Victimidad estratégica, Comisión de la Verdad, Género y Memoria en el Perú. Escritura
testimonial de prisioneras políticas del PCP-Sendero Luminoso sobrevivientes a
la dictadura de Fujimori[1]
Strategic Victimity, Truth Commission,
Gender and Memory in Peru. Testimonial Writing from PCP-Shining
Path Women Political Prisoners Survivors of Fujimori Dictatorship
Groupe de Recherche Identités
et Cultures (GRIC),
Université
Le Havre Normandie (Francia),
“La
Corte tomará en cuenta que las mujeres se vieron afectadas
por
los actos de violencia de manera diferente a los hombres,
que
algunos actos de violencia se encontraron dirigidos específicamente a ellas
y
otros les afectaron en mayor proporción que a los hombres”.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Caso del Penal Miguel
Castro Castro Vs. Perú.
Sentencia de 25 de
noviembre de 2006.
Resumen
En julio de 2001, es decir un mes después de la creación de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación (Perú), desde los penales de máxima seguridad de
Chorrillos (Lima) y de Yanamayo (Puno), las
prisioneras políticas del PCP-Sendero Luminoso produjeron testimonios y dibujos sobre
las condiciones carcelarias vividas bajo la dictadura de Fujimori (1990-2000),
con el fin de participar en la construcción de una “Auténtica Comisión de la
Verdad”. Desde la victimología crítica y la criminología crítica feminista, Anouk Guiné propone y elabora el
concepto de victimidad estratégica para entender la manera en
que las internas operativizan los relatos y contribuyen a los objetivos
políticos de su organización y a la construcción de una memoria colectiva
femenina frente a la violencia de Estado, principalmente a través de la
politización del cuerpo (de las prisioneras y mujeres familiares), desde la
tortura, la enfermedad, el parto y la maternidad.
Palabras clave: dictadura; prisioneras políticas; victimidad
estratégica; criminología; Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso
Abstract
In July 2001, that is, one month after the creation of
the Truth and Reconciliation Commission in Peru, the women political prisoners
of the Communist Party of Peru-Shining Path in the high-security jails of
Chorrillos (Lima) and Yanamayo (Puno) produced
testimonies and drawings about their living conditions in jail under the
dictatorship of Alberto Fujimori (1990-2000), with the purpose of participating
in the construction of an “Authentic Truth Commission.” From critical
victimology and critical feminist criminology, Anouk Guiné
proposes and elaborates the concept of strategic victimity to
understand the way the inmates operationalize their stories in
order to contribute to the political objectives of their party and to the
construction of women’s collective memory in the face of State violence, mainly
through a focus on the politization of the body (of women prisoners and their
women relatives) via torture, illness, labor and maternity.
Keywords:
dictatorship;
female political prisoners; strategic victimity;
criminology; Communist Party of Peru-Shining Path
Introducción
La memoria colectiva del Partido Comunista del Perú (PCP)-Sendero Luminoso
(SL)[2] no suele
destacar la historia individual o la memoria viva de sus militantes, salvo en el
caso de las biografías autorizadas de sus dirigentes. En el seno de esta
organización, las narrativas institucionales se mantienen alejadas de las
narrativas individuales y subjetivas[3].
Sin embargo, en aras de la supervivencia política, después de la derrota
militar, este artículo plantea las siguientes preguntas: ¿qué estrategias y
formas de lucha son convocadas por la parte vencida frente a un Estado que
instala narrativas contrainsurgentes en la historia oficial? ¿Puede una guerra
que se pierde cuestionar la división entre lo colectivo y lo individual, en
particular desde las vivencias de las mujeres militantes en tiempo de dictadura
fujimorista? ¿En qué medida pueden los testimonios escritos e íntimos de
prisioneras miembros del PCP-SL contribuir a objetivos políticos después de la
derrota? Además, ¿es posible romper la jerarquización de las mujeres víctimas
de la violencia de Estado, entre “inocentes” y “culpables”, y hablar de una
memoria colectiva femenina de cara a esa violencia?
Contexto político
En junio de 2001[4],
el gobierno de transición iniciado en 2000 creó, a pedido de las organizaciones
de mujeres familiares de desaparecidos (Macher, 2014), la Comisión de la Verdad
(CV) -compuesta por ex miembros del Parlamento y del Senado, académicos, ONGs
de Derechos Humanos, el clero y un representante de las Fuerzas Armadas- con el
fin de reconstruir y entender los años de guerra entre 1980 y 2000. Esta
Comisión no incluyó a ningún miembro de los dos grupos insurgentes. Por un
lado, su Informe Final (IF), publicado en 2003, fue criticado, entre otras
razones, por operar desde la doctrina moral de los Derechos Humanos y
despolitizar a las “víctimas inocentes de la violencia” (Rodríguez Maseo,
2010), ofrecer argumentos “incoherentes”
y “contradictorios”, encontrarse en “aislamiento político” (Tanaka, 2013), ser
parte del registro contrainsurgente de la propaganda de Estado (Moufawad-Paul,
2011; Rendón, 2013) a pesar de condenar algunos crímenes de Estado, ocupar “el
espacio de la memoria oficial de los vencedores” (Cruvinel, 2015), querer
“encubrir los crímenes y genocidios cometidos (…) por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas
Policiales y los gobernantes de turno” (Arce Borja, 2003), por faltar de
“representatividad y fuerza para construir una verdad legítima”, y emitir una
“verdad oficial” que “no tuvo peso moral y político suficiente para imponerse
sobre el conjunto de fuerzas políticas y sociales del país” (Escárzaga, 2017).
Además, también fue criticada la composición misma de la Comisión a nivel
étnico-racial y de género (Degregori, 2015). Por otro lado, quien presidió la
Comisión sostuvo que “la CVR no se planteó cerrar el debate sobre la memoria
histórica” del conflicto, “puso su Informe a consideración de las instituciones
del Estado y de la sociedad organizada para propiciar una discusión rigurosa y
honesta en torno a aquello que debemos recordar y no repetir (…)
Lamentablemente, nuestra clase política no ha estado a la altura de estas
exigencias…no propició un diálogo fructífero sobre la memoria” (Lerner, 2013).
Tuvieron lugar veintiún audiencias públicas y fueron recogidos 16985
testimonios individuales, de los cuales el 54% fueron de mujeres (sabiendo que
el 45% de las víctimas de guerra fueron mujeres), haciendo del Informe Final de
la CVR, a pesar de sus limitaciones, un punto de partida y de referencia fundamental
para un intento de comprensión del conflicto[5].
Frente a esta nueva etapa de “democratización” del Perú, pero constatando
el sesgo conservador y poco independiente de dicha comisión, en febrero 2001,
prisioneros/as políticos/as[6] del PCP-SL enjuiciados por el “delito de
terrorismo” y “traición a la patria”[7],
enviaron desde el Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado de Máxima
Seguridad Yanamayo[8] en
Puno (3.800 msnm) una carta-petición al entonces presidente de la república, Valentín
Paniagua. La carta plantea lo siguiente sobre el rol de la Comisión de la
Verdad[9]:
La conformación del grupo de
trabajo para la Comisión de la Verdad bajo su gestión debe servir para hacer
una evaluación de todo el proceso de guerra interna vivido en el país y no
puede sino concluir proponiendo una solución política a los problemas derivados
de la guerra en el Perú. Y obviamente la Comisión de la Verdad no puede
concebirse en forma unilateral solo con la opinión de los organismos
gubernamentales y de las fuerzas armadas y fuerzas policiales que participaron
en la guerra contrasubversiva sino también debe tomarse en cuenta la posición
del Partido Comunista del Perú (Presos políticos de Yanamayo, 2001).
Este planteamiento —que forma parte de la batalla por la memoria del
conflicto y es resultado del diálogo establecido por el PCP-SL con las
autoridades del gobierno de Fujimori, proponiendo en 1993 un Acuerdo de Paz que
nunca se firmó—, es no solo expresión de una forma de continuación de lucha
política desde el espacio carcelario (GIP, 2003; Rénique, 2003; Salle, 2004),
sino también expresión de la decisión de seguir dirigiendo el Partido desde las
cárceles o “Luminosas Trincheras de Combate” (LTC), aunque clandestinamente
desde 1992 (Asencios Lindo, 2016), con el fin de sobrevivir como partido y de
mantener un poder. En consecuencia, se consideran aquí la guerra y la cárcel
como fenómenos fundamentalmente políticos. A pesar de esta carta a Paniagua, la
CVR ya había tomado la decisión de no incluir al PCP-SL entre sus integrantes.
El concepto de victimidad estratégica
Las mujeres del PCP (aunque minoritarias en comparación con los varones
del grupo) tuvieron una actividad política no solo crucial antes y durante el
conflicto armado (Grieset & Mahan, 2003; Guiné, 2018), sino también en el
llamado “post-conflicto” (Guiné, 2019) durante el cual, a partir del año 2000,
se pide una “solución política a los problemas derivados de la guerra”, y desde
el 2006 se añaden “amnistía general y reconciliación nacional” (Valle-Riestra
Padró, 2018). Desde las cárceles y en condiciones adversas por la múltiple
discriminación a la cual están expuestas (al ser revolucionarias, mujeres y, la
mayoría, racializadas y de clase popular), ellas trabajaron de manera
articulada, tanto contra el régimen penitenciario al cual fueron sometidas en
los años 1990, como a favor de la “solución política” frente a las secuelas de
guerra, haciendo escuchar su voz en cuanto mujeres, militantes, madres, hijas y
prisioneras de guerra. Así, la presente investigación se sitúa entre la
victimología crítica (Gracia Ibáñez, 2014), la sociología de la memoria
colectiva (Lavabre, 1994), la sociología de la guerra desde una perspectiva
materialista (Nievas, 2009) y la sociología de la cárcel desde la criminología
crítica feminista (Almeda Samaranch, 2017; Almeda Samaranch y Di Nella, 2017).
Es en el contexto “post-dictadura” pero aún de alta represión, que las
prisioneras, en julio 2001, es decir un mes después de la creación de la CVR,
desde los penales de máxima seguridad de Chorrillos y de Yanamayo, elaboraron
relatos escritos en forma de declaraciones testimoniales como parte de su labor
política, con el fin de participar en la construcción de la “Auténtica Comisión
de la Verdad”[10].
Estas producciones autobiográficas son un modo de acción para una resolución
política del conflicto y para la denuncia pública e internacional de la
dictadura fujimorista.
Mientras que la estrategia “postconflicto” del PCP fue condicionada por
negociaciones con los actores del campo vencedor y por el accionar de la
Comisión de la Verdad, la cual tuvo por misión dar voz a testimonios
individuales de mujeres andinas y amazónicas, “víctimas indirectas” de la
violencia (por el PCP y el Estado) en base a un relato “‘afectivamente
concernido’ por ‘el dolor y el sufrimiento’” (CVR, 2003)[11],
pero narrado con agencia política (Macher, 2014), planteo aquí que el PCP, al
querer dar voz a testimonios de prisioneras, encuadra su visión
“post-conflicto” haciendo emerger narrativas individuales no menos atravesadas
por el dolor, el sufrimiento y los afectos, los cuales a su vez, desde lo
subjetivo, moldean la memoria colectiva del PCP-SL. En otras palabras, la
pertenencia a la organización tiene un impacto sobre la manera y el momento en
que cada interna debe recordar y narrar su historia, la cual tiene también un
efecto en la manera en que se construye la memoria colectiva de la organización
en clave femenina.
Se trata de lo que llamo la victimidad
estratégica, lo cual no quita la veracidad del relato, ni las torturas
vividas o el hecho de ser una población victimizada, ni tampoco el rechazo a
autodefinirse como víctima[12].
El concepto de “victimidad” se define como “un proceso de construcción social
de una identidad de víctima” (Gracia Ibáñez, 2018) desde sus aspectos
socio-políticos, lo cual significa no solo reconocimiento de derechos para las
mujeres víctimas, sino también necesidad de escucharlas y de considerarlas
desde el contexto más amplio de desigualdades estructurales (Tamarit, 2013
[Gracia Ibáñez, 2018])[13]. Como ya había sustentado el PCP a final de
los 80s, tocar o golpear a las mujeres era repudiado por el pueblo,
principalmente si las fuerzas policiales y militares del Estado eran los
primeros responsables de violencias contra ellas, por lo cual es aquí
imprescindible la voz de las militantes reprimidas por el Estado peruano con el
fin de una construcción social de identidad victimal. Así, en términos de
acción colectiva del PCP-SL, entiendo victimidad
estratégica en el sentido de la dimensión instrumental[14] para alcanzar ciertos fines (Revilla Blanco,
2010). De hecho, el PCP orientó el contenido de las cartas de prisioneros/as a
la CVR con una estrategia precisa:
Denunciar genocidios, juicios -sin
rostro, militares-, prisión -condiciones de aislamiento y encierro- y leyes
antisubversivas, violadoras de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario por tanto juicios nulos (…) que el Estado cumpla sus obligaciones
con los presos que tienen sus derechos adquiridos (…) lucha política, lucha
legal (no legalismo) y lucha reivindicativa (…) en función de la lucha política
como principal (PCP, 2001).
