1. Introducción

En el presente trabajo analizamos, en clave comparativa, dos grandes huelgas en la industria pesquera, desarrolladas durante la primera década del 2000 en Argentina: la ocurrida en 2005 en la provincia del Chubut y la realizada en 2007, con centro en la ciudad-puerto de Mar del Plata. Desde allí pretendemos comenzar a caracterizar, describir y comparar la conflictividad socio-laboral que caracteriza la industria pesquera en la provincia de Buenos Aires y Chubut. Sabemos que los conflictos socio-laborales son recurrentes en la industria pesquera de la costa atlántica argentina, como lo demuestran diversos estudios (Colombo, 2010; Pérez Álvarez, 2009; Schulze, 2014).

Sin embargo son escasas las investigaciones que trabajen comparativamente los conflictos socio-laborales en la costa bonaerense y el litoral patagónico. Se registran interesantes referencias en Mateo (2006). Allí demuestra cómo comenzó a instalarse una incipiente actividad pesquera de carácter industrial en la Patagonia, a partir de la sobre explotación del tiburón en Mar del Plata, durante el período de su auge de demanda (1943-1952): “La pesca a partir de la fiebre del tiburón se expandió desde la latitud de Mar del Plata (37º 59’ S) hasta la de Comodoro Rivadavia (45º 50’ S), ampliando enormemente el horizonte de esta actividad en la Argentina” (2006: 145).

En otros trabajos (Mateo, 2011) el autor exploró la misma idea: la expansión de la actividad pesquera más allá del núcleo marplatense (en particular hacia el sur atlántico) se vinculó a las fases de auge productivo en el foco tradicional. Así, al contrario de la lógica de competencia entre las regiones que aparece en nuestro registro, este investigador muestra que existió una relación de crecimiento colaborativo.

Nogueira (2018b) plantea una perspectiva parcialmente distinta, y más cercana a la línea de enfrentamiento que se vislumbra en nuestro artículo. Para la autora la reestructuración capitalista en la industria pesquera generó concentración y relocalización de empresas “a través del traslado de parte de este sector económico desde la provincia de Buenos Aires a la Patagonia, movimiento iniciado en la última dictadura cívico militar y reforzado durante las décadas subsiguientes” (p. 14).

Así también lo muestra el trabajo de Mateo, Nito y Colombo, quienes expresan que “La crisis provocó y provoca forcejeos y alineamientos entre las distintas fracciones capitalistas ligadas al sector, y el involucramiento de las fracciones obreras. La disputa fue representada por el discurso periodístico y académico como una dicotomía entre distintos sectores, como por ejemplo, entre las distintas localizaciones (Buenos Aires–Patagonia)” (2010: 19). Los autores se refieren a la situación generada por la escasez de merluza desde los años ‘90. Así, este breve repaso parece plantearnos que la posible articulación entre ambas pesquerías, presente en los primeros años de desarrollo, se transmutó en una línea de competencia alimentada por el discurso de distintas fracciones empresarias y/u obreras. El trabajo postula otros cruces entre estas pesquerías, que serán retomados en las reflexiones finales de este artículo.

Luego hemos registrado trabajos que enfocan su estudio en cada región. Sobre la pesca en Patagonia aún son casi inexistentes las investigaciones realizadas desde las ciencias sociales (hay datos en Ibarra y Hernández, 2016 y Beinstein, 1993; y un estudio específico en Pérez Álvarez, 2009). Es mucho más amplia la producción acerca de Mar del Plata, abordando la actividad pesquera y el puerto en tanto territorio social (Colombo, 2008a; Colombo y Nieto, 2008; Masid y Mateo, 2008, Contreras, 2008; Pradas, 2006, entre otros). Algunos de los trabajos ya citados, y otros que abordan períodos más extensos (Nieto, 2018; Colombo, 2014) aportan relevantes puertas de ingreso para formular diálogos comparativos sobre la historicidad de la actividad pesquera en la costa bonaerense y en el litoral atlántico patagónico.

Es necesario profundizar los estudios que analicen ambas pesquerías. Además del interés evidente que plantea un abordaje desde esa matriz, veremos que la conflictividad adquiere, en muchos casos, un carácter “regional” y de contraposición entre trabajadores y empresarios pesqueros afincados en una u otra región. La evaluación y análisis del perfil “regionalista” relevado en diversos conflictos, especialmente los desarrollados en Patagonia, señalan la importancia de pesquisas que abarquen la dinámica pesquera en toda la extensión del litoral atlántico de Argentina.

En resumen, este artículo se orienta en primer lugar a describir y caracterizar dos grandes conflictos: la huelga pesquera del año 2005, centrada en el noreste de Chubut, y la huelga del 2007, con foco en Mar del Plata. En segundo término se propone esbozar conclusiones sobre aquellos aspectos en los cuáles estos conflictos resultan comparables.

2. Las fracciones obreras y los cambios en la industria

Sabemos que cada fracción de la clase obrera es conformada en primer término por la fracción capitalista que desarrolla esa actividad en el marco de la división social del trabajo (Iñigo Carrera, 2008). Es construida desde un proceso objetivo: la burguesía pesquera desarrolla el proletariado que demanda, en tanto fuerza de trabajo disponible, para asegurar su reproducción como fracción de la clase dominante. Lo hace según las condiciones con las que se encuentra, por ello no fue igual la conformación del colectivo obrero pesquero en Mar del Plata^{^[2]} y en Patagonia^{^[3]}. Estos procesos no están exentos de conflictos, ni en su origen, ni en las disputas posteriores: es en esa dinámica histórica concreta, donde esas respectivas fracciones de clases se conforman mutuamente. A través de esos conflictos las clases van adquiriendo conciencia de sus intereses, desarrollando organizaciones y acciones para defenderse y luchar contra quienes pretendan perjudicarlos. Dicho proceso se desarrolla en un territorio social^{^[4]} determinado: en este caso el de la actividad pesquera.

En ese amplio colectivo laboral encontramos diversas fracciones: observamos a los marineros, los estibadores y los trabajadores de las plantas en tierra. A su vez hay distintas capas, que dividen a los obreros de acuerdo a su nivel salarial, el oficio que tienen, el tipo de patronal que les contrata, etc.; hay diferencias entre marineros de la flota fresquera y de congeladores, entre personal de plantas en tierra que está en blanco y quienes se desempeñan bajo modalidades precarizadas y, al interior de los trabajadores en tierra, entre fileteros y el resto del personal (peones, estibadores, personal de limpieza, etc). Otro elemento que complejiza el abordaje, es la gran cantidad de personal femenino ocupado en las plantas, quienes suelen sufrir peores condiciones laborales^{^[5]}.

Dentro de esta variedad de situaciones, en este artículo se focaliza la mirada en el personal ocupado en tierra, sujeto que protagoniza la mayoría de las acciones. Se analiza entonces la conflictividad en dos regiones vinculadas a puertos claves: Mar del Plata y Puerto Madryn^{^[6]}. Para destacar la importancia de abordar esta rama económica, parece seguir siendo necesario evidenciar el peso que tiene la industria pesquera en la estructura económica de Argentina, así como el relevante mercado de trabajo asociado a ella. Durante 1996 las exportaciones pesqueras superaron las de carne vacuna, etapa en que comenzaron procesos conflictivos vinculados a la sobreexplotación de la merluza común (Colombo, 2014). Sin embargo, el sector pesquero en Argentina resulta en ocasiones invisible para los análisis académicos, ya que “los argentinos hemos vivido de espaldas al mar y a sus problemas” (Mateo, 2008: 5).

Para fines de los noventa el total de desembarques declarados por las flotas nacionales promedió las 800.000 toneladas anuales (Sánchez, 2012; Navarro, 2014). Por el incremento de captura de langostino, los puertos de la provincia de Chubut cobraron centralidad desde el comienzo del siglo XXI. Desde el año 2006 los desembarques de langostino tuvieron un crecimiento sostenido, alcanzando las 243.223 toneladas en el 2017.^{^[7]} Esta especie representa el principal ítem de exportación pesquera en términos de valor, superando los U$S300 millones desde 2006 y llegando a U$S1.200 millones en 2017 (Secretaría Agroindustria, 2018).

Grafico I: Desembarques totales en Argentina de Merluza y Langostino por año

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Elaboración del Observatorio del Sistema Pesquero Argentino, Universidad Nacional de la Patagonia.

