Posdictadura, deuda, especulación y alternativas. Análisis crítico de la gestión económica de Grinspun en El Periodista de Buenos Aires (1984-1985)

Posdictatorship, foreign debt, speculation and alternatives. Critical analysis of Grinspun’s economic management by weekly El Periodista de Buenos Aires (1984-1985)

El artículo analiza el seguimiento de la gestión ministerial económica de Bernardo Grinspun, por parte del semanario político El Periodista de Buenos Aires, desde la aparición de este y hasta las postrimerías del mandato del ministro, a principios de 1985. Observamos su caracterización del contexto económico y de las medidas implementadas y son estudiados dos episodios relevantes que dieron visibilidad a la sección. El primero, un extenso reportaje concedido por el ministro. En el segundo caso, la propuesta del medio de nacionalización de la banca y del comercio exterior. Se concluye que las críticas por la ineficacia de las medidas de la gestión no excluían el reconocimiento de su orientación general, y que, mediante las nacionalizaciones, el semanario proponía la normalización productiva de una acumulación capitalista distorsionada por el perfil especulativo asumido por gran parte de la burguesía local.

This article deals with the economical coverage of argentinean political weekly El Periodista de Buenos Aires during ministerial management of Bernardo Grinspun, from the beginning of the magazine and until the end of the duty of the minister, during first months of 1985. It is analyzed the characterization of the economic context and the policies implemented. Also, we review two episodes that gave particular visibility to the economic area: an extense interview to the minister and the magazine’s proposal of nationalization of financial system and foreign commerce. Conclusions shows that criticism to lack of effectiveness of policies didn’t exclude the acknowledgment of general orientation of economic management, Also, that thru nationalization policy, the magazine searched for the productive normalization of capitalist accumulation, distorted by speculative profile of native bourgeoisie.

El presente artículo analiza el seguimiento de la gestión de Bernardo Grinspun, primer ministro de Economía del gobierno constitucional sucesor de la última dictadura (1976-1983), por parte del semanario El Periodista de Buenos Aires (en adelante, EP). En tal sentido, busca reconstruir la mirada de actualidad económica, orientada al análisis de la gestión económica nacional, en sus tópicos, formas de tratamiento y parámetros ideológicos ejercida desde una publicación fundamental de la prensa política progresista de la época (Ulanovsky, 2005). La periodización subsiguiente parte de su aparición, en septiembre de 1984 y concluye en las postrimerías del mandato de Grinspun a principios de 1985. Observaremos en lo que sigue, y de acuerdo al orden cronológico y de actualidad dados por la frecuencia semanal del medio, su caracterización del contexto económico y de las medidas implementadas. Daremos especial atención, en ese marco, a dos episodios que dieron visibilidad a la sección y al medio desde el plano económico durante el periodo consignado. En primer lugar, el extenso reportaje concedido por Grinspun en tanto instancia de intercambio y contraste de posiciones sobre la crisis económica y los criterios para afrontarla. En segundo lugar, la propuesta del medio de nacionalización de la banca y del comercio exterior, lanzada como nota de tapa, inmediatamente posterior. El corpus subsiguiente abarcará los primeros 24 números del medio y se centra en los contenidos de la sección. También daremos cuenta de algunas contribuciones puntuales pertinentes de integrantes de la sección política. Por último, contemplaremos otras formas periodísticas de opinión como las entrevistas y las columnas ocasionales de contribuyentes invitados.

Debe destacarse la ausencia hasta el momento de contribuciones académicas significativas sobre EP. Las existentes corresponden en su mayoría a trabajos propios sobre su tematización política y su énfasis en la cuestión de derechos humanos (Raíces, 2021; Raíces, 2022). En cuanto al periodismo económico de orientación progresista (definimos este último término más adelante) y de izquierdas durante la etapa alfonsinista, que aquí tematizamos, son igualmente escasas. Destacamos, al respecto, una serie de artículos sobre medios de debate intelectual del mismo periodo (Rossi, 2022a; 2022b; 2022c) cuyo carácter reciente y contigüidad con el tratamiento económico de prensa demuestran el tenor incipiente de esa línea de investigación a la que queremos aportar (de hecho, uno de los textos citados, Rossi, 2022c, estudia una publicación donde participaron miembros de la sección económica de EP). Este trabajo también pretende complementar los trabajos propios mencionados, dedicados a la dimensión política del semanario. Dar cuenta de sus orientaciones con relación a la política económica del gobierno nacional nos parece relevante para avanzar en una mejor comprensión de su orientación editorial global, de sus premisas ideológicas y de sus intenciones de influir en la escena pública (Borrat, 1989) para la prensa independiente de orientación comercial.

La dictadura expresó su propósito de refundación social, en el plano económico, por la intención de modificar las relaciones económicas para desarticular la experiencia redistributiva y sustitutiva de importaciones. El pequeño y mediano empresariado fue gravemente afectado por sus medidas y tendió a imponerse un “bloque social” compuesto por grandes grupos económicos locales diversificados e integrados, asociados a conglomerados extranjeros vinculados a su vez con el capital financiero trasnacional (Ortíz & Schorr, 206: 302-303; Pesce, 2006: 370-371). Los sectores asalariados, por su parte, con anterioridad al golpe de Estado habían sufrido la merma de ingresos con la megadevaluación del último gobierno justicialista en 1975 -el llamado “Rodrigazo”- y la conflictividad sindical subsiguiente fue objeto del accionar represivo estatal. Con el golpe de Estado, se produjo el congelamiento de salarios, la interdicción de la actividad sindical y la orientación sistemática del terrorismo de Estado contra el activismo gremial como un blanco preferente, en un marco de liberalización económica. La reforma financiera de 1977 dispuso desregular la tasa de interés y la garantía estatal de los depósitos. La administración pública, mientras tanto, incrementó su déficit al convertirse en tomadora de préstamos privados y se multiplicó en lo sucesivo el efecto inflacionario (Pesce, 2006: 370-371; Belini & Korol, 2012: 236-237). Resultado de ese proceso fue un decidido impulso a la valorización y la internacionalización financiera del capital, a la par que un fuerte desequilibrio externo y fiscal por el endeudamiento y la fuga de capitales. Para el fin de la dictadura, dos actores habían adquirido gravitación fundamental en la economía argentina: la banca acreedora internacional y los organismos de crédito, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI); y el “bloque social” consignado, beneficiario de la deuda emitida -en buena medida, transferida al conjunto de la sociedad mediante el mecanismo de seguro de cambio y de transferencias fiscales-.

Al asumir Alfonsín la presidencia, el país se mantenía en situación de estancamiento productivo e inflación incesante, frente a la caída de los precios internacionales agropecuarios, el endeudamiento y la dolarización fáctica de la economía. Por otra parte, la desfinanciación estatal debilitaba su capacidad de imponer reglas de juego y afrontar las consecuencias sociales heredadas. El programa económico del nuevo gobierno apuntó a mejorar el salario real, en un nivel 30% inferior al valor de 1976 (Belini & Korol, 2012: 43) y expandir el crédito a las pequeñas y medianas empresas, dando prioridad a la reactivación interna frente a las demandas de los acreedores externos. La crisis debía, desde esta perspectiva, resolverse por la paulatina recuperación de la inversión, de la actividad productiva y del aumento de exportaciones. Para ralentizar la inflación se previeron instancias de negociación de los aumentos salariales y de precios con el empresariado y sindicatos, denominadas “concertación” (Pesce, 2006: 383-384; Ortiz & Schorr, 2006: 294-295). Asimismo, se redujo el gasto de Defensa e incrementaron los impuestos a los ingresos, a la riqueza y las restricciones a las importaciones. Posteriormente, el programa fue interpretado por denotar cierta incomprensión del contexto por parte de la conducción económica (Pesce, 2006: 392; Restivo & Rovelli, 2011: 11-12). Su titular, Bernardo Grinspun, había sido funcionario durante la presidencia de Arturo Illia y era militante de la UCR. Desde esa pertenencia, defendió la instrumentalidad política de la economía (Heredia, 2006: 167-169 y 173; Restivo & Rovelli, 2011) y suscribía la visión prevaleciente antes de 1976 sobre el desarrollo basado en la industrialización sustitutiva.

En lo tocante a la deuda, para 1983 ascendía a los 45.000 millones de dólares (Ortíz & Schorr, 2006: 313; Belini & Korol: 243). Las declaraciones iniciales de Alfonsín apuntaron a su revisión y, al asumir, dispuso una moratoria de pagos hasta marzo de 1984. Con ello se pretendía aliviar la carga de pago de intereses -calculado por oscilar entre el 6 y el 8% de PBI y exigir un superávit comercial permanente en detrimento del consumo y la inversión- (Gerchunoff y Llach en Belini & Korol, 2012: 244), compatibilizarla con la reactivación económica y renegociar los términos de los intereses vencidos. La inflexibilidad de los acreedores y de los organismos forzó el establecimiento de un compromiso con el FMI (Ortiz & Schorr, 2006: 295; Pesce, 2006: 382 y 389-390; Aruguete, 2006: 419). Mientras tanto, el gobierno había intentado infructuosamente conformar un “club de países deudores” latinoamericanos para obtener condiciones más favorables (Pesce, 2006: 390-391; Restivo & Rovelli, 2011: 69-73). Ante la falta de respaldo doméstico y regional en un marco de desmejora macroeconómica, se firmaría en septiembre de 1984 un acuerdo con el Fondo que incluía la reducción del déficit público y la eliminación de los controles de precios, contraviniendo de hecho el plan económico vigente (Restivo & Rovelli, 2011: 76-77; Pesce, 2006: 394-395).^[2] El escenario de ajuste fiscal y monetario, aumentos salariales por debajo de la inflación y suba de tarifas de servicios públicos y de tasas de interés incidió en la caída del PBI. Los cuestionamientos del FMI por el incumplimiento de lo pactado, junto al alza incontenible del costo de vida, del déficit público y la desaceleración paralela de la actividad económica, desencadenaron la renuncia de Grinspun y su reemplazo por Juan V. Sourrouille (Belini & Korol, 2012: 235). El nuevo ministro impulsaría un programa de estabilización de shock que combinaba medidas ortodoxas y heterodoxos, luego conocido como “Plan Austral”, en el que perdió centralidad la redistribución y cobró énfasis la cuestión inflacionaria, el impulso a la exportación y a la inversión (Bulmer-Thomas, 2003: 379; Ortiz & Schorr, 2006: 296-298; Aruguete, 2006: 437-438; Belini & Korol, 2012: 247-248).

