Cuando la Revolución Libertadora llegó a YPF:
la comisión investigadora Nº 22
When
the Revolución
Libertadora arrived
at YPF: the investigative commission Nº 22
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco;
Universidad Nacional de la
Patagonia Austral;
Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, (Argentina)
gabo.carrizo@gmail.com
Resumen
En septiembre de 1955, un
movimiento encabezado por las Fuerzas Armadas junto con la adhesión de
numerosos sectores civiles, dieron fin al gobierno peronista mediante un golpe
de estado. Luego del mismo, y del fracaso del proyecto conciliador del General
Eduardo Lonardi, el presidente Pedro Eugenio Aramburu habilitó una serie de
acciones tendientes a revisar el “régimen depuesto”. En este marco surgieron
las denominadas Comisiones Investigadoras con la finalidad de obtener
herramientas justificadoras de la persecución y proscripción del peronismo. En
este trabajo analizaremos los expedientes que elaboró la denominada “Comisión
n° 22”, la cual tuvo a su cargo la investigación sobre lo actuado en YPF
durante el gobierno peronista, enfocándonos en los tipos de denuncias que se
hallaron en los mismos. La hipótesis que guía este artículo es que no solamente
la Revolución Libertadora impugnaba la politización de YPF, que la habría
llevado a la decadencia y por ende a la “entrega del petróleo”, sino que lo que
resultaba ahora inadmisible era la fidelidad al peronismo que todavía expresaban
los agentes de la empresa estatal luego de 1955.
Palabras clave: Revolución Libertadora;
comisiones investigadoras; peronismo
Abstract
In
September 1955, a movement led by the Armed Forces along with the accession of numerous
civil sectors, ended the Peronist government through a coup d'etat. After the
same, and the failure of the conciliatory project of General Eduardo Lonardi,
President Pedro Eugenio Aramburu enabled a series of actions aimed at revising
the "deposed regime." In this framework, the so-called Investigative
Commissions emerged in order to obtain justifying tools for the persecution and
proscription of Peronism. In this paper, we will analyze the files that the
so-called “Commission No. 22” prepared, which was in charge of the
investigation of what was done in YPF during the Peronist government, focusing
on the types of complaints found therein. The hypothesis that guides this
article is that not only the Liberating Revolution challenged the politicization
of YPF, which would have led to the decline and therefore the "delivery of
oil", but what was now inadmissible was the fidelity to Peronism that the
agents of the state company still expressed after 1955.
Keywords: Libertadora
Revolution; investigative commissions; Peronism
Introducción
La bibliografía referida al tercer
golpe de estado que experimentó el sistema político argentino, ha sostenido que
aquellos sectores que expresaban al antiperonismo más radicalizado, impusieron
su convicción acerca de la necesidad de eliminar al peronismo no solamente como
opción real del mapa político, sino además refundar la democracia política para
impedir en el futuro el establecimiento de gobiernos de corte autoritario. Para
aquellos que experimentaron el trauma del peronismo, el golpe de 1955 parecía
acabar con un régimen considerado inmoral, corrupto y ajeno a la tradición
política nacional. Esta lectura dio lugar a la implementación de una serie de
políticas de carácter pedagógico y represivo destinadas a desmitificar el
peronismo, y a re educar a las masas consideradas “ignorantes” o “ingenuas” que
habían apoyado al líder depuesto (Spinelli, 2005). Si el antiperonismo
radicalizado veía al peronismo como un fenómeno anómalo (y por ende, había que depurar
a la sociedad de ese mal para iniciar un camino posible para la democracia),
esto implicó intentar erradicarlo como identidad política. Allí radicaba la
esencia de la Revolución, y la “desperonización” (en particular del movimiento
obrero) era una tarea que no debía demorarse (Rodríguez Lamas, 1985), y debía
ser desplegada en todo el territorio nacional.
El nuevo escenario político que se
abría con la caída del peronismo significó para el sector antiperonista del
sindicalismo petrolero la posibilidad de recuperar el control del Sindicato de
Obreros y Empleados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (SOyEYPF). A pesar de
la inicial promesa de mantener ciertas garantías a los dirigentes que conducían
los sindicatos por parte de las autoridades nacionales, aquellos dirigentes
sindicales que habían sido desplazados exigieron la inmediata “desperonización”
del movimiento obrero. Bajo el argumento de implementar un “sindicalismo
libre”, lo que se buscaba era consolidar un movimiento obrero sin raigambre
peronista.
Pero además lo que estaba en el
centro de los cuestionamientos era la política petrolera implementada por el
peronismo, la cual se sumaba a la larga lista de sucesos indigeribles para ese
antiperonismo identificado con el nacionalismo petrolero, siendo otro de los
elementos que justificaron el golpe. Por ejemplo a fines de noviembre de 1955,
luego de transcurridos los días más efervescentes posteriores a la proclama de
los golpistas, la escritora santafesina Alcira Bonazzola publicó una serie de
poesías que daban cuenta de lo que denominó “la gesta heroica de la Libertad”.
Luego de hacer referencia a la perversión del peronismo con niños y jóvenes, el
amordazamiento de la prensa, el destierro al cual se había destinado a los
opositores, el cambio de nombre de provincias como Chaco y La Pampa, y el
ataque a la Iglesia y a sus templos, la autora remataba con las siguientes
palabras: “Pero aún en la noche interminable otras cosas faltaban, lo que jamás
creímos sucediera, aquellas sus palabras en odios y rencores inflamadas; la
entrega del petróleo; las milicias armadas” (Bonazzola, 1955: 13).
