Introducción
El desembarco en
las islas Malvinas el 2 de abril de 1982 fue una estrategia de la última
dictadura militar con el objeto de recuperar el archipiélago largamente
reclamado y, por el mismo golpe de mano, recobrar la legitimidad perdida, en un
contexto de profunda crisis del régimen. Por ende, la relación entre la
sociedad y el conflicto, y en particular el amplísimo respaldo social al
desembarco, ha sido uno de los interrogantes centrales a la hora de pensar la
guerra de Malvinas —aunque, al mismo tiempo, ha sido escasamente abordado en
profundidad—. A diferencia de los estudios que se han centrado en el análisis
de las actitudes sociales de diversos actores frente al conflicto[1],
en el presente trabajo invierto la mirada para abordar cómo y con qué objetivos
fueron relevados, leídos e interpretados esos comportamientos sociales por
parte del régimen, específicamente por uno de sus servicios de inteligencia: la
Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
(DIPPBA).[2]
La
DIPPBA operó entre 1956 y 1998 con el objeto de perseguir, espiar, registrar y
analizar información para la persecución política e ideológica. Durante el
Terrorismo de Estado, la central de inteligencia fue militarizada y
jerarquizada[3],
y formó parte de la “comunidad informativa” controlada por las FF.AA., que fue
una instancia de articulación entre los distintos servicios de inteligencia de
las fuerzas de seguridad y armadas para
el intercambio de información, y coordinación de acciones. La Dirección Central
de la DIPPBA se encontraba en La Plata
“desde dónde articulaba de forma orgánica y funcional con las delegaciones,
muchas de las cuales funcionaban en las cabeceras de las Unidades Regionales.
(…) Periódicamente y de manera rutinaria cada Delegación de Inteligencia reunía
información sobre personas, partidos políticos, sindicatos y acontecimientos de
la localidad o región bajo su órbita, y la remitía a la Dirección Central donde
era analizada, evaluada e incorporada al Archivo” (Sahade, Jaschek, y Lanteri,
2021: 5). La información obtenida era procesada, valorada —según el grado de
confiabilidad de la fuente y el grado de
consistencia de la información— interpretada y difundida a la “comunidad
informativa” u otros órganos de seguridad. Asimismo, los agentes también
realizaban informes de análisis poblacionales, del territorio y estados de
opinión pública, que parecían exceder su función específica.
Durante
el conflicto, los agentes de la DIPPBA realizaron un seguimiento del estado de
la opinión pública frente al desembarco, durante la guerra y tras la derrota en
las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, cuyos resultados
fueron insumo para los informes generales que realizaba el Jefe de la central
de inteligencia para ser elevados a la “comunidad informativa”. Como
indican Sahade, Jaschek y Lanteri (2021:
6), la información provenía de investigaciones realizadas por medios “orgánicos”
(delegaciones, comisarias, subcomisarias) y “no orgánicos” (colaboradores o
confidentes, informantes y contactos). De hecho, en los informes vinculados al
conflicto, los agentes solían hacer referencia a las fuentes en las que basaban
sus apreciaciones: además de la observación personal de los acontecimientos
(que a veces comprobaban anexando o citando panfletos, folletos y/o
fotografías), remitían a “colaboradores” y a “personas consultadas” en
determinados espacios, y a la escucha de la radio y la lectura de la prensa
escrita local (que en ocasiones anexaban). En esos informes, el Jefe y/o los
agentes se preocupaban no solo por relevar y describir los distintos
comportamientos sociales, sino también en ocasiones buscaban explicarlos,
evaluaban cómo continuarían (en función de situaciones hipotéticas), y
realizaban sugerencias a futuro.
En
el presente trabajo, entonces, me propongo dos objetivos. En primer lugar,
identificar los actores y dimensiones que los agentes de la DIPPBA relevaban en
su “trabajo de campo” diario, de cara a comprender cuáles eran las
preocupaciones del régimen en cuanto a política interna tras el panorama
abierto el 2 de abril. Para ello, haré foco en las circulares de inteligencia
que detallaban los objetivos que se debían informar. Por ende, partiendo de la
historiografía de la guerra de Malvinas, el trabajo también se propone ser un
aporte incipiente al campo de investigaciones sobre los organismos de
inteligencia, en particular sus objetivos y representaciones.[4]
En
segundo lugar, el artículo busca analizar las descripciones e interpretaciones
de los agentes y/o el Director de la central sobre las actitudes sociales
frente al desembarco, la guerra y la derrota, y las proyecciones y sugerencias
que realizaban. Al analizar los documentos, una cuestión clave que salta a la
vista es el rol central que los agentes le otorgaban a la “acción psicológica”,
es decir aquella estrategia castrense que fue implementada como un plan
sistemático a nivel nacional y “estuvo orientada a regular las conductas de la
ciudadanía, inculcar valores y estimular la adhesión y participación dentro de
los objetivos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional” (Risler,
2018: 12). Desde la perspectiva de los informantes, la “acción psicológica” era
la clave para explicar los comportamientos sociales, para sus proyecciones, y
de hecho proponían recomendaciones sobre las medidas en ese sentido que el
régimen debía poner en práctica en el futuro inmediato de cara a ampliar o
mantener el consenso social durante el conflicto, o revertir la crisis de
legitimidad tras la derrota.[5]
En
tal sentido, las fuentes me llevaron a pensar el rol de estos informes para el
circuito de la “estrategia psicosocial”, que comenzaba con la obtención de
información sobre el comportamiento de la ciudadanía y de los medios de
comunicación (mediante los organismos de inteligencia), el análisis de dicha
información, y terminaba con la elaboración de las pautas y acciones de
operaciones psicológicas y comunicación social (Risler, 2018: 280). Junto a las
encuestas y sondeos de opinión[6],
los informes de la DIPPBA fueron una de las formas por las que el régimen
recabó información sobre las actitudes sociales frente a las distintas
coyunturas del conflicto, insumos que serían fundamentales para organizar, y/o
modificar las campañas de “acción psicológica” desplegadas durante el mismo.
Así, el trabajo también pretende ser un aporte a los estudios que analizan la
dimensión productiva de la última dictadura militar, es decir aquellas acciones
y estrategias que el gobierno de facto desplegó de cara a construir y/o ampliar
su legitimidad y el consenso social (y que se articuló con la faz represiva).[7]
Como
indiqué previamente, las fuentes del artículo son las circulares e informes de
la DIPPBA desde aquellos que evalúan el impacto social del desembarco a
principios de abril, hasta los que describen las consecuencias de la derrota
que se extienden hasta fines de junio.[8]
Asimismo, como —desde la perspectiva de los agentes— la “acción psicológica”
era uno de los factores claves para explicar el estado de la opinión pública
frente al conflicto, y por ende evaluaban la misma y proponían cambios cuando
lo consideraban necesario, el trabajo también se basa en forma complementaria
en el informe sobre la Acción Psicológica (AP en términos castrenses) realizado
por la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto
del Atlántico Sur (CAERCAS) en 1983, e incluido en los anexos del denominado
“Informe Rattenbach” (Tomos IX y X).[9]
Finalmente,
el artículo se organiza en dos apartados que proponen un análisis diacrónico de
la perspectiva de la DIPPBA sobre las actitudes sociales en función de los
hitos claves del conflicto. En el primero, me centro en las directivas e
informes que abordan los comportamientos sociales frente al desembarco, las
idas y vueltas de las negociaciones diplomáticas y la guerra en sí; y en el
segundo, hago foco en aquellos que se centran en el impacto inmediato de la
derrota desde el cese del fuego el 14 de junio.
Entre el
desembarco, las negociaciones y la guerra[10]
Tres
días después del desembarco, el 5 de abril, las distintas delegaciones de la
DIPPBA comenzaron a realizar relevamientos sobre el impacto de la noticia en
las localidades de la provincia de Buenos Aires. El continuo pedido de
información, las marchas y contramarchas en las directivas, demuestran que la
toma de las islas también encontró desprevenidos a los servicios de
inteligencia, que debieron organizarse rápidamente. De hecho, recién el 3 de
abril comenzó a organizarse la “acción psicológica” (quedando a cargo del
Estado Mayor Conjunto) porque en el plan de operaciones no se había previsto
esa dimensión, y los responsables de esa área no fueron avisados con el tiempo
suficiente para poder planificar alguna pauta antes del desembarco (CAERCAS-
Anexos, 1983:1796). Eso hizo que la “acción psicológica” y, por ende, la
inteligencia sobre la que se basaba la misma, debiera organizarse —o
improvisarse— sobre la marcha, lo que le restó eficacia e iniciativa.[11]
Esa
situación aparece claramente en los continuos cambios, ampliaciones y rectificaciones
de las circulares de la jefatura de la DIPPBA sobre los aspectos a informar por
parte de las distintas delegaciones. El escueto telegrama del 5 de abril en el
que el Director de la central solicitaba información urgente sobre “opiniones,
estados de ánimo, movilizaciones, etc., de los distintos sectores de la
población respecto de hecho recuperación Islas Malvinas” (T. 7, p. 29), cinco
días más tarde era reemplazado por un pedido más detallado, en el que indicaba
cuáles eran los “factores” a relevar (“políticos, educacionales, gremiales,
sociales y económicos”) y sobre todo los objetivos que se perseguían con dicho
seguimiento. En una coyuntura en la que la flota británica ya estaba navegando
hacia el Atlántico Sur, que la ONU había instado a Argentina a retirar las
tropas y que las negociaciones diplomáticas estaban sucediéndose, la Dirección
aclaraba que:
La
Reunión de Información estará basada particularizándose en cada uno de los
factores, previniendo el incremento de los picos de tensión, una vez que el
proceso pudiera entrar en una etapa de seguración respecto a nuestra soberanía.
