¿Quiénes construyen obra pública?: trayectorias empresarias en la
provincia de Mendoza, durante los gobiernos conservadores (1932-1943)[1]
Who builds public works?: business trajectories in
the province of Mendoza, during the conservative governments (1932-1943)
Instituto
de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales
Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Florencia Rodríguez Vázquez
Instituto
de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales
Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
frodriguezv@mendoza-conicet.gob.ar
Resumen
Con base
en estudios previos que analizan la implementación de una política de obra
pública en la provincia de Mendoza durante el ciclo político iniciado en la
década de 1930, en este artículo identificamos un corpus de empresas y
empresarios de la construcción que, inauguradas en períodos previos,
encontraron en los recursos emanados de esa política una estrategia para
ampliar su capital inicial, trascender el plano local y sostenerse a través del
tiempo. A su vez, presentamos una caracterización de esas empresas, la mayoría
de base familiar y origen inmigratorio, que arroja conclusiones sobre el modelo
de conformación societaria y el origen de las firmas. Buscamos entender en qué
medida el impulso a la obra pública incentivó a las firmas locales, favoreció
la radicación de empresas de capital nacional, y por último, caracterizar la
tipología de obras adjudicadas. El trabajo se apoya en protocolos notariales y
labores de gobierno, en artículos de prensa y entrevistas a informantes
calificados, como principales fuentes.
Palabras clave: obra
pública; empresas familiares; Mendoza; gobierno conservador
Abstract
Based on previous studies
that analyze the implementation of a public works policy in Mendoza province
during the conservative cycle, in this article we identify a corpus of
construction companies and entrepreneurs that, inaugurated in previous periods,
found in the resources emanating from that policy a strategy to expand its
initial capital, transcend the local level and sustain itself over time. At the
same time, we present a characterization of these companies, most of them
family-based and of immigrant origin, which yields conclusions about the
corporate structure model and the origin of the firms. We seek to understand to
what extent the context of promoting public works favored the establishment of
companies with national capital, or encouraged local firms, and finally, to
characterize the type of works awarded. The work is
based on notarial protocols and government
work, on press articles and interviews with qualified informants, as main sources.
Keywords: public work, family businesses, Mendoza,
conservative government
Introducción
La década que transcurrió entre 1932 y 1943 significó
un inédito influjo de recursos técnicos y económicos para dinamizar la obra
pública en la provincia Mendoza, en correlación con las políticas nacionales
diseñadas para revertir los efectos de la crisis de 1929, generar empleo y
modernizar la infraestructura de una provincia cuya población crecía
progresivamente. Obras viales, edificios gubernamentales, plazas, edificios
escolares y sanitarios, y hoteles son algunos de los proyectos que se
concretaron por esos años a partir del financiamiento público y otorgaron un
matiz diferencial al paisaje local, tal como desarrolla reciente historiografía
(Raffa, 2020a); la cual, a su vez destaca la
correlación entre política y técnica para la constitución de equipos técnicos
que se desempeñaron en dependencias especializadas, como la Dirección
Provincial de Arquitectura. Esa particularidad estuvo dada por un capital
cultural común a ambos campos que permitió, por ejemplo, que proyectos de gran
escala o complejidad se desarrollaran a partir de iniciativas técnicas con
total adhesión política. Así, se logró un ciclo de homogeneidad en los
lineamientos vinculados a la obra pública, más allá de quién gobernara la
provincia.
En virtud de esos aportes surgen interrogantes
acerca de si la ejecución de esa obra pública estimuló un brote de empresas y
empresarios de base local para la construcción, una industria donde la
posibilidad de entrada de nuevas firmas puede ser relativamente sencilla (Vitelli, 1976); y a su vez, conocer, cuál era su
conformación societaria y el grado de vinculación con la dirigencia provincial,
tradicionalmente emparentada con el sector privado. A su vez, ponderar si los
recursos públicos potenciaron la injerencia de empresas privadas de capital
nacional y regional, o bien, si propiciaron la participación de empresas
locales, y en este caso, si eran firmas con amplia experiencia en el sector, o
bien, empresas nuevas. Finalmente, entender si la ejecución de obras públicas
sirvió como trampolín para luego insertarse en el mercado de la construcción
privada, o si por el contrario, fueron los lazos del sector privado los que
alentaron la participación en lo público. En este sentido, surgen interrogantes
sobre las relaciones entre el poder político y el empresariado local vinculado
a la obra pública; así como también, la conformación de un empresariado, de
base inmigrante y asociación familiar, que comienza a consolidarse al margen de
la tradicional burguesía vitivinícola, principal actividad agroindustrial de la
provincia.
La reconstrucción apunta a enriquecer la discusión
entre Estado y empresas desde una perspectiva regional/local (Balán & López, 1977; Bandieri,
Blanco & Blanco, 2008; Bandieri & Fernández,
2017). Sobre este vínculo, la historiografía local ha realizado reconocidos
aportes en torno a la vitivinicultura (Mateu &
Gascón, 1990; Martín, 1992; Richard-Jorba & Bragoni, 1997;
Barrio, 2010; Mateu, 2013) y la conformación de
empresas públicas (Olguín, 2015) pero no así sobre otros actores que
despuntaron hacia fines de la década de 1930 en el marco de las oportunidades y
desafíos que significó el contexto de sustitución de importaciones para las
economías regionales (Belini, 2017; Belini & Rodríguez, 2021). En particular, en relación
con la industria de la construcción cobra interés el desempeño de empresas
familiares (Barbero & Lluch, 2015), que habría
encontrado en la ejecución de licitaciones públicas un potente campo de acción
para fortalecer inversiones iniciales, pero ese derrotero no fue excluyente e
incluso llegó a trascender el ciclo político aquí analizado. Para el caso
argentino, se sabe que la modernización capitalista tuvo un importante sustento
familiar, con el predominio de empresas fundadas por extranjeros, en su mayoría
entre fines del siglo XIX y comienzos del XX (Barbero & Lluch,
2015). A su vez, se ha detectado el parentesco como núcleo constitutivo de
emprendimientos ligados al comercio, la producción y la industria (Barbero
& Lluch, 2015) y al caso específico de la
construcción (Pegoraro, 2021, 2018; Vitelli, 1976). Para este sector, se han estudiado las
experiencias de firmas familiares, de origen inmigratorio, en la construcción
privada propiciada por un “mercado del ocio” a partir de la década de 1930, así
como su incidencia en la formación de entidades sectoriales de base local (Pegoraro, 2015, pp. 241-263). Para períodos previos, otras
experiencias provinciales demuestran los lazos entre poder político y económico
como determinante para el acceso a licitaciones, así como la atomización de la
oferta constructiva (Lanciotti, 2009).
En forma complementaria, el trabajo está fuertemente
enlazado con la historia regional (Bandieri, 1996;
Fernández, 2007: 31-46; Fernández & Dalla Corte, 2005: 9-24; Richard-Jorba & Bonaudo, 2016). Esta
perspectiva historiográfica se basa en la recuperación de experiencias
singulares respecto de los espacios centrales y en el establecimiento de nuevos
parámetros de legitimidad para las historia locales, claramente identificadas
con un tiempo y un espacio, puesto que el cambio de escala permite ver aspectos
diferentes y, en estudios de casos, hacer preguntas generales pero con
respuestas locales (Raffa, 2020b). Al ajustar el
ángulo de observación aparecen particularidades que posibilitan entender el
impacto de la obra pública (en adelante, OP) en la conformación y consolidación
de un empresariado local/regional; es decir, emprendimientos quizá con poco o
relativo peso político/económico a escala nacional pero con marcada influencia
en sus ámbitos de acción. De modo que la particularidad del caso local estaría
dada por la estrecha vinculación de la OP como dinamizador y/o consolidación de
un puñado de empresas familiares, con diverso grado de experiencia en el
sector, algunas de las cuales pervivieron hasta avanzado
el siglo XX y comenzaron a operar a escalas nacional e internacional.
