El Instituto Argentino para el Desarrollo Económico y Realidad Económica: un proyecto económico heterodoxo entre la dictadura y la democracia (1982-1984)

The Instituto Argentino para el Desarrollo Económico and Realidad Económica: a heterodox economic project between dictatorship and democracy (1982-1984)

La historiografía todavía tiene mucho que aportar a los debates de naturaleza económica en los años de la transición a la democracia, tanto en el periodo de dictadura (1976-1983) como del gobierno constitucional (1983-1989). En el trabajo se espera contribuir a los debates intelectuales analizando la visión económica del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico y su revista Realidad Económica (IADE-RE). Entendemos que se trató de una propuesta heterodoxa de la economía, que con una visión crítica tuvo una presencia importante en la argentina desde los años setenta hasta la actualidad. Nos detenemos en el periodo que abarca el final de la dictadura y el comienzo de la democracia (1982-1984), con el fin de examinar y comprender las elucubraciones y posturas de la propuesta intelectual del IADE-RE en aquellos años cruciales. Como principal hallazgo, sostenemos que los diagnósticos de la institución y su revista se caracterizaron por una compleja red de pensamiento económico heterodoxo de análisis y compromiso político de la coyuntura mundial, regional y nacional.

Historiography still has a lot to contribute to the debates of an economic nature in the years of the transition to democracy, both in the period of dictatorship (1976-1983) and the constitutional government (1983-1989). The paper hopes to contribute to intellectual debates by analyzing the economic vision of the Argentine Institute for Economic Development and its magazine Realidad Económica (IADE-RE). We understand that it was a heterodox proposal of the economy, which with a critical vision had an important presence in Argentina from the seventies to the present. We stop at the period that covers the end of the dictatorship and the beginning of democracy (1982-1984), in order to examine and understand the musings and positions of the intellectual proposal of the IADE-RE in those crucial years. As a main finding, we maintain that the diagnoses of the institution and its magazine were characterized by a complex network of heterodox economic thought of analysis and political commitment of the global, regional and national situation.

La dictadura iniciada en 1976 asumió con un importante sesgo reformista en lo que entendió un contexto de crisis social amplia que abarcaba desde lo económico y político hasta lo cultural (Novaro y Palermo, 2003). En términos económicos, el plan de estabilización del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz (1976-1978) propuso actuar sobre los pilares de la reducción de la inflación mediante políticas ortodoxas, un cambio en la política industrial dirigido a hacer más eficiente el sector y la necesidad de flexibilizar las trabas a los mercados abriendo la economía y reduciendo el Estado en términos de gastos, erogaciones a las provincias, déficits de empresas públicas, entre otras (Zack y Pryluka, 2022). Los cuestionamientos a la economía semicerrada y al modelo de industrialización sustitutiva llevaron a los nuevos gestores de política económica a encarar un plan ortodoxo que puso en marcha las políticas orientadas a liberalizar la economía, y que luego fueron acompañadas de una reforma financiera destinada a flexibilizar las tasas de interés y revertir su condición negativa para hacer más eficiente el ahorro, la circulación de capitales y la asignación del crédito. Por otro lado, la política de endeudamiento avanzó a grandes pasos, acumulando importantes variaciones que superaron más del 200% hacia el final del ciclo, tanto en el sector público como privado (Schvarzer, 1986).

Finalmente, al menos en términos de control del gasto y la inflación, el plan Martínez de Hoz fracasó,^[1] ya que luego de practicar un ajuste ortodoxo como de, posteriormente, intentar controlar la inflación mediante políticas orientadas en el enfoque monetario del balance de pagos, desembocó en un descontrol del proceso inflacionario iniciado desde 1975.^[2] La propiciada crisis financiera, en gran medida derivada de la vulnerabilidad del sistema local frente al shock de la deuda externa durante los ochenta, obligó a liquidar entidades y bancos, generando duros efectos en la economía real. Hacia 1981 la inflación crecía al 100% y el PBI caía 6%, los efectos de las tasas de interés internacionales y la retracción de capitales dejaron en vulnerabilidad a la economía argentina, que para aquellos años acumulaba un endeudamiento de unos 22.000 millones de dólares (Belini y Korol, 2020). Posteriormente, el conflicto bélico por las Islas Malvinas en 1982 terminó por dilapidar las aspiraciones de la dictadura, generando fuertes corridas bancarias, bloqueos comerciales y problemas en el mercado local de cambios. Así, la fase final de la dictadura, con Dagnino Pastore en el ministerio de Economía y Domingo Cavallo en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se caracterizó por buscar contener los efectos de la crisis: devaluación, controles a las importaciones y de precios internos, reducción de las tasas de interés, entre otras, fueron algunas de las políticas para controlar una inflación que rondaba el 400% y un déficit fiscal que superaba el 10% del PBI (Cuesta y Trupkin, 2022).

El regreso a la democracia en 1983 significó una ruptura de envergadura en la sociedad, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y la Unión Cívica Radical (UCR) vencía por primera vez en la historia al histórico Partido Justicialista sosteniendo a la democracia como mandato (Velázquez Ramírez, 2019). Aunque en términos políticos la frontera trazada entre dictadura y democracia le valió un importante apoyo ciudadano a Alfonsín (Aboy Carles, 2001), los desafíos económicos eran agudos. La deuda externa alcanzaba los 45.000 millones de dólares, la inflación seguía en niveles cercanos al 350% anual y el déficit fiscal y cuasi fiscal rondaban el 15% del PBI. El sistema financiero, por su parte, se encontraba encerrado en una dinámica desregulada de alta deuda interna con déficit del BCRA, los seguros de cambio en beneficio del sector privado y altas tasas de interés para contener los depósitos en el sistema. Por su parte, la caída del salario acumulaba un 30% y la desaparición de personas -con un alto porcentaje de trabajadores- imponían un cuadro de amplias demandas populares.

El contexto internacional también se tornaba desafiante con tasas de interés norteamericanas que llegaban a niveles históricos de entre el 6 y el 8%, y la recesión en los países industriales que exhibía cifras importantes con caídas del PBI que en ocasiones alcanzaban al 8-10%. En este marco, aumentaban las medidas proteccionistas, se reducía el comercio y, particularmente en la región, impactaba la caída de los términos de intercambio y la iliquidez (Schvarzer, 2001). El primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun (1983-1985), obedeciendo a las bases históricas del radicalismo y oponiéndose a los practicado por el régimen anterior, inició funciones con un plan de tipo keynesiano. La estrategia de reactivar la economía recuperando los salarios, aprovechando la capacidad instalada y fomentando a la industria, en un primer momento surtió algunos efectos favorables, aunque ponía en peligro la estabilidad con una inflación que, anualizada, llegó a rondar más del 500% hacia junio de 1983 (Pesce, 2006). También fue importante, en este contexto, las discusiones con el FMI por la deuda externa, los problemas del sistema financiero y los conflictos con los actores económicos locales. Especialmente, frente al FMI y los acreedores externos, se buscó avanzar a partir de mayo de 1984 en la conformación de un club de deudores que desembocaron en el Consenso de Cartagena en julio de aquel año. Allí, donde se reunieron varios países deudores de la región como México, Brasil, Venezuela y Perú, entre otros, se establecieron las bases para generar acuerdos de negociaciones comunes, derivando en reuniones posteriores en Argentina y Uruguay. Sin embargo, estas se debilitaron ante la estrategia de negociación unilateral del FMI y los acreedores privados con los diferentes países. Respecto a los grupos económicos locales, el intento por disciplinarlos a la investidura democrática se tornó infructuoso dado la desarticulación corporativa del sector (Novaro, 2020), como el poder estructural adquirido por varias firmas y su incidencia en la formación de precios, adquisición de divisas y gasto público (Ortiz y Schorr, 2020).

En este contexto de transición entre dictadura y democracia, el trabajo propone analizar la visión económica del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) y su revista Realidad Económica (RE) entre 1982 y 1984, que identificamos con una propuesta heterodoxa de carácter crítico. El recorte temporal de este trabajo, que se enmarca en un proyecto más amplio de análisis y caracterización del IADE-RE que actualmente se encuentra indagando en sus orígenes, obedece a un interés por la profusa producción de contenidos -artículos, proclamas, notas, etc.- producidos bajo el sello del IADE en RE en estos años. Estos, que resultaron de una manifestación crítica de compromiso político con análisis económico, buscaron intervenir en nombre de la institución en el debate público. Así, nos centramos en los debates económicos en el marco de la administración de traspaso al nuevo gobierno y, especialmente, en los desafíos de la nueva democracia en materia de política económica. En gran medida nos basamos en el estudio de las revistas que viene cobrando un impulso importante, especialmente en el campo de la historia económica (Girbal-Blacha, 2021) y las ideas económicas (Rougier y Odisio, 2019), donde se buscan conjugar herramientas del análisis cultural, político y económico para enriquecer los abordajes y el tratamiento de estas tanto como fuente, pero también como objeto de estudio (Rougier y Mason, 2021). Así, aunque todavía escasos, un conjunto de estudios recientes de perspectiva histórica y económica propone detenerse en las publicaciones periódicas como objeto cultural y analizar diferentes dimensiones de la misma como el proyecto editorial, las trayectorias políticas, la materialidad y, en definitiva, las tramas que se encuentran detrás de cada cuerpo (Delgado, Mailhe y Rogers, 2014; Ospital y Mateo, 2015 y Haidar, 2017). Esto, teniendo en cuenta que las revistas se tornan en objetos propicios a la hora de captar la coyuntura histórica de mediano plazo, sus debates y controversias, a diferencia de otros formatos como los diarios, periódicos o libros que funcionarían con otras temporalidades (Girbal-Blacha, 2021). Para esta línea de estudios, y como reivindicamos, las revistas se presentan como objetos de estudio centrales para captar los debates de la coyuntura política y económica de la modernidad, especialmente del convulso siglo XX y el periodo de inflexión que significó la última dictadura.