Acerca
de esta situación se observará siempre las diferentes hipótesis que pudieran
suscitarse como por ejemplo si se originan batallas, y por ende una probable guerra,
si se logra la apaciguación a través de vías diplomáticas ya que cada una de
estas partes producirán diferentes desarreglos económicos que incidirán en los
sectores socioeconómicos afectando el componente sicosocial en su totalidad
(10/04/1982, T.7, p. 39).
El
12 de abril, dos días después, el Jefe de la central fundamentaba aún más los
objetivos de esas directivas que demandaban “auscultar en forma permanente los
distintos sectores de su jurisdicción y muy particularmente la opinión del
hombre de la calle”:
En
síntesis, es necesario conocer cuál será el parecer y proceder de las
organizaciones con incidencia en el medio poblacional, una vez superada la
actual coyuntura y vuelvan a tomar vigencia los problemas que se han venido
discutiendo inmediatamente antes de la recuperación de nuestro territorio
nacional (T.7, p.14).
En
estos pedidos de información se puede identificar cuáles eran las
preocupaciones del régimen militar respecto al impacto del devenir del
conflicto en la política interna. Si bien —como demostró Risler (2018)— la
dictadura militar siempre se preocupó por la construcción del consenso, y por
ende el interés sobre cómo incidían determinados acontecimientos a nivel
interno fue una constante a lo largo del régimen; el relevamiento de información
específica sobre el impacto de la toma de las islas en la conflictividad
interna y la proyección sobre qué ocurriría si se desataba una guerra o si el
diferendo se solucionaba mediante negociaciones diplomáticas, da cuenta que en
esta coyuntura particular las autoridades castrenses estaban preocupadas por
cómo resolver la caja de Pandora que habían abierto el 2 de abril.
Es
decir, si el desembarco en las islas había significado un respiro en la
profunda deslegitimación social del régimen, ¿de ir a una guerra o a una
negociación esa “tregua” continuaría? ¿Qué margen político tenía la Junta
Militar para resolver el conflicto diplomático abierto con el desembarco tras
la masiva movilización social? Lo interesante aquí es que mientras los actores
que se habían opuesto o distanciado de la dictadura se preocupaban por
diferenciar la guerra de la política interna para explicar su apoyo a la toma
del archipiélago (Guber, 2004; Lorenz, 2012), para la dictadura no cabían tales
distinciones: desde la perspectiva del régimen, era evidente que la suerte del
“PRN” estaba atada al desenlace del diferendo diplomático y a la posibilidad de
extender la legitimación social lo más posible. Por ende, la información
recabada por la DIPPBA y los distintos servicios de inteligencia eran insumos
fundamentales para evaluar la eficacia de la “acción psicológica”, cambiar el
rumbo de la misma de ser necesario, y, en definitiva, evaluar cómo resolver el
conflicto de cara al impacto en la continuidad del régimen.
Finalmente,
el 27 de abril (tras la toma británica de las islas Georgias) una nueva
circular ampliaba el pedido de información, abarcando el impacto del conflicto
en la vida cotidiana de los bonaerenses, así como especificaba los ámbitos y
actores que había que relevar:
1-
Factor anímico de la población (familiares de soldados y oficiales, etc.)
2-Expresiones
de las diversas colectividades extranjeras. (…)
3-En
el orden religioso, sermones, homilías y otras manifestaciones.
4-Acopios
de alimentos y otros elementos por parte de la población. (…)
5-La
actitud general respecto a las expectativas económicas haciendo expresa
referencia al movimiento de fondos por parte de los ahorristas (…)
(T.7, p.12).
¿Cómo
el Director General y los agentes de la DIPPBA describieron, explicaron e
interpretaron las actitudes sociales frente al desembarco primero, y la guerra
después? ¿Qué proyecciones y sugerencias realizaron en función del devenir del
conflicto?
Para
abordar estos interrogantes, utilizaremos los informes de inteligencia
realizados por los agentes de cada una de las jurisdicciones y aquellos
informes síntesis de la provincia que fueron elaborados por el Jefe de la
central para ser elevados al Secretario de Inteligencia de la provincia de
Buenos Aires. En el caso de los primeros, dado que se trataba de agentes
asentados en distintas localidades, sus perspectivas tenían puntos en común
pero también diferencias. En el análisis priorizaremos aquellas coincidencias
para reconstruir la mirada general de la DIPPBA, y cuando sea necesario
señalaremos las disidencias.
En
las respuestas rápidas que los agentes dieron a aquel requerimiento de
información del 5 de abril, todos ellos destacaban el amplísimo apoyo social
que había cosechado el desembarco, un acontecimiento que había tomado por
sorpresa a los bonaerenses pero que, así y todo, lo habían vivido con “júbilo”,
“beneplácito y asombro”, expresando una “adhesión total y unánime” (T. 7, pp.
22-41). En Bahía Blanca, por ejemplo, el agente resaltaba que se habían
producido movilizaciones, embanderado los edificios, distintas entidades habían
publicado comunicados respaldando el conflicto, en fin, “el estado anímico de
la población (…) es excelente” (T. 7, p. 24).
Sin
embargo, ese clima de furor patriótico parecía haberse modificado 5 días
después, desde la perspectiva de la DIPPBA. El mismo día que el mediador
norteamericano Haig era recibido por una amplísima movilización social en Plaza
de Mayo, el Director General de la DIPPBA presentaba el primer informe con el
asunto “Motivación de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires ante lo
sucesos acaecidos en las islas Malvinas. Sus derivaciones” (10/04/1982, T. 7,
pp.15-20). Allí sostenía que la euforia inicial se había moderado cuando “la
posibilidad de un enfrentamiento armado tomó cuerpo, juntamente con el
debilitamiento de la posición argentina ante la Resolución desfavorable en el
Consejo de Naciones Unidas, la falta de apoyo de EE.UU. y la orden de partida
de la flota británica, hacia la zona de litigio”. Sin embargo, afirmaba que a
pesar de este estado de preocupación, la sociedad abrigaba “un sentimiento
inequívoco de satisfacción por el hecho concretado y la opinión generalizada es
que el Gobierno Nacional no puede retroceder en la decisión ya adoptada.”
Además, las noticias posteriores sobre el apoyo de los países latinoamericanos
habrían hecho recobrar la confianza a la población.
Asimismo,
el Jefe de la central de inteligencia se explayaba en las variables que, desde
su perspectiva, habían contribuido al “estado de inquietud” por el impacto de
las noticias desfavorables. Y señalaba dos factores: 1- la nula experiencia en
materia de “guerras convencionales” de la sociedad argentina; 2- la “acción
psicológica” del enemigo que se filtraba en los medios de comunicación propios,
desmoralizando a los ciudadanos argentinos. En tal sentido, tras el análisis de
cinco localidades/zonas en las que dividía la provincia según su relevancia
para el conflicto (Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y
resto de la provincia), el Director concluía sosteniendo el rol clave de la
“acción psicológica” para ampliar o sostener el consenso a la guerra:
Se
aprecia la necesidad de intensificar en el territorio provincial, las campañas
de acción sicológicas, planificadas según las zonas, a través de sus más
variadas facetas y orientadas a cambiar, sostener y crear imagen (adaptación de
la verdad a su eventual destinatario).
Todo
esto a fin de neutralizar la acción del oponente y apuntalar la conciencia
nacional y el consenso de la población.
Dos
cuestiones son claves de ese informe. Por un lado, la temprana sugerencia del
Director de que era fundamental profundizar las campañas de “acción
psicológica” sobre el conflicto, ya que el poco control de las noticias que se
publicaban estaba impactando en la opinión pública interna hacia el desembarco.