Recientemente es posible observar
en el campo historiográfico la utilización de los expedientes de las comisiones
investigadoras implementadas por el gobierno de la Revolución Libertadora no
solamente para analizar el proceso de desperonización en diversos ámbitos
(tales como las administraciones provinciales, los sindicatos, la Universidad),
sino para conocer los argumentos que contribuyeron a justificar el mismo (Castillo,
2015 y 2016; Ferreyra, 2016 y 2018; Ruffini, 2012 y 2016; Rodríguez, 2018). De
allí la importancia de estas fuentes que se componen de un gran número de
expedientes que fueron elaborados por alrededor de 600 comisiones organizadas
en todas aquellas agencias estatales del territorio nacional. A partir del
estudio de Silvana Ferreyra (2018) podemos saber que las comisiones se
instalaron en Ministerios y Secretarías; organismos autárquicos y empresas
estatales; organizaciones de la sociedad civil; y personajes o grupos
sospechados de corrupción. La conformaban militares, integrantes de partidos
políticos, profesionales de prestigio, y miembros de corporaciones
empresariales.
Por otro lado, producciones
historiográficas recientes han mostrado que en las denuncias antiperonistas que
constan en los expedientes iniciados a fines de 1955 por parte de las
comisiones investigadoras, se observa claramente que el objetivo era recomponer
un orden social que el peronismo habría alterado. Las denuncias apuntaban a cuestionar
lo que se consideraba un desvío del accionar propio de los sindicatos, esto es,
la defensa general de los derechos de sus afiliados (tanto en las mejoras de
salarios y condiciones de trabajo) dentro de la ley y el orden. No solamente se
impugnaba la adhesión de los trabajadores petroleros a un régimen considerado
demagógico y corrupto, sino que además se cuestionaba también la politización
de YPF como empresa estatal, que la había llevado a la decadencia (y por ende,
a la “entrega del petróleo”), materializada a partir de la firma de un contrato
de explotación petrolera entre el gobierno y la filial de la Standart Oil de
California en abril de 1955. Uno de los más acérrimos cuestionadores a dicha
política fue el profesor titular de la cátedra Derecho Agrario y Minero Adolfo
Silenzi de Stagni, que en mayo de 1955 en una clase extraordinaria dictada en
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,
denunciaba que con el peronismo se había perdido la posibilidad de lograr la
independencia económica, alertando acerca de un “angustioso déficit energético”[1].
La hipótesis que guía este artículo es que no solamente la Revolución
Libertadora impugnaba la politización de YPF, sino que lo que resultaba ahora
inadmisible era la fidelidad al peronismo que todavía expresaban los agentes de
la empresa estatal luego de 1955. En nuestro trabajo abordaremos los
reacomodamientos del sindicalismo petrolero en el yacimiento más emblemático de
YPF, como lo fue el de Comodoro Rivadavia, que concentraba gran cantidad de
trabajadores petroleros que habían adherido al “régimen depuesto”. En
particular nos enfocaremos en la denominada “comisión n° 22” que la Revolución
Libertadora organizó para investigar a YPF durante el período peronista, atendiendo
a las diversas expectativas que había generado la misma entre aquellos sectores
que conformaban el antiperonismo más radicalizado.
El sindicalismo petrolero luego de
1955
Del consenso que ha construido la
historiografía en torno al tramo final del peronismo se desprende que se estaba
ante un gobierno lleno de vacilaciones, cuyos intentos de frenar el golpe
fueron en vano, dejando a los peronistas en un escenario de desconcierto,
orfandad y desmoralización. Si bien hubo algunos intentos de organizar
manifestaciones callejeras que resistieran el final, lo cierto es que sólo
existieron algunas manifestaciones inorgánicas expresadas por grupos aislados
(Melon Pirro, 2009). El golpe puso violentamente en escena a aquel
antiperonismo que se había gestado ya desde 1946, en el marco del conglomerado
de fuerzas partidarias denominado “Unión Democrática”[2],
el cual nunca dejó de concebir al peronismo como la versión local de un régimen
nazi fascista, que destruía las bases políticas y culturales de la tradición
liberal democrática que había modelado la nación (Spinelli, 2005).
El plan de Eduardo Lonardi,
basado en la pretensión de lograr una reconciliación bajo una nueva hegemonía,
negociando con los sindicatos y construyendo acuerdos, pronto se tornó inviable
dado que el antiperonismo radicalizado era incontrolable para su gobierno. Las
crónicas de esos días muestran que si bien las relaciones entre la CGT y el
gobierno parecían evidenciar un “espíritu conciliatorio” luego del golpe,
paralelamente se ocupaban violentamente los diversos sindicatos a manos de
sectores no peronistas y grupos de choque de los comandos civiles (Torre –
Senén González, 1969).
Luego del fracaso del proyecto
de Lonardi y con la llegada de Pedro Eugenio Aramburu a la presidencia en
noviembre de 1955, se abandonó toda ambigüedad con respecto al peronismo,
implementándose diversas prácticas represivas que promovían su eliminación como
identidad política. Este proyecto pedagógico de desperonización se avalaba a partir de “la creencia de que el
peronismo había conseguido la adhesión de los sectores populares (…), merced a
dádivas, a un aparato de propaganda y al control para sus propios fines de los
recursos del Estado” (Spinelli, 2005: 77). Esto legitimó la prohibición de todo
tipo de propaganda, y el castigo para todo aquel que hiciera uso de imágenes,
símbolos y signos peronistas, medida consagrada en el decreto n° 4161 del 5 de
marzo de 1956. Esto además habilitó la confiscación de bienes propiedad del
Partido Peronista y la destrucción de toda referencia material al “régimen
depuesto” (Scoufalos, 2007; Álvarez, 2014).