El trabajo se encuentra divido en tres apartados. En el primero, nos detenemos en analizar las características del IADE-RE como en sus editores, colaboradores y participes, aunque también ponemos el foco en entender las perspectivas, enfoques y miradas que involucraron a la institución y la revista. Luego, en dos apartados, analizamos el tratamiento, los debates y las controversias en la fase final de la dictadura y el primer plan económico de la democracia, especialmente poniendo el foco en los debates de la sección coyuntura, pulso financiero y debates que profusamente se editaban con el sello autoral del IADE-RE. Como parte de los hallazgos, sostenemos que, a pesar de algunas características corrientes de la crítica heterodoxa de la economía como la inflación monopolista, la liberalización de los mercados y la retracción del Estado, los diagnósticos que yacieron en sus páginas involucraron una mirada amplia que integraba al sistema financiero, la economía internacional y los actores económicos.

IADE-RE: características de un espacio político y cultural heterodoxo nacido en épocas críticas

RE es una revista de ciencias sociales con perspectiva crítica y heterodoxa que puntualiza en cuestiones económicas, políticas y culturales. Creada en 1970, y con una tirada en papel de alrededor de 4.000 ejemplares cada 45 días, es el principal medio de difusión del IADE. Este último, creado en Buenos Aires, Argentina, en 1961, nació como una asociación civil sin fines de lucro con el mismo espíritu que RE promoviendo los valores del desarrollo económico e independiente de la región mediante actividades académicas y debate intelectual. Así, a partir de RE, que en la actualidad mantiene una tirada virtual y se encuentra editada en importantes bases de datos de indexación académica, se difundieron debates amplios que abarcaron desde cuestiones de Estado, el sistema financiero, los sectores económicos -agropecuarios, industriales, servicios, etc.- hasta las economías regionales y comercio internacional. De esta manera, el público al que se encontraba dirigida también se caracterizaba por su amplitud, como intelectuales, empresarios, sindicalistas, políticos, profesionales, estudiantes, entre otros.

Entre sus principales fundadores estuvieron varios intelectuales de histórica importancia en la Argentina del siglo XX. Por ejemplo, Arturo Enrique Sampay, jurista y constitucionalista con una trayectoria política en el nacionalismo yrigoyenista de la UCR y luego en el peronismo. Conocido como uno de los principales ideólogos de la reforma constitucional de 1949 motorizada en el gobierno de Juan Perón (1945-1955), también fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el ámbito internacional miembro de la Comisión Contra la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (ONU), falleciendo en 1977. De una generación avanzada, también cabe mencionar a Sulim Granovsky, periodista dedicado a los temas de los genocidios en el siglo XX, vinculado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con amplia trayectoria en medios de reconocido impacto como El Economista y El Mundo. Parte de esta generación, que mantenía más de 60 años al momento de su fundación, también se encontraba el físico y tecnólogo Jorge Sábato, reconocido por su teoría denominada Triangulo de Sábato,^[3] quien en aquel entonces destacaba como presidente de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) e impulsor de la Empresa Nacional de Investigación y Desarrollo Eléctrico (ENIDE).^[4]

Parte de una generación más joven, se encontraba Jorge Francisco Cholvis, un abogado que compartió filas con Sampay en la UBA y en los ochenta fue asesor del candidato a presidente por el Partido Justicialista Ítalo Luder. También se encontraba Alfredo Eric Calcagno, un reconocido funcionario de la ONU en la Comisión Para el Desarrollo de América Latina (CEPAL), antiguo colaborador del gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962), reconocido por sus estudios sobre el desarrollo económico, el pensamiento económico y la política argentina. Juan Carlos Amigo, por su parte, era un economista asesor de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), director del IADE y RE en los años estudiados y caracterizado por su militancia para el pensamiento económico nacional. Por otro lado, también participó Manuel Sadosky, un matemático impulsor de la computación en la argentina y creador de la carrera de Computador Científico (luego Licenciatura en Ciencias de la Computación), Doctor en Ciencias Físico-Matemáticas en 1940, afiliado al Partido Comunista (PC), catedrático de la UBA y vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas en la misma Universidad. En los sesenta contribuyó para traer la primera computadora en una universidad latinoamericana, hasta que fue exiliado por presiones de la Alianza Anticomunista Argentina a comienzos de los setenta, volviendo posteriormente para colaborar con el gobierno de Alfonsín como secretario de Ciencia y Técnica. De importante talla intelectual, también deben nombrarse a los ingenieros, luego devenidos en importantes economicistas, Adolfo Dorfman y Marcelo Diamand. El primero, de una significativa trayectoria comunista familiar y ligado tempranamente al PC en los treinta y cuarenta, destacó en los estudios históricos de la industria argentina, como asesor de la ONU-CEPAL y, en los años analizados, como funcionario del gobierno de Alfonsín. El segundo, destacó no solo por su actuación empresaria como militante, y especialmente con la fundación de la empresa TONOMAC dedicada a la fabricación de artículos electrónicos, sino por sus aportes a la teoría de la política económica y la economía nacional. Obedeciendo a esta línea del pensamiento económico nacional, destacó el historiador de la industria Jorge Schvarzer, formado como ingeniero, participó en los sesenta de la revista Fichas de Investigación dirigida por Milcíades Peña. En aquellos años se desempeñaba como vocal de RE, para posteriormente dirigir el Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA) junto con intelectuales como Dante Caputo, Sábato y Jorge Roulet. Por otro lado, también destacó el economista y médico Mauricio Lebendisky, militante del Partido Comunista que publicara varias obras sobre la estructura económica argentina y la teoría marxista en su trayectoria. Estos, probablemente eran quienes se encontraban detrás de las notas de debate y coyuntura que insumían agudos análisis con sólidas bases empíricas en torno a los principales temas de preocupación de IADE-RE. No obstante, también caben mencionar a otros menos importantes, quienes publicaban con menor periodicidad en los años analizados como los entonces jóvenes economistas Arnaldo Bocco, Eduardo Hecker, Leonardo Bleger y la socióloga Mabel Thwaites Rey, entre otros.

En los años analizados, el presidente honorario del IADE fue Juan Sábato. El cuerpo directivo de RE también contaba con los vicepresidentes economistas Julio Ricardo Eguia y Augusto Reinhold. Por su parte, los secretarios fueron Salomón Fainstein y Daniel Solda, economistas vinculados al nacionalismo económico, estudiosos del desarrollo nacional y asesores de empresas. También se encontraba el secretario Eliseo Giai, un economista dedicado a la consultoría empresarial en cuestiones financieras y con larga trayectoria en el IADE y RE. Esta última, que en aquel entonces alcanzaba los cincuenta números, contaba con la dirección de Eguía, mientras que la secretaria de redacción era de Amigo, que pasaría posteriormente a ser el director, mientras que Daniel Rascovschi integraría la secretaría de redacción.

Sus portadas se caracterizaron por presentar una variedad de colores importante, que eran combinados con el título, el número correspondiente, los principales autores y algunos términos centrales del contexto político y económico como puede verse en la imagen 1.

Imagen 1. Portadas de RE de los años 1984 y 1984. RE. Tapa. Núm. 52-53, 3er y 4to bimestre de 1983 y RE. Tapa. Núm. 54, 1er bimestre de 1984.