De hecho, si la “acción psicológica” durante todo el conflicto fue deficiente y
estuvo plagada de errores e irregularidades, durante el mes de abril ello fue
más evidente aun ya que el EMC elaboró el Plan de Comunicación Social
“Recuperación de Malvinas” el 10 de abril, pero entre modificaciones y
reestructuraciones por sugerencias de la Armada, recién fue implementado y
emitido como “Esquema general de la Campaña de Acción Psicológica sobre
Malvinas” el 20/21 de abril. Esto llevó a que a lo largo de abril la
improvisación fuese la pauta, difundiendo información a los medios de
comunicación solo mediante los comunicados de la Junta Militar. Como indica la
CAERCAS, la decisión del EMC de informar solo mediante esas fuentes a medida de
que evolucionaba el conflicto, demuestra una subestimación del rol central de
la “acción psicológica” para el público interno, ya que esos pocos y escuetos
comunicados no cubrían la avidez de los medios de comunicación, y eso condujo a
que muchos de ellos cubrieran los huecos con noticias del exterior, en el mejor
de los casos, cuando no apelando a la propia imaginación de lo que pudo haber
ocurrido (CAERCAS-Anexo, 1983:1803).[12]
Para colmo, recién a partir del 29 de abril los medios dispusieron de normas
que regulaban el control de la información del conflicto.[13]
Por
otro lado, tan temprano como el 10 de abril la DIPPBA afirmaba que, según la
población bonaerense, el gobierno de facto no podía retroceder en “la decisión
adoptada”. Si cruzamos estos datos con los dos primeros sondeos de opinión
realizados por el régimen (recibidos por la Junta Militar el 8 y 11 de abril),
que afirmaba no solo “apoyo unánime” a la decisión del desembarco sino a la
percepción de que las islas no debían ser devueltas “bajo ningún precio aun a
costa de la guerra” (Yofre, 2011: 261, 286), la conclusión a la que parecía
arribarse era la misma: si la dictadura quería sostener la nueva legitimidad,
no había vuelta atrás en la toma de las islas. ¿Ello significaba que no se
podía retroceder en la recuperación de la soberanía, en la presencia de las
tropas argentinas, en el gobierno de las islas? En los informes no quedaba
claro qué puntos estaban fuera de la mesa de negociaciones para la opinión
pública bonaerense, pero sí se delineaba un panorama de inflexibilidad social
que iba a contracorriente del plan original de la Junta. Si el plan de desembarco
había consistido en ocupar las islas como medio de presión para obligar a Gran
Bretaña a negociar, tras el amplísimo respaldo social, ¿cuál era el margen de
maniobra que disponía la Junta Militar para negociar y evitar el estallido de
la guerra? Según la información de inteligencia, ese margen era muy estrecho
(como veremos, esta perspectiva se profundizó a lo largo del conflicto).
En
la segunda mitad de abril, cuando aún no se habían producido enfrentamientos en
las islas, se concentran la mayor cantidad de informes sobre la repercusión del
conflicto en las distintas localidades de la provincia. Estos informes
respondían a las directivas que analizamos previamente del 10 y 12 de abril que
buscaban evaluar el impacto de la toma de las islas en clave de política
interna, en la conflictividad de la sociedad bonaerense. En términos generales,
todos los agentes coincidían con el informante de Tigre sobre el “golpe
psicológico” que había significado el desembarco en el archipiélago a nivel
interno:
Este
hecho, anhelado por los argentinos por casi 150 años, produjo un efecto de
“Amnesia temporal” en todo lo que se refiere a situaciones y problemas
internos, desplazándolos a un segundo plano.
Es
así que CGT y 62 Organizaciones suspendieron por tiempo indeterminado, los
paros progresivos que tenían programados, luego de la manifestación del
30-3-82, ante los sucesos de la recuperación de las islas.
En
el marco político la Multipartidaria —que ya había aclarado con anterioridad la
necesidad de una convocatoria general para adelantar el proceso, debido a la
situación económica— ha brindado pleno apoyo al gobierno, refiriéndose sus
declaraciones a la recuperación de las islas casi con exclusividad.
En
síntesis, todos los sectores que conforman el grueso de la opinión pública, han
visto que hay un objetivo inicial y primordial, la SOBERANIA NACIONAL, que
sobrepasa todos los factores de orden interno
(16/04/982, T. 1, p.116. Mayúsculas en el original).
Sin
embargo, inmediatamente después, cuando analizaba cada uno de los “factores”,
el agente matizaba y complejizaba el panorama. En primer lugar, indicaba que
para las organizaciones políticas (“no extremistas”) ese apoyo no significaba
“el olvido definitivo de la situación interna”, sino que se hallaban en un “compás
de espera” para ver como evolucionaban los acontecimientos. Además, proyectaba
que aprovecharían la oportunidad para profundizar el diálogo con las FF.AA. de
cara a acelerar el proceso “enfatizando que es deber de todos los argentinos
aunar criterios, resolver, decidir y tomar medidas con relación a la situación
de las islas en el atlántico sur” (16/04/1982, T.1, p.117). A su vez,
contrastaba dicha actitud con el silencio de las organizaciones de izquierda y
las “Bandas de Delincuentes Terroristas” (agrupadas en el “factor extremismo”),
producto de que la noticia del desembarco los había sorprendido y descolocado
(excepto por Política Obrera que había realizado una panfletada en oposición al
conflicto).
En
tal sentido, y en segundo lugar, el respiro que el régimen militar estaba
gozando con el respaldo popular tras el desembarco, desde la perspectiva del
agente, era transitorio. Una vez resuelto el diferendo, los actores más
contestatarios —por ejemplo, la CGT— volverían a sus medidas de protesta
previa, en cambio las entidades de bien público, las sociedades de fomento,
etc. —agrupadas en el “factor social”— y la opinión pública en general tendría
una actitud más tolerante hacia el régimen. Ello no significaba que dejarían de
lado sus reclamos por la normalización institucional, sino que los moderarían
“apoyando el pedido de adelanto del proceso, pero en forma más diplomática y
con el aporte de ideas concretas” (16/04/1982, T.1, p.119).
Al
igual que su par de Tigre, todos los agentes de inteligencia diseminados en la
provincia compartían esa misma percepción de que el amplísimo respaldo social
al desembarco había opacado o dejado en segundo plano los conflictos internos,
lo que demostraba —según el espía de Junín— que “la campaña de A.S. que lleva a
cabo la conducción nacional por los medios masivos de comunicación social tiene
un resultado positivo en todos los públicos, ya que su motivación hace que
exista una buena receptividad, al centrarse totalmente la atención en el
conflicto entre Argentina e Inglaterra” (20/04/1982, T.2, p.65). Sin embargo,
todos los agentes coincidían que ello no implicaba que los cuestionamientos al
gobierno hubiesen desaparecido:
Es
evidente que el sentido patriótico que impera actualmente en la población y en
los distintos sectores que actúan de alguna u otra forma sobre la misma, ha
logrado la unión contra un enemigo potencial y externo a nuestro país. No
obstante lo dicho, si bien los problemas internos han dejado de ser el
comentario obligado, aún persiste íntimamente la voluntad y la confianza para
su superación, lo que ocasiona naturalmente rumores y criticas al Proceso de
Reorganización Nacional (Lanús,
19/04/982, T.2, p.60).
Asimismo,
algunos de ellos, como el agente de Quilmes, calificaban que el apoyo dado por
algunas organizaciones políticas no estaba basado en una adhesión sincera a la
causa nacional, sino en la necesidad de estar “a tono” con la euforia nacional:
“… los dirigentes políticos de diversos tintes identificados o no con el acto
reivindicatorio que nos ocupa, se han
visto en la necesidad de no dar la espalda al clamor popular, y apoyar
decididamente el mismo”. Y advertían que buscarían un beneficio como contrapartida
de su respaldo: “los dirigentes políticos entienden que en relación al grado de
participación que les cupo en esta crítica situación, avalando lo actuado por
las FF.AA., bien pueden considerarse participes legítimos en cuestiones
estrictamente internas, y así seguramente tratarán de hacerlo notar una vez
superado el actual momento” (19/04/1982, T.2, p.55).
Al
mismo tiempo, los agentes consideraban que la legitimidad social producto del
desembarco era provisoria, y que de solucionarse en forma pacífica el diferendo
diplomático, las organizaciones políticas, gremiales y sociales volverían “…
por sus reclamos de la misma forma que lo han hecho hasta el momento, y que de
ninguna manera se olvidan la forma en que se reprimió y se les negó una
solución a sus desesperados intentos de lograr vivir decorosamente” (Chascomús,
19/04/1082, T.1, p.21).
Solo
que, según algunos espías, esos reclamos se moderarían —pero no se omitirían—
producto de la nueva situación creada tras el desembarco. En tal sentido,
sumándose a la concepción que percibía el nacimiento de una Nueva Argentina
tras el 2 de abril —compartida por el régimen y otros actores políticos (Guber
2001; Lorenz, 2012)—, evaluaban que la unidad nacional surgida tras el
desembarco conducía a una nueva relación entre la sociedad civil y el régimen,
que podría habilitar tras el conflicto un diálogo más fructífero entre los
sectores políticos y gremiales y las FF.AA. de cara a “tomar las medidas
precisas para lograr objetivos que permitan al país, actualmente empobrecido y
desmembrado por conflictos internos, surja de su estancamiento e inicie un
camino de recuperación” (Morón, 19/04/1982, T.2, p.49). El agente de Junín,
particularmente optimista, consideraba que el panorama abierto por Malvinas
conduciría a los “grupos de presión” no solo a “dejar de lado los problemas”,
sino también a buscar un entendimiento con el régimen, el cual “fijaría las
pautas” y recién después esos grupos decidirían sobre su futuro (20/04/1982,
T.2, p.65).