Para aportar un panorama indiciario sobre el
derrotero de firmas del sector en Mendoza y su relacionamiento con la
dirigencia política, nos basamos en la compulsa de prensa local, guías de
comercio, protocolos notariales y registros oficiales. En estos últimos
detectamos un corpus de casi un
centenar de licitaciones, realizadas entre 1934 y 1943, a partir del cual
realizamos una selección de las principales y más recurrentes oferentes puesto
que eran firmas que debían cumplir con una serie de condiciones técnicas que
definían su capacidad de contratación. Una limitante es que aún no hemos
accedido a los archivos privados de las firmas (varias de ellas ya no se
encuentran en funcionamiento y la documentación no ha sido conservada por los
familiares), otra, que no hemos detectado publicaciones sectoriales locales
para el período analizado.[2]
Asociaciones como la Cámara Argentina de la Construcción que tenía como órgano
difusor la revista Construcciones (1939), establecieron su delegación en
Mendoza, luego del cierre de nuestro período de estudio, en 1948.[3] Del
mismo modo, no contamos con datos estadísticos respecto de la ejecución de OP
en la provincia, los mismos empiezan a producirse en forma sistemática desde la
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, avanzada la década de
1950. Hasta entonces, los anuarios estadísticos
Sin embargo el rastreo de las obras licitadas a
través de publicaciones oficiales (boletines, labores de gobierno, etc.), los
protocolos de constitución de sociedades, así como entrevistas a descendientes
de los socios fundadores, permiten un acercamiento al desempeño de esas
empresas, su grado de tecnificación y/o profesionalización. Las publicidades
son fuente complementaria de la investigación, ya que permiten entender la
gravitación de las empresas a escala local, regional o nacional. A partir de la
reconstrucción propuesta, presentamos, finalmente, una clasificación de esas
firmas que permite disponer de un primer panorama local sobre el comportamiento
del sector en esos años.
La ejecución de obra pública como
política de Estado
En este texto centramos la atención en el
empresariado asociado a la construcción de obra pública durante el ciclo
conservador de 1932 y 1943.[4] El
recorte temporal responde a la conocida política de impulso a las obras
públicas que caracterizó a este período. Buscamos determinar, si el “mercado de
la construcción” se amplió a partir de redes de relaciones entre políticos y
empresarios, puesto que, dentro del perfil de los conservadores gobernantes,
los vínculos personales fueron fundamentales a la hora de avanzar en diversas
administraciones y nombramientos;[5] o si
bien, la creciente ejecución de OP alentó el crecimiento y desarrollo del
empresariado local vinculado a la construcción que ya tenía participación en la
obra privada.
La información disponible arroja elementos para
volcarnos sobre esta segunda alternativa. En primer lugar, sólo entre 1935 y
1939, el número de empresas constructoras creció de 34 a 53 (Dirección General
de Estadística, 1942: 216), sumándose así al contexto favorable de salida de la
crisis. Estos datos aportan indicios sobre el dinamismo del sector, ante la
ausencia de fuentes estadísticas para el período analizado.
Por su parte, estudios previos han indicado cómo
durante las gestiones conservadoras el Estado, con la asistencia de su aparato
técnico, impulsó la extensión de infraestructuras y la construcción de nuevo
equipamiento en distintos puntos del país (Ballent,
2019; Ballent & Gorelik,
2001; Müller, 2011; Parera, 2012; Raffa,
2020a). Uno de los principales programas de reactivación luego de la crisis de
1929 fue la ejecución de OP, dirigida a la disminución del desempleo, al
estímulo de las industrias conexas (del vidrio, el hormigón y metalífera, entre
otras), al acrecentamiento del consumo interno, al fomento del comercio y a
suministro de carga para los medios de transporte (Jáuregui, 2008 y 2012:
79-106; Korol, 2001: 17-47). Esa política quedó
explicitada en el denominado Plan Pinedo (1940), aunque gravitó durante todo el
ciclo como una opción alternativa (que finalmente resultó permanente) al
sistema agro-exportador, pero que fue fundamental en la construcción material
de Argentina en los años ´30 (Raffa, 2020a).
La inversión nacional en OP se solventó, entre otras
herramientas financieras, con la emisión de títulos de deuda pública a
amortizar a largo plazo. Para 1937, se invirtieron alrededor de 180 millones,
mientras que para 1938, el presupuesto establecía un endeudamiento para
ejecución de OP nacional de 150 millones. Una cifra creciente si consideramos
que en 1932 se destinaron alrededor de 49 millones; en 1933, 73.3 millones; en
1934, 110 millones y en 1935 y 1936, 113.5 millones y 128.2 millones
respectivamente (LA, 03/01/1938: s/p; Raffa, 2020a).
En Mendoza, también fue corriente la emisión de
deuda pública interna para la ejecución de distintas obras arquitectónicas y de
infraestructura, que crecieron en volumen así como en complejidad técnica.
Hospitales, centros de salud, asilos y colonias, viviendas y edificios
escolares, junto a la ampliación del servicio de agua potable y cloacas; el
tendido eléctrico, la construcción de diques y la consolidación de la red
caminera, fueron parte de los programas que se llevaron adelante como respuesta
a los crecientes movimientos migratorios internos que generaron mayor
poblamiento no solo en las áreas urbanas sino también en sus periferias (Raffa, 2020a). En efecto, Mendoza había crecido
sostenidamente desde fines del siglo XIX. En los inicios de los ´30 sus
habitantes eran más de cuatrocientos mil, para ser quinientos mil al finalizar
esa década (Caroglio, 2009). Gran parte de la
población asentada en zonas rurales formó parte de las migraciones impulsadas,
entre otros factores, por la crisis del principal motor de la economía
provincial: la industria vitivinícola. El deterioro de los salarios reales y el
aumento del desempleo a nivel nacional, combinados con la crisis local llevaron
a una caída del precio del vino y la uva, y perjudicaron significativamente la
economía provincial (Barrio, 2020; Cerdá, 2011).
En ese contexto, la multiplicación de equipamiento e
infraestructura públicos también se proyectó a escala local como estrategia
para frenar el proceso migratorio interno: la OP fue un elemento de anclaje de
la población a las zonas rurales y de equipamiento de zonas productivas en los
Oasis Norte y Sur y en el Valle de Uco, mediante la
ampliación de servicios.[6] Es muy
probable que en la ejecución de las obras llevadas a cabo en parajes remotos,
las empresas constructoras adjudicatarias de las licitaciones hayan empleado
mano de obra local. De hecho, los llamados a licitación se publicitaban en
diarios de circulación provincial (Los Andes y La Libertad), y departamental
(como La Verdad, del departamento de General Alvear), por ejemplo, si la obra a
construirse iba a emplazarse en el Oasis Sur de la provincia (MEOPyR, 1941: 78; Raffa, 2018).
Igualmente eran publicitadas en periódicos de tiraje nacional, como La Razón o
La Nación, cuando la escala del proyecto implicaba la intervención de empresas
de mayor envergadura y expertise
técnica.[7]
A través de las Direcciones de Arquitectura;
Parques, Calles y Paseos; Desagües e Hidráulica y de Vialidad, dependientes
todas del Ministerio de Industrias y Obras Públicas, las sucesivas gestiones
planificaron y concretaron importantes obras.[8]
Una premisa que se mantuvo a lo largo de todo el período y en todas las
propuestas de infraestructura y equipamiento fue la construcción con empleo
casi exclusivo de materiales nacionales, a fin de colaborar en la moderación de
los costos de ejecución de las obras, acentuar los efectos estimulantes sobre
otras industrias internas y, con ello, fortalecer las políticas de sustitución
de importaciones. Al respecto, en Mendoza resultó significativa la instalación
de dos grandes cementeras, de capital cordobés, en el departamento de Las Heras
en 1936: Minetti S.A. -por entonces, una de las 10
empresas familiares más importantes del país (Barbero & Lluch,
2015: 251)- y CORCEMAR, creada en 1931 por las familias Verzini
y Garlot. Amparadas en las leyes n° 978/32 y 1065/33
que facilitaban su instalación, estas cementeras incidieron con su producción
en la materialización de grandes obras de infraestructura (puentes y caminos) y
equipamiento (hospitales, escuelas, vivienda, etc.).[9]
La posibilidad de contar con producción local economizó notablemente el costo
del material, facilitó su utilización y transformó el panorama vinculado a la
OP en la provincia (Raffa & Luis, 2020:157).