El promedio de artículos en cada número podía rondar entre los cinco y seis, o bien ser mucho más extenso si se incluían conferencias, notas editoriales, entrevistas y documentos de la coyuntura política y económica. Por su parte, el interior de la revista era presentado en blanco y negro, mostrando un estilo austero de las 70 páginas por volumen, aunque en ocasiones se utilizaban los matices en blanco y negro para resaltar temas de interés como por ejemplo la recuperación de conferencias, documentos anteriormente publicados en sus números o incluso imágenes de los principales exponentes políticos y económicos con los que se coincidía. En este sentido, como se mencionó más arriba, destacaron las publicaciones de análisis bajo el rótulo de debates y pulso financiero con denso aparato erudito en la economía, las finanzas y la política, todas bajo el sello del IADE-RE. En ocasiones, estas secciones ocupaban más de la mitad de los números, insumiendo gran parte de los volúmenes. La propaganda no fue recurrente, lo que podría indicar cierta independencia económica de la publicación, aunque se exhibieron algunas que manifestaban las coordenadas ideológicas del proyecto como los productos de Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) (imagen 2), propaganda oficial de la SEBGA y otras directivas provenientes de organismos oficiales como la secretaría de Energía. También fue habitual encontrar en las páginas de RE la promoción de otras revistas de impacto en las ciencias sociales como fueron Desarrollo Económico, la mexicana Trimestre Económico o bien las reseñas de las últimas novedades de las ciencias sociales tanto a nivel nacional como internacional provenientes de autores como Ferrer, Salvador Treber, Raúl Prebisch, Arturo Sampay, entre otros. Sin embargo, el IADE-RE no sólo dialogaba con las publicaciones académicas de raíz heterodoxa de las ciencias sociales y sus principales exponentes, también se involucraba en su estilo con un diálogo político amplio con sectores y cámaras empresarias de menor envergadura que buscaba representar como la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación General Económica (CGE) o el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. De este último, eran publicados los trabajos de su centro de estudios financieros o bien su publicación ligada Acción. También era habitual encontrar en sus páginas la reproducción de los documentos internacionales en foros por la deuda externa, discursos de la misma naturaleza pronunciados por Grinspun o el canciller Dante Caputo y las novedades políticas como declaraciones y solicitadas institucionales que surgían en ese sentido. Esto le daba a RE un tronco heterogéneo que combinaba la novedad académica heterodoxa con la acción política en la coyuntura nacional, regional e internacional.

Resulta difícil pensar, dado lo dicho y las particularidades del contexto político, que la revista recibiera algún financiamiento de organismos oficiales afines a su perspectiva, lo que conduce a sostener que su financiamiento pudo haberse basado en la participación de suscripciones ofrecidas en el territorio nacional y en el exterior^[5] en todas sus ediciones^[6] o bien en las vinculaciones con partidos políticos ligados a varios militantes como fue el sello del PC en el que varios de sus miembros encontraron una afinidad. Respecto de los principales intereses mostrados por la publicación del IADE, puede observarse en el gráfico 1 que la proporción temática preferencial en RE fue equilibrada dentro del universo que se presenta. La mayor parte de la atención la tuvieron temas de macroeconomía, como la política fiscal, la deuda externa, los precios y, en general, la política económica gubernamental. Sin embargo, la política energética y tecnológica no tuvo un papel menor, al igual que aquellos análisis e inquietudes dirigidas a los diferentes sectores económicos de la economía nacional. Vale decir lo mismo para la política internacional como para la política local, aunque cabe advertir que la división resulta relativa en varios casos ya que estos artículos, proclamas y documentos recurrentemente se encontraban atravesados por la problemática económica como la deuda externa.

Gráfico 1. Principales temáticas de interés en RE. Números de RE entre los años 1975-1985.

Teniendo en cuenta este breve recorrido de la historia de IADE-RE, como de algunas de sus características en tanto proyecto cultural, se puede afirmar que se trataba de una propuesta heterogénea donde se vinculaban varios referentes inscriptos en una cultura vinculada al desarrollo nacional y las ciencias sociales con perspectiva heterodoxa, sobre todo en materia económica y de política económica. A su vez, sus trayectorias dan cuenta de importantes referentes con trayectoria en el comunismo, como en otras tradiciones vinculados al radicalismo nacionalista y el peronismo de izquierda. Sin embargo, pueden distinguirse una generación precursora del IADE, con las bases mencionadas, y otra más joven, en su mayoría economistas, que se encontraban vinculándose a la vida pública y que, seguramente, contribuyeron a hacer del IADE-RE un proyecto heterogéneo dentro de la heterodoxia economía.

La transición económica entre la dictadura y la democracia: principales desafíos

Durante el primer bimestre de 1983, el IADE-RE aseguraba de forma crítica que “este equipo económico carece de otras iniciativas que no sean administrar la pobreza” (IADE-RE, 1983, Nº50, p. 22). El punto principal de preocupación en aquel entonces durante el último año de gobierno militar, eran las tasas de inflación que, a enero de 1983, rondaban el 15% mensual; aunque de fondo se encontraba la puja de los ingresos desatada en la lucha por reacomodar los precios relativos como exigía el FMI^[7] con las tarifas públicas frente a alimentos y electricidad que explicaban gran parte del alza del índice general, afectando los ingresos del sector asalariado.^[8] Otro síntoma de la crisis económica que atravesaba la dictadura militar en su último año de gobierno, según lo señalado por el IADE-RE, era la reducción del consumo de carne per cápita anual, que ya en aquel entonces se reducía a 59 kilos por año- lejos de los 100 a los que se llegaron en los años cincuenta-. La responsabilidad, como se afirmaba, no solo era del entonces ministro de Economía Jorge Wehbe (1982-1983), sino de “siete años de política monetarista”.

Por otro lado, como sospechaban desde el IADE-RE, la proyección de aumento del 5% de los ingresos asalariados como del PBI que planeaba el ministro para el año en curso, no necesariamente significaban un aumento real de los ingresos dado que el descontrol de la inflación podía persistir: el salario mínimo de 5 millones de pesos, no llegaba a cubrir ni el 50% de la canasta alimentaria básica, denunciaban, la cual rondaba los 15 millones. También preocupaba la cuestión fiscal, ya que en 1982 el sector público cerraba con un déficit de más del 5% del PBI y una caída de los ingresos del 30%. Estos indicadores, sostenían, anticipaban un horizonte oscuro, al menos si se quería cumplir con la meta de reducción del déficit a 2.13% en 1983 que imponía el FMI (más aún considerando la caída de importaciones del 45% y de exportaciones por 20% contra 1981). Como sentenciaba el IADE-RE, la administración final de la dictadura carecía de iniciativa y se dedicaba a mantener un mínimo control del tipo de cambio, tasas de interés y políticas de ingresos procurando no perjudicar en demasía a los principales actores económicos empresariales (IADE-RE, 1983, Nº50, p. 24). La administración política de la economía que realizaba el gobierno se limitaba a ajustes al alza de las tasas de interés, reducción del déficit fiscal, búsqueda de superávit comercial, entre otras, que sin dudas para el IADE-RE traerían obvios efectos recesivos dado “el incremento del costo de dinero, en condiciones de alta inflación y con abultados stocks de deuda que en la mayoría de los casos mantienen los agentes económicos con el sistema financiero” (IADE-RE, 1983, Nº50, p. 25).

De esta forma vaticinaban que la herencia del régimen dejaba una reducción del el PBI del 4% respecto a 1970, con los sectores de la industria manufacturera y construcción como los principales afectados. El PBI per cápita, se cuestionaba, era más bajo que el de 1968 (de 4.095 pesos constantes en 1974 se redujo a 3.520 pesos en 1982) lo que arrojaba un “retroceso de 14 años” (IADE-RE, 1983, Nº50, p. 31). Peor eran los resultados comparativos en la industria manufacturera, cuyo producto sectorial retrocedía -9% respecto a 1970, lo que llevaba a señalar que, en definitiva, el:

Proceso que blasonó de poner fin a una etapa populista, que alentaba el consumo a costa de la inversión, para sustituirlo por otro de desarrollo empresarial con alta eficiencia, la paradoja mayor surge de verificar que la inversión bruta interna sería también la más baja de toda la nueva serie estadística, que cubre desde 1970 (IADE-RE, 1983, Nº50, p. 36).

La inflación del 300 % anualizado, afirmaban, era la manifestación aguda de los enormes desequilibrios que vivía la economía nacional. La practicada astringencia monetaria (encuadrada en el stand by con el FMI), por su parte, no había funcionado y, contra las convicciones económicas del gobierno, condujo a practicar un control de precios. La administración Wehbe-Gonzales del Solar (presidente del BCRA), demostraba que la ortodoxia liberal perdía el control sobre la inflación y que “las expectativas y el mal comportamiento de las empresas son nuevamente los culpables” (IADE-RE, Nº51, p. 24). Esto, en referencia a las acciones del ministerio de Economía para exigir explicaciones por los aumentos injustificados y limitarlos, de allí en más, a una variación de entre 9 y 7% (RES.279) -lejos del 15% alcanzado en diciembre de 1982-. La crítica de fondo era que el gobierno demostraba haber fracasado en sus postulados liberales y ortodoxos, y que incluso se contradecían al anunciar que los controles se encontraban ahora justificados en “condiciones de virulencia inflacionaria, donde las expectativas de los agentes en un marco de gran incertidumbre respecto del futuro generan una inflación autoalimentante” (IADE-RE, Nº51, p. 25). Sin embargo, se sostenía, el control de precios efectuado era insuficiente dado que se dirigía a los productos industriales, aunque por el otro lado se las beneficiaba con créditos a tasas subsidiadas del 6% mensual, reducción en la tasa de refinanciación de sus pasivos y otros beneficios.

