Inhabiting the “desert”. Rights to land and indigenous territoriality in
the south of Neuquen, 1885-1955
Instituto
Patagónico de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad
Nacional del Comahue
Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
aguirrecarlasabrina@gmail.com
Resumen
En el
Territorio Nacional de Neuquén, finalizadas las campañas militares de ocupación
de las tierras indígenas, los intentos de reconstitución de la vida comunitaria
mapuche llevados adelante configuraron, en su área sur, una región de gran
dinamismo. A pesar de contar con numerosos casos de lof (comunidades) que
llegaban en estado cohesivo a la provincialización (1955), el extremo sur del
Territorio neuquino exhibió poco de ese dinamismo característico unos
kilómetros al norte. Por el contrario, allí habitaban cerca de una decena de
comunidades cuyos procesos de reconstrucción se vieron interrumpidos en algún
momento durante la etapa territoriana. Para indagar en torno a ello,
analizaremos los casos de dos de esas comunidades, vinculando las formas de
acceso a la tierra y las posibilidades de desarrollo de la territorialidad
indígena.
Palabras clave: territorialidad; indígena;
pueblo mapuche
Abstract
In the National Territory of Neuquen, once the
military campaigns that intended to occupy indigenous lands were finished, the reconstruction
of communities led by the mapuche people created a dynamic region in its
southern area. In spite of numerous cases of lof (communities) arriving at the
moment Neuquen turned into a province (1955) in a cohesive shape, the further
south of the Territory had little of that characteristic dynamism to show. On
the contrary, those were the lands of nearly ten communities whose
reconstructive processes were interrupted at some point during the territorial
stage. In order to inquire in relation to that, this paper analyses the cases
of two communities, binding the forms of access to land and the possibilities
indigenous people had to develop their territoriality.
Keywords:
territoriality;
indigenous; mapuche people
Introducción
El rol estatal en la asimilación
compulsiva de los grupos indígenas tras las “campañas” a sus territorios abarcó
aristas vinculadas tanto al despojo, sometimiento físico y la explotación
económica, como a la construcción por parte de las clases dominantes de
imaginarios que invisibilizaban al originario en la región y justificaban su
expoliación (Delrio, 2005; Mases, 2010a; Ramos, 2010). En la escritura de la
historia de la zona del Lago Nahuel Huapi, como en numerosos otros casos, el
foco ha estado colocado en el rol fundacional ejercido por los “pioneros”:
primeros pobladores llegados a la zona que obraron construyendo allí la
“civilización” y el “progreso”, en un terreno inhóspito y aparentemente
despoblado: el “desierto” (Balazote & Radovich, 2009, p. 34).
Estos se configuraron como parte de las
clases dominantes locales, con un rol destacado en la explotación del potencial
turístico zonal (Méndez, 2009). Los protagonistas de la historia regional
oficial han estado entre los actores que, luego del avance nacional sobre los
territorios aún no incorporados a la soberanía, contaron con el privilegio de
tornarse dueños de la tierra. Por el contrario, los pobladores preexistentes
sin medios económicos fueron tanto invisibilizados en el relato oficial (Radovich,
2013), como excluidos de los grupos que podrían acceder a una relación de
propiedad con su territorio (Radovich & Balazote, 1995, p. 6).
En el Territorio Nacional de Neuquén,
desde fines del siglo XIX, los núcleos familiares sobrevivientes a las campañas
militares emprendieron su reorganización, aunque no todos ellos lograrían
llegar a la provincialización en estado de cohesión, sino atravesados por
fenómenos de desmembramiento y desadscripción étnica (García & Valverde,
2007). Una treintena de lof (comunidades, en mapuzungun), habiendo
sostenido una cohesión interna, serían reconocidas por el Estado Provincial a
partir de 1964 (Radovich, 1992). El sur neuquino fue el espacio de mayor
concentración de dichos casos, con veinticinco de los treinta y dos totales. En
base a ello, un primer interrogante a abordar en este trabajo gira en torno a
los obstáculos a los procesos reorganizativos de la vida comunitaria mapuche,
específicamente en materia de acceso a la tierra. Por el otro lado, las
comunidades ubicadas en el extremo sur neuquino, en su amplia mayoría, tuvieron
sus procesos de reconstitución interrumpidos hasta fines del siglo XX e inicios
del XXI (Ghioldi, 2010), momentos que no caen dentro de lo analizado en este
escrito.[1]
El estudio de los procesos atravesados
por los lof asentados dentro o en los límites de la jurisdicción del
Parque Nacional Nahuel Huapi permite comprender por qué la zona no demostró el
dinamismo, en términos de persistencia de las comunidades indígenas, que el
área inmediatamente al norte de la misma (departamentos Aluminé, Huiliches y
Catan Lil). Por lo tanto, tendremos en cuenta el peso de las políticas de
Parques Nacionales y la injerencia del proyecto turístico en la región, para
comprender esta diferencia: “la mayor influencia de actores privados locales y
Parques Nacionales –con su impronta europeizante y aristocratizante de los años
‘30 y ‘40-, (…) contribuyó a un menor reconocimiento de la diversidad cultural”
(Valverde, Maragliano & Impemba, 2015, p. 403). A partir de ello,
analizaremos específicamente las trabas al desarrollo de la territorialidad[2]
en los casos de las familias Paicil, Antriao y Quintriqueo (Kinxikew).[3]
Este trabajo aborda, en primera
instancia, el impacto de la legislación en materia de tierras sobre la relación
que los indígenas pudieron construir con el territorio. En segundo lugar,
ahondaremos en la exposición de las dinámicas generales de la recomposición
comunitaria, sobre la base de la distinción de tres tipos de proceso y de las
zonas más dinámicas de reorganización, como ya hemos adelantado aquí.
Finalmente, la segunda mitad del trabajo tendrá como objeto el análisis de los
casos seleccionados, los lof Paicil Antriao y Kinxikew. La documentación
oficial, la realización de entrevistas y el trabajo de campo han permitido
observar de qué formas la precariedad territorial se agravó, llevando al
desmembramiento de los núcleos familiares que a principios del siglo estaban
encabezados, por un lado, por José María Paicil e Ignacio Antriao, y por el
otro, por José Quintriqueo.
Las
formas de tenencia de la tierra y la reconstrucción de las comunidades
¿Puede llamarse “intruso” al afincado
desde antes de la existencia de Parques, por el hecho de que no haya tenido,
como tantos otros, ni medios, ni capacidad, ni facilidades oficiales para
obtener el título de propiedad? [4]
La legislación nacional por medio de la
cual se incorporaría el territorio norpatagónico a un mercado de tierras creado
por el Estado, a partir de fines del siglo XIX, vino a superponerse a las
lógicas presentes anteriormente en el espacio.[5]
Los grupos preexistentes, especialmente, aunque no de forma exclusiva,[6]
los indígenas, no formaron parte de los actores que las clases dominantes
imaginaron como motor del “progreso” nacional, razón por la cual el espacio se
describió como “vacío”, “desierto”. La legislación sobre tierras articuló un
discurso orientado a justificar la necesidad de poblar la zona con una práctica
que permitió la concentración del suelo en pocas manos (Bandieri, 2005). Las
características de la propiedad privada incluyeron un alto porcentaje de
propietarios ausentes, domiciliados en la capital nacional (Blanco, 2012).[7]
En la zona cordillerana y precordillerana, se otorgaron concesiones de
colonización que colocaron 1.600.000 hectáreas en manos de veintisiete
propietarios (Tiscornia et.al., 2005, p. 20). Más tarde, primaría la
enajenación de esas tierras en favor de terratenientes y grupos económicos
provenientes del sur de Chile, Inglaterra y Alemania (Blanco, 2018).
La propiedad de la tierra estuvo
reservada mayoritariamente para los integrantes de las clases dominantes, ya
sea bonaerenses o locales en formación, generando un criterio de exclusión
hacia el originario y el poblador descapitalizado en general. El modo de vida,
el tipo de organización política, cultural y de la producción, en las
comunidades que habían iniciado sus procesos de recomposición, fueron
características que los funcionarios estatales usualmente expusieron como
obstáculos para el progreso del territorio. De esta forma, se reproducía un
imaginario que contrastaba el rol de los “pioneros”, entendidos como valientes
sujetos radicados en zonas inhóspitas y llamados a expandir allí la
civilización, y de los pobladores indígenas, cuyas descripciones oficiales se
encontraban cargadas de las ideas evolucionistas de la época.
