Introducción
Argentina, 19 de marzo de 2020. Ante la declaración de la
pandemia a nivel mundial ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (causante de la
enfermedad por COVID-19), el gobierno nacional decreta un confinamiento total de la población en
todo el territorio del Estado, denominado Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio (ASPO), del que quedan exceptuadas las actividades económicas
consideradas imprescindibles para el desenvolvimiento de la vida del país. Se
declaran “esenciales” las labores relacionadas a la gestión de la salud, la
producción y comercialización de alimentos, las telecomunicaciones, los
servicios básicos y las fuerzas de seguridad, entre otras. Una de ellas, es la
minería[1]
(OCMAL, 2020).
La designación de la actividad minera –entre otras
vinculadas al extractivismo– como indispensable en un contexto de gran
restricción a la producción y circulación como el referido, lleva a reflexionar
sobre las prioridades que un Estado determina en su política de gobierno. ¿Qué
se prioriza, qué se posterga, qué se incentiva? Como veremos a continuación,
esto no representa un hecho aislado. La Argentina, junto con los países de la
región, ha optado por asumir la lógica extractivista y de reprimarización
económica como matriz hegemónica, y esta opción tiene enormes implicancias,
tanto para los grandes actores económicos a nivel nacional y transnacional,
como para los –en apariencia– fragmentados y débiles sectores sociales que se
ubican en el otro extremo de la ecuación: los individuos que habitan las
ciudades y pueblos de la Argentina profunda y alejada de los grandes centros
urbanos, los pequeños productores agropecuarios, los pueblos indígenas y campesinos, etc.
En este trabajo me interesa vincular esta lógica económica
que llamamos “extractivismo”, y una de sus expresiones más controvertidas, como
es la minería a gran escala, con la reacción que genera: las resistencias
territoriales de las asambleas ciudadanas autoconvocadas, las comunidades y
pueblos que resisten, las organizaciones que se forman al calor de la disputa.
El recorrido propone una mirada retrospectiva que apunta a destacar las
continuidades y articulaciones de la organización social que toma la forma de
movimiento ambiental[2] en
el país, mostrando, a su vez, el marco de acción que generan las políticas
nacionales y provinciales que sostienen y promueven la actividad minera. Para
ello me valdré del análisis de fuentes secundarias (material periodístico y
documentos estadísticos) así como de los numerosos estudios científicos que se
han realizado sobre el tema. También debo mencionar mis propios trabajos de
campo realizados en el marco de investigaciones anteriores en los departamentos
de Famatina y Chilecito (La Rioja) y Loncopué (Neuquén), así como los
materiales resultantes de observaciones participantes y entrevistas realizadas
en el marco de varios encuentros de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC)
en las provincias de Catamarca, San Juan y Jujuy.
De este modo, en el primer apartado se
repondrá el debate sobre el extractivismo y sus implicancias, enmarcando y
densificando conceptualmente la propuesta de análisis. A continuación se
desarrollarán los puntos centrales de la forma en que esta lógica se
materializa en la minería a gran escala, en términos políticos y jurídicos,
tanto a nivel nacional como en algunos casos provinciales emblemáticos.
Seguidamente focalizaré en el escenario de las resistencias, reconstruyendo
algunas de las luchas más significativas y destacando sus conexiones recíprocas
y fortalezas. Para finalizar, se propondrán algunas reflexiones sobre el
contexto de los últimos años y la proyección del conflicto en los tiempos que
se vienen.
La
lógica extractiva como matriz de pensamiento hegemónico
La megaminería se inscribe en el marco
de un modelo económico que podemos caracterizar como extractivismo, en sentido
general, o neo-extractivismo, si precisamos más la terminología. El primero
corresponde a un modelo de acumulación, que de acuerdo a algunos autores, tiene
su origen hace más de 500 años, con la conquista del continente americano por
parte de las metrópolis europeas, y el resultante flujo de intercambio
inequitativo entre ambos territorios
(Svampa, 2019; Gudynas, 2009; Acosta, 2016). A lo largo de la historia
esta lógica persistió y según el caso se fue especializando o diversificando.
En la actualidad, esta matriz económica supone la existencia de países con
economías basadas en gran medida en la extracción y/o producción de materias
primas indiferenciadas –llamadas commodities–
orientadas a la exportación, y países importadores de cuantiosos volúmenes de
las mismas para diversos fines. Al
fenómeno económico y político que atraviesa las sociedades entre fines del
siglo XX y principios del XXI se le suele asignar la adjetivación de
“neo-extractivismo”, con el fin de destacar una forma extractiva más profunda,
penetrante y abarcativa, que se mantiene tanto bajo gobiernos de corte
neoliberal como en aquellos que suelen calificarse de progresistas (Svampa,
2019).
El modelo
neoextractivista se caracteriza por la profundización de una dinámica de
desposesión territorial y de recursos naturales (bienes comunes) que implica un
aumento de la dependencia económica de los países implicados en un creciente
proceso de reprimarización de la economía (Svampa, 2012; Giarracca y Teubal,
2013), lo cual afecta profundamente a poblaciones históricamente desposeídas y
postergadas –campesinos, indígenas, pobladores de zonas marginales de las
economías nacionales, entre otros–. Siguiendo estas definiciones, se entiende
por neoextractivismo al conjunto de actividades económicas que van desde la
explotación de hidrocarburos y la megaminería, hasta el agronegocio, los
biocombustibles o los monocultivos forestales, que se caracterizan por la
lógica particular a través de la cual se extraen de forma intensiva los
recursos naturales. A partir de una creciente sobreexplotación y constante
expansión de las actividades en territorios muchas veces considerados
improductivos en etapas anteriores, esta lógica se define por: a) la gran
escala que adquieren las actividades; b) el destino de exportación que
presentan; c) la incorporación de tecnologías de avanzada; d) el alto consumo
de recursos no reproducibles (agua, tierra fértil, biodiversidad, etc.); e)
el involucramiento de grandes empresas trasnacionales; f) la generación de
deseconomías externas y grandes rentabilidades para las corporaciones; g) la ocupación intensiva del territorio
en lógicas de enclave, con el consecuente desplazamiento de las poblaciones
locales; y h) la transformación de las empresas extractivas en un actor social
total (Giarracca y Teubal, 2013; Svampa, 2012 y 2015; Gudynas 2009), que son
algunas de sus características destacadas.