El programa económico que delineaba el FMI en aquel entonces, preveía la reducción de la tasa de inflación en un 85% durante el primer trimestre de 1984, “mediante una reducción drástica del crecimiento nominal de la demanda [para luego] suavizar los controles de precios a medida que vaya teniendo efecto el programa estabilizador” (IADE-RE, Nº51, p. 26). La misma estrategia se preveía con los impuestos a la exportación, que se aumentaban en 1.9% del PBI para planear abandonarlos por completo en diciembre de 1983,^[9] reduciendo los gastos corrientes y manejando con prudencia los ajustes salariales dejando en libertad de negociación al sector privado. Pero como entendía el IADE-RE:

estas afirmaciones resultan elocuentes. En particular es difícil advertir su compatibilidad con la idea de poner en práctica una política activa en favor de un proceso de sustitución de importaciones, ni orientaciones tendientes a lograr un nivel de actividad más elevado. Por el contrario, cabe ver en ellas una reedición de las políticas recesivas de ajuste, tradicionalmente propuestas por el FMI y, como se ve, autónomamente adoptadas por el círculo ortodoxo vernáculo (IADE-RE, Nº51, p. 32).

Como se advertía, la recesión a la que se asistía se combinaba con una reducción del consumo del 10%, que quedaba por debajo de las tasas de crecimiento poblacional, empujando la desocupación y la subocupación a tasas del 4.6% y del 6.4% respecto de la PEA, niveles no vistos con anterioridad (IADE-RE, Nº51, p. 35). El IADE-RE sostenía que los desfavorables indicadores excedían la coyuntura, mostrando un “proceso incubado en los años precedentes [donde] el retraso del tipo de cambio entre 1978 y 1981 constituyó, en la práctica, una subvención a la producción extranjera […] financiada con endeudamiento externo” (IADE-RE, Nº51, p. 36). Así, aunque el gobierno militar había sostenido entre 1979 y 1980 el consumo, incluso a pesar de la caída de la producción industrial y descapitalización de las empresas, se preparó el terreno para el derrumbe posterior, Este era el punto para el IADE-RE: la crisis económica que se divisaba con claridad en 1983 tenía sus orígenes en una estrategia que mantuvo una reactivación económica con consumo de bienes extranjeros de forma artificial, desindustrializando, desocupando y descapitalizado con apertura comercial^[10] y consecuente concentración empresarial, mientras favorecía en primero términos a las actividades financieras.

En estas condiciones, a partir de mediados de 1983 se preveían los riesgos de la transición a la democracia en un cuadro de inevitabilidad del traspaso de mando a un gobierno institucional, pero también de un posible nuevo golpe de Estado, posibilidad que parecía estar abierta en un proceso de descomposición del régimen debido a los sucesivos fracasos económicos (IADE-RE, 1984, Nº52 y 53, p. 4). Así, se advertía sobre los condicionantes de la inflación alta, una brecha entre dólar oficial y “negro” de más el 50%, endeudamiento externo equivalente al 61% de las exportaciones, el desprestigio de los controles de precios máximos y desabastecimiento de determinados productos. El IADE-RE sostenía que la dictadura practicaba “una maniobra envolvente, que procura condicionar al nuevo gobierno, llevarlo al fracaso y abrir camino a nuevas aventuras golpistas” (IADE-RE, 1984, Nº52 y 53, p. 5).

En este cuadro se proyectaba un superávit comercial de alrededor de 1.500 millones de dólares -para los primeros cinco meses de 1983-, aunque logrados a costa de una fuerte recesión (ya que en los primeros seis meses de 1983 las exportaciones caían en 607 millones de dólares y las importaciones en 646) (IADE-RE, 1984, Nº52 y 53, p. 59). Por otro lado, las caídas salariales en diferentes sectores rondaban el 4% respecto del año anterior, y para el promedio del sector asalariado era del alarmante 12%. Así, se sostenía que “las consecuencias se reflejan sobre el mercado interno: caída en la demanda de bienes y servicios; disminución de la recaudación fiscal; imposibilidad de pagos de alquileres y cuotas indexadas de todo tipo, etc.” (IADE-RE, 1984, Nº52 y 53, p. 59). Otro punto de preocupación manifestada era respecto al funcionamiento del sistema financiero, donde surgía un mercado financiero sin regulaciones con crédito que se sustraía de las regulaciones oficiales representando una masa importante de recursos. En el mismo, la tasa de interés crecía inusitadamente por encima del nivel general de precios (al 20 o 30% mensual) y contribuía a los problemas de iliquidez en el sistema formal. En este marco, el IADE-RE cuestionaba la herencia de la reforma financiera de 1977, asegurando que era un:

instrumento de ajuste ya no funciona [porque] se da el simultáneo crecimiento de la tasa de interés y de la cotización de la divisa negra. Tampoco funciona para contener el incremento de los diversos índices de precios. Podría decirse que se ha llegado a un punto de saturación, en el que el cuerpo exánime a la economía nacional ya no reacciona frente a las sobredosis de aplicación de los instrumentos monetarios (IADE-RE, 1984, Nº52 y 53, p. 62).

Por su parte, el proyecto heterodoxo del IADE-RE bregaba por controlar los movimientos de fondos del comercio exterior “con asignación racional planificada de las escasas divisas que puede obtener el país de su balance comercial” (IADE-RE, 1984, Nº52 y 53, p. 63). Además, manifestaba la necesidad de desenganchar la tasa de interés interna de la externa, recuperar una conducción nacional de BCRA eliminando la participación del sector privado en su directorio para comenzar con “la nacionalización de los depósitos y eliminación de toda actividad ajena a la específica del servicio bancario, a fin de subordinarlo a las necesidades de la economía real” (IADE-RE, 1984, Nº52 y 53, p. 63). Así, se cuestionaba que “no existen condiciones para un régimen de libre albedrío en el sistema financiero, que posibilite la libertad de tasas y la asignación de crédito basado exclusivamente en criterios de rentabilidad directa” (IADE-RE, 1983, Nº54, p. 48). Por el contrario, se bregaba por:

reestructurar el sistema financiero a fin de devolverle su carácter de servicio público subordinado al interés general, lo que conlleva la idea de que los agentes que operan en el mismo solo pueden serlo en virtud de una concesión especial otorgada y fiscalizada por el Estado, dado el privilegio que comporta el manejo del ahorro nacional y la función monetaria que de ello resulta (IADE-RE, 1983, Nº54, p. 48).

Así, se asemejaba el sistema financiero al sector de la Salud y la Educación Pública, que deben estar al servicio del bien común, siendo condición primaria restablecer la plena seguridad jurídica para la totalidad de los depósitos que se efectúen en bancos y demás entidades financieras quedando todos bajo garantía de la Nación y autorizados por el BCRA, siendo los privados agentes directos del mismo. De esta manera, se reivindicaba explícitamente el esquema de nacionalización de depósitos que rigió durante el primer peronismo 1946 y el que se restableciera durante el tercero en 1973. Como se aclaraba, este no implicaba la estatización de la banca, ya que las entidades obtendrían sus ganancias de la utilización de sus capitales y reservas como de las compensaciones abonadas por el BCRA en concepto de gastos operativos.

Era en esta misma línea que el IADE-RE retomaba los debates de las XI Jornadas de Ciencias Económicas del Cono Sur realizadas en mayo de 1983 con la participación de economistas como Salvador Treber, Alejandro Rofman y el secretario de RE Daniel Solda. A raíz de estas aseguraban que el modelo monetarista que se encontró detrás de la cuestión financiera provenía de las corrientes de política conservadoras que buscaban, mediante una orientación económica vertebrada en la política monetaria, fundamentar su ofensiva global para redistribuir los ingresos contra los sectores de asalariados y afectar la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas -en su mayoría nacionales- beneficiando a los actores económicos concentrados (Sola, 1984, p. 144). El capital más beneficiado, así, lo hacía mediante la banca, principalmente aquellos que tenían sus casas matrices en el exterior, ya que, con esto, “no solo se lograba frenar la dinámica de crecimiento de los países afectados, sino además achicarlos” (Sola, 1984, p. 144). Con la doctrina de la estabilidad económica, la defensa irrestricta del libre mercado y la retracción del Estado, la ofensiva monetarista se concentraba en reducir la inflación. El IADE-RE, sin negar el componente monetarista del incremento de los precios, sostenía que “el factor más importante radica en la política de empresas monopolistas que incrementan sus precios, independientemente de cualquiera de los indicadores conocidos” (Sola, 1984, p. 145).