Como indica J.L. Rénique (2003), se trataba para el PCP-SL de “presentar
el caso de su carcelería como parte de los abusos de la dictadura caída”[15],
por lo cual “la etiqueta de ‘organización terrorista’ quedaría descalificada”.
La idea era entablar un diálogo horizontal con el Estado, dar a conocer la
propia “verdad histórica”, asumir en parte responsabilidades y proponer una
“solución política”, “cuidando lenguaje para evitar apliquen ley de apología”
(PCP, 2001). En aquel momento del llamado Giro Estratégico del PCP-SL (donde se
pasa del conflicto con armas al conflicto sin armas)[16],
las mujeres —cuyo cuerpo es “portador de vivencias y de memoria” (Sarriza, 2009)
específicas en el contexto de lo que vivieron durante su detención y
encarcelamiento— son centrales para orientar la memoria y el ideario
“postconflictual” de su organización, así como la propia memoria colectiva
femenina. En relación con este último punto, planteo que, en vista de la guerra
llevada a cabo contra las mujeres por la dictadura de Fujimori, sean
insurgentes o acusadas de serlo, se aplicaron formas particulares y
diferenciadas de violencia, lo cual debería permitir ir más allá de la jerarquía
entre “buenas” y “malas” víctimas o de la dicotomía víctimas/victimarias, con
el fin de darnos la posibilidad de pensar en términos de memoria colectiva
femenina con protagonismo.
La CVR recogió 1158 testimonios en 21 cárceles del Perú. De las 146 prisioneras
entrevistadas en 2002, 128 eran integrantes del PCP-SL (López López, 2017),
pero sus narrativas no fueron consideradas en vista de alcanzar los objetivos
de la Comisión (Boutron, 2009; Cruvinel, 2015). La CVR trabajó desde una
perspectiva de género[17],
pero priorizando testimonios de mujeres que fueron “víctimas legítimas” de
violencia y crímenes sexuales, o “víctimas ideales” (Christie, 1986) cuyas
narrativas encajan con el discurso esperado por esta Comisión (Escárzaga,
2017), por lo cual se puede decir que ésta también trabajó desde la victimidad estratégica.
Pero la sensibilidad de género acaba aquí donde empieza el
posicionamiento de clase en cuanto eje de exclusión, y por más que hayan
sufrido violencia sexual, física y psicológica al momento de ser detenidas,
enjuiciadas y encarceladas, las militantes del PCP, para la CVR o el Estado, no
entran en la categoría de víctimas. Si bien, como sostiene M.C. Dietrich
(2019), “para entender el caso peruano, sería útil abstenerse de definir
categorías tales como víctimas y perpetradores”, la realidad política del
llamado “post-conflicto” hace que la falsa dicotomía víctima-victimario
(Sterckx, 2016) se mantenga intacta ya que sirve a los intereses de una élite
que define los límites del binomio violencia-no violencia, despolitizándolo en
la medida en que no se establece diferencia entre la violencia insurgente
(revolucionaria) y la violencia contrainsurgente (del Estado).
De esta manera, las mujeres sentenciadas por “terrorismo” que han sufrido
por ejemplo violencia sexual por agentes estatales, al no poder “encarnar a la
víctima sin ambigüedades o matices” (Guglielmucci, 2017), no son merecedoras
del estatus de víctimas.[18]
Esta exclusión descansa en la “doctrina de las ‘manos limpias’ según la cual
“quien solicita una reparación debe tener una conducta ‘correcta’, es decir, no
haber incurrido en algún delito” (Hijar Santibáñez, 2015). Tendrán que pasar
por la vía judicial para hacer valer su derecho a reparación. Así, por ley, no
tendrán posibilidad alguna de ser parte del Plan Integral de Reparaciones (PIR)
(que obedece a determinados criterios jurídicos, éticos y políticos), al igual
que los militantes “arrepentidos” (Malvaceda, 2014), contrariamente a los
soldados, oficiales y policías quienes fueron considerados víctimas por la CVR,
cuando ejercieron su derecho de “legítima defensa” al caer en combate
(Degregori, 2003), más no cuando fueron autores de crímenes de lesa humanidad.
En otras palabras, el Estado peruano justifica la violencia contra la
mujer en cuanto instrumento de tortura y de guerra contra sus “enemigas”, sin
considerar el proceso histórico y el contexto político-económico que condujo al
conflicto en 1980. Además, si no hubo voluntad política de parte del Estado
para cumplir con los objetivos planteados por la CVR (LUM, 2020; Jaramillo
Marín, Parrado Pardo, Torres Pedraza, 2018) en materia de reformas
institucionales y de reparación a las víctimas, menos voluntad habría para
reparar a los y las militantes del PCP-SL víctimas del terror de Estado,
considerando que, según la CVR (2003), son responsables del 46% de las 69280
víctimas fatales del conflicto. Sin embargo, las mujeres que fueron abusadas
por las Fuerzas Armadas y que a la vez eran familiares de personas sentenciadas
por el “delito de terrorismo”, fueron consideradas como víctimas[19].
Además, la CVR ha explorado el tema de la violencia sexual contra prisioneras
dentro de los penales. Tal es el caso de la masacre del penal de Canto Grande
(Lima), entre el 6 y 9 de mayo 1992, una referencia frecuente en los relatos
aquí estudiados.[20] El Informe de la CVR hace también constar que
la violencia sexual se daba al momento de los traslados de una cárcel a otra
(CVR, 2003b). Finalmente, la Comisión menciona el caso de violaciones sexuales
cometidas antes de asesinar a prisioneras en los establecimientos
penitenciarios (Ibid.). Una expresión de “solidaridad” por parte de la CVR con
el conjunto de jóvenes militantes del PCP, se expresa en las conclusiones del
IF a través de la condena de la jefatura de esta organización (CVR, 2003a).
Cuando la Comisión de la Verdad procede, en 2002, a registrar los hechos
de guerra sin la presencia del lado insurgente entre sus comisionados, el PCP
organiza una comisión paralela para recoger testimonios en sus propias filas,
siendo entonces esta organización el único espacio donde ciertas voces son
autorizadas, oídas, escuchadas, acogidas, entendidas y protegidas, un espacio
de memoria abierto a testimonios centrados en militantes (y sus familiares)
víctimas y sobrevivientes de la violencia de Estado, en particular las mujeres
prisioneras, recordándonos que la memoria política está siempre atravesada por
la dimensión de género, y que “identidad victimal” (Gracia Ibáñez, 2018), según
lo antes precisado, no es pasividad ni debilidad, sino resistencia y lucha, y
tampoco es incompatible con el registro de “heroicidad” manejado por el PCP
(Guiné, 2021).
Relatos carcelarios
La fuente documental primaria de este
artículo se constituye de seis relatos redactados a mano, cada uno acompañado
de su respectivo dibujo en tinta china negra, resultado de la labor gráfica que
nació en el Taller de Artesanía y Arte Nueva Semilla (TAANS), propiciado
formalmente por las prisioneras del PCP a finales de los años 1990, como parte
del proceso de creación artístico-política emprendido en 1992 en condiciones de
encierro, desde las artes plásticas, la literatura y la danza[21]. Si
bien el arte no fue atendido por el PCP durante la guerra (salvo en las cárceles),
en 1994, la organización decidió conformar el frente de arte y cultura (Pdte.
Gonzalo, 1994a; 1994b)[22]. Los dibujos
adjuntos a cada texto son parte de lo que el PCP llama “arte y cultura revolucionarios”[23].
Los relatos me fueron entregados en 2011 por
un directivo de la Federación de Periodistas del Perú. Aunque el PCP decidió
publicarlos en forma de plaquetas y difundirlos fuera de las cárceles a finales
del año 2003, a través de las Ediciones Siembra Nueva —es decir unos meses
después de la publicación oficial, en agosto 2003, del Informe Final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)— son aún muy poco conocidos y
estudiados[24]. No
fueron recogidos por la CVR. Pretenden hacer eco al Informe de la Comisión con
el fin de recordar el valor político de la palabra en primera persona (Yo) y de los abusos y violaciones
sufridas por algunas militantes del PCP en vista de sus objetivos políticos.
Considero que estos relatos, pertenecientes
a la memoria silenciada, por ser obra de mujeres protagonistas de la guerra en
un contexto punitivo de derrota militar y política, contribuyen a la producción
de conocimientos situados acerca del terrorismo de Estado. Además, muestran la
manera en que el PCP manejó desde el encierro carcelario la fase post-derrota en
términos de lucha en el marco de un supuesto proyecto de “reconciliación”
anunciado por la CVR —“poniendo como fundamento de esta reconciliación a la
justicia” (Macher, 2014)—, proyecto al cual se ciñe
un PCP-SL de ahora en adelante “amistado con la legalidad” y el Estado de
derecho (Rénique, 2003). Sólo interesándonos en el
nivel iconográfico y caligráfico, vemos que si bien el PCP-SL solía, antes y
durante el conflicto, publicar con frecuencia sus textos y dibujos en tinta
roja —de acuerdo a la propaganda y al sentido político de su combate— esta vez,
en la caratula principal, el texto introductorio y el primer relato (formando
una sola plaqueta), prevalece el azul, un color que suele proyectar seguridad,
paz, confianza, neutralidad y poder.
En la última década, probablemente a raíz de
los testimonios de militantes recogidos por la CVR, y porque se abrieron nuevas
líneas de investigación junto con y sobre las y los protagonistas de la guerra,
ha crecido notablemente la producción de trabajos con enfoques teóricos y
objetivos muy diferentes, a partir de testimonios orales proporcionados por
prisioneras o ex prisioneras políticas, en parte desde las entrevistas
transcritas por la CVR y las entrevistas llevadas a cabo por investigadoras/es
dentro y/o fuera de las cárceles[25].
Si bien los testimonios aquí explorados son
individuales, las autoras guardan anonimato, dando así a cada texto una
dimensión colectiva, siendo que ningún relato podía ser publicado sin la
aprobación de la jefatura del PCP-SL. Para contextualizar con más precisión las
circunstancias políticas en las cuales los relatos surgieron, es necesario
recordar que en marzo del año 2000, la “Denuncia de los presos políticos de Yanamayo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA” plantea que el PCP sigue luchando “para llegar a un Acuerdo de Paz
que ponga término a la guerra”, y denuncia “la política genocida del Estado
Peruano desde 1983 a la fecha”, así como la “violación” de los “derechos
fundamentales del pueblo peruano, negándole incluso el derecho que tiene de
rebelarse contra el hambre, la miseria, la explotación y opresión que sufre de
siglos” (Presos políticos de Yanamayo, 2000).[26] El
documento plantea principalmente su denuncia contra “el plan de aislamiento,
reducción y aniquilamiento sistemático de prisioneros” por el gobierno
fujimorista, empezando con las condiciones de carcelería de los “prisioneros de
guerra”.[27] Se
denuncia ante todo el “delito por omisión” y “delitos contra la vida, el cuerpo
y la salud tipificados como exposición a peligro o abandono de personas en
peligro”, debido a la “negación abierta al derecho de recuperar la salud” en el
penal de Yanamayo, el no respeto por el “derecho a la
vida”, la “irregular y deficiente atención médica” por parte del Instituto
Nacional Penitenciario (INPE), lo que significa dejar que se agudicen los
problemas de salud y “sentenciar a muerte a internos”.