Si la “Revolución Libertadora”
venía a celebrar la victoria de la libertad sobre la tiranía, debió apelar a un
uso del pasado construyendo una nueva articulación discursiva en el marco
general de la historia argentina. Lo hizo seleccionando como hechos históricos
a mayo de 1810 y la batalla de Caseros de 1852, estableciendo un vínculo
fundado en acciones libertadoras. En dicho uso, como bien se ha advertido, hay
una ausencia de los sectores populares en la narrativa histórica, coincidente
con la proclama de la revolución que ordenaba que los trabajadores no debieran
inmiscuirse en política, más allá de los intereses laborales y gremiales más
inmediatos (Castillo, 2014). En este sentido, son clarificadoras las palabras
del Interventor Federal de la provincia del Chubut Capitán de Fragata Raúl
Sidders, en donde se apelaba a un uso de la historia como clave explicativa no
sólo de lo que había sido el peronismo, sino del desafío que quedaba por
delante. Identificando a Perón con Juan Manuel de Rosas, en su discurso
publicado en la prensa el capitán Sidders afirmaba:
“Pero señores, la historia se
repite. 100 años después otro tirano se cruza en nuestro camino y esta vez
levantando la bandera de obrero. Aquel primer tirano fue brutal y sanguinario
como Atila. Este es más peligroso. Este no mata brutalmente, envenena y mata
por asfixia. Aquel no dejó semilla porque hasta el pasto se secaba al paso de
su caballo. Este dejó sembrada la duda, el desconcierto y el desaliento entre
las mentes sanas y sencillas de los obreros”[3].
En nombre de la libertad y la
moralidad la Revolución Libertadora implementó comisiones de investigación para
ser utilizadas como herramientas justificadoras de la persecución y de la
proscripción del peronismo, por considerar que durante dicho período se había
llegado a niveles extremos de corrupción que degradaban seriamente la
institucionalidad democrática. Dichas comisiones, creadas en el marco de un
“espíritu revanchista” como han señalado algunos autores (Ruffini, 2012),
estaban destinadas a investigar fundamentalmente la malversación de fondos bajo
el argumento de que recursos estatales habían sido utilizados para actividades
partidarias. Al igual que en todo el país, en abril de 1956 comenzó a funcionar
en Comodoro Rivadavia la denominada Comisión Investigadora Zona Sud[4],
compuesta por Diego Zamit (presidente), Héctor Pereira y Luis Clavijo
(vocales).[5]
Por otro lado, el contexto
obligaba al sindicalismo en general y el petrolero en particular a
reacomodarse. El peronismo había generado todo un entramado de tensiones y conflictos en el
interior del sindicato petrolero durante el período de la denominada
Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia (1944 – 1955). En ese marco temporal,
dos grupos se disputaron la conducción del sindicato: un sector autodenominado
autónomo nucleado a partir de 1946 en el Sindicatos de Obreros y Empleados de YPF
(SOyEYPF); y el sector peronista, que en 1948 había organizado el Sindicato del
Personal de YPF (SPYPF), siendo este último reconocido por el Sindicato Unidos
Petroleros del Estado (SUPE) a nivel nacional. En nuestro análisis sobre la
adhesión de un sector de los trabajadores petroleros al peronismo, pudimos
conocer la transformación a nivel identitario de un sujeto que experimentó una
inédita y radical inclusión en la vida comunitaria (Carrizo, 2016). Dicho
proceso implicó un desarreglo de las jerarquías y lugares sociales, dando lugar
a la emergencia de un sujeto que denuncia la desigualdad en la apropiación de
la palabra. En ese proceso hubo una “transformación en la estima de si”, lo
cual conllevó una obligación de escuchar, pasando este sujeto a inscribirse
como partícipe válido del espacio público (Barros, 2011). Al momento de
escrutar las implicancias que tuvo para el sindicato petrolero ese desarreglo
de las jerarquías y los lugares sociales, pudimos historizar los conflictos
internos entre un sector que bregaba por mantener una autonomía política, y
otro sector que se identificaba claramente con Perón. En nuestra investigación
pudimos dar cuenta que ya en octubre de 1947 los trabajadores peronistas
solicitaron el reconocimiento de un nuevo sindicato que los nucleara, lo que
finalmente concretaron en los inicios del año siguiente con la creación del
SPYPF.
El nuevo escenario político que
se abría con la caída del peronismo significó para el sector antiperonista del
sindicalismo petrolero la posibilidad de recuperar el control del SOyEYPF. De allí que, según la crónica
del periódico, una vez ejecutado el golpe los manifestantes llegaron hasta el
barrio General Mosconi, corazón de la explotación petrolífera estatal, en donde
se registró un enfrentamiento armado[6].
Luego de estos hechos, el pro secretario de la organización SUPE Amaro Eraclio
Cortés, a través de la radio LU 4 hizo un llamado a la concordia y a la
pacificación. Afirmó que las autoridades garantizarían el mantenimiento de las
conquistas alcanzadas por los trabajadores en los últimos años. Hizo un llamado
“a deponer toda clase de hostilidades y a disponer el ánimo a una perfecta
pacificación, comprensión y cordura, para que cada compañero sepa cumplir con
la honrosa misión de trabajador consciente y absolutamente responsable de su
deber”[7].
Posteriormente se designaron
nuevas autoridades en la región: fue nombrado comisionado interino de la
provincia de Chubut el teniente de Navío Manuel Alberto Schneidewind, y como
comisionado municipal de la ciudad de Comodoro Rivadavia el señor Rocío Ortiz[8].
A pocos días de su asunción, este comisionado recibió en las dependencias de la
Municipalidad a representaciones obreras y vecinales. A los delegados de la
seccional local de SUPE especialmente se les garantizó que “las actividades
gremiales pueden desenvolverse con todas las garantías para su absoluta
autonomía, sin ninguna clase de interferencia oficial”[9].
Pero si bien desde el gobierno provincial se aseguraban estas garantías, el
recién nombrado Ministro de Industria de la Nación Horacio Morixe recordaba que
en YPF las cosas no volverían a ser igual, por cuanto debía “recobrar cuanto
antes su antigua jerarquía. Dejará de ser una dependencia administrativa con
acento burocrático para convertirse en una gran repartición independiente que
tenga celeridad administrativa y agilidad comercial”[10].
