La cuestión
de la identidad política de los colonos santafesinos: 1880 -1898.
Estudio
de algunas experiencias*
The political identity´s question in the
santafesino´s settlers: 1880 -1898.
Study of some experiences
Universidad
Nacional de Rosario,
Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)
SILVIA
CRAGNOLINO
Universidad Nacional de Rosario, (Argentina)
ÉLIDA SONZOGNI
Universidad
Nacional de Rosario, (Argentina)
Introducción
El '80 significa para la realidad argentina la
consolidación de un poder centralizado, producto de la reestructuración de la
alianza interoligárquica que construye el Estado Nacional. Detrás de la
propuesta de "paz y administración" de Roca se genera una profunda
rediscusión de las relaciones entre el Estado y la sociedad, en donde esferas
tradicionalmente controladas por la segunda, resultan progresivamente
incorporadas al control del Estado: así el Estado monopoliza la educación elemental;
seculariza episodios importantes de la vida privada, como el matrimonio y la
muerte, reafirma la calidad y alcances del "patronato" sobre la Iglesia
Católica. Las leyes laicas van acompañadas por una opinión pública reactivada
a través de las manifestaciones periodísticas o desde el ensayo, pero
también de movilizaciones, mitines, marchas y una dinámica presencia en
los debates parlamentarios.
La estructuración de un sistema político con dimensión nacional y estas
nuevas prácticas observables en una escena pública que ha adquirido perfiles
más definidos, no significan la desaparición de mecanismos políticos
restrictivos, propios de la "república posible" alberdiana. Sin
embargo, en el interior de ese sistema, las facciones comienzan a debatir la
necesidad de asentar sus usos sobre bases consensuales más amplias, avanzando
en un proceso en que se intentarán desdibujar los personalismos y en donde la
dinámica interpersonal vaya dejando paso a propuestas de objetivos
explicitados.
A nivel provincial, los '80 se abren con una fractura del bloque situacionista,
cuyas tensiones internas latentes se agudizan en la emergencia de la muerte de
Simón de Iriondo. Sus efectos sobrepasan las fronteras provinciales y dan
ocasión a la rediscusión de acuerdos y alianzas entre las facciones santafesinas
y el poder central. Su proyección así como la del debate abierto en el sistema
político del país —uno de cuyos parámetros lo constituye la resignificación de
la inmigración extranjera— van a tener un fuerte impacto sobre la realidad
social santafesina que se extenderá durante toda la década.
Realidad social dentro de la cual se agudizarán los conflictos entre el
poder provincial y ciertos sectores de los municipios de las zonas de
colonización y de Rosario que, en el caso del área que se examina (colonias
agrícolas del centro-oeste) alcanzan niveles de enfrentamiento y ruptura, como
lo demuestra claramente el caso de Esperanza. Estas confrontaciones se originan
en el interior de un proceso en el cual tanto el Estado Nacional como el
Provincial pretenden avanzar sobre un poder municipal cuyo radio de acción se
restringe paulatinamente entre el '80 y el '90. Algunas afirmaciones de Sarmiento,
fuerte defensor de la institución municipal dan cuenta de ello en 1887,
aplicadas al caso de la ciudad de Buenos Aires:
...Un
Presidente de la Nación creyó conveniente (a sus negocios nacionales o
personales), suspender la ley municipal de la ciudad, y nombrar él, cabildantes
suplentes de los municipales electos... El Presidente que le sucedió aprovechó
del legado, y se quedó dueño de la municipalidad, elector permanente de
municipales, no faltando como no ha de faltar nunca quienes ayudan a tener la
res por las patas, mientras la desuellan. Sin embargo la Constitución dice en
su capítulo de los sombreros: 'Cada provincia dictará su Constitución que
asegure su régimen municipal' (Sarmiento,
1900: 18).
Las constituciones santafesinas de 1883 y 1890 marcan con claridad esta
tendencia. En tanto la de 1883 amplía la base demográfica sobre la que ha de
asentarse cualquier gobierno municipal, la del '90 establece la exclusión de
los extranjeros como electores en el ámbito del municipio. Estas restricciones
a la participación se dan paralelamente a los procesos de centralización, tanto
en el nivel de la representación (supresión de organismos colegiados,
disminución del número de representantes, pérdida del carácter electivo del
cargo de Intendente) como en el de las incumbencias (educativas, civiles,
judiciales, de control patrimonial).
Los grupos de inmigrantes que, instalados particularmente en la zona
centro-oeste de Santa Fe en los últimos treinta años, habían creado un espacio
de participación y discusión al tiempo que se consolidaban como pequeños y
medianos propietarios agrarios van a enfrentarse a los sectores dominantes
santafesinos a lo largo de la década. Si bien en los primeros años de ella
reiteran en su defensa del espacio municipal su condición de ser una esfera de
prácticas sociales y no políticas, a medida que las divergencias se agudizan,
irán radicalizando sus planteos, estrecharán filas en torno a la defensa del
municipio como célula política de la
sociedad, buscarán aliados en el interior de las facciones en pugna,
reivindicarán la práctica política de los extranjeros constituyendo Centros
Políticos específicos o incorporándose a los primeros comités de la
El presente artículo intentará seguir algunas de las líneas de desarrollo
de ese proceso entre fines de la década del '70 y la coyuntura revolucionaria
de 1893 que tienen como escenario a las colonias de Esperanza, San Carlos y
Rafaela.
Hacia la pérdida institucional del espacio municipal
En el escenario santafesino, en el período 1880-1893 y pese a las
diferentes fisuras surgidas en su seno, la facción "situacionista"
mantiene la hegemonía alcanzada después de la Revolución del '68. Los sectores
que quedan marginados del poder provincial, aunque conservando su capacidad de
inserción en funciones provinciales o nacionales, llegada la década del '80
intentan rearticular sus fuerzas a fin de disputar al iriondismo el control de
la provincia, especialmente en el momento en que la muerte de Iriondo
desencadena una contienda interna de consideración en el Club del Pueblo. En
estas circunstancias, la oposición representada por el Partido Constitucional
intenta conformar una alianza con sectores de Buenos Aires y Entre Ríos,
ampliando su influencia a un radio regional. Sus cuadros militantes agregan a
los viejos nombres de la política santafesina vinculada a la vertiente oroñista,
los que provienen de la nueva realidad sociopolítica del sur, particularmente
del dinámico centro comercial y portuario de Rosario[1].
La estrategia adoptada desde el Ejecutivo nacional, frente a este
panorama de peligrosa fragmentación política que presenta Santa Fe, será la de
favorecer la consolidación de quienes garanticen mejor la alianza hegemónica a
nivel nacional.
No obstante y dados los cambios que se han producido a nivel de la
sociedad global, esta lucha facciosa tradicional en la provincia se desarrolla
en un momento de rediscusión acerca de las nuevas formas de concebir y
practicar la política. En este debate en el que intervienen distintos
sectores, pero especialmente las voces de la oposición, se replantean las
pautas sobre las que debe asentarse el "pacto común", a modo de
perfil deseable en dirección a superar prácticas espurias. El principio del
pacto común que es expresión de una voluntad colectiva por sobre la cual sólo
existen los derechos naturales, tiene como objetivo apuntalar la legitimidad
política, tal como lo señala un editorial del diario La Capital:
La existencia
del gobierno propio (resultado de la voluntad popular) comprende los términos
precisos de elección libre y directa y representación popular que nacen de los
principios fundamentales que aseguran la libertad, la igualdad, la propiedad y los
derechos naturales del hombre...[2]
El logro de este objetivo requiere, entonces, una modificación sustancial
de los hábitos consagrados. Por una parte, exige el ejercicio pleno de los
derechos y deberes del ciudadano como base del buen funcionamiento del sistema
político; por otra, una modernización efectiva de las estructuras
"partidarias" y de su propia dinámica. Esta modernización requiere
despojar a las agrupaciones de las "personalidades" como motor de
aglutinamiento y adhesión. Es significativo que, desde los órganos
periodísticos antagónicos, La Capital (vocero
de la oposición) y El Independiente (que
responde al oficialismo) se coincida en esta demanda[3].
Legitimidad y representación son los ejes sobre los que gira la mayor
preocupación que denota al discurso político, aun cuando sus alcances queden
distanciados del comportamiento cotidiano.
A pesar de estos límites, se realizan algunos intentos —en el ámbito de
la provincia— que tienden a un "aggiornamento" de las estrategias dirigidas
a obtener un mayor consenso. Aunque de ellos participan las dos principales
facciones de la Provincia, el Partido Constitucional adelanta las innovaciones,
al organizar desde principios de 1884, cuatro centros políticos en Santa Fe,
Rosario, Esperanza y Jesús María[4].
