¿Quiénes construyen obra pública?: trayectorias empresarias en la provincia de Mendoza, durante los gobiernos conservadores (1932-1943)^[1]

Who builds public works?: business trajectories in the province of Mendoza, during the conservative governments (1932-1943)

Con base en estudios previos que analizan la implementación de una política de obra pública en la provincia de Mendoza durante el ciclo político iniciado en la década de 1930, en este artículo identificamos un corpus de empresas y empresarios de la construcción que, inauguradas en períodos previos, encontraron en los recursos emanados de esa política una estrategia para ampliar su capital inicial, trascender el plano local y sostenerse a través del tiempo. A su vez, presentamos una caracterización de esas empresas, la mayoría de base familiar y origen inmigratorio, que arroja conclusiones sobre el modelo de conformación societaria y el origen de las firmas. Buscamos entender en qué medida el impulso a la obra pública incentivó a las firmas locales, favoreció la radicación de empresas de capital nacional, y por último, caracterizar la tipología de obras adjudicadas. El trabajo se apoya en protocolos notariales y labores de gobierno, en artículos de prensa y entrevistas a informantes calificados, como principales fuentes.

Palabras clave: obra pública; empresas familiares; Mendoza; gobierno conservador

Based on previous studies that analyze the implementation of a public works policy in Mendoza province during the conservative cycle, in this article we identify a corpus of construction companies and entrepreneurs that, inaugurated in previous periods, found in the resources emanating from that policy a strategy to expand its initial capital, transcend the local level and sustain itself over time. At the same time, we present a characterization of these companies, most of them family-based and of immigrant origin, which yields conclusions about the corporate structure model and the origin of the firms. We seek to understand to what extent the context of promoting public works favored the establishment of companies with national capital, or encouraged local firms, and finally, to characterize the type of works awarded. The work is based on notarial protocols and government work, on press articles and interviews with qualified informants, as main sources.

La década que transcurrió entre 1932 y 1943 significó un inédito influjo de recursos técnicos y económicos para dinamizar la obra pública en la provincia Mendoza, en correlación con las políticas nacionales diseñadas para revertir los efectos de la crisis de 1929, generar empleo y modernizar la infraestructura de una provincia cuya población crecía progresivamente. Obras viales, edificios gubernamentales, plazas, edificios escolares y sanitarios, y hoteles son algunos de los proyectos que se concretaron por esos años a partir del financiamiento público y otorgaron un matiz diferencial al paisaje local, tal como desarrolla reciente historiografía (Raffa, 2020a); la cual, a su vez destaca la correlación entre política y técnica para la constitución de equipos técnicos que se desempeñaron en dependencias especializadas, como la Dirección Provincial de Arquitectura. Esa particularidad estuvo dada por un capital cultural común a ambos campos que permitió, por ejemplo, que proyectos de gran escala o complejidad se desarrollaran a partir de iniciativas técnicas con total adhesión política. Así, se logró un ciclo de homogeneidad en los lineamientos vinculados a la obra pública, más allá de quién gobernara la provincia.

En virtud de esos aportes surgen interrogantes acerca de si la ejecución de esa obra pública estimuló un brote de empresas y empresarios de base local para la construcción, una industria donde la posibilidad de entrada de nuevas firmas puede ser relativamente sencilla (Vitelli, 1976); y a su vez, conocer, cuál era su conformación societaria y el grado de vinculación con la dirigencia provincial, tradicionalmente emparentada con el sector privado. A su vez, ponderar si los recursos públicos potenciaron la injerencia de empresas privadas de capital nacional y regional, o bien, si propiciaron la participación de empresas locales, y en este caso, si eran firmas con amplia experiencia en el sector, o bien, empresas nuevas. Finalmente, entender si la ejecución de obras públicas sirvió como trampolín para luego insertarse en el mercado de la construcción privada, o si por el contrario, fueron los lazos del sector privado los que alentaron la participación en lo público. En este sentido, surgen interrogantes sobre las relaciones entre el poder político y el empresariado local vinculado a la obra pública; así como también, la conformación de un empresariado, de base inmigrante y asociación familiar, que comienza a consolidarse al margen de la tradicional burguesía vitivinícola, principal actividad agroindustrial de la provincia.

La reconstrucción apunta a enriquecer la discusión entre Estado y empresas desde una perspectiva regional/local (Balán & López, 1977; Bandieri, Blanco & Blanco, 2008; Bandieri & Fernández, 2017). Sobre este vínculo, la historiografía local ha realizado reconocidos aportes en torno a la vitivinicultura (Mateu & Gascón, 1990; Martín, 1992; Richard-Jorba & Bragoni, 1997; Barrio, 2010; Mateu, 2013) y la conformación de empresas públicas (Olguín, 2015) pero no así sobre otros actores que despuntaron hacia fines de la década de 1930 en el marco de las oportunidades y desafíos que significó el contexto de sustitución de importaciones para las economías regionales (Belini, 2017; Belini & Rodríguez, 2021). En particular, en relación con la industria de la construcción cobra interés el desempeño de empresas familiares (Barbero & Lluch, 2015), que habría encontrado en la ejecución de licitaciones públicas un potente campo de acción para fortalecer inversiones iniciales, pero ese derrotero no fue excluyente e incluso llegó a trascender el ciclo político aquí analizado. Para el caso argentino, se sabe que la modernización capitalista tuvo un importante sustento familiar, con el predominio de empresas fundadas por extranjeros, en su mayoría entre fines del siglo XIX y comienzos del XX (Barbero & Lluch, 2015). A su vez, se ha detectado el parentesco como núcleo constitutivo de emprendimientos ligados al comercio, la producción y la industria (Barbero & Lluch, 2015) y al caso específico de la construcción (Pegoraro, 2021, 2018; Vitelli, 1976). Para este sector, se han estudiado las experiencias de firmas familiares, de origen inmigratorio, en la construcción privada propiciada por un “mercado del ocio” a partir de la década de 1930, así como su incidencia en la formación de entidades sectoriales de base local (Pegoraro, 2015, pp. 241-263). Para períodos previos, otras experiencias provinciales demuestran los lazos entre poder político y económico como determinante para el acceso a licitaciones, así como la atomización de la oferta constructiva (Lanciotti, 2009).

En forma complementaria, el trabajo está fuertemente enlazado con la historia regional (Bandieri, 1996; Fernández, 2007: 31-46; Fernández & Dalla Corte, 2005: 9-24; Richard-Jorba & Bonaudo, 2016). Esta perspectiva historiográfica se basa en la recuperación de experiencias singulares respecto de los espacios centrales y en el establecimiento de nuevos parámetros de legitimidad para las historia locales, claramente identificadas con un tiempo y un espacio, puesto que el cambio de escala permite ver aspectos diferentes y, en estudios de casos, hacer preguntas generales pero con respuestas locales (Raffa, 2020b). Al ajustar el ángulo de observación aparecen particularidades que posibilitan entender el impacto de la obra pública (en adelante, OP) en la conformación y consolidación de un empresariado local/regional; es decir, emprendimientos quizá con poco o relativo peso político/económico a escala nacional pero con marcada influencia en sus ámbitos de acción. De modo que la particularidad del caso local estaría dada por la estrecha vinculación de la OP como dinamizador y/o consolidación de un puñado de empresas familiares, con diverso grado de experiencia en el sector, algunas de las cuales pervivieron hasta avanzado el siglo XX y comenzaron a operar a escalas nacional e internacional.