Entonces,
la información suministrada por la DIPPBA indicaba que la población bonaerense
no había extendido un cheque en blanco a la dictadura, es decir, que la
legitimidad recobrada por el gobierno estaba estrechamente condicionada por el
desenlace del conflicto y que, de todas formas, ello no significaba la
revitalización de un régimen que se percibía que estaba en su fase final. En
otras palabras, desde la mirada de los agentes de la DIPPBA, en Malvinas las
FF.AA. se estaban jugando su última carta, y de ella dependería cómo
terminarían sus días en el gobierno, y con qué margen de negociación política,
como se desprende de la siguiente cita:
CGT:
Se presume que una vez “estabilizada” la situación conflictiva con Inglaterra,
comenzará nuevamente a poner en vigencia su plan de acción.
Evidentemente
la “forma” en llevarlo a cabo, dependerá del “modo” en que finalice el
conflicto. Esto quiere decir que aunque los sectores gremiales agrupados en CGT
hayan declarado que su accionar en el marco interno solamente se ha “demorado”
voluntariamente ante los hechos que son de público conocimiento; es evidente
que tendrán que “amoldar” su política acorde se desenvuelvan los hechos.
(Tigre, 16/04/1982, T.1, p.117)
La
cuestión era que, para colmo, el régimen tenía las manos atadas en las
negociaciones diplomáticas por el conflicto producto del proceso de
efervescencia social y patriótica que el mismo había lanzado el 2 de abril.
Como indicamos previamente, si quería prorrogar la legitimidad social lo más
posible, según la información suministrada por la DIPPBA y los sondeos de
opinión realizados por otros organismos de inteligencia —que el 23 de abril
seguían registrando un clima “firme y unánime de la opinión pública de que las
islas no deben ser devueltas bajo ningún precio, aun a costa de la guerra”
y un “moderado predominio” de quienes
pensaban que en las negociaciones “no se debe ceder nada” (Yofre, 2011:316-317)
—, la Junta Militar no podía dar marcha atrás en la afirmación soberana de las
islas, el punto nodal de negociación (y tal vez tampoco en la presencia de las
tropas argentinas y en su gobierno). Para un régimen que se disponía a extender
el “PRN” hasta las últimas consecuencias, no parecían quedar muchas
alternativas más que una resolución diplomática extremadamente favorable para
Argentina (muy improbable) o la guerra.
Incluso
tras el comienzo de los enfrentamientos bélicos el 25 de abril en Georgias y el
1º de mayo en Malvinas, los agentes de la DIPPBA continuaban sosteniendo la
misma mirada sobre la inflexibilidad de los habitantes de la provincia. Si bien
disponemos de pocos informes del mes de mayo y ninguno de junio antes del cese
del fuego, en todos ellos se sostiene que el respaldo social continuaba
inalterable. Solo inmediatamente tras la toma británica de las islas Georgias,
el agente de Mar del Plata afirmaba que la sociedad lo había vivido con
“desaliento”, “rabia” y “lástima”, haciendo hincapié en que ello había llevado
a cuestionar a las FF.AA. porque “no brindaron el apoyo que los efectivos necesitaban”
para la defensa de las islas (30/04/1982, T.2, p.69).
De
hecho, el agente deslizaba una crítica hacia el plan de “acción psicológica”
por el poco control de la información que difundían los medios de comunicación,
en los que se infiltraban noticias de agencias extranjeras que hablaban de la
rendición y de toma de prisioneros (cuando, agregamos, las agencias nacionales
sostenían la heroica lucha y resistencia que se estaba llevando a cabo allí[14]).
En sus términos, para el “hombre común” que estaba atravesando “la
inestabilidad económica, desocupación, aumento constante y veloz en los precios
de la llamada canasta familiar, el poco poder adquisitivo y un futuro incierto
de trabajo con un vivir decoroso” más el “miedo lógico” por la situación, “la
difusión profusa y sin control que recibe por parte de los medios orales y
escritos, lo desconcierta, confunde y sume en conjeturas negativas, que lo
desgastan desfavorablemente...”. Sin embargo, acto seguido el agente afirmaba
que la cantidad de muestras de adhesión y de acciones de solidaridad por parte
de las más diversas entidades públicas y privadas de la localidad, demostraban
un “unánime y total apoyo moral y material por parte de la población, que
difícilmente vuelva a ocurrir” (30/04/1982, T.2, p.69).
Alrededor
de 15 días después, cuando los bombardeos continuaban diariamente en las islas
pero todavía no se habían producido batallas terrestres, el mismo agente
proponía una explicación de ese amplísimo apoyo “hasta las últimas
consecuencias”, que había llevado a la población marplatense a dejar de lado
los reclamos anteriores al 2 de abril por “las carencias barriales, obras y
servicios”, “aumentos en los impuestos, tasas, combustible, precio en las
mercaderías de consumo primario, poco poder adquisitivo” o por el “aumento de
sueldos y salarios”, y a acatar las pautas del régimen referentes a los
oscurecimientos y consumo de energía (17/05/1982, T.3, p.5). Ese respaldo y esa
euforia patriótica se debían, desde su perspectiva, a tres factores:
1-La
acción psicológica, que ahora se destacaba por haber logrado “concientizar a
fondo el sentir patriótico de la población en todos los niveles” debido a la
“profusa y adecuada” información sobre las negociaciones diplomáticas y los
acontecimientos en las islas.
2-La
carencia de experiencia bélica de la sociedad argentina.
3-La
localización del teatro de operaciones, que se encontraba en un terreno insular
alejado del continente. Y, por ende, dejaba planteado el interrogante de cómo
reaccionaría la sociedad en caso de que se produjera un ataque al continente.
Entonces,
aun a mediados de mayo —cuando la guerra ya era una realidad—, los agentes de
la DIPPBA destacaban no solo el respaldo popular al conflicto, sino que seguían
insistiendo en que para la sociedad bonaerense no había posibilidad de dar
marcha atrás. Aún más, el espía de San Justo indicaba que “el grueso de la
población (principalmente el sexo masculino) cree que ya se ha agotado la vía
diplomática y tendría que encararse a fondo la parte bélica”. Y advertía que
ese belicismo (y también triunfalismo) de los ciudadanos argentinos se debía
sobre todo a su falta de comprensión de las limitaciones tácticas y
estratégicas para llevar adelante un conflicto en el Atlántico Sur,
limitaciones que él explica con sorprendente precisión: “distancias a los
buques enemigos que imposibilitan incursiones aéreas por autonomías de vuelo,
inutilidad del fuego desde la costa, posibles inconvenientes diplomáticos ante
la posibilidad de salir de la situación de agredidos, etc..” (17/05/1982, T.3,
p.29).
Es
suma, tanto el amplísimo apoyo de la población bonaerense, como su
inflexibilidad y triunfalismo, fueron factores destacados por los agentes de
inteligencia desde el comienzo del conflicto y hasta mediados de mayo (fecha de
los últimos informes antes de la rendición), aun cuando identificaron momentos
de cierta incertidumbre y temor por las noticias que parecían acercar la
posibilidad del estallido de una guerra (ya fuese a comienzos de abril, con las
noticias de la partida de la flota inglesa y la resolución desfavorable de la
ONU, o con el comienzo de los enfrentamientos en Georgias o de los bombardeos
en Malvinas). Asimismo, para explicar dichas actitudes los agentes enfatizaron
el rol nodal que cumplía la campaña de “acción psicológica” para ampliar y
sostener el consenso y el fervor patriótico, así como señalaron
cuestionamientos cuando fue necesario.
En
efecto, si —desde la perspectiva de la DIPPBA y otros organismos de
inteligencia— la sociedad bonaerense consideraba imposible dar marcha atrás en
la afirmación soberana de las islas[15],
ese mismo belicismo y triunfalismo rigió el “Esquema para la Campaña de Acción
Psicológica sobre Malvinas” aprobado a fines de abril, es decir después de los
primeros informes de la DIPPBA y sondeos de opinión. Allí se incluía como
objetivo particular: “Infundir en la población y público interno militar
confianza en el triunfo final de la posición argentina, demostrando la
debilidad estratégica de la flota inglesa y exaltando el poderío de sus Fuerzas
Armadas.” Ese objetivo, que según la CAERCAS sintetizaba el “espíritu con el
que se trabajó en el área de AP sobre los públicos internos”, “nunca debió
incluirse puesto que es contrario a la finalidad misma de toda la operación: lograr
la solución mediante la negociación” (CAERCAS-Anexo, 1983:1814- Subrayado
en el original). Entonces, los responsables de la “acción psicológica” también
parecieron quedar entrampados en ese mismo clima belicista y triunfalista que
los servicios de inteligencia habían identificado en la opinión pública (¿o
fueron condicionados por esta?) y que la Junta Militar había alimentado desde
los inicios, con lo cual con sus acciones contribuyeron a profundizar la
inflexibilidad y la percepción de que no quedaba otro camino más que la guerra,
y en ese camino la victoria argentina era segura.[16]
La derrota
Tras
el cese del fuego el 14 de junio, los agentes de la DIPPBA trabajaron
frenéticamente para dar cuenta del impacto de la derrota en la población
bonaerense. Así como el desembarco los había tomado desprevenidos el 2 de
abril, también es evidente que se vieron sorprendidos por la noticia del cese
del fuego. Los pedidos constantes de información y las rectificaciones en las
circulares dan cuenta de una organización urgente y sobre la marcha.