El semanario EP fue concebido como un semanario de análisis político independiente, con colaboraciones de plumas destacadas del periodismo profesional, la intelectualidad y el movimiento de derechos humanos (Ulanovsky, 2005; Raíces, 2021a). Vástago de la ya célebre revista Humor, se propuso acompañar críticamente las vicisitudes de la consolidación democrática. Su contrato de lectura nutrió de los valores de justicia social y pluralismo político y de los preceptos del Estado de Derecho. Su perspectiva progresista -tal como se la definió desde su sello editor- fue influida por las tradiciones de las izquierdas y la socialdemocracia europea y sus debates entre los años 70 y 80, a través de la experiencia exilar de varios y varias de sus miembros.^[3] Todo ello perfilaba, por otra parte, su autopercepción funcional sobre los deberes de la prensa política independiente para con el régimen democrático (Borrat, 1979; Raíces, 2021). Atravesó dos etapas, que implicaron cambios directivos y de formato gráfico y sostuvo su continuidad hasta 1989, cuando debió cerrar por serios problemas financieros.

Durante el periodo estudiado tuvo una extensión de 52 páginas y formato tabloide, con impresión a dos colores. Sus portadas llamativas, provistas de titulares en gran tipografía, frecuentemente dramáticos a tono de los hechos editorializados, denotaron rasgos tomados de la prensa diaria en función de estimular la masificación discursiva. La tirada osciló entre los 80.000 y 100.000 ejemplares en su etapa inaugural (Ulanovsky, 2005: 194). Contuvo secciones fijas de política nacional, economía, política internacional, reportajes, información general y cultural, con apartados de deportes y de informes especiales. Su redacción combinó periodistas con experiencia y otros y otras noveles. Inicialmente como director editorial ofició Andrés Cascioli, incansable creador de revistas, responsable de Humor y del sello Ediciones de la Urraca que alojó a todas sus publicaciones. Fueron jefes de redacción Carlos Gabetta y Carlos Alfieri y secretario de redacción Oscar González. Fueron jefes de sección Luis Sicilia en Política, Mabel Itzcovich en Política internacional, Rodolfo Rabanal en Cultura y espectáculos, Carlos Ares para Informes especiales y Francisco N. Juárez en Transformaciones. Entre sus redactores y columnistas destacaron Álvaro Abós, Osvaldo Bayer, Mario Benedetti, Antonio Dal Masetto, Eduardo Galeano, Rogelio García Lupo, Tomás Eloy Martínez, Mirta Mántaras, Matilde Herrera, Rodolfo Mattarollo, Julio Huasi, Gregorio Selser, Horacio Verbitsky y David Viñas.

Como jefe de la sección económica fue designado Carlos Ábalo. Si bien en los primeros números el apartado habitó las páginas finales, su extensión creció progresivamente y desde el 10 se insertó tras la sección política. En líneas generales, la sección y el medio como un todo compartieron las premisas del programa económico inicial del gobierno, según se demostraba tempranamente en las publicidades que anunciaban su aparición.^[4] Fueron antecedente de la sección las contribuciones en Humor durante la dictadura de Claudio Bazán -alias del economista Roberto Frenkel-, inscriptas en la misma perspectiva (Heredía, 2015: 105-106).

Los rasgos biográficos profesionales de los principales integrantes conformaron una imagen acorde al perfil y orientación señalados. Ábalo, economista, fue editorialista y dirigió la sección respectiva del diario El Cronista Comercial entre 1970 y 1976 y asesoró al ministro José Ber Gelbard durante las presidencias de Héctor Cámpora y de Juan Domingo Perón. Exiliado en México en 1976, se dedicó a la docencia y escribió en revistas académicas locales (Seoane, 2011; Greca, 2020). De raigambre socialista, participó en el grupo editor de la revista Controversia. Fue acompañado en EP por los jóvenes economistas Julián Lemoine, Gabriel Grinberg y Marcelo Zlotogwiazda, formados en los años dictatoriales y que estaban transitando sus primeras incursiones periodísticas en medios. Lemoine entre 1986 y 1988 dirigiría la revista de debate intelectual Confrontación de ideas para una nueva sociedad, cuyo consejo de redacción también integró Ábalo (Rossi, 2022). Previamente, publicó el primer número, dedicado a la deuda externa, de la serie “Cuadernos de El Periodista” (Lemoine, 1985). Zlotogwiazda colaboró adicionalmente en El Porteño e integró el equipo del programa “Sin anestesia”, conducido por Eduardo Aliverti en Radio Belgrano. De Grinberg no hemos podido obtener información sustantiva.

Con respecto a los miembros de la sección política que citaremos, Carlos Gabetta, periodista y escritor, fue uno de los creadores del proyecto original de EP, jefe de redacción y, en su segunda etapa -entre 1986 y 1988-, su director. Publicó regularmente una columna que ofició de editorial del medio. Había colaborado en las revistas Panorama y Discusión y en el diario El Mundo. Militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT),^[5] se exilió en 1976 y desempeñó en medios franceses y españoles y en la agenda France-Presse. Fue cofundador del periódico de denuncia Sin Censura, junto al escritor Osvaldo Soriano y a los periodistas Gino Lofredo y Matilde Herrera, futuros colaboradores de EP (Ulanovky, 2005: 172). Todavía en el exilio, viajó para presentar la versión castellana de un libro producido originalmente para el público francoparlante, que compiló testimonios sobre la represión, y colaboró con artículos en Humor. Colominas se inició en los diarios El Mundo y El Cronista Comercial. Militante del Frente Revolucionario Peronista^[6] (Maggio, 2015), tras permanecer detenido marchó al exilio español. Allí se orientó al periodismo económico y colaboró en la revista Mercado y el diario El País. A su regreso, en 1983, integró al matutino peronista La Voz antes de sumarse a EP como prosecretario de redacción. Durante aquellos años, además, fue militante del Partido Intransigente (PI).^[7]

EP publicó en su edición inicial textos que hacían balance del primer año del gobierno electo, como forma de establecer su visión editorial respectiva. En su columna, Gabetta definía el proyecto político oficial como orientado a lograr un “capitalismo democrático”.^[8] Lo situaba, así, en un reformismo moderado que no pretendía una modificación profunda de los patrones de acumulación recibidos y apuntaba a mejorar la situación de las mayorías. Pero, para ese propósito, apuntaba la ausencia de una de sus bases, una clase burguesa dispuesta en la nueva etapa a invertir y producir, como marcaba para la España postfranquista.^[9] A la vez, definía al orden económico dictatorial, descrito con el término de época “patria financiera” (Zorattini, 2014: 275-279; Reano y Smola, 2014: 58), a su precedente “populista” peronista y a la opción revolucionaria como alternativas agotadas, con el sentido del fin de ciclo aparejado por la reinstauración constitucional. El presente aparejaba, por fuera de tales opciones, el intento oficial de recrear lo posible de un “capitalismo nacional”, aún con la aparente defección burguesa. Mientras tanto, el columnista ubicaba al oponente inmediato más de esa voluntad en un “integrismo nacionalista” cuya amenaza política debía concitar una convocatoria que reuniera a los actores democráticos. Gabetta interpelaba al gobierno a combatir a aquel “enemigo” (sic), recordando que ya había sido identificado en campaña por el propio Alfonsín^[10] Lo llamaba, en definitiva, a responsabilizarse respecto a sus promesas de reorientación al mercado interno y desarticulación del corporativismo castrense, sobre la base del respaldo político amplio de que seguía gozando. La recuperación de la iniciativa política suponía para aquel, entonces, una premisa para capear la crisis persistente. Sobre todo, quedaba sentada una concepción políticista que hacía de la legitimidad del Ejecutivo, a falta de otros apoyos sustantivos, el motor de los cambios estructurales posibles.^[11]

La sección económica, por su parte, se detenía a evaluar en detalle esa herencia económica que contrariaba los planes oficiales. Carlos Ábalo posicionó la negociación por la deuda con el FMI como el problema central de la economía argentina. Desde otro ángulo convergente, Julián Lemoine señalaba que la preeminencia de las rentas agraria y financiera por su volumen, carácter improductivo y relación con la deuda desafiaba cualquier intento de desarrollo focalizado en la inversión de origen nacional.^[12] De esta forma, se precisaban algunos supuestos que articularían en lo sucesivo el conjunto de miradas de la sección. La mencionada nota de Ábalo conjeturaba posibles escenarios de acuerdo con el Fondo, ya en sus tramos finales de definición y sin pormenores conocidos, pero los hacía depender de una poco probable concertación con los sindicatos y entidades industriales. Su evaluación del programa económico reconocía el control de los precios como recurso antiinflacionario y observaba que la contracción crediticia, aunque desalentara la inversión especulativa, podía resultar recesiva. De modo contrastante, la columna informativa anónima “Suma”, anexa a su nota, reproducía declaraciones de Grinspun, quien señalaba la irrelevancia de la inflación en tanto la ocupación, la producción y el salario real se incrementasen; este recurso referencial servía al semanario para subrayar positivamente las premisas originarias del programa oficial, mientras discutía su instrumentación y problematizaba sus resultados concretos.^[13]