En las
últimas décadas, el modelo económico neoextractivo fue adoptado, con diferentes
matices y en contextos político-ideológicos diversos, en toda América Latina.
El marco de implementación fue certeramente caracterizado por Svampa (2012)
como etapa del Consenso de los Commodities,
que aludiendo terminológicamente al anterior ciclo económico en la región, el
Consenso de Washington, se refiere un período de crecimiento económico basado
en la exportación de bienes primarios, en una coyuntura de precios
internacionales favorables y con una demanda en constante crecimiento.
En un
trabajo reciente Svampa ha señalado que
la díada Consenso de Washington – Consenso de los Commodities permite entender
también el carácter sumamente adaptativo de la región latinoamericana “…respecto de los diferentes ciclos de acumulación, y por ende la
aceptación del lugar que esta ocupa en la división global del trabajo…” (2019: 28). Aún en el marco de
gobiernos que postulan retóricas nacionalistas y aplican políticas
redistributivas, la opción por la fórmula neoextractivista es insoslayable.
Como señalan Machado Aráoz (2016) y Acosta (2016), los llamados gobiernos
progresistas –es el caso de las experiencias de Evo Morales en Bolivia o de
Rafael Correa en Ecuador[3] – han
sido fuertes impulsores del extractivismo en la región. Como veremos más
adelante, en particular para el caso argentino, el cambio de signo político en
la elección presidencial de octubre de 2019[4] no
significó, en lo absoluto, un cambio en la implementación de la matriz
económica extractiva.
Detrás del modelo económico descripto
es posible encontrar una concepción de la naturaleza que podemos caracterizar
como antropocéntrica (Gudynas, 2015), basada en la exclusiva valorización de
los seres humanos como sujetos de derecho, y bajo la lógica de una concepción
del entorno natural –vivo o no vivo– fundamentalmente utilitarista. Y en el
caso específico de América Latina, esta concepción antropocéntrica es
atravesada por la matriz colonial que le otorga un lugar subordinado producto
de una “…jerarquización fundacional del espacio geográfico moderno, basada en
la discriminación entre una zona de sacrificio/aprovisionamiento y un centro de
destino/acumulación” (Machado Aráoz, 2015: 21). Esta relación con la
naturaleza, doblemente adjetivada como antropocéntrica y colonial, se refleja
en la posición que ocupa la región latinoamericana en el moderno sistema-mundo
(Wallersterin, 2007) y forma parte de la lógica de funcionamiento del propio
sistema capitalista.
En este sentido, la noción de “frontera
de las mercancías” propuesta por Moore (2013) explica la lógica de la
explotación capitalista sobre los territorios del mundo periférico,
considerando que el capitalismo tiene por dinámica inmanente la apropiación de
recursos para lograr una expansión ilimitada. Estos recursos, según esta
noción, provienen de los territorios antes inexplotados y, muy comúnmente,
sitos en regiones con escasa o menor mercantilización de las relaciones de
intercambio en relación a las grandes urbes o a los países centrales del mundo
global. La propia dinámica capitalista/extractivista requiere de una expansión
de las fronteras de explotación de recursos, que posee a su vez un carácter
colonial: la constante capitalización de las economías centrales tiene como
contrapartida la creciente apropiación de nuevas “zonas de sacrificio” (Svampa
y Viale, 2014) en las economías periféricas.
En
Argentina el modelo extractivo se materializa en varias actividades
arquetípicas. Desde la megaminería y el agronegocio –que representa al sector
económico con orientación exportadora de mayor presencia y dinamismo[5]– a la
explotación de hidrocarburos a partir de los métodos de fractura hidráulica (fracking), incluyendo la explotación
forestal para el procesamiento de pasta de celulosa, los biocombustibles, entre
otros. La lógica de producción/extracción, como se mencionó anteriormente, es
lo que determina el carácter extractivo de las actividades que forman parte de
un paradigma hegemónico en América Latina, y que han venido resistiendo los
cambios de matriz político-ideológica de los gobiernos que se han sucedido en
la región. La minería a gran escala, también llamada megaminería o minería a
cielo abierto (open pit) es quizás,
sobre todo para el caso argentino, la actividad que más controversia ha despertado
entre las mencionadas formas de extractivismo, habida cuenta de varios factores
convergentes: la magra tradición minera del país (sobre todo en comparación con
las experiencias de las vecinos Chile, Bolivia o Perú, por nombrar algunos
casos notables); el escaso “retorno” que proporciona la actividades en términos
económicos y su baja incidencia en la generación de empleo; su comportamiento
“de enclave”; la competencia que representa para otras actividades económicas
que son incompatibles con ella; y el elocuente impacto ambiental que produce
para las poblaciones y territorios aledaños. En el siguiente apartado se
expondrán algunos datos sobre la actividad.
Extractivismo
minero en Argentina. Escenarios nacionales, actores provinciales
En la Argentina la actividad minera ha
existido desde los tiempos de la colonia, con diversos alcances y proyecciones,
aunque en ningún caso puede considerarse que se haya constituido en un sector
central en la economía del país. Como señala Wagner (2016), el primer Código de
Minería data de fines del siglo XIX, y aunque fue sufriendo múltiples
modificaciones a lo largo del siguiente siglo, no fue sino hasta la década de
1990 cuando se dieron las transformaciones legislativas que implicaron una
modificación substancial del marco regulatorio de la actividad, y la
posibilidad de un cambio de paradigma en explotación minera en el país: la
minería a gran escala o megaminería, generalmente bajo la forma de explotación
“a cielo abierto”[6].
La política de ajuste, privatización y
desregulación del gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999)
trajo aparejada una serie de profundas modificaciones en la regulación de la
actividad[7].
Las leyes sancionadas por aquellos años preveían grandes incentivos a la
inversión extranjera en el sector, basados en medidas tales como la exención
del pago de impuestos, la estabilidad fiscal, el pago de mínimos cánones de
exportación y la laxitud en los estándares de protección ambiental, entre otras
(Svampa et al., 2009a; Machado Aráoz, 2011; Wagner, 2016). El cambio de los
marcos regulatorios de forma tan favorable a la inversión de capitales
desencadenó un crecimiento exponencial de los proyectos orientados al sector.
En este sentido Prado (2005) señala que entre 1992 y 2002 –los años de puesta
en marcha del nuevo paradigma de extracción minera– la inversión extranjera
directa (IED) en el sector minero argentino se incrementó casi ocho veces.