Lo llamativo de estas creaciones está dado principalmente en que los
"constitucionales" acuden para fortalecer sus bases de sustentación,
a las áreas que son producto de la colonización agrícola y asiento de población
predominantemente extranjera. La búsqueda de un consenso, entre este tipo de
población parece provenir de la necesidad de ubicar una clientela electoral
entre sectores que no están vinculados a la maquinaria oficialista, la cual se
alimenta con los votos de empleados públicos y de las peonadas de las
estancias. El avance en la disputa del electorado por parte del Partido
Constitucional obliga al situacionismo a homologar la estrategia. En abril de
1884, La Capital da cuenta que en la
colonia Esperanza se ha constituido un club político, bajo la denominación de
Club del Pueblo.[5] Esta creación
no parece ser aislada, sino formar parte de un programa de redimensionamiento
del alcance de su organización, así como una pretensión de superar la instancia
clientelística. El periódico La
Discusión, comprometido con el Club del Pueblo, reflexiona sobre estos
cambios en agosto de 1884 y afirma;
... significa
que, en vez de los antiguos clubs de aldea en que para escarnio de las
instituciones, para vergüenza del gobierno y para risa del pueblo, sólo se veía
a unos cuantos gauchos arriados de la campaña, encabezados por los empleados
públicos, se ve ahora una institución fuerte por sus nuevos elementos, digna
por la clase de hombres que la forman y verdaderamente democrática, porque
esos hombres pueden legítimamente prestar su apoyo a quien crean conveniente,
sin temor de que se interprete ese apoyo como el precio de la conservación de
un empleo...[6]
Esta disputa por el electorado de las áreas de colonización-nos
lleva a examinar cuál es la situación en ellas y el porqué de una mayor
adhesión —por lo menos en los casos que analizamos— de los colonos al Partido
Constitucional. En esta dirección, creemos conveniente centrarnos en la
problemática sociopolítica de las colonias del centro y del oeste santafesino
y su relación con el gobierno provincial en los últimos años de la década del
'70 y comienzos de la del '80.
La consolidación de una práctica política a nivel local ha venido
desarrollándose en las colonias casi desde su creación. Al examinarla en un
trabajo anterior, señalábamos que esa participación, aunque concebida (o
sentida) por sus protagonistas como meramente administrativa o concerniente al
"bienestar general" de la comunidad, resulta —por estrategia, sus
objetivos, sus resultados— una verdadera práctica política. Ella se desenvuelve
en dos modalidades: una democrática, en la medida en que se apela a
procedimientos consensuales y deliberativos, y una práctica facciosa, en la
que la elite que se ha generado en el interior de las colonias entra en contacto,
acuerda, negocia y, en definitiva, se va vinculando con los grupos facciosos
provinciales y aun nacionales.
La tónica que va adquiriendo en forma creciente esta participación
pareciera crear fricciones que van agravándose con el gobierno de la provincia.
Tales fricciones se agudizan en el terreno electoral en donde el interés local
(institucionalizado en la corporación municipal) se contrapone al poder
provincial.
En este interjuego de intereses, algunas dificultades que enfrentan las
colonias desde fines de los '70 dan pretexto para un avance en la intervención
de la provincia en los gobiernos locales. Pese a la tradicional defensa que los
colonos hacen de los fueros municipales, este principio parece desplazarse en
algunos casos a un segundo plano como consecuencia de una situación económica
adversa, provocada por catástrofes naturales, correrías indígenas y bandidismo,
a las que se agregan convulsiones internas de la provincia. Las secuelas de
todas estas calamidades convertirá en sumamente onerosas las cargas impositivas
exigidas por el mantenimiento de la Municipalidad y explicará la reiteración de
petitorios de vecinos (en núcleos reducidos o con niveles de consenso amplio)
que solicitan la supresión del organismo con esos argumentos. En 1878 coinciden
en tal pedido el vecindario de San Carlos, el de San Jerónimo y un restringido
núcleo de moradores de Esperanza (Gschwind, 1958: 148-149)[7]-[8].
En el caso de San Carlos y San Jerónimo, el gobierno dispone la supresión del
organismo supliéndolo con una Comisión que conjuga la representación del estado
provincial con la vecinal. En Esperanza en cambio, la Corporación Municipal
perdura, en la medida en que hay un sector importante de la población que sí
está dispuesto a sostenerla.
La respuesta administrativa que da el Estado provincial a los dos primeros
casos, avalados por un consenso colectivo, no es de fácil aplicación en el de
Esperanza, donde la resistencia de un sector consolidado en la Corporación
Municipal, le obliga a buscar otras estrategias para someterla. Tales
estrategias se desarrollan en el espacio que las propias divisiones internas de
los esperancinos le brindan.
En realidad, en Esperanza, la actividad política facciosa caracteriza década
del '70 (Bonaudo, Cragnolino y Sonzogni, 1988) y sus clivajes se ubican en
torno a diversas esferas (cuestiones religiosas, escuela pública, campo
comunal, entre otras). Las posiciones divergentes en esta temática estructuran
por un lado, a quienes están fuertemente vinculados al accionar de la Iglesia
y de los grupos gubernistas de similar confesión y, por otro, a quienes
constituyen una vanguardia liberal y laicista que adhiere al credo
secularizador de Oroño y anticipa el programa político-ideológico del '80. Los
grupos católicos esperancinos habían alertado, en 1876, sobre la estrategia
disolvente de los laicos, quienes pretendían crear una escuela en donde se destierre
la religión, formando "una generación incrédula y revolucionaria" (Digesto
Municipal, 1861-1906, s/fecha).
Estos enfrentamientos, lejos de disiparse, se intensifican en el año
1878, cuando las presiones de los grupos católicos tienen un alcance por fuera
de la propia comunidad de Esperanza. No es casual que el vocero del
"iriondismo" se haga eco de los católicos esperancinos tildando a los
líderes liberales de "políticos comuneros”.[9]
En este clima de divisiones internas, se realizan las elecciones anuales de
renovación de los miembros de los Concejos Deliberantes y Ejecutor y de Juez de
Paz, en donde se reiteran esas rivalidades que van señalando ciertos procesos
que tendrán una primera derivación en la crisis del '83. En ellos se incluye:
la acentuación del conflicto entre municipalidad y provincia; las maniobras
que, tanto a nivel jurídico como político, desarrolla el gobierno provincial
para eliminar o neutralizar los focos de resistencia; las tácticas que adoptan
las facciones internas, especialmente las que pone en práctica el grupo liberal
para oponer una respuesta exitosa a las pretensiones de la provincia. En la
puesta en práctica de estas tácticas, se observa el reconocimiento de la
existencia de un espacio público en el cual es necesario legitimar todo
accionar, así como la recurrencia al poder central como instancia arbitral del
conflicto.
En 1879, la estrategia elegida por el Partido Liberal Progresista a fin
de acumular adhesiones en la propia localidad es la de una propuesta de
concertación con los sectores católicos. En esa oportunidad, El Colono del Oeste, órgano de expresión
del Partido Liberal Progresista insta a superar las diferencias entre liberales
y católicos, a través de su fusión en una sola agrupación política.[10]
Prueba del acuerdo obtenido son los resultados electorales de noviembre de
aquel año, que indican una casi duplicación de votos para los candidatos
avalados por los dos grupos, tal como lo señala la información publicada por El Colono del Oeste:
Los electos
son los siguientes: Consejo Deliberante: D. Pedro Chenet,
con 286 votos; Valentín Ronchetti, 284 votos. Suplente: D. AmadeoRacine con 292
votos. Consejo Ejecutor: José Esser, con 414 votos; Valentín Jennerich, 287
votos. Suplente: Antonio Rossler, 289 votos. Juez de Paz: D. Amadeo Aufran
(sic) con 421 votos. Teniente juez (Sección Este): Luis Maret, 414 votos;
Teniente Juez (Sección Oeste): Conrado Hang, 282 votos. [11]
El éxito de la alianza ha lesionado la cohesión interna del bloque
católico, cuyos dirigentes —Luis Tabernig y Enrique Quellet— sólo obtienen
algo más de un centenar de votos.[12]
Asimismo, aparecen en esas elecciones candidatos ubicados en lugares
equidistantes entre ambos sectores[13].
La hegemonía que logra mantener el Partido Liberal es descalificada por
el diario opositor —El Serrucho— atribuyéndola
a la participación de peones votantes no autorizados.[14]
El costo de la alianza sostenida por el grupo Lehmann se expresa en el
abandono de un proyecto que alude a uno de los nudos conflictivos
tradicionales, como la escuela municipal única, y se acuerda establecer tres,
distribuidas en las secciones Este, Oeste y Sur de la colonia.[15]
Este paréntesis de las luchas internas no ha implicado, sin embargo, una
disminución de los conflictos entre los sectores en pugna. Los episodios que se
abren en 1881 y que van a culminar en la reforma del Reglamento Orgánico
Municipal de 1883 involucran un conjunto de problemas de significación. En el
nivel institucional, se asiste a un conflicto de poderes entre la
Municipalidad y la Provincia, en cuya dinámica recrudecen los enfrentamientos
facciosos en el espacio local. Los católicos esperancinos intensifican la
alianza con el gobierno provincial con el objetivo de restar influencia a los
liberales sobre la base electoral. Para ello, mientras los primeros esgrimen
impugnaciones al proceso electoral, el segundo intenta modificar la composición
de los padrones, incorporando como electores a miembros de la Guardia Nacional.