La aparente inviabilidad de la economía argentina, afirmaría en otro artículo posterior, dedicado -como lo hiciera al pasar Gabetta- a pensar el sujeto histórico del desarrollo, descansaba en una “falla” (sic) de previsiones de la dirigencia económica y política. Esta, para Ábalo, había desaprovechado la oportunidad ofrecida en la década previa con el alza de los valores de las materias primas agropecuarias y la expansión del crédito internacional para expandir la productividad y acumulación nacional y modernizar el sistema productivo. En cambio, se había volcado a la especulación financiera.^[14] Este aparente desvío del empresariado y la clase política respecto a su cometido productivo asumió para el responsable de sección, como veremos, un acusado carácter moral. El sonado caso Klein resultaba, así, ejemplar respecto a las intenciones económicas de la dictadura,^[15] en tanto podía llegar a “desnudar el carácter parasitario de gran parte de los dueños del poder económico argentino”.^[16] La expuesta diferenciación entre fracciones burguesas “nacionales” y especulativas aliadas al sector agroexportador permeaba un debate pretérito, y persistente en EP, desde la lógica de clases y fracciones de clase, alrededor de los actores dinamizadores propios de las economías sustitutivas periféricas (ver Belini & Korol, 2012). En tal sentido, Norberto Colominas sintetizaba los argumentos antepuestos de sus colegas, al indicar que el predominio financiero se fundaba en el fracaso de la vía revolucionaria, el desmontaje del proyecto económico peroniano a partir del gobierno de Isabel Perón y la retracción cuantitativa y organizativa de los sectores obreros por la represión dictatorial. Esta había buscado desmontar el “frente social que habían producido ya tres gobiernos peronistas, y desempatar definitivamente la pulseada entre dos proyectos de país irreconciliables: el de un joven y vacilante empresariado industrial y el de la vieja y la experimentada oligarquía.”^[17] Si bien Colominas también apostaba a la intervención estatal para contrarrestar la situación imperante, el interrogante del título de su ensayo relativizaba su viabilidad tras la transfiguración burguesa: “¿es este el empresariado que asumirá la tarea histórica de modernizar el capitalismo argentino? ¿Es este empresariado que fuga capitales, dolariza sus precios, que subfactura y sobrefactura, que evade impuestos y se salta cuanta medida antiinflacionaria dicta el gobierno, el que le mostrará a los trabajadores y a la clase media el camino a seguir?”^[18] La implícita respuesta negativa reconocía cambios estructurales irreversibles y la fragilidad subsiguiente de los planes oficiales. En esto la coincidencia en la sección se revelaba general, con distintos acentos, fuera que la conversión empresarial a la actividad especulativa derivara de una “falla” al desviarse de su cometido histórico, o resultado de una pugna de intereses entre sectores, con ganadores y perdedores.

Para el medio, en tanto, el cuadro económico denotaba la persistencia inflacionaria derivada de la puja distributiva^[19] y de un sistema virtualmente bimonetario, con un Estado incapaz de controlar la oferta de dólares y del crédito.^[20] Según destacan algunos analistas, la inflación como problema ocupaba para entonces un lugar central en la agenda pública (Heredia, 2015: 109), y la prensa comenzaba a invocar el término “hiperinflación” como horizonte de resolución traumático de las crisis. De modo reactivo, la sección asociaba ese término con la “derecha” liberal. Desde el plano intelectual, si los integrantes de la sección habían caracterizado a la dictadura como instancia de imposición del empresariado especulativo, advertía en dicha propagación discursiva una disputa simbólica por imponer las recetas liberales, que debía ser enfrentada. En la misma línea, fueron revisados los casos latinoamericanos de aplicación de las pautas del FMI, como Chile y México para demostrar que, lejos de garantizar el desarrollo, aparejaron su descapitalización, pauperización e incremento de la deuda, así como -en el caso del país trasandino- para asociar las medidas ortodoxas con el autoritarismo.^[21] La sección pretendía, en consecuencia, analizar críticamente la marcha económica y, a la vez, antagonizar la propagación de las posiciones librecambistas desde una comprensión política de los fenómenos estructurales. Frente a la atribución al Estado del grueso de los problemas económicos, EP abogaba por sus capacidades para orientar el desarrollo, en tanto fueran desplegadas a partir de la decisión política gubernamental, tal como reclamaba respecto a las cuentas pendientes del programa económico hacia fines de 1984. Así, frente a lo que en aquellos días se evidenciaba como inevitable acuerdo gubernamental con el FMI, demandaba evitar hacer recaer la carga del ajuste en las mayorías y no resignar las metas redistributivas y mercadointernistas.^[22] Para complementar su cometido intelectual de disputa ideológica, el semanario abrió igualmente sus páginas a referentes partidarios del oficialismo y de la oposición. De esta forma, evidenció las vinculaciones que suelen establecerse entre la prensa independiente y la dirigencia política (Borrat, 1989: 60-61) y las coincidencias relativas entre la dirigencia afín y sus posicionamientos editoriales. Favoreció, en tal sentido, y con respecto al radicalismo, particularmente a sus expresiones juveniles, identificadas por la Juventud Radical (JR), la Junta Coordinadora Nacional (JCN) y la agrupación universitaria Franja Morada (FM).^[23] Para el campo opositor, fue receptivo a los referentes del PI y a las agrupaciones juveniles del PJ, como la Juventud Peronista. Ejemplo de estas afinidades sería la reseña favorable del proyecto de ley del senador Ricardo Lafferrière, integrante de la JCN, para combatir el “mercado interempresario de dinero”, y la colaboración posterior de este con columnas de opinión.^[24]

Por otra parte, si la burguesía “nacional” como sujeto histórico era definida por su debilidad intrínseca, el movimiento obrero como actor clave de las alianzas multisectoriales del pasado -que el gobierno había insinuado querer relanzar-, aparecía tematizado similarmente en el semanario. Para este la represión, los efectos de las políticas económicas dictatoriales y la continuidad de una burocracia sindical tolerada por las autoridades militares (que el fracaso de la reforma sindical del radicalismo parecía perpetuar) signaban su pérdida de peso sociopolítico, reflejada en la debacle electoral del justicialismo. Notas, informes como el coordinado por Carlos Ares, reportajes a dirigentes partidarios y reflexiones como las del columnista peronista Álvaro Abós abonaron en las páginas de la revista esa percepción.^[25] En tal sentido, el acercamiento de la Confederación General del Trabajo (CGT) a entidades patronales como la Unión Industrial Argentina (UIA) y Sociedad Rural Argentina (SRA) para elaborar un diagnóstico económico-social conjunto (Aruguete, 2006: 428-429) era visto, no sin perplejidad, como evidencia de una conducción ajena a los verdaderos intereses obreros, pero también de la ineficacia gubernamental para atenderlos.^[26] Las conclusiones del documento cupular, con recomendaciones de aumento de la productividad laboral y de reducción del gasto público que volvían a demostrar el predicamento de las “recetas” ortodoxas, llevaron a otro colaborador, Gabriel Grinberg, a subrayar que

“La caída en la productividad del trabajo y el volumen del gasto público y del déficit fiscal no son responsabilidad de los que trabajan, sino de la baja inversión privada y de las impresionantes transferencias de ingresos hacia el empresariado, que produjo la dictadura militar mediante la estatización de una parte de la deuda externa y la licuación de los pasivos.”^[27]

Así como denunciaba a la “burocracia sindical” -y destacaba, al mismo tiempo, a las corrientes de base que se le oponían, en espacios como las columnas de Abós-, el medio documentó la pauperización de las clases populares durante la dictadura a partir en la información pública disponible. Marcelo Zlotogwiazda señalaba, a partir de un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la existencia de una amplia masa empobrecida “marginal” y condenada a la informalidad por la reducción del empleo industrial.^[28] Para atender este problema social de gran escala, defendía en lo inmediato la estrategia asistencialista estatal, ejemplificada a través del Plan Alimentario Nacional (PAN), mientras desestimaba las “soluciones extremas” de cambio sistémico de la “izquierda tradicional” (sic), a la que atribuía un mero tenor declarativo, y de la libre acción de las fuerzas mercantiles. Al asociar en su texto la satisfacción de las necesidades básicas con los derechos humanos, refrendaba la perspectiva democrática “sustancialista” compartida con el resto de sus colegas del medio. El orden democrático, desde esta postura, dependía no solo de la estabilidad institucional y de la representación política de los intereses sociales que garantizaba sino, sobre todo, de la apertura de canales de participación para las mayorías, del aseguramiento de condiciones de vida dignas para ellas y del rol preponderante del Estado a tal efecto (Reano y Smola, 2014: 83). En tanto Zlotogwiazda asumía la irreversibilidad de la desindustrialización, de la pérdida del empleo obrero y de la “marginalización” subsiguiente de grandes contingentes sociales, proponía -diferenciándose en este punto del resto de los integrantes de la sección-, mediante un léxico reminiscente del anarquismo, el impulso a la “autoorganización social” mediante el cooperativismo y emprendimientos productivos de base. Así, invocaba lo que décadas después se conocería como “economía popular”, fluctuante entre el patrocinio estatal y la acumulación privada. La interpretación de los datos expuestos, al mismo tiempo, sugería la relativización fáctica de la noción de la clase obrera como sujeto homogéneo, con intereses colectivos definidos, y sumaba argumentos a la posición de la revista. Entre otras cuestiones, respecto al apuntado distanciamiento entre las cúpulas sindicales y sus bases y al acercamiento circunstancial de las primeras a las corporaciones patronales. Pero, también e indirectamente, contra algunos de los presupuestos de las medidas oficiales, por la insuficiencia de los planes asistenciales, implementados por un Estado disminuido en sus recursos de intervención.