Una vez concretado el golpe, a inicios de
octubre de 1955 emergieron dos organizaciones que nucleaba a trabajadores y
empleados de YPF, dando cuenta de un proceso de reorganización y
reacomodamientos dada la nueva coyuntura política. En primer lugar surgió la
denominada “Organización General Mosconi”, la cual se arrogaba la salvación de
YPF de las “garras manchadas de sangre del imperialismo petrolero y de la
acción nefasta de algunos malos argentinos a su servicio”[11],
apelando a un uso político ya conocido de la figura del primer Director de YPF[12].
Este sector apoyaba los enunciados y propósitos de la “Revolución Libertadora”,
promovía la recuperación integral de las fuentes naturales de riqueza al
patrimonio nacional y buscaba la restauración de la plena autonomía de YPF para
retornar a los principios del General Mosconi. Asimismo perseguía la “revisión
integral de las causas que motivaron las cesantías, traslados inconsultos,
sanciones disciplinarias y represalias gremiales y políticas contra obreros,
empleados y funcionarios de jerarquía, durante el régimen depuesto”[13].
Paralelamente surgió otra
organización, denominada “Asociación Amigos de YPF”, que amparándose en el “ni
vencedores ni vencidos” buscaba la “hermandad” entre la gran familia ypefiana.
En su comunicado agregaba: “Se deja expresa constancia moral que este resurgir
del sentir sindical no está respaldado por bandería política alguna, ni
componendas de entidades y personas que no pertenecen al exclusivo personal de
YPF. No permitirá, por lo tanto dentro de sus filas el estigma malsano de odios
gremiales pasados o presentes por la concordia de toda la familia petrolera”[14].
A pesar de la apuesta por la reconciliación al interior de las filas del
movimiento obrero petrolero que expresaba este último sector, procurando cerrar
un pasado conflictivo, lo cierto es que los sectores antiperonistas promovieron
que la “Revolución Libertadora” y sus objetivos lleguen de forma unánime a todo
el país. Además, si se trataba de un régimen que había corrompido al Estado, el
nuevo “espíritu revolucionario” debía ingresar a todas sus dependencias, en
especial la empresa petrolera estatal por su carácter estratégico para la
economía nacional. De allí que se creó la denominada “Comisión n° 22” que tuvo
a su cargo la investigación de YPF, la cual analizaremos a continuación.
Como hemos adelantado, la
demanda de eliminar todo vestigio del peronismo también se expresó en Comodoro
Rivadavia. En una nota de opinión publicada en el diario El Chubut, se advertía acerca de aquellas “Enseñanzas que no deben
olvidarse”:
“Aquí se han registrado
episodios y han actuado elementos que con más apetito que buen criterio han
hecho de los sindicatos su pedestal personal usufructuando una situación
anormal y llena de inmoralidades, han extraído su gran beneficio individual ¿No
hemos visto actuar a entes que sin mayores luces cerebrales se pavoneaban en
lujosos coches imitando a los históricos caudillos de tierra adentro pero que
diferían de estos en nobleza y buena fe?
¿Qué nociones del auténtico SINDICALISMO han demostrado poseer? NINGUNA.
Y ahí están esos organismos que cual globos esféricos solo tienen el volumen de
estos pero que están completamente huecos por dentro; vale decir, sin cerebro
conductor capaz de acondicionar en la recta práctica, la acción del organismo
de clase. La hueca y altisonante fraseología de sus dirigentes ha dado sus
resultados y así hemos observado como han caído ‘ídolos’ y se han perdido
causas justicieras. Es que el ser ‘dirigente sindical’ importaba grandes
canonjías y ello trataba la acción que corresponde a la organización obrera.
Caudillitos prepotentes que hasta han emprendido erigirse en directores de
importantes empresas, anulando o desplazando y amenazando a los técnicos de las
mismas se ha soportado con el grave resultado que se conoce”[15].
La referencia a uno de esos
“caudillitos prepotentes” que habían intentado “erigirse en directores de
importantes empresas”, aludía al ex secretario general de SUPE Pedro Gomis,
quien se había convertido en Director de Empresas Nacionales de Energía (ENDE)
en tiempos del peronismo. Dado que durante aquel período los dirigentes
sindicales se habrían corrompido, el antiperonismo radicalizado asumió con
convicción que era necesario no solamente eliminar al peronismo como opción
real del mapa político argentino, sino además refundar la democracia política
para impedir (según lo creían determinados sectores) en el futuro el
establecimiento de gobiernos de corte autoritario. Allí radicaba la esencia de
la revolución, y la desperonización era una tarea que no debía demorarse para
lograr un rápido “saneamiento” del lugar ocupado por la explotación petrolífera
estatal, porque según estos sectores “la revolución libertadora demora en
llegar”:
“Si se tiene en cuenta que
precisamente esa zona fue convertida en la máxima fortaleza del peronismo, no
debe extrañar ni sorprender la existencia de un ambiente que día a día adquiere
mayor volumen respecto a la impostergable necesidad de proceder como nos
expresara el Ministro de Gobierno de la Provincia, doctor Simonet, a un amplio
saneamiento. Ya es sabido que en kilómetro tres, fue sede (y con todas las
prerrogativas y comodidades muy costosas al erario nacional) de cuanto
funcionario peronista llegaba o se radicaba en esta. Así es que se puede
señalar que allí y en lujosas mansiones, con vehículos y personal de
yacimientos, residieron ‘censistas’ e ‘interventores del peronismo’, ‘delegados
de Trabajo y Previsión’, y cuantos así los quisieron. (…) Sobran razones y
fundamentos para pedir que ese saneamiento que se está realizando en el resto
del país llegue hasta esta. Hay que proceder como se procede en la cirugía, que
para salvar el cuerpo se amputa cualquier parte del miembro”[16].
El 12 de enero de 1956 el
antiperonismo comodorense recibió a uno de los “héroes” de la Revolución
Libertadora: el Teniente General Julio A. Lagos[17].
La prensa local destacó su llegada a la ciudad no sólo por su pasado como
Gobernador militar en la zona, sino también por sus “sobresalientes condiciones
de caballero y ecuánime gobernante”[18].