En este marco fue entendido el problema de la deuda externa, la cual no ha sido soberana, “sino de aplicación de proyectos acordes con intereses extra nacionales que contaron con la complicidad de quienes detentan el poder [asegurando que] debe ser investigada y debidamente expurgada” (IADE-RE, 1984, Nº52 y 53, p. 4) convocando a “los pueblos hermanos del continente”, quienes deben actuar como aliados para enfrentar el mismo problema.

Otro de los puntos del IADE-RE se dirigió a la refinanciación de la deuda externa de Aerolíneas Argentinas realizada en los últimos días de la dictadura bajo la administración de Whebe; que según se cuestionaba la gestión militar presentaba como modelo nacional, donde se reestructuraron las obligaciones a tasas del 14 o 15% anual. El problema, además de las altas tasas, lo constituían las garantías irrestrictas al sector privado, como informar a los banqueros internacionales sobre la situación de la Tesorería, en referencia a los precios internos de combustibles, tarifas del sector público, variaciones salariales de los trabajadores estatales, tasas de interés, tasa de cambio, balance comercial y de pagos, precios internos, PBI y otros (IADE-RE, 1984, Nº52 y 53, p. 48). Sin embargo, a estas cláusulas leoninas, el IADE-RE le contraponía la maduración de la idea de “un club de deudores”, que como sugería el economista brasilero Celso Furtado que debía surgir de la declaración unilateral de moratoria de la deuda externa por parte del Brasil. Esto era así, ya que para el IADE-RE el origen de la deuda externa era producto de la transferencia al sector financiero de los beneficios, es decir las rentas, que anteriormente gozaban las actividades productivas.

Las ideas del IADE-RE muestran una confluencia de andamiaje interpretativo en torno al proceso económico de la dictadura a tono con varios estudios económicos de la época (Canitrot, 1979; Ferrer, 1980). Especialmente en torno a la crítica al plan económico de Martínez de Hoz como un programa de disciplinamiento social destinado a subordinar a la clase trabajadora no solo por la violencia sino mediante una reforma económica que suprima las condiciones de su desarrollo (Canitrot, 1979). En este sentido, habrían sido la apertura y la reforma financiera las destinadas a instalar la hegemonía del mercado y una visión fundamentalista de la globalización, sobre todo mediante la política cambiaria que operó para generar una redistribución del ingreso contra sectores trabajadores y empresarias del mercado interno ligadas a estos (Ferrer, 1981). En este sentido, la deuda externa constituía una manifestación de este proceso destinado a revertir el modelo industrializador.

Otra de las discusiones que muestra complejos diálogos teóricos fue en torno a la cuestión de la estructura agraria o propiedad de la tierra considerada un factor retardatario para el desarrollo (IADE-RE, 1983, Nº54, p. 46), algo que en alguna medida remitía, histórica y paralelamente, a una de las preocupaciones centrales del comunismo local. Vale una digresión en este aspecto, y es que las visiones del PC -en gran medida heredadas del Partido Socialista-,^[11] pudieron estar vinculadas por la participación de ex militantes provenientes de aquella tradición, como se ha relevado más arriba. En los años sesenta y setenta, el PC siguió reivindicando posturas clásicas sobre la cuestión de la tenencia de la tierra, principalmente el latifundio y el poder de una oligarquía improductiva, asociada al retraso del capitalismo argentino. Sin embargo, y con el salto de productividad visto en aquellas décadas, producto de la llamada revolución verde, las concepciones provenientes del PC acoplaron la nueva coyuntura de alta productividad agraria a “anteojeras viejas” (Lissandrello, 2020), entendiendo que la oligarquía agraria seguía representando un signo de atraso, ahora expulsando -por ejemplo- mano de obra por mayor tecnología. Por eso se entendía en el IADE-RE que la estructura agraria sufría una distribución desigual donde convivían grandes extensiones con explotaciones que no alcanzaban el nivel mínimo de unidad económica: el 5% de los contribuyentes (31.791 explotaciones), se aseguraba, acumula tierras por el 55% del valor total, mientras que en el otro extremo el 5% de los contribuyentes menores posee tierras valuadas en el 0,0007 del total. Así, entre las principales medidas a adoptar para revertir la deficiente estructura agraria, se proponía la realización de un censo agropecuario nacional, elaboración de un plan de colonización, declaración de utilidad pública del recurso y autorización para expropiación de las tierras que no fueran objeto de explotación agraria racional o de extensiones que excedan las 2.000 hectáreas de superficie, ofreciendo dichas tierras en unidades familiares mediante concurso público (IADE-RE, 1983, Nº54, p. 47).

El gobierno de Alfonsín: debates en torno a las primeras dificultades económicas de la nueva democracia

Con gran entusiasmo, en el marco de la asunción de Alfonsín, el IADE-RE aseguraba que la revista se sumaba al júbilo del nuevo periodo político, aunque advirtiendo, como lo venía haciendo, que el camino se tornaba difícil “porque la herencia que deja el régimen militar está plagada de condicionamientos y, lo que es más peligroso, el enemigo interno -aunque derrotado- no está muerto y continuará siendo el aliado de los enemigos de afuera” (IADE-RE, 1983, Nº55, p. 5). Los editores responsables se referían a la clase dominante, minorías de privilegio cuyo objetivo “es atacar al sentimiento de auténtica unidad ante la emergencia nacional y provocar el enfrentamiento entre los sectores medios de trabajadores” (IADE-RE, 1983, Nº55, p. 5). Es más, se afirmaba que “recomienza en la Argentina un nuevo ciclo de soberanía popular en lo político […] para que la renacida democracia se asiente sobre nuevas bases […] que permitan resolver los gravísimos problemas económico-sociales” (IADE-RE, 1983, Nº55, p. 11). Como se venía insistiendo, los datos económicos eran desalentadores para el nuevo gobierno. El PBI per cápita se había reducido 15% respecto de 1975, el salario real medio había caído un 30% respecto al mismo año, el desempleo y el subempleo representaban, juntos, un 15% de la fuerza laboral, la ocupación del sector manufacturero se contrajo 30 años y el volumen físico de la producción industrial 15 años con una capacidad ociosa de la industria de alrededor del 40% (IADE-RE, 1983, Nº55, p. 11). Solo se podía decir lo contrario del sector agropecuario, que con buenas proyecciones de cosecha en trigo, maíz y sorgo de alrededor de 24 millones de toneladas, superiores al bienio inmediatamente anterior.^[12] Si bien los precios internacionales se reducían, y el gobierno acompañaba la tendencia disminuyendo las retenciones (de 25 a 18%), las proyecciones futuras de precios internacionales no eran malas, afirmaban. No obstante, otros sectores no daban indicadores prometedores. Las exportaciones de carne vacuna retrocedían interanualmente más de un 50%, amenazando con ser al menos un 15% menos que en 1982. En el sector energético, la producción de petróleo se encontraba estancada, y tanto el carbón como el gas natural se encontraban atrás de los mismos meses de 1982, aunque lo más peligroso era una inflación que corría a más del 20% mensual y llegaba al 350% anual (IADE-RE, 1984, Nº58, p. 11).

Además, el IADE-RE repasaba los objetivos primordiales del gobierno que reivindicaba, como la reducción del déficit fiscal a 5% (el cual había sido de un 15% contando los intereses de la deuda externa), la consulta permanente con Brasil y México por la deuda (aunque se lamentaba por no declarar la formalización de un club de deudores), líneas de crédito para aumentar la producción, la intención de equilibrar la balanza comercial con 8.500 millones de dólares por exportaciones y 5.000 de importaciones, combate a la inflación con reducción de la tasa de interés -para disminuir el gasto- y así calmar la puja distributiva, entre las principales (IADE-RE, 1984, Nº58, p. 18). Sin embargo, avanzado los primeros meses de gobierno, el IADE-RE se interrogaba si existía verdaderamente un plan económico. Es que el escenario internacional que preveían, ahora, era de mantenimiento de:

las políticas proteccionistas y de subsidios a la exportación por parte de los países capitalistas más desarrollados, lo que mantendrá deprimido los precios de nuestras exportaciones, y la continuación de la política de altas tasas de interés real con la consiguiente sobrecarga financiera sobre nuestro país (IADE-RE, 1984, Nº56, p. 4).

En definitiva, no se esperaban cambios en los propósitos de EE. UU en fortalecer el dólar, como tampoco la reversión de la recesión en los países desarrollados en un contexto en que los países del Tercer Mundo adeudaban más de 700.000 millones de dólares (con tasas de alrededor del 10%). Dado que, como se preveía, los países desarrollados deberían mantener o bien promover déficits comerciales equivalentes con los países deudores, el futuro no era promisorio.