Las plantas de procesamiento de Mar del Plata y otras ciudades-puerto, centradas en la Merluza Común (Merluccius hubbsi), se vieron impactadas por este cambio. Su mayor precio generó que las empresas buscaran el langostino, reestructurando su funcionamiento en tres sentidos: artes de pesca, destino-descarga del recurso e instalaciones necesarias en tierra. Muchas plantas pesqueras, en especial en Mar del Plata, cerraron sus puertas.

3. La conflictividad

Desde la perspectiva adoptada se entiende al conflicto laboral como intrínseco de la relación social capital-fuerza de trabajo, complejizando esa definición a través del concepto de lucha de clases. La conflictividad no es pensada solo en un sentido vertical -“los de arriba”, propietarios de medios de producción, contra los de “abajo”, propietarios de la fuerza de trabajo-, sino también sus múltiples cortes horizontales. Por ello es necesario reflexionar sobre los alineamientos de las distintas fracciones sociales, en función de las distintas estrategias de conflictividad (Antón, 2010).^{^[8]}

Las disputas al interior de la clase obrera son permanentes en el colectivo laboral pesquero. Esto se observa entre los marineros, los estibadores y el personal en tierra. Repasaremos algunos hechos en este artículo.

La competencia que en varias ocasiones se plantea entre los obreros, especialmente entre quienes desarrollan su labor en Mar del Plata y en la Patagonia, se expresa en la distinta representación sindical de los trabajadores de plantas en tierra. En Mar del Plata están incorporados en su sindicato específico, el SOIP (Sindicato Obrero de la Industria del Pescado), mientras en Patagonia los agrupa el STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación). Este sindicato a nivel nacional representa trabajadores de plantas manufactureras de productos alimenticios, y no al sector pesquero. ¿Por qué se produjo esta singular situación? Centralmente por un impulso generado desde las patronales, que así lograba fragmentar la negociación colectiva.

Durante 1992 registramos dos fuertes enfrentamientos entre trabajadores de las plantas en tierra del noreste chubutense. Desde ese año, y en pleno auge neoliberal, se impulsó el desarrollo del STIA en la región, desplazando al SOIP que hasta allí nucleaba la mayoría de los trabajadores de plantas pesqueras. Es un proceso complejo, donde el SOIP fue perdiendo su antigua capacidad de representación en Patagonia, aunque hasta 1996 todavía eran comunes los ataques contra el STIA y las protestas en las cuales ese sindicato no era aceptado.

Los dirigentes del SOIP en Patagonia denunciaron que en Madryn las patronales despidieron a los obreros que se oponían al STIA. El SOIP no logró generar alianzas sociales y quedó aislado, mientras el STIA se fortaleció en clara sintonía con las patronales de las principales empresas.

Las acciones conflictivas de los trabajadores evidencian la disconformidad, resistencia y ruptura normativa de los asalariados en la industria pesquera. La lucha de estos obreros muestra una variedad de formas en las que organizaron sus acciones colectivas, cuyo propósito era mejorar sus condiciones laborales. Siguiendo a Nieto y Colombo (2009) el surgimiento de nuevas acciones de lucha en la industria pesquera de Mar del Plata durante el 2007, evidenciaba la disconformidad de los trabajadores^{^[9]} con la normatividad laboral que regulaba su labor.

En esta línea, Nieto (2009) se pregunta si los altos niveles de conflictividad social, y la variedad de formas de protesta, son un signo de revitalización del movimiento obrero organizado. Centrando su análisis en la conflictividad de la industria pesquera marplatense, destaca que las luchas obreras expresaron transformaciones como parte del nuevo ciclo de rebelión en curso (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2004). Por ello se hace necesario rastrear los cambios y continuidades en los sujetos de la protesta, los instrumentos de lucha y las formas de organización.

4. La gran huelga del 2005 en el noreste chubutense

La región noreste del Chubut constituye una unidad económica social con características propias, distintas del noroeste o el sur de la provincia. Esa historia en común generó un entramado de relaciones sociales propias, que permiten abordarla como unidad (siendo toda unidad una síntesis de múltiples contradicciones, Marx, 2008). Los trabajadores de Rawson, Trelew y Puerto Madryn se trasladan entre estos núcleos urbanos, para buscar nuevas fuentes de trabajo o viviendas. Esto se hace más evidente en una ocupación inestable como la pesquera.

Las fuentes utilizadas para este apartado fueron entrevistas a cuestionario abierto a trabajadores de la pesca, el registro de documentos de la Secretaría de Pesca provincial y el relevamiento de tres diarios de la zona (Jornada, El Chubut y El Diario de Madryn). Para los últimos sucesos destacamos a Jornada y el Diario de Madryn por constituirse, en ese momento, en portavoces de distintos sectores de la rama pesquera.

Haremos unas pocas referencias previas, a fines de contextualizar el origen de esta gran huelga. En febrero de 1994 la provincia de Chubut realizó un informe reconociendo la fuerte crisis por la que atravesaba la industria pesquera en la provincia. Se daba una situación supuestamente paradójica: mientras aumentaban las capturas (creció desde U$S200 mil en 1988 a más de U$S1.400.000 mil en 1993) desfallecía la industria pesquera en tierra. Esa depredación del recurso generó serios problemas de captura hacia mediados de esa década, y durante 1997 el Poder Ejecutivo Nacional anunció un paro biológico para recuperar la especie merluza.

En ese marco, apenas iniciado 1998 algunos de los sindicatos que organizaban fracciones del colectivo obrero pesquero en Patagonia^{^[10]}, elaboraron un petitorio de doce puntos e iniciaron un paro total en la rama^{^[11]}. El proyecto fue apoyado por la CAPIP^{^[12]}, ya que si bien realizaba algunas demandas en clave obrera, su énfasis radicaba en moderar la veda pesquera y reclamar leyes promocionales para la pesca en Patagonia. La mayoría de las consignas no se basaban en un programa de clase sino en los intereses de esa rama económica en la región. Por eso decimos que la huelga se realizó, en lo fundamental, como mecanismo de presión hacia el gobierno nacional y provincial (hacía quien se dirigían la mayoría de las demandas), y no contra las patronales. Eso termina de evidenciarse por el acompañamiento de la CAPIP al petitorio y las respuestas del jefe de gabinete de la Subsecretaría de Pesca de Nación, Daniel Higa, que acepta algunos reclamos y traslada otros a la Secretaria de Pesca provincial (Jornada, 9/1/98, p. 2)

Los trabajadores defendían sus intereses en tanto asalariados pesqueros en el noreste de Chubut, y buscaban sostener su empleo defendiendo a “sus” empresarios. Se conformó una alianza entre los empresarios más capitalizados de la rama y los trabajadores, representando la dinámica de la actividad pesquera en el puerto más importante de la región: el de Madryn. A la vez se pretendía imponer a esos intereses como los representativos de la pesca en toda la Patagonia, ya que se trataba de la subrama pesquera que agrupaba mayor cantidad de trabajadores. Colombo (2008a) muestra que durante 1997 se conformó una alianza entre empresarios fresqueros y los sindicatos marplatenses, que define como una defensa de la ciudad en tanto “corporación económica”. En ambos casos el enemigo parecía ser la “otra” alianza, buscando presionar al gobierno nacional por mejores condiciones de explotación del recurso para sus respectivas regiones.

También en Rawson se conformó una alianza, pero con un contenido distinto al de Madryn y más similar al de Mar del Plata: aquí fueron los propietarios de los barcos fresqueros quienes marcharon junto a los trabajadores, autoidentificados como “La Flota Amarilla” (Jornada, 22/2/98, p. 10-11). La diferencia era clave: en Madryn los empresarios que apoyaban el reclamo eran los propietarios de barcos congeladores. Estos personificaban un capital más concentrado y en su mayoría tenían origen español; los dueños de los fresqueros tendían a ser propietarios locales, de familias tradicionales de la región y personificaban un capital menos concentrado.

La alianza conformada en Rawson fue respaldada por el intendente de la ciudad: lograron que el gobernador los recibiese en su segunda manifestación^{^[13]}, y se les prometió que accederían a nuevos permisos de pesca. La negociación fue encabezada por los empresarios, quienes obtuvieron su reclamo clave. A su vez los trabajadores parecían garantizar la continuidad de su fuente laboral. Aquí los sindicatos (que habían elaborado el programa antes citado) no tuvieron una presencia relevante: se evidenciaban los cortes horizontales en la conflictividad.