La Junta Reorganizadora de SUPE alentó a los trabajadores de YPF a concurrir al
aeródromo local para recibir al ex gobernador[19].
Uno de los columnistas del diario El
Rivadavia sostenía que “Con la presencia del Teniente General J. Lagos va
llegando la Revolución a Comodoro”: “Comodoro Rivadavia fue el lugar donde más
estragos hizo el peronismo. Echemos un vistazo al problema gremial, a los
negociados, despojos, deportaciones, etc, etc, y estaremos de acuerdo de que
mucho sufrimos y mucho aguantamos”[20].
Pero además no solamente la Revolución Libertadora llegaba con sus hombres,
sino que además comenzaban a evidenciar resultados intensamente esperados. Ya en los inicios del mes de abril
la prensa publicaba que 22 agentes de YPF fueron “invitados a renunciar” a
partir del decreto 4258. Entre ellos se echaba a Horacio C. Medrano[21],
ex secretario general del Sindicato del Personal de YPF, sector que se había
identificado con el peronismo (Carrizo, 2016).
Para mayo de 1956 el SUPE local se
encontraba intervenido, y las nuevas autoridades realizaban gestiones en Buenos
Aires ante la Federación y el Administrador de YPF Alfredo Intzaugauraut.
Solicitaron la reincorporación total del personal dejado cesante por razones
políticas o gremiales en el período comprendido entre 1947 y 1952:
“Es deseo unánime de esta
intervención, que por su posición democrática representa a la mayoría del
personal de YPF, que la Repartición proceda a la reincorporación total de los
compañeros que fueron dejados cesantes en el período antedicho, por razones
políticas o gremiales, aspiración lógica, que se reafirmó con la justa posición
de la Revolución Libertadora, que llegó para imponer justicia y reivindicar a
los que por su posición contra la dictadura llegaron al sacrificio, sufriendo
persecuciones, encarcelamientos y toda clase de vejámenes que culminaron con la
separación de sus cargos por enarbolar la justa causa de la libertad”[22].
Como podemos observar a través de
la prensa, había una expresión unánime para que el espíritu de la Revolución
Libertadora se manifieste en Comodoro Rivadavia y en YPF. Pero como veremos a
continuación a través del análisis de la diversidad de denuncias que
encontramos en los expedientes confeccionados por la comisión n° 22, ese
espíritu contenía distintos significados.
La comisión n° 22
La Comisión Nacional de
Investigaciones creada el 7 de noviembre de 1955 comenzó su accionar en el
territorio, abarcando toda una gama de irregularidades, tanto en el manejo de
la cosa pública como en lo político administrativo[23]. El 16 de noviembre fue la
“Comisión n° 22”, la cual fue destinada a investigar la concesión de agencias
de YPF a personas y entidades privadas; la compra de automotores a la Mercedes
Benz S.A: la adquisición de automotores a FIAT; la imputación de gastos
electorales del partido oficialista a las cuentas de Propaganda y Obra Social
de YPF; la participación que hubiera tenido el personal de YPF en los incendios
de los edificios públicos y templos en Buenos Aires; y la obtención de ignífugos
y mangueras para el servicio de incendio en condiciones aparentemente
irregulares[24].
A continuación analizaremos qué tipo de denuncias contenían los expedientes
elaborados por dicha comisión.
En primer lugar se demandaba la
expulsión de aquellos funcionarios vinculados al “régimen depuesto”. La gran
cantidad de denuncias de este tipo denotan ese “espíritu revanchista” que
cubrió a las comisiones investigadoras, las cuales aparecen asociadas a
innumerables situaciones. La razón de tales denuncias radicaba en que
determinados sujetos, por no haber sido echados de YPF, seguían manifestando
abiertamente su adhesión a Perón. Tal como se desprende de un
panfleto elaborado en la Gerencia de Navegación de YPF, la fidelidad al
peronismo resultaba inadmisible:
“La permanencia de los
funcionarios en los puestos de dirección de YPF, que hasta la víspera
estuvieron al servicio de Perón nos inquieta. Un primitivo propósito de
apaciguamiento, pudo justificar su permanencia, pero la verdad es que ahora, la
revolución está firme y por lo tanto debe cesar la política apaciguadora,
debiéndose eliminar funcionarios caducos y envilecidos, no deteniendo la acción
reparadora y moralizadora que los hombres de bien deseamos”[25].
En notas dirigidas al presidente
de la Comisión Nacional de Investigaciones se señalaba que ante la Subcomisión
investigadora de YPF en La Plata, un agente “reconoció haber sido secretario de
la unidad básica del ex partido peronista”. Por otro lado, de acuerdo a lo
investigado por la subcomisión investigadora en YPF en Mendoza “el actual
administrador de YPF en Plaza Huincul fue asimismo secretario de la unidad
básica número 31, con asiento en las mismas dependencias de la Repartición”. La
nota finalizaba diciendo:
“Atento que el Poder Ejecutivo Provisional de la
Nación, ha declarado en un decreto reciente, la incompatibilidad del ejercicio
actual de la función pública con el anterior desempeño de distintos cargos,
inclusive el de Secretario de Unidad básica del ex partido peronista, me dirijo
al señor presidente, solicitándole quiera poner estos hechos en conocimiento
del señor administrador general de YPF a los efectos de que se dé cumplimiento
al decreto de incompatibilidad precedentemente aludido”[26].
Las acusaciones no siempre partían
del accionar de las propias comisiones investigadoras, sino que también se
originaban en afirmaciones de empleados de un mismo sector de la repartición.