Para aportar un panorama indiciario sobre el derrotero de firmas del sector en Mendoza y su relacionamiento con la dirigencia política, nos basamos en la compulsa de prensa local, guías de comercio, protocolos notariales y registros oficiales. En estos últimos detectamos un corpus de casi un centenar de licitaciones, realizadas entre 1934 y 1943, a partir del cual realizamos una selección de las principales y más recurrentes oferentes puesto que eran firmas que debían cumplir con una serie de condiciones técnicas que definían su capacidad de contratación. Una limitante es que aún no hemos accedido a los archivos privados de las firmas (varias de ellas ya no se encuentran en funcionamiento y la documentación no ha sido conservada por los familiares), otra, que no hemos detectado publicaciones sectoriales locales para el período analizado.^[2] Asociaciones como la Cámara Argentina de la Construcción que tenía como órgano difusor la revista Construcciones (1939), establecieron su delegación en Mendoza, luego del cierre de nuestro período de estudio, en 1948.^[3] Del mismo modo, no contamos con datos estadísticos respecto de la ejecución de OP en la provincia, los mismos empiezan a producirse en forma sistemática desde la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, avanzada la década de 1950. Hasta entonces, los anuarios estadísticos

Sin embargo el rastreo de las obras licitadas a través de publicaciones oficiales (boletines, labores de gobierno, etc.), los protocolos de constitución de sociedades, así como entrevistas a descendientes de los socios fundadores, permiten un acercamiento al desempeño de esas empresas, su grado de tecnificación y/o profesionalización. Las publicidades son fuente complementaria de la investigación, ya que permiten entender la gravitación de las empresas a escala local, regional o nacional. A partir de la reconstrucción propuesta, presentamos, finalmente, una clasificación de esas firmas que permite disponer de un primer panorama local sobre el comportamiento del sector en esos años.

En este texto centramos la atención en el empresariado asociado a la construcción de obra pública durante el ciclo conservador de 1932 y 1943.^[4] El recorte temporal responde a la conocida política de impulso a las obras públicas que caracterizó a este período. Buscamos determinar, si el “mercado de la construcción” se amplió a partir de redes de relaciones entre políticos y empresarios, puesto que, dentro del perfil de los conservadores gobernantes, los vínculos personales fueron fundamentales a la hora de avanzar en diversas administraciones y nombramientos;^[5] o si bien, la creciente ejecución de OP alentó el crecimiento y desarrollo del empresariado local vinculado a la construcción que ya tenía participación en la obra privada.

La información disponible arroja elementos para volcarnos sobre esta segunda alternativa. En primer lugar, sólo entre 1935 y 1939, el número de empresas constructoras creció de 34 a 53 (Dirección General de Estadística, 1942: 216), sumándose así al contexto favorable de salida de la crisis. Estos datos aportan indicios sobre el dinamismo del sector, ante la ausencia de fuentes estadísticas para el período analizado.

Por su parte, estudios previos han indicado cómo durante las gestiones conservadoras el Estado, con la asistencia de su aparato técnico, impulsó la extensión de infraestructuras y la construcción de nuevo equipamiento en distintos puntos del país (Ballent, 2019; Ballent & Gorelik, 2001; Müller, 2011; Parera, 2012; Raffa, 2020a). Uno de los principales programas de reactivación luego de la crisis de 1929 fue la ejecución de OP, dirigida a la disminución del desempleo, al estímulo de las industrias conexas (del vidrio, el hormigón y metalífera, entre otras), al acrecentamiento del consumo interno, al fomento del comercio y a suministro de carga para los medios de transporte (Jáuregui, 2008 y 2012: 79-106; Korol, 2001: 17-47). Esa política quedó explicitada en el denominado Plan Pinedo (1940), aunque gravitó durante todo el ciclo como una opción alternativa (que finalmente resultó permanente) al sistema agro-exportador, pero que fue fundamental en la construcción material de Argentina en los años ´30 (Raffa, 2020a).

La inversión nacional en OP se solventó, entre otras herramientas financieras, con la emisión de títulos de deuda pública a amortizar a largo plazo. Para 1937, se invirtieron alrededor de 180 millones, mientras que para 1938, el presupuesto establecía un endeudamiento para ejecución de OP nacional de 150 millones. Una cifra creciente si consideramos que en 1932 se destinaron alrededor de 49 millones; en 1933, 73.3 millones; en 1934, 110 millones y en 1935 y 1936, 113.5 millones y 128.2 millones respectivamente (LA, 03/01/1938: s/p; Raffa, 2020a).

En Mendoza, también fue corriente la emisión de deuda pública interna para la ejecución de distintas obras arquitectónicas y de infraestructura, que crecieron en volumen así como en complejidad técnica. Hospitales, centros de salud, asilos y colonias, viviendas y edificios escolares, junto a la ampliación del servicio de agua potable y cloacas; el tendido eléctrico, la construcción de diques y la consolidación de la red caminera, fueron parte de los programas que se llevaron adelante como respuesta a los crecientes movimientos migratorios internos que generaron mayor poblamiento no solo en las áreas urbanas sino también en sus periferias (Raffa, 2020a). En efecto, Mendoza había crecido sostenidamente desde fines del siglo XIX. En los inicios de los ´30 sus habitantes eran más de cuatrocientos mil, para ser quinientos mil al finalizar esa década (Caroglio, 2009). Gran parte de la población asentada en zonas rurales formó parte de las migraciones impulsadas, entre otros factores, por la crisis del principal motor de la economía provincial: la industria vitivinícola. El deterioro de los salarios reales y el aumento del desempleo a nivel nacional, combinados con la crisis local llevaron a una caída del precio del vino y la uva, y perjudicaron significativamente la economía provincial (Barrio, 2020; Cerdá, 2011).

En ese contexto, la multiplicación de equipamiento e infraestructura públicos también se proyectó a escala local como estrategia para frenar el proceso migratorio interno: la OP fue un elemento de anclaje de la población a las zonas rurales y de equipamiento de zonas productivas en los Oasis Norte y Sur y en el Valle de Uco, mediante la ampliación de servicios.^[6] Es muy probable que en la ejecución de las obras llevadas a cabo en parajes remotos, las empresas constructoras adjudicatarias de las licitaciones hayan empleado mano de obra local. De hecho, los llamados a licitación se publicitaban en diarios de circulación provincial (Los Andes y La Libertad), y departamental (como La Verdad, del departamento de General Alvear), por ejemplo, si la obra a construirse iba a emplazarse en el Oasis Sur de la provincia (MEOPyR, 1941: 78; Raffa, 2018). Igualmente eran publicitadas en periódicos de tiraje nacional, como La Razón o La Nación, cuando la escala del proyecto implicaba la intervención de empresas de mayor envergadura y expertise técnica.^[7]

A través de las Direcciones de Arquitectura; Parques, Calles y Paseos; Desagües e Hidráulica y de Vialidad, dependientes todas del Ministerio de Industrias y Obras Públicas, las sucesivas gestiones planificaron y concretaron importantes obras.^[8] Una premisa que se mantuvo a lo largo de todo el período y en todas las propuestas de infraestructura y equipamiento fue la construcción con empleo casi exclusivo de materiales nacionales, a fin de colaborar en la moderación de los costos de ejecución de las obras, acentuar los efectos estimulantes sobre otras industrias internas y, con ello, fortalecer las políticas de sustitución de importaciones. Al respecto, en Mendoza resultó significativa la instalación de dos grandes cementeras, de capital cordobés, en el departamento de Las Heras en 1936: Minetti S.A. -por entonces, una de las 10 empresas familiares más importantes del país (Barbero & Lluch, 2015: 251)- y CORCEMAR, creada en 1931 por las familias Verzini y Garlot. Amparadas en las leyes n° 978/32 y 1065/33 que facilitaban su instalación, estas cementeras incidieron con su producción en la materialización de grandes obras de infraestructura (puentes y caminos) y equipamiento (hospitales, escuelas, vivienda, etc.).^[9] La posibilidad de contar con producción local economizó notablemente el costo del material, facilitó su utilización y transformó el panorama vinculado a la OP en la provincia (Raffa & Luis, 2020:157).