La política económica interna no era menos desalentadora, y el IADE-RE se preguntaba si abría un stand by con el FMI o bien una confrontación dado que las declaraciones de Grinspun como de Alfonsín rechazaban las recetas recesivas y la contracción salarial (IADE-RE, 1984, Nº56, p. 5). La revista celebraba la decisión del gobierno de no realizar pagos financieros al exterior hasta el 30/06/84, entendiendo que se trataba de una moratoria unilateral forzada por las circunstancias. No obstante, se promovía la realización de un esfuerzo exportador por parte de la Argentina destinado al pago de la deuda externa, pero articulado con una actitud de los acreedores y los países centrales dispuesta a comprar los productos exportables para mejorar los términos de intercambio junto con la reducción de las tasas de interés internacionales. Como afirmaban, “no se trata de voluntarismo; son las condiciones mínimas para que se pueda pagar” (IADE-RE, 1984, Nº56, p. 6).

Por otro lado, se defendían férreamente los controles de precios, en el marco del decretado por el gobierno por 40 días el 12 de diciembre, entendiendo que en la Argentina los mercados son monopólicos tanto en la producción como en la comercialización de productos. Este debate se daba contra aquellos sectores liberales que proliferan “una rápida crítica hacia los mecanismos que distorsionan el libre juego de la oferta y la demanda, junto con el preanuncio de cualquier fracaso de la regulación” (IADE-RE, 1984, Nº56, p. 19). Como se entendía, el control de precios era una facultad indelegable del Estado en procura de los derechos que promueven el bien común y que no vulnera principio constitucional alguno. De hecho, se decía que los esfuerzos debían concentrarse en las empresas mayores, siendo más flexibles con las medianas y pequeñas, dado que “las principales dificultades del control de precios estriban en la verificación y las conductas antisociales de algunos empresarios que desembocan en problemas de abastecimiento” (IADE-RE, 1984, Nº56, p. 20). En este marco, se promovía la creación de un Centro Nacional de Costos para monitorear los costos de las empresas y controlar la justificación de los aumentos de las firmas líderes, más en un contexto de “concentración de las distintas ramas industriales [producto] de las reformas financieras y arancelarias introducidas desde 1976”.^[13]Además, la justificación estaba dada en que “las plataformas de los dos partidos mayoritarios contenían medidas claramente intervencionistas en materia de economía y que el 30 de octubre más del 90% del electorado se pronunció por esos programas” (IADE-RE, 1984, Nº58, p. 12). Es que en la concepción inflacionista del IADE- RE, las principales causas debían buscarse no sólo en el accionar de las principales empresas, sino también en el entramado de la dependencia que generaba el capitalismo internacional:

la inflación crónica obedece a la formación monopolista de los precios y al financiamiento deficitario de los gastos improductivos del Estado, incluyendo las compras de armamentos. Ambos factores que se combinan con las relaciones económicas internacionales, signadas por la preponderancia de las corporaciones trasnacionales y la agudización de la dependencia en la confrontación Norte-Sur (IADE-RE, 1984, Nº58, p. 12).

Estas reflexiones se daban en el marco de la presentación por parte de Grinspun el 24 de enero de 1984 de su programa Lineamientos de un programa inmediato de reactivación de la economía, mejora del empleo y los salarios reales, y ataque al obstáculo de la inflación, que contenía los pilares clásicos del keynesianismo destinados a reactivar la economía y redistribuir ingresos. Sin embargo, el IADE-RE declaraba que se tornaba urgente transformar en una convocatoria nacional las proclamas del gobierno ya que “solamente así se podrán sortear con éxito los condicionantes planteados y que las grandes materias alcancen una senda de progreso, alejado definitivamente del negro pasado que nos ha tocado vivir” (IADE-RE, 1984, Nº58, p. 10). En este contexto, si bien las exportaciones agropecuarias mostraban un estancamiento en los principales cultivos como maíz y trigo, con mayores esperanzas en al alza para soja que cotizaba a un histórico 260 dólares la tonelada, se comenzaban a ver los primeros indicios de reactivación con la industria como protagonista. Esta, crecía en casi todas las ramas respecto a 1982, con mayores ventas en el sector metalúrgico y de consumo de energía en la provincia de Buenos Aires, en definitiva (seguramente producto del arrastre de la política económica menos recesiva durante el último año de gobierno militar) y todos los sectores mostraban repuntes de entre el 8 y el 20%, mientras que la extracción de petróleo, gas y carbón mostraban mejoras y la generación de energía eléctrica variaba en más del 7% (IADE-RE, 1984, Nº58, p. 12). Así, el PBI registró un aumento del 3% durante el tercer trimestre de 1983, representando una esperanza para el gobierno democrático.

Se comenzaba a hacer más evidente que la deuda externa calculada en 43.600 millones de dólares constituía la principal variable que condicionaría el resto de la economía, especialmente en un contexto que se programaba un superávit comercial de menos de 3.000 millones de dólares anual. Por otro lado, el aumento de precios del primer trimestre de 1984 alcanzaba el 54%, y el IADE-RE debatía los esfuerzos de asesor del gobierno Raúl Prebisch por llegar un acuerdo con el director Gerente del FMI Jaques Larosierre (1978-1987) -quienes firmaban un progress report- comprometiendo una contracción monetaria, moderación de los incrementos salariales y una devaluación del tipo de cambio para mejorar la competitividad internacional. Los precios reflejaban la incertidumbre económica, ya que:

a pesar de todo el empeño puesto en resolver el tema, se ha producido una disparada alcista, de muy difícil contención si no se analiza la razón fundamental del aumento de precios que es la presencia de monopolios y oligopolios en la mayor parte de los mercados [y en definitiva] es casi imposible frenar el alza de los precios sin tocar los resortes reales de poder que deciden su formación (IADE-RE, 1984, Nº57, p. 7).

Así, se afirmaba que debían formarse medidas de control popular de los precios mientras se diseñan otras a más largo plazo en referencia a una reactivación y una mejor distribución de la economía. De hecho, se discutían las declaraciones de Grinspun, enmarcadas seguramente en las preocupaciones por el alza de precios entre enero y marzo del 12% a más del 20%, quien sostenía que “el salario real se está excediendo de forma muy apresurada, con lo cual se recalienta la economía y se produce la inflación” (IADE-RE, 1984, Nº57, p. 8). Sin embargo, para el IADE-RE la cuestión era lograr mejorar la distribución del ingreso mediante la reactivación.

Las críticas a la inacción del gobierno comenzaron a aparecer, y también se abroquelaban en la política financiera, donde se afirmaba que “continúa signada por la decisión de no imponer cambios de fondo” (IADE-RE, 1984, Nº57, p. 20). Así, se cuestionaba la óptica oficial que se había puesto como objetivo elaborar un diagnóstico del sector en el plazo de seis meses, aunque sin realizar cambios traumáticos “que puedan afectar -quizás irreversiblemente- la estabilidad de los depósitos en el sistema y la viabilidad futura de un número importante de entidades” (IADE-RE, 1984, Nº57, p. 21). Para los responsables del IADE-RE la variable financiera se encontraba afectada por la deuda externa y el déficit fiscal (que durante la segunda mitad de 1984 era de más de 9% del PBI, sin contar el déficit cuasi fiscal).^[14] En el caso de la primera, el gobierno adoptaba hasta el 30 de junio para definir su legitimidad, aunque por presión de los bancos acreedores comenzaron las tratativas para llegar a un acuerdo y firmar una carta de intención con el FMI (lo que permitió al gobierno, sumando el control de las importaciones, acumular 900 millones de dólares a las lánguidas divisas heredadas en el BCRA en 100 millones). El segundo frente, por su parte, se encontraba limitado sin “la posibilidad de otorgar redescuentos o implementar rebajas del encaje bancario para aumentar el crédito al sector privado” (IADE-RE, 1984, Nº57, p. 20). Para los analistas se trataba de reducir el déficit de la Cuenta de Regulación Monetaria tratando de que los depósitos se orientaran a cuentas corrientes y asistencia crediticia a las actividades productivas mediante la dirección de la banca oficial y cooperativa. Se afirmaba que estos instrumentos permitirían que los fondos liberados no se pierdan en circuitos especulativos y aseguren una contrapartida de crecimiento en la producción, los contrario a la política oficial promovida por Prebisch de mantener tasas pasivas neutras y tasas activas reales positivas reduciendo la política financiera a morigerar el aumento de la demanda de dinero. De modo que si bien se aceptaba que el sector externo, el sector público y la Cuenta de Regulación Monetaria^[15] constituían los focos de creación de oferta monetaria (que aportaron un crecimiento de más del 100% a la base monetaria en el primer trimestre de 1984), el problema era que no se dirigieran esos recursos al sector productivo (IADE-RE, 1984, Nº57, p. 23).