Durante la primera mitad del siglo XX,
las formas de radicación del indígena en la tierra atravesaron una serie de
etapas (Delrio, 2005). En una primera instancia, podía accederse al suelo
mediante la Ley de Premios Militares, concesiones a grandes jefes debido al
deseo de demostrar la prevalencia de las nuevas normas nacionales, o en el
marco de la Ley del Hogar. En esta etapa, se tenía dentro de las posibilidades
el acceso a la propiedad, lo cual comenzó a modificarse con la derogación en
1912 de aquella última normativa, aunque la entrega de títulos a los indígenas
ya era escasa –veremos que en el caso de Paicil Antriao se dilató por tres
décadas. Luego de ello, la tenencia precaria se instalaría como método de
acceso a la tierra, en un contexto en que, además, se tendía a invisibilizar al
indígena del sur en favor de su clasificación como poblador o trabajador. Entre
1916 y 1930, la figura del jefe de comunidad se vería afectada por el rol que
el Estado pretendió asumir como mediador directo entre los indígenas y la
sociedad mayor o las clases dominantes, arguyendo que el rol de aquellos
implicaba recortes a las libertades de los originarios.
Hacia 1925, se dictaminaba la
obligación de pago de derecho de pastaje y nacía la noción del “intruso”,
figura que sería de peso a la hora de la persecución de los indígenas que no
pudieran abonar dichas obligaciones –como veremos en el caso de Kinxikew, estas
se conjugarían con el accionar tendencioso de los funcionarios estatales, que
desarrollaron tácticas para posibilitar el desalojo. De ello surge que la
política de radicación no fue sistemática, ya que cada caso se decidía también
en función del tipo de jefe indígena, y de “gradientes de barbarie” (Briones
& Delrio, 2002, p. 63).
Las tenencias precarias se encontraban
sujetas a la permanente evaluación por parte de los agentes estatales, eran
pasibles de modificarse en su extensión y ubicación, y podían incluir
limitaciones a las actividades económicas de la comunidad. En el marco de una
territorialidad sitiada, portante de estrechos límites, de traslados forzosos, o
migraciones en busca de un mercado laboral en que insertarse (Radovich &
Balazote, 1992), numerosos lof se desmembraron al tiempo que los
intereses de los privados avanzaron sobre el territorio.
A pesar de ello, existieron
tempranamente en el siglo XX, en la Patagonia, ejemplos de rearmado de las
lógicas comunitarias. Algunos de ellos se basaron en formas de radicación
posibles a partir de un reconocimiento estatal de parte del territorio
habitado, como sucedió en Chubut con la Colonia Cushamen (Delrio, 2005). En el
caso del Territorio Nacional de Río Negro, esto ha sido estudiado en relación
al rol de ciertos funcionarios estatales –los delegados indígenas de la
Comisión Honoraria de Reducciones de Indios— de la década del ‘30, o mapuche
que por contar con experiencias de expoliación se colocaran como mediadores con
el fin de hacer llegar reclamos al Estado –“escribanos” (Cañuqueo, Kropff &
Pérez, 2015). También lo ha sido en torno al armado de entramados de
reciprocidad indígena en la misma década, que fuesen obturados en su desarrollo
debido a la apropiación del territorio por parte de terratenientes, existiendo
en los inicios del siglo XXI una recuperación de ese pasado en el seno de un
proceso de rearticulación en la comunidad Mariano Epulef (Cañuqueo, Kropff
& Pérez, 2008).
Los dos casos aquí abordados también
exhibieron esa heterogeneidad, en tanto el de Paicil Antriao tuvo su origen en
un reconocimiento durante el segundo gobierno de Roca de 625 hectáreas
concesionadas en función de la Ley del Hogar. La reproducción comunitaria se
vería impedida por factores principalmente vinculados al avance estatal y de
privados sobre las tierras, en un marco de sinergia entre las clases dominantes
en formación y los funcionarios estatales. Por otra parte, el caso de Kinxikew
no contó con una legitimación estatal, sino que su forma de acceso al suelo fue
en base a permisos precarios de ocupación.
En la zona lacustre neuquina otro actor
tendría influencia en el derrotero de las familias indígenas. El Parque
Nacional Nahuel Huapi se creó a partir del ya existente –desde 1922— Parque
Nacional del Sud, en 1934. Los Parques surgieron formalmente con la finalidad
de conservar el territorio y el medio ambiente. Sin embargo, “existe una
profunda relación entre las políticas de preservación y conservación de la
naturaleza y la utilización de la misma como un recurso en los marcos del
sistema capitalista” (Trentini, 2012, p. 3). De hecho, este proyecto de
conservación obedecía a una decisión de consolidar la soberanía en territorios
cercanos a la frontera, e integrarlos al mercado nacional (Bessera, 2011, p.
68).
La creación de áreas protegidas
significó para muchos de los habitantes previos una expulsión y privación de
los recursos tradicionalmente accesibles, en tanto se entreveraron el reciente
hecho de la “conquista” y una visión elitista acerca de la conservación del
paisaje para que fuese de disfrute del “visitante culto” (Carpinetti, 2006). Es
decir, por un lado, el control de la población preexistente por parte de los Parques
ha sido calificada como una intrusión “con cobertura legal”, pasible de
conjugarse con el accionar de los terratenientes conocido como “corrida de
alambrados”, frente a la tenencia precaria del suelo de los indígenas
(Falaschi, 2004, pp. 6-7). Por el otro lado, “la comoditización de la estética
espacial es fundamental en la apertura de nuevas fronteras turísticas”[8]
(Borg Rasmussen & Lund, 2018, p. 390). Los Parques, como estrategia de
ocupación del espacio, fueron soporte de relaciones sociales vinculadas a la
acumulación de capital, dentro de las estancias ganaderas, o en lo relativo a
proyectos turísticos que permitieran el desarrollo de ciudades circundantes
(Díaz, 2002).
Las políticas de la repartición iban a
estar signadas por una clasificación de los habitantes en tres categorías: los
que, por sus medios económicos, podían acceder a la propiedad privada de la
tierra; quienes, descapitalizados, solo accedieron a Permisos Precarios de
Ocupación y Pastaje, y aquellos que, sin poder cumplir sus requisitos, cayeron
en la catalogación como intrusos, siendo objeto de las políticas de desalojo
(Pérez, 2009). Al momento de crearse los Parques Nacionales, se reconocieron 28
grandes propiedades preexistentes en el de Nahuel Huapi, que sumaban 60.000
hectáreas de las 725.000 que componían el Parque (Blanco y Arias, 2018, p.
233), además de lo cual la repartición estaba autorizada a lotear y enajenar
secciones del suelo.
Además de la falta de capital, sobre
estos dos últimos habitantes caería el rigor de las prácticas de los agentes
estatales abocados al control territorial, dotadas de un notorio nivel de
discrecionalidad. Indígenas, así como criollos chilenos y argentinos carentes
de recursos, se volvieron los “indeseables” de los Parques, obedeciendo a un “criterio
de ocupación sustentado en la productividad de la tierra y en la posibilidad de
especulación inmobiliaria, totalmente ajeno a los valores de quienes ocuparon
la zona durante siglos” (Pérez, 2013, p. 242). A partir del inicio de la
descomposición del circuito comercial de frontera que dinamizaba la región
(Méndez, 2005a), las clases dominantes locales habían impulsado el desarrollo
turístico de la zona del Lago Nahuel Huapi (Navarro Floria, 2008). Por lo
tanto, tanto las comunidades asentadas al interior de los Parques (Policastro y
Trentini, 2008) como a su alrededor (Torres y Suárez, 2019), fueron atravesadas
por los impactos de este nuevo perfil definido para la región.
El sur del Territorio: epicentro de los
procesos organizativos del siglo XX
Las consecuencias de la invasión armada
que el Estado propició sobre los territorios indígenas fueron enfrentadas por
originarios en diferentes situaciones de reasentamiento. Mantener el estado
cohesivo de la organización comunitaria requería garantizar la territorialidad.
Esto significaba que un núcleo de familias pudiera desarrollar la relación con
la tierra a través del tiempo, revirtiendo el desmembramiento social generado
por la “Conquista del desierto”. Teniendo en cuenta la temporalidad y el tipo
de rearticulación viable en cada espacio, es posible observar en el Territorio
Nacional y futura provincia de Neuquén la existencia de tres tipos de proceso
de reconstitución de las comunidades.