Si
bien los agentes realizaron informes ni bien conocido el cese del fuego
siguiendo las circulares que se habían distribuido en la guerra (citadas en la
pág. 5), el primer pedido expreso de relevamiento del impacto de la derrota en
la población bonaerense data del 16 de junio (SJA 212, T.4, p.49). Allí se
indicaba que el objeto era auscultar “la diversidad de opiniones surgidas en
relación a los hechos” ocurridos en el Atlántico Sur, y se pedía “información
inmediata con evaluación de lo acontecido y probabilidades estimadas con
respecto a su evolución”, haciendo foco en las minorías extranjeras, las
“entidades intermedias” (sociedad de fomento, colegios profesionales, de
industria, etc.), los diarios, y todo otro dato de interés. Sin embargo, dos
días después las directivas eran modificadas y ampliadas debido a los
acontecimientos que se habían precipitado tras la derrota, como explicaba la
circular:
Las
distintas alternativas suscitadas en las últimas 48 hs. hacen necesaria una
nueva evaluación de la situación actual, enfocada desde la siguiente óptica:
Dos
han sido los hechos determinantes; en primera instancia la forma en que
finalizó el enfrentamiento bélico (…), y en segunda instancia la fractura a
nivel gobierno que finalizó con el relevamiento del Tte. Gral. Galtieri.
El
objeto del presente, se dirige a intentar hacer la reunión más precisa posible,
que permita determinar un cuadro de situación en el espectro provincial
(SJA 213, T.4, p.85).
Como
es evidente, la inquietud central del régimen consistía en el impacto de la
derrota y de la crisis del régimen en la sociedad, y la forma en que ello
podría condicionar o repercutir en la continuidad del “PRN”. De hecho, además
de hacer foco en la “comunidad en general”, la circular pedía centrarse en
aquellas entidades claves en el ámbito local: agrupaciones políticas,
sindicatos y corporaciones patronales.
Finalmente,
una directiva posterior solicitaba dejar de lado las circulares anteriores, y
unificar en un solo informe las diversas actitudes sociales frente a la derrota
y a la crisis institucional y su impacto a nivel económico en la vida cotidiana
de los habitantes (aumento de precios, abastecimiento, etc.) (SJA 214, T.4, p.
56, 64). Sin embargo, además de las entidades indicadas previamente, ahora otro
actor —“factor”— volvía convertirse en el centro de interés de los servicios de
inteligencia: el “subversivo”. En una coyuntura de profunda crisis del gobierno
de facto y de desprestigio de las FF.AA., el pedido de información
“especialmente” sobre ese factor (que había estado ausente en las directivas
anteriores, incluso durante la guerra) demuestra la cuestión que desvelaba al
régimen: que esa situación de debilidad militar fuese aprovechada por “los
subversivos” para concretar sus objetivos. Por último, unos días después una
nueva circular pedía el seguimiento de los “actos de homenaje y/o apoyo a ex
combatientes y familiares”, señalando que ahora también quienes habían luchado
en las islas y sus seres queridos así como aquellos que estaban dispuestos a
recibirlos y ayudarlos, ingresaban en la mira de la DIPPBA (cuestión que
analizaremos más adelante).[17]
El
informe del Director General sobre las “Actitudes de la población de la
Provincia de Buenos Aires derivada de los hechos iniciados el 2 de abril” a
solo 3 días de producido el cese del fuego daba cuenta que, desde su
perspectiva, la noticia de la rendición había caído como una verdadera bomba,
de forma inesperada, intempestiva y disruptiva, sobre la sociedad (17/06/2982,
T.4, pp.73-84). Si bien el informe está dividido por delegación, hay una serie
de elementos comunes en las descripciones del Jefe de la central de
inteligencia sobre las actitudes sociales frente a la derrota y los sentidos
que distintos actores construyeron sobre la noticia, que se pueden generalizar
a toda la provincia.
Desde
la perspectiva del Director, la derrota había impactado negativamente en “el
estado anímico” de la población bonaerense y había una “gran demanda de una
información más amplia y precisa sobre las características que determinaron el
resultado del conflicto”. De hecho, los términos que utilizaba para referir a
los comportamientos sociales eran bien elocuentes, y los podríamos dividir en
dos grupos. Por un lado, aquellos que hacían referencia a sentimientos que iban
desde el “desánimo”, “desaliento”, “desazón”, “tristeza”, “frustración”,
“depresión”, “pesadumbre” a la “irritación” e indignación”. Por otro lado, otra
serie de sustantivos daban cuenta de la imposibilidad social de dar sentido a
la noticia: “confusión”, “desconcierto”, “estupor”, “descrédito” e
“incertidumbre”.
El
primer elemento que el Director destacaba para explicar el estupor de la
población bonaerense frente a la noticia de la rendición era la “acción
psicológica”, más precisamente, las falencias en ella. Si bien advertía que no
se habían producido manifestaciones contrarias al régimen en la provincia (a
diferencia de Capital Federal, donde diversos actores se habían movilizado a la
Plaza de Mayo el 15 de junio), de todas formas el agente observaba “una
profunda necesidad de explicaciones por el giro adverso de los hechos bélicos”,
ya que la sociedad se había visto “sorprendida por la rendición de nuestras
tropas frente a las informaciones que dejaban entrever otro curso de acción, y
como factible el sostenimiento de las posiciones en las islas”. En algunas
localidades, la incertidumbre frente a los acontecimientos que se estaban
desarrollando en el archipiélago y lo escueto de los comunicados oficiales,
“hizo que vastos sectores se interiorizaran de lo que estaba sucediendo a
través de las radios uruguayas”, que al impartir información distinta y en parte
opuesta a la oficial condujo a profundizar el desconcierto. Asimismo, el
Director deslizaba un cuestionamiento al comunicado público del presidente
Galtieri del 15 de junio, que “no ayudó a disipar interrogantes claves en la
población”[18],
e indicaba vagamente que existían críticas a los últimos comunicados del EMC
por su falta de veracidad.
Nuevamente,
llama la atención lo temprano que la DIPPBA advirtió los errores e
irregularidades en la “acción psicológica” antes de la derrota y tras la misma.
Incluso, más de un año después y con una importante investigación detrás, la
CAERCAS llegaba a la misma conclusión. Por un lado, afirmaba que el EMC no
había adaptado las pautas al devenir del conflicto lo que “provocó la ejecución
de una AS desactualizada y negativa, especialmente durante la fase final del
conflicto” (CAERCAS-Informe, 1983:253). Por otro lado, indicaba que el vacío de
“acción psicológica” del régimen tras la derrota había sido llenado por “los
políticos con sus apetencias”, “el enemigo con la justificación en la lucha”,
“los medios de comunicación con 'el nos tenían engañados'.” Y finalizaba
afirmando: “En definitiva, y como resultado del conflicto, tuvimos un país más
golpeado, un gobierno decaído y una situación general más deteriorada./Insistimos,
un adecuado desarrollo de AP con posterioridad al 14 de junio no hubiese
cambiado la derrota, pero podría haber atemperado la frustración nacional”
(CAERCAS-Anexo, 1983:1822-1823).
Sin
embargo, más allá de este desconcierto general que avizoraba, el Director
identificaba algunas interpretaciones dadas a la derrota por parte de la
población bonaerense. Para explicarla, la “comunidad en general” hacía hincapié
en: la falta de efectividad en el accionar del Ejército (a diferencia de la
Aviación Naval y la Fuerza Aérea); la pésima evaluación de la cúpula castrense
sobre el “poderío militar” propio en comparación al del enemigo (especialmente
en lo logístico); la desigualdad en cuanto al “sofisticado armamento”, frente
al cual “muchos nada pudieron hacer”; el apoyo de Chile. Frente a esta
situación, los dirigentes sindicales más críticos cuestionaban si había sido el
momento oportuno para realizar la operación, responsabilizando por ello al
presidente de facto.
Entonces,
a diferencia del comunicado público del Gral. Galtieri que anclaba la derrota
en la efectividad del accionar británico y en el apoyo de EE.UU. (es decir, en
factores “externos”), según el Director, la sociedad bonaerense privilegiaba
los errores y dificultades propios para explicar la rendición argentina. Ello
conducía a un clima de “malestar”, “angustia” y “descreimiento” en las fuentes
oficiales. En definitiva, la sociedad bonaerense se hallaba a la expectativa
frente a las futuras medidas a tomar por el gobierno de facto y a la espera de
los soldados en las islas.