La presentación introductoria de los seis
relatos, también anónima, con la sola mención final: “Perú, diciembre ´03” (2003),
explica justamente la negación del derecho a la libertad de pensamiento y
expresión en el espacio carcelario de los años 1990, así como el proceso de
lucha por la defensa de ese derecho, y el motivo político por el cual se
publican estos testimonios en el nuevo contexto nacional:
En los
penales de máxima seguridad fueron prohibidas las hojas de papel, los lapiceros
y los libros, declarados ‘objetos peligrosos’, y requisados continuamente pese
a la protesta enérgica de los prisioneros políticos. Mariátegui, Vallejo,
Arguedas, Gorki, Tolstoi y el mismo Cervantes fueron conducidos a las oficinas
de Inteligencia, y, eventualmente, a la hoguera… (lo cual) jamás nos hizo
renunciar a nuestro derecho a pensar y hablar, a leer y escribir…Desarrollamos
especialmente la narrativa oral, el narrador desde una celda y los oyentes en
otras, comentando y criticando. Posteriormente fuimos conservando los más
importantes textos escritos, en sobres de filtrantes, en trozos de papel
higiénico, con letra microscópica, rehaciéndolos una y otra vez si eran
confiscados (…) La exigencia de difundirlos se ha tornado perentoria, razón por
la que hemos empezado a entregarlos en sucesivos números como éste, a la par
que preparamos un volumen de relatos. Lo concebimos como parte de pugnar por
que se abra paso la auténtica verdad histórica y hablen los hechos tal cual se
produjeron.
La iniciativa por parte de la jefatura
femenina del PCP de juntar textos de prisioneras se inscribe también en la
campaña más amplia que la agrupación organizó en 2001 con el fin de recoger no
solo la palabra vivida de prisioneros/as, sino también de familiares de
prisioneros/as que habían sido igualmente objeto de persecución y de tortura por
la policía y el ejército durante el conflicto.[28]
Es desde ese punto de partida que las prisioneras del PCP-SL enmarcan y abren
los testimonios escritos que presento a continuación y que se estructuran
alrededor de tres ejes, primero, la politización del cuerpo y de la
corporalidad a través de las torturas, la salud, el parto y la maternidad;
segundo, las formas subjetivas e ideológicas de resistencia; y tercero, la
reivindicación política de acuerdo a los objetivos del PCP-SL.
1)
El Pañuelo Rojo o la memoria ante bellum
El primer texto atestigua hechos de 1968, es
decir previos a la guerra, por lo cual su objetivo es contextualizar un largo
proceso revolucionario, tanto a nivel nacional, desde la memoria del PCP-SL,
como a nivel internacional. Titulado El
pañuelo rojo, el relato está adjunto a la presentación introductoria, y la
imagen de caratula de esta plaqueta, compuesta de ocho páginas, ilustra la
esencia de esa misma historia, es decir la reproducción parcial del cuadro
“Camino a Yunan” (Yan’an) que simboliza la Revolución
Cultural China (1966-1976) a través de la Larga Marcha de 1934-1935.[29]
‘El pañuelo rojo’ es un
rotundo mentís a quienes afirman que los dirigentes revolucionarios nunca
tuvieron vínculos estrechos con el pueblo, con el campesinado; también es un
desmentido a quienes, desbocados en la odiosidad y la venganza, persisten en
cubrir de lodo a los mejores hijos del pueblo.
Es la historia de un grupo de militantes del
PCP que llega a la comunidad de Qaqamarca en el valle
del Pampas en Ayacucho (cuna de la guerra), para encontrarse con una pareja de
“compañeros” (Juana y Felipe) que viven ahí con sus hijos menores (Vicente y Antuca). El texto empieza con una breve descripción del
lugar. Una “pequeña quebrada” deja ver “dispersas casitas de adobe con techos
de paja”, “la semiderruida capilla” y la “casa-hacienda”, con “minúsculas
chacras de papa” en los “cerros vecinos”, y “cultivos de maíz” en “la parte
baja”, lo cual daba “una agradable impresión de trabajo laborioso y fructífero”
por parte de esta comunidad. Empiezan por recordar los años ´60 y al “Camarada
Álvaro” o Abimael Guzmán, jefatura del PCP:
La
determinación de integrarnos al trabajo revolucionario en el campo y la ruptura
completa con nuestra vida de estudiantes. Vivir con los campesinos, trabajar y
luchar junto a ellos y transformarnos en combatientes del pueblo, se convirtió
en el sentido de nuestra existencia. La forja y el ejemplo del camarada Álvaro
fueron decisivos y el hermoso cuadro ‘Camino a Yunan’,
que él mostrara y explicara, nos inspiró profundamente; en él marcha joven,
vigoroso y decidido el Presidente Mao Tsetung, con el
marxismo en las manos, iniciando la revolución china, conduciendo con la
dirección del proletariado a través de su Partido a las masas populares,
principalmente el campesinado pobre, a transformar la vieja sociedad y
construir la nueva.
A continuación, el grupo de militantes es
recibido con “alegría”, “entusiasmo” y “cariño” por la familia que les hace
sentir en casa. Llegan a conversar de la lucha de esta comunidad por hacer
valer sus derechos, para poner fin a los abusos contra las mujeres cometidos
por el poder gamonal, sistema de explotación de la población rural indígena:
Supimos
de la incansable lucha que libraron años atrás contra el gamonal apodado Pukatoro, siniestro explotador que castigaba con múltiples
torturas a los campesinos, obligándolos a trabajar su chacra
gratuitamente…Violaba a las mujeres, pateaba y echaba látigo a los niños y
jóvenes, apoyado por unos cuantos capataces. Pero cuando en una fiesta,
borracho, quiso propasarse con una jovencita, la indignación e ira contenida
estalló…Todas las mujeres se levantaron y le dieron una paliza. Cuando quiso
sacar su revolver los varones lo agarraron como a un perro y arrastraron hasta
un árbol…y lo dejaron colgadito. Entonces llegó la policía metiendo bala y
persiguiendo a los comuneros, pero no lograron nada.
Felipe toma entonces la palabra recordando
el liderazgo ideológico de Guzmán:
El
compañero Álvaro tiene mucha razón…la justicia no es para los pobres sino está
al servicio de los patrones que como piojos viven y engordan chupando la sangre
del campesinado. Nosotros mismos debemos hacer respetar nuestros derechos,
uniéndonos y organizándonos.
Al escuchar hablar del “compañero Álvaro”,
Juana pregunta por él y por “su compañera”, Augusta la Torre. El narrador consulta
si los conoce y si han estado en Qaqamarca, a lo cual
Felipe contesta que estuvieron varios días, que les ayudaron a organizarse, que
todos los recuerdan “con muchísimo cariño”, y que “dejaron un recuerdo valioso
que guardamos como un tesoro”. Se le pide a Felipe que enseñe el presente al
grupo; saca de la paja del techo de la choza “un paquete envuelto en un pedazo
de bayeta”:
Empezó a
desatarlo con cuidado. Sacó luego una segunda cubierta floreada y dejó a la
vista una tela roja. Era un pañuelo dentro del cual había un folleto…Nos lo
mostró diciendo: - Esto nos lo entregó el querido compañero Álvaro, nos
recomendó que lo estudiáramos pues nos ayudaría a aprender como lucha el
campesino pobre…ahí dice que los campesinos somos la inmensa mayoría y los que
producimos la riqueza. Si todos nos juntamos con los obreros y la gente pobre
de la ciudad, nadie podrá contra nosotros…Era el artículo del Presidente Mao
acerca del Movimiento campesino de Yunán, en el que
nosotros mismos habíamos aprendido sobre la importancia del campesinado como
fuerza principal de la revolución democrática.
El narrador evoca entonces la idea que de
ahí “dominó” en sus mentes:
El ejemplo invalorable e
inigualable que nuestra Jefatura y su inolvidable compañera nos daban siempre.
Eso fortaleció mucho más nuestro ánimo y optimismo, aprender del maestro y
establecer como él íntima relación con las masas, servirlas de todo corazón con
desinterés absoluto, como nos ha enseñado siempre.
Sobre un
hecho ocurrido el año 1968.
Yanamayo,
2001.
De esta manera, El Pañuelo Rojo recuerda el contexto de los años 1960, cuando los
dos líderes recorrían el país, y su Fracción Roja maoísta, establecida en 1964,
empezaba a tener presencia y preparaba los diferentes frentes para la “lucha
armada” iniciada en 1980. La organización gozaba entonces de simpatía de parte
de comunidades ayacuchanas y aledañas. En una de las regiones más pobres del
Perú, eran bien acogidas las promesas de igualdad, de redistribución económica
y de justicia para los más oprimidos[31].
El dibujo ilustra el regalo desvelado con pudor y solemnidad debajo de una tela
donde se vislumbra el “folleto” obsequiado por Guzmán sobre un fondo drapeado
que deja imaginar una autoridad apostólica entregando las “escrituras
sagradas”.
Este relato es emblemático de la memoria del
PCP-SL en sus mejores tiempos. La directiva era no hacer ninguna referencia a
la guerra y a la conquista del poder. El objetivo es transportarnos a la “época
de oro” y recordar el apoyo popular inicial, antes de pasar a las cinco
declaraciones testimoniales de las prisioneras sobre el horror que vivieron
durante su detención desde los años 1990 hasta el 2001. Con la derrota militar
de 1992, dejaron de tener voz pública, se silenció la memoria subversiva, ésta
se volvió una memoria excluida y estigmatizada, pero el contexto de liberación
de la palabra de las víctimas propiciado en 2001 por la CVR, les permitió
posicionarse en el espacio público desde el discurso de los Derechos Humanos.
2) La escritura carcelaria como
acto de resistencia
¡El hombre es un ser eminentemente
social!, idea proveniente de Aristóteles y utilizada por Marx y Guzmán[32], es el
título del testimonio que narra las condiciones de acceso a la posibilidad
material de escribir en el espacio carcelario. El dibujo que finaliza el relato
representa a tres prisioneras detrás de barrotes sentadas en una cama de
cemento; se ve la cama de abajo y la de arriba (normalmente para dos pero aquí
para tres), así como la mesa de cemento empotrada en la pared, sobre la cual
escriben. Tienen que compartir una sola hoja de papel y un solo lápiz para una
carta cada una.[33] Sus
rostros expresan frustración, indignación, seriedad y tristeza.
En este testimonio domina la primera persona
plural (Nosotras), articulada con la
historia individual de la autora en primera persona (Yo). El punto de partida es la masacre de mayo de 1992 en el penal de Castro Castro o Canto Grande. Desde el golpe de Estado de abril
del mismo año por A. Fujimori, se estableció que la seguridad interna y externa
de los penales sería asegurada por la Policía Nacional. El operativo que
planeaba el traslado de las prisioneras del penal de Canto Grande al de
Chorrillos (desde donde ellas escriben sus relatos), devino en el asesinato por
las Fuerzas Armadas de 42 presos y presas sobre un total de más de 500 de ellos/as.
Así, la autora del presente testimonio narra:
Después del genocidio[34] de mayo del 92, el
aislamiento al que se nos sometió fue total y entre todo lo que se nos negó
estuvo la correspondencia: ni enviar ni recibir. Por años no se nos permitió
tener papel ni lápiz y menos lapicero. Eso fue motivo de constantes denuncias
por parte nuestra y de organismos internacionales.
¡El hombre es un ser eminentemente social!
Cuenta como se llegó a “romper el
aislamiento” cuatro años después:
Una
mañana del año 96, entró a nuestro pasadizo… una de las señoritas que
trabajaban en las oficinas del penal…: ‘Van a escribir a su familia…‘Tengan su
hoja y lápiz, regreso en una hora a recoger’… Reclamamos: ‘Pero, señorita, ¿un
solo lápiz?; somos tres en la celda, es muy poco tiempo para escribir y con
lápiz peor aún, ni siquiera tenemos reloj para calcular’… De inmediato replicó
airadamente: ‘No se quejen que eso es un favor, ustedes no tienen derecho y
¡apúrense que el tiempo está corriendo!’
A pesar de sentir “indignación” al verse
“hostilizadas”, plantean desde la primera página y de manera constante durante
el relato, lo constructivo desde la resistencia activa y unificadora:
Y
no nos
paralizamos y nos pusimos a escribir rápido y conforme a nuestra
práctica y
estilo de trabajo, resolvimos lo mejor que pudimos, en conjunto,
ayudándonos
mutuamente: ‘Escribe tú primero, ya escribí un
poco, ahora tú…’ Así empezó esta
etapa que nos ayudaba a romper el aislamiento y a poder comunicarnos
por carta
con familiares y amigos. De vez en cuando, cada mes o dos meses,
según la
decisión que tomaran o la voluntad que tuvieran, y
principalmente, por
exigencia nuestra, la práctica de las cartas se fue
regularizando.