Aproximadamente una treintena de ellas
–grosso modo, la mitad de las existentes al presente—llegaron
reconstituidas al momento de paso de Territorio Nacional a provincia (1955). A
partir de la década de 1960, irían siendo reconocidas por el Estado provincial,
otorgándoseles tierras bajo otra forma de no propiedad, las Reservas Indígenas.
Dentro de este grupo se hallaron aquellas cuyos referentes habían participado
de la Asociación Nacional del Aborigen desde 1920, en su mayoría provenientes
de la zona cercana a Zapala (Pérez, 2014).
La otra treintena de las existentes,
sin embargo, no lograría mantener cierto nivel de cohesión. De hecho, a pesar
de que el reasentamiento y el inicio de la reconstitución se ubicó, al igual
que el primer tipo, entre 1885 y 1940, el segundo tipo de proceso se
caracterizó por estar atravesado por una interrupción, que en numerosos casos
se subvirtió recién a partir de los ‘90. Es decir, durante la primera mitad del
siglo, estas comunidades encontraron límites a sus intentos de reconstituirse.
Se siguieron en estos casos derroteros de desadscripción étnica, que solo sería
revertida a partir de fines del siglo (Valverde, 2013).
Finalmente, un tercer tipo de proceso
de reorganización ha sido el atravesado por lof que han tenido que
reconstituir los lazos étnicos en espacios diferentes a los de su origen
familiar. Frecuentemente partiendo de los espacios urbanos, aunque aun
encontrándose dentro del territorio tradicionalmente utilizado por el pueblo
mapuche, segundas y terceras generaciones de individuos que habían emigrado a
dichas locaciones –ya sea para insertarse en sus mercados laborales o por la
insuficiencia de tierra en el entorno rural— iniciaron la reconstrucción a
partir de la década de 1980.
La
zona que exhibió mayor dinamismo organizativo desde inicios hasta entrado el
siglo XX (el sur, hacia el oeste) estaba compuesta por comunidades que
compartían una serie de características. El grueso de las mismas se había
reconstituido para 1942, siendo los casos posteriores mayormente de lof ubicados
en el centro y sudeste provincial.[9]
Hacia fines de los años ‘70, las más cercanas a la Cordillera de los Andes (en
los departamentos de Aluminé, Huiliches y parte de Catan Lil, epicentro de la
primera zona dinámica), eran las que aún mantenían ciertas pautas culturales.
La celebración del ngillatun propio era una de ellas, sostenida por
cinco de las nueve comunidades: Puel, Aigo, Chiquilihuin, Painefilu y
Curruhuinca.[10] Por el contrario, hacia el sudeste, lo
realizaban cuatro de las doce. En el grupo de las ubicadas al centro-norte,
Huayquillan, Mellao Morales, Cheuquel y Millaqueo celebraban la rogativa,
mientras las cinco restantes no lo hacían.
La conservación del idioma mapuzungun
también observaba variaciones.[11]
Lo conservaban totalmente Puel, Aigo, Chiquilihuin, Painefilu, Aucapan, Atreiko
y Curruhuinca de las nueve de la zona sudoeste. Currumil y Catalan lo hablaban
de forma parcial. En la zona sur, hacia el centro y el este, solo Filipin lo
mantenía de forma completa, mientras Rams, Paineo, Quinchao y Ancatruz lo
hacían solo en parte. Hacia el centro-norte, Huayquillan, Millaín Currical,
Kilapi, Mellao Morales y Millaqueo, hablaban parcialmente mapuzungun. La
prevalencia idiomática podía relacionarse con el nivel de contacto con la
sociedad mayor, la inserción laboral parcial dentro de la misma, el bajo
contacto entre comunidades pequeñas y aisladas, y la salida de las jóvenes
generaciones de los lof para integrarse a la economía regional.[12]
es notoria la
diferencia de actitudes con respecto al uso de dicha lengua, frente a personas
de otros grupos étnicos, (…). En la mayoría de los grupos de la zona Andina es
habitual para el blanco que se relaciona con indígenas, presenciar
conversaciones en su lengua, aun entre niños. En otras agrupaciones,
especialmente las del Norte, existe lo que ha denominado un informante “la
lengua clandestina”. Se reservan el uso de su idioma para ocasiones en que no
participan extraños. Interrogados –aun los mayores—, niegan conocer la lengua
mapuche. Aparentemente, ante los blancos se avergüenzan de las diferencias que
los individualizan; lo que puede interpretarse como un signo de desintegración
cultural.[13]
De forma que, dentro de lo que hemos
llamado primer tipo de proceso de reconstitución comunitaria, los lof presentaban
sensibles diferencias entre sí, dependiendo de la región en la que se
encontraran. La zona del suroeste parece haberse configurado como la más
propicia para el sostenimiento público de rasgos culturales mapuche. Allí se
concentraban nueve comunidades (28% del total) en un 11% del territorio
provincial (unos 10.500 km2). A partir de los datos ofrecidos por el
Censo Indígena Nacional de 1966-1967, es posible estimar que en la década de
1960 en aquel espacio se ubicaban aproximadamente 3.083 del total de 8.682
habitantes indígenas relevados en la provincia (el 35, 5%).[14]
Observado en forma global, Neuquén parecía exhibir patrones regionalizados de
mantenimiento público de rasgos culturales, lo cual se vinculaba directamente
con las posibilidades de iniciar y culminar los procesos de reconstitución
comunitaria.
De
baqueanos a expulsados
La Colonia Agrícolo-Pastoril Nahuel
Huapi se creó en 1896. En septiembre de 1902, el Lote Nº 9 de la misma fue dado
en concesión a Juan Ignacio Antriao y José María Paicil,[15]
por sus servicios como baqueanos prestados al Estado Nacional.[16]
Las condiciones del otorgamiento eran las que imponía la Ley del Hogar (Nº
1501, de 1884): el usufructo durante cinco años de la tierra, tras los cuales,
de haber introducido mejoras por una cantidad de capital equivalente a 250
pesos de la época, se extendería el título de propiedad. Originalmente, esta
herramienta legal se orientaba a la entrega de parcelas a pobladores argentinos
y naturalizados de escasos recursos económicos. Durante el segundo mandato de
Julio Roca (1898-1904), se utilizó para radicar pobladores indígenas, mediante
la creación de Colonias Agrícolo-Pastoriles (Delrio, 2008).
La exclusión del indígena del
territorio se vinculó, fundamentalmente, a la tendencia a adjudicarlo a
miembros de las clases dominantes, bonaerenses o locales. Del total de lotes
concesionados, en solo un tercio de los casos llegaría a tomarse la posesión
del inmueble. El nivel de arbitrariedad con que operaban los funcionarios
estatales tendría un gran impacto, agravando la precariedad territorial en
numerosas oportunidades. Como han señalado otros estudios, la burocracia
administrativa que controlaba el cumplimiento de la ley usualmente encontraba
modos de burlarla, mediante el fraude y la corrupción (Blanco, 2007). Además de
la tendencia de fondo en la adjudicación del suelo, las características del
lote en particular, la forma en que se ejecutaron y controlaron las leyes de
tierras, así como tácticas elaboradas tanto por el Estado –para recortar el
terreno adjudicado a los mapuche—, como por privados –para hacerse del recurso
e incorporar indígenas como mano de obra—, implicaron la existencia de una
serie de obstáculos para la obtención del derecho a la propiedad, que lograron
suspender el proceso de reconstitución comunitaria. Durante la etapa
territoriana, la mayoría de la cual transcurrió siendo el lote 9 fiscal,
resaltaremos dos tipos de recorte territorial: aquel tendiente a la creación
del pueblo de Villa La Angostura, que inicia décadas antes de la fundación de
su Comisión de Fomento, y el orientado a la apropiación privada, mediante
diversas prácticas.
Las potencialidades turísticas,
descubiertas a posteriori de la radicación de grupos indígenas, llevaron a las
clases dominantes a buscar la marginalización de los mismos, lo cual se
verifica para otros casos cercanos, como el del municipio de San Martín de los
Andes, erigido sobre territorio de la comunidad Vera. A la familia fundadora el
Estado Nacional le había concedido un permiso precario de ocupación de más de
700 hectáreas en 1936, avanzando el municipio más tarde sobre las tierras
utilizadas para actividades ganaderas y vivienda (Valverde & Stecher,
2006). En este caso, a pesar del solapamiento de territorialidades, al igual
que sucedió con Paicil Antriao, los indígenas fueron invisibilizados en su
participación como mano de obra en la vida económica local e incluso en su
existencia misma, en función de un “blanqueamiento” funcional a la imagen
europeizada que se buscaba instalar (Impemba, 2008).