Por ejemplo, un trabajador oficial maquinista denunció, mediante nota al
administrador general de YPF general de brigada Alfredo Intzaugarat en
noviembre de 1955, que había sido citado por el departamento de personal
embarcado en la repartición. Manifestó que allí se le había consultado si era
cierto que estaba haciendo “gestiones a bordo de los buques de la flota con el
objeto de lograr el apoyo de los oficiales hacia la Comisión Investigadora de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales”. Ante la negativa de contestar, el
trabajador posteriormente tomó conocimiento de “la presentación de informes
reservados perjudiciales respecto del que suscribe y con el fin de dar
apariencia de legalidad a una eventual sanción que se estaría gestando en mi
contra”. Una vez notificado que había sido calificado con siete puntos en su
trabajo, señaló:
“estaríamos señor administrador
ante un caso patente de extorsión propio y muy común en un régimen felizmente
liquidado de la vida institucional argentina. No obstante los mismos hombres
que fueron fieles servidores del gobierno peronista continúan al frente de esta
repartición y mantienen los mismos métodos de persecución que caracterizaron a
la tiranía. La delación, la ilegalidad, señor administrador, son armas que aún
se esgrimen a sus espaldas, para eliminar a los elementos que pueden constituir
un motivo de zozobra para quienes no tienen las conciencias limpias”.
Le adelantaba al administrador de
YPF que cualquier medida que se tomara en su contra “será una injusticia que me
honra pues quien como yo tuve la felicidad (dicho sin jactancia y si con la
mayor humildad) de batirse en Córdoba junto a las fuerzas de la Aeronáutica en
la gloriosa epopeya de la Revolución Libertadora, ofreciendo a la Patria lo
mejor de sus ideales, no podrá jamás ser manchado en su honor por individuos
que han sido cómplices de un régimen al cual hemos derrotado pero que tan
graves daños ha dejado como recuerdo de su paso”[27].
Contamos con otro caso en donde se
notificaba al presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones Leonardo
Mac Lean, en nombre de los principios de la Revolución Libertadora, que debían
ser expulsados los peronistas de YPF:
“la Revolución Libertadora ha
asumido ante el pueblo de la Nación, la responsabilidad de devolver al país el
pleno ejercicio de sus derechos como consecuencia inmediata de los deberes que
para con la Revolución han contraído los hombres libres de la patria. (…) El
libre juego de las instituciones republicanas conculcadas durante una década,
no podrá lograrse jamás mientras sigan al frente de las mismas hombres
incondicionales del gobierno ilegal que sucumbió el 16 de setiembre. Son muchos
los hombres cuya actuación al frente de los puestos-llave de la economía
nacional, ha sido francamente nefasta para la vida institucional del país, y la
ciudadanía ve con asombro que la sangre vertida no los inmuta ni los mueve al
acto de elemental honradez cual sería su renuncia a los cargos que han
mancillado con su innombrable sometimiento”.
La denuncia estaba dirigida contra
un ex administrador de YPF, que ocupaba en ese momento el cargo de gerente de
navegación, que había adherido al “régimen depuesto”:
“Ello queda probado al impedir el
citado funcionario al esclarecimiento de una verdad candente cual era el
convenio petrolero, negando a los hombres responsables el salón de actos de YPF
para dictar conferencia al respecto, por el sólo hecho de ser representantes de
un sector de la ciudadanía que veía en el tratado con la California Argentina
la entrega del país al poder extranjero, al mismo tiempo que otro salón era
cedido para la exhibición de los automóviles con que se premiarían a los
estudiantes de la UES. No es posible, en consecuencia que la Revolución acepte
en su seno a hombres que hoy pueden estar haciendo votos de fe revolucionaria
como ayer se jactaban de ser amigos personales del ex – presidente”.
En otras denuncias observamos que
se mezclan cuestiones vinculadas a falta de idoneidad en el trabajo con el
pasado peronista de determinado funcionario. Por ejemplo, mediante nota se daba
cuenta del deplorable estado de conservación de los buques petroleros que no
ofrecían garantías de seguridad. Esto sirvió de excusa para luego engrosar un
listado de diversas acusaciones que iban desde la discrecionalidad en el
nombramiento de empleados hasta la no sanción de trabajadores que todavía
mantenían su fidelidad al peronismo. En particular se lo acusaba de haber
firmado una circular por la cual había dispuesto un censo político de todo el
personal de la Repartición, “medida que implicaba una clara y directa amenaza
de cesantía para todo agente no afiliado al partido oficialista”. También se lo
señalaba por su participación directa o indirecta en determinados delitos de
presunta defraudación cometidas por sus subordinados, y que por sus relaciones
con el anterior gobierno había nombrado discrecionalmente a ciertos empleados,
en abierta violación del reglamento, y posponiendo a capitanes que contaban con
mayor antigüedad. Se le solicitaba que diera explicaciones acerca de las
razones por las cuales se había enviado en comisiones al exterior a personal
superior no argentino, favoreciendo en esa forma al personal extranjero en
desmedro de oficiales de nacionalidad argentina. Asimismo la nota agregaba:
“Por qué se limitó a dar licencia
por presunta enfermedad en vez de sancionar al ex capitán Luis Rogelio Caro por
su actuación como jefe del comando civil, leal al tirano. En esta oportunidad
el señor Caro actuando en estrecha unión con los agitadores profesionales GOMIZ
(hoy procesado por delitos comunes) y TORRES, dispuso el hundimiento del B/T
Florentino Ameghino, en el canal de acceso a la base naval y al Pto de la
Plata; para lo cual se intimidó a mano armada al oficial de guardia del citado
buque. Dispuso también (el señor Caro) la salida, en igual forma compulsiva,
del B/T San Julián a efectos de localizar con el radar la posición de nuestra
Marina de Guerra y ponerla en conocimiento de los traidores del comando de
represión”.
Además se le demandaba que
aclarara sobre los reiterados delitos de defraudación y abuso de confianza en
perjuicio de los bienes de la Repartición, y
“si sabía y en todo caso por qué
no sancionó al señor jefe de talleres de La Plata por haber permitido, en su
presencia como jefe en ejercicio de turno de guardia, probablemente el día 24
de setiembre, manifestaciones políticas hostiles al gobierno previsional ya
constituido y la expresión verbal y escrita con palabras injuriosas hacia la
dignísima persona del Gral. Lonardi y vivas al tirano. (…) Consideramos que un
administrador que no es capaz de fomentar entre su personal el sentido de la
ética y la honradez profesional, no es digno, por incapaz, de detentar tal
cargo por cuanto con su tolerancia o manifiesta negligencia fomenta la
indisciplina, la corrupción y el delito, normas usuales de un régimen que
conmovió al país durante doce años de incesante avasallamiento a las
instituciones democráticas”[28].