Si bien para el período que estudiamos las
estadísticas sobre población y empleo en la provincia son parciales, los datos
incluidos en los informes del Instituto Técnico de Investigaciones y
Orientación Económica de la Producción señalan un retorno al crecimiento
económico a partir de 1937 y hasta por lo menos el IV Censo General de la
Nación de 1947. Es posible estimar, a partir de los montos que se destinaban a
OP, que parte de ese crecimiento económico estuvo apoyado en la industria de la
construcción (Raffa, 2020a:14).
Ahora bien, ese interés por la materialización del
progreso se da en un contexto político de características particulares, en el
cual un reducido grupo de agentes detentan a lo largo de una década sucesivos
cargos públicos en una misma gestión política-partidaria, moviéndose entre
Nación y provincia. Las duplas gobernantes, en Mendoza, estuvieron constituidas
por: Ricardo Videla- Gilberto Suárez Lago (1932-1935), Guillermo Cano- Cruz
Vera (1935-1938), Rodolfo Corominas Segura- Armando Guevara Civit
(1938-1941) y Adolfo Vicchi- José María Gutiérrez
(1941- 1943). Todos ellos formaron parte de un mismo grupo social, poseían
condiciones de existencia homogéneas que engendraron prácticas semejantes:
mayoritariamente tuvieron experiencia política previa a ocupar sus cargos
ejecutivos.[10] Todo el
período presentó homogeneidad en lo que a sus lineamientos, planificación y
ejecución se refiere (Raffa, 2018: 25-47).
Entendemos, que del mismo modo que a escala nacional, la construcción de
equipamiento e infraestructura comenzó a ser leída como una política de largo alcance
en las filas partidarias provinciales (Raffa, 2016:
89-111).
Dentro de las segundas líneas, también, hemos
destacado el movimiento de cargos entre un círculo más o menos estrecho de
actores (Raffa & Rodríguez Vázquez, 2020, pp.
171-205). El MEOPyR, estuvo presidido durante todo el
período por ingenieros. Ellos fueron Emilio López Frugoni
(ingeniero civil) en la gestión de Videla (1932-1935); Frank Romero Day
(agrónomo titulado en Montpellier, Francia), funcionario de Guillermo Cano
(1935- 1938) y Adolfo Vicchi (1941-1943), y José
María Alurralde (también ingeniero civil), quien se
desempeñó en la cartera durante el mandato de Rodolfo Corominas Segura
(1938-1941) (Raffa, 2016). Esta plantilla corrobora
que empresarios/políticos como el agrónomo y ex asesor técnico del Ferrocarril
BAP Ricardo Videla, el empresario vitivinícola Frank Romero Day y el abogado
Guillermo Cano, retornaron a las filas estatales. Estos hombres tuvieron activa
participación en la intervención federal entre 1929 y 1932, y desde ese espacio
–en el que fortalecieron vínculos con la dirigencia nacional- diseñaron un
programa de gobierno que presentó propuestas para resolver la crisis
vitivinícola y expandir y/o fortalecer nuevos sectores agroindustriales e hidrocarburíferos, con niveles progresivos de
implementación durante la década siguiente (Raffa
& Rodriguez Vázquez, 2020). Pero también
verificamos la participación de técnicos sin tradición política, tal el caso de
López Frugoni dedicado a la construcción civil, y
quien luego de salido del cargo provincial, volvió a la actividad privada, para
ser más tarde designado director de la Dirección Nacional de Vialidad, entre
1940 y 1943 (Raffa & Rodríguez Vázquez, 2020; Raffa & Luis, 2020: 166).
A partir de esta caracterización general del ciclo y
al conocer que los lazos parentales fueron, mayoritariamente, factores
constitutivos de las firmas de la construcción, nos preguntamos: ¿la ejecución
de obra pública estimuló un brote de empresas y empresarios, de base local,
para la construcción? ¿Cuál era su conformación societaria? ¿Sopesaron las
redes de sociabilidad para vincularse con la obra pública? La identificación de
los agentes que participaron de esta dinámica es un punto de partida para
responder a estos interrogantes.
Trayectoria inicial de firmas
constructoras: principales características
El panorama vinculado a la construcción en Mendoza
comenzó a organizarse a principios de siglo, pocos años después de la
refundación de la ciudad capital a raíz del terremoto de 1861, a partir de la
solicitud desde el Estado, de construir cada vez más OP y del gran auge de la
industria vitivinícola. Por entonces es posible identificar los rasgos
característicos de las empresas capitalistas argentinas: firmas con una base
inmigrante y de origen familiar, es decir, “un negocio jurídicamente
independiente donde la propiedad y gestión es controlada estratégicamente por
una o varias familias a lo largo de por lo menos dos generaciones” (Fernández
Pérez & Lluch, 2015: 19) Asimismo se presenta un
panorama muy heterogéneo, compuesto por empresas de diverso tamaño y con
diferentes capacidades técnicas. Debido a las comentadas limitaciones para
acceder a la documentación interna de las firmas analizadas se dificulta
realizar una clasificación por tamaño, o bien, por nivel de importancia. En
razón de ello, y en función de la información disponible elaboramos una
caracterización que responde a: a) el modelo de conformación societaria y el
origen de la firma; b) el año de su formación, lo cual permite determinar en
qué medida el contexto de impulso a la obra pública favoreció la radicación de
empresas de capital nacional, o bien, incentivó a las firmas locales, con un
amplio y posterior derrotero en el mercado provincial y luego, nacional o
internacional, en varios de los casos. c) la tipología de obras adjudicadas. Es
oportuno mencionar que esta reconstrucción se basa en información disponible en
protocolos notariales y boletines oficiales.
Respecto de la actividad corporativa de estas
firmas, en 1907 se conformó la que por muchos años iba ser Sociedad de
Arquitectos y Constructores de Mendoza, formada mayoritariamente por
constructores italianos, quienes por entonces constituían la mayor parte de la
infraestructura técnica de la construcción en la provincia (Cirvini,
1993: 202-203). Hacia 1930, sucedió lo que parece una reorganización de esta
institución, que agregó a su denominación las palabras: “y Anexos” (CACYA,
1936: 90), e incorporó entre sus filas a todas las personas dedicadas a la
construcción, esto es: profesionales e industriales (Guía General de Mendoza,
1940, p. 561). En este renovado agrupamiento, además de constructores,
figuraban ingenieros y arquitectos, que trabajaban aún sin que su actividad
estuviera reglamentada.[11] Entre
los integrantes de la comisión directiva se distinguen los nombres de Miguel Rosso, David Crocco, Julio Coppo y Lucas Sarcinella, todos
vinculados a la OP en los años posteriores, así como las entidades sectoriales
posteriores.
Los
orígenes de las firmas
La primera y segunda variables presentadas, nos
llevan a revisar las características generales de las empresas analizadas.
Encontramos dos patrones, aquellas que ya operaban en la industria de la
construcción en el marco del favorable contexto económico de principios de
siglo XX que impulsó la vitivinicultura, y las que surgieron durante lo que
denominamos el “boom” de la OP (décadas de 1930 y 1940). En concreto, solo
entre 1935 y 1943 se adjudicaron casi un centenar de obras de infraestructura y
equipamiento a poco más de 30 firmas. Lo cual anticipa la alternancia de
diversas empresas para abastecer las demandas crecientes del sector. Con esa
información, elaboramos un ranking tentativo de las primeras diez firmas (tabla
1) que operaron en un acotado período, de acuerdo con el volumen de las obras
adjudicadas, lo cual implicaba también mayor complejidad técnica de los
proyectos encarados. Esta primera fotografía funciona como un recurso para
identificar la multiplicidad y diversidad de agentes que traccionaron
la obra pública en la provincia; algunos de los cuales ya operaban localmente,
y otros, incursionaron en el sector a partir del creciente influjo estatal.
Las grandes obras de ingeniería, ejecutadas a partir
de 1939,[12] fueron
asignadas a compañías de capital nacional, principalmente, por su probada
experiencia y solvencia técnica en el rubro. Las obras desarrolladas por estas
empresas en este período concentraron casi el 80% de la inversión estatal.