El
Lote Nº 9 de la Colonia Agrícolo-Pastoril –luego del Parque Nacional del mismo
nombre— permaneció dentro del dominio fiscal hasta 1943, a pesar de estar en
condiciones de ser titularizado desde 1907.[17]
Se constituyó en una llamativa excepción, dado que para entonces el Nº 11 ya se
encontraba en propiedad de Esther Loomis de Pratt, el Nº 8 de Primo Capraro y
Federico Baratta, y los Nº 12 y 13 de Exequiel Bustillo (Nawel, 2013: p. 66).
Diversos funcionarios habían captado, a lo largo de la etapa territoriana,
ciertas características particulares del Lote, al que se describía como el
detentor de las tierras de mejor calidad para la siembra, debido a la
regularidad que presentaba, frente a los otros, de relieves más accidentados.[18]
Se trataba, además, de una zona de relevancia estratégica, por la
posibilidad que ofrecía de cruce del Río Correntoso. Hacia la década de 1930 en
un informe de mensura se resaltaba otro elemento:
Pero
el mérito principal de este lote consiste en su belleza, y desde luego debe
considerársele como uno de los más destacados en el Parque Nacional de Nahuel
Huapí para radicar un conjunto de residencias de verano, sobre las costas del
Correntoso o del Nahuel Huapí, y rodeadas de hermoso parque natural[19]
Se
daba, entonces, la configuración de una zona con un lote fiscal poblado por la
comunidad mapuche, rodeado de propiedad privada registrada a nombre de
“pioneros”, empresarios y estancieros miembros de las clases dominantes
locales. El extracto precedente del informe de mensura proyectaba el futuro del
lote como sitio de “casas de verano”, dando por hecho el futuro corrimiento de
dichos habitantes. La presencia indígena, invisibilizada, era sin embargo
necesaria en tanto representaba una escasa fuerza de trabajo.[20]
Parte de los integrantes de las clases
dominantes se desempeñaba también como funcionaria estatal, lo cual favorecía
la lógica de la reproducción de los beneficios personales a partir del uso de
los resortes del Estado (Perren, 2005). En 1905, un comisario de la Policía y
Juez de Paz del Territorio Nacional de Río Negro solicitaba se le concediera el
Lote Nº 9, fundamentando su pedido en que los entonces pobladores eran
“inútiles para cumplir con la ley”.[21]
Años más tarde, en 1943, un Juez de Paz del Territorio neuquino logró obtener
diez hectáreas del campo de los Paicil, a cuenta de haberlos contactado con un
representante legal que obrase en la capital nacional gestionando la sucesión
de los concesionarios originales.[22]
El
aparato burocrático, dependiente aún, durante toda esta etapa, del gobierno
federal, actuaba atravesado por la discrecionalidad de sus agentes. Hasta 1933
no hubo en la zona una oficina de la Dirección de Tierras, con lo que
previamente existió una tensión entre funcionarios locales y nacionales. Estos
últimos, con poco más que notas elevadas a sus superiores, lograban revertir
algunas situaciones de arbitrariedad detectadas. El Inspector General de
Tierras en funciones en 1906 detuvo el curso de un pedido del Administrador de
la Colonia Nahuel Huapi para revocar la concesión a Paicil y Antriao y
otorgarla al mencionado Comisario de Río Negro.
El
informe sobre la Colonia Nahuel Huapi [ilegible] por el Sr. Otto Asp con fecha
25 de agosto 1905 y el cual consta en el expediente IV respecto al lote 9: “Los
arrendatarios, que son dos indios (Ignacio Andreu y Jose Maria Paisil) trabajan
bien y es justicia concederles el lote. Es un buen lote”
Se
advierte una contradicción entre este informe y el administrado por el
Administrador de la Colonia Sr. Giovanelli, quien dice así: “Este lote (el 9)
fue concedido a dos chilenos indígenas, Paisil y Andreu, y de años lo ocupan,
pero no aportaron mejorías que valga la pena considerarlas”.[23]
La percepción personal que los
funcionarios locales poseían de los pobladores del Territorio era usual causa
de accionares tendenciosos. Tratándose de núcleos organizados en base a una
economía de subsistencia, con intercambios de productos propios limitados, se
los calificaba de poco trabajadores, malos pobladores, ignorantes y carentes de
aspiraciones por no portar el capital para actualizar sus herramientas de
trabajo y llevar a cabo una explotación de la totalidad de la tierra
concesionada.[24]
Por su parte, los indígenas se encontraban en conocimiento de la contradicción
entre jurisdicciones estatales y recurrían a ella para denunciar el entramado
de relaciones regionales que buscaba marginalizarlos dentro del lote. Este
operaba, también, mediante la exacerbación de las tensiones propias entre los
originarios, como se observa en una carta de Paicil al ministro de agricultura:
Después vino
el Inspector Sr. [ilegible] pero aquí no llego porque el Sr. Giovanelli
administrador de Bosques le dijo que a los indios no vale la pena darle tierra,
solo sirve a los extranjeros. Después llegó Sr. [ilegible] vino aconsejado por
el Sr. Giovanelli. Ahora sé que le quieren dar todo el lote a mi vecino Andriau
que también es indio pero les conviene más que yo porque este les va a vender
la tierra y sino seguro no se la dan.[25]
El camino entre la concesión realizada
en 1902 y el título de propiedad, expedido a las sucesiones de Paicil y Antriao
en 1943, se recorrió con lentitud. A los contradictorios informes acerca del
cumplimiento de los requerimientos de la Ley del Hogar, le siguieron dos
obstáculos más. Por un lado, la exigencia de la presentación de las cartas de
ciudadanía argentina de ambos pobladores. Este requerimiento redundó, por un
lado, en la dilatación de los tiempos burocráticos para la expedición del
título. Por el otro, en la creación de una tensión entre las familias
indígenas, puesto que solo Antriao la había presentado, en función de lo cual
el Administrador de la Colonia le extendió un boleto provisorio, negándoselo a
Paicil,[26]
lo cual fue probablemente la base de la sospecha que se observaba en la carta
al ministerio de agricultura. La falta de una mensura que ratificara los
confines del lote se erigió en otra dificultad. Dicha operación se llevó a cabo
en los años ‘30, previamente a la instalación del Parque Nacional Nahuel Huapi
(1934), tardando este casi una década en aprobarla.
De forma que algunas prácticas
estatales significaron también la posibilidad de disminuir la extensión del
territorio indígena. En este caso, siendo el Estado Nacional el que había
otorgado una concesión, fue otro nivel estatal con el cual se abrió un frente
particular de disputa. Como Antriao se enteraría en la década de 1930, casi
treinta años antes, una mensura había establecido que se restarían más de
cuarenta hectáreas a la concesión de 1902, para otorgarlas al proyecto de
emplazamiento de un pueblo. En aquel momento, la hora de elevar reclamos en
torno a la sustracción ya había pasado, puesto que se había tomado a las partes
como en conformidad, dada la publicación en 1903 de edictos durante tres días,
en dos medios gráficos, uno de Capital Federal y otro del área (Nawel, 2013, p.