También expresa su dolor por la situación,
principalmente a raíz de la incomunicación con familiares e hijos, comparando
la dificultad de acceso a la escritura con el escaso tiempo de diálogo con las
visitas. Sin embargo, las capacidades de fortaleza y de denuncia eran también
plasmadas en correos destinados a familiares donde se desplegaba creatividad
para que las palabras quepan o viajen con la mente.
‘Escribo
con letra chiquita para que entre bastante y también trato de dibujar la letra
para que se entienda. Y les digo: ‘Hijos queridos, ¡Tenéis que ser fuertes y
optimistas! Todo cambia, pero hay que luchar porque nada cae del cielo. Nos
prohíben, nos restringen, nos niegan los más fundamentales derechos, pero
nuestras condiciones han de mejorar y hemos de recuperar lo que nos han
quitado. ¡La unidad hace la fuerza!’ Cuantas veces les ‘escribí’ solo con el
pensamiento en interminables noches de insomnio.
El relato mismo de la interna que escribe
estas líneas tiene caligrafía pequeña, como si tuviera temor de que no entrara
lo que quiere comunicarnos. De hecho, en el transcurso del testimonio y a modo
de conclusión, vuelve a detenerse sobre las condiciones materiales de escritura
que eran, a la vez, una “tortura” y una “hazaña”. El castigo y la represión
contra las prisioneras tenían más aristas. Aparte de las restricciones para
escribir, la incomunicación con familiares y amigos se imponía de otras formas
que la interna destaca: violación del secreto de correspondencia, alteración y pérdida
del correo. A continuación, ella denuncia la manera en que las requisas,
conocidas por ser violentas, eran susceptibles de afectar su acceso a la
escritura ya que el detener cargas de lapicero podía llevar a ser privada de ir
al patio por varios días.
Al cerrar su relato, la autora retoma una
denuncia oficial del PCP, colocando la expresión (aquí en negrita) que utiliza
la organización para calificar el régimen fujimorista. Se trata de una consigna
en cuanto se reitera en los relatos y documentos internos:
Todas
estas restricciones que nos impusieron…es parte de su política de reducción,
aislamiento y aniquilamiento sistemático y sofisticado[35]. El
habernos prohibido papel, lapicero, radio para conocer la que sucede en el
mundo, libros de ciencia, de especialización, de idiomas, etc…periódicos: es
una muestra más de la negación de derechos fundamentales inherentes al ser
humano, por su esencia de ser eminentemente un ser social. Chorrillos, julio 2001.
3) Politización del cuerpo y
enfermedad
- Tienes pulmones pa’ regalar es el testimonio que
analizaré en segundo lugar, tratándose esta vez de las condiciones de salud de
las prisioneras durante el encierro y del deterioro de la misma como método de
guerra aplicado por las autoridades, además de las diversas torturas directas
practicadas contra la narradora al momento de su detención en 1993. Este relato
trata, en suma, de la politización de la enfermedad y, de manera amplia, de la
politización del cuerpo en clave femenina, siendo éste, aquí por lo menos,
doblemente cautivo, por la enfermedad y por el régimen carcelario. El
testimonio tiene una dimensión no solo autobiográfica, sino también colectiva y
no siempre anónima, al describir los problemas de salud que afectaban al
conjunto de internas del PCP. Esta doble dimensión es la que guía el esquema
narrativo del texto, al alternarse la voz individual y la voz grupal, un Yo que abre y un Nosotras que cierra el relato.
Tienes
pulmones pa’ regalar
El dibujo que ilustra el texto representa,
en primer plano, a dos prisioneras en una celda con candado y en cuyo fondo
aparece sobre ellas el espectro de la muerte y del enemigo vestido con capa
negra, encapuchado y armado de una gran hoz. Si bien las dos mujeres están
colocadas debajo de la muerte que parece dominarlas y amenazarlas, sus rostros
y miradas, aunque atenazadas por la enfermedad y/o el encierro, muestran
determinación y resistencia a través de un puño cerrado, enfrentando a la
muerte con una mirada directa a ella, y solidaridad gracias a la mano de una
interna sobre el hombro de su “compañera”, la que parece más afectada por el
dolor y se tapa la boca con un pañuelo, pero mira con fuerza al ojo exterior,
al lector, como aferrándose a la vida.
La autora precisa primero que viene de un
“hogar muy pobre”, pero que nunca le faltó “lo necesario para subsistir” y que
era “una chica muy sana”. El relato sigue con la descripción cruda de las
torturas que vivió al ser detenida a manos de la Dirección Nacional Contra el
Terrorismo (DINCOTE), en cuyas instalaciones había que quedarse 15 días antes
del eventual traslado a un penal:
Cuando
me detuvieron me golpearon tanto en la cabeza y en la espalda que por un
momento sentí morir, me dieron un golpe de cacha en la cabeza haciendo brotar
la sangre sin parar, me tuvieron tendida en el suelo y sus botas pesadas sobre
mi espalda; en la noche, cuando nos sacaban para torturarnos, era igual: golpes
en la cabeza, oídos, espalda y demás. Estuve unos días mal con fiebre antes de
que me trajeran al penal.
La autora escribe la consigna política común
a cada testimonio, con la variante de “régimen infrahumano” por el contexto de
encierro en el cual estaban expuestas: el clima altamente húmedo de la costa
del Pacífico, con solo media hora de patio y 23 horas y media encerradas hasta
1998. Su celda, de 2x2.5mts., tenía un silo y lavadero con dos camas de cemento
donde entraban de dos a cuatro personas. El sol era escaso, las ventanas eran
simples “aberturas de cemento”:
Estando
aquí en el Penal de Máxima Seguridad, si bien ya no sufría las golpizas, ni
torturas de cuando estuve en la DINCOTE, fui sometida a un régimen
totalmente infrahumano de reducción, aislamiento y aniquilamiento
sistemático y sofisticado jamás pensado, era como retroceder a los años de
la Santa Inquisición que si no nos encadenaron a las rejas con bolas de hierro
es porque no las tenían.
Después
de describir brevemente la
enfermedad que la afecta, expresa tanto la dimensión colectiva
de los problemas
de salud y sus consecuencias a veces trágicas, —por, entre
otras razones,
“restricciones”, “indolencia”,
“hipocresía”, “ensañamiento” y
otros tratos
degradantes ejercidos a manos de la policía y de un
médico que aquí se nombra—,
como la resistencia a través de la solidaridad entre internas y
de parte de los
familiares frente a las autoridades. Desde las primeras palabras acerca
de su
enfermedad, recuerda la relación con el personal médico
penitenciario, el cual
será un tema central del testimonio:
Empecé a
enfermar de dolores de cabeza fuertes y constantes, salir al tópico para que te
vea el médico era una epopeya, casi nunca nos atendían a nosotras. Lo único que
me recetó fueron paliativos. Tuve que aprender a convivir con los dolores pues
aquí nunca me lo tratarían. Un día amanecí con la voz ronca, días sin poder
hablar, nuevamente insistir para que me sacaran pero debía esperar un buen
tiempo, había otras compañeras que tenían problemas más graves que yo.
Es ahí donde la autora empieza a hablar de
las internas María e Hilda, entretejiendo sus historias con la acción colectiva
de resistencia y el hecho de “agitar”, “exigir” y “presionar” a las autoridades
del INPE por lo que viven todas ellas desde la máquina de muerte creada por el
gobierno de turno. María tenía accesos de asma e Hilda, que dejaron morir fuera
del penal, sufría de hemoptisis.[36]
Recuerda que “los problemas de salud se
fueron agravando, casi todas tenemos problemas bronquiales, alérgicos y/o de
huesos”. Evoca el problema de la mala alimentación y del difícil acceso de los
alimentos a través de los familiares, de acuerdo a la escasa frecuencia y
posibilidad de visita. Pasa a recordar su faringitis aparecida después de un
corto tiempo de prisión y la manera en que el médico contribuye perniciosamente
en agravar la situación de cinco formas principales: tratamiento incompleto,
empeoramiento calculado de la enfermedad, restar importancia a su nivel de
gravedad, violencia económica (medicinas caras) y omisión de análisis para
diagnóstico y seguimiento, a lo cual ella y sus “compañeras” responden
exigiendo y denunciando a las autoridades y al médico, cuyo nombre no
olvidaron. En medio del relato y hablando de “los casos de tuberculosis” (TBC)
que empezaron a verse, la narradora escribe por segunda vez la consigna,
subrayando el “optimismo” que caracteriza el PCP-SL ante la adversidad:
Más de
cinco años en esta misma condición era demasiado para un cuerpo que por muy
bien alimentado que haya estado no podía soportar este plan de
aniquilamiento sistemático que aparentemente no se ve pero golpea y va
mellando la salud, aunque no nuestro optimismo…Los casos de TBC se presentaron
uno tras otro y en plazos cada vez más cortos, hasta hoy llegan a 20.
Describe los males físicos de otras
prisioneras y la manera en que, frente a la indolencia de la policía y de los
médicos, al “insistir”, “exigir” y “presionar” colectivamente las autoridades,
tanto ellas como los familiares, lograron que se descubrieran enfermedades
graves y que se proceda al traslado al hospital para algunas de ellas. Para
cerrar su testimonio, la narradora relata que tuvo que pedir que le hicieran
cultivo por sospecha de tuberculosis. El INPE rechazó su pedido, pero tuvieron
que proceder a hacerlo por orden del médico del hospital. Resalta finalmente, que
la solidaridad entre internas le permitió sobrevivir, denunciando nuevamente
las diversas restricciones como parte de la represión y culminando con la
habitual consigna política. De esta manera, la narradora muestra, desde la victimidad estratégica, que el cuerpo, tanto
físico (en su dimensión privada e individual) como político (en su dimensión
pública y colectiva), fue, en el espacio carcelario de los años 1990, portador
de resistencia, de lucha, de solidaridad, de poder, de superación y de memoria
colectiva ante el régimen de represión más duro que se haya conocido en el Perú
republicano.
4) Politización del cuerpo y maternidad
Esta parte final está dedicada a los tres
testimonios restantes cuyo tema principal es la maternidad en cuanto vivencia
dentro y/o fuera de la cárcel —movilizando
políticamente el rol de género que la sociedad atribuye a las mujeres y que el
PCP-SL valora desde un criterio de clase— como prisionera-madre en los primeros
dos textos y prisionera-hija en el último. Me refiero aquí a la maternidad como
instrumento político, no solo desde y para la memoria colectiva de las
militantes y/o prisioneras del PCP-SL, sino también a partir de la victimidad estratégica —trabajada desde la
sexualización y biologización de las enemigas del
Estado (agredidas en cuanto mujeres subversivas y embarazadas)— lo cual permite
reforzar y legitimar la denuncia y condena del gobierno fujimorista. Aquí, el
embarazo, el parto, la maternidad y el registro emocional asociado a ellos, son
politizados tanto por el PCP como por el Estado, siendo que éste utiliza aquí
no solo la violencia sexual y psicológica como arma de tortura y método de guerra
bajo la forma de violencia extrema, deshumanización, agresiones sexuales,
violación sexual y aborto forzado, sino también malos tratos al recién nacido
en la cárcel.
Para una mejor comprensión de los tres
relatos y a modo de contextualización, recordaré primero que el PCP planteó en
los años 1970, durante el periodo de preparación de la “lucha armada” y desde
el Movimiento Femenino Popular (MFP) creado por Augusta la Torre o Camarada Norah en cuanto Organismo
Generado de la organización, una cultura feminista proletaria plasmada en el
documento Marxismo, Mariátegui y el
Movimiento Femenino (1974). Las mujeres del PCP-SL politizaron lo
materno-privado, integrando la maternidad y la figura de madre en sus
principios políticos y en el espacio público de la lucha de clases desde la
cual se movilizaron. Las mujeres en combate que daban a luz tenían la
posibilidad de confiar sus hijos a “la masa”.[37]
Sea en campañas de propaganda masiva, en su órgano de prensa o desde la poesía,
el PCP-SL siempre celebró políticamente a “las madres del pueblo”. Si bien el
proyecto de maternidad pudo resultar a veces frustrado o postergado para
algunas militantes del PCP-SL, muchas de ellas decidieron tener hijos/as antes
o durante la guerra.