Como consecuencia de estas tensiones se suspenden las elecciones de 1881,
iniciándose un sumario a cargo del subdelegado interino del gobierno de la
provincia Elías Emilio Handenschild, reemplazado posteriormente por Salvio
Montenegro. El sumario de referencia muestra un claro perfil de la
intencionalidad de quienes lo instruyen. Por una parte, son convocados figuras
de renombre de la oposición católica y así dan testimonio Luis Tabernig, Amadeo
Aufranc, Pedro Grenon y Christian, Klaus[16];
por otra, emerge de la tramitación sumarial con toda claridad, la' discrepancia
aguda existente entre el representante político del Ejecutivo Provincial y la
Corporación Municipal. La acusación del gobierno es que la municipalidad invade
atribuciones privativas y exclusivas de la Subdelegación, al intentar asumir
funciones de conservación del orden público que, entiende el Subdelegado, no le
son pertinentes[17]. Ante
esta coyuntura tan crítica, los miembros de la municipalidad acuden a diversos
procedimientos para superarla. La Corporación propone renovar el Registro
Electoral, previa redacción de un reglamento electoral interno con
participación de "las personas de todas las fracciones políticas de esta
colonia".[18] Además,
autoriza al Presidente del Concejo Deliberante para que convenga con el
Delegado Político la convocatoria a una "elección pacífica". Este
último esfuerzo parece no haber llegado a resultados exitosos, de acuerdo con
el acta levantada por el Presidente del Concejo donde consta:
“…que el
Señor Subdelegado pidió un despropósito, por ser contraria
a las leyes y querer dejar a esta Municipalidad sin ninguna atribución de
las que de derecho le corresponden y que de ninguna manera se halla dispuesta a
renunciar".[19]
El rechazo a la propuesta del Subdelegado no fue seguido por nuevas
acciones, probablemente con el propósito de que se cumpliera el tiempo
estipulado por la Ley Orgánica de 1872 para constituir la Corporación.[20]
Al llegar al 1° de enero de 1882 sin elecciones, los miembros titulares de
aquellas dan a conocer un aviso al público por el cual comunican que el
organismo se ha constituido con la incorporación, como propietarios, de los
miembros suplentes. Al mismo tiempo, deciden nombrar interinamente a los integrantes
del Poder Judicial. Esta maniobra dilatoria es neutralizada tanto por la
renuncia de José Caillet, que declara no compartir los criterios por los cuales
fue elevado a concejal titular, como por decisión del Subdelegado Político de
invalidar los actos realizados por considerar que el grupo de municipales no
forma "quorum legal" y que ha sido inconstitucional la elección del
juez de paz y del teniente juez, dando cuenta de todo ello a través de avisos
públicos y notas al presidente del Concejo Deliberante.[21]
La postura de Montenegro es avalada por el Poder Ejecutivo Provincial
mientras que la municipalidad desconoce los intentos de coartar sus
atribuciones en la convicción de que éstas están convalidadas por las leyes
vigentes y por el contrato de colonización. En búsqueda de consensuar lo
actuado, la Corporación apela al vecindario para que desconozca todo acto que
no emane de la autoridad comunal[22]
y amenaza con recurrir a la justicia federal.
El desenlace del conflicto ratifica una vez más, el poder real de la facción
"liberal" ya que, producidas las elecciones en abril, resultan
triunfantes los principales representantes de ese sector.[23]
Pero ese triunfo no evapora las tensiones entre ambos poderes. Por el
contrario, una serie de decisiones políticas del gobierno provincial aceleran
el enfrentamiento: el nombramiento de Salvio Montenegro como Jefe Político del
Departamento Las Colonias y el intento —rechazado por el cuerpo municipal— de
establecer la oficina destinada a aquellas funciones en la propia casa
municipal es una de ellas. La otra radica en la modificación —en el marco de la
nueva Constitución sancionada en mayo de 1883— del Concejo Ejecutor, que
suprime su carácter colegiado y lo reemplaza por un intendente electo; a lo que
se agrega la discusión en ambas Cámaras de la nueva Ley Orgánica de
municipalidades que queda promulgada en diciembre del mismo año, y que amplía la base numérica exigida
para poder constituir la institución municipal.
Esta preocupación que se da en el marco del funcionamiento institucional
es acompañada —en el transcurso de ese año— por la opinión periodística. Tanto
desde la prensa oficialista como desde la oposición se aproximan al debate
social diversos planteamientos acerca de lo que se espera de estas
corporaciones municipales. En algunos casos, se las valoriza como motor
energizante, de la vida comunal y como forma de aprendizaje
republicano.[24] En
otros, se supone que las municipales deben articular sus esfuerzos con los
otros poderes —provincial y nacional— en procura de dar satisfacción —cada uno
en su ámbito— a las demandas de la colectividad[25]
Sin embargo, para que estas concepciones superen el marco de simple enunciado
teórico, es necesario que ellas queden garantizadas por el comportamiento
concreto de sus agentes en concordancia con los principios de legitimidad y
representación. Al respecto, señala La
Capital:
"La
escuela comunal ha dado buenos resultados con intérpretes fieles y de sano
criterio, al mismo tiempo que ha sido la causa de la descomposición y la
anarquía con elementos viciados unas veces, con falta de competencia y
preparación otras...".[26]
Esta alusión a los principios
de legitimidad y representación se articula, en un momento de fuerte polémica
entre secularizadores y clericales[27],
con las cuestiones acerca de la ciudadanía y cuál debe ser su ponderación en un
país que ha convocado para construirlo "a todos los hombres del
mundo". El tono laudatorio hacia el extranjero existente en décadas
anteriores, da lugar —en algunas vertientes de opinión— a una prudente
reflexión acerca de qué hacer, con ellos. El 12 de julio de 1883, El Independiente advierte que:
...los gobiernos deben
tomar muchas y solícitas medidas a fin de que los inmigrantes y colonos formen
parte constitutiva del país que los recibe y no aparezcan
como grupos aislados que sólo vienen a explotar su riqueza para volver tan pronto como puedan a su madre
patria... (porque) ... surgirán graves y
peligrosísimas cuestiones y podría resultar que los hijos de los
inmigrantes o colonos sean en mayor número de los ciudadanos; entonces veríamos al fenómeno de tener un Estado
extranjero dentro de otro Estado..."
La preocupación similar a la que tiene Sarmiento en
esos mismos años (Sarmiento, 1900: 18) une a la problemática de
la nacionalidad, la propia ciudadanía, en una tendencia a antagonizar por la
fuerza de los hechos, los derechos de los civiles y políticos. Al polemizar La Capital con la prensa católica sobre
los alcances que debe tener la reforma de la Constitución Provincial en
relación con los derechos de los habitantes, el primero aboga por la
instalación del Registro Civil como medio de nacionalización y civilización,
fundando tal reclamo en el necesario respeto a la libertad de cultos. Esta deviene del derecho de conciencia de todos
porque:
"Los ciudadanos y los extranjeros gozan de todos los
mismos derechos civiles inherentes al título de ciudadano... En nuestro sistema
social se suprime la antigua división
entre ciudadano y extranjero, entre hijo del país y gringo"[28]
Sin embargo, en la calidad genuina del "ciudadano" —sus derechos políticos— la presencia del extranjero
es tan contundente que tal ciudadanía aparece casi anémica en los ámbitos que
exceden lo local. En esa dirección las soluciones
propuestas se relacionan con los mecanismos por los cuales pueda lograrse una masiva nacionalización
de inmigrantes. También en 1883,
Estanislao Zeballos presenta en la Cámara un proyecto sobre el tema, vinculado con los beneficios que pueda
acarrear la supresión de la "inmigración artificial", dejando
librada a las fuerzas del mercado la llegada de los contingentes de ultramar, y
facilitando la potencial decisión de
naturalización a través de trámites simples que estimulen esa decisión para evitar.
"... muchas de las
contrariedades que origina la lejana separación de los que quieren nacionalizarse con las
autoridades que puedan conferirles las prerrogativas de que gozamos los argentinos..."[29]
Estas cuestiones que son temas centrales de debate, subyacen a la discusión que se suscita a propósito de las
modificaciones legislativas que se están proyectando
en el territorio santafesino. El forcejeo entre gobierno provincial y
municipales de Esperanza parece alcanzar su clímax en las postrimerías de
1883, cuando —a raíz de la sanción definitiva de la Ley Orgánica— se da una gran movilización de los
grupos afectados, presentación de
reclamos y petitorios, así como una intensa campaña de opinión incentivada por la prensa. A través de
estos canales se van trabando adhesiones
a nivel provincial, por parte de los colonos, y se desenmascaran las intencionalidades político-ideológicas
del oficialismo, que recibe apoyo
explícito de sectores clericales de Santa Fe y Paraná, con el cual reiteran la tradición opositora a los
grupos liberales esperancinos de la década
del '70. No obstante, la prensa católica se solidariza con los reclamos del Partido Liberal Progresista
de Esperanza.[30]
La estrategia lanzada por los colonos de Esperanza, a la
que se suman los de otras localidades también lesionadas por la modificación,
sitúa protagónicamente en la red de
alianzas y acciones consecuentes, al incipiente núcleo de "constitucionales" que podía operar como
mediador con los niveles
nacionales. Inmediatamente de sancionada la ley, Camilo Aldao le escribe al Presidente Roca, solicitando
su intermediación en el problema:
"Lla (sic) se cometen...
hechos deplorables que traerán grandes agitaciones perversamente en las
Colonias que son base irremediable de prosperidad presente y futura de esta
Provincia...