85). La falta de información acerca de esta reserva para pueblo no era
exclusiva de los indígenas. Las oficinas locales de la Colonia también la
desconocían, por lo menos hasta 1922, enterándose a través de pobladores
radicados en la zona por consejo de funcionarios de Bariloche que sí se
encontraban al tanto de su existencia.[27]
Como
fuese común en la época, estancieros, comerciantes y funcionarios elaboraban
tácticas informales para apropiarse de sectores de las tierras indígenas
(Argeri, 2001). Estas se basaban en el aprovechamiento de la situación de
analfabetismo, de precariedad territorial, así como de la necesidad de consumo
de ciertos productos que llegaban a la zona de la mano de unos pocos
comerciantes e intermediarios. La viuda de Paicil relataba, en ocasión de una
inspección realizada en 1920, que tras el fallecimiento de su marido
fueron
reunidos dos herederos de su finado esposo por don Miguel José Marimon, quien
con el pretexto de una deuda entre el último nombrado y su esposo cuyo monto
ignora, les hizo firmar a los mencionados herederos, la renuncia de los
derechos a la sucesión del fallecido, a cuyo efecto le otorgaron un poder para
escriturar a su nombre la tierra concedida por el Gobierno, una vez obtenidos
los títulos definitivos, de cuya gestión se encargaría el nombrado Marimon[28]
A partir de la década de 1940, en que se fundó la Comisión
de Fomento, la presencia de privados se intensificaría progresivamente. La
instalación del futuro municipio fue el origen del despojo de hectáreas en
zonas clave para el desarrollo comunitario. La mensura de la década del ‘30
había instruido el deslinde entre el lote 9 y la reserva para la instalación
del pueblo de forma que quedara dentro de esta última la mayor cantidad de
mejoras introducidas previamente,[29]
incluyendo un cementerio, lo cual fue denunciado por Antriao en 1932.[30]
En la década siguiente, con idéntica finalidad sería apropiado el sector
adyacente al Lago Correntoso –en el cual años más tarde se instaló un
emprendimiento turístico municipal—, sobre el cual la ciudad obtendría
propiedad a partir de una prescripción veinteñal en 1991 (Nawel, 2013, p. 107).
Las
pujas sucesorias fueron otra oportunidad para funcionarios y empresarios
locales de interponer sus intereses logrando el traspaso de parcelas en su
favor.[31]
Esto sucedió en mayor medida a partir de 1951, cuando la Comisión de Fomento
presidida por un miembro de la familia Capraro –empresarios hoteleros para
quienes los Antriao trabajaban— autorizó el loteo de la fracción que había
quedado legalmente registrada a nombre de la sucesión de Paicil (Nawel, 2013).
[32]
El pionerismo, como imaginario social
vinculado a la existencia de espacios vacíos, colonizados gracias al sacrificio
personal de individuos particulares, asociado a un primordialismo histórico que
no reconoció orígenes anteriores a la llegada del blanco (Radovich, 2014, p. 135),
ha colmado los relatos acerca de la fundación del pueblo de Villa La Angostura.
Llamativamente, los pioneros, como los integrantes de la Comisión de Fomento y
luego intendentes, entre otras, pertenecían a los grupos que se asentaron en
territorio mapuche, incorporando a los indígenas como mano de obra de
emprendimientos, forzándolos a relocalizarse en los barrios populares de la
Villa o llevando adelante disputas, años más tarde.
Por no
llamarse Jones
La comunidad Kinxikew,[33]
estuvo en una situación territorial diferente de la de Paicil Antriao, en dos
sentidos. Por un lado, por estar dentro de la jurisdicción de Parques
Nacionales. Por el otro, por poseer, en vez de una concesión con posibilidad de
titularización, un Permiso Precario de Ocupación y Pastaje. La Ley Nº 12.103 de
1934 creaba áreas protegidas dependientes de la nueva Dirección de Parques
Nacionales. Pasaba, entonces, el Parque Nacional del Sud –que hasta entonces no
había aplicado una política de severo control— a ser Parque Nacional Nahuel
Huapi –revirtiendo aquella falta de vigilancia (Trentini, 2011). La forma en la
que las clases dominantes idearon el desarrollo dentro de estos territorios se
vinculó a la explotación turística, forestal, ganadera, entre otras, recurriendo
una vez más a la exclusión del indígena del grupo de propietarios.
La disponibilidad de capital se volvió
el criterio divisorio entre un grupo con derecho a una autonomía en el manejo
de sus tierras –dada por la propiedad de las mismas— que implicaba
posibilidades mayores de aprovechamiento de los recursos, y otro, con derechos
sumamente restringidos (Pérez, 2009). Esta distinción entre pobladores
deseables e indeseables fue la base sobre la cual se creó la brecha entre los
privados, con determinadas condiciones para desenvolverse, y las familias
indígenas, cuyo margen de desarrollo sería notablemente delgado en comparación.
Los traslados forzosos y la
marginalización de las familias mapuche fueron usuales no solo dentro del
Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad actualmente reorganizada Cañicul se
asentaba al este de la cordillera en la primera década del siglo XX. En su
caso, la táctica elegida para el reasentamiento fue la integración del jefe
familiar como mano de obra en una estancia, manteniendo ciertas pautas
culturales como el habla de mapuzungun y la celebración del ngillatun, que
fue luego abandonada, en función de la prohibición del Parque Nacional Lanín
(creado en 1937) para acceder a los elementos necesarios para llevar a cabo la
rogativa (Habegger, 2007). También las comunidades Ñorquinco y Aigo fueron
expulsadas a mediados del siglo, y obligadas a reasentarse en menores
extensiones de tierra en el departamento Aluminé, con lo cual perdieron parte
de sus rebaños ganaderos, garantizando que los integrantes de esas familias se
volvieran mano de obra para las estancias locales (Valverde, 2009).
En 1935, Parques Nacionales requirió
que José Quintriqueo realizara el pago por el derecho de pastoreo de animales
en tierra fiscal correspondiente a los siete años entre 1928 y 1934,[34]
puesto que poseía información de que poblaba la zona desde 1928, junto a su
esposa y nueve hijos. En noviembre de 1938 se le extendió el Permiso Precario
de Ocupación y Pastaje Nº 54.[35]
Esta forma de conceder la tierra implicaba la imposibilidad de obtenerla en
propiedad, y de introducir mejoras (viviendas, corrales, huertas) sin
autorización de Parques –que tenía una tardanza de varios meses desde el inicio
de la solicitud. Asimismo, significaba la obligación de declarar de forma anual
la cantidad ganado y hectáreas cultivadas, para pagar los derechos, aunque sin
poder exceder un número impuesto originalmente. En caso de desalojo, que podía
ocurrir cuando Parques “lo creyere conveniente”, el Permiso especificaba que se
debía dar un plazo de seis meses para efectivizarlo.[36]
En
el polo opuesto de estas condiciones se hallaron las propiedades privadas.
Hacia fines de la primera mitad del siglo fueron usuales las disputas con los
dueños de la Estancia Tequel Malal, la familia Jones. Su palabra tenía
injerencia sobre las posibilidades de retener el Permiso de Ocupación. El
Intendente del Parque en funciones en la década de 1940 mencionaba el buen
concepto del que gozaban los mapuche al argumentar en favor de que se les
permitiera permanecer en la zona, “si bien el hecho de ser todos de
nacionalidad chilena podría resultar inconveniente, al hallarse ubicada dicha
Sucesión en zona de frontera”.[37]
Dos décadas más tarde, trascendía en notas entre funcionarios que eran tenidos
como un “mal elemento en el lugar”, y que los vecinos habían solicitado a la
Intendencia el desalojo de los Quintriqueo.[38]
Las argumentadas quejas surgían a partir
de las tensiones entre las familias Quintriqueo y Jones. Las disputas ocurridas
a causa de la intrusión de los animales de Jones en campo de pastoreo de los
indígenas eran de gran frecuencia.[39]
A diferencia de lo permitido a los mapuche, que se encontraba fijado en el
Permiso y no podía transgredirse sin apercibimiento, los volúmenes de ganado
que pertenecían a los privados sí admitían que la actividad excediera la mera
subsistencia y los límites de la propiedad privada.
Lo
autorizado para los Quintriqueo era un total de 17 yeguarizos, 25 vacunos y 180
caprinos, que podían contabilizarse como equivalentes a lanares. Entre 1938 y
1956, Jarred Jones declaró poseer entre 5.400 (1956) y 9.118 (1938) lanares,
entre 40 y 45 yeguarizos, y 45 unidades de ganado mayor no clarificado.[40]
Obtenido el Permiso Precario de Ocupación, la liquidación de los derechos de
pastaje se realizaba en 1938 por 43 unidades de ganado mayor –vacunos y
yeguarizos— y 200 de ganado menor –caprinos y lanares.[41]
Para el año siguiente, ambos números se habían incrementado: a 62 el primero y
a 300 el segundo.[42]
A causa de ello, en 1941 se conminó a Quintriqueo a retirar 120 unidades de
ganado menor, y 30 de ganado mayor en un plazo de 90 días.[43]
La precariedad territorial a la que las
familias indígenas se encontraron sometidas incluyó varios episodios de amenaza
de desalojo, por medio de la revocación del Permiso de Ocupación. Uno de ellos
ocurrió tras el fallecimiento del poblador original. A fines de febrero de
1947, el Consejo de Administración de Parques Nacionales resolvía dejar sin
efecto tal documento, otorgando un plazo hasta el 31 de marzo, es decir, de
aproximadamente un mes, para que se llevara adelante el desalojo y el pago de
todos los montos adeudados que existieran por derechos de pastaje,[44]
a pesar de que la normativa señalaba que se contaría con un plazo de seis meses
para la evacuación. Por principios vinculados a la seguridad de las zonas
fronterizas, no se renovaría el Permiso en tanto los descendientes de
Quintriqueo habían sido registrados en Chile, y las parcelas se ubicaban a
menos de 100 kilómetros de la frontera. De forma que en la clasificación como
“intrusos” se entreveraron las disposiciones legales de la época y la
discrecionalidad con la que las mismas se aplicaban y controlaban en el
territorio.