En el puesto 4 figura José Cartellone,
firma local fundada en 1918, por un inmigrante de origen italiano que llegó a
la provincia a fines del siglo XIX, y cuya primera gran obra pública fue el
Hotel de Potrerillos, que comenzó a construirse en 1939. Al hotel le siguió el
edificio para la Casa Municipal del departamento de San Martín. A partir de
1952 fue gerenciada por Gerardo, hijo de José.
Constituida como sociedad anónima en 1960, la empresa otrora familiar, ejecutó
en los años siguientes proyectos de infraestructura, arquitectura, generación y
transmisión de energía, industriales y concesiones viales, entre otros. Por
ejemplo, en 1961 construyó la fábrica de cemento El Gigante (San Luis) y, cinco
años después, la central térmica de Alto Valle (Neuquén). La multiplicidad de
obras permitió a esta firma permanecer en el tiempo y ampliar su radio de
acción a escalas nacional e internacional. Incluso, dio vida a numerosas nuevas
compañías a partir de la sociedad madre.[13]
Pero resultan de gran interés otras empresas
familiares de capital local en la ejecución de obras de diversa envergadura
técnica. Respecto del desempeño de estas firmas, identificamos, desde 1935, la
participación como oferentes de algunos nombres con cierta trayectoria en la
industria de la construcción privada en Mendoza. Es el caso de Miguel Rosso, relacionado a esta actividad desde principios del
siglo pasado,[14] para
fundar luego, en 1927, “Miguel Rosso e Hijos”, una
empresa familiar constituida junto a sus hijos Rolando y Armando, también
constructores de oficio, que se convertiría en Sociedad de Responsabilidad
Limitada, en 1953.[15] La
construcción asoció a Rosso con destacados
arquitectos del medio como Raúl Álvarez y Manuel Civit,
entre tantos. En los registros de OP, aparece ligado a obras licitadas por el
gobierno hacia 1940, habiéndose presentado en al menos cinco licitaciones y
resultando adjudicatario en las ejecuciones del pabellón de Encausados de la
Penitenciaría provincial, la Casa Departamental de Rivadavia, y en algunas
obras de reparaciones menores. La empresa además, trabajó en obras en la vecina
provincia de San Juan después del terremoto de 1944.
Características similares comparten las firmas
Ernesto Martinelli e Hijos y Lucas Sarcinella e Hijos, que aparecen como oferentes y
adjudicatarios de licitaciones desde 1934, y ocupan los
puestos 6º y 8º del mencionado ranking.
Martinelli llegó a la Argentina en 1900, junto a sus hermanos.
Hacia 1910, los descendientes de Ernesto datan la constitución de la empresa
familiar. Luego de trabajar como contratista en Buenos Aires, la empresa se
instaló en Mendoza en 1914 para levantar el edificio del Banco de Mendoza (Martinelli, 2018). A lo largo del tiempo, la firma cambió
su denominación en consonancia con su composición societaria. En el período que
nos ocupa, Ernesto ya trabajaba con sus hijos, Luis y Félix, que eran técnicos
constructores.[16] Las
tipologías que construyeron fueron múltiples, entre tantas: bancos, hospitales,
puentes, obras viales, hoteles y escuelas (Martinelli,
2018).
Esta empresa local, que había adquirido experiencia
en la ejecución de OP durante la gestión radical-lencinista
(1918-1928),[17] fue una
oferente recurrente en el ciclo conservador. La primera obra que identificamos
corresponde a la gestión de Ricardo Videla y es el Balneario Playas Serranas
(iniciado en 1935 e inaugurado en 1937), a la que se suma el Arco Desaguadero
(inaugurado en 1936), portal de acceso y centro de servicios al viajero ubicado
sobre la RN 7, en el límite con la provincia de San Luis. Durante las
gobernaciones siguientes se ocupó de la construcción de las Colonias para
Menores en Agrelo (Luján) y la Villa 25 de Mayo (San
Rafael), licitadas en 1937 y 1941, e inauguradas en 1941 y 1943,
respectivamente.[18] A esa
obra se agregaron salas de primeros auxilios y escuelas, y el edificio para
escuela, comisaría y dispensario en el remoto distrito de Los Molles (San
Rafael) que se construyó en sólo seis meses, entre noviembre de 1937 y abril de
1938 (Raffa, 2020a). Ejemplo este último que, por las
características del paraje donde se emplazó el edificio y la complejidad del
programa, da cuenta de la capacidad técnica y financiera de la empresa para
hacer frente la obra, así como muy probablemente, del uso de mano de obra
intensiva local para ejecutarla en un plazo acotado. En una carta enviada al gobernador de San
Juan en 1947, en la que solicitó ciertas condiciones en la adjudicación de una
obra de impermeabilización de canales, la empresa declaró un capital aproximado
de $ 1.000.000 moneda nacional; referencias de los Bancos Nación y Mendoza y
una serie de equipamiento que lo capacitaba para obras en general; e incluso
indicó poseer taller mecánico y de herrería para el arreglo de las
herramientas.[19] Estos
datos la colocan en el rango de las firmas con una marcada capacidad operativa,
característica que permitió luego, la realización de trabajos extra-regionales
en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y la ya mencionada, San Juan.
Entendemos que Ernesto Martinelli
constituye una clara muestra de las empresas familiares que encontraron en la
ejecución de OP una oportunidad de crecimiento. La empresa que se disolvió en
1958, incluyó en su historial obras construidas para la Dirección de
Arquitectura de la provincia; las Direcciones Nacional y Provincial de Vialidad
y para la Dirección General de Ingenieros del Ministerio de Guerra, esta
última, durante el primer peronismo. Otro indicio del dinamismo empresarial es
la asociación con agentes de otros rubros. En efecto, en 1936 el hijo de
Ernesto, Luis Emilio, se asoció con Antonio (h) y Eugenio Torrent
para formar Martinelli y Torrent
S.R.L. (5ª puesto), con el objeto de intervenir en obras de desagües y
construcciones (PN, 3131 -R. Lucena-, esc. 104, 25-6-1936, f. 228-234 v.). Es
oportuno aclarar que la familia Torrent era de origen
español y se posicionaba en el medio local como comercializadora de embutidos,
actividad que mantiene en la actualidad. Es probable que esta asociación
respondiera a un interés de Martinelli en ampliar las
áreas de acción, para lo cual necesitaba de nuevos inversores. Por su parte, Torrent se involucraba como accionista en una actividad que
ya se perfilaba como redituable y con ello diversificaba sus inversiones. De
acuerdo a las fuentes relevadas, esta sociedad ganó la licitación para
construir desagües en Jocolí (1936, Lavalle), La Marzolina (1942, General Alvear) y obras de saneamiento en
Costa de Araujo (1937, Lavalle), y el ensanche y terraplenamiento
del camino desde la Ciudad de Mendoza a Villavicencio.
Respecto de la firma Lucas Sarcinella
e Hijos, si bien su constitución societaria data de 1937 (PN 3404 -Curth-, esc. 139, 26-9-1939, f. 479v-490), su desempeño es
anterior. Figura como responsable de las construcciones de los pabellones pediátricos
y de maternidad del Hospital Emilio Civit (1936 c);
las escuelas Industrial de Maipú (1934), Justo José de Urquiza (1936) y
primaria en Palmira (1938); pabellones en los Hospitales Ponce y en el Asilo de
Huérfanos (1938 c) y las Casas Departamentales de Junín y General Alvear
(1939-1940). Esta empresa ejecutó obras en la provincia en las décadas
siguientes, entre las que se destacan el edificio sede del Departamento General
de Irrigación, proyectado hacia 1944 y la Galería Tonsa,
en 1958, entre otros. Durante la gestión conservadora, la empresa Sarcinella construyó obras por un valor aproximado de
$1.556.000 moneda nacional (LA 1/1/1939), lo que indicaría un crecimiento
exponencial de su patrimonio societario inicial de $30.000 (PN 3404 -Curth-, esc. 139, 26-9-1939, f. 479v-490). Paralelamente
realizó obras en la vecina provincia de San Juan.