La unidad de empresarios y trabajadores de cada ciudad, en tanto “corporación económica”, no tuvo continuidad más allá del momento de reclamar cupos de pesca. Durante 1998 los sindicatos denunciaron la presencia de trabajadores marplatenses, que eran traídos a trabajar bajo modalidades precarizadas y en negro, con el formato de cooperativas fraudulentas (Pradas, 2006; Mateo, Nieto y Colombo, 2010)^{^[14]}. La identificación de los empresarios con sus trabajadores quedaba en el olvido cuando se discutía el precio de la fuerza de trabajo, y aprovechaban el mayor impacto de la crisis en Mar del Plata para empeorar las condiciones de trabajo en la rama pesquera a nivel nacional.

Durante el 2003 relevamos 12 hechos de protesta en el sector, la mayoría en las plantas de procesamiento que seguían sin recibir merluza. Recién en septiembre apareció un rasgo nuevo, que iba preparando el terreno hacia el 2005: en el marco de un plan de lucha del STIA, se realizaron piquetes en el parque industrial pesquero y en la ruta que une Rawson con su puerto, además de una marcha hasta la sede de la CAPIP en Madryn.

En 2004 la movilización de los trabajadores de plantas en tierra se hizo permanente. Era evidente que las empresas se recuperaban mientras cerraban plantas y suspendían al personal. Hubo quiebras fraudulentas, con una dinámica similar a la descripta por Colombo (2014) para los años ‘90 en Mar del Plata^{^[15]}. Las plantas de procesamiento de merluza cerraban sus puertas, pero las empresas aumentaban sus ganancias, gracias al incremento de la captura de langostino (que mayoritariamente se procesaba en los buques congeladores).^{^[16]}

En junio, trabajadores de distintas plantas marcharon a la Legislatura provincial. Allí quemaron cubiertas y hubo enfrentamientos con los bomberos y la policía. Desde allí se dirigieron al municipio de Rawson, donde atacaron la oficina del intendente. Cuando avanzaban contra la sede del poder ejecutivo provincial llegó el dirigente del STIA, Luís Nuñez, quien convenció a los obreros para dirigirse hacia la sede gremial. Una hora después fueron atacados por la policía, culminando con nueve heridos por balazos de goma y cuatro detenidos.

Esos hechos fueron generando las condiciones del 2005. A principio de ese año la Cámara de la Flota Amarilla, de Rawson, expresó su rechazo a los cupos de merluza otorgados a nivel nacional. Planteaban que el acuerdo había favorecido a Mar del Plata, sin reservar cupo para los fresqueros de Patagonia. El gobernador de Chubut apoyó el reclamo, denunciando que barcos de Mar del Plata pescaban en Chubut con aval del gobierno nacional.

Pero esta vez los trabajadores no tomaron como eje el reclamo de mayor cupo. Desarrollaron medidas que hicieron foco en demandar aumento salarial y mejores condiciones de trabajo: en particular la exigencia de pase a planta de los contratados, logrado en varias plantas de Madryn tras una semana de cortes de calles durante febrero^{^[17]}. A los pocos días trabajadores de distintas plantas cortaron la ruta que conecta Rawson con su puerto, con igual reclamo. No hay alianzas con los empresarios del sector, ni reclamos por sus ciudades-puerto en tanto “corporaciones económicas”; las demandas son en clave de vendedores de fuerza de trabajo.

A mediados de marzo el STIA votó un plan de lucha, exigiendo aumento salarial en blanco. Plantearon que “en los últimos catorce años desde 1991 las empresas del sector aumentaron su productividad, ocupando menos trabajadores y con menos horas trabajadas; aunque la productividad por trabajador y por hora trabajada aumentó en forma espectacular, como así también los ingresos corrientes de las empresas (que aumentaron sus ganancias y rentabilidad) mientras no pasó lo mismo con nuestros salarios”^{^[18]}. El 13 de abril, tras un mes sin respuestas, el STIA convocó una huelga por tiempo indeterminado en Chubut; desde el inicio hubo una tensa relación entre grupos de obreros de algunas plantas y la dirección sindical. La conducción buscaba unas semanas más para negociar, mientras sectores disconformes se autoconvocaron y desarrollaron acciones por su cuenta, quemando cubiertas frente a la sede sindical.

Al día siguiente se cortó la ruta provincial Nº 1 en tres sectores, para impedir el funcionamiento de las pesqueras de Madryn y la operatoria del puerto. El paro fue total en Chubut, y la CAPIP reclamó que fuera declarado ilegal por impedirse la libertad de trabajo: el 15 por la tarde se llamó a conciliación en la Subsecretaria de Trabajo provincial.

La negociación fracasó y el conflicto se extendía: el gobierno provincial se posicionó a favor del reclamo obrero^{^[19]}. La CAPIP rechazaba las demandas y su presidente, Mario Ordiales, calificó a los trabajadores como “subversivos”^{^[20]}. La asamblea obrera, reunida frente a la Subsecretaria de Trabajo, ratificó las medidas, recibiendo el apoyo de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina).

El 19 se profundizó el conflicto: a los piquetes del STIA se sumaron los del SUPA, extendiendo los cortes a la ruta de acceso norte a Madryn. Eran cinco cortes principales y unos catorce piquetes en total. Benigno Arrighi, dirigente del SUPA, planteó su solidaridad con el STIA, afirmando que “La CAPIP es responsable directa de todo lo que está pasando” (Jornada, 20/4/2005, p.16). Los trabajadores ganaban fuerza moral, generando solidaridad de distintos sectores, mientras el empresariado quedaba aislado.

Por la tarde el subsecretario de trabajo se dirigió al corte principal para notificar la conciliación obligatoria. En la negociación la CAPIP subió su oferta de 4,70 la hora a $6, pero el STIA sostuvo que como mínimo aceptaría $7,80 siendo su reclamo original $8,10. Tras el fracaso de la negociación se volvió a cortar la ruta.

La mayoría de los gremios de Puerto Madryn se convocaron en el Concejo Deliberante, y la Cámara de Comercio de Madryn reclamó la solución del conflicto. Se resolvió la convocatoria a huelga general y movilización en Madryn, llamado en conjunto por la CGT (Confederación General del Trabajo) y la CTA. Pero, casi al mismo tiempo, en Comodoro Rivadavia se llegaba a un acuerdo por la huelga pesquera: este es un momento clave, una bisagra.

El conflicto en la región noreste de Chubut tomaba un carácter que superaba la fase económica corporativo del grupo profesional, y la movilización obrera adquiría “la conciencia de la solidaridad de intereses entre todos los miembros del grupo social” (Gramsci, 1975: 69). Los trabajadores en lucha se posicionaban como una fuerza unificada frente a una fracción del capital. El reclamo trascendía, al menos coyunturalmente, lo corporativo profesional. Las centrales sindicales y una porción relevante de la base obrera, enarbolaron la lucha de una fracción de su clase como propia.

Simultáneamente la patronal quebraba la unidad obrera a nivel provincial. Los trabajadores de Comodoro Rivadavia firmaban el acuerdo propuesto por la CAPIP (llevaba la hora a 6,04), en una decisión avalada por el STIA de esa ciudad. Los empresarios más poderosos, con plantas en varios puertos, recuperaban fuerza. Al restringir el conflicto a una sola región, contaban con más recursos para extenderlo hasta agotar la resistencia obrera. Aprovechaban así una debilidad clave de la huelga pesquera: el estar circunscripta a una parte del país, mientras el resto de la rama pesquera continuaba en actividad.

La huelga general no fue muy contundente, pero sí la movilización, a la cual se sumaron miles de trabajadores. La CGT y la CTA ratificaron el reclamo de que el gobierno intimase a los empresarios^{^[21]}, mientras Núñez sostuvo que se trataba de una lucha contra “los capitales extranjeros que han venido a instalarse en nuestro país, para llevárselo todo y dejarnos la miseria” (Jornada, 26/4/2005, p.3).

A partir de este hecho el gobierno cambió su postura, pasando a intentar debilitar la huelga. La medida había superado los límites de lo aceptable, al unificar a la clase obrera en un reclamo común: fijaba un antecedente peligroso. Los discursos de los dirigentes sindicales evidenciaron que el gobierno podía destrabar el conflicto si quitaba a los empresarios los permisos de pesca.

Por la madrugada la justicia provincial intimó el desalojo del corte de ruta: el secretario gremial del STIA aceptó la orden y esto provocó una discusión con otros obreros, que terminó con la internación del dirigente por un corte de cuchillo en el abdomen. Se mantuvieron los piquetes a las plantas, pero sin nuevas acciones.

La lucha comenzaba a quedar aislada, y el reclamo ya no trascendía los límites de lo corporativo-profesional: se quebraba la unidad obrera, y por ello se perdía fuerza moral. El SUPA levantó su huelga, ante el anuncio de una ayuda económica del intendente de Madryn. Además se acordó con el STIA el permiso para que operasen los buques poteros. Luego de haber frenado la posibilidad de que la lucha tomara un carácter general, el gobierno atacaba las expresiones de solidaridad y dividía a los trabajadores.