Consciente de esta realidad y conociendo el
valor político del Día de la Madre para el PCP-SL[38],
el régimen de Fujimori llegó al punto de designar a las prisioneras
embarazadas, cuyo pabellón era además el “menos fortificado” [39], como
primer blanco de ataque, tal el caso en la masacre del penal Castro Castro en 1992. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) (2006) declara al respecto:
El hecho
de haber empezado el ataque en el pabellón donde se alojaban las mujeres presas
políticas y en donde varias de ellas estaban gestando, indicaría una selección
intencional contra las mujeres. Además, el hecho de que este ataque se haya
planeado para que culminara el Día de la Madre fue interpretado y sentido como
una provocación más, como un ensañamiento contra los familiares, especialmente
sus madres, y también contra las víctimas, quienes ‘sufrían de pensar en el
sufrimiento de sus madres y otros familiares’.
- Nacido en la adversidad es el
testimonio de una mujer que se presenta como “prisionera de guerra” y que
cuenta haber sido detenida a sus 24 años de edad, con cuatro meses de embarazo,
llevada a la DINCOTE, a la Fiscalía, al Poder Judicial y seguidamente al penal
de Chorrillos en junio de 1992. Cuenta que en mayo, su esposo y un estudiante
de la Universidad de San Marcos “fueron detenidos y asesinados con disparos a
quemarropa y en la cabeza, en un pueblo joven de Chorrillos a manos de la
policía, delante de los pobladores”.[40]
La narradora, que sufre de epilepsia, aborda el tema de las torturas que vivió
en cuanto mujer embarazada, torturas aplicadas generalmente a toda detenida,
pero con trato diferencial para las detenidas en estado de gestación:
vejámenes, maltratos físicos, golpes patadas en la cabeza, cara, piernas y
espalda, obligación de estar de pie con ojos vendados por más de tres días,
privación de alimentación y agua; injuria sexualizante
(“prostitutas”) y amenaza de violación sexual por los agentes del Estado: “no
habría ningún problema, pues ya estás embarazada”. En el penal de Chorrillos,
la negligencia en cuidados de salud obstétrica y nutricional, así como las
condiciones inhumanas de encarcelamiento, son métodos de tortura que se
aplicaban también a las prisioneras embarazadas, por lo que la autora denuncia
el régimen de turno.
El dibujo que acompaña este relato muestra
la prisionera agredida desde tres flancos: 1) amenazada por un arma colocada
encima de ella, en forma de bastón al cual está anillada una correa y que está
sostenido por una mano gruesa y envuelta en una tela de malla negra que
recuerda un tejido de red de metal. Ella mira aterrada en esa dirección; 2) atacada
físicamente desde el lado izquierdo por otra mano —con las mismas
características que la anterior— que parece haberle arrancado la ropa y la
melena de su trenza, dejando ver una parte de su torso desnudado a la fuerza;
3) amenazada desde el lado derecho por una bota militar que podría vulnerar su
integridad física. Ella trata de protegerse la barriga con las dos manos y un
ropaje de vestido largo que parece infinito, dando al personaje una amplitud y
una plasticidad donde el cuerpo, inclinado hacia atrás y como colgado en el
aire, revela fuerza a través de un pecho desplegado y estirado que podría echar
a volar. Si bien está sometida e impotente ante el ataque, su mirada intensa y
la convexidad de su cuerpo muestran también fortaleza y resistencia, ilustrando
las palabras finales del relato: “Manteniéndonos consecuentes con nuestra forma
de pensar, con la mente clara y la moral en alto, esto fue el precio que
tuvimos que pagar; pero no permitimos que nos quiebren”.
“Nacido en la adversidad”
Al momento del nacimiento, siguieron los
maltratos, las humillaciones, la indolencia y el cinismo de parte de la policía
penitenciaria, lo que tuvo consecuencias negativas sobre la salud del bebé —víctima
al nacer con edema occipital derecho—, pero también positivas de parte del
personal médico de la maternidad y de las prisioneras por su solidaridad. El
periodo posterior no impidió que siguieran los tratos degradantes y crueles, no
sólo hacia ella sino también hacia otras prisioneras embarazadas:
Pasaron
15 días después de mi parto y llegaron Fuerzas Especiales a darnos una golpiza,
yo todavía estaba con el proceso del post-parto y no tuvieron ninguna
consideración de mi estado, tampoco de otras chicas que se encontraban gestando;
incluso a una de ellas, la golpearon tanto que le ocasionaron un parto
prematuro, con riesgo de su vida y la de su hijo por lo que pasó 40 días
hospitalizada…ese fin de mes nos suspendieron la visita para que nuestros
familiares no nos vieran en ese estado.
La relación madre-hijo fue afectada por la
violencia de Estado, con una continuación o transmisión del castigo que de
individual se vuelve plural, desde el impedimento no solo al derecho de
lactancia (una vez por semana) y a alimentar correctamente a la madre lactante,
sino también al derecho de visita del recién nacido y familiar acompañante
(cada tres meses), con el trauma y humillaciones que eso implicó para el hijo a
medida que fue creciendo (por la manera en que revisaban su cuerpo), así como
el dolor para la madre de la prisionera, a pesar de una mejora en el régimen
penitenciario a partir de 1996 (visita mensual) y 1999 (visita semanal). Lo que
antes nombré como continuación o transmisión del castigo se transforma, bajo
estas circunstancias, en transmisión del amor de la madre al hijo a través de
los padres de la prisionera, dando así lugar a la transmisión de memoria
familiar desde la solidaridad y el cuidado al otro.
- No me reconocía como su madre narra
la vivencia de una mujer detenida por la policía con un mes de embarazo[41], poco
después de la detención de Guzmán y la dirección del PCP-SL en septiembre de 1992.
Recordando primero su infancia y adolescencia, la autora empieza condenando no
solo la visión biologizante (en su acepción genética)
que justifica la construcción social de los pobres y de las luchas por sus
derechos, su criminalización y estigmatización desde 1982, sino también el
“sistema” y el “fujischock” que frustraron sus
proyectos de vida (en particular la carrera de educación). Relata a
continuación su detención y las torturas, incluyendo la violación sexual en la
DINCOTE, atribuyendo su supervivencia a la atención mediática que resultó de la
detención de la dirección del PCP-SL:
Me
detuvieron embarazada de un mes, claro yo sólo lo sospechaba pero como no era
ajena a lo que pasaba en el país, no dije nada, pues podían hacerme abortar.
Realmente no sé cómo ha sobrevivido mi hijo, pues apenas me detuvieron, en una
comisaría me empezaron a golpear, enmarrocada y con mi chompa me cubrieron la
cabeza, asfixiándome; me golpeaban incesantemente con sus armas, debo haber
estado rodeada de decenas de ellos porque los golpes no cesaban; incluso me
violaron, casi inconsciente por tantos golpes, me retorcían los dedos de la
mano, los pies, parecía que querían descuartizarme o hacerme pedazos. Me
dijeron: “recién estamos empezando, todavía no has llegado a DINCOTE”. No sé a dónde
me llevaban, luego supe que era la famosa DINCOTE, siempre con mi chompa
cubriéndome la cabeza y con las marrocas me maltrataban con empujones, golpizas
y al llegar ya a un lugar me dejaron parada; escuché una voz de un señor de
quien no me olvido, porque estando yo enmarrocada me empezó a golpear con
brutalidad tirándome contra la pared, al suelo, luego me hizo mirarle y me
escupió en la cara. Dijo ‘que se preparen cien para que la dejen bien abierta’.
Sobrevivió también gracias al apoyo de otros
prisioneros y su hijo le contó más tarde: “mamá, yo me hice como una piedrita”.
Al ser trasladada al penal de Chorrillos después de los quince días
protocolares en la DINCOTE, le confirman su embarazo y el buen estado del bebé.
Cuenta la “total indiferencia” a su condición de mujer embarazada, “más aún en
octubre de 1992”, cuando llegaron las Fuerzas Especiales anunciando “requisa y
reubicación”, pero en armas y con gases paralizantes, lo cual significó mera
tortura y ensañamiento bajo la forma de golpizas, burlas e insultos, hasta al
punto de “sadismo” y “odiosidad”, según la narradora que compara esta violencia
a la de los nazis en los campos de concentración durante la Segunda Guerra
Mundial. Las Fuerzas Especiales creaban lo que es conocido como “callejón
oscuro”: “Dos filas de estos hombres que nos iban golpeando por todos lados
mientras pasábamos”. Incluía tirar a las mujeres en el piso, caminando y
saltando “sobre nuestras espaldas”, con violencia sexual: “A mí, un tipo
humillándome como mujer, me puso la vara entre mis piernas”. A lo cual ella
responde: “Ellos usaron la brutalidad y el salvajismo y fueron vencidos por la
sola resistencia de nuestra voluntad”. La violencia siguió con la supresión del
derecho de visita (para que no se las vea moreteadas por los golpes), la
indolencia del cuerpo médico penitenciario y la imposibilidad del derecho a la
defensa (por abogados).
Llegó el momento del parto, donde el apoyo
del hospital y de la familia de la narradora contrasta con la violencia de la
ausencia de control prenatal en el penal. Ahí se dieron chantaje y amenazas
(llevarse al bebé en un orfanato) por parte del INPE en relación con la guardia
del recién nacido (por ley podía quedarse tres meses con la madre a menos que
ella se acogiera a la ley de arrepentimiento), habiendo sido negativamente
afectada la salud del bebé (por el frío) que fue finalmente llevado a provincia
por la familia.
El dibujo del relato muestra el momento de
la separación forzada, hasta sugiere que el bebé fue arrancado de su madre
durante la lactancia, por la manera en que está representado el enemigo sin
rostro y oscuro, de pie, llevándose de una mano gruesa y firme a la criatura en
lágrimas envuelta en una tela, mientras la madre tiende su brazo y mano hacia
su hijo. La escena puede recordar las representaciones artísticas de la Virgen
María después del nacimiento de su hijo, en particular en la variante
iconográfica correspondiente a la figura de la llamada “Madonna de la humildad”
practicada por los primitivos italianos del Pre-Renacimiento (entre los siglos
XI y XIV). Las imágenes que creaban debían llenar una doble función: conmover
al espectador a través de escenas de dolor de Cristo y el horror de los
mártires, y recordar verdades a las masas populares (en un afán de pedagogía
religiosa). De hecho, el relato termina con las siguientes palabras: “Escribo
este testimonio para que se conozca la verdad de los hechos”. En la pintura
cristiana primitiva, eso implicó el principio de humanización de los personajes
a través de la representación de la vida cotidiana e íntima, del cuerpo femenino
con formas, su desnudez, y una virgen “humilde” en el sentido terrenal de la
palabra, colocada abajo, sentada en el piso, a menudo con una tela que la
acompaña y el bebé que tiende su mano hacia el seno lactante, como podemos
observar aquí.
“No me reconocía como su madre”
La representación pictórica de esta
separación nos habla tanto más de humanización de la madre prisionera cuanto
que el relato insiste sobre los objetivos deshumanizantes y las
representaciones estigmatizantes del Estado sobre las mujeres-madres del
PCP-SL:
El dolor
de la madre y de un niño separados a la fuerza, solo puede ser producto de
mentes totalmente desalmadas…Hay gente que nos considera “desalmados”, creen
que nosotras como madres no sufrimos, o que carecemos de sentimientos, cuando
lo que hacemos ante momentos tan duros es amarrarnos el alma, empuñar el
corazón y llevar la procesión por dentro…el problema era responsabilidad de
todas esas leyes, las más monstruosas y siniestras en toda la historia del
Perú.
Recuerda a lo largo del texto otros
episodios dolorosos en relación con su hijo, enlazando lo personal a lo
político, cuando al visitarla, él no la reconocía como su madre:
Un día
vino mi hijo y tanto lloró que opté por que se fuera para no seguir viéndolo
llorar, entonces él se calló y me decía en su media lengua (recién estaba
aprendiendo a hablar) “chica, vamos”…mientras yo me quedaba tras las rejas,
creo que esos recuerdos han quedado grabados para siempre en mí”… Escribo este
testimonio para que el mundo juzgue quién aplicó genocidio, desapariciones,
torturas y en este caso el más vil y siniestro plan de aislamiento y
aniquilamiento sistemático y sofisticado contra nosotras y se conozca la
verdad de los hechos.