Asimismo Svampa et al. (2009a) afirman que al momento de publicación de su
artículo los emprendimiento mineros se habían acrecentado en un 740% respecto
de 2003, llegando a unos 336, según datos oficiales[8].
Precisamente a partir del año 2003 se
produce un cambio de gobierno a nivel nacional que intentará revertir la brutal
crisis socioeconómica y el quiebre del Estado, herencia de la década
neoliberal, apostando por una política redistributiva y de importante contenido
social. La llegada de Néstor Kirchner a la presidencia (2003-2007) implicó un
acentuado giro en el rumbo político y económico, pero no significó una
alteración de las bases y fundamentos sobre las que se pretendía construir la
nueva etapa de la economía argentina. Por el contrario, las actividades extractivas,
como es el caso de la minería, se afianzaron y expandieron en los siguientes
años. Así lo expresa el lanzamiento del Plan Minero Nacional en 2004, que
confirma la intención de afianzar al sector declarándolo “Política de Estado”.
En los años previos a la llegada del
kirchnerismo al poder se instalaron los primeros emprendimientos mineros de
gran envergadura en el país –Bajo la Alumbrera (inicia en 1997 en Catamarca,
extracción de oro y cobre); el Salar del Hombre Muerto (1997, Catamarca,
extracción de litio) y Cerro Vanguardia (1998, Santa Cruz, extracción de oro)–
y se constituye un creciente lobby
minero que promociona hacia el mundo las ventajas comparativas del país y las
enormes perspectivas que se ofrecen para el sector. La temprana creación de la Cámara
Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)[9] en
1991 expresa esa apuesta, cuyo “éxito” queda demostrado en el incremento
exponencial de la IED del sector[10].
Dada la descentralización de la gestión
de los recursos naturales en favor de las jurisdicciones provinciales que
consagra la Constitución Nacional de 1994, será en el devenir de la minería en
los distintos territorios de las “provincias mineras” que podremos visualizar
el entramado político que posibilita la actividad, su inserción en la economía
local y las consecuencias sociales, económicas y ambientales que genera. En
este sentido es notable el contraste entre aquellas jurisdicciones en las que
la actividad minera se ha instalado y posee emprendimientos en explotación, y
aquellos donde por diversas razones esos proyectos se encuentran suspendidos o
abandonados. Tomaremos como casos testigos de territorios con emprendimientos
mineros avanzados a las provincias de San Juan, Catamarca y Jujuy, que no son
las únicas, pero que por razones que en breve mencionaremos son emblemáticas
para la actividad. Por otro lado, en el siguiente apartado nos referiremos a
los casos de Chubut, La Rioja y Neuquén, como necesario contraste, ya que son
representativos de aquellas situaciones donde la minería ha generado reacciones
adversas que le han impedido penetrar en la forma absoluta que se proponía. Y
sumamos allí la situación generada en San Juan hacia 2015, donde se producen
hechos que terminan modificando el inicial escenario de consenso minero.
La provincia de San Juan es, en este
contexto y al decir de muchos analistas, el caso más elocuente de
transformación del entramado económico y productivo de una región en poco
tiempo. De acuerdo a lo que señalan Moscheni (2019), Bottaro y Solá Álvarez
(2014) y Christel (2020) entre otros, en escasas dos décadas la provincia
transformó su perfil agroindustrial, con fuerte presencia de la
vitivinicultura, hacia la minería metalífera, de la mano de un Estado
provincial que propició la actividad desde un comienzo. Precisamente San Juan,
junto con Catamarca y La Rioja, han sido las tres provincias que constituyen
“…el núcleo duro del modelo minero debido a que fue desde esos gobiernos
provinciales desde donde se promovió el arribo de la megaminería al país.”
(Bottaro y Solá Álvarez, 2014: 242). Las autoras utilizan la noción de
Mineralo-Estado[11]
para dar cuenta de las características distintivas del caso sanjuanino, según
el cual
…puede
observase un reforzamiento institucional de la política minera por parte del
gobierno provincial, acompañada de una fuerte inserción de la empresa Barrick
Gold en el territorio. Durante el segundo gobierno de Jose Luis Gioja[12],
comienzan a consolidarse los elementos que caracterizarían al Estado sanjuanino
como un Mineralo-Estado. Por un lado, a través de la institucionalización de la
megaminería por medio de diferentes agencias estatales y la promoción de
inversiones extranjeras en el sector. Por otro lado, a partir de la
profundización de un discurso “ecoeficientista” y un reforzamiento en la
criminalización de las resistencias. (2014: 251).
Por su parte Giovannini et al. (2009)
echan luz sobre el modus operandi del
sector dirigente encabezado por Gioja en los años en que el modelo comienza a
instalarse. Desde sus tiempos como legislador nacional –como diputado primero
(1991-1995) y senador después (1995-2003)– fue uno de los artífices de los
cambios necesarios en el corpus legislativo para propiciar un ámbito favorable
a la minería a gran escala. A su vez, su círculo cercano, incluyendo parte de
su familia, ocupaban cargos estratégicos en el sector, al tiempo que mantenían
intereses en la esfera privada de la actividad[13].
Esta mención tiene la finalidad de ejemplificar el estrecho vínculo entre el
sector público y el ámbito privado existente, que lleva a recelar acerca de las
implicancias de una clase política que gobierna manifiesta y directamente para
sus propios intereses, como vemos en el caso de esta provincia, emblema de la
llamada “nueva minería”.
De este modo, en San Juan, comienzan a
operar los emprendimientos Veladero
(2005), Gualcamayo (2009) y Casposo (2010 a 2019) y se cuentan entre
20 y 50 los proyectos existentes –entre ellos el renombrado Proyecto Binacional
Pascua Lama[14]–
en distinta etapas de desarrollo[15]
(Christel, 2020; Godfrid y Damonte, 2020; Moscheni, 2019). De acuerdo a los
datos oficiales, la actividad relacionada con la explotación de minas y
canteras es la que más ha crecido en el período 2004-2018, con una tasa del
393% (Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de San Juan,
2019). Y si bien, según la misma fuente, la actividad minera representaba sólo
el 3% de la estructura sectorial provincial para 2004, pasando al 10% para
2018, un dato destacable es que la exportación de oro de la provincia para ese
mismo año –su principal producción minera (96% de la extracción metalífera)–
representa el 67% de las exportaciones provinciales (Ministerio de Hacienda,
2019), lo que muestra la alta incidencia y dependencia de la estructura
económica provincial respecto de este sector económico.