En segundo lugar, se denunciaba la
desaprensión, mala gestión o supuestos negociados en YPF durante la
administración peronista. Ya en los primeros expedientes se dejaba constancia
de la “desaprensión con que algunos
funcionarios de la Repartición manejaban el patrimonio de YPF y la falta de
idoneidad en muchos casos”. En cuanto a posibles actos de corrupción
encontramos una nota que hacía referencia a un grupo de funcionarios y ex
funcionarios argentinos asociados a personas de origen extranjero (vinculados a
su vez con empresas italianas, alemanas y norteamericanas) que tenían el
propósito de contratar en los organismos competentes nacionales, la perforación
de 300 pozos en Comodoro Rivadavia. En nota fechada el 16 de abril de 1956 al
presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones Contralmirante Leonardo
Mac Lean se afirma:
“A través de la lectura del
referido informe resultaría ‘prima facie’ que personas vinculadas a la
administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ya sea por actuación
anterior o simultánea con la propuesta, estarían suministrando información de
dicha Repartición a hombres de negocios y empresas extranjeras. De verificarse
tal circunstancia, nos encontraríamos en presencia de serias y gravísimas
irregularidades que afectarían vitales intereses de la Nación y que por otra
parte, podría caer bajo las sanciones que determina la ley 13985”.
En tercer lugar se solicitaba
reparar y reponer a aquellos empleados que habían sido echados arbitrariamente
de la empresa durante el período peronista. En base a expedientes de 1952 y
1953 del ex Ministerio de Industria y Comercio de la Nación, se tomó
conocimiento de la exoneración de que fuera objeto un ex agente de YPF
“en virtud de las manifestaciones
que se le atribuyeron con motivo del fallecimiento de la sra. María Eva Duarte
de Perón. Surge de las actuaciones sustanciadas en los expedientes que se
agregan por cuerda floja, que la exoneración del mencionado agente, se dispuso
en virtud de un sumario tendencioso y arbitrario, que nunca pudo justificar la
medida adoptada. Tanto más si se tiene en cuenta la interferencia de las
autoridades del ex partido peronista y las informaciones que al mismo se
solicitan al margen de toda norma y de elementales principios de orden
administrativo que obligan a descartar la intervención del factor político que,
en el presente caso, adquiere una gravitación decisiva”.
La comisión n° 22 dictaminó en
este caso que se le brindara al ex agente una reparación por la arbitraria
medida disciplinaria adoptada en su contra.
En cuarto lugar se encuentran
expedientes que nos informan acerca de las dificultades que experimentó la
comisión 22 para poder funcionar. Del caso que analizaremos a continuación, es
posible inferir que se trataban de entorpecimientos como formas de resistencia
a las investigaciones.
En nota del 23 de marzo de 1956,
dirigida al presidente de la CNI Mac Lean se denunciaba que se había creado una
Comisión Central Investigadora con facultades para investigar las posibles
irregularidades habidas en dicha Repartición y que posteriormente se creó una “Comisión
Interna Asesora” (CIA). Para el presidente de la comisión n° 22 Eduardo
Pourciel esta última comisión (creada por la propia Administración de YPF) representaba una “interferencia que acentuará
sin duda, la actitud de reticencia ya adoptada por el personal de YPF respecto
de la Comisión que presido, en cuanto se abstiene de acercarse a la misma,
temeroso de provocar represalias de los mismos funcionarios a quienes tendría
que referirse”. Además se afirmaba que con la CIA se amenazaba a potenciales denunciantes,
evitando que lleguen sus denuncias a la Comisión Nacional de Investigaciones.
La nota finalizaba diciendo: “La constitución de una ‘Comisión Central
Investigadora o de una ‘Comisión Interna Asesora’ (…) con las facultades
conferidas por las resoluciones que comento, más que una simple superposición
de funciones, implica un expreso desconocimiento de esta comisión n° 22,
dependiente de la Comisión Nacional que Ud. Preside y que a su vez depende del
Exmo. Señor vicepresidente de la Nación”[29].
En otro caso, con nota del 26 de
marzo de 1956 dirigida a Mac Lean, la comisión n° 22 daba cuenta de aquellos
sujetos que mostraban resistencia ante el accionar investigativo. En un
expediente en donde constan las actuaciones que llevaba adelante la Comisión
Provincial Investigadora de Santa Fe, se acusaba de falta de colaboración a los
integrantes de la firma Casanova Hnos., agente de YPF en la localidad de
Carmen. Dos de sus integrantes habían sido miembros de la Comisión de Fomento
de ese pueblo como representantes del partido peronista, y fueron acusados de
diversas irregularidades. La nota manifestaba: “Invitados a exhibir en las
vidrieras de su negocio, anuncios que le hiciera llegar la Comisión
Investigadora local, dando a conocer su constitución eludieron hacerlo, para
sólo acceder ante la expresa indicación de la Policía. No obstante eso, retiran
los anuncios al día siguiente de haberlo puesto en exhibición”.
Para finalizar, a partir del
análisis de las denuncias antiperonistas en YPF, es posible reconocer que lo
que se buscaba con el accionar de la comisión investigadora n° 22 era
recomponer un orden social que el peronismo había alterado. Según la comisión
investigadora del yacimiento de YPF en Mendoza, el SUPE antes del peronismo
había desarrollado una plausible actividad en la defensa general de los
derechos de sus afiliados, (en las mejoras de salarios y condiciones) dentro de
la ley y el orden. Sin embargo, se afirmaba:
“Pero no tardó mucho en creerse
con derechos para imponer despóticamente sus particulares puntos de vista y
así, ante algún hecho que apareciera a los ojos de quienes lo dirigían como
lesivo de los intereses de los afiliados, no se efectuaba una acción ordenada y
orgánica, ni se documentaba, ni peticionaba a las autoridades, ni provocaba la
instrucción de sumarios que corrigieran con seriedad la anomalía, sino que
alentaba a los empleados para que en el lugar mismo del accidente, por si y
ante si, se opusiera a las medidas estimadas injustas”[30].