Los agentes de la Administración de
Parques Nacionales poseían una visión infantilizada de los mapuche: “observan
una vida ordenada en virtud de la vigilancia que sobre ellos se mantiene; no
obstante al menor descuido, cometen escándalos, se dan a la bebida”. Al mismo
tiempo, se los vinculaba automáticamente con la pobreza, a través de
endilgarles la característica de ser poco afectos al trabajo (Pérez, 2011):
“apenas alcanzan a producir para poder sustentarse y los trabajos que realizan
consisten solo en pastorear algunos animales o realizar labores domésticas”.
Finalmente, condenaban las libertades sexuales femeninas, señalamiento propio
de la época (Argeri, 2001): “no ofrecen condición alguna digna de ser
encomiada, ya que es frecuente el concubinato, la tenencia de hijos naturales,
adulterios cosanguíneos, vida en promiscuidad”.[45]
El carácter arbitrario en el control de
la cumplimentación de los requerimientos del Permiso de Ocupación se reforzaba
sobre la base de las lógicas de actuación de los agentes estatales. Los
pareceres e intenciones personales de los funcionarios solían ser fundantes de
medidas que podían llegar a implicar la permanencia o el desalojo. En 1947, el
entonces Intendente del Parque, el Ingeniero Mignacco, redactó notas al Jefe de
Departamento de Parques y Reservas desarrollando la propuesta de que, a pesar
de que por cuestiones de seguridad se había revocado el derecho de ocupación,
se reviera la decisión por “razones humanitarias”.[46]
Debido a la avanzada edad de los pobladores originales, y el amplio número de
hijos e incluso nietos que habitaban el lugar, iba a tratarse del desalojo de
una masa de individuos que quedaría sin vía de sustento, lo cual llamaba a una
decisión política. Mignacco advertía que las críticas hacia la repartición en
caso de ejecutar el desalojo podrían ocasionar mayor perjuicio que la
permanencia de la familia Quintriqueo.
Por el contrario, el Intendente en
funciones en 1965 encarnaba posición distinta. Catalogó a un nieto del poblador
original como intruso, por medio de la acusación de falsear la cantidad de hacienda
en función de reducir los montos de los derechos a abonar al Parque Nacional:[47]
“recibí la impresión directa de la falsedad de las declaraciones de este
[intruso], con la sola observación de la cantidad de cueros, de consumo que el
mismo guardaba en un galpón inmediato a la población”.[48]
Sobre la base de ello, se indicó el desalojo de José Mercedes, nieto de José
Quintriqueo. Así lo recomendaba la Asesoría Letrada: “para evitar que con
nuevos ardides, procuren permanecer en la tierra en perjuicio de la
Repartición”.[49]
El
nivel de discrecionalidad con el que actuaban los funcionarios, que dotaban así
a las normas vigentes de un carácter algo endeble, repercutía aumentando la
precariedad territorial. Otra de sus manifestaciones fue la contradicción entre
las prácticas de los agentes estatales, ante la cual se imposibilitaba que los
permisionarios cumplieran con la totalidad de los requerimientos impuestos.
José Mercedes era catalogado como intruso, aunque el Permiso Precario de
Ocupación y Pastaje había sido expedido en 1948 a la Sucesión de Quintriqueo,
sin explicitación mayor, siendo suscripto por Domingo, uno de los hijos.[50]
Dos años más tarde, en 1950, este presentó un escrito en el cual renunciaba a
representar los intereses de toda la Sucesión, quedando a cargo Cipriano, uno
de sus hermanos. En 1965, Cipriano y José Mercedes realizaron una autorización
rubricada por un Juez de Paz, para designar al segundo al frente de la
“población” –así se denominaba a las viviendas que componían la comunidad,
invisibilizando la pertenencia étnica— y la hacienda de la Sucesión.
José
Mercedes había solicitado que le fueran realizadas las liquidaciones de los
derechos de pastaje aparte de las de la Sucesión, y pese a habérsele denegado
este pedido,[51]
se realizaron los cobros por separado en 1956 y 1957.[52]
En sendas liquidaciones, el sujeto aparecía declarando entre 35 y 40 unidades
de ganado mayor y 50 y 59 de menor. Sin embargo, la Dirección de Parques
Nacionales lo clasificaba como intruso exponiendo que había declarado 10
caprinos y muy pocos vacunos, agregando como antecedente la existencia de
numerosas resoluciones para desalojarlo. Ninguna de estas dos cuestiones se
desprende del análisis de los documentos para el caso de José Mercedes, aunque
sí para otro poblador de igual apellido y diferente localización.[53]
Funcionarios nacionales resaltaron que tampoco se registraba el origen de las denuncias
al poblador.[54]
Su consideración como intruso entraba en directa contradicción con su
enumeración dentro de la Sucesión de Quintriqueo, específicamente dentro del
grupo de familiares que se encontraban aprobados para habitar la zona, junto a
sus tíos.[55]
Cuando Domingo asumió la figura de
responsable por toda la sucesión,[56]
la familia había comenzado ya a desmembrarse: cinco de los hermanos varones se
desempeñaban como jornaleros o peones de campo para terceros, entre ellos los
Jones, y uno residía en San Carlos de Bariloche, donde trabajaba para Parques
Nacionales.[57]
Las mujeres se dedicaban al trabajo doméstico, y no poseían documentos que
acreditaran identidad. Tal fue el caso de la viuda de José Quintriqueo, como
así el de una de sus hijas, Rosario. Solo José Mercedes figuraba para 1945 como
poblador estable en el territorio, desempeñándose en la labor rural.[58]
Para la década de 1960, era quien encabezaba la comunidad, siendo su familia y
dos tíos los únicos remanentes del núcleo original que se había asentado con
José Quintriqueo cuatro décadas antes.[59]
Esto
significaba que solo dos de los nueve hijos y uno de los nietos del
permisionario original permanecían en la comunidad en los ‘60. Además de la
persecución específica hacia José Mercedes, la brecha existente entre las
condiciones impuestas para los indígenas y los estancieros beneficiaba la
desaparición de la comunidad, lo cual se había constituido en una finalidad de
las políticas de la primera mitad de siglo (Delrio, 2005), permitiendo que los
primeros se convirtieran en mano de obra de los segundos (Pérez, 2011):
al
hallarse todos ellos con permisos precarios de ocupación, sin esperanzas de
llegar a ser dueños de la tierra que ocupan, no están en condiciones de
introducir mejoras, ni tener más animales, circunstancia que les impide aspirar
a una mejora de sus medios de vida.[60]
José Mercedes continuaría reclamando el
derecho al territorio, en un contexto en el cual era perseguido por habérsele
declarado como “intruso”, enviando cartas a los presidentes Perón, Frondizi,
Guido, Illia y al dictador Onganía. En ellas resaltaba la permanencia de su
familia durante cien años en el área, al tiempo que solicitaba se le diera la
oportunidad de poblar otra zona en la región, dada la prohibición de su
presencia en el lote en que se hallaba. Tras no recibir noticia alguna del
Poder Ejecutivo, más que la negativa del Parque Nacional a permitirle asentarse
en otro campo, se dirigió en 1967 al Presidente de Parques Nacionales. La
epístola, de la cual transcribimos un extenso fragmento, sintetizó la
profundidad histórica del despojo.
No sé si será
de conocimiento del Sr. Presidente que el que suscribe es heredero de los
primeros pobladores de estas tierras (Nieto del Cacique Quintriqueo) aquí nací
y aquí me crie y por no haber escuelas ni medios en esos años, lo único que se
hacer es criar animales. Por otra parte no hay ni hubo nunca por aquí otros
medios de vida.
Yo Sr.