La falta de dinero debilitaba el conflicto; el STIA solicitaba donaciones, y los obreros de Iberpesca (Rawson) tomaron las instalaciones y abrieron las cámaras frigoríficas, amenazando con vender la mercadería. Se evidenciaba allí el debate sobre la necesidad de tomar medidas más contundentes, para torcer el rumbo de la huelga. La dirigencia del STIA decidió impulsar una marcha desde Madryn hasta Rawson, para llevar un petitorio al gobierno.

Das Neves recibió a la dirigencia gremial, anunció un fondo anticrisis para la pesca y ayuda social para los trabajadores más necesitados; pero no hubo anuncios sobre las esperadas sanciones a los empresarios que no aceptaban el acuerdo (Jornada, 12/5/2005, p.3). La huelga continuó, aunque ya sin otras iniciativas sindicales, ni de grupos autoconvocados. El conflicto ingresó a su fase final: dos días después el STIA aceptó el regreso de los administrativos a las plantas, cediendo a un reclamo realizado por la Cámara de Comercio de Madryn.

El 18 de mayo la CAPIP elevó otra propuesta al STIA. Se realizó una asamblea con más de 1500 trabajadores, y la oferta fue rechazada: se votó la toma del Concejo Deliberante y el reclamo de que el gobierno se hiciera cargo del conflicto. El diario Jornada, cuestionó la “intransigencia” y hablaron de “la pérdida de poder” de Núñez (Jornada, 19/5/2005, p.17).

El gobierno pasó a atacar frontalmente la huelga, anunciando que garantizaría el regreso al trabajo de quienes lo decidieran. Tanto el gobierno como la patronal criticaban que Luis Nuñez, dirigente del STIA, había perdido el control del conflicto. Según el diario un empresario cuestionó que: “Si no puede controlar una asamblea no puede garantizar un acuerdo” (Jornada, 20/5/2005, p.16). Los funcionarios criticaban el “estado de asamblea permanente”^{^[22]} y lanzaron el rumor de la renuncia de Núñez. El 19 por la tarde se ordenó el desalojo del Concejo Deliberante; el gremio decidió retirarse sin llegar al enfrentamiento.

Finalmente el 20 de mayo se levantó la huelga. Fueron 38 días de lucha, generando una repercusión que llegó a cruzar el Atlántico^{^[23]}. Una reducida asamblea mandató a la dirección del STIA para aceptar la propuesta empresarial^{^[24]}. La presión sobre el sindicato había surtido efecto y se aceptó $6,50 la hora (antes del conflicto era de 3,40). El salario asegurado pasaba a $1014 el mínimo (en torno al 90% de incremento) y entre los fileteros se pasaba de $0,30 a 0,42 por kilo. Los aumentos eran significativos, pero la negativa a pagar los 38 días de huelga y el habilitar convenios por empresa fueron duros golpes para el colectivo obrero. El balance fue contradictorio; mientras el STIA lo destacó como una victoria (Jornada, 21/5/2005, p.5), algunos grupos obreros disconformes lo sindicaron como un retroceso, en especial por haber desaprovechado la fuerza puesta en marcha y por la continuidad de los problemas laborales, evidenciados ese mismo año en varias plantas (Jornada, 9/6, p.15; 16/7, p.14; 18/7/2005, p.14).

5. Los conflictos del 2007 en la industria pesquera de Mar del Plata

El conjunto de políticas de Estado de la década del noventa se caracterizó por la privatización de empresas públicas, los cambios en las legislaciones laborales orientadas a la flexibilización, la apertura comercial y financiera. El resultado de estas políticas fue una crisis de empleo inédita, expresada en las altas tasas de desocupación a nivel nacional. En el caso del sector industrial pesquero, se impulsó la extranjerización y monopolización de la actividad, redundando en una profunda crisis del recurso merluza provocado por la sobrepesca.

Según Colombo (2014) la política pesquera de los ‘90 llevó a varias empresas a la quiebra, dando lugar a una restructuración empresaria que impulsó la concentración de la actividad en un núcleo duro de empresarios. La génesis de la sobrepesca puede observarse en los cambios que se introdujeron en la flota pesquera. Con la extranjerización de la flota se establecieron convenios de charteo que implicaban el alquiler de permisos de pesca a flotas de otros países, permitiendo que los barcos factoría pudieran operar en el mar argentino.

Estos hechos originaron una puja entre empresarios propietarios de buques fresqueros (que derivan la materia prima a las plantas en tierra) y los dueños de barcos congeladores (que procesan el pescado en el mar). Los conflictos derivados de la sobreexplotación de merluza hicieron que cada grupo de empresarios buscase responsabilizar a los otros. Esta disputa, en Mar del Plata, implicó la conformación de dos facciones principales: la Multisectorial Pesquera, que tejió sus alianzas entre empresarios de busques fresqueros y trabajadores en tierra, y el Consejo de Empresas Pesqueras de Argentina (CEPA) que incluyó a los grupos económicos más fuertes de la industria, propietarios de buques congeladores (Nieto, 2009, Colombo, 2007).

La Ley de Emergencia Pesquera de 1999 estableció que los fresqueros podrían seguir pescando, mientras los buques congeladores veían más restringido su accionar^{^[25]}. Se mantuvieron los puestos de trabajo en tierra para aquellos trabajadores registrados y de plantas permanentes, mientras que los obreros en peores condiciones – quienes estaban en cooperativas fraudulentas y los desocupados- continuaban sin empleo.

Para Colombo la principal especie objetivo no estaba realmente en riesgo de desaparecer; el peligro era la rentabilidad de la actividad económica, y por eso se establecieron medidas para proteger el negocio. Entre 2006 y 2015 se registró otra caída abrupta de la captura de merluza hubbsi, en torno a un 25%. Sin embargo, en esta ocasión no se establecieron medidas destinadas a la protección del recurso, “pese a que el INIDEP informaba que, en el sur del caladero, la biomasa total y la biomasa reproductiva de la especie eran 71,4% y 80% inferiores a las registradas en 1986, situándose en uno de sus valores históricos más bajos, un tercio por debajo del límite que asegura la sostenibilidad del recurso” (Lende, 2018: 10).

La conflictividad pesquera en Mar del Plata aparece estrechamente vinculada a estos problemas en la obtención del recurso. De hecho Mateo, Nieto y Colombo, postulan este vínculo como cuasi directo: “en las últimas décadas, las consecuencias de su sobreexplotación propiciaron la movilización contenciosa de los y las trabajadores/as del pescado, haciendo un poco más visibles sus condiciones de trabajo y vida para el conjunto de la sociedad” (2010: 5). Así, se relevan conflictos de relevancia en 1997-98 (Colombo, 2008a), los graves sucesos del año 2000 (Nieto y Colombo, 2009; Colombo 2010; Nieto, 2010) y el conflicto aquí trabajado en mayor profundidad, el de 2007 (Schulze, 2014). Esa dinámica también estuvo surcada por contantes enfrentamientos dentro de la clase obrera, por ejemplo con ocupaciones del SOIP en el 2000 y 2007 (Nieto y Colombo, 2009: 183-184, 188-189).

La ausencia de materia prima impulsó a los trabajadores a protagonizar hechos de protesta con algunas demandas propias, mientras otras eran compartidas con alguna fracción capitalista de la rama. Si bien las principales demandas eran salariales, también se hicieron visibles las malas condiciones de trabajo producto de la desregulación laboral en el sector, objetivada en la proliferación de las cooperativas fraudulentas.

Sólo el conflicto del 2005 no parece directamente relacionado con un momento de caída del recurso. Su origen está vinculado a reclamos de larga data (la recuperación de derechos adquiridos), a algunos efectos de la gran huelga pesquera de Chubut, y a internas gremiales entre los marineros de Mar del Plata (Yurkievich y Nieto, 2014).

Ese nexo tenía lógica, ya que los aumentos salariales logrados en Patagonia habían reforzado las ya existentes disparidades con Mar del Plata, donde era más generalizado el proceso de precarización laboral^{^[26]}. Así lo preanunciaba la referencia hecha por la prensa regional de Chubut, destacando que la huelga afectaría también “la situación de los fileteros marplatenses, donde los salarios de los trabajadores del sector pesquero están un 30% por debajo de lo que cobra actualmente un trabajador del sector en Puerto Madryn” (El Chubut, 4/5/2005, p.12). Y también lo indicaba Ordiales, una vez comenzada la huelga en Mar del Plata: “Hoy, Mar del Plata comienza a temer correr la misma suerte que Chubut”^{^[27]}.