Como se entendía, el efecto monetario de dicha Cuenta debía reducirse con medidas de estimulación del aparato productivo y control de los depósitos (IADE-RE, 1984, Nº57, p. 40). Sin embargo, siguieron los cuestionamientos a Grinspun, que si bien cuando durante el segundo trimestre de 1984 fijara metas antinflacionarias para reducir una inflación que superaba el 20% mensual buscando alinear los salarios, las tarifas, las tasas de interés y los precios máximos en torno a un 16% -y una oferta monetaria expandiéndose al 14%-^[16]; el salario mantenía un retraso del 10% en los últimos 6 meses: “la restricción monetaria y la caída de los salarios reales tendrán un efecto recesivo sobre el nivel de actividad económica [asegurando que] resulta difícil no relacionar este programa con la negociación en curso con el FMI”.^[17]

Lo que se encontraba de fondo era que, para el IADE-RE, si bien la crisis económica argentina respondía en gran medida a los problemas externos que generaba la deuda de la misma naturaleza, a su vez la crisis era estructural en tanto se vinculaba con los avatares exteriores. Más particularmente, se afirmaba que fueron:

la emisión descontrolada de dólares para solventar las guerras de Corea y Vietnam (en el marco de la función de policía internacional de los EE. UU), las inversiones extranjeras de sus transnacionales y la actividad en baja de los países industriales junto al reciclaje de los petrodólares las principales causas de la liquidez mundial que facilitaron el endeudamiento de los países en desarrollo (IADE-RE, 1984, Nº58, p. 2).

El impacto de estos cambios a nivel internacional promovía el nacimiento de un orden decidido a implantar “un nuevo modelo de acumulación tanto en nivel internacional como en economías nacionales que supone una reestructuración de los sectores hegemónicos de poder” (IADE-RE, 1984, Nº58, p. 3). Para contrarrestar este proceso se reivindicaba un Estado fuerte con capacidad de negociación frente a los poderes nacionales e internacionales, que, por ejemplo, permita “sentarse a negociar con honestidad, pero sin admitir condicionamientos coloniales; pagar la deuda, pero no a costa del hambre y la sed de los ciudadanos [sino, por el contrario, invocando] la responsabilidad compartida” (IADE-RE, 1984, Nº58, p. 3). Esto significaba en los hechos lograr plazos más largos, atacar la inflación con reformas estructurales profundas, utilizar racionalmente las divisas y promover la redistribución de los ingresos entre asalariados, Estado y empresarios.

Aún durante la salida de Grinspun, el IADE-RE defendía la necesidad de una política keynesiana clásica asentada en “encarar una reactivación del aparato productivo [y] que ponga en movimiento todo el potencial existente” (IADE-RE, 1984, Nº60 y 61, p. 25). Básicamente, como se preveía, esta constituiría en potenciar el crecimiento salarial y la recuperación del poder de compra del mercado interno, apuntando especialmente a los sectores más golpeados por la concentración y la desnacionalización (asalariados, pequeñas y medianas empresas, economías regionales, etc.). Así mismo, se establecía que los graves condicionamientos heredados sólo podrán ser superados en el marco de una economía en crecimiento que combinara los esfuerzos por renegociar la deuda externa con expandiendo exportaciones y sustituyendo importaciones. Sobre la inflación, y a pesar de no haber prosperado los intentos de reforma financiera de Grinspun, se decía que era necesario readecuar el sistema financiero para redirigir los recursos al crédito productivo (a las firmas de pequeña y mediana dimensión como las economías regionales) morigerando los elevados encajes revitalizando los depósitos en cuenta corriente (afectando directamente a los bancos cooperativos que poseen un mayor volumen de este tipo de instrumentos financieros).

Al parecer, las vertientes teóricas que se identificaron sobre los problemas estructurales de la economía desarrollados luego de la gestión económica de dictadura, especialmente la desplegada por Martínez de Hoz, parecían retomar algunas ideas que se volvían en alguna medida novedosas en términos contemporáneos y que correspondían a la interpretación de los sucesos propios de los ochenta. La concepción en torno a la deuda externa y la posibilidad de formar un club de deudores, que gozó de amplio consenso en diferentes sectores movilizados del periodo, se combinó con un compromiso por pagar de forma condicionada a compromisos por parte de los acreedores y los países internacionales. En alguna medida, esta fue una postura de raíz cepalina desplegada entonces por la dicha institución a nivel internacional, como también el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), contribuyendo a agrupar a los deudores (Autor, 2023). Respecto a la industria, las ideas parecían estar influidas por ciertos principios desarrollistas y de desarrollo económico que apuntaban a las pequeñas y medianas firmas, lo que también se encontraba vinculado al proceso de desindustrialización en ese segmento sufrido tras la dictadura.^[18] Por su parte, la crítica monetarista, presente en la política económica de la dictadura, pero aún en algunos funcionarios de la nueva democracia como Prebisch y los técnicos del FMI, remitía a un keynesianismo que, después de la gestión de Grinspun, se encontraría en crisis produciendo una posterior reelaboración de sus ideas en el marco de un neoestructuralismo. Así pareció mostrarlo también la cuestión inflacionaria, que se pronunció más a tono con la necesidad de desarrollar controles institucionales que morigeraran a las principales firmas compatibilizando los mismos con el crecimiento. Así, el proyecto económico heterodoxo de IADE-RE se caracterizaba, así, por una confluencia de vertientes teóricas que se encontraban atravesando, dado la convulsionada coyuntura económica mundial y nacional, cambios sustantivos. Si bien la raíz vinculada a tradiciones de izquierda, que iban desde el comunismo hasta el peronismo, parece haber estado presentes desde el directorio, el diálogo teórico agrupado respecto a los principales temas de discusión como la deuda externa, la inflación, la emisión monetaria y el sistema financiero remitían a una pluralidad de vertientes teóricas que confluían en sus páginas.

El último año de la dictadura militar que gobernó desde 1976 fue blanco de duras críticas para el IADE-RE: los indicadores a los que se apuntaban daban cuenta de años de recesión y caída del salario y el consumo, como de la incompetencia mostrada por medidas interventoras que contrariaban el espíritu caracterizado como “liberal y monetario” que había tenido la gestión. Seguramente la post Guerra de Malvinas motivaba estas acciones en materia de precios, comercio y capitales, pero, aunque el IADE-RE las veía con buenos ojos, persistía la otra cara de la moneda visibilizada por las medidas ortodoxas que provenían de las directivas del FMI. Como se entendió, la administración de la situación económica podía preanunciar un nuevo golpe de Estado como parte de un plan de los dictadores para condicionar al nuevo gobierno democrático.

Sin embargo y aunque siempre asediada, el apoyo al gobierno de Alfonsín y a la democracia dieron cuenta del fracaso plan estructural de la dictadura, definido este último por reformar el modelo de acumulación con políticas aperturistas y liberalizadoras. Por ejemplo, el IADE-RE rescató la apertura comercial sostenida en consumo de bienes extranjeros de las clases medias o la liberalización financiera que beneficiaba a las empresas y bancos más concentrados, ambas estrategias que devinieron en alta inflación local importada contribuyendo a la restricción crediticia y la recesión.

Este no fue un punto menor para el IADE-RE, parte de un diagnóstico inflacionario en el que, aunque estuvieron presentes otros sectores como la industria y el agro, el sistema financiero explicaba una dinámica de precios altos. Sin embargo, esto no descartó que en el corto plazo lo que caracterizaba al diagnóstico antiinflacionario fuera una visión monopolista de la inflación que se combatiría con eficientes controles de precios. No obstante, podría esto ampliarse asegurando que incluso la visión monopolista de la inflación era explicada por un componente internacional, el cual era el contexto que facilitó la internacionalización de transnacionales que encontraban condiciones más favorables para formar precios, aunque esto no fuera del todo cierto en el caso argentino donde las empresas nacionales tuvieron mayores tasas de ganancias y concentración de capital en las cúpulas.

Por otro lado, la deuda externa, variable fundamental del periodo, también encontró sus explicaciones en un contexto internacional que favoreció la inyección de capitales producto de la incompetencia de las potencias mundiales como de una dictadura que orientó aquella coyuntura a su estrategia monetarista. Este fue uno de los principales debates, más evidenciado cuando iniciara la gestión democrática, ya que se entendía que el déficit externo que esta provocaba no sería solucionado sin una estrategia de corresponsabilidad: exportar más para pagar era en cierta medida válido, ya que se entendía que, siempre y cuando los países desarrollados hagan su parte reactivando la economía, más particularmente reduciendo las barreras proteccionistas consecuentes de la recesión mundial, se podría salir del escollo externo. En este sentido, como pudo observarse, convivieron una visión ambivalente en el IADE-RE, ya que mientras esta visión se desarrollaba por momentos contrariaba con la propuesta de suspender, investigar y someter a juicio popular la legitimidad de la deuda mediante una articulación internacional para formar un club de deudores. No obstante, cuando estas últimas propuestas no prosperaran, como tampoco la reforma financiera fomentada por Grinspun y que era una preocupación de primer orden en el IADE-RE dado su diagnóstico antiinflacionario, las críticas por inacción al gobierno no tardaron en aparecer para seguir sosteniendo que la acción y poder de negociación del Estado era lo que debía estar a la orden del día.