El ámbito local resultó común como escala de trabajo
también para algunas de las empresas familiares extra-regionales, inicialmente,
en la construcción de caminos. Es el caso de las firmas Peretti
Hermanos, con obras en Mendoza, San Juan y San Luis; Márquez y García, constituída por Diego Márquez y Justo García, que en sus
publicidades indicaba que poseía camiones propios y modernos equipos mecánicos
camineros; o la empresa “Viuda de Pagani y otros” que
trabajaba entre Mendoza y Córdoba, también construyendo la red caminera (Los Andes, Mendoza, 1/1/1938). Vale
recordar que el período que transcurre entre 1930 y principios de los años ´40,
constituye uno de los ciclos de mayor consolidación de la trama viaria a
escalas provincial y nacional. Tras la sanción de la Ley de Vialidad en 1932,
la construcción de caminos alcanzó un ritmo no superado durante las décadas
siguientes, completando un total aproximado de 90.000 km en 1943 (Malgesini & Álvarez, 1983: 14).
De modo que los ingentes recursos públicos
destinados a obras de infraestructura y servicio propiciaron la consolidación
de firmas de base familiar con cierta trayectoria en la provincia -dirigidas
por sus fundadores, y/o sus hijos, durante un amplio período- que atendieron
una multiplicidad de demandas constructivas, de infraestructura y equipamiento
(, así como la participación de empresas extra-regionales y, eventualmente, la
formación de nuevas sociedades para ampliar las oportunidades de acción y
capitalización.
El desempeño
técnico de las firmas: adjudicación de obras y la profesionalización del sector
La última variable aporta elementos para conocer el
grado de tecnificación y profesionalización de las firmas. Por un lado, había
constructores que se presentaban en licitaciones menores, como arreglos y
ampliaciones, en ese caso, la mención en los decretos se hacía a través del
nombre del constructor. Existe luego una segunda escala, compuesta por empresas
que, por su trayectoria en el rubro, podían hacer frente a obras de mediana
complejidad; a este grupo se suman aquellas que se identifican con una razón
social. Aquí encontramos compañías locales, y con alcance regional. En un
tercer rango, están las firmas de escala nacional, algunas de capital
extranjero, como oferentes en licitaciones de grandes infraestructuras que
demandan expertise
y herramientas o maquinarias específicas para su construcción, o en la
construcción de equipamiento de cierta complejidad. En esta última instancia,
también detectamos la asociación o agrupación de empresas familiares o de
empresas y contratistas (Raffa, 2020a).
En función de la categorización presentada,
observamos que la adjudicación de obras es amplia y diversa. Al menos hasta 1936
registramos una multiplicidad de contratistas y empresarios que de manera
individual, o asociada, encararon significativas obras con un variable grado de
complejidad, desde la construcción y refacción en edificios públicos (Dirección
de Industrias, hospitales) y establecimientos industriales (Zona Libre
Alcoholera) hasta infraestructura de servicios (saneamiento y/o desagüe). Es el
caso de Pedro Módolo y Victorio D’Agostini,
que solían trabajar en conjunto en función de la relevancia técnica de la obra.
Otros agentes cobraron notoriedad esporádicamente por la ejecución de alguna
obra específica, como Segundo Pizzoglio que remodeló
el edificio de la Legislatura provincial (1936), pero sin registro de
continuidad.
Esta multiplicidad fue cediendo paso, a partir de
1937, a una mayor concentración de la oferta, posiblemente impulsada por los
requerimientos técnicos, y que se focalizó sobre todo en las firmas
pertenecientes a Coppo, Sarcinella
y Martinelli, las cuales operaron en la provincia por
varias décadas y encontraron en la ejecución de obras públicas un elemento traccionador de su capital inicial. Resulta recurrente la
presentación, al menos hasta inicios de los años 40, de un mismo grupo de
empresas locales, lo que indica la capacidad acotada para la ejecución de OP
que había en el medio, en consonancia con la escala de la provincia en la que
se intervenía.[20] El
seguimiento de estos casos demuestra el acceso de pequeños y medianos
empresarios a la obra pública, corrientemente adjudicada a las grandes firmas.
Respecto del corpus
de licitaciones analizadas, los adjudicatarios han variado, incluso para la
construcción de un mismo prototipo arquitectónico en distintos emplazamientos.
Tal es el caso de las escuelas Cano en Guaymallén y
la escuela primaria ubicada en el distrito de Palmira (San Martín) que fueron
adjudicadas a Gómez, Domínguez y Cía. y Lucas Sarcinella
e Hijos, respectivamente y licitadas con un año de diferencia. Un caso similar
ocurre en la licitación de las sedes municipales (1940) para los departamentos
de Luján, General Alvear y Junín, también proyectadas como prototipos y
adjudicadas a Gómez, Domínguez y Cía., la primera y a Sarcinella
e Hijos las restantes. En ambos casos el listado de oferentes ascendía a tres,
entre los que se encontraba la compañía Sollazzo S.A,
con sede en Buenos Aires. Una firma vinculada a Mendoza en la ejecución del
barrio de Casas Colectivas a través de las licitaciones realizadas en 1937 y
1939, por casi 8 millones moneda nacional (cfr Tabla),
y del Dique El Nihuil II, cuyas obras se iniciaron en
1942.[21]
Aún en el caso de las empresas que operaban en la
escena nacional como Acevedo y Shaw,[22]
que tenía como abogado a Guillermo Cano (h), descendiente del ex gobernador
homónimo;[23] o Petersen, Thiele y Cruz,[24] una
compañía con trayectoria en el país en obras viales, hidráulicas, urbanísticas
y de arquitectura, y con lazos con el arco conservador nacional, hemos
comprobado que las licitaciones a las que se presentaron no siempre las favorecieron.
La primera de las firmas, por ejemplo, se presentó en la licitación para la
construcción de pabellones en el entonces Hospital Lagomaggiore
(hoy Lencinas) y la misma fue adjudicada al
contratista local Julio Coppo. Similar es el caso de
la presentación de Petersen, Thiele
y Cruz para la edificación de una escuela en el departamento de General Alvear,
también adjudicada a Coppo. En el Decreto de la
licitación se destaca la capacidad técnica y económica del empresario local
para la ejecución de la obra y sus antecedentes en la realización de otras
obras públicas (Vicchi, 1943: 279). Julio Coppo, séptimo en la tabla, se dedicaba a la construcción
desde 1915 aproximadamente. Sin socios conocidos, este constructor nacido en
altamar en 1899, concentró sus trabajos particularmente en la provincia de
Mendoza. Participó como oferente de licitaciones desde 1935 y hasta 1942, en el
momento de mayor actividad de OP en la provincia. Construyó varios pabellones
para hospitales y realizó múltiples refacciones en edificios fiscales, entre
otras obras.[25] La
mención de estos ejemplos nos sugiere que la menor capacidad, técnica y
financiera, para competir con las grandes firmas no fue óbice para que aquellas
participaran del mercado de la obra pública.
El interés de las empresas nacionales identificadas
en la contratación de OP en Mendoza se detecta a partir de 1940, en las
licitaciones de mayor escala como la construcción del Hospital Central y la
construcción o modernización de obras de infraestructura como el Dique Cipolletti. La tipología de las licitaciones está
claramente relacionada con la expertise de ambas
firmas que se destacaron por el uso del hormigón armado. El crecimiento de
empresas de capital nacional como las mencionadas, indica Ballent
(2019), se registró a partir de los años 1920 y principios de 1930, con base en
la ejecución de obras privadas o públicas que no llegaban a la complejidad
abordada por las empresas extranjeras.
Las empresas de capital extranjero aparecen como
oferentes de licitaciones provinciales hacia el final del período. Entendemos
que esto se da, justamente por la mediana complejidad de las obras encaradas en
la provincia hasta 1941, ya que los proyectos importantes de arquitectura e
ingeniería se licitan poco antes del golpe de Estado de 1943 (a excepción de
las Casas Colectivas).