Yurkievich y Nieto (2014: 190-195) recorren este conflicto, iniciado por el SOMU y otros gremios pesqueros, y al que posteriormente se sumó el SIMAPE^{^[28]}. Los marineros reclamaban volver a recibir un salario dolarizado, tal como estaba estipulado desde 1991, en un acuerdo suspendido tras la crisis del 2001. Esto implicaba un aumento en torno al 30% de sus ingresos; la patronal se opuso a dicho reclamo, pese a existir una resolución ministerial nacional que lo avalaba. La huelga comenzó el 13 de junio, y el SIMAPE adhirió recién a inicios de agosto. Siendo el gremio que integraba mayor cantidad de marineros en Mar del Plata, su incorporación modificó la relación de fuerzas.

La profundización de la medida impactó entre los trabajadores en tierra, quienes no contaban con recurso para trabajar. Además ellos integraban parte de sus reclamos específicos: “se sumó personal de tierra de la industria del procesado de pescado (fileteros/as), cuyo gremio representativo es el SOIP. Un referente del sector obrero precarizado de este gremio manifestó que los fileteros/as se solidarizaban con el justo reclamo de los marineros, pero que también tenían sus propios reclamos ya que como “consecuencia del paro estamos actualmente sin trabajo; pedimos a las autoridades que hagan lo que corresponde para terminar con el trabajo en negro ya que es una situación que no solo está aumentando sino que cada vez se torna más esclavizante” (Yurkievich y Nieto, 2014: 193, citando a la Revista Puerto, 20/8/2005). Recién en octubre el conflicto fue superado, con la obtención de algunas mejoras para los marineros, pero sin grandes cambios en la situación del personal en tierra.

El año 2007 comenzó con una nueva crisis para la industria pesquera de Mar del Plata, producto de la escasez de pescado para procesar en plantas. Esa situación profundizaba la precarización laboral y el desempleo. En 2006 se había registrado un crecimiento del tonelaje, generado por las “excelentes capturas de langostino y calamar, registrando la primera especie una suba considerable de su valor” (Nieto, 2009: 20). De este modo, sumado a los efectos de las políticas de flexibilización laboral impulsadas durante esos años, se produjo una abrupta caída de las capturas de merluza (Góngora et al, 2012). Esto incentivó la organización de los trabajadores, quienes construyeron espacios de articulación e impulsaron diversos hechos de protesta, similares a los que ya habían desarrollado entre 1997 y 2001.

Una nueva crisis salía a la luz en las calles del puerto de Mar del Plata. Los motivos y demandas de los trabajadores en pie de lucha no eran una novedad. Nuevamente la precarización laboral, la ausencia de garantías laborales en las cooperativas, el desempleo, la inestabilidad y la falta de materia prima para procesar impulsaban a los trabajadores a organizarse y llevar adelante medidas de fuerza. Sus malas condiciones de empleo se evidencian al observar parte clave de su pliego de reclamos: en 2007 solicitaban $980 de sueldo garantizado (por debajo, hasta en lo reclamado, de lo obtenido dos años antes en Patagonia; Nieto y Colombo, 2009: 187). Sumado a la flexibilización laboral, la falta de materia prima agudizaba los conflictos y hacía surgir las demandas obreras (Colombo, 2008b)

Las acciones colectivas de lucha llevadas adelante entre 1997 y el 2001 permitieron poner en agenda la precariedad laboral y la falta de garantías laborales. Coincidimos con Nieto (2009), en que los trabajadores cooperativizados fueron quienes encabezaron la creciente protesta social, exigiendo la registración laboral bajo el convenio 161/75^{^[29]}. Nogueira (2018b) evidencia que el descontento de los obreros cooperativizados no solo se dirigió hacia la patronal, sino también contra la dirigencia sindical, que se había mostrado mayormente inactiva, impotente y hasta cómplice con el ataque hacia las condiciones de contratación obrera.

Entonces, ¿qué motivaba el conflicto de 2007? ¿Cuáles eran las principales demandas que sostenían colectivamente los trabajadores? Como objetivo explícito del conflicto laboral se pretendía lograr la registración bajo el convenio del ‘75 de todos los trabajadores que se encontraban desempeñando sus tareas en pseudo-cooperativas^{^[30]} y/o que se encontraban trabajando en negro. El convenio colectivo de trabajo 161/75, que se implementó en 1975 para la rama del filet, es considerado por los trabajadores como una lucha ganada que estableció un conjunto de garantías laborales claves a nivel salario, aguinaldo, vacaciones, asignación familiar y garantía horaria, entre otros. Colombo y Nieto (2009) destacan que entre junio y diciembre de 2007 tuvieron lugar acciones colectivas de lucha, llevadas adelante principalmente por los trabajadores cooperativizados. Las principales acciones colectivas de lucha que se hicieron visibles en las calles del puerto de Mar del Plata fueron los piquetes que impedían el normal funcionamiento de ingreso al puerto y la toma del Ministerio de Trabajo de la nación.

En esta línea Colombo y Nieto sostienen que “después del primer piquete que duró 17 días y que bloqueó las vías de acceso por tierra al puerto de MDP, y que provocó en los diez primeros días pérdidas por 8 millones de dólares, la medida se levantó ante la firma de un acta que conformaba una comisión y con plazo máximo de 100 días trataría la efectividad de los empleados de las cooperativas” (Colombo y Nieto, 2009: 21). Las negociaciones se extendieron más de lo esperado, impulsando un nuevo proceso de lucha obrera.

Al igual que durante el año 2000 “las protestas con contenido de violencia material volvieron a ocupar un lugar dentro de los repertorios utilizados por los trabajadores en conflicto” (Nieto y Colombo, 2009: 190). También fue nuevamente ocupado el SOIP, por parte de un sector de los trabajadores disconformes con su postura. Ello se repitió, pese a que en esta ocasión la nueva conducción gremial (se había generado un cambio electoral en el año 2002), manifestó un mayor respaldo a las acciones de la capa más pauperizado de los trabajadores pesqueros.

La diferencia clave era que el SOIP no proponía incorporar a esos obreros al convenio 161/75, sino realizarle al mismo un “anexo”: el denominado “convenio PyMe”^{^[31]}. La mayoría del personal precarizado se opuso a esa resolución, aunque finalmente esa propuesta fue la que destrabó el conflicto. Esto provocó diversos balances, que hasta el presente atraviesan polémicamente la evaluación obrera de este ciclo de conflictividad (Schulze, 2014)

Nieto (2010) informa que la negociación del convenio PyMe luego del conflicto de 2007, implicó reconstruir las correlaciones de fuerza entre el sindicato y la cámara del sector en distintas dimensiones: proceso de trabajo, recursos organizacionales, horizonte político. El convenio se firmó en diciembre de 2007, gracias a la fuerza del reclamo de los trabajadores cooperativizados por su formalización o “blanqueo” definitivo. El blanqueo “parcial” logró efectivizar a 2.133 trabajadores, de los cuales el 83% lo hizo a través del convenio PyME y el 17% restante a través del antiguo convenio 161/75 (Peyrel y Sandoval, 2010).

El convenio PyMe, en tanto modalidad de contratación de la fuerza de trabajo, sigue reproduciendo formas precarizadas de contratación laboral, aunque es superadora de la anterior situación de informalidad creciente del sector. Asimismo, y como balance contradictorio del proceso, luego del conflicto de 2007 muchos trabajadores fueron despedidos a modo de represalia patronal. Se trataba de una amenaza a futuro, un ejemplo de los costos que podían generalizarse si se continuaba ese camino de lucha colectiva y auto organización obrera.

En Schulze (2014) se observa que el sistema de las cooperativas logró dividir a los trabajadores en dos grandes grupos: los “estables” –inscriptos dentro del convenio de 1975– y aquellos que podríamos denominar “inestables”: quienes han sido cooperativizados. Al mismo tiempo, pueden distinguirse a aquellos trabajadores que sostienen estrategias “radicalizadas”, de quienes encuentran estrategias más “moderadas” para impulsar sus reclamos. Esto provocó que las motivaciones de la lucha fueran diferentes para esos distintos grupos, dificultando la posibilidad de un común accionar.