El caso de la provincia de Catamarca es
necesariamente destacable porque en ella se asienta el primer emprendimiento
minero a gran escala del país, Bajo La
Alumbrera, cuya puesta en marcha data de 1997 (Machado Aráoz, 2009;
Lamalice y Klein, 2016; Machado Aráoz y Rossi, 2017; Christel, 2020, entre otros).
La explotación está a cargo de Minera Alumbrera Ltd.[16] y
según datos provistos por la empresa, se producen en promedio anualmente unas
321.000 toneladas de “concentrado”, que contienen aproximadamente 100.000
toneladas de cobre, 300.000 onzas troy de oro, 0,8 toneladas de oro doré y 957
toneladas de concentrado de molibdeno[17]. Para llevar a cabo este volumen
de extracción la empresa se vale de ingentes cantidades de agua,
Minera
Alumbrera obtuvo del gobierno de Catamarca un permiso de extracción de 1.200
litros por segundo (unos 100 millones de litros diarios) de la reserva de agua
fósil del Campo del Arenal. Con cada tonelada de concentrado de cobre se
exportan 200.000 litros de agua en una región históricamente agraria y con un
clima semiárido, con un régimen de lluvias de entre 150 y 300 milímetros
anuales. (Machado Aráoz y Rossi, 2017: 279).
También
el consumo de energía eléctrica es cuantioso. Un dato proporcionado por Machado
Aráoz (2009) dispara una alerta sobre esto: para 2003, el consumo de electricidad
de La Alumbrera equivalió a un 170%
del consumo de toda la provincia de Catamarca y al 87% del consumo de la vecina
provincia de Tucumán. Y precisamente esta última es una de las cuatro
jurisdicciones provinciales directamente implicadas en esta explotación minera.
Como se detalla en la página de la empresa y explica en detalle Machado Aráoz
(2009), el concentrado de rocas y metales extraído de la mina se traslada a
través de un mineraloducto de 316 km. que atraviesa parte de Catamarca y
Tucumán hasta una terminal de cargas del ferrocarril –el llamado “tren azul”,
un convoy de 182 vagones operado por 4 locomotoras– que es propiedad de La Alumbrera. Por este medio la carga
atraviesa Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe, hasta llegar a la terminal portuaria
de la localidad de puerto General San Martín, donde se embarca a través del Río
Paraná.
Si
consideramos el uso intensivo de agua y energía eléctrica, adicionando también
las enormes cantidades de explosivos y combustibles fósiles, que requiere Bajo La Alumbrera, y atendemos al hecho
de que cuatro jurisdicciones provinciales se ven directamente implicadas en el
proyecto, nos damos una idea de la magnitud de los impactos sociales,
económicos y ambientales que la actividad minera a gran escala produce. Y
además, a nivel local, se ha constatado que se produce una transformación del entramado social de las pequeñas y
medianas ciudades cercanas al campamento. Es el caso de Andalgalá, poblado de
alrededor de 14.000 habitantes y zona de influencia directa de la explotación,
donde un estudio de Lamalice y Klein, (2016) señala la existencia de un ambiente de
conflictividad y hostilidad al interior de esta sociedad producto de los
enfrentamientos entre los defensores y detractores de la instalación de la
minería en la zona. El mismo trabajo apunta la existencia de una pérdida de
diversificación productiva y las escasas posibilidades laborales que poseen los
habitantes del lugar, ante la pérdida de incentivos para la agricultura o el
turismo, dos de las actividades que más compiten –y pierden– con la minería en
la región.
Finalmente me parece relevante
mencionar el caso de Jujuy, dada su especificidad minera, orientada a la
extracción de litio[18].
La explotación de yacimientos de litio no responde al usual formato de minería
“a cielo abierto” que venimos caracterizando[19],
pero por sus implicancias socioterritoriales para las poblaciones aledañas, por
su estructura dependiente a la IED, por encontrarse alcanzada por la
legislación minera nacional que posibilitó el arribo de la “nueva minería” al
país y poseer un comportamiento similar en términos de ordenamiento y
tributación, por un lado, y de territorialización empresarial [20],
por el otro, creo necesario incluirla en este artículo.
Como mencionamos anteriormente, la
primera explotación de litio a gran escala se instaló en Catamarca, en el Salar
del Hombre Muerto[21],
en 1998, y durante varios, hasta 2014, fue la única explotación en actividad.
La explotación ubicada en la Salina de Olaroz fue la segunda y se encuentra,
precisamente, en la provincia de Jujuy. En esta provincia quisiera detenerme
tanto en este caso, como en el de las Salinas Grandes-Laguna de Guayatayoc,
ambos proyectos con gran repercusión en la población local. El Salar de Olaroz
se ubica en el departamento de Susques, y se encuentra en manos de la
australiana Orocobre, la japonesa Toyota Tsucho y la empresa estatal jujeña
“Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado” (JEMSE). Hacia 2017 un informe
del Ministerio de Energía y Minería anunciaba que esta explotación había
comenzado a exportar masivamente, contribuyendo a generar –junto con la
mencionada explotación catamarqueña– una participación del 16% de la Argentina
en el mercado mundial de carbonato de litio y otros derivados (Slipak y Urrutia
Reveco, 2019). Como señalan las investigadoras Argento y Puente (2019) a partir
de un informe conjunto del Servicio Geológico de Estados Unidos (United States
Geological Survey) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) publicado
en febrero de 2018, existirían un total de 53 proyectos mineros de litio en
ciernes, 11 de ellos en la provincia de Jujuy, lo que muestra el dinamismo y
potencialidad del sector.
Por otro lado, y ya adelantando el eje
del análisis del siguiente apartado sobre los casos y provincias donde la
instalación de grandes emprendimientos mineros ha sido vetada por oposición de
la población directamente afectada, los proyectos de extracción de litio en
Salinas Grandes-Laguna de Guayatayoc[22]
(Jujuy-Salta) son un exponente de la amenaza de la actividad para las
poblaciones locales. Allí, la temprana oposición de las comunidades indígenas
kollas y atacamas de la zona en 2010, ante los estudios de cateo y prospección
por parte de numerosas empresas mineras, entre ellas la canadiense Exar y la
australiana Orocobre, condujeron a un proceso de resistencia que a la fecha
mantiene a los proyectos en estado de postergación por tiempo indeterminado
(Schiaffini, 2013; Argento y Puente, 2019).