Acaban de suprimir las
municipalidades de las colonias, en momentos que habían hecho elecciones
tranquilas, cuando ni la Constitución reformada los autoriza y cuando va
envuelta en esta medida desquiciadora un propósito iniquo (sic) especialmente
contra la Colonia Esperanza. El Dr. Iriondo pretendía despojar a la Esperanza
de un cabildo y terrenos propios, vendidos y poblados por el Pueblo mismo..."[31].
El pedido formulado privadamente se reitera con un telegrama suscripto
por numerosas firmas entre quienes figuran: Ovidio Lagos, Gregorio Machain,
Leonardo Nicolorich, Juan M. Ortiz, M. Argarañaz, Andrés y Nicanor del Solar,
José Castagnino, Juan Canals, Ricardo y Camilo Aldao, entre otros[32].
Por su parte, el adalid de las medidas liberales de los '60 —Nicasio
Oroño— toma partido en una carta publicada en La Capital el 1° de enero de 1884, donde expresa que:
"No se
concibe francamente que después de la solución de los problemas de
organización que han puesto el sello a la paz permanente de la República,
abriendo una nueva era de progreso material, la libertad civil como la libertad
política sean todavía una esperanza para algunos de los pueblos
argentinos".
La respuesta de Roca no se hace esperar y en un telegrama el vicegobernador
en ejercicio ordena "que se abstuviese quien quiera que fuese, de sembrar
gérmenes de descontento”.[33]
La mediación presidencial incluye otras acciones, tales como las adhesiones que
envía a los peticionantes de la colonia Jesús María donde juzga que la sanción
de esta ley es contraria al fomento de la inmigración y la colonización.[34]
El episodio no podía dejar afuera a alguien que se había convertido en
tenaz defensor de los fueros comunales. Domingo Faustino Sarmiento, pese a las
distancias que lo separan de Roca, reitera su postura tradicional en el sentido
de que, dado que el municipio precede la constitución de otros poderes
(provincial y nacional) no puede ser suprimido por la acción de alguno de
ellos, reclamando la participación de la ciudadanía y de la prensa para impedir
que tal atropello se concrete.[35]
Frente a esta presión tan generalizada y unánime, el gobierno retrocede.
La Capital del 5 de enero de 1884
informa sobre la convocatoria a elecciones municipales en Esperanza "bajo
el pretexto ridículo de que 'puede llegar a tener' el número de 5000 habitantes
que la ley orgánica exige". A su vez, el 6 de enero, un decreto del
gobierno deja sin efecto los alcances del artículo 1° de la Ley (que
establecía el número exigible de habitantes) y convoca a sufragar en las
localidades de Coronda, San Lorenzo, Jesús María, San
Carlos y San Jerónimo[36].
El triunfo de las corporaciones municipales de las colonias es adjudicado
al accionar conjunto de colonos y de figuras de renombre: el vecindario
movilizado de Esperanza y Jesús María, los colonizadores Camilo Aldao y Guillermo
Lehmann, el comercio de Rosario, la prensa "y la actitud decidida del
presidente y de su ministro del interior".[37]
Esta coyuntura parece haber sido el elemento que acelera la articulación
política de los colonos de Esperanza con el Partido Constitucional. El 7 de
enero se realiza el "meeting" inaugural del Centro Político
Esperanza, al cual —según el informe de Juan B. Iturraspe— asisten 150
personas, entre nacionales y extranjeros. El Centro decide adoptar como base
de su funcionamiento el Reglamento del Club Constitucional para "dar una
unidad orgánica y eficaz a la marcha política".[38]
Esta articulación de Esperanza a la actividad política del Partido
Constitucional, se extiende hacia otros ámbitos coloniales. En Jesús María,
por ejemplo, los colonos parecen compartir esa adhesión, según noticias que
publica La Capital (09/01/1884).
El proceso que culmina con la vinculación directa de los colonos al
Partido Constitucional podría explicarse, desde nuestra perspectiva, a través
de dos planos: por un lado, la propuesta programática y la trayectoria de sus
dirigentes los introducen en un universo de concepciones compartidas: las
posturas frente a la secularización, la defensa de los espacios de decisión
comunales; el énfasis puesto en las apelaciones que se hacen a su rol de
ciudadanos y las propuestas para alcanzar con facilidad la nacionalización. El
segundo plano está dado por el apoyo concreto que reciben los colonos de estos
sectores frente a la prepotencia del situacionismo.
Como contrapartida, estos argumentos sirven para explicar su distanciamiento
de los representantes oficialistas, tanto en el plano doctrinario como en la
propia situación del '83, que los coloca en campos antagónicos. En realidad,
los políticos situacionistas han ubicado a estos extranjeros fundamentalmente
en el terreno de la producción, desconociendo —consecuentemente— la
posibilidad de convertirlos en ciudadanos y admitir sus derechos políticos.
Aun aquellos sectores que procuraron tender un puente hacia el mundo colonial
lo hicieron pretendiendo conservar las estructuras clientelísticas de su
accionar, ignorando los niveles de maduración de la práctica democrática que se
había desarrollado en el ámbito de estas colonias.
De lo administrativo a lo político
La alianza gestada al calor de los sucesos del '83 y '84, cuyos protagonistas
son los colonos agrícolas, los miembros del Partido Constitucional y ciertos
representantes del gobierno nacional, encabezados por Roca, ya
desestructurándose a medida que se acerca el momento de recambios a nivel
nacional y provincial. Varios son los factores que aparecen conectados a este
debilitamiento: por una parte, el propio juego de estrategias políticas que se
desarrollan en torno a la sucesión presidencial: en segundo lugar, tras las
pugnas surgidas en su seno que llevará a la prensa opositora a calificarlas como
un proceso de "galvanización"[39],
el Club del Pueblo ha logrado un reacomodamiento homogéneo que le facilitará la
continuidad al frente del gobierno provincial; por su parte, el naciente
Partido Constitucional ha experimentado un cierto estancamiento a raíz de las
disensiones con respecto a las tácticas más apropiadas a su accionar político,
augurando el éxodo de algunos de sus integrantes[40].
A su vez, entre los colonos, la desaparición de Guillermo Lehmann del escenario
colonial, deja a éste sin la presencia de una pieza clave en la articulación
con sectores de poder en la provincia y en la nación. A esto se suma otro tipo
de dificultades, tales como la magnitud que cobró la epidemia de cólera en
esos años y los problemas en el rendimiento de las cosechas derivados de
fenómenos climáticos que obligaron a una atención prioritaria en función de
gravedad y urgencia. Un factor que no puede quedar ajeno a este proceso es la
definitiva aplicación de la Ley Orgánica del '83, en cuanto a las exigencias
del número de habitantes, con posterioridad al recuento censal de 1887 y la
adaptación del número de concejales del Deliberante a lo establecido por la Ley
Orgánica de 1886 que lo reduce a tres miembros, por ser municipio menor a 5000
habitantes.
La legislación más ajustada al control central de la provincia sobre las
colonias y su autonomía comunal conduce a un progresivo cercenamiento del
accionar político de éstas, limitando sus funciones a las estrictamente
administrativas. Este proceso, cuyos hitos legislativos de mayor significación
se dan con las reformas del '83 y del '86, se completa con la nueva reforma
constitucional de 1890. En ella no sólo se estabiliza la base numérica de las
poblaciones que tienen derecho a acceder a la condición de municipio, sino que
se agregan dos modificaciones trascendentales. Una afecta a las condiciones de
representación y de legitimidad, por cuanto suprime al carácter electivo del
Intendente, funcionario que, a partir de ese momento, pasa a ser nombrado por
el Ejecutivo provincial. La otra restringe la base electoral potencial,
retirando el derecho de voto a los extranjeros. Y en el camino de los fenómenos
de centralización, el gobierno provincial absorbe atribuciones que antes eran
de incumbencia comunal: el Registro Civil, la instrucción pública, la justicia de paz y el Registro de Propiedad.
Pero el año ´90 encierra
también otras significaciones. Desde el punto de vista socioeconómico implica
uno de los desajustes más contundentes que experimenta el modelo de desarrollo
elegido. En el marco de la crisis económica, se eleva una impugnación que ha
logrado homogeneizar a la oposición que, si bien reprimida, —dirá Álvarez (1881: 505) que "el
triunfo militar comportaba sin embargo una derrota política", obliga al
presidente a renunciar a su cargo. Ese frente opositor cobijará durante un
tiempo, bajo la denominación de la Unión Cívica a fracciones diferentes que
irán decantándose a poco de andar y en 1891 se estructurará una primera
propuesta política moderna, cuyas siglas son la Unión Cívica Radical (U.C.R.).