Crisis y disputa por el programa económico: EP contra el “modelo exportador”

Con el correr de las ediciones, comenzó a advertirse en los aportes de la sección una impronta prospectiva sobre la política económica, que excedía el plano de analítico de actualidad. A tono con sus críticas al sistema financiero acompañarían, por caso, las propuestas de reformas lanzadas desde el oficialismo -el caso mencionado del senador Lafferrière- y la oposición de centroizquierda. Ante todo, frente a las constricciones internas y externas insistentemente marcadas en sus páginas, la sección retomaría la cuestión del papel orientador estatal para el desarrollo interno. Al definir a la Argentina como país periférico y subdesarrollado, con acuerdo a la lógica dependentista, Ábalo destacaría como necesaria la consecución de una industria fuertemente orientada a la exportación, en lo que calificaba como una fase de “intensa competencia intercapitalista”, y necesitada de nuevos recursos tecnológicos. El Estado, como en ciclos anteriores, debía orientar el comercio exterior para obtener los recursos y orientarlos a la acumulación local y modernización productiva, en lo que definía como una fase de intensa competencia entre países capitalistas -que ya había abordado en Controversia (Greca, 2020)-. Ello lo llevaba a cuestionar el aparente descuido oficial de la relación mercantil con la URSS y postularla como ámbito conveniente para adquirir la tecnología necesaria.^[29]

La reivindicación del desarrollo nacional y su asociación a una política exterior con gestos independientes que el semanario destacaba, a ejemplos relativamente virtuosos. Fue el caso de la India, por motivos económicos estrictos pero también coyunturales -el reciente asesinato de su primera ministra, Indira Gandhi, había virado la atención mundial a la turbulencia política imperante, pero también a su “modelo” de desarrollo-. Si en su argumentación México o Chile demostraban el perjuicio de las políticas de ajuste estructural en los países periféricos, la nación asiática suponía un contraejemplo. Grinberg reseñaba el impulso dado en los últimos años a la diversificación productiva y los resultados sociales positivos de planes quinquenales para los sectores agrícolas e industriales, en términos de reducción de la pobreza y de la inanición. Con tales resultados, señalaba, la India había podido negociar en condiciones más favorables con el Fondo y se había convertido en el país con menor deuda externa del Tercer Mundo.^[30] Su análisis resaltaba la capacidad del Estado para homogeneizar el mercado nacional y disciplinar al empresariado detrás de un proyecto de “unidad nacional”, que permitía afrontar los problemas políticos internos y plantarse con equidistancia ante las grandes potencias.

Demostrando el interés compartido por el caso indio en la sección, Ábalo se manifestaba similarmente, pero a partir de un esquema conceptual explícitamente marxista dependentista:

“En las formaciones sociales capitalistas de la periferia […], el capitalismo no es exclusivo: domina y somete a todas las otras formas. Una formación social tiene lugar en una nación y esta, a su vez, puede ser, como la India, un conglomerado de pueblos. La nación existe entre otras cosas cuando una clase social controla el aparato central del Estado y asegura una cierta unidad en ese espacio que va conformando como una economía nacional. Si el mercado no alcanza cierto grado de unificación, y si la clase que lo unifica pierde su poder, la nación puede diluirse o debilitarse. Muchas veces, en esas condiciones, el poder central está en parte ligado a alguna personalidad política trascendente. Este es, posiblemente, el caso de Indira Gandhi.”^[31]

El responsable de la sección reconocía en la India la existencia de un sector burgués nacional dinámico, creador y unificador del mercado, concentrado en veinte poderosos grupos industriales, y de un sólido aparato burocrático estatal. Su interpretación en este punto pretendía concitar, por otra parte, la comparación del decurso del empresariado indio con el del argentino, que Colominas volvía a tematizar en la misma edición.^[32] Entretanto, quedaba implícito que Alfonsín no cumplía el necesario rol conductor de los liderazgos indios -lecturas como la del mencionado articulista político podían asemejarlo al de Perón-. Frente a la constatada desagregación del “capitalismo nacional” vernáculo, una vez más y de esta forma, EP instaba al Ejecutivo a asumir definiciones políticas categóricas.

Ellas parecían indispensables a la luz de acontecimientos como los contactos entre corporaciones empresarias y cúpulas sindicales, connotado sarcásticamente como “frente obrero-patronal”.^[33] Luego del documento de diagnóstico compartido por la CGT, la UIA y la SRA, promediando el año aparecieron las primeras informaciones de una propuesta económica conjunta, con impronta ortodoxa. Como consecuencia de esta alianza aparentemente inverosímil, para Ábalo “el debate sobre las estrategias de crecimiento e[ra] absolutamente imprescindible”.^[34] Y se trataba de una cuestión situada en el estricto plano político. La totalidad de la sección del primer número de diciembre se abocó, así, a analizar los contenidos publicitados. Sobre esa base, Ábalo los relacionó con el “modelo” o “estrategia” exportadora, contrapuesta al desarrollo orientado al mercado interno:

“En un país subdesarrollado las denominadas ventajas comparativas provienen de los factores naturales o se adquieren mediante el aprovechamiento de los bajos salarios o del alto precio de la moneda extranjera. En estos casos, el sistema de precios del país periférico se distorsiona a favor de las actividades de exportación, en detrimento del conjunto, y por lo tanto, de la formación de un mercado autocentrado, con lo que generalmente se perpetúa el retraso y el subdesarrollo”.^[35]

En segundo lugar, Grinberg apuntaba a la figura de Domingo F. Cavallo, sobre el que señalaba su responsabilidad en el traslado de la deuda externa empresarial al Estado en 1982, durante su gestión al frente del BCRA (ver Heredia, 2015: 100-101). Este economista era sindicado por Grinberg como asesor clave de quienes redactaron la propuesta previa de “ocho puntos” de la CGT. Personalizaba, además, la visión económica “técnica”, supuestamente apolítica del discurso liberal, confrontada por EP.^[36]. Ello en tanto advertía que su influjo intelectual se extendía del arco opositor a sectores del oficialismo: “La voz de mando liberal está siendo paradójicamente (?) retomada y levantada por economistas radicales y peronistas, quienes en los hechos se han transformado en una tendencia ‘a la izquierda’ del capitán ingeniero [Álvaro Alsogaray]”.^[37] Con ironía, Julián Lemoine definía una poco sorprendente connivencia ideológica entre las élites políticas y económicas. Por caso, el medio había cuestionado la afinidad de dirigentes radicales del sector Línea Nacional –entre ellos, el vicepresidente Víctor Martínez- con el régimen dictatorial y, en especial, con sus orientaciones económicas.^[38] Ahora, Lemoine y Grinberg advertían que las divergencias internas del gabinete económico reflejaban una pugna ideológica entre mercadointernistas y “moderados” liberales, replicada en la oposición mayoritaria, según evidenciaba la propuesta corporativa empresarial-sindical.^[39] Partiendo de este panorama, al interior de la sección Ábalo mantenía ciertas expectativas respecto a los acotados márgenes oficiales para encauzar la concertación y afrontar la situación recesiva.^[40] Otros colaboradores que no discrepaban sustancialmente con él, como Lemoine, comenzaban por su parte a reclamar la adopción de medidas contundentes, como las que el semanario había revisado evocando otras experiencias históricas.

Tras la difusión de los lineamientos económicos precitada, Grinspun concedió a la revista un extenso reportaje que, por su relevancia evidente, fue nota de portada.^[41] En EP, el ministro encontraba una tribuna expresiva relativamente favorable para pronunciarse, a poco de cumplirse un año de haber asumido. Su gestión, para entonces, aparecía frágil ante el fracaso de los objetivos iniciales, la oposición de las corporaciones empresarias y del movimiento obrero por las consecuencias sociales del “giro ortodoxo” (Aruguete, 2006:428) forzado por el acuerdo con el FMI mencionado. Para el medio la “exclusiva” demostraba su influencia pública, ponía en primera plana la cuestión económica frente a las más habituales portadas políticas, y aparejaba la posibilidad de cotejar las definiciones ministeriales con la perspectiva editorial.

Del diseño, titulación y selecciones textuales de tapa surgía un ministro antagonista del poder económico. Tras el gran titular “Grinspun ataca”, destacaban entre sus dichos la lucha contra la “derecha económica”, la atribución de las políticas liberales con la dictadura y el anuncio de medidas fiscales progresivas, entre otras. En sí, el título y las definiciones parecían indicar un giro inminente en las decisiones de la cartera, concordante con las expectativas del semanario.

No obstante, la lectura del intercambio llevado adelante por Ábalo, Grinberg y Colominas sugiere puntos de acuerdo y de diferencia a partir de una base ideológica heterodoxa, común por las partes. La agenda de la entrevista tuvo entre sus tópicos principales temas que rondaban el análisis de la sección: la recesión, la deuda, la inflación, el sistema impositivo, el tratamiento de los capitales extranjeros y de los nacionales en el exterior y la inversión pública y privada. La pregunta inaugural sobre los niveles salariales llevó a que Grinspun negara la existencia de un cuadro recesivo y de intenciones de restringir el consumo y el nivel de actividad para afrontar los pagos de los servicios de la deuda.^[42] En su respuesta recapituló las pautas básicas del programa económico y señaló los resultados esperados de disminución paulatina de la incidencia deudora en el PBI, reducción inflacionaria y consecución probable hasta enero de términos “razonables” ante el Fondo y el Club de París.^[43] En similar sentido, el ministro señalaba su expectativa positiva sobre las intervenciones en los precios e ingresos y en la reforma tributaria para mejorar la redistribución.^[44] Las diferencias en cuanto al reconocimiento de la situación de estancamiento, se reiteraron al observarle la escasez de inversión productiva, el nivel de externalización de los capitales nacionales y la disminución pactada del gasto público. Al desestimar cambios normativos, relativizar la magnitud de los fondos en cuestión y restarle importancia a la evasión de divisas, Grinspun demostraba su renuencia a modificaciones en tal sentido.