Si bien para el período que estudiamos las estadísticas sobre población y empleo en la provincia son parciales, los datos incluidos en los informes del Instituto Técnico de Investigaciones y Orientación Económica de la Producción señalan un retorno al crecimiento económico a partir de 1937 y hasta por lo menos el IV Censo General de la Nación de 1947. Es posible estimar, a partir de los montos que se destinaban a OP, que parte de ese crecimiento económico estuvo apoyado en la industria de la construcción (Raffa, 2020a:14).

Ahora bien, ese interés por la materialización del progreso se da en un contexto político de características particulares, en el cual un reducido grupo de agentes detentan a lo largo de una década sucesivos cargos públicos en una misma gestión política-partidaria, moviéndose entre Nación y provincia. Las duplas gobernantes, en Mendoza, estuvieron constituidas por: Ricardo Videla- Gilberto Suárez Lago (1932-1935), Guillermo Cano- Cruz Vera (1935-1938), Rodolfo Corominas Segura- Armando Guevara Civit (1938-1941) y Adolfo Vicchi- José María Gutiérrez (1941- 1943). Todos ellos formaron parte de un mismo grupo social, poseían condiciones de existencia homogéneas que engendraron prácticas semejantes: mayoritariamente tuvieron experiencia política previa a ocupar sus cargos ejecutivos.^[10] Todo el período presentó homogeneidad en lo que a sus lineamientos, planificación y ejecución se refiere (Raffa, 2018: 25-47). Entendemos, que del mismo modo que a escala nacional, la construcción de equipamiento e infraestructura comenzó a ser leída como una política de largo alcance en las filas partidarias provinciales (Raffa, 2016: 89-111).

Dentro de las segundas líneas, también, hemos destacado el movimiento de cargos entre un círculo más o menos estrecho de actores (Raffa & Rodríguez Vázquez, 2020, pp. 171-205). El MEOPyR, estuvo presidido durante todo el período por ingenieros. Ellos fueron Emilio López Frugoni (ingeniero civil) en la gestión de Videla (1932-1935); Frank Romero Day (agrónomo titulado en Montpellier, Francia), funcionario de Guillermo Cano (1935- 1938) y Adolfo Vicchi (1941-1943), y José María Alurralde (también ingeniero civil), quien se desempeñó en la cartera durante el mandato de Rodolfo Corominas Segura (1938-1941) (Raffa, 2016). Esta plantilla corrobora que empresarios/políticos como el agrónomo y ex asesor técnico del Ferrocarril BAP Ricardo Videla, el empresario vitivinícola Frank Romero Day y el abogado Guillermo Cano, retornaron a las filas estatales. Estos hombres tuvieron activa participación en la intervención federal entre 1929 y 1932, y desde ese espacio –en el que fortalecieron vínculos con la dirigencia nacional- diseñaron un programa de gobierno que presentó propuestas para resolver la crisis vitivinícola y expandir y/o fortalecer nuevos sectores agroindustriales e hidrocarburíferos, con niveles progresivos de implementación durante la década siguiente (Raffa & Rodriguez Vázquez, 2020). Pero también verificamos la participación de técnicos sin tradición política, tal el caso de López Frugoni dedicado a la construcción civil, y quien luego de salido del cargo provincial, volvió a la actividad privada, para ser más tarde designado director de la Dirección Nacional de Vialidad, entre 1940 y 1943 (Raffa & Rodríguez Vázquez, 2020; Raffa & Luis, 2020: 166).

A partir de esta caracterización general del ciclo y al conocer que los lazos parentales fueron, mayoritariamente, factores constitutivos de las firmas de la construcción, nos preguntamos: ¿la ejecución de obra pública estimuló un brote de empresas y empresarios, de base local, para la construcción? ¿Cuál era su conformación societaria? ¿Sopesaron las redes de sociabilidad para vincularse con la obra pública? La identificación de los agentes que participaron de esta dinámica es un punto de partida para responder a estos interrogantes.

El panorama vinculado a la construcción en Mendoza comenzó a organizarse a principios de siglo, pocos años después de la refundación de la ciudad capital a raíz del terremoto de 1861, a partir de la solicitud desde el Estado, de construir cada vez más OP y del gran auge de la industria vitivinícola. Por entonces es posible identificar los rasgos característicos de las empresas capitalistas argentinas: firmas con una base inmigrante y de origen familiar, es decir, “un negocio jurídicamente independiente donde la propiedad y gestión es controlada estratégicamente por una o varias familias a lo largo de por lo menos dos generaciones” (Fernández Pérez & Lluch, 2015: 19) Asimismo se presenta un panorama muy heterogéneo, compuesto por empresas de diverso tamaño y con diferentes capacidades técnicas. Debido a las comentadas limitaciones para acceder a la documentación interna de las firmas analizadas se dificulta realizar una clasificación por tamaño, o bien, por nivel de importancia. En razón de ello, y en función de la información disponible elaboramos una caracterización que responde a: a) el modelo de conformación societaria y el origen de la firma; b) el año de su formación, lo cual permite determinar en qué medida el contexto de impulso a la obra pública favoreció la radicación de empresas de capital nacional, o bien, incentivó a las firmas locales, con un amplio y posterior derrotero en el mercado provincial y luego, nacional o internacional, en varios de los casos. c) la tipología de obras adjudicadas. Es oportuno mencionar que esta reconstrucción se basa en información disponible en protocolos notariales y boletines oficiales.

Respecto de la actividad corporativa de estas firmas, en 1907 se conformó la que por muchos años iba ser Sociedad de Arquitectos y Constructores de Mendoza, formada mayoritariamente por constructores italianos, quienes por entonces constituían la mayor parte de la infraestructura técnica de la construcción en la provincia (Cirvini, 1993: 202-203). Hacia 1930, sucedió lo que parece una reorganización de esta institución, que agregó a su denominación las palabras: “y Anexos” (CACYA, 1936: 90), e incorporó entre sus filas a todas las personas dedicadas a la construcción, esto es: profesionales e industriales (Guía General de Mendoza, 1940, p. 561). En este renovado agrupamiento, además de constructores, figuraban ingenieros y arquitectos, que trabajaban aún sin que su actividad estuviera reglamentada.^[11] Entre los integrantes de la comisión directiva se distinguen los nombres de Miguel Rosso, David Crocco, Julio Coppo y Lucas Sarcinella, todos vinculados a la OP en los años posteriores, así como las entidades sectoriales posteriores.

La primera y segunda variables presentadas, nos llevan a revisar las características generales de las empresas analizadas. Encontramos dos patrones, aquellas que ya operaban en la industria de la construcción en el marco del favorable contexto económico de principios de siglo XX que impulsó la vitivinicultura, y las que surgieron durante lo que denominamos el “boom” de la OP (décadas de 1930 y 1940). En concreto, solo entre 1935 y 1943 se adjudicaron casi un centenar de obras de infraestructura y equipamiento a poco más de 30 firmas. Lo cual anticipa la alternancia de diversas empresas para abastecer las demandas crecientes del sector. Con esa información, elaboramos un ranking tentativo de las primeras diez firmas (tabla 1) que operaron en un acotado período, de acuerdo con el volumen de las obras adjudicadas, lo cual implicaba también mayor complejidad técnica de los proyectos encarados. Esta primera fotografía funciona como un recurso para identificar la multiplicidad y diversidad de agentes que traccionaron la obra pública en la provincia; algunos de los cuales ya operaban localmente, y otros, incursionaron en el sector a partir del creciente influjo estatal.