En este sentido, pueden ponerse en relación las formas de lucha, las motivaciones que la orientan y las condiciones laborales a las que están expuestos los trabajadores. Quienes sostuvieron posturas moderadas entendieron que las demandas claves eran salariales, dejando de lado otras reivindicaciones laborales históricamente construidas. Se diferenciaron de quienes proponían estrategias más radicalizadas, reclamando recuperar su condición de trabajadores en relación de dependencia, tal cual lo estipula el convenio de 1975 (Schulze, 2014).

A partir de 2007 la registración en el SOIP creció significativamente, merced a la puesta en vigencia del convenio PyME. Sin embargo el conflicto del 2007 se extendió en el tiempo, dado que muchos trabajadores tuvieron que luchar en sus lugares de trabajo para ser genuinamente efectivizados (Nogueira, 2018a).

6. Líneas comparativas y algunas reflexiones finales

El trabajo nos muestra la necesidad de avanzar en investigaciones que aborden la actividad pesquera en clave comparativa entre la costa bonaerense y patagónica, polos claves de dicha industria en Argentina. A lo largo del mismo hemos desandado distintos aportes comparativos, rastreando coincidencias y diferencias entre los devenires de cada región, y de la actividad pesquera en general.

Vemos que desde inicios de los años ‘90 se observa el aumento en la explotación del recurso pesquero y de la fuerza de trabajo a nivel nacional y regional, situación que impacta en el mercado de trabajo. Como sintetiza el comunicado del STIA del 2005, esto llevó a un aumento de la productividad que elevó las ganancias de las grandes empresas de capital concentrado y actividades diversificadas. El crecimiento de la flota congeladora, el mayor papel del capital transnacional, y la caída de las pequeñas y medianas empresas, expresan características vinculadas a cómo se desarrolló el proceso general de imposición del capital financiero en una rama de la actividad económica.

La combinación entre la concentración de capital y el aumento del potencial extractivo de la flota, orientados por la lógica capitalista de buscar la maximización de su ganancia, llevó al colapso del recurso pesquero. A la escasez de la materia prima se sumó la precarización sufrida por esta fracción obrera, impuesta en el marco de las políticas de flexibilización laboral de los ‘90 y continuada en los años siguientes. La confluencia de estos dos procesos generó una dura caída en las condiciones de vida de todo el colectivo laboral: contra esa situación se articularon los grandes conflictos aquí analizados.

En Patagonia el proceso de precarización no fue tan significativo, y por ello las demandas se centraron en el aumento salarial, aunque también fue relevante el reclamo de garantía salarial para los momentos en que no se procesaba pescado fresco. En Mar del Plata las condiciones laborales habían sufrido un gran deterioro, generando que la mayoría del personal ocupado en tierra desempeñase sus labores sin las mínimas condiciones de estabilidad y seguridad. El reclamo central fue conseguir un mejor estándar de empleo, conquistando el convenio Pyme para los precarizados, al tiempo que se sostenía el de 1975 para los empleados bajo criterios formales.

En Chubut se observa menor presencia de hechos con carácter violento, método de confrontación relativamente recurrente en Mar del Plata. Esta diferencia puede explicarse por la mayor exclusión de los canales institucionales de reclamo que sufría una parte relevante del colectivo pesquero en esa ciudad-puerto: esos trabajadores precarizados, que ni siquiera eran reconocidos como parte del sindicato, carecían de mecanismos formales para presentar sus demandas. El conflicto en Patagonia, en cambio, evidenció un permanente proceso de canalización institucional. De hecho las distintas posturas que fue tomando el gobierno provincial incidieron, de manera clave, en sus etapas de auge y declinación

Los dos conflictos son parte de las luchas obreras contra el legado neoliberal, que jalonaron los años posteriores al hito de diciembre del 2001 (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2003; Bonnet, 2015). En estos hechos las tradicionales alianzas con los empresarios fueron dejadas atrás, y se construyó un programa propio de cada fracción obrera regional, aunque limitado al nivel de conciencia como vendedores de fuerza de trabajo y a sus respectivos territorios sociales. En el proceso de lucha esos límites podían ser superados: de hecho la dinámica de enfrentamiento llevó a que esos conflictos, por momentos, trascendiesen el carácter corporativo-profesional.

Consideramos que es posible observar una estrategia^{^[32]} mayoritaria entre estos obreros durante la mayoría de sus luchas: la misma expresó sus intereses en tanto asalariados de la actividad pesquera en la región noreste del Chubut y/o en la ciudad-puerto de Mar del Plata. Ese programa deriva hacia la conformación de alianzas con “sus” respectivos empresarios, con distinto carácter en Mar del Plata y Patagonia^{^[33]}. Estas alianzas funcionaron en la lógica de defender la ciudad (o la región) en tanto “corporación económica”.

Al mismo tiempo se fue perfilando otra estrategia, que fue parte central del impulso a la huelga del 2005 en Chubut y la del 2007 en Mar del Plata. La definimos como un reformismo obrero, en oposición al reformismo burgués^{^[34]}: ella propugna quebrar las alianzas con el empresariado y postular un pliego que haga eje en los problemas de la clase. Su mayor presencia se observó entre las capas más pauperizadas del colectivo pesquero de ambas regiones. Esta estrategia se hizo observable en los momentos de auge de cada conflicto, pero no logró hegemonizar el movimiento: promovió ir más allá de lo corporativo-profesional, pero no tuvo la fuerza para cimentar un programa alternativo que pudiese resolver el conflicto.

Los dos hechos se desarrollaron en las regiones pesqueras claves del país, de manera diferenciada y sin articulaciones relevantes entre sí. Si bien existieron algunos lazos, el colectivo laboral pesquero desarrolló sus luchas de manera fragmentada a nivel regional, dando escasos combates en clave nacional.

Esto favoreció a la parte patronal, que en el caso de su sector de capital más concentrado cuenta con inversiones en las distintas regiones del litoral atlántico argentino, práctica que le permite extender un conflicto sin que ello le implique costos irreparables. En cambio el colectivo laboral pesquero no ha construido un pliego de demandas en clave nacional. Durante los conflictos relevados hemos registrado que no hubo intención (ni formulación de iniciativas en ese sentido) de que las demandas fuesen tomadas por la fracción obrera de la “otra” región. La división en diferentes sindicatos propicia la dificultad para generar procesos de lucha o pliegos de reclamos de carácter nacional, que afecten a todas las regiones pesqueras del atlántico argentino.

Nuestra hipótesis, que en este artículo comenzamos a fundamentar, es que las patronales más poderosas de la rama buscaron imponer diferentes condiciones laborales en Patagonia y provincia de Buenos Aires. Para ello impulsaron (como mecanismo para coadyuvar a dicha intención) la formación de sindicatos que tomasen un carácter “regional” o local. Así los grandes grupos empresarios, que concentraron las etapas de extracción, procesado y comercialización, fragmentaron su mercado de trabajo por cuenta doble: por un lado vía precarización e informalización de su personal (formación de cooperativas fraudulentas, empleo en negro, etc.) y por otro mediante la relocalización de parte de sus actividades.

Siguiendo una tendencia general del capitalismo en esta etapa (Griguera, 2011), el grupo más concentrado de la industria deslocalizó sus inversiones, aprovechando el programa de incentivos y subsidios que brindó la última dictadura militar y que se mantuvo durante los siguientes años. Estas empresas integraron vertical y horizontalmente las diferentes fases de la producción pesquera, expandiendo sus inversiones hacia la Patagonia y promoviendo en sus discursos el aparente enfrentamiento entre regiones.

Se construyó un sentido común en la actividad que identificaba al empleo precarizado únicamente con la dinámica del mercado de trabajo en Mar del Plata (ya vimos que esto no era así), y afirmaba que los barcos fresqueros se concentraban en Buenos Aires y los congeladores en Patagonia. Datos registrados por Mateo, Nieto y Colombo (2010: 20), muestran que en Mar del Plata la relación entre fresqueros y congeladores era de 70% y 30%, mientras en los puertos patagónicos el 14% de la flota era fresquera. La supuesta absoluta dicotomía regional aparece más como un discurso patronal que propicia la fragmentación del mercado de trabajo, que como una realidad fáctica.

La división regional debilita al colectivo laboral y fortalece a las grandes empresas. Los trabajadores en varios casos se han plegado al discurso promovido por las patronales con intereses en cada región (o en ambas), y en ese marco sólo parecía viable sostener sus fuentes de empleo estableciendo alianzas con sus respectivos empresarios para disputar mayores cupos de captura. Esto generó que los obreros profundizasen su división regional y posterguen sus reclamos específicos en función de las demandas para “sostener la actividad”. Sólo cuando rompieron la identificación con el discurso regionalista, y encabezaron luchas por sus demandas en tanto fracción de clase proletaria, obtuvieron algunas mejoras en sus condiciones de vida.