La conmoción provocada por la Revolución del Parque tiene una clara y
fuerte proyección en la provincia en general y en las colonias en particular.
La prensa nacional y de Rosario da cuenta de las importantes manifestaciones
que se operan en Macla, Villa Casilda y, particularmente, en Esperanza (Gallo,
1983: 402). Estas movilizaciones preanuncian el activismo que va a caracterizar
el mundo de las colonias en 1891. En ese momento, a las consecuencias de la
reforma constitucional, se suman las discusiones en la Legislatura Provincial
sobre una nueva estructura impositiva cuyos efectos recaerían directamente
sobre las colonias si se sancionaba un impuesto a los cereales. Desde junio en
adelante, se registran protestas de los moradores de las colonias en función de
todas estas demandas. En Esperanza, en ocasión de las elecciones de julio y
como explicación de la poca concurrencia al acto electoral, 342 vecinos —entre
los que se encuentran extranjeros— que se autocalifican como ciudadanos,
previa congregación en la plaza pública, impugnan el acto electoral y solicitan
amplia libertad de sufragio.[41]
Al mes siguiente, la movilización en Esperanza y en otras colonias se
expresa en la reunión de 5000 firmas de "ciudadanos radicales y extranjeros"
que se autoconvocan y envían a la capital comisiones de representantes de las
distintas localidades, pidiendo "el voto municipal de los
extranjeros... y la justicia de paz electiva".[42]
En setiembre de 1891, los colonos de Rafaela y de Lehmann elevan al
gobernador Cafferata un petitorio por el cual rechazan la posibilidad de una
ley que grave los artículos de primera necesidad (trigo, lino, carne, azúcar y
yerba) fundamentando tal rechazo no sólo en las difíciles circunstancias que
está atravesando la agricultura, sino también en que no puede exigírseles a los
sectores productivos que se hagan cargo del déficit fiscal. El tono del reclamo
alcanza ribetes de amenaza al propugnar la emigración hacia provincias que
protejan la colonización. El petitorio reúne 260 colonos.[43]
En el marco de esta agitación social observada en el área de las colonias
agrícolas, es particularmente revelador del incremento de la actividad
política, la emergencia en Esperanza y Rafaela de dos agrupaciones cuyo
nacimiento es casi simultáneo: la Unión Cívica, cuyos voceros son, en Esperanza
el periódico La Unión y en Rafaela El Liberal en la que participan algunos
nombres de significación en la tradición colonial (Nicolás Schneider y Carlos
Denner en Esperanza; los hijos del molinero Avanthay en Rafaela)[44]
y el Centro Político Extranjero (CPE), creado también en la misma época.[45]
Ambas expresiones aparecen como prolongación de estructuraciones, que se
dan a nivel nacional. En tanto la Unión Cívica lanza una propuesta política
global, el CPE reúne las demandas de la población extranjera en un único
objetivo que apunta a la concreción de la naturalización, respetando la
nacionalidad de origen (Cibotti, 1990). Pero en el área de las colonias y
particularmente en los centros más dinámicos, a esta reivindicación se agregan
otras más inmediatas y vinculadas a las cuestiones derivadas de su inserción
económica y política en ella: el voto municipal de los extranjeros y la
justicia de paz independiente; la supresión del gravamen agrícola
al que reputan de ilegal y la venta de los productos agrícolas en oro, para
contrarrestar los efectos del proceso inflacionario ligado a la crisis[46].
Sobre dicha base, se conforma una especie de "federación" de
Centros Políticos con una conducción única, convalidada a través de asambleas.
El 22 de noviembre de 1891, los representantes de Santa María, Esperanza,
Rafaela, Cañada de Gómez, San Jerónimo, Colonia Belgrano, San Carlos Sud,
Grütly, Humboldt, en un número de 350 miembros resolvieron en la plaza pública
de San Jerónimo, la constitución de una nueva comisión directiva.[47]
La evidencia de la magnitud y proyección de estos Centros Políticos la
proporciona un editorial de El Argentino,
publicada por La Unión el 10 de
enero de 1892, en donde resalta no sólo que el objetivo de esos centros
"es formar el mayor número de ciudadanos argentinos" sino que han
conformado una organización completa que cuenta en ese momento con 118 centros
que nuclean a un número no menor de 60.000 asociados.
Esta preocupación de "formar el mayor número de ciudadanos argentinos"
está expresando uno de los nudos de la discusión que se da en los CPE y que se
vincula con la problemática de la naturalización. Durante toda la etapa
anterior de participación social y política de los colonos, el problema de la
naturalización ha permanecido ausente. Pero no es casual que en esta coyuntura,
en donde se entretejen la influencia de cambios operados en el nivel de la
sociedad global[48] y el
enfrentamiento ante decisiones de poder que condicionan sus posibilidades de
acumulación y bloquean los niveles de participación política, piensen en una
estrategia como la de adquirir la condición de ciudadanos a través de la
naturalización y la de insertarse con mayor peso en una estructura
institucional orgánica dentro de las pautas del sistema político vigente.
Estas reflexiones de los colonos coinciden con la evaluación política
que se hace desde la oposición en búsqueda de electores que adhieran a su
proyecto. La UCR comienza a trabajar en el Comité Central sobre el tópico en
el momento de estructurar el programa partidario. En esta dirección se lanza el
29 de noviembre de 1891, un manifiesto en el que se explicitan las bases de ese
programa y se plantea la necesidad de reformar la ley de naturalización. En sus
fundamentos, los radicales tocan uno de los problemas centrales de la
dificultad de la nacionalización referido al abandono voluntario de la
nacionalidad de origen y en tal sentido expresan:
"Un
hombre se encuentra por tal medio en la cruel alternativa de renunciar por
acto propio a la nación que le dió el ser o de servir a la patria donde vive,
trabaja y en donde acaso está la cuna de sus hijos. Será, pues, acertada, la
reforma que por medio de una ley... salvándose los inconvenientes de una
incorporación repentina de grandes masas a nuestra colectividad política,
extienda la ciudadanía —siempre que no haya una manifestación contraria— a los
extrangeros (sic) que no por su larga residencia en el país, arraigo de
intereses o vinculaciones por matrimonio con mujer argentina, se hallen
asimilados de hecho o en condiciones de asimilarse a nuestra sociabilidad, a
fin de que puedan contribuir mejor a sus progresos”.[49]
Esta convergencia principista entre los CPE y la UCR y el apoyo que estos
últimos han prestado a los reclamos de los colonos frente al impuesto a los cereales
y a la reivindicación del voto municipal provoca, por parte del oficialismo,
una respuesta acusadora de connivencia política (La Unión, 08.11.1891). Frente a la envergadura que
adquieren las acusaciones gubernistas, los colonos no sólo reivindican la total
escisión que existe entre "el partidismo político" o la
"política" y sus derechos a defenderse de las "gabelas
administrativas" en la medida en que están "interesados legítimamente
en conservar el fruto de sus sudores" (La Unión, 08.11.1891) sino que reiteran su concepción
de que el poder comunal no es un "cuerpo político" sino un
"cuerpo administrativo". El carácter esencialmente popular y democrático
que atribuyen a esa esfera de decisiones les permite participar en ella por
derechos que les asigna su condición de contribuyentes y habitantes del
municipio y por una tradición que tiene un origen legal y preciso en el
contrato de colonización.[50]
Igual dirección en la argumentación discursiva adoptan los radicales,
retirando del debate, el registro de la política partidista. Justifican
entonces la concurrencia de extranjeros a los mitines políticos por su
condición de vecinos, contribuyentes o propietarios, preocupados en
"defensa de sus intereses materiales" y también en "defensa de
sus intereses morales y personales".[51]
No obstante esta oratoria, entre fines de 1891 y principios del año
siguiente, se van produciendo acercamientos claros e inequívocos entre los Comités
de la UCR y los CPE. Más allá de los acuerdos programáticos, los colonos
recuperan a través de este contacto, antiguas vinculaciones con miembros del fallido
Partido Constitucional que se han incorporado ahora a la Unión Cívica, a la
que se suman también los descendientes de los colonos fundadores, como
Avanthay, Schneider, Maurer, etc.
Nuevamente, a través de estos vínculos, esa pequeña y mediana burguesía
agraria procura articularse en una red de relaciones con las fracciones que
están disputando el poder nacional, si bien en el marco de la oposición. Estas
alianzas no van a entrañar en esta coyuntura una pérdida de la autonomía de los
CPE.
Estos acuerdos se cristalizan
luego de una serie de entrevistas con líderes radicales —Leandro Alem y
Bernardo de Irigoyen, entre otros— en una circular del Comité
Central del CPE, suscripta por Julio Schelkly y dirigida a las distintas
secciones. En ella se comunican las declaraciones de Irigoyen, candidato
radical, en torno a la participación de los extranjeros en la vida política de
la República:
"... Según su opinión (la
de Irigoyen) los extranjeros con dos años de residencia y que reunieren algunas
condiciones prudentes, debían ser admitidos al ejercicio de los derechos
políticos, sin necesidad de renuncias formales a su antigua patria de
origen.