Las grandes obras de ingeniería, ejecutadas a partir de 1939,^[12] fueron asignadas a compañías de capital nacional, principalmente, por su probada experiencia y solvencia técnica en el rubro. Las obras desarrolladas por estas empresas en este período concentraron casi el 80% de la inversión estatal.

En el puesto 4 figura José Cartellone, firma local fundada en 1918, por un inmigrante de origen italiano que llegó a la provincia a fines del siglo XIX, y cuya primera gran obra pública fue el Hotel de Potrerillos, que comenzó a construirse en 1939. Al hotel le siguió el edificio para la Casa Municipal del departamento de San Martín. A partir de 1952 fue gerenciada por Gerardo, hijo de José. Constituida como sociedad anónima en 1960, la empresa otrora familiar, ejecutó en los años siguientes proyectos de infraestructura, arquitectura, generación y transmisión de energía, industriales y concesiones viales, entre otros. Por ejemplo, en 1961 construyó la fábrica de cemento El Gigante (San Luis) y, cinco años después, la central térmica de Alto Valle (Neuquén). La multiplicidad de obras permitió a esta firma permanecer en el tiempo y ampliar su radio de acción a escalas nacional e internacional. Incluso, dio vida a numerosas nuevas compañías a partir de la sociedad madre.^[13]

Pero resultan de gran interés otras empresas familiares de capital local en la ejecución de obras de diversa envergadura técnica. Respecto del desempeño de estas firmas, identificamos, desde 1935, la participación como oferentes de algunos nombres con cierta trayectoria en la industria de la construcción privada en Mendoza. Es el caso de Miguel Rosso, relacionado a esta actividad desde principios del siglo pasado,^[14] para fundar luego, en 1927, “Miguel Rosso e Hijos”, una empresa familiar constituida junto a sus hijos Rolando y Armando, también constructores de oficio, que se convertiría en Sociedad de Responsabilidad Limitada, en 1953.^[15] La construcción asoció a Rosso con destacados arquitectos del medio como Raúl Álvarez y Manuel Civit, entre tantos. En los registros de OP, aparece ligado a obras licitadas por el gobierno hacia 1940, habiéndose presentado en al menos cinco licitaciones y resultando adjudicatario en las ejecuciones del pabellón de Encausados de la Penitenciaría provincial, la Casa Departamental de Rivadavia, y en algunas obras de reparaciones menores. La empresa además, trabajó en obras en la vecina provincia de San Juan después del terremoto de 1944.

Características similares comparten las firmas Ernesto Martinelli e Hijos y Lucas Sarcinella e Hijos, que aparecen como oferentes y adjudicatarios de licitaciones desde 1934, y ocupan los puestos 6º y 8º del mencionado ranking.

Martinelli llegó a la Argentina en 1900, junto a sus hermanos. Hacia 1910, los descendientes de Ernesto datan la constitución de la empresa familiar. Luego de trabajar como contratista en Buenos Aires, la empresa se instaló en Mendoza en 1914 para levantar el edificio del Banco de Mendoza (Martinelli, 2018). A lo largo del tiempo, la firma cambió su denominación en consonancia con su composición societaria. En el período que nos ocupa, Ernesto ya trabajaba con sus hijos, Luis y Félix, que eran técnicos constructores.^[16] Las tipologías que construyeron fueron múltiples, entre tantas: bancos, hospitales, puentes, obras viales, hoteles y escuelas (Martinelli, 2018).

Esta empresa local, que había adquirido experiencia en la ejecución de OP durante la gestión radical-lencinista (1918-1928),^[17] fue una oferente recurrente en el ciclo conservador. La primera obra que identificamos corresponde a la gestión de Ricardo Videla y es el Balneario Playas Serranas (iniciado en 1935 e inaugurado en 1937), a la que se suma el Arco Desaguadero (inaugurado en 1936), portal de acceso y centro de servicios al viajero ubicado sobre la RN 7, en el límite con la provincia de San Luis. Durante las gobernaciones siguientes se ocupó de la construcción de las Colonias para Menores en Agrelo (Luján) y la Villa 25 de Mayo (San Rafael), licitadas en 1937 y 1941, e inauguradas en 1941 y 1943, respectivamente.^[18] A esa obra se agregaron salas de primeros auxilios y escuelas, y el edificio para escuela, comisaría y dispensario en el remoto distrito de Los Molles (San Rafael) que se construyó en sólo seis meses, entre noviembre de 1937 y abril de 1938 (Raffa, 2020a). Ejemplo este último que, por las características del paraje donde se emplazó el edificio y la complejidad del programa, da cuenta de la capacidad técnica y financiera de la empresa para hacer frente la obra, así como muy probablemente, del uso de mano de obra intensiva local para ejecutarla en un plazo acotado. En una carta enviada al gobernador de San Juan en 1947, en la que solicitó ciertas condiciones en la adjudicación de una obra de impermeabilización de canales, la empresa declaró un capital aproximado de $ 1.000.000 moneda nacional; referencias de los Bancos Nación y Mendoza y una serie de equipamiento que lo capacitaba para obras en general; e incluso indicó poseer taller mecánico y de herrería para el arreglo de las herramientas.^[19] Estos datos la colocan en el rango de las firmas con una marcada capacidad operativa, característica que permitió luego, la realización de trabajos extra-regionales en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y la ya mencionada, San Juan.

Entendemos que Ernesto Martinelli constituye una clara muestra de las empresas familiares que encontraron en la ejecución de OP una oportunidad de crecimiento. La empresa que se disolvió en 1958, incluyó en su historial obras construidas para la Dirección de Arquitectura de la provincia; las Direcciones Nacional y Provincial de Vialidad y para la Dirección General de Ingenieros del Ministerio de Guerra, esta última, durante el primer peronismo. Otro indicio del dinamismo empresarial es la asociación con agentes de otros rubros. En efecto, en 1936 el hijo de Ernesto, Luis Emilio, se asoció con Antonio (h) y Eugenio Torrent para formar Martinelli y Torrent S.R.L. (5ª puesto), con el objeto de intervenir en obras de desagües y construcciones (PN, 3131 -R. Lucena-, esc. 104, 25-6-1936, f. 228-234 v.). Es oportuno aclarar que la familia Torrent era de origen español y se posicionaba en el medio local como comercializadora de embutidos, actividad que mantiene en la actualidad. Es probable que esta asociación respondiera a un interés de Martinelli en ampliar las áreas de acción, para lo cual necesitaba de nuevos inversores. Por su parte, Torrent se involucraba como accionista en una actividad que ya se perfilaba como redituable y con ello diversificaba sus inversiones. De acuerdo a las fuentes relevadas, esta sociedad ganó la licitación para construir desagües en Jocolí (1936, Lavalle), La Marzolina (1942, General Alvear) y obras de saneamiento en Costa de Araujo (1937, Lavalle), y el ensanche y terraplenamiento del camino desde la Ciudad de Mendoza a Villavicencio.