Rondaba tales preguntas y respuestas el balance de una gestión cuestionada. La segunda parte del intercambio, más dispersa en lo temático, pondría eje en la inserción internacional argentina, las circunstancias políticas de la asunción del poder por parte del radicalismo y el horizonte futuro de la política económica. La cuestión de la financierización local, reiterada en la sección y reconocida por el ministro como un problema, marcó un contraste notorio entre las partes. El planteo del medio asoció el combate al “comportamiento especulativo” con la nacionalización de la banca y del comercio exterior. Esta medida contaba con antecedentes en Argentina y distintos países latinoamericanos. Entre ellos, el reciente de México, que había estatizado la banca en 1982 (Bulmer-Thomas, 1994: 339-346 y 359). En su contestación, Grinspun adujo por una parte la “maldita herencia” (sic) dictatorial como condicionante principal para poder tomar decisiones “más acorde[s] a los intereses nacionales y populares”, aludiendo a las limitaciones encontradas al asumir (Pesce, 2006: 379-380). Por otra, y de manera conciliadora, procuró convertir su divergencia con lo postulado por sus entrevistadores en diferencias de orden instrumental y relativas a su pertenencia político-partidaria.^[45] Así, defendió por contraste la estrategia intervencionista como una “herramienta” económica útil y validada por la experiencia histórica del radicalismo en el gobierno. Sin mencionarla, la política económica del gobierno de Illia, en la que había participado como funcionario (Restivo & Rovelli, 2011: 10-11; Belini & Korol, 2012: 170), era el marco obligado en esa reivindicación; en tanto que el gobierno del que formaba parte había ratificado la intervención como principio de acción estatal preferente.^[46] Aunque no lo descartaba de plano, planteaba que en concreto el control estatal directo era una medida innecesaria, y para demostrarlo, lo relacionaba con el autoritarismo, ejemplificado en la expansión del aparato estatal durante la dictadura. Grinspun, por el contrario, defendió la relevancia de la actividad privada y marcaba que la injerencia estatal debía limitarse a los servicios públicos monopólicos y estratégicos y a definir las políticas en materia impositiva, crediticia, arancelaria y cambiaria. De este modo, buscaba desmentir una noción de un control económico desacreditada por las crisis latinoamericanas de la época (Heredia, 2015), y reforzar la del Estado promotor del desarrollo. También le permitía enfrentar las críticas liberales al presunto “estatismo” oficial y aventar sospechas de una “izquierdización” económica que añadiría elementos de conflicto ante los organismos multilaterales. Por último, desconocer la validez de la nacionalización significaba desestimar una demanda persistente de la oposición de centroizquierda e izquierda de la época.^[47]

Pese a su intento de transmitir convencimiento sobre el rumbo y las definiciones adoptadas, Grinspun reconocía, avanzado el diálogo, el escaso éxito gubernamental en la desarticulación del circuito especulativo. Acto seguido, la emprendía contra los apologistas del liberalismo en la prensa y subrayaba la intencionalidad política de su discurso, relacionando la ortodoxia económica -de un modo similar al de EP- con la pasada dictadura:

“acá la gente que habla de libertad de mercado siempre se amparó en regímenes despóticos que negaban todas las demás libertades, incluso la libertad de vivir, porque hubo asesinatos, persecuciones que terminaban en la muerte o la desaparición.[…] Una libertad que anula la justicia no es libertad, es el poder del más fuerte sobre el débil”

Orden opresivo, neoliberalismo e intereses minoritarios aparecían relacionados. Su crítica permitía, fundamentar el estilo de intervencionismo propugnado. El Estado democrático debía confrontar la “injusticia” del mercado, impulsar al desarrollo general y defender los derechos mayoritarios. Esta definición recondujo la conversación a un punto fuerte de afinidad del medio con el ministro, por las coincidencias en los objetivos del programa económico, por la comprensión política del quehacer económico y por entenderla, consiguientemente, desde la lógica del antagonismo. Al ser consultado sobre su aparente impopularidad para los sectores de “derecha”, Grinspun diría que “yo no estoy acá para hacer lindos deberes para que la patria financiera se enriquezca, aunque esto está ocurriendo de hecho, y no porque yo quiera que sea así. Es parte de una guerra sin cuartel.”^[48]

La cadena significante visible en sus dichos posteriores unía “patria financiera”, “derecha económica” liberal y “derecha política” -a esta la consideraba “derrotada”- como componentes residuales de un pasado que podía y debía ser dejado atrás (Reano y Smola, 2014: 66) y retomaba, de hecho, tópicos de denuncia del discurso alfonsinista de campaña.^[49] En particular, su señalamiento de la victoria sobre la derecha en el campo político, ligada por él, como se ha visto, a la reivindicación de la dictadura, pretendía transmitir confianza en la institucionalidad democrática como espacio de resolución progresiva y gradual de los conflictos sociales. En este caso, respecto al ordenamiento económico de la sociedad. La beligerancia discursiva del ministro -magnificada en la tapa de un medio que había designado a la mentada “patria financiera” y a los y las nostálgicos del autoritarismo como “enemigos” preferentes del régimen democrático- y su desconfianza frente a recursos consensuales como la concertación (Aruguete, 2006: 420), podía inducir señales de aliento a los sectores progresistas en procura de un apoyo que comenzaba a flaquear dentro del Ejecutivo; pero ello no implicaba la apelación a las soluciones “extremas”. Desde este plano, y según definieron Restivo y Rovelli (2011: 9-10), Grinspun se atenía a los límites del reformismo radical.

Los análisis posteriores a sus declaraciones revelarían que, pese a las afinidades, en EP persistía el relativo escepticismo en cuanto al porvenir de la política económica a partir de su curso presente. Ábalo recuperaba una de las cuestiones de claro disenso, afirmando que “si no hay recesión, la política radical merecería algún grado de aprobación; si, por el contrario, existe recesión, esa política estaría descalificada y habría que reemplazarla”.^[50]

Al promediar el año, la sección repetía la crítica sobre la falta de medidas frente al sistema financiero, particularmente sobre la actividad crediticia.^[51] Algunas notas señalaron, de modo concordante, la magnitud del contrabando en la exportación primaria, que demostraba la incapacidad -y probable complicidad- estatal para fiscalizar a los grandes actores privados en un área fundamental para la obtención de divisas.^[52] La conducta de estos, de la oposición política mayoritaria y de las cúpulas sindicales terminaba revelando, así, un conglomerado de intereses que desarticulaba toda previsión oficial y atentaba contra los intereses del conjunto social. Por ello, debía recibir algún grado de réplica más allá de lo declarativo (esto también podía colegirse como una alusión a los recientes dichos de Grinspun al semanario).^[53]

En su artículo posterior al reportaje, Lemoine tomaba la valoración de Ábalo, con mayor énfasis que este -que la postulaba como un curso posible-, sobre la gestión ministerial como “administración de la crisis”. Al igual que Colominas, subrayaba paralelamente el agotamiento del proyecto policlasista (“un nuevo bloque histórico de la pequeña burguesía y los asalariados de todo tipo”) que pretendía renovar el gobierno. Apelando a una crítica propia de la época (Reano y Smola, 2014), asociaba al gobierno a una “formalidad” democrática vaciada de reformas estructurales concretas: “la gente cambió [en 1983] el hambre y los palos por el hambre y la libertad, creyendo que estos dos últimos términos son conciliables”.^[54] En suma, el autor veía al país inmerso en una “crisis orgánica”. Partiendo de la terminología gramsciana, señalaba que el creciente descrédito ciudadano en las instituciones por su incapacidad para resolver los problemas básicos de la organización social, planteaba como alternativas la represión estatal de la protesta frente el ajuste, o una salida progresiva al ejecutarse las nacionalizaciones.

La penúltima edición del año evidenciaba el grado de impregnación de la crisis económica en la agenda pública, al dedicarle el semanario por vez primera de modo íntegro su portada. La repentina suba de tasas de interés quedaba en ella, mediante el titular que aludía al “golpe recesivo” (ver Bohoslavsky, 2014b: 196-197), asociada a las insubordinaciones y manifestaciones públicas amenazadoras de los militares, consideradas como conatos “golpistas” (Raíces, 2022). Pero, sobre todo, asociaba la actitud del mercado financiero con el golpe de Estado de 1976. Quedaba nuevamente de esta forma imbricada la especulación financiera con el autoritarismo y le era endilgada la intención de doblegar y “desestabilizar” (sic) al gobierno. Desde la comunicación política oficial, la práctica “desestabilizadora” (ver Bohoslavsky, 2014a: 134-137) había surgido como calificativo dramático para designar todas las actitudes juzgadas como antidemocráticas, que incluían a la oposición política y a la prensa, incluso a EP.^[55] No obstante, en esta oportunidad medio y gobierno, pese a las críticas del primero al segundo, quedaban ubicados en el mismo campo defensor de la estabilidad constitucional.

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Imagen 2: EP nº15, 22-28/12/1984, portada. Archivo personal del autor.