Cree el candidato de la UCR,
que podría ser suficiente el simple hecho de inscribirse en el padrón
electoral para poder ejercer los derechos del ciudadano argentino y cargar
con los deberes a la par de los nacidos en la República" .[52]
Las declaraciones de Irigoyen al garantizar uña ciudadanía sin abandono
de la de origen, superaría el conflicto central que viene arrastrando el tema
de la nacionalización. Las resistencias a ella derivan no sólo de cuestiones de
identidad nacional, sino también del temor de perder los beneficios que puedan
obtener de la protección consular. Pero, por otra parte, puede abrir un nuevo
frente de resistencia con la cuestión de los deberes compartidos con los
nativos, entre los que se destaca la prestación del servicio de armas.
No obstante ello, en esa misma circular, el representante del Centro
Político manifiesta "su casi completa conformidad de ideas en las
cuestiones económicas y financieras entre el CPE, el partido y su candidato".[53]
Más allá de las estrategias dirigidas a esa articulación a nivel nacional,
la inmediatez de los problemas que enfrentan obligan a los CPE a elaborar
tácticas altamente movilizadoras, en donde ningún procedimiento queda fuera.
Bajo la forma de mitines, manifestaciones, petitorios, apelaciones a la
justicia federal, a la Legislatura Provincial, a los cónsules respectivos, los
colonos ocupan en forma contundente la escena pública, dada la masividad de
sus manifestaciones. Esta práctica generadora de una "conciencia
ciudadana" se ve reforzada por mecanismos deliberados de discusión, tales
como las conferencias y asambleas donde se discuten "las altas
cuestiones del interés general”.
Algunos miembros de los CPE que participan en esas campañas, refuerzan la
presión desde su propio rol corporativo, tal como se desprende de las
presentaciones realizadas en función de idénticas demandas, por molineros y
acopiadores procedentes de Rafaela, Humboldt, Esperanza y demás colonias.[54]
El accionar conjunto del CPE, de la UCR y de los grupos de comerciantes,
molineros y acopiadores que argumentaban la inconstitucionalidad del impuesto,
en la medida en que una legislatura provincial gravaba bienes de exportación
nacional, dio como resultado un fallo de la justicia federal favorable a sus
peticiones. En realidad, tales argumentaciones ponen de relieve que la
contribución impositiva recae en su totalidad sobre los productores o
comerciantes menores, salvando de toda obligación al gran comercio exterior. Se
trata de una trasferencia de excedentes de un sector social a otro.
A pesar de las coincidencias de los reclamos, en el interior del bloque
demandante se aprecian diferencias significativas que irán agudizándose a
medida que el conflicto se agrave y la respuesta oficial se endurezca[55].
La diversidad de las posiciones devienen —de alguna manera— de los
procesos de diferenciación interna que han acompañado el desarrollo de la
colonización en el área. Uno de estos elementos está dado por la reversión en
las posibilidades de los inmigrantes de acceder a la propiedad del suelo, a partir
de los principios del '80 (Bonaudo, Cragnolino y Sonzogni, 1989). Ya en los
reclamos de las colonias Lehmann y Rafaela informan que la mayoría de los colonos
a los que se les impone la tributación carece de propiedad[56].
En los incidentes de los primeros meses de 1893, las declaraciones judiciales
de un colono de San Jorge dan cuenta de la confección de un memorial
solicitando:
"... al
Superior Gobierno impusiese en otra forma el cobro de dicho impuesto salvando
al proletario y aplicándoselo al capitalista..."
En el mismo testimonio, aparecen las voces de peones y agricultores que
plantean:
"por qué
el impuesto no se ponía en la contribución directa o en otra forma que la
pagase el propietario; porque como está dada tiene que pagar el pobre mediero,
que a veces no puede pagar ni los gastos...".[57]
La protesta de peones y colonos —sean propietarios o medieros— es
incentivada o estimulada también desde el interés sectorial de acopiadores y
comerciantes cuya actividad se circunscribe al ámbito regional y donde se
realiza una producción con volúmenes mucho menores de los que manejan los
grandes acopiadores y exportadores. Similares motivaciones subyacen en la actitud
de los molineros que comparten los reclamos en tanto que muchos de ellos no se
han desprendido de sus propiedades, a pesar de haber transferido parte de sus
ingresos a actividades de transformación. En la medida en que todos ellos se
sienten vulnerados por el gravamen y sus efectos, no siempre la diferenciación
de intereses obra como factor de antagonismo interno. Por el contrario, ella
anticipa la articulación de un frente común que reúne demandas e intereses que
se estructuraran en la segunda década del siglo XX, en ocasión de los conflictos
agrarios santafesinos.
Sin embargo, algunos personajes en este mundo colonial se erigen en la
correa de transmisión del gobierno en la exacción a los productores rurales,
medrando con la tradicional política oficial de arrendar el cobro de impuestos,
lo cual puede tener varios eslabones. En marzo de1893, el Juez de Paz de la
colonia Ataliva en carta a la firma León Anthony y Cía. de Esperanza —que
concentra la recaudación zonal— se excusa:
"de no
poder ocuparse de las cobranzas del impuesto a los cereales, debido a la
exuberancia de trabajo que me da el juzgado en esos días. Las malas cosechas
pueden generalmente proporcionar muchísimo trabajo a los jueces de paz."[58]
Tanto el empresario esperancino que concentra los cobros efectuados en
las colonias —para lo cual subcontrata a funcionarios públicos—como el médico
Cacciolo, residente en Rafaela que hace lo propio en esa zona, expresan las
contradicciones que se dan en el propio seno de ese mundo colonial que
protagonizara una peculiar forma de participación política a nivel comunal.
Desde los primeros meses de 1893, a los reclamos, peticiones, solicitudes
de suspensión de cobro en distintas localidades, se añaden otros fenómenos: por
una parte, se amplía el radio de conflicto; se profundiza la metodología de la
resistencia y se presiona sobre otras instancias. El movimiento, que se inicia
en los Departamentos de Las Colonias y Castellanos —cuyos focos principales se
dan en Humboldt, Esperanza, San Jerónimo y Rafaela— se extiende en una
irradiación que alcanza a los de San Cristóbal, San Martín, Belgrano y Caseros
(Gallo, 1977).
Por otra parte, se asiste a una
agudización de las formas de lucha, donde la violencia se traduce en motines,
ocultamiento de armas y municiones; sublevaciones armadas; asaltos a
comisarias, etc.[59].
Finalmente, las demandas se dirigen a presionar sobre las instancias
estatales más allá de los jueces de paz o los jefes políticos. Los vecinos de
Pujato, miembros de la Unión Agrícola reclaman ante el Ministerio de
Agricultura, a la Legislatura y al Fiscal de Estado por las arbitrariedades
del juez de paz[60]. En
ocasiones, se acude a los representantes consulares, como es el caso de los
colonos Coggiola y Bruzzolasco o el de los colonos de Santa Clara de Saguier, a
fin de obtener su protección[61].
A pesar de la magnitud de la protesta, de la variedad de las formas impugnatorias,
de fallos judiciales reconociendo el derecho que les asiste los demandantes y
de los buenos oficios interpuestos por mediadores, el movimiento es reprimido
y el gobierno no modifica su postura.
A este clima de efervescencia en la zona rural se suma el estallido de la
revolución de julio de 1893, en concordancia con la que desata, en Buenos
Aires, la Unión Cívica Radical. Los revolucionarios radicales santafesinos
logran colocar en el Ejecutivo a Mariano Candioti quien conducirá el
"gobierno de los 21 días", dado que la presión del situacionismo
derrotado, obligará a decretar en el Congreso Nacional, la intervención a la
provincia de Santa Fe.
Desde la perspectiva del sector autonomista, la revuelta radical tuvo
como activos protagonistas a los extranjeros de ahí que el sofocarla, implicará
también la represión a los grupos de inmigrantes, casi en forma
indiscriminada.
El remezón revolucionario de septiembre sí cuenta con el activismo de
algunos colonos que habían adherido a la causa radical y la complacencia de
los demás, en respuesta a las promesas que el efímero gobierno radical en la
Provincia había hecho con respecto a sus sistemáticas demandas.
El 25 de septiembre, el juez de paz de Sunchales es asaltado por un grupo
de 20 hombres armados, liderados por Demetrio Iturraspe, el que al mismo tiempo
secuestra armas y dinero. En el trámite judicial que sigue, se acusa como
cabecilla de la sublevación radical entre los vecinos, al cura párroco Cayetano
Montenurri, que:
"...
había andado esitando (sic) a la población italiana, proclamándola en las.
ideas del radicalismo, proclamándose el señor cura como radical ultra y se
armasen para ir a atacar y tomarlo preso (al juez)”.[62]
Implicado también en los sucesos de septiembre está el hijo del Dr.