Presidente, estoy aquí mucho antes que todas sus leyes y todos sus parques y si
la ley de la creación de los [ilegible], no contempló en ese entonces a los
pobladores, yo no tengo la culpa, ya que en nuestro país, se legisla desde Bs
As y sobre una mesa de arena, sin conocimiento de las zonas y de los problemas
que atañan a las mismas.
Creo
entonces, que mal puede Usted decirme en su nota que ejerzo una ocupación que
no me corresponde y que existe una resolución por la que se me ha ultimado a
que retire mi hacienda del lugar.
¿De qué
quiere usted que vivan mis ocho hijos? Tampoco para ellos hay aquí escuela (…)
Dígame usted en carácter de asesoramiento, ¿Qué debo hacer? No me dan tierra,
me quieren sacar de donde estoy, ¿Por qué? ¿No soy Argentino? ¿No Nací en este
lugar? O acaso porque no me llamo JONES, ORTIZ BASUALDO, ÑUVERY, PREFAURE, tal
vez no tengo estudio pero se de los sacrificios de esta cordillera más que
todos ellos.
Le repito Sr
Presidente que solo quiero justicia y por lo que pido no pienso pagar una sola
“coima”.[61]
Conclusiones
En el marco de la consolidación del
Estado Nacional, se afirmaba también una estratificación en clases sociales,
dentro de la cual la diversidad étnica tendría expresión (Tamagno, 2006). En la
medida en que el territorio fue pensado como un “desierto” objeto de conquista
y organización en función de una lógica de acumulación, los originarios
quedarían entrampados en situaciones de despojo, expulsión y reducción
(Tamagno, 2010). Su subsunción como mano de obra para los emprendimientos de
las clases dominantes locales en consolidación jugó un rol central, que
contrastó con la invisibilización de su fundamental aporte a los mismos. El
nivel de atravesamiento del pueblo mapuche por una contradicción entre clases
se manifestó en su derrotero histórico al tiempo que se cruzó con las
implicancias de su pertenencia étnica.
Precarizado en su territorialidad, e
invisibilizado su lugar en la historia (Mases, 2010b), en contraste con el
pionerismo que abarrotó las historias oficiales locales, el pueblo mapuche
llegó a la mitad del siglo XX conteniendo una heterogeneidad de situaciones
organizativas. Algunas de ellas iban a ser reconocidas como “agrupaciones
indígenas” por el nuevo Estado provincial entre 1964 y 1993. En otros casos,
las comunidades permanecieron en un estado de desmembramiento que sólo se
podría revertir a partir de fines de siglo, cobrando el mayor impulso a partir
de los inicios del XXI. Fue este el caso de los dos lof abordados aquí.
Analizarlos, entre las cerca de treinta
comunidades en similar situación a nivel neuquino, preguntándonos por los
obstáculos que el contexto histórico presentó al sostenimiento de su forma
organizativa comunitaria permite evitar pensar el accionar del pueblo indígena
a fines del siglo XX como una “emergencia” ex nihilo, lo cual
constituiría una deshistorización de estos actores (Tamagno, 2006, p. 23). Por
otro lado, es necesario para observar las formas en que la dimensión colectiva
de organización varió a través del tiempo, lo cual alejaría nuestras
conclusiones de visiones que pretendieran asimilar las situaciones de las
comunidades del presente a las del siglo XIX, desconociendo los múltiples
atravesamientos, contextos y obturaciones durante el proceso constante de
reproducción comunitaria.
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Recibido: 9 de agosto de 2020
Aceptado: 30 de septiembre de 2020
Versión
Final: 16 de octubre de 2020
[1] Entre ellas se
hallaron las dos aquí estudiadas. Tanto Paicil Antriao como Kinxikew habitaron
el territorio desde la década de 1890. Durante la del 2000, ambas reiniciaron
sus articulaciones colectivas, realizando acciones de recuperación y resguardo
territorial, e inscribieron sus personerías jurídicas, en contextos de disputa
por el suelo con el Municipio de Villa La Angostura y privados, frecuentemente
judicializados y con repetidos episodios de desalojos forzosos.
[2] Entendemos la
territorialidad como las formas, objetivas y subjetivas, de apropiarse del
territorio (Escobar, 2015). El territorio, por su parte, se construye, o es
apropiado, a partir de las actividades que llevan adelante las sociedades que
lo ocupan para su supervivencia y reproducción (Mançano Fernandes, 2005). Esta
construcción se encuentra cabalmente atravesada por la posibilidad de
conflicto, puesto que en ella se ponen en juego las diferentes intenciones de
uso del suelo que las sociedades portan, volviéndolo un proceso dialéctico y dinámico
(Haesbaert, 2011).
[3] Por el
contrario, entre fines del siglo XX e inicios del XXI, el tipo de relación
cambiaría, desarrollándose en cooperación entre la Confederación Mapuche de
Neuquén y la Administración de Parques Nacionales el plan de Co-manejo de áreas
naturales que derivaría en una primer experiencia con Kinxikew que implicaría
un antecedente positivo para el proceso de rearticulación de Paicil Antriao
(Trentini, 2015).
[4]
Carta de Jaime de Nevares al Presidente del Servicio Nacional de Parques
Nacionales, Felipe Larrivière, del 17 de septiembre de 1980. Secretaría de
Estado de Agricultura y Ganadería, Servicio de Parques Nacionales (SEAG-SPN),
Expediente Nº 1706, 1936. Foja 420. Archivo del Museo de la Patagonia, San
Carlos de Bariloche.
[5] La compleja sociedad de frontera allí
articulada contaba tanto con el protagonismo indígena como criollo, sujetos en
estrecho contacto interétnico (Varela & Manara, 2005). Sin obrar los Andes
como un obstáculo al movimiento de bienes y personas (Bandieri, 2001), la zona
era recorrida por circuitos comerciales ganaderos que abarcaban el este y el
oeste del cordón montañoso, configurando un escenario de “libre cordillera”
(Méndez, 2005a) que debía ser desmantelado para lograr un efectivo control
estatal del territorio. A lo largo del siglo XX se efectuaría el cambio de
orientación de la economía regional, del Pacífico hacia el Atlántico (Bandieri,
2010).
[6]
Tampoco integrarían ese grupo los criollos argentinos o chilenos desprovistos
de capital (Méndez, 2005b).
[7] El conjunto de herramientas legales
que permitieron el surgimiento de este mercado de tierras estuvo en un
principio compuesto por, en el sur y occidente del territorio, la Ley
Avellaneda (N° 817, de 1876), que adjudicó tierras con la obligación de la colonización,
y la Ley de Liquidación (N° 2875, de 1891), que eliminó dicha compulsión
(Blanco, 2007). Por su parte, la Ley Nº 1018 de 1879, que habilitaba la venta
de lotes de 2500 hectáreas, y la Ley Nº 1265 de 1882, que permitía al remate de
parcelas públicas a cambio de la inversión de capital y el poblamiento estable,
tuvieron influencia notable en la región (Bandieri, 1993, p. 135). En 1903 se
sancionó una nueva ley de Tierras (Nº 4167). Aunque expresaba la necesidad de
que el Poder Ejecutivo emprendiera la reducción de los originarios, al mismo
tiempo dejaba de reconocerse la ocupación previa del suelo fiscal como
antecedente de preferencia para acceder a su propiedad, lo cual tendría graves
implicancias para las familias indígenas que se encontraban poblando territorio
de dominio público (Blanco y Arias, 2018, p. 232). La misma falló en lograr el
poblamiento por pequeños y medianos productores (Bandieri, 2018, p. 51).
[8]
Traducción de la autora. Borg Rasmussen y Lund (2018) analizan la dinámica
entre producción de fronteras y territorialización, produciéndose lo primero
cuando se descubren nuevos recursos, para cuya explotación se interviene
erradicando formas de vida, organización y propiedad precedentes. Lo segundo
por su parte incluye tácticas de control de la tierra y los recursos. En este
esquema, se enarbola un discurso que relaciona la frontera con lo inhabitado.
La comoditización de los recursos puede realizarse mediante la extracción o la
conservación, convirtiendo, esta última, el espacio de habitantes nativos en
atracciones que puedan venderse al turista.
[9]
Dentro de la zona centro-norte, se ubicaban las comunidades de Antiñir, Manqui,
Huayquillan, Kilapi, Millain Currical y Mellao Morales. Al centro-este, la de
Paynemil. En el sudeste, Filipin, Rams, Paineo y Ancatruz. Quinchao se ubicaba
al centro. En el sudoeste, Puel, Aigo,, Chiquilihuin, Painefilu, Aucapan,
Atreiko, Curruhuinca, Currumil y Catalan.