La intencionalidad política del “golpe”, explicada en la nota de Ábalo, ratificaba la ofensiva de la city (sic) y resaltaba, de esta forma, la connotación extorsiva e ilegítima de las acciones denunciadas desde la explicación especializada de un economista. En su coloquio Grinspun y EP habían empleado, como se destacó, metáforas bélicas; pero tales figuras retóricas eran acompañadas de la adhesión al marco institucional democrático como reconocido espacio de resolución de los conflictos. Por contraste, ahora la connotación de la suba de tasas como “golpe” venía significar que el movimiento especulativo estaba fuera de la ley.^[56]

Por otra parte, la edición adicionaba un reportaje al flamante titular de la JR, diputado nacional Jesús Rodríguez. Su carácter de economista y presidente de la comisión parlamentaria de Hacienda y Finanzas, le permitía enfatizar desde el doble plano profesional y militante la demanda organizacional por la reforma tributaria y financiera.^[57]

Tras la denuncia del “golpismo” económico el siguiente número, aparecido los días finales de 1984, volvía a instalar en su portada titulares no menos contundentes. EP llamaba a “Nacionalizar”, seguido de un subtítulo que lo calificaba como “única salida”. La bajada sintetizaba los argumentos ya planteados sobre la ineficacia de las resoluciones tomadas hasta entonces, sobre la evasión y la especulación como males del sistema económico y sobre los beneficios de controlar el sistema financiero y el comercio exterior para retener divisas. Si el mercado financiero había consumado un “golpe”, el gobierno como representante democrático de la sociedad debía replicar, dentro de la ley, con similar firmeza. Lo argüido, en suma, explicaba la propuesta efectuada al pasar al ministro Grinspun, con ocasión de su entrevista. Para fundamentar la razonabilidad de lo postulado, la bajada concluía señalando que tales medidas eran discutidas en el oficialismo.

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En las páginas interiores aparecían citadas declaraciones críticas de dirigentes vinculados a la JCN y, en particular y desde el anonimato, de un legislador de la “fracción juvenil” (sic), sobre el manejo oficial de la cuestión especulativa, que probarían tal proceso de debate interno. Pero, por caso, de lo expresado por el parlamentario se colegía, en realidad, su acompañamiento de la posición de Grinspun, incluido su descarte de la propuesta “extrema” del semanario.^[58]

Gabetta dedicó su columna a enfatizar la inevitabilidad de la nacionalización para salvar la democracia y asegurar un “capitalismo sano” (sic), esto es, de orientación endógena. Como en sus primeros textos, consideraba que el desafío del poder económico habilitaba al gobierno para tomar la iniciativa política y reactivar el apoyo popular en derredor.^[59] Ábalo, que hasta entonces solo había postulado las nacionalizaciones en la situación de entrevista a Grinspun, dedicaba su respectiva contribución a fundamentar la medida.^[60] El título recapitulaba asociaciones discursivas ya presentes en el semanario, como el nexo entre especulación y golpismo y le oponía las nacionalizaciones para salvaguardar la democracia, de un modo similar al texto de Gabetta. Invocando los antecedentes de países capitalistas como Italia, de Corea del Sur y México, el núcleo argumental del artículo las justificaba en términos soberanos:

“[El sistema financiero] es un verdadero ordenador del proceso productivo. El comercio de exportación tampoco es solo la actividad que conduce a la apertura de los mercados. Es, también, una fuente de asignación, de retención y desplazamiento de divisas, que son el bien más preciado en la economía mundial actual. ¿Puede la sociedad resignar el derecho a un máximo control sobre tales instrumentos sobre un prurito doctrinario?”^[61]

Al atentar contra la viabilidad de la economía como estructura integradora social y, por la misma razón, contra los fundamentos del régimen democrático -por sobre “pruritos doctrinarios” que encubrían intereses sectoriales-, esta alternativa era presentada con carácter de inevitable. Los ejemplos invocados de las diversas economías capitalistas demostraban, por otra parte y como había enfatizado Gabetta, que las acusaciones de “colectivismo” y prosovietismo serían capciosas.^[62] En su artículo, Lemoine reiteraba, en apoyo de lo señalado por sus colegas, su planteo sobre la desarticulación social existente y su riesgo de alentar un desenlace político “fascista”.^[63]

No obstante, EP obtuvo escaso eco a su intento de influencia intelectual e instalación pública de la consigna nacionalizadora. Apenas había podido insinuar deliberaciones dentro del oficialismo, no confirmadas del todo hasta entonces, en tanto que la oposición política abiertamente favorable a esas medidas carecía de peso parlamentario para imponerlas.^[64] Su rotunda apelación gubernamental quedó, en consecuencia, como un inusual posicionamiento editorial dentro del espectro de la prensa política independiente profesional. Este rasgo la diferenció de los medios identificados con las ideas de izquierda, por ejemplo, que solían incluir a las nacionalizaciones como parte de sus demandas en el plano económico (Rossi, 2022b: 221 y 230). Sucesivas portadas seguirán reiterando el sensible tema económico y reclamándole decisión al Ejecutivo, pero sin nuevas consignas propositivas.^[65] Y, aunque la nacionalización se mantuvo como leitmotiv en la sección económica, esta mantendría fundamentalmente el análisis de fondo y se vincularía con la investigación periodística. En este último plano, denunciaría con base en documentación la continuidad de la evasión y regresividad impositiva derivados de reformas parciales, las soluciones “paliativas” (sic) al desempleo derivadas de los compromisos con el Fondo y la compra onerosa y espuria de armamentos recibida de la dictadura y mantenida por el gobierno.^[66] La gestión de Grinspun, mientras tanto, transitaba sus días finales, y a mediados de febrero, sería reemplazado por Sourrouille.

EP propuso una aproximación progresista y política de la economía, dado a comprenderla en función de la desigual apropiación y distribución del producto social en una sociedad de clases, y de las estrategias posibles en el marco del Estado de Derecho para revertirla. Integró desde este plano de los sectores intelectuales que, desde identificaciones ideológicas diversas, sostuvieron durante la corta década alfonsinista una visión de la democracia no limitada a una acepción institucional sino, también, “sustancial”. La sección respectiva propuso un periodismo de actualidad pero con la posibilidad de proveer análisis de fondo, para caracterizar críticamente el marco heredado y los primeros resultados del programa que había acompañado la asunción del nuevo gobierno democrático. Esta labor coligó a un periodista especializado y con amplia experiencia como Ábalo con jóvenes economistas, y a colegas que desde el apartado político del medio participaron de la construcción de opinión en los términos económico-políticos antedichos. En el enfoque colectivo resultante influyeron, con toda probabilidad, las experiencias generacionales y personales de los años 70. Marcas destacadas de las novedades teórico-político-económicas adquiridas a partir de ese decurso se encuentran en la valoración de la institucionalidad democrática, el sostenimiento del gradualismo reformista y la falta, para la generalidad de los análisis, de una noción de sujeto histórico motor de transformaciones sociales. En el mismo sentido, la carencia de un horizonte de cambio social sistémico había mutado, tal como habían postulado destacados intelectuales de la “transición” (ver Reano & Smola, 2014), en la idea de profundización de las conquistas democráticas.

Estas adquisiciones convivían con elementos asociados a la práctica política e intelectual anterior a 1976: la lógica analítica de clases y antagonismos sociales (donde, considerados los distintos énfasis de cada colaborador, se advertía el predominio de la matriz analítica de la nacionalidad por sobre la clasista); aparatos conceptuales deudores de la teoría de la dependencia, del marxismo, del nacionalismo popular y del estructuralismo; la percepción del Estado orientador del desarrollo; y, como se dijera más arriba, una visión de la economía a contracorriente de su comprensión profesionalista, académica y despolitizada. El diálogo entablado por EP con el ministro, desde este aspecto, demuestra en las coincidencias y disidencias la continuidad postdictatorial de un marco conceptual, problemático y de política pública proveniente de las décadas previas, que gozaba aún de amplio consenso tanto en el plano político partidario como en el académico (Bulmer-Thomas, 2003; Heredia, 2006; Belini & Korol, 2012; Heredia, 2015). Por esto puede afirmarse, en el plano histórico intelectual, que la revista, y su sección económica en particular, cabalgaron entre las influencias de su presente y las de un pasado todavía reciente, pese al hiato opresivo.

Al igual que en otros planos temáticos, el apartado económico del semanario se propuso revisar las transformaciones de la última década, mientras conjeturó las posibilidades de un curso de desarrollo “nacional” posible ante la serie de constricciones estructurales fácticas. La gravedad y alcance de estas últimas llevaría a preguntarse a algunos miembros de la sección sobre la viabilidad última, no solo del intento gubernamental de relanzar el ciclo de acumulación y redistribución local, sino de la sobrevivencia misma del orden constitucional en tales condiciones.

La entrevista al ministro Grinspun se plantearía como una oportunidad de evaluación de la política económica tras un año de implementación, a partir de un trasfondo ideológico relativamente afín. Al respecto resultaba, junto a las notas firmadas de análisis y opinión, otra forma del medio para demostrar su vocación crítica, abierta a la repregunta y al cuestionamiento. Se desplegó entre la posición defensiva de gestión del ministro y los señalamientos de inconsistencias de los entrevistadores, relativos al “giro ortodoxo” impuesto, a la falta de resultados macroeconómicos positivos y a la verosimilitud del cumplimiento de los objetivos previstos en función de tales condiciones. En ese marco, la postulación de la posible conveniencia de las nacionalizaciones del sistema bancario y del comercio exterior, más tarde editorializadas como tema de portada, resultaba una audacia reveladora de los términos dialógicos en que se llevó adelante la conversación. Como se aseveró, tal posibilidad resultaba ajena al programa económico y Grinspun desde los planos doctrinario y profesional le opuso el estilo intervencionista que atribuía a su estilo de gestión. De todas maneras, por sobre la discusión instrumental, abiertamente planteada por aquel como tal, resaltaba la coincidencia sobre el tipo de sociedad deseada y sobre la evaluación de la coyuntura política (marcada por el corte entre los actores sociales democráticos y los antidemocráticos). Desde su portada, el medio eligió resaltar algunos de esos puntos de contacto en función de sugerir la posible radicalización del obrar ministerial y del Ejecutivo, insistentemente reclamadas.