- ¡Madre Coraje de a verdad! La
narradora de este relato[42]
sobrevivió a la masacre del penal de Castro Castro en
1992. El texto se enfoca en el dolor o tortura psicológica impuesta
principalmente a la madre de la autora, lo cual sirve para denunciar la
violencia del régimen fujimorista y la falta de garantía de derechos
fundamentales para los familiares de subversivos. Al ser detenida y antes de
ser enviada a Castro Castro, permaneció quince días
en la DIRCOTE. Su madre empezó entonces a ver su salud afectada (hipertensión,
hospitalización y coma). Sin embargo, mejoró rápidamente y fue la primera
persona en visitarla en Castro Castro,
siendo “objeto
de revisiones humillantes y vejatorias”, además de
“amenazas y persecuciones”
como las otras visitas. Pero del 6 al 9 de mayo de 1992, se da el
ataque a ese
penal por las Fuerzas Armadas. Cuenta la búsqueda personal de su
madre por
encontrarla en hospitales, en la morgue y finalmente en una
cárcel al sur de
Lima, manifestando cómo se puede “transformar el dolor en
fuerza”, un tema
sobre el cual la autora vuelve con frecuencia a lo largo del texto. La
primera
persona en visitarla en ese penal fue también su madre, quien se
vio muy
afectada por un episodio particularmente violento ocurrido en marzo de
1993, al
escuchar tras una pared de la cárcel como golpeaban a su hija y
otras internas,
mientras la policía le decía: “¿Para
qué llora? ¿por una hija terruca?”, “Que
mejor hubiera sido que yo muriera”.
El dibujo muestra las condiciones en las
cuales se producían las visitas al penal de Chorrillos, una vez que la autora
fue trasladada ahí: visitas por locutorio una vez al mes y por media hora, con
“dos mallas de trama de alambre grueso y densas… separadas por unos 30
centímetros de cemento llenas de polvo… colocadas desde el techo hasta el mesón
de cemento, todo esto en un ambiente cerrado, oscuro, con mucha resonancia”. A
fines de 1999, la visita era una vez por semana.
La narradora relata entonces la serie de
“castigos” contra las prisioneras entre 1992 y 2000: “reducción a la condición
de subhumanos”, suspensión de visitas, corte de luz y agua, prohibición de
escribir, corte de la media hora de patio por un mes o más.
Otro episodio muy doloroso para la madre
sucedió cuando quiso interceder para liberar a su hija sin previa consulta, lo
cual permite descubrir otra faceta de la violencia y el cinismo del régimen de
turno: “Arrepiéntete, si quieres ver a tu madre, tener visita y salir pronto;
di todo lo que sabes, arrepiéntete…Me mostró un papel donde estaba ya mi nombre
escrito a máquina. Allí decía que yo iba a “colaborar” en todo y que me acogía
a la Ley de arrepentimiento”. El chantaje continuó, por lo cual la autora tuvo
que decir a su madre “No me vendo madre, por un plato de lentejas”. En su
siguiente visita, la madre llegó con sentimiento de culpa y pidió perdón a su hija.
“Madre coraje de a verdad”
En 1994, sentenciaron a la narradora a doce
años de prisión por “criterio de conciencia”. Entonces la salud de su madre
empeoró. A pesar de la condena, siguieron las hostilidades contra ella,
pidiéndole por ejemplo que “se sacara la trusa” (calzón) en las visitas. La
narradora cuenta que a la muerte de su padre, se aplicó a la madre el
reglamento de colores prohibidos (negro y rojo) para la visita: no pudo entrar
vestida de luto. Su salud se fue degradando con el tiempo: diabetes, pérdida de
la visión, herida en el pie por la diabetes y cáncer de páncreas. Cuenta la
gran solidaridad desplegada por sus compañeras de cárcel, “como si fuéramos
millones de dedos de una misma mano”, al mismo tiempo que recuerda la crueldad
de las autoridades estatales al impedir que su madre pueda visitarla antes de
morir. Sus compañeras “hicieron una rosita” y lograron que se ponga en la mano
de la madre a punto de fallecer, junto con el mensaje: “¡Una madre coraje de a
verdad!”, expresión que aparece por primera vez en 1994 (PCP, 1994).
En sus palabras finales, la narradora evoca
el dolor, la “indignación por tan terrible crueldad” y el sentido de dignidad y
de resistencia: “Quiero que esto sea público y que sepan todos aquellos que
entienden del dolor humano que así sufrimos, así vivimos, así transformamos el
dolor en fuerza”. La violencia de Estado descrita en los tres relatos de esta
última parte (contra prisioneras-madres y una prisionera-hija) se inscribe en
una violencia destinada específicamente a las mujeres parientes de internos/as,
como fue el caso durante el ataque al penal Casto Castro, del cual fue víctima
la narradora del último testimonio.[43]
Asimismo, en el último relato se condensa
todo lo que sufrieron las mujeres parientes: sometidas a tortura psicológica y
física por el solo hecho de haber presenciado (aunque indirectamente) golpizas,
por los chantajes y ataques verbales y de carácter sexual de los que fueron
víctimas a manos de la policía penitenciaria, y por ser privadas de la
posibilidad de pasar ciertos víveres, del derecho a la visita y del contacto físico
con sus hijas encarceladas.
Conclusión
Los actos de escritura de las prisioneras
del PCP-SL que hemos explorado se volvieron, al salir del régimen fujimorista,
parte del accionar político y de la memoria viva. La escritura a mano con
diversidad de caligrafías y de narraciones, refuerza y sella la veracidad y
autenticidad de cada relato como experiencia carnal y de supervivencia
individual, tanto en lo vivido en cuanto prisionera sometida a tratos
inhumanos, como en el acto mismo de escribir con el fin y la esperanza de
participar a la supervivencia colectiva y partidaria. Los relatos revelan un
universo que aún está por contarse. Su publicación muestra el logro de las
internas en cuanto a resistencia, dignidad y lucha por disponer de recursos
aquí indisociables tales como su propio cuerpo (porque toda caligrafía es
gestual), su mente (en términos de memoria íntima, concentración y
perseverancia en el ideario político), el arte (por la letra dibujada y el
dibujo mismo) y los materiales de trabajo (papel y lapicero) conseguidos a
duras penas después de años de aislamiento y privación de derechos elementales,
con el fin de dar a conocer la máquina de muerte elaborada por el fujimorismo y
de cumplir con los nuevos objetivos del entonces derrotado PCP-SL.
La victimidad estratégica
consistió por parte de las internas en centrarse en describir y denunciar las
torturas vividas por ellas en las cárceles en los 90s (principalmente antes de
las conversaciones de 1993). Fue parte de la lucha del PCP contra el “plan de
aislamiento, reducción y aniquilamiento sistemático y sofisticado de la dictadura
de Fujimori”, en función del plan de “reconciliación” de la CVR iniciado en
2001 a partir del cual el PCP organiza una suerte de comisión paralela con el
fin de recoger testimonios en sus propias filas sobre la violencia infligida
por el Estado en los años ´80 y ´90. A partir de la labor de la CVR, la
intención del PCP era obrar, junto con el Estado, por una “solución política a
los problemas derivados de la guerra”. Si la CVR —atareada en construir la
categoría y la narrativa de “víctimas inocentes”, principalmente mujeres de
zonas rurales y semi-urbanas representadas como no
sujetos políticos—, no supo tomar en cuenta las entrevistas que hizo a
prisioneras políticas, menos importancia iba a dar a los relatos aquí
analizados, los cuales pretendían contribuir al objetivo del PCP de construir
una “Auténtica Comisión de la Verdad”. Si por un lado la CVR no llegó a hacer
un trabajo de concientización con el pueblo, por otro, el PCP fue alejándose
del pueblo en el transcurso de la guerra (Guiné,
2018). De esa realidad de alejamiento resulta el fracaso político-militar en
1992 y el consecutivo recurso al registro de victimidad estratégica, aquí en clave femenina, en particular desde una
feminidad maternal, para denunciar con más fuerza el régimen de Fujimori contra
las mujeres subversivas, inspirar así repudio en la población, y poder trabajar
de la mano con el Estado.
Para este fin, posiblemente bajo la jefatura
femenina del PCP en la persona de Elena Yparraguirre
(desde 1988), se escribieron y juntaron los seis relatos, abordando en primer
lugar la memoria “pre-conflicto” de 1968, para pasar directamente a los años de
la dictadura fujimorista. Invocar, desde las cárceles en el año 2001, el
trabajo político cumplido en 1968, es una forma de resistencia y de ejercicio
de memoria colectiva en vista de rescatar el periodo pre-revolucionario y de
inscribirlo en las luchas sociales nacionales e internacionales de la época, en
aras de legitimar acaso el objetivo de “solución política” anhelada por el PCP.
Los siguientes testimonios dan espacio a la
memoria colectiva de las mujeres militantes y, por extensión, de las mujeres
del movimiento proletario. En este ejercicio, las categorías de militante y de víctima
resultan no excluyentes. La construcción social de la identidad de víctima se
hace indisociable de la politización del cuerpo de las militantes-prisioneras
(sea como internas-embarazadas, internas-madres y/o hijas, e
internas-enfermas), pero en base al feminismo proletario conceptualizado por el
PCP, significando una lucha específica por sus derechos con el fin de combatir un
régimen infrahumano que no hizo más que revelar las desigualdades de tipo
estructural inherentes a la sociedad peruana[44].
Desigualdades que afectan principalmente a las mujeres bajo la forma de doble
opresión (capitalista y patriarcal), al castigarlas como mujeres y madres
trasgresoras del orden moral, social y político impuesto por el Estado, tanto
en la esfera privada como en la pública.[45]
La victimidad estratégica
a la cual recurrió el PCP-SL sigue hoy vigente en la medida en que la “solución
política” propuesta por la organización no llegó a alcanzarse, pese al cese de
la lucha por la vía armada y al intento de ser parte del paisaje político
nacional a través de la formación, en 2009, del Movimiento por Amnistía y
Derechos Humanos (MOVADEF).[46] De
hecho, si bien la justicia internacional condenó al Estado peruano por la
violencia desproporcionada desatada contra las/los prisioneras/os durante el
régimen fujimorista (y otros), las fiscalías antiterroristas del Perú siguen
hoy día criminalizando y procesando a ex prisioneros/as y militantes, quienes
han devenido en chivos expiatorios de gobiernos que, en vez de resolver el
problema de las desigualdades socio-económicas, se empeñan en aplicar métodos
represivos contra la población civil disidente y contra los/las que en 1980 se
alzaron en armas.
Sin embargo, los relatos carcelarios de las
prisioneras aparecen como espacio y puente de las varias identidades y memorias
que conviven y fluyen en una mujer, más allá del binomio excluyente
víctima-victimaria, por ende más allá de su identidad política. Por la
violencia económica y patriarcal que han vivido y que viven las mujeres, los
testimonios son también, desde la militancia y otras luchas sociales, espacio y
puente de la memoria colectiva de la guerra en clave femenina y familiar para
alcanzar las lecciones que el pueblo peruano, en su aspiración al cambio
social, debería asumir.
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Recibido: 30 de marzo de 2021
Aceptado: 17 de abril de 2021
Versión
Final: 6 de junio de 2021
[1] Agradezco al antropólogo peruano Dynnik Asencios por sus comentarios y por las diversas fuentes que me proporcionó.
[2]
De ahora en adelante PCP-SL o PCP.
[3] Las únicas narrativas individuales que existen son las
que «se alejaron del discurso oficial» del PCP-SL. «Se quedan en lo oral y al ser su única forma, se van perdiendo y hasta distorsionando». Conversación con D. Asencios, 30
de marzo 2021.
[4]
Es decir
veintiún años después del inicio del conflicto armado surgido entre el Estado
peruano y la guerrilla maoísta del PCP-SL en 1980, seguido del Grupo
Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) a partir de 1984, y cinco meses antes de la
caída de A. Fujimori quien mantuvo un régimen dictatorial en el país de 1990 al
2000.
[5]
Cinco objetivos guiaron el trabajo de la Comisión: “a) Analizar las condiciones
políticas, sociales y culturales, así́ como los comportamientos que, desde la
sociedad y las instituciones del Estado, contribuyeron a la trágica situación
de violencia por la que atravesó́ el Perú́; b) Contribuir al esclarecimiento
por los órganos jurisdiccionales respectivos, cuando corresponda, de los
crímenes y violaciones de los derechos humanos por obra de las organizaciones
terroristas o de algunos agentes del Estado, procurando determinar el paradero
y situación de las víctimas, e identificando, en la medida de lo posible, las
presuntas responsabilidades; c) Elaborar propuestas de reparación y
dignificación de las víctimas y de sus familiares; d) Recomendar reformas
institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención, a
fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas legislativas,
políticas o administrativas; y, e) Establecer mecanismos de seguimiento de sus
recomendaciones» (Paniagua Corazao et al.