Teófilo Romang, colonizador de la zona de la costa santafesina. Augusto Romang
es acusado de haber tenido participación principal en los sucesos
revolucionarios en Reconquista y San Justo. En opinión del juez que instruye el
sumario:
"... él
como extranjero que se había metido contra el gobierno nacional jugó al
extranjero probablemente de miedo de las consecuencias de su proceder...".[63]
En ocasiones, la justificación de escarmientos cruentos, se desliza hacia
argumentaciones que no sólo combinan el carácter de extranjero con el de
radical o revolucionario, sino que se le agrega el calificativo de
"anarquista". En la colonia Clucellas, en un episodio confuso, las
fuerzas policiales dan muerte a Magdalena Cerrutti, encarcelando a quienes la
acompañaban por resistirse con armas contra la autoridad. En el descargo que
hace el Jefe Político de Rafaela, el Mayor Ricardo Piaggio, acusa a la prensa
local opositora de tergiversar lo ocurrido y calificar como asesinato ese
enfrentamiento. Para el funcionario tales versiones sólo provienen de un
periódico que expresa las ideas en "círculo microscópico de
anarquistas".[64]
Acusaciones similares reciben colonos de María Juana, por ser radicales.[65]
La militancia protagónica de los pobladores extranjeros en los sucesos
de septiembre obliga nuevamente a la intervención de los representantes
consulares en el conflicto. Esta intervención incluye diferentes
comportamientos; por una parte, acudir en defensa de connacionales y de sus
propiedades que son objeto de la represión y confiscación por parte del gobierno; por otra, conminar a los súbditos de una determinada
nación a no participar en las contiendas políticas so pena de perder la
protección consular, a lo cual se agrega, en ocasiones, la abierta condena a
los sucesos revolucionarios; por último, defenderse a sí mismos de las
acusaciones que reciben del oficialismo como promotores o cómplices de la
revuelta.[66]
Cualquiera fuera la confusión de atribuir a la oposición fines revolucionarios,
motes partidarios o calificativos maximalistas, los episodios de 1893 dan
cuenta de una convergencia de conflictos que se dan en planos diversos pero que
en alguna medida se articulan. Esta articulación incluye desde la combinación
de estrategias en procura de un determinado objetivo, pasando por los intentos
de formación de algún frente electoral hasta la afiliación directa de los
colonos extranjeros o su descendencia, al Partido Radical.[67]
Desde la perspectiva de los colonos, la resolución de sus demandas se dio
con características y ritmos diversos. En el denostado impuesto al cereal, la intervención
federal no modificó el hecho, sino que eliminó la intermediación fundamentando
el cobro en
"las
facilidades que la provincia ha dado y da a los productores para el transporte
de sus productos...”.[68]
En realidad, el impuesto no va a desaparecer ni aun en el momento en que
el gobierno provincial se halla representado por una figura que había tenido el
apoyo de estos colonos.
La recuperación de la autonomía del espacio comunal continuará siendo una
reivindicación insatisfecha hasta la reforma constitucional de 1900, al igual
que la devolución de la capacidad del sufragio local a los extranjeros. Ambas
demandas se incluyen desde 1894, en el programa político que representa la
Unión Provincial, coalición conformada por una oposición heterogénea que
intenta confrontar con el nuevo "situacionismo" personificado en el
candidato autonomista, Luciano Leiva. En estos años, el gobierno municipal se
ha convertido en
"la
principal entidad política… donde nace el derecho y el deber cívico... (De
acuerdo con)... los grandes pensadores modernos el poder municipal es una
consecuencia natural del principio federativo... donde se desenvuelve el
sentimiento republicano...".[69]
El abandono explícito de la postura de entender lo municipal como un
lugar administrativo y su reemplazo por la concepción de espacio político es
acompañada —a modo de corolario— de un renacer de la cuestión de la ciudadanía
y sus vías de adquisición. Esta preocupación por la naturalización se enfrenta
ahora a una idea lanzada por el autonomismo (que ha incrementado sus elementos
de desconfianza hacia el extranjero si no de abierta xenofobia) que considera
que al obtener la naturalización, el inmigrante reniega de su patria de origen.[70]
Desde otra óptica, ya en el año anterior L'Operaio Italiano, analizando el rol que le cabe al extranjero en
los asuntos políticos internos de la Argentina, evalúa que el apoyo que el
inmigrante puede prestar es puramente moral, ya que la adopción de la
ciudadanía argentina vía naturalización significa —por lo menos— un acto "apparente
di rinegazione della patria d'origine".[71]
La preocupación explicitada por el órgano de prensa deriva de informaciones
provenientes de colonias que hacen referencia a un número bastante elevado de
extranjeros —alrededor de 800— que en la Provincia de Santa Fe se habrían
naturalizado. El periódico capitalino que había puesto en duda la importancia
de este proceso recibe la confirmación del mismo a través de una carta que
publica algunos días después y que tiene su origen en un informante de la
colonia Esperanza. En ella no sólo se admite la intención de extranjeros de diversas
colectividades de demandar la carta de ciudadanía, sino que se la justifica por
el hecho de que ello "... non implica la rinuncia o la perdíta de
quella d'origine...".[72]
Espacio comunal como instancia política, sufragio de los extranjeros y
naturalización se mantienen —implícita o explícitamente— como temas obligados
de debate en los años sucesivos.
Habrá que esperar al gobierno de José Bernardo Iturraspe (1898-1902)
para que la situación se revierta desde la esfera oficial y se reconozca que:
"Es
necesario reaccionar sobre este punto, para armonizar y propender en el sentido
de esa previsora tendencia que en estos momentos inclina a los pueblos de
América a acordar al extranjero no sólo el voto en la comuna, sino también a
facilitarle su naturalización para que pueda gozar de todos los derechos del
ciudadano" (Historia de las Instituciones, 1972: 495).
El análisis de la participación política de estos actores sociales nuevos
que se instalan como pioneros en las colonias del centro santafesino, desde las
cuales se irradian hacia el oeste, nos conduce a reflexionar sobre algunas
cuestiones, vinculadas a la dinámica de la evolución experimentada por tal
participación. El carácter de pioneros en zona casi de frontera implicó un
obligado esfuerzo inicial para resolver las cuestiones básicas de la
supervivencia y, en ese camino,
sentar las bases de una organización comunitaria que garantizara el orden, la propiedad
y la seguridad de personas y bienes. En esta práctica, comienza a contextuarse
el espacio local como el ámbito de las decisiones propias del interés general,
y el modo operativo para decidir será también el colectivo. La asamblea, el
petitorio, las actividades comunitarias constituyen los procedimientos que van
a reflejar la base democrática fundante de esa participación. Y la institución
municipal la sistematizará con el voto directo. Sobre esa impronta democrática
y —fruto de diferenciaciones y disensiones internas— se va construyendo una
lógica facciosa que deja resquicios, en la década del '80, en los que avanza
el poder provincial. Este proceso los conduce a una reelaboración paulatina del
"hacer la política". La práctica política ahora va a superponer a
formas inorgánicas que tradicionalmente acompañaron a sus demandas, otras
nuevas —estructuradas en una organización específica— que, dejando de lado el
enmascaramiento "administrativo", pone el acento en lo político, en
el espacio público que les ofrece el municipio —al que comienzan a reputar como
célula política— van a operar a través de aquellos centros políticos que por
primera vez definen como tales, que procuran organizar a nivel regional.
Los centros políticos, tanto los que son producto de su propia experiencia,
como los que les ofrecen los partidos que emergen de la arena política del '90,
serán el natural encuadre de la discusión de la naturalización, que aparece
como el paso necesario para proyectar sus objetivos en las verdaderas
instancias de decisión.
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*
Este artículo apareció publicado originalmente en el Anuario N°14.
[1] La Capital del 28 de marzo de 1884 enumera alguno de los socios ilustres del Centro Político Electoral —predecesor del Partido— entre los cuales están: M. Freire, N. García del Solar, Ovidio Lagos, Lisandro de la Torre, Camilo Aldao, C. Paganini, C. Lassaga, Joaquín Lejarza, N. Puccio. La Comisión Directiva del Club Juventud Constitucional la integran: Ignacio Iturraspe, Ramón Lassaga, Rafael M. Funes, Martín Rodríguez Galisteo, Ambrosio Maciel, Rodolfo Freire, Ignacio Crespo, Marcial R. Candioti, Luis Roldán, Tomás Cullen, Angel Caballero, Eulogio Caminos, Ernesto Aldao, Nicasio S. Oroño, entre otros (La Libertad, 18/01/1885).
[2] La Capital, 11/01/1883.
[3] En un comentario sobre actos eleccionarios cercanos, La Capital del 12 de enero de 1883
indica que la acción legislativa de los representantes santafesinos ha sido
negativa y esto deviene de que "a los partidos les falta representación y
que la influencia de un hombre pese sobre todos los movimientos de
opinión". De la misma manera editorializa El Independiente en junio de ese mismo año: "Mientras no
tengamos partidos de principios, mientras los nombres propios sean las banderas
de las agrupaciones que batallan por la posesión del poder: y por último,
mientras las fracciones militantes no acuerden tácitamente proscribir de los
debates políticos el arma odiosa de las personalidades... nos mantendremos en
la infancia de las instituciones...".