A posteriori, frente a lo que vio como continuidad de las intimidaciones “golpistas” del mercado, la revista convirtió la alusión hipotética sobre las nacionalizaciones en una demanda e interpelación directa al gobierno nacional, marcando la ineficacia de los mecanismos empleados hasta entonces y censurando su carácter timorato. La sección tuvo a su cargo la tarea “experta” de fundamentar la procedencia de este reclamo público. Si, como señalaba, la configuración económica existente agraviaba al orden democrático -como demostraría el doble desafío “golpista”-, la apropiación estatal de la capacidad de reasignar recursos debía torcer esa tendencia, y lo haría sin crear mayores conmociones sistémicas. En la misma línea, y en el marco de la Guerra Fría, esta clase de medidas era vinculada a una política internacional latinoamericanista, independiente, “no alineada” y soberana (como demostraba su análisis del caso indio), antes que con al acervo ideológico de izquierda y nacional-popular que la servía de inevitable antecedente. Pero integraban, desde su perspectiva, acciones encuadradas en la legalidad “burguesa”. Lejos de aparejar un cambio de régimen, la recuperación de la capacidad estatal de dirigir los recursos para el desarrollo nacional era una acción posible y necesaria para el “saneamiento” (sic) del capitalismo vernáculo.^[67] Por lo demás, la posibilidad de encontrar apoyos a la propuesta, limitado a expresiones puntuales del oficialismo sin gravitación ostensible y a un sector relativamente minoritario de la oposición como el Partido Intransigente, la condenaba a ser un mero intento, propio de la lógica mediática, de instalación del tema en la agenda pública.

A partir del análisis de las posiciones expresadas en la sección económica, es lícito concluir que la “guerra sin cuartel” proclamada por Grinspun fue vista con simpatía, al expresar la dirección y tono esperados para la conducción del frente económico. Sin embargo y por contraste, la lectura del medio había ido indicando desde distintos planos analíticos la fragilidad presente de los actores sociales componentes del proyecto sustitutivo, la capacidad de imposición de los que identificaba como sus adversarios, la persistencia de un panorama recesivo y la imposibilidad de conciliar aquel con las pautas de ajuste estructural que consumaban la claudicación oficial ante los acreedores y los organismos multilaterales. En tanto la aparente “única salida” a esta encerrona social había sido desestimada, más allá de las buenas intenciones reconocidas a su responsable y de los avances (y retrocesos) parciales en la materia, comenzaba a decantar la imagen del fracaso como valoración global del programa económico.

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Anuario Nº 38, Escuela de Historia

Facultad de Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Rosario), 2023

ISSN 1853-8835

[2] Tiempo Argentino, 19/9/84, portada. El anuncio se daba a poco de la presentación del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) al Poder Ejecutivo, base del posterior juzgamiento de las Juntas militares dictatoriales. Suponía otro frente conflictivo para el gobierno, acuciado por rumores y atentados relacionados con la resistencia castrense a las investigaciones y encausamientos judiciales.

[3] Cf. “Presentamos la primera revista política nacida en democracia”. Humor n° 133, agosto de 1984, p. 5. Lorenc Valcarce (2014: 308-309) ubica a EP, junto con El Porteño y Página/12, en la cosmovisión valorativa progresista por dirigirse a un público intelectual urbano, crítico de los partidos tradicionales y favorable a sucesivas expresiones políticas de centroizquierda. También vincula a dos colaboradores de EP, Horacio Verbitsky y Jorge Lanata, con la instauración del “estilo profesional, matriz analítica y tonalidad crítica” que expresaría en adelante la posición periodística progresista (ibídem).

[4] Cf. “Presentamos la primera revista política nacida en democracia”. Humor n° 133, agosto de 1984, p. 5. Cuestiones como la defensa de las instituciones democráticas, la independencia económica, la modernización tecnológica y la plena vigencia de los derechos humanos aparecían mencionadas como integrantes de la línea editorial del nuevo medio.

[5] Organización política proveniente del trotskismo. Fundada a mediados de los años 60 y liderada por Mario Roberto Santucho, adoptaría posteriormente definiciones guevaristas favorables a la lucha armada y crearía, para ello, su rama militar, el Ejército Revolucionario del Pueblo.

[6] Organización política creada en 1966, bajo el liderazgo de Armando Jaime. Sostuvo posiciones de base e independientes dentro de la identificación peronista y fue desarticulada a mediados de la década siguiente, por las persecuciones de entidades parapoliciales como la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y del terrorismo de Estado posterior a 1976.

[7] Fundado en 1972 por Oscar Alende, es un partido de centroizquierda que en obtuvo el tercer lugar en las presidenciales de 1983 y en 1985 fue tercera fuerza en el ámbito parlamentario. Asimismo, ostentó por algunos años significativa presencia en el movimiento estudiantil.

[9] Una apreciación similar, firmada por un directivo del diario español El País, en Prieto, M., “Breve nota sobre los militares”, EP n°3, 29/9/1984, p. 52.

[11] Por ejemplo, Ábalo, C., “¿Cuáles son los auténticos escollos para concertar? La especulación, verdadero obstáculo para la inversión”. EP nº 8, 3-9/11/1984, p. 45; Gabetta, C., “La verdad estabiliza”. EP n° 9, 10-16/11/1984, p. 3.

[14] Ábalo, C., “¿Cuáles son los auténticos escollos para concertar? La especulación, verdadero obstáculo para la inversión”. EP nº 8, 3-9/11/1984, p. 45. Lemoine, por su parte, criticaba el “modelo agroexportador” en términos del deterioro de los términos de intercambio, en ídem, “El modelo agroexportador y el comercio mundial. El pasto del siglo XXI”. EP nº 9, 10-16/11/1984, p. 47.

[15] Guillermo Walter Klein fue Secretario de Programación y Coordinación Económica en dictadura y estuvo implicado en la estatización fraudulenta de la empresa eléctrica Ítalo. El caso fue objeto de investigación parlamentaria e incluyó el allanamiento de su estudio jurídico en septiembre de 1984. Ver también EP n° 24, 22-28/2/1985, p. 5.

[19] Ábalo, C. y Lofredo, G., “Argentina y el condicionamiento de la banca internacional. Un round que decide el futuro”. EP nº2, 22-28/9/1984, p. 45; en otro lado, Ábalo remarcaba que “la inflación, como lo viene señalando de forma reiterada EL PERIODISTA, no es tanto un problema técnico como el resultado de una relación de fuerzas”. En Ábalo, C., “Cara y ceca del futuro económico”, EP n°4, 6-12/10/1984, p. 45.

[21] Colominas, N., “Una estrategia sospechosamente elogiada. México, modelo para desarmar”. EP nº 2, 22-28/9/1984, p. 49; ídem, “El Periodista ratifica su planteo. México, modelo para desarmar”. EP nº 8, 3-9/11/1984, p. 49; ídem, “Chile. Entre el autoritarismo y el subdesarrollo”. EP nº 10, 17-23/11/1984, p. 14. A mediados de diciembre, EP reseñó una nota del semanario estadounidense Newsweek sobre el proceso devaluatorio y de fuga de capitales en México, y se concluía preguntando, “¿este es el modelo a seguir?” EP nº 14, 15-21/12/1984, p. 11.

[22] Ábalo, C., “La austeridad la pagará el país; el costo político el gobierno”. EP n°3, 29/9/1984, p. 45. Ídem, “¿Se logrará algo más que administrar la crisis? Una estrategia para la sociedad argentina”. EP n°5, 13-19/10/1984, p. 45.

[23] EP definía a estos sectores, que veían en Alfonsín al posible líder de un “Tercer Movimiento Histórico” sucesor del yrigoyenismo y del peronismo, como el “ala nacional y progresista” del radicalismo. Ver entrevista a Jesús Rodríguez en el nº 15, ya citada; a Marcelo Stubrin, diputado e integrante de la Junta Coordinadora Nacional (JCN) en La Razón, 6/1/85, p. 13; Reano y Smola (2014: 58-59). Las declaraciones de Stubrin fueron contestadas por Abós en su columna y esta última fue, a su vez, replicada desde la sección de correspondencia por un dirigente de la JR, Carlos Raimundi, quien reafirmó la identidad “nacional, popular y progresista” (sic) de la UCR. Ver Abós, Á., “El discreto encanto de la peronización”, EP nº18, 11-17/1/1985, p. 5, y nº22, 8-14/2/1985, p. 22, respectivamente. Algunos autores afirman que EP recibió, en algún momento de su trayectoria, financiación oculta de la JCN. Por ejemplo, Ulanovsky (2005: 213).

[24] Furman, R., “Grave denuncia del diputado (sic) Lafferriére. Una ‘bicicleta’ muy rentable”. EP nº 6, 20-26/10/1984, p. 3. Se desglosa el proyecto en Lemoine, J., “¿Habrá muchos cambios? La reforma financiera”. EP nº 7, 27/10/1984, p. 47. Lafferrière, uno de los fundadores e ideólogos de la agrupación, trató en los años 70 con Grinspun en su calidad de referente económico del Movimiento de Renovación y Cambio. Restivo y Rovelli (2011: 42).

[25] Abós, abogado, periodista y militante del PJ, integraría un grupo de destacados y destacadas dirigentes e intelectuales que se desafiliaron en agosto de 1985 y marcaron un hito para la conformación posterior del peronismo renovador. El informe crítico de la “burocracia sindical”, redactado por Ares y equipo, con columna adjunta de Abós, en EP nº 3, 29/9/1984, pp. 19-23.