2001).
[6]
Parto del
postulado según el cual, como lo plantea la historiadora francesa Christine Deslaurier
(2019), “la prisión es por esencia una
institución ‘política’”, “la
categoría de prisioneros políticos es
reñida” y
“resiste a las definiciones rígidas”, por lo cual
“no se puede construir una
categoría científica de detenidos políticos sobre
la base de una definición
formal, tal como la de Amnesty Internacional desde
1961 o la establecida en 2012 por el Consejo de Europa, por ejemplo”, ya que
sus definiciones no toman en cuenta las motivaciones políticas del
encarcelamiento.
[7]
En 1992, Fujimori promulgó los decretos leyes 25475 por el «delito de terrorismo» y 25659 por «delito de traición a la patria», anulando así la Constitución de 1979 y los derechos ciudadanos
y judiciales, y violando
los tratados internacionales
de Derechos Humanos y el Convenio de Ginebra.
[8]
Preciso que la
primera mujer prisionera política en ser enviada a Yanamayo
en noviembre 1992 es Martha Huatay Ruiz, abogada,
miembro de la Asociación de Abogados Democráticos del Perú y ex integrante del
PCP-SL (Huatay Ruiz, 2002). La mayoría eran varones
sobrevivientes a la matanza ordenada por Fujimori en mayo 1992 de varias
decenas de internos e internas en el penal de Miguel Castro Castro
o Canto Grande (Lima). En diciembre 1992, otras cuatro prisioneras fueron
llevadas a Yanamayo (Ibid.). En 1999, 377 hombres y
mujeres estaban encarcelados en ese penal “por terrorismo y traición a la
patria”: 30 mujeres y 347 varones. Entre todos, 352 habían sido sentenciados y
25 estaban siendo procesados. Entre las internas, 19 mujeres habían sido
sentenciadas a cadena perpetua, 21 habían sido juzgadas por tribunales
militares, y 9 habían sido juzgadas por tribunales comunes por el “delito de
terrorismo”. Dos mujeres eran entonces delegadas de los internos: María Pantoja
y Martha Huatay (Santistevan de Noriega, 1999).
[9]
En marzo 2001,
una carta escrita por A. Guzmán y E. Yparraguirre, dirigentes
del Comité Central detenidos en sept. 1992, y por otros prisioneros de la
cárcel militar llamada Base Naval del Callao, es enviada al presidente
Paniagua, antes de empezar una huelga de hambre el mes siguiente, planteando
también una “Auténtica Comisión de la Verdad integrada por representantes de
las dos partes en conflicto y familiares” (Zambrano Padilla, 2002).
[10]
El PCP plantea
que hay que “pugnar por el esclarecimiento de la auténtica verdad histórica de
la guerra popular” (PCP, 2001).
[11]
Según la CVR
(2003), la verdad es el “relato fidedigno, éticamente articulado, científicamente respaldado, contrastado intersubjetivamente, hilvanado en términos narrativos, afectivamente concernido y perfectible, sobre lo
ocurrido en el país en los veinte años considerados
por su mandato”.
[12]
Quiero
precisar que durante mi trabajo de campo en el penal de Chorrillos entre 2011 y
2013, las prisioneras con quien solía conversar nunca se presentaron o se
representaron como víctimas, ni contaron los maltratos y torturas que habían
vivido, salvo en una ocasión en que Victoria Trujillo (miembro del Comité
Central del PCP-SL, quien fue detenida en 1989, permaneció 29 años encarcelada
y volvió a tener orden de detención en diciembre 2020 en el operativo “Olimpo”
(Chumpitaz, 2021; Gálvez, 2021), con consiguiente condena a 18 meses de prisión
preventiva desde febrero 2021), me dijo que después de la matanza del penal
Castro Castro (1992), las internas sobrevivientes que
fueron trasladadas habían sido obligadas, una vez en el hospital, a pasar por
un “examen” vaginal dactilar, lo cual consideraban un abuso (aunque los
doctores les hayan dicho que habían recibido la orden de proceder así). Además,
nunca me mencionaron la existencia de los textos aquí objeto de investigación,
que son emblemáticos del “dolor prolongado” (CIDH, 2006) e intenso infligido a
prisioneras políticas durante el gobierno de Fujimori.
[13]
El término fue
acuñado en 1956 por Benjamin Mendelsohn para designar
el “conjunto de características bio-psico-sociales comunes a todas las víctimas
en general, con independencia de la causa de su situación”.
[14]
La socióloga
Paola Bacchetta considera que la “auto-victimización
estratégica” (strategic self-victimization)
es practicada por sectores políticos de derecha. Conversación con P. Bacchetta, 24 de mayo 2021.
[15]
Sin embargo,
para Dynnik Asencios, el
hecho de que el PCP-SL presente “las cárceles como lugares para aplicar el plan
de aniquilamiento contra prisioneros por parte del Estado, está presente desde
los 80s cuando el gobierno de turno decidió llevarlos a la isla del Frontón”.
Conversación con D. Asencios, 28 de marzo 2021.
[16]
Desde
septiembre 1992, el “Giro estratégico” es la “base para la negociación de la
Nueva Gran Estrategia” fijada en 1993. La Nueva Gran Estrategia “era pasar de
tiempos de guerra a tiempos de paz que no era dejar de luchar sino cambiar
formas de lucha usando todas las usadas por la clase según condiciones
concretas. Se trataba de pasar a un REPLIEGUE POLÍTICO Y MILITAR compaginados
con el repliegue estratégico de la Revolución Proletaria Mundial. Por eso
nuestro centro no fue la lucha reivindicativa ni legal sino política e
ideológica” (PCP, 2001).
[17]
Según
planteado por J. Jaramillo Marín et al.:
“Se desarrolló una metodología que involucraba el género como aspecto
fundamental dentro de los testimonios, de manera que se hiciera hincapié en la
diferenciación en la violencia con la finalidad de recuperar la voz y la verdad
de aquellas mujeres que habían sido víctimas y tradicionalmente fueron
excluidas” (Jaramillo Marín, Torres Pedraza Parrado Pardo, 2018).
[18]
Se les niega
toda “dignificación”, se las deshistoriza, se vuelven
“no personas”, “no madres”, “no ciudadanas”, “subhumanas”, sufren un proceso de
“desperuanización” (Robin Azevedo, 2017), son las contaminadas, las condenadas a muerte
civil, las victimarias, las perpetradoras, terrucas
o “terroristas”.
[19]
En el capítulo
“Violencia sexual contra la mujer” del Informe Final, la CVR expone el caso de
una testimoniante cuya hija fue abusada y violentada
por miembros del Ejército de Puno al visitar a su hermano en el penal de Yanamayo: “Cuando va a visitarlo a su hermano en la puerta
no le permitieron ingresar, ella reclamó, debido a esto es llevada a un
ambiente donde habían terroristas arrepentidos a quienes le preguntaban si la
conocían, uno de los chicos dijo: “ella es la mujer de (..)”, debido a esto es
detenida y llevada al Ejército de Puno, donde abusan de ella y casi la matan, a
raíz de esto es hospitalizada en el Hospital Militar...” (CVR, 2003b).
[20]
En esta
masacre de tipo genocidiario, resultaron muertos por asesinato al menos 42
internos e internas, heridos 175 de ellos, y 322 sometidos a “trato cruel,
inhumano y degradante” (CIDH, 2006). El llamado “Operativo Mudanza 1” fue
ejecutado por orden de Fujimori, su objetivo era el traslado a otras cárceles
de casi 90 internas, estando varias de ellas embarazadas. El traslado fue
caracterizado por la intención de atacar y matar con armas de guerra, según la
lógica de guerra empleada entonces por el Estado en el espacio carcelario. El
10 de mayo, 53 prisioneras fueron trasladadas al penal Cristo Rey de Cachiche en Ica (Sur de Lima). Según la CVR (2003b): “Una
declarante narra cómo en el Penal de Cachiche…adonde
llegó en mayo de 1992, un capitán a cargo del penal, amenazaba y maltrataba a
las internas continuamente: “ustedes están en la mínima parte nos decía ¿no? esto no es nada de lo que les hacemos a ustedes
agradezcan que ninguna de ustedes todavía está violada; y a una de nuestras,
de las chicas que vivían con nosotras, la intentó violar alguna vez...” Otra
declarante narra que, durante su permanencia en este penal, el director la
amenazaba con llevarla "al hueco" para violarla…Es necesario precisar
que, según los testimonios revisados, la violencia sexual se daba
permanentemente y en cualquier circunstancia, pero sobre todo en los
interrogatorios. Las mujeres eran violadas sexualmente o se las amenazaba con
violarlas a fin de que brinden información, firmen las actas de incautación, se
arrepientan, identifiquen a otros detenidos, etc”.
[21] Para conocer la historia del TAANS de 1992 a 2007, ver:
https://taans1.blogspot.com/p/historia.html
[22] Lineamientos del frente de arte y
cultura: “Desarrollar la lucha de clases en el frente del arte y la cultura,
apoyar el trabajo del pueblo en este frente a impulsar el del proletariado
guiándose por la línea política del Partido. Desenvolver la crítica proletaria
en el arte y la cultura, distinguiéndose el campo del enemigo, el trabajo del
pueblo y la actividad de quienes bregan cercanamente a nosotros, todo partiendo
de la lucha de clases. Poner siempre la política al mando en el trabajo del
arte y la cultura pues ambos son instrumentos de la lucha de clases” (Pdte.
Gonzalo, 1994a). Además, arte y cultura son considerados como “instrumento de
combate”: “usar el arma de la crítica…no separar arte de artesanía, es la misma
vena del pueblo que la eleva a arte. Forjar propagandistas y agitadores;
propagandistas de ideas; agitadores de luchas concretas, escritos, hablados,
dibujados, etc…es muy necesario” (Pdte. Gonzalo, 1994b).
[23] En la página web de Movimiento Popular
Perú-Alemania/Volksbewegung Peru-Deutschland, tres dibujos son publicados como
parte de las “Tarjetas de las prisioneras de guerra de Chorrillos” y de las
“Obras de arte revolucionario de la lucha por una solución política” del Taller
Nueva Semilla-Chorrillos. Corresponden a los textos: “Madre coraje de a
verdad”, “No me reconocía como su madre” y “Tienes pulmón pa’ regalar”:
http://www.pagina-libre.org/MPP-A/index.html
[24] Los trabajos que
tratan del tema, aunque parcialmente, son de V. Guerrero Peirano (2015) y de M. Romero-Delgado (2017).
[25] Me refiero en particular a las investigaciones de: Asencios Lindo, 2016; Balbuena, 2007; Boutron, 2009, 2016; Bracco,
2011; Canyelles, 2012; Cruvinel,
2014, 2015; Dietrich, 2019, 2020; Dietrich Ortega, 2014; Felices-Luna,
1999; Guiné, 2018, 2019; Henríquez,
2006; López López, 2017; Malvaceda, Herrero, Correa, 2018;
Meneses García Rosell,
2019; Portugal, 2008; Raffo Lavalle,
2017; Romero-Delgado, 2017, 2019; Roncagliolo, 2007;
Zapata, 2019. Además, en la actualidad, varias
militantes excarceladas buscan escribir su propia historia, aunque a veces de
manera anónima por el riesgo de persecución política aún existente.
[26] El
documento denuncia las desapariciones forzadas en los Andes, la existencia de
fosas comunes y crímenes de lesa humanidad en el gobierno de B. Terry
(1980-1985); durante el gobierno de A. García (1985-1990): represión y masacres
por parte de las FFAA en barriadas de Lima, prisiones y comunidades andinas
(Accomarca, Cayara), y bajo el gobierno
de A. Fujimori (1990-2000), crímenes de lesa humanidad con la matanza de
Barrios Altos en Lima (1991) por el “Grupo Colina”, y las masacres de la
universidad La Cantuta y el penal de Canto Grande (1992). Invocando la
violación del Pacto de San José de Costa Rica, los prisioneros denuncian las
violaciones de DDHH cometidas
contra las personas detenidas y encarceladas durante el gobierno de Fujimori:
“violación del derecho a la integridad personal y a la libertad personal” y de
garantías judiciales (“tortura, tratos crueles, humillantes y vejatorios, sin
respetar su integridad física, psíquica ni moral”; “penas inhumanas
como la de internamiento
no menos
de 25 años y la de cadena perpetua”; desaparición forzada de personas
detenidas; procesos judiciales de civiles en el fuero militar con jueces y
tribunales “sin rostro”, ningún derecho a la defensa (incluso en el fuero
civil); ningún derecho a la libertad de pensamiento y expresión -detención de
personas por “tenencia de libros de contenido marxista”-).