Respecto de la firma Lucas Sarcinella e Hijos, si bien su constitución societaria data de 1937 (PN 3404 -Curth-, esc. 139, 26-9-1939, f. 479v-490), su desempeño es anterior. Figura como responsable de las construcciones de los pabellones pediátricos y de maternidad del Hospital Emilio Civit (1936 c); las escuelas Industrial de Maipú (1934), Justo José de Urquiza (1936) y primaria en Palmira (1938); pabellones en los Hospitales Ponce y en el Asilo de Huérfanos (1938 c) y las Casas Departamentales de Junín y General Alvear (1939-1940). Esta empresa ejecutó obras en la provincia en las décadas siguientes, entre las que se destacan el edificio sede del Departamento General de Irrigación, proyectado hacia 1944 y la Galería Tonsa, en 1958, entre otros. Durante la gestión conservadora, la empresa Sarcinella construyó obras por un valor aproximado de $1.556.000 moneda nacional (LA 1/1/1939), lo que indicaría un crecimiento exponencial de su patrimonio societario inicial de $30.000 (PN 3404 -Curth-, esc. 139, 26-9-1939, f. 479v-490). Paralelamente realizó obras en la vecina provincia de San Juan.

El ámbito local resultó común como escala de trabajo también para algunas de las empresas familiares extra-regionales, inicialmente, en la construcción de caminos. Es el caso de las firmas Peretti Hermanos, con obras en Mendoza, San Juan y San Luis; Márquez y García, constituída por Diego Márquez y Justo García, que en sus publicidades indicaba que poseía camiones propios y modernos equipos mecánicos camineros; o la empresa “Viuda de Pagani y otros” que trabajaba entre Mendoza y Córdoba, también construyendo la red caminera (Los Andes, Mendoza, 1/1/1938). Vale recordar que el período que transcurre entre 1930 y principios de los años ´40, constituye uno de los ciclos de mayor consolidación de la trama viaria a escalas provincial y nacional. Tras la sanción de la Ley de Vialidad en 1932, la construcción de caminos alcanzó un ritmo no superado durante las décadas siguientes, completando un total aproximado de 90.000 km en 1943 (Malgesini & Álvarez, 1983: 14).

De modo que los ingentes recursos públicos destinados a obras de infraestructura y servicio propiciaron la consolidación de firmas de base familiar con cierta trayectoria en la provincia -dirigidas por sus fundadores, y/o sus hijos, durante un amplio período- que atendieron una multiplicidad de demandas constructivas, de infraestructura y equipamiento (, así como la participación de empresas extra-regionales y, eventualmente, la formación de nuevas sociedades para ampliar las oportunidades de acción y capitalización.

El desempeño técnico de las firmas: adjudicación de obras y la profesionalización del sector

La última variable aporta elementos para conocer el grado de tecnificación y profesionalización de las firmas. Por un lado, había constructores que se presentaban en licitaciones menores, como arreglos y ampliaciones, en ese caso, la mención en los decretos se hacía a través del nombre del constructor. Existe luego una segunda escala, compuesta por empresas que, por su trayectoria en el rubro, podían hacer frente a obras de mediana complejidad; a este grupo se suman aquellas que se identifican con una razón social. Aquí encontramos compañías locales, y con alcance regional. En un tercer rango, están las firmas de escala nacional, algunas de capital extranjero, como oferentes en licitaciones de grandes infraestructuras que demandan expertise y herramientas o maquinarias específicas para su construcción, o en la construcción de equipamiento de cierta complejidad. En esta última instancia, también detectamos la asociación o agrupación de empresas familiares o de empresas y contratistas (Raffa, 2020a).

En función de la categorización presentada, observamos que la adjudicación de obras es amplia y diversa. Al menos hasta 1936 registramos una multiplicidad de contratistas y empresarios que de manera individual, o asociada, encararon significativas obras con un variable grado de complejidad, desde la construcción y refacción en edificios públicos (Dirección de Industrias, hospitales) y establecimientos industriales (Zona Libre Alcoholera) hasta infraestructura de servicios (saneamiento y/o desagüe). Es el caso de Pedro Módolo y Victorio D’Agostini, que solían trabajar en conjunto en función de la relevancia técnica de la obra. Otros agentes cobraron notoriedad esporádicamente por la ejecución de alguna obra específica, como Segundo Pizzoglio que remodeló el edificio de la Legislatura provincial (1936), pero sin registro de continuidad.

Esta multiplicidad fue cediendo paso, a partir de 1937, a una mayor concentración de la oferta, posiblemente impulsada por los requerimientos técnicos, y que se focalizó sobre todo en las firmas pertenecientes a Coppo, Sarcinella y Martinelli, las cuales operaron en la provincia por varias décadas y encontraron en la ejecución de obras públicas un elemento traccionador de su capital inicial. Resulta recurrente la presentación, al menos hasta inicios de los años 40, de un mismo grupo de empresas locales, lo que indica la capacidad acotada para la ejecución de OP que había en el medio, en consonancia con la escala de la provincia en la que se intervenía.^[20] El seguimiento de estos casos demuestra el acceso de pequeños y medianos empresarios a la obra pública, corrientemente adjudicada a las grandes firmas.

Respecto del corpus de licitaciones analizadas, los adjudicatarios han variado, incluso para la construcción de un mismo prototipo arquitectónico en distintos emplazamientos. Tal es el caso de las escuelas Cano en Guaymallén y la escuela primaria ubicada en el distrito de Palmira (San Martín) que fueron adjudicadas a Gómez, Domínguez y Cía. y Lucas Sarcinella e Hijos, respectivamente y licitadas con un año de diferencia. Un caso similar ocurre en la licitación de las sedes municipales (1940) para los departamentos de Luján, General Alvear y Junín, también proyectadas como prototipos y adjudicadas a Gómez, Domínguez y Cía., la primera y a Sarcinella e Hijos las restantes. En ambos casos el listado de oferentes ascendía a tres, entre los que se encontraba la compañía Sollazzo S.A, con sede en Buenos Aires. Una firma vinculada a Mendoza en la ejecución del barrio de Casas Colectivas a través de las licitaciones realizadas en 1937 y 1939, por casi 8 millones moneda nacional (cfr Tabla), y del Dique El Nihuil II, cuyas obras se iniciaron en 1942.^[21]

Aún en el caso de las empresas que operaban en la escena nacional como Acevedo y Shaw,^[22] que tenía como abogado a Guillermo Cano (h), descendiente del ex gobernador homónimo;^[23] o Petersen, Thiele y Cruz,^[24] una compañía con trayectoria en el país en obras viales, hidráulicas, urbanísticas y de arquitectura, y con lazos con el arco conservador nacional, hemos comprobado que las licitaciones a las que se presentaron no siempre las favorecieron. La primera de las firmas, por ejemplo, se presentó en la licitación para la construcción de pabellones en el entonces Hospital Lagomaggiore (hoy Lencinas) y la misma fue adjudicada al contratista local Julio Coppo. Similar es el caso de la presentación de Petersen, Thiele y Cruz para la edificación de una escuela en el departamento de General Alvear, también adjudicada a Coppo. En el Decreto de la licitación se destaca la capacidad técnica y económica del empresario local para la ejecución de la obra y sus antecedentes en la realización de otras obras públicas (Vicchi, 1943: 279). Julio Coppo, séptimo en la tabla, se dedicaba a la construcción desde 1915 aproximadamente. Sin socios conocidos, este constructor nacido en altamar en 1899, concentró sus trabajos particularmente en la provincia de Mendoza. Participó como oferente de licitaciones desde 1935 y hasta 1942, en el momento de mayor actividad de OP en la provincia. Construyó varios pabellones para hospitales y realizó múltiples refacciones en edificios fiscales, entre otras obras.^[25] La mención de estos ejemplos nos sugiere que la menor capacidad, técnica y financiera, para competir con las grandes firmas no fue óbice para que aquellas participaran del mercado de la obra pública.