[26] Ver Ábalo, C., “¿Cuáles son los auténticos escollos para concertar? La especulación, verdadero obstáculo para la inversión”. EP nº 8, 3-9/11/1984, p. 45; Colominas, N., “¿Qué va a pasar con la concertación?” EP nº 9, 10-16/11/1984, p. 7. Sobre el diagnóstico comentado, ver Restivo y Rovelli (2011: 90-91). El documento conjunto de la CGT con las entidades empresarias fue presentado en la mesa de Concertación coordinada por el ministro del Interior, Antonio Tróccoli, el 27/9/1984.

[29] Ábalo, C., “La sombra de Khadafi”. EP nº 6, 20 -26/10/1984, p. 45. En su único aporte al semanario, el periodista y escritor Rodolfo Terragno había argüido igualmente sobre el imperativo de la transferencia tecnológica desde los países centrales, pero sin pronunciarse sobre su fuente de acceso. Ídem, “Sin la tecnología, la igualdad es imposible”. EP n°4, 6-12/10/1984, p. 33.

[32] Ver las columnas de Luis Escobar y Norberto Colominas, publicadas bajo el título conjunto de “¿Qué va a pasar con la concertación?”. EP nº 9, 10-16/11/1984, p. 7.

[36] Grinberg, G. “El frente obrero empresario contra Grinspun. Ofensiva del plan económico alternativo. EP n.º 12, 1-7/12/1984, p. 11. Ver también su artículo previo, “Frente obrero-patronal contra Grinspun. Concertación para no acordar”. EP nº 10, 17 al 23 de noviembre de 1984, p. 11. Grinberg citaba el libro de Cavallo, Volver a crecer (editado en 1984), donde este expresaba su comprensión económica “técnica”, su renuencia a lo que calificaba como “debates ideológicos” y su convencimiento sobre la existencia de leyes económicas inmutables (asimismo, ver Heredia, 2015: 47). El documento de los “ocho puntos” de la CGT se lanzó el 27/6/1984.

[37] Lemoine, J., “Enclave exportador y ‘ventajas comparativas’. La capucha liberal”. EP nº 11, 1-6/12/1984, p. 12. Alsogaray, economista y ex ministro, era el fundador del partido Unión de Centro Democrático, basado en la defensa excluyente del liberalismo económico.

[39] “Si dentro del gobierno triunfara la línea económica más conservadora, seguramente avanzaría la concepción ‘realista’ en la disputa por la orientación de la política económica”, donde “realismo” significaba ortodoxia a partir de su uso en el libro de Cavallo citado por el autor. Grinberg, Gabriel, “Frente obrero-patronal contra Grinspun. Concertación para no acordar”. EP nº 10, 17-23/11/1984, p. 11.

[41] Ábalo, C., Colominas, N. y Grinberg, G., “Declaraciones exclusivas del ministro de Economía. Grinspun contra la derecha económica”. EP nº 13, 8-14/11/1984, pp. 2-4.

[42] Ábalo, C., Colominas, N. y Grinberg, G., “Declaraciones exclusivas del ministro de Economía. Grinspun contra la derecha económica”. EP nº 13, 8-14/11/1984, pp. 2-4.

[43] Aseveraba, más adelante: “Queremos una magnitud de exportaciones que sea compatible con un determinado nivel de consumo interno, o un nivel de importaciones que sea compatible con un determinado ritmo de actividad productiva interna”. Ábalo, Carlos, Colominas, N. y Grinberg, G., “Declaraciones exclusivas del ministro de Economía. Grinspun contra la derecha económica”, p. 4. En EP nº 13, 8-14/11/1984, pp. 2-4.

[45] Ábalo, C., Colominas, N.y Grinberg, G., “Declaraciones exclusivas del ministro de Economía. Grinspun contra la derecha económica”, p. 3. En EP nº 13, 8-14/11/1984, pp. 2-4. Grinspun también caracterizó en el reportaje al radicalismo como expresión “nacional-popular”.

[46] Alfonsín había afirmado en su mensaje inaugural a la Asamblea Legislativa, el 10/12/83: “Las oligarquías tienden siempre a pensar que los dueños de las empresas o del dinero tienen que ser los dueños del Estado. Ya vimos eso una vez más en los últimos años. Otros, a su vez, piensan que el Estado debe ser el dueño de todas las empresas. Nosotros creemos que el Estado debe ser independiente: ni propiedad de los ricos, ni propietario único de los mecanismos de producción.” Cf. https://www.alfonsin.org/discurso-de-asuncion-presidencial-ante-asamblea-legislativa/

[47] Por caso, entre los y las miembros de EP había adherentes al PI -como el mencionado Colominas-, favorable a una negociación “dura” de la deuda, la nacionalización de la banca y del comercio exterior. Ver entrevista a Oscar Alende por Flores Correa, M., EP nº 3, 29/9/1984, p. 6; la nota de Colominas en EP nº19, 18-24/1/1985, p. 52.; Rossi (2022b: 221).

[48] Ábalo, C., Colominas, N. y Grinberg, G. “Declaraciones exclusivas del ministro de Economía. Grinspun contra la derecha económica”, p. 4. En EP nº 13, 8 al 14 de noviembre de 1984, pp. 2-4.

[49] Ábalo, C., Colominas, N. y Grinberg, G., “Declaraciones exclusivas del ministro de Economía. Grinspun contra la derecha económica”, p. 4. En EP nº 13, 8 -14/11/1984, pp. 2-4. En su discurso de cierre de campaña del 27/10/83, Alfonsín expresó: “No habrá radicales ni anti-radicales, ni peronistas ni antiperonistas cuando se trate de terminar con los manejos de la patria financiera, con la especulación de un grupo parasitario enriquecido a costa de la miseria de los que producen y trabajan”. Cf. https://www.alfonsin.org/discurso-de-raul-alfonsin-en-el-cierre-de-la-campana-electoral-2/

[54] Lemoine, J., “La crisis y las medidas que el gobierno no quiere tomar. ¿Por quién doblan las campanas?”. EP nº 14, 15-21/12/1984, p. 12. Bastardillas del original.

[56] Ábalo, C., “La ofensiva de la city. El golpe de las tasas”. EP nº15, 22-28/12/1984, p. 10. En el mismo sentido, Grinberg, Gabriel, “El grupo de los 9 y el gobierno. Dos estrategias en pugna”. Ídem, p. 11.

[57] Jockl, A., “Jesús Rodríguez, el nuevo líder de la Juventud Radical. ‘Somos parte del fenómeno Alfonsín’”. EP nº15, 22-28/12/1984, p. 52. Asimismo, ver sus declaraciones en Tiempo Argentino, 24/12/1984, pp. 1-2.

[59] Gabetta, C., “No va más”. EP nº16, 29/12/1984, p. 3. Asimismo, se mencionaba al cierre el fallo de la Corte Suprema que ratificaba el juzgamiento civil de las Juntas, valorado como otra cuenta pendiente oficial que era ahora afrontada.

[61] Ábalo, C., “Ante la especulación desestabilizadora. Nacionalizar en defensa de la democracia”. EP nº16, 29/12/1984, p. 9. Bastardillas en el original.

[62] Anteriormente, Ábalo había argüido que “cuando se habla de control, hay quienes inmediatamente lo asocian a posiciones dirigistas o de izquierda. Ellos preferirían que el conjunto de la sociedad siga indefinidamente financiando sus ganancias especulativas, lo cual, por el empobrecimiento general y el deterioro de las actividades productivas conduciría inexorable a una grave crisis.”Ábalo, C., “Para que la reactivación no corra peligro. Restringir la especulación, no el consumo”. EP nº 9, 10-16/11/1984, p. 45.

[64] En el número posterior (17), Alejandro Jockl entrevistó al vicepresidente de la JR porteña, Martín Hourest, quien se manifestó favorable a las nacionalizaciones y la movilización popular para frenar a la “derecha económica” y el “fascismo” concomitante. EP nº 17 5 al 11 de enero de 1985, p. 52. Por aquellos días, el bloque parlamentario del PI anunció un proyecto para nacionalizar el sistema financiero. La Razón, 7/1/85, p. 13; Clarín, 22/1/85, p. 12. No obstante, el registro histórico de proyectos de ley en http://www.diputados.gov.ar/proyectos/ no arroja ninguna presentación de iniciativas sobre el tema en la época.

[65] “¿Adónde va el gobierno?”. EP nº17, 5-11/1/1985, portada; Sicilia, L., “Empieza un año de definiciones. La vacilación radical engorda a la derecha”, ídem, pp. 2-3; Gabetta, C., “Responsabilidad”, idem, p. 3. El número 20, de febrero, traía la advertencia: “Alfonsín, obligado a gobernar”.

[66] Zlotogwiazda, M., “Un impuesto de mala fama. Olor a nafta”. EP nº17, 5-11/1/1985, p. 11 y p. 12 y portada del nº 18 precitada, respectivamente. Sobre el tráfico armamentista, ver Selser, G., “Una herencia maldita. Armas para Argentina”. EP nº 19, 11-17/1/1985, pp. 7-8 y portada; Klich, I., “Contacto en Tel Aviv”, EP nº 19, enero 11 al 17 de 1985, p. 9. Salvatore, B. y Addalsi, G., “La transnacional de la muerte. Los traficantes están entre nosotros”. EP n°20, 25-31/1/1985, pp. 2-4 y portada.

[67] En el prólogo al volumen recopilatorio de sus columnas en EP (1987), Gabetta puntualizó su convicción sobre la inexistencia de alternativas a la democracia capitalista tras la derrota del activismo revolucionario. Seguía manifestándose favorable al socialismo desde una perspectiva reformista, que implicaba impulsar las opciones más progresistas dentro del modelo acumulativo dominante.