[27] “Se
nos mantiene encerrados durante 22 horas diarias en una pequeña celda de 2 x 3
metros, la misma que es ocupada por 2 internos, en la que debemos satisfacer
todas nuestras necesidades de dormir, aseo, alimentación, fisiológicas, estudio
y trabajo, condicionándonos a una situación de inmovilidad que viene
repercutiendo negativamente en nuestra salud tanto biológica como
psicológicamente y que se expresa en problemas de articulaciones, renales y otros…
solo se nos otorga 1 hora de patio que es insuficiente para un normal
desenvolvimiento al privarnos de recibir los rayos del sol y muchas veces se
nos saca al patio cuando está lloviendo. Se debe tener en cuenta además que
nuestras condiciones de reclusión se agravan por el clima frío de esta zona a
lo que se agrega la humedad procedente del lavadero y baño ubicados en la misma
celda, lo que es causa de la generalización de enfermedades bronco-pulmonares,
reumáticas que vienen padeciendo la mayoría de los internos” (Presos políticos
de Yanamayo, 2000). Sin embargo, contrariamente a las mujeres presas, la
situación mejoró para los varones a partir de 1993.
[28]
En
julio 2001, el “Comité de Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra de la
Luminosa Trinchera de Combate de Yanamayo” dirige una carta a la “Asociación de
Familiares de Desaparecidos y Víctimas del Genocidio” (AFADEVIG) -entidad
dirigida por el PCP- saludando la convocatoria a “la I
Convención de Organizaciones y masas por una Auténtica Comisión de la verdad” e
invitando a los familiares y al pueblo en general a que esta Convención sirva
al objetivo de “conformar una Coordinadora de Organizaciones y masas por una
Auténtica Comisión de la verdad” -a la cual se juntarán los prisioneros
políticos-, para servir la “Lucha por la solución a los problemas derivados de
la guerra interna, una verdadera amnistía general en función de una futura
reconciliación nacional”. En agosto 2001 y feb. 2003, tuvieron lugar en Lima
dos convenciones con el fin de recopilar información sobre “desapariciones,
genocidios, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazados,
requisitoriados, etc.” ocurridos entre 1980 y 2000. En la 1ra Convención, se
decide, entre otros puntos, “presentar
documentación con pruebas fehacientes y testimonios ante la Comisión de la
Verdad”, “pedir al gobierno que promulgue una verdadera Amnistía general”,
organizar la II Convención entorno a las “expresiones de agravios” con el fin
de recoger las voces de los familiares de “prisioneros políticos y prisioneras
de guerra”, torturados y desaparecidos, y “desarrollar constantemente
expresiones de agravio en Plazas públicas, especie de ágoras…en Lima por la
repercusión” (Comisión organizadora de la I Convención de Organizaciones y
Masas por una Auténtica Comisión de la Verdad, 2001). El informe de la Ira
Convención plantea que de acuerdo al primer objetivo de la Comisión de la
Verdad sobre las condiciones políticas, sociales y culturales» de la guerra, se tiene que «escuchar la posición», «razones y fundamentos» «de las organizaciones levantadas en armas principalmente
la del PCP que fue quien inició en mayo de 1980» (Ibid.).
[29] La Larga Marcha fue la retirada
comandada por Mao TseTung desde la Base Revolucionaria Central para huir de sus
enemigos, los comunistas del Kuomitang, recorriendo a pie 12.500 km durante 370
días, inicialmente con 100.000 hombres y mujeres, la ruta principal del Primer
Ejército del Frente, del sur al norte de China (región de Jiangxi), lo cual
consagra a Mao como líder del Partido Comunista Chino, quien proclama en 1949
la República Popular China.
[30] Para el PCP, 1968 es
un año importante por al menos cuatro razones: 1) Influencia de la Revolución
Cultural china en la juventud a nivel internacional; 2) En Perú, golpe de
Estado a manos del General Juan
Velasco Alvarado quien instala el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas
Armadas; 3) Regreso a Ayacucho de Augusta la Torre y Abimael Guzmán, líderes
máximos del PCP, para seguir dirigiendo el Comité Regional José Carlos
Mariátegui (JCM) de Ayacucho; 4) Conferencia de Guzmán, profesor de filosofía
en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), sobre “Para
entender a Mariátegui”, a 40 años de la fundación del Partido Socialista por
JCM en 1928, del cual el PCP se considera el heredero.
[31]
Según David, ex prisionero que entrevisté en 2014, en Yanamayo, Osmán Morote,
miembro del Comité Permanente del PCP, solía contar un relato “ocurrido en una
reunión partidaria en la que estaban campesinos y Guzmán; todos ya estaban
mareados y Guzmán golpeaba con suavidad su cabeza con la cabeza del campesino,
pidiendo en voz que todas sus ideas pasen a la suya como por osmosis”.
[32] La frase fue escrita en 1994 por A.
Guzmán en un documento que denuncia el “plan de aniquilamiento” fujimorista:
“El ser humano es un producto social, la sociedad lo crea, lo modela. El hombre
explotador, imperialista no es igual que el proletariado ni que el de las
naciones oprimidas; tampoco el hombre feudal era igual al campesinado, al
siervo. El hombre, siendo producto de la sociedad, es eminentemente social, no
puede vivir al margen de ella porque se destruye su condición esencial” (Pdte.
Gonzalo, 1994c).
[33] Según D. Asencios, la escena “debió
haber ocurrido a mediados de los 90, cuando la dirección del penal decidió que
las cartas que salían de manera libre, ahora salieran previa revisión por la
dirección del penal. También se promovió que los internos escribieran a las
internas para mantener los vínculos. Las cartas eran juntadas y llevadas a
Chorrillos, éstas eran recibidas con alegría y leídas de manera colectiva y en
voz alta para todas las del piso y así la carta se paseaba por todo el
pabellón”. Comentario del 18-03-2021.
[34] El PCP-SL utiliza el término
“genocidio” al sostener que desde 1983, el Estado aplicó una “Línea y Política
Genocida” contra la subversión (Huatay Ruiz, 2002).
[35]
El PCP utiliza esta expresión por primera vez (y en letra negrita) en 1994 en
el documento “El hombre, los derechos humanos y el aislamiento”: “El aislamiento, más aún el aislamiento
absoluto y perpetuo, es la negación de los derechos fundamentales que se agrega
a la privación de la libertad de los prisioneros de guerra, apunta a reducirlos
a la condición de sub-humanos y a destruir su esencia social de hombre, de
seres humanos, es un plan de reducción y aniquilamiento sistemático y
sofisticado que el imperialismo ha creado para combatir la revolución
destruyendo a los revolucionarios principalmente a los comunistas, y que hoy se
está extendiendo a las naciones oprimidas” (Pdte. Gonzalo, 1994c). Los
documentos del PCP relacionados con “La
lucha contra el plan de aislamiento, reducción y aniquilamiento sistemático y
sofisticado de la dictadura de Fujimori” se pueden consultar aquí:
http://www.pagina-libre.org/MPP-A/Prisioneros.html
[36] La hemoptisis es la expectoración de sangre proveniente del árbol
traqueobronquial que se origina principalmente por las siguientes enfermedades:
bronquiectasias, bronquitis crónica y carcinoma broncogénico. En 1994, la
tuberculosis era la enfermedad más común en la cárcel, y la única que tenía
tratamiento.
[37] Como ya lo precisé en otro lugar (Guiné, 2018): “La maternidad era valorizada dentro del
contexto de la ‘mujer-madre del pueblo’ que era llamada a ‘unirse a la Guerra
Popular’ y a luchar por su ‘emancipación’, rechazando la ‘concepción burguesa’
que ve la maternidad como función central en la vida de una mujer. La idea era
que la ‘Guerra Popular’ iba ‘forjando a la madre de nuevo tipo’, para quien
‘sus hijos son todos los hijos del pueblo’”.
[38] Según D. Asencios, para el PCP, la
categoría de madre era más relacionada a las madres de prisioneros/as (“madres
corajes de la verdad”) que a las militantes-madres. Comentario del 28-03-2021.
[39] Según un ex prisionero (entrevista de
2014), las Fuerzas Policiales no sabían “la respuesta que tendrían de parte del
contingente de 90 varones que vivían en el primer piso”.
[40] Si bien este testimonio es aquí anónimo, la autoría de María Elena
Pacheco García se reveló en agosto 2005 cuando se publicó una versión abreviada
del mismo, primero en el n°3 de la revista “La Voz de Afadevig” (Asociación de Familiares de Presos
Políticos, Desaparecidos y Víctimas de Genocidio), y virtualmente en la
página de la Asociación Perú
(Organización internacional por la
defensa de los derechos fundamentales del pueblo en el Perú y del mundo) (Guerrero, 2015).
Enlace al testimonio: http://www.pagina-libre.org/asociacion-peru/Textos/Documentacion/08_05_Prisioneras_nacido.html No mencionaría la identidad de la autora si no fuera
porque fue detenida el 2 de diciembre 2020 durante el Operativo Olimpo, con más
de dos meses en la cárcel de la DIRCOTE en Lima (al igual que Victoria Trujillo
de la cual hablé anteriormente), para finalmente ser acusada del “delito de
terrorismo” con 18 meses de prisión preventiva desde febrero 2021.
[41] El testimonio fue publicado en forma abreviada en el
n°3 de La voz de Afadevig (agosto
2005) y firmado por Lucinda G.: http://www.pagina-libre.org/asociacion-peru/Textos/Documentacion/08_05_Prisioneras_no_reconocia.html
[42] La síntesis del testimonio fue publicada en el n°3
de La voz de Afadevig (agosto 2005) y
firmado por Marisol M.: http://www.pagina-libre.org/asociacion-peru/Textos/Documentacion/08_05_Prisioneras_madre.html
[43]
Como lo precisa la CIDH (2006): “Es
significativo que el Estado realizó la operación militar un día de visita
femenina a la prisión, más aún, ‘el ataque fue realizado [...] la semana del
día de la madre’.
La violencia del Estado ‘había
sido planeada de forma que el castigo ejemplarizante de las prisioneras
políticas y el de los prisioneros políticos varones [...] fuera presenciado por
sus propias madres y hermanas’. El domingo que se celebró́ el día de la madre,
las madres de los prisioneros estarían recogiendo cadáveres de las morgues o
visitando hospitales para saber si su ser querido había sobrevivido. De la
misma forma ‘varias prisioneras sobrevivientes que eran madres, llevarían atado
por siempre [...] en la memoria, la conexión entre el día de la madre y su
sufrimiento extremo en dicha matanza’. La masacre de Castro Castro se realizó́ de manera que ‘cada día de la madre
todos los años, las mujeres revivieran el sufrimiento infligido’, así́ como
para influir en que ‘las
madres o las esposas se negaran a que sus hijos se integraran a las filas
senderistas’”.
[44] Entre el momento en que fueron
escritos los relatos de las prisioneras, en julio 2001, es decir durante el
último mes del gobierno de transición, y el momento en que fueron publicados,
en diciembre 2003, pocos meses después del lanzamiento del Informe Final de la
Comisión de la Verdad, cabe recordar que en febrero 2002, las prisioneras
hicieron una huelga de hambre como parte de su “lucha política” (Prisioneras políticas y prisioneras de guerra del Partido Comunista del
Perú Establecimiento Penal de régimen cerrado especial de Mujeres de
Chorrillos- Pabellón ‘B’, 2002).
[45] Como lo recuerda la CIDH (2006): “El
Estado del Perú́ intencionalmente infligió́ violencia contra las prisioneras
políticas como castigo por su doble transgresión del sistema imperante: el uso
del factor género para infligir daño y torturar a las prisioneras… No existe
tortura que no tome en cuenta el género de la víctima. No existe… tortura ‘neutral’… Aun cuando una forma de tortura no sea
‘específica’ para la mujer… sus efectos sí tendrán especificidades propias en la
mujer”.
[46] La producción de testimonios siguió a
iniciativa del MOVADEF, con el libro Testimonios
de heroicidad, publicado en 2016 y elaborado por familiares reunidos/as en
AFADEVIG, quienes buscan aún los cuerpos de militantes asesinados por las FFAA
en los años 1980.