El interés de las empresas nacionales identificadas en la contratación de OP en Mendoza se detecta a partir de 1940, en las licitaciones de mayor escala como la construcción del Hospital Central y la construcción o modernización de obras de infraestructura como el Dique Cipolletti. La tipología de las licitaciones está claramente relacionada con la expertise de ambas firmas que se destacaron por el uso del hormigón armado. El crecimiento de empresas de capital nacional como las mencionadas, indica Ballent (2019), se registró a partir de los años 1920 y principios de 1930, con base en la ejecución de obras privadas o públicas que no llegaban a la complejidad abordada por las empresas extranjeras.

Las empresas de capital extranjero aparecen como oferentes de licitaciones provinciales hacia el final del período. Entendemos que esto se da, justamente por la mediana complejidad de las obras encaradas en la provincia hasta 1941, ya que los proyectos importantes de arquitectura e ingeniería se licitan poco antes del golpe de Estado de 1943 (a excepción de las Casas Colectivas).

Entre ellas están GEOPE,^[26] instalada en el país hacia 1913, y Siemens Bauunion S.A.,^[27] ambas de capital alemán. La primera participó como oferente en la licitación para la construcción de las Casas Colectivas y del Hospital Central, la otra fue adjudicataria de la ampliación del Dique del Alto Tunuyán (1942) y de la ejecución de obras complementarias para la Plaza Independencia (1943) y por lo que entendemos es además, la única empresa extranjera que resultó adjudicataria en las licitaciones provinciales del período. Instalada en el país hacia 1925, como subsidiaria de la firma Siemens, esta sociedad anónima se dedicó a obras de ingeniería. En Mendoza ya había construido la Central Hidroeléctrica de Cacheuta (1926). Esto confirma que la realización de diversos tipos de obras exige mayor nivel de equipamiento, de modo que cuando es mayor el volumen unitario de una obra, o cuando mayor es su complejidad técnica o la exigencia de equipos, es mayor también la participación del capital externo (Vitelli, 1976).

Por su parte, del análisis de los decretos se desprende que las adjudicaciones tenían en cuenta particularmente la propuesta económica y en algunos casos, se ponderaba además la resolución técnica del edificio. La licitación para la construcción del Hospital Central, por ejemplo, se publicó en mayo de 1940 en los diarios La Nación, Noticias Gráficas, La Razón y La Fronda (Capital Federal), y Los Andes y la Libertad (Mendoza). En junio de ese mismo año, el Ejecutivo provincial conformó una Comisión de asesoramiento técnico sobre la adjudicación de la licitación, que estuvo integrada por el arquitecto Arturo Civit, director de la Dirección Provincial de Arquitectura, y varios ingenieros entre los que estaban el asesor técnico del MEOPyR, Alvise Bevilacqua; el director técnico de la Comisión de Estudios y Obras de Riego e Hidráulica, Ludovico Ivanissevich; el decano de la Facultad de Ciencias de la UNCuyo, Edmundo Romero y Jorge Giménez. Actuó como secretario de la Comisión el también ingeniero, Alfredo Beltrán Plos. Se presentaron como oferentes empresas nacionales y locales, éstas últimas asociadas transitoriamente debido a la envergadura de la obra. Las compañías que pasaron el estudio de la Comisión fueron: Lucas Sarcinella e hijos, Miguel Rosso e hijos y Julio Coppo; Compañía Platense de Construcciones Siemens Bauunion S.A.; Antonio D´Elia; GEOPE (Compañía General de Obras Públicas S.A.); Bocazzi S.A.; Compañía General de Construcciones S.A.; Polledo Hnos. y Cía.; Sollazzo Hnos.; Compañía de Construcciones Civiles S. A. y Lucio Cherny (Raffa, 2020a).

La presencia del ingeniero Ivanissevich como parte de la Comisión asesora, vinculado a Miguel Rosso a través de “La Constructora Andina”, podría haber sido una razón para que la obra se adjudicara a la unión transitoria de empresas de la cual el constructor participaba. Nótese además que entre los oferentes se encontraba la empresa Polledo Hnos. propiedad de los ingenieros César y Luis Polledo, formada en 1925 como empresa dedicada a la construcción y a las actividades agropecuarias y que en 1934 se transformó en sociedad anónima. César Polledo fue el primer director de la Cámara Argentina de la Construcción, cargo que mantuvo con breves interrupciones hasta 1976 (Ballent, 2019: 44), dato que también podría haber sopesado en la adjudicación de la obra. En forma contraria a estos supuestos, en la licitación primó la oferta y la propuesta técnica. Resultó beneficiaria la Compañía Argentina de Construcciones Acevedo y Shaw S. A., que había realizado la oferta más baja para la edificación del hospital, que ascendía a la suma de $4.044.503, 34. La empresa, además, había extendido la propuesta de la Dirección de Arquitectura de realizar algunos muros transversales y longitudinales en hormigón armado a todo el edificio, con lo cual, el Central quedaría conformado como un edificio monolítico de hormigón, recubriendo los muros exteriores con mampostería de ladrillos huecos. El sistema constructivo se ajustaba así, a las técnicas más modernas en materia de cálculos antisísmicos (Raffa, 2020a). El 7 de septiembre de 1940, por decreto 575-G del Ejecutivo se aprobó el contrato celebrado entre la Dirección de Arquitectura y la empresa Acevedo y Shaw S.A. para la construcción del Hospital Central. El proceso de construcción del Central fue extenso. Los embates de la crisis producida por la Segunda Guerra Mundial, elevaron los costos y dificultaron la ejecución. Algunos materiales aumentaron alrededor de un 60% sus precios. La obra también se vio afectada por demoras de la empresa constructora.^[28]

A partir de los casos abordados, observamos, además, que el grado de profesionalización de las firmas locales es bajo, en contraposición con la alta profesionalización de aquellas con capital nacional o extranjero. En general, las locales estaban constituidas en su mayoría por constructores de oficio, siendo la segunda generación de las mismas la que comienza a profesionalizarse, ya sea como constructor titulado o siguiendo las carreras de Arquitectura o Ingeniería. La profesionalización completa se da a partir de la tercera generación, más allá de la duración de la empresa en actividad. Esto puede ocurrir por múltiples factores entre ellos, que la primera generación está sobre todo constituida por inmigrantes que ya poseían el oficio de la construcción al llegar al país o que lo aprendieron a edad temprana, del mismo modo colaboró en la profesionalización tardía, la lejanía de Mendoza respecto de los centros de formación de la carreras universitarias vinculadas a la actividad, que particularmente se nuclearon en las Universidades de Buenos Aires, Córdoba y el Litoral entre fines del siglo XIX y principios del XX (Cirvini, 2004), y que llegaron a la región recién a fines de la década de 1940, a través de la Universidad Nacional de Cuyo, sede San Juan, con las carreras de Ingeniería y Arquitectura (Raffa & Fiorito, 2020: 277-302).

La reconstrucción presentada identifica a un grupo de firmas que se desempeñaron por un amplio período en la provincia y echa luz sobre el derrotero de un puñado de empresas constructoras de base familiar y origen inmigratorio que se conformaron en la provincia de Mendoza en las primeras décadas del siglo pasado y, a partir del influjo de las políticas de fomento a la obra pública implementadas en la década de 1930, comenzaron a abastecer las demandas de la arquitectura pública (hospitales, escuelas, etc.) y de infraestructura, tales como mejoramiento y pavimentación de la red vial, y de modernización de la red hídrica para servir las necesidades de consumo humanas y productivas. En la mayoría de los casos, el grado de especialización es demostrativo del creciente nivel de capacidad-técnica de las firmas.