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Recibido: 30 de agosto de 2019

Aceptado: 15 de octubre de 2019

Versión Final: 26 de noviembre de 2019

[1] Agradecemos las elaboradas devoluciones de los árbitros anónimos, cuyos aportes y críticas nos han permitido construir una mejor elaboración del trabajo.

[2] Donde la fuerza de trabajo de las empresas pesqueras proviene, en muchos casos, de antiguas/os trabajadoras/es artesanales, que realizaban procesamiento pesquero en sus hogares (Mateo, 2015; Nieto, 2018). En este caso coincidimos con una de las evaluaciones de este artículo, que nos advirtió cómo en este caso la burguesía pesquera reclutó trabajadores que ya desempeñaban tareas similares, insertándolos ahora en el ámbito de la industria capitalista.

[3] En este caso la instalación de la industria pesquera, que tuvo su auge desde 1980 (Ibarra, 1997; Laveglia, 2004), requirió la conformación de un colectivo obrero pesquero en una región que hasta allí no desarrollaba esta actividad de manera significativa. Por ello, y de manera similar a cómo conformaron “sus” fracciones obreras otros sectores industriales que se instalaron en la región (ver el caso de textiles y metalúrgicos en Pérez Álvarez, 2015a y Pérez Álvarez, 2019), se reclutó fuerza de trabajo vía fomento a la inmigración, ya fuera de otras provincias o de los vecinos países de Chile (Gatica, 2013; Pérez Álvarez, 2015b) y Bolivia (Hughes, Owen y Sassone, 2007).

[4] Entendemos a un territorio social como el entramado de relaciones sociales que, a través de generaciones, la sociedad va creando, destruyendo y reproduciendo.

[5] A las comunes condiciones insalubres en las plantas pesqueras (frío, humedad, falta de equipamiento adecuado, riesgos de cortes en la actividad de fileteo; ver Ruocco, 2008; Colombo, 2014), se suman para las mujeres el acoso laboral y la constante violencia sexual (Nieto, 2018) y el empeoramiento de esas condiciones, debido a que ocupan los puestos más descalificados dentro de las plantas (Pérez Álvarez, 2018; sufriendo, además, la obligación de trabajar con cajones con peso superior a su fuerza física). En las entrevistas esta situación se registra permanentemente.

[6] De menor impacto nacional, pero con relevante presencia regional, también se analiza aquí el puerto de Rawson.

[7] Desembarques de capturas marítimas totales. Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Argentina. Ministerio de Agroindustria de la Nación. https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/desembarques/ (Último acceso 24/02/2019).

[8] Inés Izaguirre señala que es central observar las luchas al interior de cada clase. Pensar la clase desde sus fracciones y capas, y hacer observables sus enfrentamientos internos, complejiza el concepto de clase social: “Del mismo modo que ocurre con el manejo vulgar de la noción de lucha de clases, a la que el sentido común ilustrado tiende a reducir a un enfrentamiento entre clases dominantes y clases subordinadas, omitiendo el enfrentamiento interburgués, y en general el que se da entre fracciones de una misma clase, el análisis de los conflictos obreros tiende a no hacer observable la lucha entre fracciones obreras…”. Sostiene que esta limitación hace a una problemática aún mayor, relacionada “…con el uso ideológico ya mencionado de los conceptos teóricos relativos al proceso de la lucha de clases, que lo simplifica como proceso social independizándolo de las formas concretas en las que se desarrolla” (Izaguirre, 1994).

[9] Hemos optado, a fines de no hacer más compleja la redacción y la lectura del texto, por utilizar un incorrecto genérico masculino para un sector que cuenta con una relevante proporción de personal femenino. Pensamos en utilizar el genérico femenino para referirnos al personal en tierra, y el genérico masculino para las otras fracciones obreras del colectivo pesquero. Sin embargo la ausencia de relevamientos sistemáticos del mercado de trabajo, que demuestren de modo fehaciente los porcentuales de empleo femenino y masculino en cada sector, nos llevó a desistir de dicha idea, por considerarla no clarificadora. La consecución de nuevos avances de investigación nos permitirá afinar la manera de nominar al colectivo laboral.

[10] Convocados por el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), se sumaron el STIA, SICONARA (Sindicato de Conductores Navales), SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales), el Centro de Patrones Fluviales y la Asociación de Patrones y Capitanes de Pesca. No se integraron el SOIP (que ya había perdido su peso en Patagonia), el SUPPIA (Sindicato Unido Pescadores Patagónicos e Industrias Afines, también para esta etapa desplazado por el STIA) y el SUPA (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos).

[11] El petitorio planteaba: 1) Solidaridad con los compañeros de la pesca de Mar del Plata (donde los obreros pesqueros atravesaban por entonces importantes conflictos, por la misma situación de la veda biológica; ver Nieto, 2010). 2) Aplicación del decreto 710/97 (que derogaba las normas que categorizaban a los trabajadores marítimos remunerados "a la parte" como autónomos; sobre este método, ver Mateo, 2004, p. 322-323). 3) Fijar precio de la merluza y las especies patagónicas. 4) Aplicación del artículo 40 de la Ley Federal de Pesca (que definía cupos de personal argentino en los buques). 5) Delimitación de zonas de pesca exclusiva para cada tipo de flota. 6) Permitir la continuidad del uso de artes de pesca vedadas por las nuevas normativas (mallas de 100 milímetros, por ejemplo). 8) Fijar valor de las especies no comerciales traídas al puerto. 9) Incentivar el desarrollo del sector pesquero patagónico, dinamizando la promoción industrial. 10) Mantener las plantas de procesamiento en tierra, dando cumplimiento a la Ley Provincial de Pesca. 11) Incentivar el funcionamiento del régimen de reembolsos por exportación de puerto patagónico, como instrumento para el desarrollo regional. 12) Asegurar a los trabajadores desocupados o suspendidos un salario de desempleo o una garantía salarial. (Jornada, 7/1/1997, p. 2-3)

[12] Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, agrupa a las principales empresas con buques congeladores.

[13] Realizada el 27 de febrero. Si bien el puerto de Rawson tiene menos peso económico que el de Madryn, al tratarse de la capital de Chubut las protestas impactan directamente en el poder político. Por ello tienden a lograr respuestas más rápidas del gobierno provincial.

[14] “Esta modalidad de tercerización, que se enmarca en una aparente legalidad, representa uno de los aspectos más extremos de la precarización laboral, disfrazando al trabajador de ‘asociado’ y al testaferro del empresario en presidente de la ‘cooperativa’. De esta forma el ‘asociado’ carece de todos los beneficios cristalizados en la legislación laboral y los convenios colectivos, no cuenta con aportes previsionales, estabilidad laboral, beneficios asistenciales, protección ante accidentes, enfermedades y, en general, percibe un salario por debajo del establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo” (Mateo, Nieto y Colombo, 2010: 38).

[15] El autor evidencia cómo las quiebras fueron parte del proceso de reestructuración capitalista en la rama, impulsando una mayor concentración de capital: “tras un proceso de quiebras de empresas y reestructuración, produjo un cambio en el perfil del empresariado pesquero, que sin ser absoluto, consolidó como sector hegemónico a grupos empresarios integrados que, vía asociaciones con firmas extranjeras, accedieron a la compra de tecnología y, al mismo tiempo, incrementaron la integración vertical y horizontal de su intervención en el proceso productivo. Ello no implicó la muerte de un empresariado de carácter más “tradicional”, pero si su relegación hacia una posición subordinada.” (Colombo, 2014: 21). La recurrencia a las quiebras fraudulentas fue evidenciada por un tradicional empresario de la rama, Francisco “Paco” Ventura (“Si hubiera sabido que esto era quebrar, hubiese quebrado antes”), y por el dirigente del SOIP, Abdul Saravia (quien denunciaba la existencia de “una industria de la quiebra”); (Colombo, 2014: 53). También así lo describe Nogueira: “…la reforma en la ley de Quiebras de 1995 otorgó un marco legal que facilitó a los empresarios la consecución de despidos masivos sin indemnizaciones, con el justificativo de una crisis o desfinanciamiento de la firma en proceso de quiebra” (2018b: 134).