Del mismo modo, en algunas provincias
argentinas la posibilidad de instalar emprendimientos mineros del tipo que
venimos enumerando se ha visto paralizada por la concurrencia de diversos
factores, como ser, la competencia en la región con otras actividades
económicas de fuerte arraigo y representatividad; la inexistencia de alianzas
estratégicas entre el sector público y el privado para favorecer la instalación
de estos proyectos o su incapacidad para revertir situaciones adversas a los
mismos; y sobre todo, de acuerdo a nuestros supuestos, el surgimiento de
sectores de oposición que con el paso del tiempo se han constituido en una
resistencia organizada y articulada, que se enfrenta y niega la licencia social
a la actividad. Muchos de estos casos fueron precursores y emblemáticos, como
sucedió en Esquel (Chubut) en 2003, Famatina-Chilecito (La Rioja) a partir de
2006, Tinogasta (Catamarca) desde 2007 o Loncopué (Neuquén) a partir de 2008.
Pero las resistencias han sido y son muchas a lo largo del territorio que el
extractivismo minero considera “zonas de sacrificio” (Svampa y Viale, 2014). A
continuación me referiré a algunos de los momentos más destacados de la lucha
antiminera en Argentina.
Organizar(se) para resistir. Resistir
para existir
En este apartado no es mi intención
reconstruir en profundidad los procesos que iré mencionando, sino hacer un
recorrido por algunos de los hechos paradigmáticos de la resistencia antiminera
(Gráfico 1), que permita visualizar la interconexión de los mismos, la riqueza
del conjunto y su proyección. La enumeración no es exhaustiva y como ocurre en
toda selección, puede ser arbitraria, sin embargo, a mi humilde entender, estos
hitos representan momentos clave en el devenir del movimiento ambientalista en
Argentina.
Gráfico 1: Hitos de la resistencia anti-minera en
Argentina
La bibliografía especializada acuerda
en designar a la movilización popular de Esquel (Chubut) como la precursora de
las manifestaciones antimineras que vinieron luego (Svampa et al., 2009b;
Weinstock, 2006; Marín, 2009). Allí la comunidad toda se vio atravesada por la
disyuntiva minera –con posturas a favor y en contra– y decidió actuar,
informándose, problematizando, debatiendo, decidiendo. Como señalan Walter
(2008) y Urdinez (2007), el inicio del conflicto responde a diversos factores,
entre los que se destaca la alarma que generó en ciertos grupos de
profesionales y docentes del lugar, el anuncio hecho a principios de 2002 por
parte de la empresa canadiense Meridian Gold Inc sobre su plan para realizar
una explotación minera en el Cordón
Esquel[23].
En esta primera etapa era notable la desinformación existente, lo que generó un
interés creciente en los pobladores por conocer detalles del proyecto. En este
sentido, quizás valiéndose de otras experiencias, como la de Bajo La Alumbrera, la empresa y el
gobierno provincial-municipal quisieron actuar con premura, acelerando los
plazos de presentación y aprobación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) y la
realización de la Audiencia Pública, ambas instancias obligatorias y previstas
por la ley (Código de Minería y Ley 4.032 de la provincia de Chubut,
respectivamente), que se llevarían a cabo en los meses subsiguientes. Sin
embargo, los “aprendizajes previos” también fueron un factor determinante para
los vecinos de Esquel, quienes comenzaron a interiorizarse sobre las
experiencias cercanas, entre ellas la situación catamarqueña –para ese entonces
La alumbrera llevaba más de 5 años de
actividad sin demostrar los beneficios que otrora prometía–, y otras a nivel
latinoamericano, como es el caso de Tambogrande,
en Perú (Svampa et al., 2009b).
De este modo hacia noviembre de 2002 se
constituye la Asamblea de Vecinos
Autoconvocados (AVA) por el No a la mina, primer organización asamblearia[24]
de la lucha antiminera en la Argentina (Svampa et al., 2009a), que inspirada –en
su formato– en experiencias muy próximas en el tiempo como fueron las asambleas
barriales que se constituyeron en todo el país al calor de la crisis social y
económica de 2001-2002 (Hadad et al., 2012), se puso al frente de la postura
opositora al proyecto. De acuerdo con testimonios recogidos por Walter (2008)
hubo algunos elementos, quizás menores cuando se hace una lectura posterior del
conflicto, pero determinantes en ese momento, que llevaron a la profundización
de la mirada crítica de algunos sectores hacia la actividad. Por un lado, el
recuerdo de las promesas incumplidas sobre mejoras tangibles en la calidad de
vida de la población esquelense como resultado de la construcción de la represa
hidroeléctrica Futaleufú, acaecida años antes. Por otro lado, la certeza de que
la información provista por la empresa y el gobierno provincial no era veraz ni
completa, de acuerdo a la constatación que realizan dos profesoras de química
de la Universidad Nacional San Juan Bosco y vecinas del lugar, en una conferencia
dictada por representantes de la firma Du Pont –proveedora de Meridiam Gold–
sobre las particularidades del uso del cianuro, que desde el primer momento fue
el tema que más preocupó a la población.
A partir de la organización y la lucha
asamblearia fue posible la realización del plebiscito que terminó definiendo el
escenario de confrontación. A pesar de la férrea oposición de diversos
sectores, la consulta popular (no vinculante) se llevó a cabo el 23 de marzo de
2003 y representó un hito en la disputa antiminera. Con un elocuente 75% de la
población que se pronunció por el “NO”, ya no fue posible seguir adelante con
el proyecto –al menos no, sin pagar un alto costo político– por lo que se
evidenció el poder de alcance de las organizaciones populares en esta contienda
y eso también sirvió de aprendizaje para los sectores corporativos y
gubernamentales, que ya no permitirían, salvo algunas destacadas excepciones,
la expresión de la voluntad popular por medio de este tipo de instrumentos de
participación directa. De este modo, coincido con Marín al asignarle al “No a
la mina” de Esquel un carácter performativo en sentido de “…fuerza
irruptiva/disruptiva que realiza aquello que anuncia –y denuncia–.” (2009:
181), y sirve de precedente para todo lo que vendrá después, como ser, la
sanción de leyes antimineras en 9 provincias en los siguientes años[25].