Desde
la perspectiva de la DIPPBA, entonces, las FF.AA. se encontraban en una
situación muy delicada en el final del “PRN” debido a que para los habitantes
bonaerenses se había tratado de una guerra perdida por las FF.AA. argentinas más
que ganada por las tropas británicas. Peor aún, según los informes de los
agentes de diversas delegaciones, muchos actores percibían la guerra como
imposible de ganar desde un inicio por la falta de experiencia bélica, por
“carencia de capacidad militar”, y por las erróneas lecturas diplomáticas en
las que se había basado el plan inicial de la Junta Militar: que Gran Bretaña
no respondería y que EE.UU. sería neutral o apoyaría a Argentina (San Justo,
19/06/1982, T.4, p.47). Y, por ende, en un momento en que no había
informaciones oficiales sobre la derrota (más que el escueto comunicado del
ex-presidente) y que una “campaña de rumores” se esparcía entre la población
(Tigre, 21/06/1982, T.5, p.28), esta comenzaba a cuestionar la preparación de
las FF.AA. argentinas para la guerra y a preguntarse cuáles habían sido los
verdaderos motivos de la Junta Militar para llevar a cabo el desembarco:
Que
es bastante coincidente la opinión de la población (comentarios en la vía
pública o lugares públicos) de la no continuidad de un gobierno militar, como
así también se consideran engañados porque el gobierno “sabía desde un
principio que no se podía ganar”, en directa referencia al enfrentamiento
armado, tejiéndose gran cantidad de conjeturas con respecto al real fin que
llevó a realizar los sucesos de mención
(Chascomús, 20/06/1982, T.5, p.18).
Aun
luego de asumido el estupor inicial tras la derrota, la imagen que se advierte
que sobrevuela todos los informes es la de una sociedad que rápidamente se
autopercibió como engañada por la Junta Militar y/o por el ex presidente de
facto, y por ello “la comunidad acepta y apoya la actitud de las Fuerzas
Armadas de no brindar apoyo político al Tte. Gral. Galtieri para que continúe
como máximo conductor de la República Argentina” (Quilmes, 19/06/2982, T.5,
p.4). Los informes describían, por ende, dos procesos que parecían ser dos
caras de la misma moneda: la concentración de la culpabilidad de la derrota en
el ex-presidente, el “PRN”, y/o las FF.AA. aparecía en contrapartida a la falta
de asunción de la propia responsabilidad de la sociedad por el consenso dado a
la guerra:
Que
se estima que se está generalizando en la opinión publica dos rumores sobre la
falta de previsiones y otros aspectos fundamentales a tener en cuenta al iniciarse
las acciones bélicas y que el pueblo ante la confianza dispensada a las
autoridades responsables, se vio frustrada y no deja de lamentar todo lo
acaecido que estaba en manos de expertos en la materia; se lamenta que los
jóvenes soldados que han perdido su vida en esta acción bélica, como así otros
que resultaron víctimas de las depredaciones de la guerra
(San Martín, 20/06/1982, T.5, p.24).
En
esta coyuntura, los agentes enumeraban cuestionamientos específicos que
diversos actores de todo el arco político le realizaban a las FF.AA. Según el
agente de Tigre, si la izquierda le cuestionaba a la Junta Militar no haber
solicitado la ayuda de la URSS o de otros países americanos por “las profundas
ataduras que los relaciona al imperialismo yanqui”, la “derecha peronista”
interpretaba el cese del fuego como “una traición a la Patria y un total engaño
al pueblo de la nación”, cuestionando incluso la decisión de rendirse
(16/06/1982, T.3, p.65).
Desde
la perspectiva de los agentes, si bien las declaraciones públicas de los
dirigentes políticos estaban caracterizadas por la prudencia y la cautela en
estos primeros días tras la derrota, para todos los actores de la escena
política quedaba en claro que el “PRN” estaba agotado, aunque disentían en la
modalidad y tiempos de la transición política. Si para algunos pocos
(“juventudes políticas”, “izquierda” y especialmente “organizaciones
político-militares”) la urgencia de la hora era “buscar la caída del gobierno”,
ya que se lo consideraba “inoperante” en el ámbito externo e interno (Tigre,
16/06/1982, T.3, p.65), y por ende podrían “entorpecer el proceso de
democratización”, para la gran mayoría era necesario encontrar alguna fórmula
entre civiles y militares para integrar un gobierno de transición hasta que se
concretaran las elecciones, que debían ser lo antes posible. En tal sentido, el
agente de Quilmes caracterizaba de la siguiente forma el rol de los dirigentes
políticos tradicionales para la institucionalización democrática:
…
los dirigentes políticos de los partidos tradicionales buscarán la mejor manera
que les sea posible para canalizar la situación en provecho propio de sus
intereses partidarios, tratando que el gobierno no se vea desbordado y pueda
cumplir con su itinerario hacia un pleno estado de derecho tal cual lo ha
prometido, pero al mismo tiempo hará notar su peso gravitacional para que las
autoridades no se aparten de ese itinerario e incluso lo aceleren dentro de las
pautas ya fijadas (Quilmes, 15/06/1982, T.6, p.63).
Los
espías advertían que una de las preocupaciones centrales que atravesaba a la
sociedad bonaerense era que se perdiera la Nueva Argentina que había comenzado
a avizorarse tras el 2 de abril: “Casi en toda la población se puede apreciar
un cierto temor o resquemor por lo que
pueda ocurrir en el futuro, ya que piensan que todo lo que se dijo respecto a
la unidad nacional, a los cambios políticos sociales y económicos pueden caer
en el olvido, así como la pérdida de la tranquilidad anterior que se había
logrado…” (San Nicolás, 16/06/1982, T.3, p.69).
En
tal sentido, si bien solo se habían producido movilizaciones por la derrota en
Capital Federal, los agentes no descartaban que se extendieran a otras
localidades, y, además, evaluaban que tanto los gremios retomarían el plan de
lucha que habían suspendido por la guerra y que buscarían un cambio urgente de
la política económica, como —más grave aún— la “derecha peronista” y las
organizaciones político-militares tomarían cartas en el asunto Malvinas por
cuenta propia. Así, desde la mirada de la DIPPBA, la izquierda más radicalizada
compartía con su enemigo la percepción de que la lucha debía continuar y que si
“los militares no supieron hacer uso de las fuerzas a su cargo, entonces queda
en manos del pueblo el uso de las mismas” (Tigre, 16/06/1982, T.3, p.65). Por
ende, evaluaban que una de las acciones que proyectaban realizar eran ataques
paramilitares contra objetivos ingleses y norteamericanos, a los que las
“organizaciones político-militares” (OPM) le sumarían ataques contra la cúpula
del Ejército responsable de la derrota:
…
descontándose una notoria activación de las OPM en ese sentido (con el objeto
de entorpecer el proceso de democratización), las cuales tratarán de
capitalizar el descontento popular y volcarán sus esfuerzos en la captación de
medios humanos, considerándose que tratarán de lograr acercamientos con
familiares de muertos en combates, y que de darse las condiciones propicias
tratarán de conformar algún tipo de BDT (Banda de Delincuentes Terroristas) y
que en esas circunstancias intentarían de iniciar sus acciones contra entidades
o personalidades inglesas como así militares de Ejército de alta graduación…
(Quilmes, 15/06/1982, T.6, p.63).
Así
como un viejo conocido, el “factor subversivo”, volvía a aparecer en el centro
de la mira de los informes de inteligencia, nuevos actores empezaban a ser
objeto de persecución y preocupación por parte de la DIPPBA: los familiares de
quienes habían luchado en el conflicto (y también más adelante, los propios
ex-combatientes). En tal sentido, si bien todos los agentes recalcaban el
alivio de ellos por el término del conflicto y su preocupación, incertidumbre y
angustia por el estado de las tropas, el agente de Quilmes iba más allá
afirmando que la indignación y dudas con respecto al sentido de la guerra y la
derrota los estaba afectando especialmente:
…
los familiares de los muertos en combate se recogen en su dolor y quieren creer
que sus familiares no han perdido su vida en vano, y deben hacer un gran
esfuerzo para creerlo así.
Los
familiares de quienes aún se encuentran en Malvinas solo ansían sus regresos y
muchos se encuentran indignados por el riesgo que les han hecho correr con un
resultado infructuoso (15/06/1982,
T.6, p.63).
Justamente
por ello, los agentes concebían a los allegados de los combatientes como
pasibles de ser cooptados por las “organizaciones subversivas”, que los usarían
para sus fines. Es decir, si bien los percibían como desprovistos de
politicidad en sí mismos, en esta coyuntura especial de indignación y dolor,
los familiares aparecían como un botín a conquistar por las distintas
organizaciones opositoras de la dictadura.[19]
Esta percepción aparece claramente en el informe de Junín:
También
es motivo de atención el regreso de los soldados a los cuarteles, pues cuando
se establezcan las ausencias de los que cayeron o el regreso de algunos con
mutilaciones, puede provocar reacciones que si bien son lógicas en los
familiares, no dejan de resultar negativas para la sociedad, no descartándose
que puedan ser aprovechadas por los intereses políticos
(19/06/1982, T.6, p.48).