Entre ellas están GEOPE,[26]
instalada en el país hacia 1913, y Siemens Bauunion
S.A.,[27] ambas
de capital alemán. La primera participó como oferente en la licitación para la
construcción de las Casas Colectivas y del Hospital Central, la otra fue adjudicataria
de la ampliación del Dique del Alto Tunuyán (1942) y
de la ejecución de obras complementarias para la Plaza Independencia (1943) y
por lo que entendemos es además, la única empresa extranjera que resultó
adjudicataria en las licitaciones provinciales del período. Instalada en el
país hacia 1925, como subsidiaria de la firma Siemens, esta sociedad anónima se
dedicó a obras de ingeniería. En Mendoza ya había construido la Central
Hidroeléctrica de Cacheuta (1926). Esto confirma que
la realización de diversos tipos de obras exige mayor nivel de equipamiento, de
modo que cuando es mayor el volumen unitario de una obra, o cuando mayor es su
complejidad técnica o la exigencia de equipos, es mayor también la
participación del capital externo (Vitelli, 1976).
Por su parte, del análisis de los decretos se
desprende que las adjudicaciones tenían en cuenta particularmente la propuesta
económica y en algunos casos, se ponderaba además la resolución técnica del
edificio. La licitación para la construcción del Hospital Central, por ejemplo,
se publicó en mayo de 1940 en los diarios La Nación, Noticias Gráficas, La
Razón y La Fronda (Capital Federal), y Los Andes y la Libertad (Mendoza). En
junio de ese mismo año, el Ejecutivo provincial conformó una Comisión de
asesoramiento técnico sobre la adjudicación de la licitación, que estuvo
integrada por el arquitecto Arturo Civit, director de
la Dirección Provincial de Arquitectura, y varios ingenieros entre los que
estaban el asesor técnico del MEOPyR, Alvise Bevilacqua; el director
técnico de la Comisión de Estudios y Obras de Riego e Hidráulica, Ludovico Ivanissevich; el decano de la Facultad de Ciencias de la UNCuyo, Edmundo Romero y Jorge Giménez. Actuó como secretario
de la Comisión el también ingeniero, Alfredo Beltrán Plos.
Se presentaron como oferentes empresas nacionales y locales, éstas últimas
asociadas transitoriamente debido a la envergadura de la obra. Las compañías
que pasaron el estudio de la Comisión fueron: Lucas Sarcinella
e hijos, Miguel Rosso e hijos y Julio Coppo; Compañía Platense de Construcciones Siemens Bauunion S.A.; Antonio D´Elia;
GEOPE (Compañía General de Obras Públicas S.A.); Bocazzi
S.A.; Compañía General de Construcciones S.A.; Polledo
Hnos. y Cía.; Sollazzo Hnos.; Compañía de
Construcciones Civiles S. A. y Lucio Cherny (Raffa, 2020a).
La presencia del ingeniero Ivanissevich
como parte de la Comisión asesora, vinculado a Miguel Rosso
a través de “La Constructora Andina”, podría haber sido una razón para que la
obra se adjudicara a la unión transitoria de empresas de la cual el constructor
participaba. Nótese además que entre los oferentes se encontraba la empresa Polledo Hnos. propiedad de los ingenieros César y Luis Polledo, formada en 1925 como empresa dedicada a la
construcción y a las actividades agropecuarias y que en 1934 se transformó en
sociedad anónima. César Polledo fue el primer
director de la Cámara Argentina de la Construcción, cargo que mantuvo con
breves interrupciones hasta 1976 (Ballent, 2019: 44),
dato que también podría haber sopesado en la adjudicación de la obra. En forma
contraria a estos supuestos, en la licitación primó la oferta y la propuesta
técnica. Resultó beneficiaria la Compañía Argentina de Construcciones Acevedo y
Shaw S. A., que había realizado la oferta más baja para la edificación del
hospital, que ascendía a la suma de $4.044.503, 34. La empresa, además, había
extendido la propuesta de la Dirección de Arquitectura de realizar algunos
muros transversales y longitudinales en hormigón armado a todo el edificio, con
lo cual, el Central quedaría conformado como un edificio monolítico de
hormigón, recubriendo los muros exteriores con mampostería de ladrillos huecos.
El sistema constructivo se ajustaba así, a las técnicas más modernas en materia
de cálculos antisísmicos (Raffa, 2020a). El 7 de
septiembre de 1940, por decreto 575-G del Ejecutivo se aprobó el contrato
celebrado entre la Dirección de Arquitectura y la empresa Acevedo y Shaw S.A.
para la construcción del Hospital Central. El proceso de construcción del
Central fue extenso. Los embates de la crisis producida por la Segunda Guerra
Mundial, elevaron los costos y dificultaron la ejecución. Algunos materiales
aumentaron alrededor de un 60% sus precios. La obra también se vio afectada por
demoras de la empresa constructora.[28]
A partir de los casos abordados, observamos, además,
que el grado de profesionalización de las firmas locales es bajo, en
contraposición con la alta profesionalización de aquellas con capital nacional
o extranjero. En general, las locales estaban constituidas en su mayoría por
constructores de oficio, siendo la segunda generación de las mismas la que
comienza a profesionalizarse, ya sea como constructor titulado o siguiendo las
carreras de Arquitectura o Ingeniería. La profesionalización completa se da a
partir de la tercera generación, más allá de la duración de la empresa en
actividad. Esto puede ocurrir por múltiples factores entre ellos, que la
primera generación está sobre todo constituida por inmigrantes que ya poseían
el oficio de la construcción al llegar al país o que lo aprendieron a edad
temprana, del mismo modo colaboró en la profesionalización tardía, la lejanía
de Mendoza respecto de los centros de formación de la carreras universitarias
vinculadas a la actividad, que particularmente se nuclearon en las
Universidades de Buenos Aires, Córdoba y el Litoral entre fines del siglo XIX y
principios del XX (Cirvini, 2004), y que llegaron a
la región recién a fines de la década de 1940, a través de la Universidad
Nacional de Cuyo, sede San Juan, con las carreras de Ingeniería y Arquitectura
(Raffa & Fiorito, 2020: 277-302).
Consideraciones
finales y agenda de trabajo
La reconstrucción presentada identifica a un grupo
de firmas que se desempeñaron por un amplio período en la provincia y echa luz
sobre el derrotero de un puñado de empresas constructoras de base familiar y
origen inmigratorio que se conformaron en la provincia de Mendoza en las
primeras décadas del siglo pasado y, a partir del influjo de las políticas de
fomento a la obra pública implementadas en la década de 1930, comenzaron a
abastecer las demandas de la arquitectura pública (hospitales, escuelas, etc.) y
de infraestructura, tales como mejoramiento y pavimentación de la red vial, y
de modernización de la red hídrica para servir las necesidades de consumo
humanas y productivas. En la mayoría de los casos, el grado de especialización
es demostrativo del creciente nivel de capacidad-técnica de las firmas.
De modo que la OP alentó el crecimiento del
empresariado local vinculado al rubro, que ya participaba en la ejecución de
obra privada (casas). La mayoría de las firmas detectadas funcionaban desde
hacía varios años, es decir, que lograron sortear los críticos inicios de la
década de 1930. En efecto, superada esa coyuntura adversa la industria de la
construcción, en general, y los empresarios, en particular, encontraron un
potente dinamizador en los recursos emanados de la obra pública; a diferencia
de otras experiencias extra-regionales que registraron un despegue asociado,
mayoritariamente, a la construcción de viviendas y en un período posterior.
Entendemos que la particularidad del caso local
estaría dada por la estrecha vinculación de la OP como dinamizador de un puñado
de empresas familiares, con diverso grado de experiencia en el sector, algunas
de las cuales pervivieron durante un amplio período y trascendieron las
demandas locales para vincularse a proyectos extra-provinciales y hasta
internacionales.
Además, observamos, al menos preliminarmente, para
los casos analizados que:
●
Hay un cambio
cualitativo y cuantitativo de las actividades de las empresas familiares
locales representado por el ingreso en la OP en los años ´30.
●
Las empresas
de capitales nacionales y extranjeros que participaron en obras en nuestro
período de estudio, en un porcentaje aproximado del 70 %, ya habían construido
OP en Mendoza en gestiones de gobiernos anteriores.
●
La incidencia
de capitales extranjeros en la OP en Mendoza durante la década analizada no es
representativa, muy probablemente porque la mayoría de las obras licitadas eran
de escala intermedia.