Precisamente una de las provincias que
tempranamente sancionó una ley restrictiva de la minería fue La Rioja, aunque
la norma en cuestión sólo tuvo vigencia durante algo más de un año, presa de
los avatares de las internas políticas provinciales[26]
(Giarracca y Hadad, 2009; Bottaro y Sola Álvarez, 2014; Solá Álvarez, 2015 y
2016). Más allá de esto, la experiencia de las organizaciones de Famatina y
Chilecito –las dos ciudades de mayor tamaño e importancia en la zona de
influencia del potencial emplazamiento minero– en la oposición a los proyectos
extractivos que tenían como objetivo el Nevado
de Famatina, es basta y ejemplificadora de la tenacidad de las organizaciones
ambientalistas que se gestaron, así como de la persistencia del binomio
empresas-Estado en el intento de instalar explotaciones mineras a pesar de la
oposición de los pobladores del lugar.
Como vengo mencionando, el caso
Famatina también “aprende” de las experiencias previas: ante la llegada de las
primeros rumores sobre posibles interesados en explotar la minería en la
región, hacia 2006, una comunidad en alerta indaga en lo que ocurre en la
vecina Catamarca y se vale de la experiencia de resistencia de Esquel, para
comenzar a organizarse (Sola Álvarez, 2015). La cronología de los hechos en
esta región requiere considerar un período de mayor duración con varios
momentos destacados, sintetizados en un dato elocuente: en 9 años las asambleas
autoconvocadas –fundamentalmente la “Asamblea Ciudadanos por la Vida de
Chilecito” y la “Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Famatina”, junto con
otros actores sociales destacados– “expulsaron” a cuatro mineras[27].
A lo largo de todo el período se destaca el primer momento de visibilidad de la
acción colectiva (Melucci, 1994) de las asambleas, en marzo de 2007, cuando
estas deciden realizar un corte de ruta selectivo permanente en el acceso al
único camino que conducía al sitio de la explotación minera, “el corte de Peñas
Negras”, impidiendo el paso a todo persona de la empresa Barrick Gold que
quisiera acceder al campamento minero (Sola Álvarez, 2015; Hadad y Palmisano,
2017). Este corte, donde posteriormente se colocó una barrera –llamada “la
barrera de la vida” por los asambleístas– se mantuvo durante años, a pesar de
las dificultades que implicaba tanto política como logísticamente.
Cuando a fines de 2011 se conoce la
intención de la minera canadiense Osisko Mining Corporation de retomar el
proyecto trunco, rápidamente se producen reacciones espontáneas de
disconformidad y las AVA vuelven a las calles para expresar la férrea
oposición, en este caso, entre otras tantas acciones directas de protesta,
estableciendo un nuevo corte de ruta en la localidad de Alto Carrizal (en una
zona cercana al corte de ruta de Peñas Negras) (Sola Álvarez, 2015; Hadad y
Palmisano, 2017). Esta coyuntura manifestó el pasaje de latencia a la
visibilidad de la acción colectiva de las organizaciones sociales antimineras
(Melucci, 1994), pero también fue un acontecimiento político que tuvo el
carácter de pueblada, desbordando el alcance local y regional hasta llegar a
ser debatido a nivel nacional, a partir de la cobertura dada por los medios de
comunicación de todo el país.
El caso de Famatina nos permite
observar un proceso de múltiples etapas, con altibajos y obstáculos que se
fueron superando –como la derogación de la Ley 4.137; la persecución y acoso
que sufrieron los miembros de las asambleas por parte del Estado provincial[28],
la constante amenaza de reactivación de los proyectos– y analizar el accionar
de las organizaciones en resistencia en el mediano plazo. Lo que se observa es
que las mismas resistieron todas estas vicisitudes y el propio paso del tiempo
para resurgir desde una instancia de latencia, que lejos de debilitarlas, las
dotó de nuevos sentidos, herramientas y adherentes. Podríamos decir que algo
similar ocurrió en Mendoza y Chubut el pasado diciembre ante la aparición de
nuevas amenazas, como veremos más adelante.
El caso Loncopué (Neuquén) se destaca
por al menos tres aspectos. Uno de ellos es la composición de las asambleas
ambientalistas; otro, la estrategia de lucha combinada que llevan a cabo; un
tercero, el haber podido realizar una consulta popular vinculante sobre el tema
minero en su territorio. La provincia de Neuquén –una de las principales
productoras de hidrocarburos del país, con un 50% de su Producto Bruto
Geográfico (PBG) proveniente de este sector (Giuliani et al., 2016)– no
presenta gran tradición minera, aunque se encuentran algunos antecedentes de
explotaciones auríferas en la zona del noroeste, en las localidades de
Andacollo, Huinganco y Huaraco (Departamento de Minas) (Gómez Lende, 2018). Sin
embargo, cuando hacia 2007 trascienden las primeras noticias acerca de la
posible instalación de un proyecto minero a escasos kilómetros del pueblo –el
llamado Lonko Project, en manos de la
empresa canadiense Golden Peaks y el ente provincial CORMINE– la población no
tardó en reunirse para exigir a las autoridades más información al respecto
(Hadad, 2017; Di Nicolo, 2018, Wagner, 2019). Finalmente suspendida por
irregularidades legales –como la no realización de la Audiencia Pública que
determina el Código de Minería–, esta primera avanzada deja a los vecinos en
alerta, y cuando un año después se conoce una nueva iniciativa minera, la
organización social es rápida y efectiva.
El proyecto más avanzado en la zona
–llamado Campana Mahuída– pretendía
instalarse en el paraje homónimo, sobre el Cerro Tres Puntas, y era encabezado
por la empresa minera china Metallurgic Construction Corporation, con la
peculiaridad de llevarse a cabo en territorio indígena, en este caso,
perteneciente a la comunidad mapuche Mellao Morales. Como explican Di Nicolo
(2018) y Wagner (2019), las empresas de origen chino han demostrado tener
formas particulares de vincularse con los lugareños de los territorios donde
quieren operar, y en general, muestran un menor apego al respeto de las normas
de participación social incluidas en la legislación argentina. En este caso, la
omisión de requisitos tales como la realización de una consulta previa, libre e
informada a las comunidades indígenas[29],
la convocatoria a Audiencia Pública o la aprobación del IIA, fueron elementos
decisivos en la disputa (Hadad, 2017).