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Anuario Nº 40, Escuela de Historia

Facultad de Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Rosario), 2024

ISSN 1853-8835

[1] Sin embargo, cabe aclarar que no existen consensos acerca del fracaso del Plan Martínez de Hoz, ya que posturas como las de Schvarzer (1986), en alguna medida tomadas por estudios posteriores de economía política (Azpiazu, Basualdo y Khavise, 1987; Basualdo, 2006; Zícari, 2020), entienden que el Plan Martínez de Hoz emprendió una reestructuración global a nivel nacional de la economía alineada a los intereses de la clase dominante poniendo en marcha diferentes relaciones de fuerza con los poderes locales e internacionales. De esta manera, desde una perspectiva estructural, el programa de Martínez de Hoz pudo haber resultado exitoso al reestructurar la economía argentina en un modelo de valorización financiera beneficiando a determinados sectores con inserción internacional y desmontando el modelo de industrialización de sustitución de importaciones y las alianzas de asalariados y sectores mercado internistas que lo sostenían. De modo que como advirtieran estudios posteriores, así se comprendería que, a pesar del aumento de la desindustrialización, el desempleo, caída del producto, pérdida del poder adquisitivo, vía mediante los efectos de la política económica como la violencia política ejercida, se identificaran sectores que obtuvieran mejores posiciones en las cúpulas de poder (Ortiz y Schorr, 2022).

[2] Lo que significó la fijación del tipo de cambio con devaluaciones pre-pactadas en combinación con la apertura comercial y financiera de la economía buscando la convergencia de las tasas de interés. Para ampliar el debate véase (Rapoport, 2020).

[6] Incluso, ofreciendo la colección de números editados al momento de RE, que rondaban los 40 ejemplares, “una memoria viva. Una contribución al desarrollo nacional independiente La realidad económica vista con ojos argentinos”, como se sostenía.

[7] Debe recordarse que durante el último trimestre de 1982 el gobierno comenzaba a implementar las medidas macroeconómicas de corrección necesarias para arribar a un acuerdo con el FMI. Por tanto, fue en diciembre de 1983 que se llegara al acuerdo de un stand by para renegociar la deuda externa y sus atrasos. Así, con motivos de este el FMI desembolsó 1.500 millones de dólares y otros 500 millones en compensación de la caída de las exportaciones -con el fin de saldar 2.000 millones de atrasos con bancos privados-. Sin embargo, hacia agosto de 1983, señalando incompleto en la política salarial, el FMI denegó los desembolsos suspendiendo las relaciones con el gobierno, no así con los entonces candidatos a presidente (Brenta, 2019).

[8] Como sintetizaba críticamente RE, el FMI condensaba un conjunto de políticas enmarcadas en los planes de estabilización que podían incluir los siguientes supuestos: reducción drástica del déficit fiscal (disminuyendo erogaciones provinciales, a las empresas del Estado, gastos corrientes y de inversión y aumentos de tarifas); devaluación monetaria con liberalización del mercado de capitales; disminución de los controles de comercio exterior; restricciones a los aumentos salariales y al crédito bancario; eliminación de controles de precios e impulso a las inversiones extranjeras, entre otros. Así, como se sostenía, la institución mantenía los dogmas de aceptación a las libres reglas de los mercados como de la aceptación de que los desequilibrios internos se explican por el exceso de una demanda cubierta con emisión monetaria (IADE-RE, 1984, Nº60 y 61, p. 5).

[9] Sin embargo, y a este respecto, el IADE-RE discutía en sus páginas la estructura impositiva del sector agropecuario donde consideraba que este descansaba sobre una arquitectura que gravaba con mayor intensidad al incremento del valor agregado -impuesto a las ganancias- bregando por un impuesto fijo sobre la tierra que castigue a las bajas productividades e incentive a las altas (IADE-RE, 1984, Nº59, P. 39).

[10] Efectivamente, respecto de algunos de estos puntos, Castellani (2021) mostró que durante el gobierno militar los grupos económicos nacionales y los extranjeros incrementaron su participación en la cúpula frente a los independientes de menor envergadura. De hecho, hubo casos como los de Pérez Companc, Macri, Techint, Bridas, entre otros, que cuadruplicaron la cantidad de empresas controladas, producto de la absorción de quiebras y la mayor expansión de mercado

[11] Sin embargo, como advirtieran los estudios, ambas líneas del pensamiento de izquierda, aunque coincidieran en la crítica al latifundio y la alianza oligárquica imperialista en la explotación agraria local, se diferenciaban en la salida propuesta. Para el PS se trataba de minar el latifundio vía impositiva, avanzando en pequeñas unidades de producción con mayor productividad y eficiencia mientras que el PC bregaba, de acuerdo a la tradición bolchevique, por la colectivización de la tierra (Graziano, 2012).

[12] De hecho, si bien la campaña 1983/1984 estimaba 12,3 millones de toneladas para el sector (de los cuales en su mayor medida 6 millones eran soja y 2 millones girasol) siendo una disminución de un 18% respecto a la anterior, la foto de largo plazo indicaba que seguía siendo un 30% superior a los últimos cinco años, y un 45% si se miraban los últimos diez años. Otra era la realidad del sector pecuario, el cual se encontraba más afectado ya que los vacunos por habitante se encontraban un 20% por debajo de 1977 (55 millones de vacunos en total o 2.21 vacunos por habitante) habiendo un reducido consumo interno de 68kg por habitante al año (IADE-RE, 1984, Nº58, p. 11).

[13] IADE, Reflexiones sobre … op. cit. Esto teniendo en cuenta que, al primer trimestre de 1984, si bien la industria había mostrado un crecimiento del 5% interanual, se encontraba 10% debajo de 1970 y 30% si se la media per cápita (IADE-RE, 1984, Nº58, p. 12).

[14] Como se detallaba, la distribución total de erogaciones era explicada por Administración (17,3%), Defensa y Seguridad (11,5%), Cultura y Educación (9,5%), Desarrollo de la Economía (38,3%), Bienestar Social (17,7%), Ciencia y Técnica (2%), Salud (3%), Deuda Pública (8,1%), Economías a realizar (-7,4%). Este esquema, presente en el presupuesto de 1984 contemplaba aumentar los gastos en salud, educación y bienestar social reduciendo defensa y seguridad, aunque aumentaban los subsidios a la actividad industrial (IADE-RE, 1984, Nº59, P. 28).

[15] Como sostenía el IADE-RE, este mecanismo delegado en el BCRA consistía en otorgar una remuneración de los efectivos mínimos de los depósitos a plazo, evitando que el costo de la inmovilización sea pagado por los ahorristas, abonándoles tasas pasivas muy bajas, o por los tomadores de créditos, cobrando tasas activas altas. También permitía un cargo sobre la capacidad prestable de los depósitos a la vista, que se traducía en un costo financiero para las entidades sobre una imposición anteriormente no remunerada. El problema para los analistas de IADE-RE era que mediante este mecanismo el Estado nacional percibe la totalidad del impuesto inflacionario provocando efectos regresivos sobre la distribución de los ingresos. Incluso, las modificaciones que esta sufriera en 1982, cuando se practicó un régimen de virtual centralización de depósitos (encaje 100%) con el BCRA compensando la totalidad de intereses pagados, se añadió un efecto fuertemente expansivo que significó 4.5% del PBI en el cuarto trimestre de 1983.

[16] Punto crítico de la visión de IADE-RE, justamente porque se calculaba que la expansión monetaria del sector público y privada alcanzaba un 10% mensual, pero el efecto de la Cuenta de Regulación y los créditos al sector privado explicaba el otro porcentaje. El punto era que al elevar al 100% el encaje de los depósitos a cuenta corriente, y al 91% a plazo, se perjudicaba a quienes operaban al interior de la economía nacional (IADE-RE, 1984, Nº59, p. 30).

[17] Efectivamente en referencia al acuerdo que Grinspun en septiembre alcanzó con la institución, el cual implicó renunciar a la meta de crecimiento del PIB del 5% en 1984 a una neutra, disminuir los aumentos salariales, de la demanda, flexibilizar progresivamente los controles de precios, y reducir el déficit fiscal (llevándolo del 10% al 5% en 1985), aumentar el tipo de cambio por encima de los precios relativos y llevar las tasas de interés a terreno positivo (en 1984, solo en 3 meses fueron positivas) etc. En función de estas políticas, y de una reducción progresiva de la inflación que esperaba situarse en 150% anualizada en el 4to trimestre de 1985 y se proyectaba un superávit comercial de 4.200 millones de dólares (1984) y 4.800 (1985) con el cual se liquidarían más del 60% de los intereses de la deuda externa (5.900 millones en 1984 y 6.500 millones en 1985) (IADE-RE, 1984, Nº60 y 61, p. 12).

[18] La política energética, cuestión que, aunque no tratamos una revisión rápida de los títulos de IADE-RE puede verificar, desde sus inicios mostró una importante preocupación por desarrollar el sector al igual que el informático. En estos casos la visión pareció ser más institucionalista ya que bregaba por la promoción desde diferentes organismos y el apoyo mediante mecanismos impositivos y cambiarios.