●
No hemos
podido establecer, salvo por coincidencias específicas, que las redes de
sociabilidad hayan sopesado en la contratación de obras. Entendemos que fue la
capacidad operativa de las empresas el factor determinante en la adjudicación
de las licitaciones. Esto podría plantearse en consonancia con la concepción estatal
de progreso material, que indudablemente necesitaría buena factura en la OP
realizada para que perdurara.
●
En general
las empresas locales estaban constituidas por constructores de oficio. Fue la
segunda generación de las mismas la que comenzó a profesionalizarse, ya sea
como constructores titulados o siguiendo carreras afines como la Arquitectura y
la Ingeniería.
Con base en estos señalamientos resulta sugerente
avanzar en el derrotero de esas firmas durante el primer peronismo y el
desarrollismo, ciclos políticos caracterizados por el avance en las políticas
de vivienda y de grandes obras de infraestructura, respectivamente.
Tabla 1: Provincia de Mendoza. Ranking tentativo de empresas
adjudicatarias de obras públicas con base en datos y casos relevados
(1935-1943)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Raffa
(2020a), Boletines oficiales de la provincia de Mendoza (1935-1943), Los Andes,
Mendoza (1941), MEOPyR (1941). Nota: A) Las fuentes disponibles no informan el monto de la obra
para desagüe y saneamiento en Rivadavia, ejecutada por Martinelli
y Torrent. La inclusión de este monto podría
significar que la empresa ocupara el 4ª puesto. B) Referencia: E: Equipamiento/
I: Infraestructura
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Recibido:
16 de febrero de 2022
Aceptado:
22 de abril de 2022
Versión
Final: 10 de mayo de 2022
[1] Una versión preliminar de este trabajo fue discutida en el I
Congreso nacional de historia local y regional. Río Cuarto (Córdoba), noviembre
de 2021. Las autoras agradecen las sugerencias de los anónimos evaluadores del Anuario de la Escuela de Historia de Rosario.
[2] La ejecución de OP en la provincia durante el período que analizamos ha
sido incluida en publicaciones sociales locales (revista La Quincena Social,
por ejemplo) a modo propagandístico y por ello fragmentario. Otras
publicaciones sectoriales de escala nacional, como la revista del Centro de
Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos, también hacen referencia a la OP
en Mendoza, pero en términos generales.
[3] La delegación Mendoza de la Cámara Argentina
de la Construcción, estuvo integrada por algunos de los fundadores de las
firmas aquí analizadas, lo cual confirma la potencialidad de este estudio.
[4] Nos referimos
al proyecto político conservador que se inició a nivel nacional con la llegada
a la presidencia de las fórmulas de la “Concordancia”, encabezadas por Agustín
P. Justo, y que en Mendoza, estuvo representada por el Partido Demócrata, bajo
las gobernaciones de Ricardo Videla (1932-1935), Guillermo Cano (1935-1938),
Rodolfo Corominas Segura (1938-1941) y Adolfo Vicchi
(1941-1943), cuyo mandato se vio interrumpido por la denominada Revolución de
1943.
[5] Estos vínculos
personales se dieron por ejemplo, entre la técnica y política, y fueron
transparentados en algunos de los nombramientos de distintos agentes dentro de
las principales reparticiones, al respecto ver: Raffa
& Rodríguez Vázquez, 2020 y Raffa, 2020a.
[6] Mendoza está
ubicada en el centro oeste de la República Argentina. El territorio provincial
irrigado se divide en tres Oasis: el Norte, integrado por los departamentos de
Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, parte de Las Heras, Guaymallén,
Maipú, Luján; la región Este, con los departamentos de San Martín, Junín y
Rivadavia y, finalmente, la región Norte, que comprende a los departamentos de
Santa Rosa, parte de La Paz y de Lavalle. El Valle de Uco
está conformado por Tunuyán, Tupungato
y San Carlos. Finalmente, el Oasis Sur está compuesto por San Rafael, General
Alvear y parte de Malargüe.
[7] En la
publicidad electoral previa a los comicios de 1941, con la candidatura al
Ejecutivo de Vicchi- Gutiérrez, se enfatizó la acción
del gobierno en contra de la desocupación y a favor del avance material. Los
artículos periodísticos hace referencia al empleo de más de 10.000 obreros
mendocinos en la construcción del oleducto Mendoza-
Santa Fe (Los Andes, Mendoza, 31/12/1940: s/p) .Los plazos de ejecución de los
distintos ejemplos de arquitectura pública, también pueden constituirse en un
parámetro para leer a la industria de construcción como una fuente de empleo,
si tenemos en cuenta la relación entre tiempos de ejecución acotados y la
complejidad de algunos de los proyectos encarados, así como los eslabonamientos
que genera y requerimientos específicos que demanda, como por ejemplo insumos
en la industria metalúrgica. Al respecto sugerimos: Raffa,
2020a.
[8] En 1938, este
ministerio cambió su denominación a Ministerio de Economía, Obras Públicas y
Riego, referido en el texto como MEOPyR y, con ello,
amplió sus incumbencias (Raffa & Rodríguez
Vázquez, 2020).
[9] La elaboración
de cemento y la producción de hidrocarburos fueron consideradas actividades
prioritarias para la provincia. El gobernador Videla firmó con Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) convenios que resultaron decisivos para la
sistemática exploración y extracción de petróleo (Timmermann,
2020: 283-315). Durante la gestión de sus sucesores, Cano y Corominas Segura,
se instalaron las destilerías. Los mismos mandatarios fueron protagonistas de
las puestas en marcha de las cementeras que se instalaron en Mendoza,
beneficiadas por leyes de promoción industrial (Moretti,
2014).
[10] En el caso de
los gobernadores, el ingeniero e historiador Ricardo Videla (1880-1960), había
participado como ministro de Industria y Obras Públicas durante la intervención
federal de José María Rosa y como secretario en la Municipalidad de Mendoza.
Guillermo Cano (1884-1939) de profesión abogado como sus dos sucesores, ocupó
en su carrera política los cargos de concejal (1909); diputado provincial
(1914), convencional constituyente para la reforma de la Constitución
Provincial (1916) y ministro de Hacienda durante la gobernación de Videla. Rodolfo
Corominas Segura (1891-1967), un activo dirigente demócrata; fue concejal de la
Municipalidad de Mendoza, diputado provincial y luego diputado nacional en
1937. Finalmente, Adolfo Vicchi (1901-1965), también ocupó el cargo de concejal por
la comuna capitalina (1926), para luego desempeñarse como diputado de la Nación
(1932- 1936) y a partir de 1938, como ministro de Gobierno de Corominas Segura
(Raffa, 2020a) Luego de abandonar los cargos
ejecutivos en la provincia, varios de estos políticos se destacaron en la
política nacional e internacional luego de la Revolución Libertadora y durante
el ciclo desarrollista Al respecto ver: Junta de Estudios Históricos de
Mendoza, 1996.
[11] Esta entidad,
encuentra su paralelo a escala nacional en el Centro de Arquitectos,
Constructores y Anexo, fundado en 1927 (Moretti,
2019: 101). Las transformaciones en el
campo técnico provincial propiciaron, a partir de la década del ´50, la
organización disciplinar en otras sociedades, haciendo la diferencia entre
titulados y no titulados, tanto en el campo de la Ingeniería como en el de la
Arquitectura. Entre otras asociaciones, se creó la Sociedad de Arquitectos de
Mendoza en 1959 (Raffa, 2015). A nivel nacional, el
desarrollo de organizaciones vinculadas a la construcción estaba más avanzado,
entre otras: la Sociedad Central de Arquitectos (1901), el Centro de Ingenieros
Alemanes (1910), el Centro Argentino de Ingenieros (1930) y la Cámara Argentina
de la Construcción (1936) (Ballent, 2019)
[12] En este sentido, las Casas Colectivas (1937,
primer etapa) constituyen una excepción, por los volúmenes invertidos así como
la capacidad técnica que demandó.