Como mencioné al principio, Loncopué
representa un caso peculiar porque la lucha estuvo protagonizada por un
conjunto de actores sociales que no suelen articularse con frecuencia: las dos
asambleas que se constituyeron –Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué
(AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (AVACAM)–
actuaron conjuntamente con la comunidad mapuche Mellao Morales y la Asociación
de Fomento Rural (AFR) “Huecú-Có”. Esto generó el segundo aspecto destacable,
que es la implementación de una estrategia de lucha conjunta y en distintos
niveles: un nivel institucional –donde hubo presentaciones judiciales en
paralelo que apelaban al derecho indígena y al derecho ambiental– y un nivel de
acción directa o repertorio de confrontación (Tilly, 2002), que se materializó
en diversas prácticas –marchas, volanteadas, cortes de ruta, entre otras–. El
empleo de tácticas conjuntas resultó un éxito porque potenció el alcance de
cada acción y además configuró el escenario propicio para “alzar la apuesta” y
lograr, previa realización de un referéndum vinculante[30],
la sanción de una ordenanza municipal por
iniciativa popular que prohíbe la minería contaminante en el ejido municipal,
un área de aproximadamente 8.000 hectáreas. Este tercer aspecto, con escasos
antecedentes en el país, tuvo y tiene un gran valor simbólico para los
lugareños, y fue el corolario de una lucha de varios años y en varios frentes.
Los casos mencionados hasta aquí muestran situaciones de
tipo preventivo, veremos ahora un caso que expresa una postura reactiva. Un
circunstancia muy distinta se dio en San Juan hacia 2015, cuando a raíz de un
derrame de solución cianurada de la mina Veladero
se produce una fuerte reorganización de la militancia ambientalista en la
provincia (Reches Peressotti, 2017; Moscheni, 2019; Godfrid y Damonte, 2020).
Los antecedentes sitúan las primeras resistencias a la instalación de este
emprendimiento hacia 2004, cuando se conforma en Jáchal la agrupación “Madres
Jachalleras Autoconvocadas”, con el tiempo disuelta. Una segunda organización
local toma forma en 2007, la “Asamblea del Agua”, y diversas presencias a nivel
provincial constituyen el sector opositor de los años previos al hecho
mencionado (Godfrid y Damonte, 2020). Sin embargo, como se mencionó
anteriormente, el modelo extractivo minero es hegemónico en San Juan y hasta la
fatídica fecha del primer derrame –luego se sucedieron al menos dos más, en septiembre
de 2016 y marzo de 2017– había resultado muy difícil quebrar la narrativa
promesante del desarrollo (Antonelli, 2016) que impone el Mineralo-Estado.
Pero lo ocurrido en San Juan evidencia la lógica de
irrupción que puede asumir un conflicto social, que en apariencia es
inexistente, o bien muy minoritario, pero que se hará manifiesto cuando se
produzcan cambios que modifiquen la relación de fuerzas existente. En una
provincia atravesada por los proyectos mineros –efectivos y potenciales–, con
una amenaza constante de desastres ecológicos y escases de agua, pero al mismo
tiempo, con el continuo aleccionamiento del relato “eldoradista”[31]
del poder corporativo y estatal, la organización de la resistencia no es tarea
sencilla. La actuación de Barrick Gold –la empresa a cargo de la explotación y
responsable directo de los derrames– junto a la postura asumida por el gobierno
provincial ante los desastres ambientales llevaron a transformar el escenario y
volverlo menos complaciente ante el discurso corporativo y sus promesas. Nuevas
organizaciones surgieron, como la Asamblea Jáchal No Se Toca (AJNST), que
pudieron capitalizar la fuerza de la masividad que se expresó en las calles
allá por 2015. Desde ese momento, nuevas y mayores demandas se condujeron[32],
se multiplicó la participación de la ciudadanía y las grietas del relato
oficial no dejan de profundizarse.
Es de destacar que, en líneas generales y en el plano de lo
constatable, las decisiones políticas de apoyo y promoción a la minería, así
como las diferencias estrategias frente a los conflictos que se fueron
suscitando en las provincias mencionadas corresponden al propio ámbito
provincial, en concordancia con la jurisdicción que tiene la potestad de
disponer de los recursos minerales. Evidentemente, y de acuerdo a lo que se fue
argumentando, los gobiernos nacionales mantuvieron políticas de apoyo a la
actividad, pero la información disponible no permite demostrar fehacientemente
cuál fue el grado de influencia directa de la administración central en los distintos
episodios relatados.
El recorrido propuesto por algunos de
los casos y momentos emblemáticos de la resistencia antiminera en Argentina
tiene por objeto destacar la actuación de estos sectores sociales que han
podido constituirse en determinantes en la trama política, económica, social y
cultural en torno a la actividad minera en el país. En algunos casos con un
enfrentamiento temprano y preventivo –como ocurrió en Esquel, Famatina o
Loncopué– en otros con un resurgimiento del conflicto en escenarios de aparente
calma –como se puede ver en Jáchal–, pero indudablemente, en ningún caso
podemos afirmar que un territorio está fuera de peligro en forma permanente.
Como veremos a continuación, lo que ocurrió en Mendoza y Chubut a fines de
2019, es una muestra de esto.
A modo de epílogo inconcluso
Retomando el hilo narrativo del
apartado “Extractivismo minero en Argentina…”, cabe señalar que durante los 12
años de gobiernos kirchneristas (Néstor Kirchner, 2003-2007; Cristina Fernández
de Kirchner, 2007-2011 y 2011-2015) la política pro-minera se mantuvo y
profundizó, al igual que la apuesta a otras actividades extractivas –en
particular, la explotación de hidrocarburos no-convencionales a partir de las
técnicas de hidrofractura en la formación Vaca Muerta (Neuquén)–, y el cambio
de gobierno y signo político no reveló un quiebre en este sentido. Como señalan
Bottaro et al. “…la disputa presidencial [del 2015] no significó un riesgo en
términos de política minera; los tres candidatos presidenciales principales (Sergio
Massa, Daniel Scioli y Mauricio Macri) garantizaron públicamente, durante su
campaña, la continuidad de la actividad…” (2016: 8). Quizás las diferencias
entre las distintas gestiones estén dadas por la impronta que cada sector
político le ha dado a su actuación: en el caso del gobierno de Macri
(2015-2019), la actividad gozó –inmediatamente después de su asunción como
primer mandatario– de la quita de las retenciones (impuestos) a las
exportaciones, para gran beneplácito del sector empresarial[33].