[10] Consejo Federal
de Inversiones (CFI). (1978). Análisis socioeconómico, aspectos culturales y
tipología de las comunidades aborígenes del Neuquén. p. 90. Biblioteca virtual
del Consejo Federal de Inversiones. Recuperado de http://biblioteca.cfi.org.ar/documento/analisis-socioeconomico-aspectos-culturales-y-tipologia-de-las-comunidades-aborigenes-del-neuquen/
[11] CFI. (1978).
Análisis socioeconómico, aspectos culturales y tipología de las comunidades
aborígenes del Neuquén. p. 96.
[12] CFI. (1978).
Análisis socioeconómico, aspectos culturales y tipología de las comunidades
aborígenes del Neuquén. p. 94.
[13] CFI. (1978).
Análisis socioeconómico, aspectos culturales y tipología de las comunidades
aborígenes del Neuquén. p. 96.
[14] Ministerio del
Interior de la Nación. (1967). Censo Indígena
Nacional. Provincia de Buenos Aires y Zona Sur. Resultados provisorios. pp.
92-97. Recuperado de http://deie.mendoza.gov.ar/backend/uploads/files/2016-09-15%2020:18:31_1966-67%20Censo%20Indigena%20Nacional.pdf
[15] Se registra en
las fuentes variaciones en la forma de escritura de los apellidos. Hemos
utilizado aquí, de ellas, las más cercanas al modo actual en que la comunidad
escribe su nombre.
[16] Ministerio de
Agricultura de la Nación, Dirección de Parques Nacionales (MAN-DPN). Expediente
Nº118, 1936, foja 2. Archivo del Museo de la Patagonia, Archivo Documental,
Fondo de la Administración de Parques Nacionales.
[17]
En 1907, el Inspector Margueirat se dirigió al Director de Tierras y Colonias
solicitando se expidiera el título de propiedad en favor de Paicil y Antriao,
habiendo comprobado la introducción de las mejoras requeridas por la Ley de
1884. MAN-DPN. Expediente Nº118, 1936, foja 12.
[18]
MAN-DPN. Expediente Nº118, 1936, fojas 88 y 89.
[19]
MAN-DPN. Expediente Nº118, 1936, fojas 88 y 89.
[20]
Algunos
funcionarios incluso indicaban tal cosa como recomendación. El
Ingeniero Lucero, a cargo de la realización de la mensura que diera origen a
los lotes a concesionar, hacía llegar, en una carta al jefe de Sección
Geodesia, en 1903, su visión acerca de la aptitud de los indígenas para
desarrollar labores en los campos. Resaltaba que no los juzgaba aptos para
ello, pero que podían ser útiles empleados como peones de otros propietarios
(Nawel, 2013: 64).
[21] MAN-DPN. Expediente Nº118, 1936,
foja 6.
[22]
No quedando prueba
escrita de tales transacciones en el Expediente Nº118/36, pero habiendo en él
menciones al hecho. MAN-DPN. Expediente Nº118, 1936,
fojas 207, 208, 232, 233
y 234.
[23] Carta del
Inspector General de Tierras Margueirat al Director General de Tierras y
Colonias, del 27 de enero de 1906, San Carlos de Bariloche. MAN-DPN. Expediente
Nº118, 1936, foja 11.
[24] MAN-DPN.
Expediente Nº 118, 1936, foja 55.
[25] Carta de José
María Paicil al Ministro de Agricultura de la Nación, del 8 de octubre de 1908.
MAN-DPN. Expediente Nº 118, 1936, foja 13.
[26] MAN-DPN.
Expediente Nº 118, 1936, foja 12.
[27]
MAN-DPN. Expediente Nº 118, 1936, foja 47.
[28]
Comisión Inspectora del Neuquén. Informe Nº218. 20 de diciembre de 1922. MAN-DPN.
Expediente Nº118, 1936, foja 60.
[29]
MAN-DPN. Expediente Nº118, 1936, foja 84.
[30]
MAN-DPN. Expediente Nº118, 1936, foja 81.
[31]
Fallo en autos “Sobarzo Rosa y otro s/ usurpación”, del 31 de octubre de 2008.
Expediente Nº 39/2007, Secretaría Penal del Juzgado
de Primera Instancia en todos los fueros de la IV Circunscripción Judicial,
Villa La Angostura.
[32]
Numerosas de estas apropiaciones serían a cuenta de propietarios ausentes, con
lo cual los conflictos vinculados a ellas emergerían al momento de instalación
de los alambrados, a partir de los ‘90, y de reconstitución formal de la
comunidad en 2003, momento desde el que se multiplicaron las acciones legales
tendientes al desalojo.
[33]
Nombramos aquí a la
comunidad mediante su escritura según el grafemario ragileo del mapuzugun,
puesto que es el modo en que ella escribe actualmente su propio nombre. La
versión castellanizada corresponde a “Quintriqueo”.
[34]
SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 2.
[35]
SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 15.
[36]
Artículo 6 del
Permiso Precario de Ocupación y Pastaje. SEAG-SPN,
Expediente Nº 1706, 1936. Foja 15.
[37]
Nota del Intendente Mignacco al Jefe del Departamento de
Parques y Reservas, del 13 de mayo de 1947, San Carlos de Bariloche.
SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 83.
[38]
Nota del Inspector de Servicios Forestales al Intendente del Parque Nacional
Nahuel Huapi, del 13 de mayo de 1965, San Carlos de Bariloche. SEAG-SPN,
Expediente Nº 1706, 1936. Foja 170.
[39]
En varias
oportunidades, los funcionarios recomendaban diversas tácticas para resolver
una situación que caracterizaban como “tensa”. Carta al
Guardaparque Seccional Angostura, del Contralor zona norte, del 2 de enero de
1965, Seccional Angostura. SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 164.
[40]
SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 178.
[41]
SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 25.
[42]
SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 28.
[43]
SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 29.
[44]
SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 69.
[45] Nota del Intendente Mignacco al
Administrador General de Parques Nacionales y Turismo, del 7 de junio de 1947, San Carlos de Bariloche. SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 81.
[46] Nota del
intendente Mignacco al Jefe del Departamento de Parques y Reservas, del 13 de
mayo de 1947, San Carlos de Bariloche. SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja
83.
[47]
Nota del Intendente Sosa al Secretario General de la Dirección de Parques
Nacionales, del 9 de enero de 1965, San Carlos de Bariloche. SEAG-SPN,
Expediente Nº 1706, 1936. Foja 157.
[48] Nota del intendente Sosa al Secretario
General de la Dirección de Parques Nacionales, del 24 de mayo de 1965, San
Carlos de Bariloche. SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 181.
[49] Dictamen Nº 3852 de la Asesoría
Letrada, del 19 de noviembre de 1965. SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936.
Foja 188.
[50] Nota del
Inspector de Servicios Forestales al Intendente Sosa, del 13 de Mayo de 1965,
Buenos Aires. SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 168.
[51]
SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 125.
[52]
SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Fojas 142 a 149.
[53]
La descripción
coincidía con lo declarado por V. Quintriqueo, sobre quien pesaban múltiples
órdenes de desalojo. (SEAG-SPN, Expediente Nº 1706,
1936. Foja 159).
[54]
Nota del
Subdirector de Parques y Reservas al Secretario General de la Subdirección de
Parques y Reservas, del 22 de febrero de 1965, Buenos Aires. SEAG-SPN,
Expediente Nº 1706, 1936. Foja 159.
[55]
SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 94.
[56]
SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 53.
[57]
SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Fojas 58, 59, 60 y 64.
[58]
Ficha de poblador fronterizo. José Mercedes Quintriqueo. SEAG-SPN, Expediente
Nº 1706, 1936. Foja 61.
[59]
SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936. Foja 171.
[60]
Nota del Intendente Mignacco al Jefe del Departamento de Parques y Reservas,
del 13 mayo 1947, San Carlos de Bariloche. SEAG-SPN, Expediente Nº 1706, 1936.
Foja 79.
[61]
Carta de José Mercedes Quintriqueo al Presidente de Parques Nacionales, del 9 de mayo de 1967, Villa La Angostura. SEAG-SPN,
Expediente Nº 1706, 1936. Fojas 203 y 204.