[4] A principios de enero de 1884, se constituye un
"comité político" en Esperanza a cuya creación "concurrieron más
de 150 personas... La reunión ha sido improvisada y todos han
asistido espontáneamente. Será un centro de importancia simpático a toda la
población, nacionales. extranjeros". Al comentar este hecho, La Capital reflexiona que "en la
provincia pues, ya se notan movimientos de opinión después de un letargo de
cuatro años" (La Capital, 09.01.1884).
[5] La Capital, 26/04/1884.
[6] La Discusión, 20/08/1884.
[7] Archivo de Gobierno, 1880, Tomo 60, folios 121 y ss. del 28 de setiembre de 1878; Archivo de Legislatura, Documentos de Diputados, Tomo 20, folios 265 y ss., Sala de Comisiones, 23 de julio de 1875.
[8]
En 1881, la
situación vuelve a plantearse en la colonia Jesús María en donde un restringido
número de vecinos pide su supresión, solicitud que se contrapone a un reclamo hecho por otros pobladores que en un
número mucho mayor argumentan en defensa de los fueros comunales. Cf. Archivo
de Gobierno, 1881, Tomo 101, Notas del 10/2/81, 28/2/81.
[9] El
Santafesino, 13/12/1878.
[10]
El Colono del Oeste, 10/05/1870.
[11]
El Colono del Oeste, 08/11/1879.
[12] El
Colono del Oeste, 08/11/1879.
[13] Este es el caso del concejal Chenet, quien pareciera
haber estado apalabrado por el sector clerical, pero finalmente es propuesto
por los liberales. El Serrucho, 08/11/1879.
[14]
El Serrucho, 08/11/1879.
[15] Digesto Municipal, 1861-1906, s/fecha: 56.
[16] No sabemos que Christian Klaus profesara el catolicismo,
pero sí que lo separaba de Lehmann una abierta hostilidad originada en
disputas por negocios inmobiliarios.
[17]
Archivo de Gobierno, Tomo 62, 1881, fs, 10, 14, 16 y ss.; 28 y ss.; 36.
[18] Digesto Municipal,
1861-1906, s/fecha: 58.
[19] Digesto Municipal, 1861-1906,
s/fecha: 58.
[20] Digesto Municipal, 1861-1906,
s/fecha: 59.
[21] Archivo de Gobierno, 1882, Tomo 67.
[22] Archivo de Gobierno, 1882, Tomo 67, folio 919.
[23] Digesto
Municipal, 1861-1906, s/fecha: 60.
[24] La Capital editorializa el 3 de agosto de 1883 el valor de la
Municipalidad como "un poder activo e influyente en la vida doméstica de
los pueblos... sosteniendo el principio de autoridad que garantice su
independencia y como esencia de los principios republicanos del gobierno
propio".
[25] El
Independiente, 28/12/1883.
[26] La
Capital, 21/11/1883.
[27] Durante los meses de
junio a noviembre, la prensa da cuenta de las alternativas del debate sobre las leyes laicas,
que se está dando en esos momentos en el Congreso de la Nación.
[28]
La Capital, 29/07/1883.
[29] La
Capital, 05/08/1883.
[30] El diario La Capital al comentar un artículo de El Diario sobre la supresión de la Municipalidad de Esperanza señala "no es nada menos que la negación de la libertad… el municipio es el advenimiento de la democracia, está por consiguiente, en conflicto con el Obispado de Paraná y con la papocracia de Santa Fe...". (La Capital, 22.12.1883).
[31] Archivo General de la Nación, Archivo Roca, Serie I, Legajo 35-36; Carta de Camilo Aldao a Julio A. Roca, fechada en Rosario el 21 de diciembre de 1883. La actitud contestataria de los colonos y su recurrencia directa al gobierno nacional es criticada desde la óptica del diario situacionista El Independiente: "Los habitantes de las colonias Esperanza y Jesús María están en su perfecto derecho al reclamar la reconsideración del artículo en la parte que afecta a sus conveniencias... pero les hubiera bastado dirigirse para ello al Gobierno de la Provincia, que es quien ha cometido el error... No vemos la necesidad que hayan tenido que acudir al Gobierno Nacional en demanda de justicia y debemos suponer que sido maliciosamente aconsejados a dar un paso ridículo...". El Independiente, 28/12/1883.
[32]
Se trata de un sector cuya inserción económica se da en la esfera del gran
comercio, las finanzas, y los negocios inmobiliarios. (La Capital, 03/01/1884.
[33] La Capital, 05/01/1884.
[34] La Capital, 28/12/1884.
[35] La Capital, 04/01/1884.
[36] En el caso de San Carlos,
una de las localidades afectadas por las decisiones precedentes en lo que respecta a la
institución municipal, frente al intento de continuidad de la comisión municipal nombrada por el
gobierno desconociendo la lista de candidatos organizado en función de la
convocatoria a elecciones, los vecinos levantan un acta "para poner a
salvo los derechos que todos y cada uno de los presentes se considera tener por sí y por todos los que concurrieron para depositar
su voto en las urnas municipales". Archivo de Gobierno, Expedientes, 1884, Tomo 108, 26
de enero de 1884.
[37] La Capital, 10/01/1884.
[38] La Capital, 09/01/1884.
[39] La Capital, 04/07/1884.
[40]
En ocasión de las
elecciones municipales de Rosario de 1884, cuando al adoptar un sector una
posición abstencionista en forma inconsulta, se producen cuestionamientos y
alejamientos de algunos jóvenes del partido. El Corondino, 21/12/1884.
[41] Digesto Municipal, 1861-1906, s/fecha: 104-105.
[42] La Unión, 01/11/1891.
[43] Ministerio de Gobierno, Tomo 141, 1891, Expte. 401, fs.
92 a 95. Sobre las características del impuesto, La Unión, 29.11.1891.
[44] La Unión, 01/11/1891 y 15/11/1891
[45] La Unión, 06/11/1891.
[46] Ver La Unión, 06/11/1891.
[47] La Unión, 15/11/1891 y 22/11/1891.
[48] Durante la década del
'80 comienza a manifestarse la preocupación por la relación entre inmigración y ciudadanía, a
partir de ciertos pensadores y políticos, tales como J. B. Alberdi, Estanislao Zeballos o
D. F. Sarmiento, entre otros.
[49] La
Unión, 29/11/1891.
[50] La Unión, 15/11/1891.
[51] La Unión, 29/11/1891.
[52] La Unión, 03/01/1892.
[53] La Unión, 03/01/1892.
[54]
Archivo de Gobierno, Exptes., 1891.
[55]
Para una lectura
pormenorizada de los sucesos revolucionarios y la participación de los extranjeros
durante ese año, véase Gallo, 1977; 1983.
[56]
De acuerdo con
nuestra información, para el caso de Rafaela, su estilo de poblamiento se
caracterizó por la adquisición de una cantidad considerable de concesiones por
parte de compradores italianos, de ciertas zonas del Piemonte, cuya explotación
mantiene a la familia como unidad productiva básica. La insuficiencia de
brazos destinados al laboreo condujo a una combinación de los fenómenos de
"cadenas familiares" y a la práctica de la medie-ría en las concesiones.
[58] Exptes., Tomo 176, 1893, Expte. 6, fs, 9 y 10, Tomo 175, 1893, Expte.
10, folio 79.
[59] Exptes., Tomo 176,
1893, Expte. 6, fs, 9 y 10. Tomo 174, Expte,
58.
[60] Exptes., Tomo 176, 1893, Expte. 6, fs, 9 y 10.
[61] Exptes., Tomo 175, Expte. 7, fs. 65 y 66. Archivo de Gobierno, Notas de Consulados Tomo 217, 20/01/93.
[63] Tomo 176, Expte. 16. Tomo 174, Expte, 49.
[64] Tomo 176, Expte. 16. Tomo 176, Expte, 19.
[65] La Unión, 05/11/1893.
[66] Archivo de Gobierno,
Notas Consulados, Tomo 217, 27/9/1893, 5/10/93 y 14/10/93 y 11/4/94 13/10/93,
17/3/93; 4/4/94, 8/5/94. L'Operaio
Italiano, Nro. 229 del 28/9/93. Archivo de Gobierno, Notas Consulados, 17/11/93.
[67] No obstante, el organismo político por excelencia que ellos han creado (el CPE) continúa su actividad y a fines de ese año, publica una revista que, en el marco de aquella convergencia, aparece como suplemento del periódico La Unión.
[68] La
Unión, 12/11/1893.
[69] La Unión, 11/01/1894.
[70] En realidad, el rechazo
del gobierno a la naturalización sugerida su temor ante una participación
activa electoral por parte de un sector que ha transitado una práctica política
de manera alarmante. En las
elecciones de 1 894 para Gobernador, en las que el autonomismo obtiene la
victoria en la Provincia, no logra aplicar con éxito la maquinaria fraudulenta
en Esperanza, donde la
Unión Provincial triunfa sobre el oficialismo. Cf. Archivo de Gobierno Expedientes, 1894, Tomo
191.
[71] L'Operaio Italiano, 14/09/1893.
[72] L'Operaio
Italiano, Nro. 221, 17/09/1893