[13] Desde 2021 es
conducida por un CEO profesional proveniente de otra firma y los socios
descendientes de la familia se encuentran en litigio judicial por la conducción
y la composición accionaria. https://cartellone.com.ar/empresa/#historia
[14] Como parte de
La Constructora Andina, Rosso trabajó bajo la
dirección del ingeniero Domingo Selva. La Constructora Andina fue una sociedad
cooperativa constituida en 1906. Conformaron el primer Directorio, miembros de
tradicionales familias mendocinas, junto a lo más representativo de la
dirigencia política conservadora y personalidades del mundo científico de la
época: Presidente: Juan Serú; Vicepresidente: Federico Corbin;
Secretario: Severo Gutiérrez del Castillo; Tesorero: Ing. Luis Fourcade; Vocales: Sr. Juan Antonio Zapata, Dr. Melitón
Arroyo, Sr. Miguel Escorihuela; Ing. Director de
Obras: Ing. Domingo Selva, Gerente: Alejandro Tomathis,
Síndico: Carlos Alurralde. La obra de la constructora
se destacó por el uso del hormigón armado, una técnica innovadora para
principios de siglo en la provincia. Su actividad más representativa
transcurrió entre 1910 y finales de 1920. Trabajó también asociado a la
constructora el Ing. Ludovico Ivanisevich.(Cirvini & Manzini, 2010).
[15] En el acta
constitutiva se estableció que la empresa funcionaría por 50 años. Entrevista
al arquitecto Miguel Ángel Rosso, en Mendoza, el
25/8/2020.
[16] La última
denominación de la empresa fue “Luis y Félix Martinelli,
constructores”. Es probable que hayan egresado como constructores de la
Universidad Popular de Mendoza, que expedía desde 1922 ese título. Los datos
sobre la firma fueron proporcionados por el arquitecto Luis A. Martinelli, entrevistado en Mendoza, el 31/8/2021.
[17] En 1926, se
constituye la “Compañía Constructora Silvestri y Crayon Sociedad Anónima”, de la que Ernesto Martinelli participó como socio junto a Carlos y Guido Crayon, Victorio y César Modolo,
Domingo Martinelli, Santiago y Carlos Silvestri, Carlos Ermácora y
Máximo Colnaghi. La sociedad se inició con un capital
de $500.000 moneda nacional. No tenemos datos de la duración de la misma, lo
cierto es que al menos dos de los integrantes, Ernesto Martinelli
y Carlos Silvestri, aparecen en el período
conservador como oferentes por fuera de esta razón social (BOPM, 1926, f. 648).
[18] La trayectoria
de la firma está muy vinculada a la ejecución de viviendas unifamiliares. Martinelli trabajó con algunos de los más renombrados
arquitectos de la época entre los que están: Raúl Álvarez, Daniel Ramos Correas
y Manuel Arturo Civit. Entre las casa construida
destacamos la del banquero Juan Carullo construida en
1929 sobre la actual avenida Emilio Civit, que poseía
una torre y una sala meridiana (observatorio astronómico), lo que da la pauta
de las capacidades técnicas de esta empresa constructora.
[19] El listado se
componía de: 14 hormigoneras, con motores a nafta y eléctricos; 4 bombas para
agua; 2 guinches elevadores completos; 1 martinete para pilotajes, 3 camiones;
120 carretillas, 12 carritos hormigoneros; equipo de soldadura autógenas
completo; 1100 tablones para andamiaje,
2 tractores de 62 HP con equipo topadora; tirantería
en general para andamiaje; canastas, baldes, picos, palas, etc., en
cantidad (Carta al gobernador Ruperto
Godoy, 11/10/1947, incluida en Martinelli, 2018).
[20] Destaca la
adjudicación en 1938 de la obra de construcción de la escuela Videla Correas al
empresario local Emilio López Frugoni, ex ministro de
Obras Públicas provincial, que en ese momento no ejercía ningún cargo público.
Indudablemente la familiaridad con la temática y los agentes encargados de la
adjudicación de la licitación pueden connotar algún direccionamiento en las
decisiones administrativas en torno de la obra, aunque también puede asociarse
a la trayectoria en el ámbito privado de la empresa. Desde finales de la década
de 1910, López Frugoni (1890 - 1974) trabajó asociado
a distintos arquitectos, como Daniel Ramos Correas, en la proyección y
ejecución de obras, particularmente viviendas unifamiliares. Entre esas obras
se destaca la dirección técnica del edificio para la Mercantil Andina; el Banco
Mendoza y participó en las obras del Banco Hipotecario y el Banco de la Nación,
entre otras. Se ocupó además de ampliar el Hotel Termas de Cacheuta
(1917) y de la construcción del Hotel de Villavicencio (1939-1940) (Lacoste, 1998: 176-178)
[21] Esta empresa
nació en Tucumán y tomó forma jurídica en 1924, estaba constituida
originalmente por los hermanos Antonio y Salvador Sollazzo,
inmigrantes italianos, a quienes con el tiempo y dada las características de
las obras que construían, se fueron sumando otros colaboradores. Se pueden
establecer tres momentos en el desarrollo de la empresa. Entre 1924 y 1939: la
ejecución de obras industriales y edilicias; entre 1940-1968: obras
industriales, edilicias e hidráulicas y finalmente de 1969 a 1990: las grandes
obras hidroeléctricas, a través de la sociedad Impregilo
y Sollazzo S. A.
https://www.facebook.com/groups/elchocon/permalink/10151748800065098/
[22] En 1942, con
la asociación de las empresas Acevedo y Shaw, de capitales argentinos y la
Compañía de Construcciones Civiles de Aguirre y Aragón, de capitales chilenos,
se funda Acindar, Industria Argentina de Aceros. La
iniciativa tenía como objetivo fundar una acería ante la abrupta escasez de
barras de acero a causa de la Segunda Guerra Mundial.
[23] También era
representante legal de Minetti desde 1936 (PN 3131
-Lucena-, esc. 107, 15-6-1936, f. 307 v). Esta trayectoria profesional sería
indicativo de un vínculo entre los miembros de la élite dirigente y las firmas
extra-regionales con actividad en Mendoza.
[24] Es
continuadora de la empresa constructora que nació en 1918 y se constituyó en
1920 como Sociedad Colectiva “Petersen, Thiele y Cruz Arquitectos e Ingenieros”, para finalmente
convertirse en 1941 en la Sociedad Anónima con cuya actividad siguió hasta la
actualidad, siendo parte del denominado Grupo Petersen.
[25] Desde muy
chico Coppo mostró interés por el arte, sobre todo la
pintura, por lo que terminando la secundaria, decidió estudiar pintura en
Italia. Sin embargo, ese viaje no se concretó porque tuvo que empezar a
trabajar para colaborar con la economía familiar. Datos brindados por Verónica Torelli Coppo y sus hermanas,
entrevistadas en Mendoza, el 12/9/2021.
[26] La Compañía de
Obras Públicas S.A. ejecutó un gran volumen de OP hasta mediados de la década
de 1950. Entre sus emprendimientos ingenieriles y de gran escala destacan
muelles, puentes y puertos y distintas obras de saneamiento (Tartarini, 2007: 106-107).
[27] Siemens llegó
al país en 1857, estableciéndose formalmente en 1908. Puso en funcionamiento
hacia 1911, la primera fábrica que suministraba generadores de corriente
alterna y motores eléctricos para importantes industrias, como la del ingenio
Ledesma en la provincia de Jujuy. En 1931, empleando a más de 3.000 personas,
mudó sus instalaciones a un edificio propio y a mediados de esa misma década
construyó en el tiempo récord el Obelisco. También participó en la ejecución de
la línea B de subterráneos. En las décadas de 1970 y 1980, realizó también
varias obras pioneras, como la central nuclear Atucha
I. Actualmente la empresa exporta además, tecnología y servicios a unos 20
países de todo el mundo. https://mercado.com.ar/empresas-negocios/siemens-y-160-anos-del-primer-proyecto-local/
[28] En 1940, la
empresa interpone un recurso contencioso- administrativo por el cual solicitaba
la eximición del pago del gravamen correspondiente al sellado del contrato de
construcción del Hospital. Dicho recurso fue desestimado por el Ejecutivo
mediante decreto 202-F de julio de 1941. Mediante el decreto 654 del mismo mes
y año, el Ejecutivo emplazó a la empresa para que en un período no mayor a 15
días, instalase una oficina técnica en la ciudad de Mendoza, para solucionar
los problemas que planteaba la ejecución de la obra (Raffa,
2020a).