De modo que la OP alentó el crecimiento del empresariado local vinculado al rubro, que ya participaba en la ejecución de obra privada (casas). La mayoría de las firmas detectadas funcionaban desde hacía varios años, es decir, que lograron sortear los críticos inicios de la década de 1930. En efecto, superada esa coyuntura adversa la industria de la construcción, en general, y los empresarios, en particular, encontraron un potente dinamizador en los recursos emanados de la obra pública; a diferencia de otras experiencias extra-regionales que registraron un despegue asociado, mayoritariamente, a la construcción de viviendas y en un período posterior.

Entendemos que la particularidad del caso local estaría dada por la estrecha vinculación de la OP como dinamizador de un puñado de empresas familiares, con diverso grado de experiencia en el sector, algunas de las cuales pervivieron durante un amplio período y trascendieron las demandas locales para vincularse a proyectos extra-provinciales y hasta internacionales.

Con base en estos señalamientos resulta sugerente avanzar en el derrotero de esas firmas durante el primer peronismo y el desarrollismo, ciclos políticos caracterizados por el avance en las políticas de vivienda y de grandes obras de infraestructura, respectivamente.

Tabla 1: Provincia de Mendoza. Ranking tentativo de empresas adjudicatarias de obras públicas con base en datos y casos relevados (1935-1943)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Raffa (2020a), Boletines oficiales de la provincia de Mendoza (1935-1943), Los Andes, Mendoza (1941), MEOPyR (1941). Nota: A) Las fuentes disponibles no informan el monto de la obra para desagüe y saneamiento en Rivadavia, ejecutada por Martinelli y Torrent. La inclusión de este monto podría significar que la empresa ocupara el 4ª puesto. B) Referencia: E: Equipamiento/ I: Infraestructura

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Anuario Nº 36, Escuela de Historia

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ISSN 1853-8835

[1] Una versión preliminar de este trabajo fue discutida en el I Congreso nacional de historia local y regional. Río Cuarto (Córdoba), noviembre de 2021. Las autoras agradecen las sugerencias de los anónimos evaluadores del Anuario de la Escuela de Historia de Rosario.

[2] La ejecución de OP en la provincia durante el período que analizamos ha sido incluida en publicaciones sociales locales (revista La Quincena Social, por ejemplo) a modo propagandístico y por ello fragmentario. Otras publicaciones sectoriales de escala nacional, como la revista del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos, también hacen referencia a la OP en Mendoza, pero en términos generales.

[4] Nos referimos al proyecto político conservador que se inició a nivel nacional con la llegada a la presidencia de las fórmulas de la “Concordancia”, encabezadas por Agustín P. Justo, y que en Mendoza, estuvo representada por el Partido Demócrata, bajo las gobernaciones de Ricardo Videla (1932-1935), Guillermo Cano (1935-1938), Rodolfo Corominas Segura (1938-1941) y Adolfo Vicchi (1941-1943), cuyo mandato se vio interrumpido por la denominada Revolución de 1943.

[5] Estos vínculos personales se dieron por ejemplo, entre la técnica y política, y fueron transparentados en algunos de los nombramientos de distintos agentes dentro de las principales reparticiones, al respecto ver: Raffa & Rodríguez Vázquez, 2020 y Raffa, 2020a.

[6] Mendoza está ubicada en el centro oeste de la República Argentina. El territorio provincial irrigado se divide en tres Oasis: el Norte, integrado por los departamentos de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, parte de Las Heras, Guaymallén, Maipú, Luján; la región Este, con los departamentos de San Martín, Junín y Rivadavia y, finalmente, la región Norte, que comprende a los departamentos de Santa Rosa, parte de La Paz y de Lavalle. El Valle de Uco está conformado por Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Finalmente, el Oasis Sur está compuesto por San Rafael, General Alvear y parte de Malargüe.

[7] En la publicidad electoral previa a los comicios de 1941, con la candidatura al Ejecutivo de Vicchi- Gutiérrez, se enfatizó la acción del gobierno en contra de la desocupación y a favor del avance material. Los artículos periodísticos hace referencia al empleo de más de 10.000 obreros mendocinos en la construcción del oleducto Mendoza- Santa Fe (Los Andes, Mendoza, 31/12/1940: s/p) .Los plazos de ejecución de los distintos ejemplos de arquitectura pública, también pueden constituirse en un parámetro para leer a la industria de construcción como una fuente de empleo, si tenemos en cuenta la relación entre tiempos de ejecución acotados y la complejidad de algunos de los proyectos encarados, así como los eslabonamientos que genera y requerimientos específicos que demanda, como por ejemplo insumos en la industria metalúrgica. Al respecto sugerimos: Raffa, 2020a.

[8] En 1938, este ministerio cambió su denominación a Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, referido en el texto como MEOPyR y, con ello, amplió sus incumbencias (Raffa & Rodríguez Vázquez, 2020).

[9] La elaboración de cemento y la producción de hidrocarburos fueron consideradas actividades prioritarias para la provincia. El gobernador Videla firmó con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) convenios que resultaron decisivos para la sistemática exploración y extracción de petróleo (Timmermann, 2020: 283-315). Durante la gestión de sus sucesores, Cano y Corominas Segura, se instalaron las destilerías. Los mismos mandatarios fueron protagonistas de las puestas en marcha de las cementeras que se instalaron en Mendoza, beneficiadas por leyes de promoción industrial (Moretti, 2014).

[10] En el caso de los gobernadores, el ingeniero e historiador Ricardo Videla (1880-1960), había participado como ministro de Industria y Obras Públicas durante la intervención federal de José María Rosa y como secretario en la Municipalidad de Mendoza. Guillermo Cano (1884-1939) de profesión abogado como sus dos sucesores, ocupó en su carrera política los cargos de concejal (1909); diputado provincial (1914), convencional constituyente para la reforma de la Constitución Provincial (1916) y ministro de Hacienda durante la gobernación de Videla. Rodolfo Corominas Segura (1891-1967), un activo dirigente demócrata; fue concejal de la Municipalidad de Mendoza, diputado provincial y luego diputado nacional en 1937. Finalmente, Adolfo Vicchi (1901-1965), también ocupó el cargo de concejal por la comuna capitalina (1926), para luego desempeñarse como diputado de la Nación (1932- 1936) y a partir de 1938, como ministro de Gobierno de Corominas Segura (Raffa, 2020a) Luego de abandonar los cargos ejecutivos en la provincia, varios de estos políticos se destacaron en la política nacional e internacional luego de la Revolución Libertadora y durante el ciclo desarrollista Al respecto ver: Junta de Estudios Históricos de Mendoza, 1996.

[11] Esta entidad, encuentra su paralelo a escala nacional en el Centro de Arquitectos, Constructores y Anexo, fundado en 1927 (Moretti, 2019: 101). Las transformaciones en el campo técnico provincial propiciaron, a partir de la década del ´50, la organización disciplinar en otras sociedades, haciendo la diferencia entre titulados y no titulados, tanto en el campo de la Ingeniería como en el de la Arquitectura. Entre otras asociaciones, se creó la Sociedad de Arquitectos de Mendoza en 1959 (Raffa, 2015). A nivel nacional, el desarrollo de organizaciones vinculadas a la construcción estaba más avanzado, entre otras: la Sociedad Central de Arquitectos (1901), el Centro de Ingenieros Alemanes (1910), el Centro Argentino de Ingenieros (1930) y la Cámara Argentina de la Construcción (1936) (Ballent, 2019)

[13] Desde 2021 es conducida por un CEO profesional proveniente de otra firma y los socios descendientes de la familia se encuentran en litigio judicial por la conducción y la composición accionaria. https://cartellone.com.ar/empresa/#historia

[14] Como parte de La Constructora Andina, Rosso trabajó bajo la dirección del ingeniero Domingo Selva. La Constructora Andina fue una sociedad cooperativa constituida en 1906. Conformaron el primer Directorio, miembros de tradicionales familias mendocinas, junto a lo más representativo de la dirigencia política conservadora y personalidades del mundo científico de la época: Presidente: Juan Serú; Vicepresidente: Federico Corbin; Secretario: Severo Gutiérrez del Castillo; Tesorero: Ing. Luis Fourcade; Vocales: Sr. Juan Antonio Zapata, Dr. Melitón Arroyo, Sr. Miguel Escorihuela; Ing. Director de Obras: Ing. Domingo Selva, Gerente: Alejandro Tomathis, Síndico: Carlos Alurralde. La obra de la constructora se destacó por el uso del hormigón armado, una técnica innovadora para principios de siglo en la provincia. Su actividad más representativa transcurrió entre 1910 y finales de 1920. Trabajó también asociado a la constructora el Ing. Ludovico Ivanisevich.(Cirvini & Manzini, 2010).