[16] Las instalaciones que continuaron funcionando se re-estructuraron para procesar el langostino fresco, generando menor demanda de mano de obra, en especial la especializada (desplazando a los fileteros). Las plantas de procesamiento de Mar del Plata no lograron generar condiciones para procesar langostino fresco, ya que esta especie no llega en buen estado desde los puertos patagónicos. Por su parte las plantas de Patagonia crecieron en su capacidad instalada. A raíz de esta situación empresarios de Mar del Plata, propietarios de buques fresqueros, abastecen algunas plantas de Chubut. Un ejemplo lo constituye la firma Solimeno S.A.: de los 18 buques que poseía en 2018, nueve trasladaron su esfuerzo a la captura de langostino. Por ello cayeron en des-uso sus plantas procesadoras en Mar del Plata; ante esa situación la firma decidió diversificarse y comenzar con la producción de pre-cocidos a base de pollo en al menos una de sus plantas (observación de la Lic. María Soledad Schulze, realizada en visita a dicha planta, ubicada en Ortiz de Zarate 3056 de Mar del Plata, durante el año 2019). Las descargas de langostino fresco de esta firma se procesan en plantas de Chubut, bajo asociaciones que aún desconocemos.

[17] Utilizando una forma de lucha que afectaba otra actividad económica clave para Madryn: el turismo.

[18] Comunicado de la asamblea de delegados del STIA (Jornada, 17/3/2005, p. 18). Durante este importante conflicto el diario Jornada fue vocero de las posiciones gubernamentales, apoyando en principio el reclamo sindical. Estaba vinculado al gobierno provincial desde su adquisición, en el 2004, por parte del empresario Jorge Aidar Bestene, apoderado del Partido Justicialista de Chubut. El Diario de Madryn era propiedad del presidente de la CAPIP, Mario Ordiales.

[19] El gobernador, Mario Das Neves, sostuvo “En el sector de la pesca tienen que haber mejoras salariales”; el subsecretario de trabajo, Jerónimo García, reclamaba al empresariado estar “a la altura de las circunstancias” (Jornada, 18/3/2005, p. 4 y 17).

[20] Jornada, 19/4/2005, p.16. En la misma página Nuñez declaraba “Ordiales no sabe o no entiende lo que significado esta palabra en la Argentina”. De origen español, era el propietario de Harengus, destacada por Pradas (2006, p. 53) como la primera empresa que operó como “pulpo integrado”, teniendo fresqueros y congeladores, diversas artes de pesca, plantas en Madryn y Puerto San Julián, 5 barcos propios y otros 11 en joint ventures. Además de poseer, como decíamos, su propio medio de prensa.

[21] Sostiene Gramsci, a continuación del fragmento previamente citado, que “Ya en este momento se plantea la cuestión del Estado, pero sólo en el terreno de lograr una igualdad política-jurídica con los grupos dominantes, ya que se reivindica el derecho a participar en la legislación y en la administración y hasta de modificarla, de reformarla, pero en los marcos fundamentales existentes” (1975: 69-70).

[22] Declaraciones del ministro de gobierno Norberto Yahuar (Jornada, 20/5/2005, p. 16).

[23] Ver https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2005/05/15/mes-huelga-estrangula-empresas-gallegas-argentina/0003_3730510.htm, recuperado 26/4/2020.

[24] El peso del desgaste fue evidente según el Diario “El Chubut”: “Ayer no hicieron falta votaciones secretas: el cansancio, el hambre y la impotencia de la gente volcaron la balanza en favor de lograr un acuerdo y volver al trabajo. La inquietud por volver a las plantas se oía hace más de una semana, pero muy por lo bajo, de manera solapada eran los propios trabajadores quienes reconocían que la situación no daba para más.” (21/5/2005, p.5).

[25] “El descenso en las capturas de esta especie afectó a ambos tipos de flota, sin embargo, el impacto más fuerte lo sufrió la flota congeladora, pues fue obligada a pescar debajo del paralelo 48° donde los volúmenes de merluza existentes son menores, repercutiendo de esta forma en los niveles de captura. Por consiguiente, el resultado concreto fue que se pasó de las 316.000 tns. declaradas de merluza del año 1997 a las 29.000 del año 2000, reduciéndose de esta forma en 287.000 tns” (Mateo, Nieto y Colombo, 2010: 19).

[26] “…mientras en la Patagonia el personal cooperativizado representaba el 18% (749) del total de operarios (4.153), en Mar del Plata alcanzaba el 42% (3.303 sobre 7.932 operarios)” (Mateo, Nieto y Colombo, 2010: 41).

[27] En https://www.ambito.com/secciones-especiales/prioridad-del-sector-recuperar-la-industria-n3338099, publicado el 31/8/2005. Allí también Ordiales señalaba que la huelga había generado la quiebra de pesqueras pequeñas y medianas, debido a los excesivos gastos salariales que ahora debían afrontar. Y postulaba aprovechar el conflicto en Mar del Plata para recuperar el acuerdo regional en Patagonia y que “entre todos podemos hacer un Chubut pesquero que vuelva a tomar el liderazgo, como en algún momento lo tuvo. Volver a ser la capital de la pesca industrial de la Argentina”.

[28] Sindicato Marítimo de Pescadores, agrupamiento sindical conformado en Mar del Plata producto de una fractura con el SOMU.

[29] Convenio que regulaba las condiciones de trabajo de la rama pesquera en tierra para los trabajadores en blanco, firmado en 1975. Señalan Nieto y Colombo que “…en términos de reclamos, observamos que la protesta de los obreros de las cooperativas manifiesta como reclamo principal la registración laboral con el convenio de trabajo 161/75. El tipo de consigna tiene una interpretación compleja. Por una parte, claramente se observa que la principal reivindicación apunta a volver a las condiciones de existencia que mantenían los trabajadores en el año 1975. Sin embargo, en el contexto de funcionamiento de las cooperativas, esta consigna parece dotada de “radicalidad” y se constituye en la bandera principal del activismo. Con todo, vemos que los trabajadores luchan por “seguir siendo explotados”, pero bajo las condiciones legales que el régimen estableció en 1975, sin aparecer la posibilidad de trascender el orden social” (2009: 193).

[30] Diversas investigaciones coinciden en que las que las pseudo-cooperativas son las figuras que surgen en el marco de las búsquedas de salidas empresariales a la caída de la tasa de ganancia producida durante la crisis de mediados de los setenta. Estas salidas se relacionan con la posibilidad de romper el control que sobre el mercado de trabajo ejercían los trabajadores, segmentándolo para reestructurar el proceso de trabajo. De esta forma, la empresa mantiene el planeamiento productivo, dejando a la cooperativa la ejecución de la tarea de subcontratación (Gennero de Rearte y otros, 1997; Colombo, Nieto y Mateo, 2010).

[31] Son diversas las figuras a través de las cuales los trabajadores de la industria pesquera se insertan en los puestos de trabajo. Algunas de ellas son: en relación de dependencia bajo el convenio 161/75, bajo el convenio PyME, bajo cooperativas fraudulentas, trabajo directamente en negro, changas, entre otras. Según sea la forma de contratación se ponen en juego diferentes gradientes de precariedad laboral. El convenio PyMe ofrece garantías laborales, aunque no alcanza las obtenidas con el convenio 161/75; por eso, para algunos trabajadores, ese acuerdo consolidó la fragmentación laboral en la actividad pesquera.

[32] Pensamos que es posible observar en el conjunto de los enfrentamientos que se van desarrollando entre las clases sociales, distintos objetivos entre los sujetos que participan en estos hechos. La demarcación de las formas de acción, de los niveles de conciencia que expresan, de los niveles de organización, de la relación entre lo consciente y lo espontáneo y entre lo institucional y la acción por fuera de lo institucional, nos posibilita encontrar un sentido general del proceso. A ese sentido lo denominamos “estrategia” (Iñigo Carrera 2000). Es cierto que en todo proceso hay más de una estrategia y variables dentro de la estrategia general; lo que buscamos mostrar es que se puede encontrar, entre esas tendencias parciales, una tendencia que explica lo central del proceso.

[33] Aunque también hay diferencias entre Rawson y Madryn: en el primer caso el acuerdo es con los empresarios fresqueros y en el segundo con los congeladores.

[34] Retomamos aquí la conceptualización que realizan Balvé, Beba y Balvé, Beatriz Acerca de los movimientos sociales y la lucha de clases, Cuadernos de CICSO Serie Análisis/Teoría Nº 14, Bs. As. 1991: “La distinción del momento en que los sindicatos expresan al conjunto social más vasto al momento en que sólo expresan los intereses de su sector, refiere a las condiciones en que se manifiesta y hace efectiva la estrategia proletaria, ya sea que predomine el reformismo obrero, que toma a toda la clase como corporación o el reformismo burgués que representa sólo a esa fracción homogénea de intereses de tipo profesional.”