Unos años después, en junio de 2017, el gobierno avanzaría en un intento de
mejorar las condiciones para la inversión de las empresas del sector minero,
promoviendo un “Nuevo Acuerdo Federal Minero”, que reemplazaría al establecido
en 1993. De acuerdo a Argento et al., el pacto
…garantizaría
la expansión de las explotaciones. A la vez [..] (que) revela un aprendizaje
que las empresas han ido adquiriendo para enfrentarse a los conflictos [..]
Señalan, entonces, que la minería deberá incluir, entre otros: “mayores
beneficios para las comunidades en las zonas mineras y su adecuada
participación en un marco de diálogo y transparencia, altos estándares de
gestión y control ambiental, mayor participación en los ingresos que genera la
actividad minera a las Provincias dueñas de los recursos minerales… (2019: 7).
A su vez, en estos años se produjo un
recrudecimiento de la criminalización y represión de las manifestaciones
populares, apertura de causas penales de los referentes de las organizaciones y
persecución de los mismos– que intentaron desalentar la participación masiva de
la población en la defensa de su territorio.
Indudablemente, con la llegada al
gobierno nacional de un nuevo mandatario en diciembre de 2019, el justicialista
Alberto Fernández, se abre una nueva etapa en la vida política del país. Pero
no sería honesto aventurar que esto implicará cambios en el estatus de
“política de Estado” que posee la minería. A escasos días de inaugurada la
nueva gestión presidencial, dos provincias de significativa relevancia para la
actividad minera ven peligrar sus emblemáticas leyes de protección: se trata de
las Leyes 7.722 de Mendoza y 5.001 de Chubut, que prohíben el uso de sustancias químicas como el cianuro, mercurio, ácido
sulfúrico, etc. en todas las etapas de los procesos mineros.
La tenaz resistencia de Mendoza a la
avanzada minera data de 2003 y durante los subsiguientes años se sucedieron
múltiples proyectos en distintos puntos del territorio provincial que fueron
resistidos desde numerosas organizaciones asamblearias[34] y
el pueblo en general, cuyas manifestaciones en las calles han sido masivas y
persistentes. Uno de los logros más notorios fue la sanción de la Ley 7.722 en
junio de 2007, que si bien es considerada de alcance limitado por algunos sectores,
constituye una defensa real a la expansión minera (Wagner y Giraud, 2013;
Martín y Wagner, 2013). Por su parte, la Ley 5.001 de Chubut fue el resultado
de aquella gesta histórica en las calles de Esquel que ya hemos referido, cuya
importancia no sólo es local, sino que también se ha proyectado a nivel
nacional, inspirando subsiguientes luchas y nuevas normativas.
El intento de derogación de la Ley
7.722 para flexibilizar las condiciones para la actividad minera resultó en una
multitudinaria expresión de oposición que tomó el espacio público durante días
y no desistió en sus esfuerzos para revertir la medida. La amenaza de una
escalada del conflicto –con las declaraciones de apoyo de sectores productores
vitivinícolas, la comunidad científica, las “reinas de la vendimia” y hasta la
misma Iglesia católica, que se fueron sumando a las asambleas y organizaciones
ambientalistas– llevó a las autoridades provinciales a la reversión de la
medida. Triunfó la movilización popular, pero la sensación es que esta vez se
estuvo muy cerca de perder años de lucha y resistencia[35].
En la provincia de Chubut en general, y en Esquel en particular, también se
vivieron días preocupantes en las postrimerías de 2019. En este caso hubo
rumores y declaraciones sobre la intención del gobierno local de modificar la
legislación existente que generaron una expectativa creciente en la población y
un estado de alerta inminente. Finalmente allí no se llegó a avanzar en la
modificación legislativa, pero la amenaza existió y el pueblo también se
movilizó[36].
¿Acaso fue un anuncio de lo que vendrá? Me pregunto, ¿qué posibilidades tienen
los ciudadanos comprometidos con la defensa de su ambiente y territorio de
seguir resistiendo en esta disputa tan desigual?
* * *
Un trabajo
de reciente aparición de Wagner y Walter (2020) presenta un sistemático y
detallado recuento de los conflictos sociales que ha ocasionado la minería en
Argentina. Allí vemos la relevancia del movimiento ambientalista de Argentina a
nivel regional, siendo el cuarto país con mayor conflictividad. Como se
puntualiza allí, las disputas pueden ser preventivas o reactivas, estar
manifiestas o latentes, pero en todos los casos, los principales actores
sociales que las lideran son las organizaciones de ciudadanos/vecinos/comunidades,
junto con los movimientos de justicia ambiental. Los casos expuestos presentan
diferencias que tienen que ver con los contextos temporales –irrupciones
tempranas o tardías de la amenaza minera, aprendizajes de otras luchas-; de
coyuntura política provincial y municipal –alineaciones partidarias con el
gobierno nacional o provincial según el caso, disputas de poder locales-; de
grado de organización, de tácticas de lucha y repertorio de acciones colectivas
–existencia de articulaciones de diversos actores
locales/regionales/nacionales, elección de estrategias jurídicas combinadas con
acciones directas, etc.-, pero tienen en común la constitución de sujetos
colectivos que se identifican con un objetivo de protección y defensa de su
territorio y el modo de vida que proyectan en el mismo.
Cuando
pensamos en la resistencia a la megaminería algunas de estas imágenes se nos
proyectan: pueblos y pequeñas ciudades movilizados, en medio de un entorno
montañoso; marchas y cortes de ruta donde “todos y todas participan”; carteles
y pancartas con fuertes consignas: “El Famatina no se toca”, “El agua vale más
que el oro”, “No a la mina”; rostros decididos, puños en alto, vista al frente.
Cambian los gobiernos y la lucha sigue.
La certeza es que peligro está latente, agazapado a la espera de las brechas
que permitan penetrar los territorios y modificar para siempre los modos de
vida de quienes allí están, son, existen…
Vuelve la pregunta… ¿qué sostiene esta
lucha tan desigual?
Son esos rostros, esos puños, esas
vidas…