[16] La última denominación de la empresa fue “Luis y Félix Martinelli, constructores”. Es probable que hayan egresado como constructores de la Universidad Popular de Mendoza, que expedía desde 1922 ese título. Los datos sobre la firma fueron proporcionados por el arquitecto Luis A. Martinelli, entrevistado en Mendoza, el 31/8/2021.

[17] En 1926, se constituye la “Compañía Constructora Silvestri y Crayon Sociedad Anónima”, de la que Ernesto Martinelli participó como socio junto a Carlos y Guido Crayon, Victorio y César Modolo, Domingo Martinelli, Santiago y Carlos Silvestri, Carlos Ermácora y Máximo Colnaghi. La sociedad se inició con un capital de $500.000 moneda nacional. No tenemos datos de la duración de la misma, lo cierto es que al menos dos de los integrantes, Ernesto Martinelli y Carlos Silvestri, aparecen en el período conservador como oferentes por fuera de esta razón social (BOPM, 1926, f. 648).

[18] La trayectoria de la firma está muy vinculada a la ejecución de viviendas unifamiliares. Martinelli trabajó con algunos de los más renombrados arquitectos de la época entre los que están: Raúl Álvarez, Daniel Ramos Correas y Manuel Arturo Civit. Entre las casa construida destacamos la del banquero Juan Carullo construida en 1929 sobre la actual avenida Emilio Civit, que poseía una torre y una sala meridiana (observatorio astronómico), lo que da la pauta de las capacidades técnicas de esta empresa constructora.

[19] El listado se componía de: 14 hormigoneras, con motores a nafta y eléctricos; 4 bombas para agua; 2 guinches elevadores completos; 1 martinete para pilotajes, 3 camiones; 120 carretillas, 12 carritos hormigoneros; equipo de soldadura autógenas completo; 1100 tablones para andamiaje, 2 tractores de 62 HP con equipo topadora; tirantería en general para andamiaje; canastas, baldes, picos, palas, etc., en cantidad (Carta al gobernador Ruperto Godoy, 11/10/1947, incluida en Martinelli, 2018).

[20] Destaca la adjudicación en 1938 de la obra de construcción de la escuela Videla Correas al empresario local Emilio López Frugoni, ex ministro de Obras Públicas provincial, que en ese momento no ejercía ningún cargo público. Indudablemente la familiaridad con la temática y los agentes encargados de la adjudicación de la licitación pueden connotar algún direccionamiento en las decisiones administrativas en torno de la obra, aunque también puede asociarse a la trayectoria en el ámbito privado de la empresa. Desde finales de la década de 1910, López Frugoni (1890 - 1974) trabajó asociado a distintos arquitectos, como Daniel Ramos Correas, en la proyección y ejecución de obras, particularmente viviendas unifamiliares. Entre esas obras se destaca la dirección técnica del edificio para la Mercantil Andina; el Banco Mendoza y participó en las obras del Banco Hipotecario y el Banco de la Nación, entre otras. Se ocupó además de ampliar el Hotel Termas de Cacheuta (1917) y de la construcción del Hotel de Villavicencio (1939-1940) (Lacoste, 1998: 176-178)

[21] Esta empresa nació en Tucumán y tomó forma jurídica en 1924, estaba constituida originalmente por los hermanos Antonio y Salvador Sollazzo, inmigrantes italianos, a quienes con el tiempo y dada las características de las obras que construían, se fueron sumando otros colaboradores. Se pueden establecer tres momentos en el desarrollo de la empresa. Entre 1924 y 1939: la ejecución de obras industriales y edilicias; entre 1940-1968: obras industriales, edilicias e hidráulicas y finalmente de 1969 a 1990: las grandes obras hidroeléctricas, a través de la sociedad Impregilo y Sollazzo S. A. https://www.facebook.com/groups/elchocon/permalink/10151748800065098/

[22] En 1942, con la asociación de las empresas Acevedo y Shaw, de capitales argentinos y la Compañía de Construcciones Civiles de Aguirre y Aragón, de capitales chilenos, se funda Acindar, Industria Argentina de Aceros. La iniciativa tenía como objetivo fundar una acería ante la abrupta escasez de barras de acero a causa de la Segunda Guerra Mundial.

[23] También era representante legal de Minetti desde 1936 (PN 3131 -Lucena-, esc. 107, 15-6-1936, f. 307 v). Esta trayectoria profesional sería indicativo de un vínculo entre los miembros de la élite dirigente y las firmas extra-regionales con actividad en Mendoza.

[24] Es continuadora de la empresa constructora que nació en 1918 y se constituyó en 1920 como Sociedad Colectiva “Petersen, Thiele y Cruz Arquitectos e Ingenieros”, para finalmente convertirse en 1941 en la Sociedad Anónima con cuya actividad siguió hasta la actualidad, siendo parte del denominado Grupo Petersen.

[25] Desde muy chico Coppo mostró interés por el arte, sobre todo la pintura, por lo que terminando la secundaria, decidió estudiar pintura en Italia. Sin embargo, ese viaje no se concretó porque tuvo que empezar a trabajar para colaborar con la economía familiar. Datos brindados por Verónica Torelli Coppo y sus hermanas, entrevistadas en Mendoza, el 12/9/2021.

[26] La Compañía de Obras Públicas S.A. ejecutó un gran volumen de OP hasta mediados de la década de 1950. Entre sus emprendimientos ingenieriles y de gran escala destacan muelles, puentes y puertos y distintas obras de saneamiento (Tartarini, 2007: 106-107).

[27] Siemens llegó al país en 1857, estableciéndose formalmente en 1908. Puso en funcionamiento hacia 1911, la primera fábrica que suministraba generadores de corriente alterna y motores eléctricos para importantes industrias, como la del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy. En 1931, empleando a más de 3.000 personas, mudó sus instalaciones a un edificio propio y a mediados de esa misma década construyó en el tiempo récord el Obelisco. También participó en la ejecución de la línea B de subterráneos. En las décadas de 1970 y 1980, realizó también varias obras pioneras, como la central nuclear Atucha I. Actualmente la empresa exporta además, tecnología y servicios a unos 20 países de todo el mundo. https://mercado.com.ar/empresas-negocios/siemens-y-160-anos-del-primer-proyecto-local/

[28] En 1940, la empresa interpone un recurso contencioso- administrativo por el cual solicitaba la eximición del pago del gravamen correspondiente al sellado del contrato de construcción del Hospital. Dicho recurso fue desestimado por el Ejecutivo mediante decreto 202-F de julio de 1941. Mediante el decreto 654 del mismo mes y año, el Ejecutivo emplazó a la empresa para que en un período no mayor a 15 días, instalase una oficina técnica en la ciudad de Mendoza, para solucionar los problemas que planteaba la ejecución de la obra (Raffa, 2020a).