Así,
según los agentes, los allegados de los combatientes tanto podrían integrarse a
las “Organizaciones Político-Militares” y las “Bandas de Delincuentes
Terroristas”, como incluirse en otras iniciativas civiles contrarias al régimen
con el objeto de desestabilizar al gobierno que les había arrebatado a sus
hijos/hermanos/esposos. Por ejemplo, en un informe especial de Quilmes sobre
una conferencia de prensa realizada por Monseñor Novak (uno de los pocos
obispos públicamente opositores a la dictadura), luego de realizar un análisis
sobre sus declaraciones sobre la guerra y el futuro del “PRN”, el agente
evaluaba:
…
el conflicto con Gran Bretaña y sus derivaciones indudablemente constituirán
nuevos elementos para utilizar en sus campañas de presiones contra las
autoridades gubernamentales. Sobre este aspecto no debe descartarse la
posibilidad de que llegue a formar a nivel diocesano alguna comisión con
familiares de soldados muertos, desaparecidos y/o mutilados para interpelar a las autoridades
esclarecer los pormenores del conflicto
(24/06/1982, T.3, p.126).
En
definitiva, los informes delineaban un panorama extremadamente difícil para la
dictadura, en el que los cuestionamientos al régimen eran moneda corriente,
tanto por los costos sociales y económicos de la guerra —e incluso, el sentido
de esta—, como por cuestiones previas al conflicto: su política económica, la postergada apertura política y, en forma
mucho menor, la cuestión de los desaparecidos. Peor aún, los agentes avizoraban
que esa situación no haría más que empeorar a medida que los combatientes
retornaran al continente:
Se
colige que el malestar, se va a acrecentar a medida que se conozcan los
alcances de la “capitulación” y las pérdidas materiales y humanas (muertos,
heridos y mutilados), así como la secuela psíquica que dejará en los
combatientes y familiares todo lo vivido y el sacrificio hecho sin poder
alcanzar los objetivos deseados y lo que quizás sea aún peor, el estado de
ánimo y de vergüenza ante el mundo en que se ha sumido la población en general,
no descartándose la posibilidad que el golpe de gracia provenga de forma
inmediata del lado chileno (Lanús,
16/06/1982, T.6, p.70).
Inmediatamente
tras la derrota en las islas, la DIPPBA advertía que el “PRN” enfrentaba
múltiples amenazas, todas ellas igual de peligrosas y urgentes: la demanda
pública de “verdad” sobre lo que había ocurrido en la guerra; el regreso de los
combatientes y sus testimonios de dolor y miseria; un probable rebrote
“subversivo” —de la mano de los familiares de los caídos en el conflicto—; y la
activación de los gremios, organizaciones estudiantiles y partidos políticos (a
lo que solo el agente de Lanús sumaba un posible ataque chileno).
Frente
a esta delicada situación, el agente de Quilmes evaluaba (aunque en realidad
era más una sugerencia) que la Junta Militar, por un lado, “adoptará firmes
actitudes que por su rigor no permitan desbordes”, y por otro lado,
“intensificará una campaña de acción psicológica que deje bien en claro lo
sucedido tanto a lo que hace a las últimas alternativas del conflicto como a
los objetivos que se persiguieron y los obstáculos que los tornaron imposibles,
remarcando (…) este último aspecto y haciendo hincapié que solo hemos perdido
una batalla” (15/05/1982, T.6, p.63). Para transitar lo que se percibía como la
última etapa del “PRN”, además de continuar con su doble política
represiva/proactiva, el gobierno de facto también debía emprender el camino a
la institucionalización democrática: “… de fijar el Gobierno como objetivo la
democratización y participación del diálogo de los dirigentes políticos,
facilitará la contribución del pueblo a mantener la fe y la confianza en la
cosa pública” (Mercedes, 18/06/1982, T.4, p.54).
Asimismo,
los informes daban cuenta que una de la preocupaciones centrales del gobierno
de facto era la recepción de los combatientes, ya que si sus voces comenzaban a
difundirse podrían incrementar el desprestigio castrense. Entonces, en paralelo
a la campaña de “acción psicológica” para dejar en claro el sentido de la
guerra y la derrota, era evidente que las FF.AA. también deberían tomar algún tipo
de medida frente a los combatientes, sus allegados y los familiares de los
caídos para controlar de alguna forma sus testimonios, o disminuir el impacto
de estos, y evitar la radicalización de sus demandas. En tal sentido, si bien
los agentes no realizaban sugerencias explicitas al respecto, una serie de
medidas aparecían como el correlato lógico de las amenazas identificadas por la
DIPPBA en el futuro inmediato del “PRN”: el silenciamiento de quienes habían
combatido en el conflicto; el seguimiento de sus actividades y de las
recepciones civiles a los mismos; el despliegue de políticas oficiales para
reconocer a los caídos y sobrevivientes (y darles un sentido a su sacrificio),
y el desenvolvimiento de iniciativas para controlar a los combatientes y sus
allegados (y evitar así que fueran cooptados por las “organizaciones
subversivas”).[20]
Reflexiones
finales
En
términos generales, este estudio nos permite comprender la perspectiva sobre la
relación de la sociedad y la guerra de Malvinas desde las entrañas mismas del
régimen, desde uno de los servicios de inteligencia que fueron claves en la
“comunidad informativa”. A lo largo del artículo analizamos la mirada de la
DIPPBA sobre las actitudes sociales de los bonaerenses frente al conflicto del
Atlántico Sur, haciendo hincapié tanto en los objetivos a relevar en la
coyuntura particular abierta por el desembarco, durante el conflicto y tras la
derrota, como en sus interpretaciones sobre los comportamientos sociales en
esos contextos.
Así,
el análisis de las circulares demuestra la preocupación de la dictadura por
relevar cómo impactaron esos acontecimientos en la política interna y, por
ende, cómo condicionaban la continuidad del régimen, y qué panorama se abría
para el futuro ya fuese de negociaciones, de guerra, como tras el impacto del
cese del fuego. Como indicamos, si los actores que se habían opuesto a la
dictadura intentaban separar el conflicto de soberanía del gobierno de facto
para explicar su apoyo, en el caso del régimen no cabían dudas al respecto: la
toma de las islas era la última carta que se jugaba el “PRN” para recobrar la
legitimidad perdida en el plano interno.
Además,
si tras el desembarco y durante la guerra las directivas se centraban en los
“factores” educacional, gremial, social y económico, tras la derrota otra vez
el “factor subversivo” pasó al centro de la escena, demostrando la preocupación
del régimen porque ese momento de particular debilidad fuese aprovechado por
los enemigos de siempre. Asimismo, los agentes vincularon a los familiares de
los combatientes primero, y luego a los sobrevivientes del conflicto, a la
“subversión”, temiendo que su angustia y dolor fuesen aprovechados
políticamente. Es decir, no eran considerados “subversivos” per se, pero sí pasibles de convertirse
en tales, y por ende el régimen debía evitar esa situación, controlarlos y
darles un sentido a su sacrificio. Como ha demostrado Lorenz (2012), esa
batalla fue perdida por la dictadura, por lo menos en cuanto a los ex soldados,
ya que sus primeras agrupaciones se vincularon a las juventudes políticas de
izquierda y a las organizaciones revolucionarias, y por ende pasaron a integrar
la categoría de subversión de la DIPPBA, y fueron sistemáticamente perseguidas.
En
sus informes sobre el impacto del conflicto en la opinión pública interna, los
agentes otorgaron un rol nodal a la “acción psicológica” para explicar e
interpretar los comportamientos sociales de los habitantes de la provincia de
Buenos Aires, y por ende evaluaron la misma y propusieron modificaciones cuando
lo consideraron necesario, sobre todo en aquellos momentos en los que la guerra
pareció acercarse a pasos agigantados o se volvió una realidad. En tal sentido,
el valor de los informes sobre la opinión pública de la DIPPBA es que fueron
una de las formas —aparte de los sondeos de opinión y de las encuestas—
mediante las que el régimen recabó información para luego diseñar las políticas
de “acción psicológica” y de comunicación social.
Desde
un comienzo, los agentes de la DIPPBA interpretaron que el respaldo al
desembarco, y luego a la guerra, había sido masivo, identificando un belicismo
y triunfalismo en la mayoría de los bonaerenses. Desde su perspectiva, ello se
debía a una “acción psicológica” intensa y profusa, que sin embargo no dudaron
en cuestionar desde el inicio del conflicto por sus irregularidades,
ineficiencias y su falta de control (cuestiones que serían corroboradas por la
CAERCAS más de un año y medio después). No obstante, consideraron que ese
respaldo no significaba otorgar un cheque en blanco a la dictadura por parte de
los distintos actores sociales y políticos, sino que se trataba solo de un impasse pero no de un olvido de los
reclamos (que a lo sumo se moderarían pero no silenciarían cuando el conflicto
se resolviera).
