversas.

[36] Ver Podlubne, 2013: 38. Favario había participado junto a Gramuglio, Rosa y otrxs en la experiencia artístico-político de denuncia Tucumán Arde en 1968.

[38] Recuerda también haber participado de una reunión en un bar de calle Pellegrini donde un pequeño grupo de amenzadxs de la carrera de historia discutió que hacer.

[39] Varios testimonios describen los distintos allanamientos de morada sufridos por algunxs de lxs amenazadxs y en otros casos la colocación de bombas que sufrieron. También la fuerte sospecha de que la lista fue construida “internamente” con la colaboración de personal administrativo y aún docente. Sara Mata por ejemplo fue llevada por Agustín Feced a la Jefatura de Policía y según el recuerdo de una amiga éste le dijo: “Ud camina por la cornisa. Está en el grupo de Pla”.

[40] Se estima que en la Universidad de Buenos Aires abandonaron sus cargos alrededor de 1.378 docentes. Esas renuncias afectaron algunas de las áreas más modernas y dinámicas y fueron particularmente graves en las Facultades de Ciencias Exactas y Filosofía y Letras. Asimismo, unos 300 docentes e investigadores optaron por el exilio y pasaron a engrosar las filas de institutos de investigación y/o de enseñanza del exterior (Buchbinder, 2005: 190).