Esas
dos cuestiones identificadas por la DIPPBA durante la guerra —el masivo apoyo
pero a la vez la inflexibilidad de los bonaerenses, y la mera tregua de los
actores—, le demostraban a la Junta Militar los límites y contradicciones del
plan inicial del desembarco, y cómo ello condicionaba su propio accionar. En
otras palabras, de los informes de la central de inteligencia se desprende que
la estrategia de la dictadura militar de desembarcar en las islas para
recuperar la legitimidad se había vuelto contra la misma, como un boomerang, ya que condicionaba al
régimen a no poder revertir la decisión o como mínimo respetar su plan original
de “ocupar para negociar”. El desmedido éxito de su estrategia dada la
amplísima repercusión social —que consideraba que no había marcha atrás en la
recuperación de las islas— sin una “acción psicológica” adecuada y coherente al
plan original del desembarco, estrechó los márgenes de acción de la Junta
Militar que se encontró entre la espada y la pared: o lograr una negociación
diplomática excesivamente favorable para Argentina o ganar en los campos de
batallas contra la segunda potencia de la OTAN; ambas muy improbables.
También
las deficiencias en la “acción psicológica” fue el factor identificado por los
agentes de la DIPPBA para explicar el impacto de la derrota en la opinión
pública interna. Si los bonaerenses habían vivido la derrota con angustia,
tristeza, dolor y sobre todo con estupor, ello se había debido —según la
central— al contraste con las noticias que difundían los medios de comunicación
que hasta el último momento aseguraban el triunfo argentino. Con un mirada
profundamente crítica, los agentes afirmaban que ese desconcierto y frustración
social se había profundizado tras el cese del fuego, debido a la ausencia de la
palabra oficial que explicara claramente el sentido de la guerra, las causas de
la derrota y la situación de las tropas en las islas —como no fuera, el escueto
e inapropiado comunicado de Galtieri.
Los
informes de inteligencia describían un panorama extremadamente delicado para
las FF.AA.: una sociedad que demandaba la verdad de la guerra, que cuestionaba
la preparación de las FF.AA. en el campo mismo de su expertise, al mismo tiempo que comenzaba a dudar sobre los
verdaderos motivos detrás del desembarco en las islas; actores sociales y
políticos diversos reagrupándose y demandando una urgente transición
democrática, cambios en la política económica y, en menor medida, por los
desaparecidos; el “fantasma subversivo” que volvía a aparecer de la mano de la
derrota, esta vez con la posibilidad de sumar a familiares de combatientes y a
los sobrevivientes del conflicto a sus filas.
En
una coyuntura en la que los acontecimientos se sucedían y se agolpaban con una
rapidez inusitada por la tremenda crisis que la derrota había desatado dentro
del gobierno de facto y de las FF.AA., la sensación abrumadora en todos los
informes es la incertidumbre, que los agentes buscaban atenuar tratando de
explicar e interpretar las actitudes sociales en el contexto actual,
identificando problemas y evaluando situaciones a futuro. Pero no solo eso, lo
interesante es que ellos avanzaban más allá, proponiendo soluciones, es decir,
sugiriendo políticas que podría desplegar la Junta Militar de cara a revertir
la crisis de legitimidad o, por lo menos, llegar lo mejor parada posible a las
elecciones. En tal sentido, al igual que durante todo el régimen militar, la
DIPPBA sugería hacer frente a esta situación de extrema debilidad mediante una
estrategia de doble cara: la faz represiva —el control de los “desbordes”— y
productiva, la realización de una intensa campaña de “acción psicológica” para
dejar en claro el sentido de la guerra y la derrota, así como dar pasos
concreto para emprender el camino hacia la institucionalización democrática.
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Fuentes de la
DIPPBA utilizadas
Ubicación
en el Archivo: Legajo 18017, Carpeta 474 dentro de la Mesa “Referencias”.
Circulares:
Circular
SAA 150/01: 05/04/1982 (Tomo 7, p. 29)
Circular
PSA 01-1: 10/04/1982 (Tomo 7, p. 39)
Circular
SAA 150/2: 12/04/1982 (Tomo 7, p. 14)
Circular
SAA 150/3: 27/04/1982 (Tomo 7, p. 12)
Circular
SJA 212: 16/06/1982 (Tomo 4, p.49)
Circular
SJA 213: 18/06/1982 (Tomo 4, p. 85)
Circular
SJA 214: (Tomo 4, pp. 64-65)
Circular
SJA 214/1: 28/06/1982 (Tomo 4, p. 66)
Informes del Director General de
Inteligencia destinado a la Secretario de Inteligencia de la Provincia de
Buenos Aires:
10/04/1982
(Tomo 7, pp. 15-20); 17/06/1982 (Tomo 4, pp. 73- 84)
Informes de la primera semana de
abril clasificados por delegación:
Azul:
06/04/1982 (Tomo 7, p. 40)
Bahía
Blanca: 05/04/1982 (Tomo 7, p. 24)
Junín:
05/04/1982 (Tomo 7, p.23)
Pehuajó:
06/04/1982 (Tomo 7, p. 41)
San
Martin: 05/04/1982 (Tomo 7, p. 25)
Quilmes:
06/04/1982 (Tomo 1, p. 46)
Informes de mediados de abril
clasificados por delegación:
Bahía
Blanca: 19/04/1982 (Tomo 2, p. 52-53)
Chascomús:
19/04/1982 (Tomo 1, p. 20-21)
Junín:
17/04/1982 (Tomo 2, pp. 24-25); 20/04/1982 (Tomo 2, pp. 64-65)
Lanús:
19/04/1982 (Tomo 2, pp. 59-60)
Mar
del Plata: 30/04/1982 (Tomo 2, pp. 69-70)
Morón:
19/04/1982 (Tomo 2, pp. 49-51)
Quilmes:
19/04/1982 (Tomo 2, p. 54-56)
San
Martin: 19/04/1982 (Tomo 2, pp. 57-58)
Tigre:
16/04/1982 (Tomo 1, pp. 115-119)
Informes de mayo clasificados por
delegación:
Azul:
25/05/1982 (Tomo 3, pp. 2-3)
Bahía
Blanca: 02/05/1982 (Tomo 1, pp. 65-66)
Mar
del Plata: 17/05/1982 (Tomo 3, pp. 5-6)
San
Justo: 17/05/1982 (Tomo 3, pp. 28-30)
Informes de junio tras la derrota,
clasificados por delegación:
Azul:
15/06/1982 (Tomo 6, pp. 61-62); 21/06/1982 (Tomo 4, pp. 42-43)
Bahía
Blanca: 16 y 15/06/1982 (Tomo 6, pp. 72-74); 18/06/1982 (Tomo 6, pp. 43-45);
21/06/1982 (Tomo 5, p. 15); 22/06/1982 (Tomo 4, pp. 25-27)
Chascomús:
16/06/1982 (Tomo 6, pp. 84-85); 20/06/1982 (Tomo 5, pp. 17-18)
Junín:
16/06/1982 (Tomo 6, p.66); 19/06/1982 (Tomo 6, pp. 47-48); 21/06/1982 (Tomo 4,
pp. 68-69; Tomo 5, p. 16); 22/06/1982 (Tomo 6, pp. 40-42).
La
Matanza: 16/06/1982 (Tomo 6 p. 75); 21/06/1982 (Tomo 5, pp. 13-14)
La
Plata: 15/06/1982 (Tomo 6, pp. 80-82); 21/06/1982 (Tomo 5, pp. 11-12)
Lanús:
16/06/1982 (Tomo 6, pp. 67-70)
Mar
del Plata: 20/06/1982 (Tomo 4, pp. 44-45); 21/06/1982 (Tomo 4, pp. 70-72)
Mercedes:
15/06/1982 (Tomo 6, pp. 77-79); 18/06/1982 (Tomo 4, pp. 52-54); 19/06/1982
(Tomo 5, pp. 8-10)
Morón:
15/06/1982 (Tomo 6, p. 64-65); 19-06-1982 (Tomo 4, pp. 2- 3; pp. 86-89)
Pehuajó:
16/06/1982 (Tomo 6, p. 71); 21/06/1982 (Tomo 4, p. 67); 22/06/1982 (Tomo 4, p.
41 y Tomo 6, p. 46)
Quilmes:
15/06/1982 (Tomo 6, p. 63); 18/06/1982 (Tomo 4, pp. 50-51); 19/06/1982 (Tomo 5,
pp. 2-7); 24/06/1982 (Tomo 4, pp. 18-22). Informe especial sobre conferencia
del Obispo Novak: 24/06/1982 (Tomo 3, pp. 125-126)
San
Justo: 19/06/1982 (Tomo 4, pp. 46-47); 20/06/1982 (Tomo 5, p. 19-21)
San
Martín: 20/06/1982 (Tomo 5, pp. 22-24); sin fecha (Tomo 6, p. 86).
San
Nicolás: 16/06/1982 (Tomo 3, pp. 68-70); 19/06/1982 (Tomo 5, pp. 25-26; pp.
30-32)
Tigre:
16/06/1982 (Tomo 3, pp. 64-67); 21/06/1982 (Tomo 5, pp. 27-29)
Recibido:
7 de Diciembre de 2021
Aceptado:
17 de Enero de 2022
Versión Final: 10 de Febrero de 2022