De los expedientes que conforman
la comisión n° 22 se desprende que no solamente se impugnaba la adhesión de los
trabajadores petroleros a un régimen considerado demagógico, sino que además se
cuestionaba también la politización de YPF como empresa estatal, que la había
llevado a la decadencia. La politización de los conflictos laborales a partir
de un sujeto que vio trasformada su estima de si y que lo llevó a cuestionar
las jerarquías, es lo que habría generado el peronismo en los trabajadores. De
allí la necesidad de la Revolución Libertadora de depurar a los sindicatos y
vaciarlos de política, ocupándose estrictamente de plantear demandas puntuales.
Conclusiones
En 1985, invitado a escribir el
prólogo de una publicación editada por la Comisión de Afirmación de la
Revolución Libertadora en la conmemoración del 30 aniversario, Isaac Rojas
afirmaba: “Lejos de eso el corporativismo se ha afirmado y el Estado se ha
convertido en un ente marcadamente dirigista e intervencionista gracias a los
incontables tentáculos con que su superburocracia oficial tiene envueltas y
aprisionadas más de la mitad de las actividades económicas de la Nación apoyada
por un sindicalismo politizado, una de las más nefasta herencias que nos dejó
la tiranía”[31].
En dicho balance, de alguna manera Rojas se lamentaba que la Revolución de la
cual había sido parte no había concretado todos sus objetivos, entre ellos
revertir la politización del sindicalismo.
Los sectores dirigentes herederos
del golpe de Estado de 1955 intentaron imponer su convicción de que era necesario
borrar al peronismo como opción real del mapa político argentino. Si el
antiperonismo radicalizado veía al peronismo como un fenómeno anómalo, y que
para depurar a la sociedad de ese mal como un camino posible para la
democracia, esto implicó erradicarlo como identidad política. Sin embargo, como
ha afirmado recientemente Alejandro Grimson (2019), el
antiperonismo logró un efecto no deseado: que la identidad peronista fuera el
epicentro de la vida política argentina durante décadas. Con el transcurrir de
los años no se esfumó el recuerdo de la Argentina peronista de la memoria
popular, y la fuerza misma de los acontecimientos, hicieron evidente que sin el
peronismo la democracia no era viable. A pesar del fervor antiperonista
resurgido en aquellos días, después del peronismo ya nada sería igual: desde
que la denominada “Revolución Libertadora” derrocó el gobierno de Perón, el
espacio político seguiría configurado en torno de dos campos antagónicos, el
cual daría lugar a largas décadas de inestabilidad política.
Por otro lado este trabajo mostró
que de las denuncias antiperonistas que constan en los expedientes iniciados a
fines de 1955 por parte de las comisiones investigadoras, se desprende
claramente que el objetivo era recomponer un orden social que el peronismo
habría alterado. Las denuncias en YPF cuestionaron lo que se consideraba un
desvío del accionar propio de los sindicatos, esto es, la defensa general de
los derechos de sus afiliados (tanto en las mejoras de salarios y condiciones
de trabajo) dentro de la ley y el orden. En nuestro caso de estudio, no
solamente se impugnaba la adhesión de los trabajadores petroleros a un régimen
considerado inmoral, o la politización de YPF como empresa estatal, sino que lo
que resultaba ahora inadmisible era la fidelidad al peronismo que todavía
expresaban los agentes de la empresa estatal luego de 1955.
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Aceptado: 13 de Julio
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Versión Final: 20 de septiembre de 2019
[1] Sostenía que esto ya había sido
advertido desde el inicio del gobierno de Perón, “lo que determinó a un grupo
de ciudadanos representantes de diversos sectores a constituir una comisión
denominada ‘Pro Monumento al General Mosconi’ (de la que formé parte en mi
carácter de profesor universitario) con el principal objeto de defender la
política petrolera seguida invariablemente, desde hace cerca de medio siglo,
por todos los gobiernos argentinos” (Silenzi de Stagni, 1955: 10).
[2] Alianza conformada por los
partidos Demócrata Progresista, Unión Cívica Radical, Partido Socialista y
Partido Comunista para las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946.
[3] El Rivadavia, Comodoro Rivadavia, 28/05/ 1956, p. 2.
[4] Para un estudio reciente de las
Comisiones Investigadoras, véase: (Ferreyra, 2018).
[5] Uno de los resultados de dicha
comisión fue la acusación formulada al Director de escuela Temístocles Gatica,
por extralimitarse en sus funciones: “en la escuela se hacía todo lo necesario
para destacarse entre los demás por su fe peronista”. Gatica fue separado del
cargo preventivamente y se solicitó al Ministerio de Educación su traslado a
otro establecimiento de menor jerarquía fuera de la jurisdicción. Ante estos
sucesos, desde la prensa se hacía un llamado al restablecimiento de la armonía
y la concordia en todas las escuelas, para superar “enemistades, recelos y
antagonismos”. También se proponía “una oportuna rotación del personal docente,
trasladando a aquellos maestros cuya permanencia en el mismo puesto o escuela
pueda perturbar la indispensable tranquilidad del medio”. El Rivadavia, Comodoro Rivadavia, 12/05/1956, p. 3.
[6] “Al llegarse un grupo de
personas hasta la sede de SUPE en Barrio Mosconi, luego de manifestar que no
portaban armas, fueron invitados al parecer a entrar al local, donde fueron
agredidos a balazos por quienes se encontraban adentro, sindicándose a Santos
Isidro Morales, Federico Troxler, F. Baez y Radulesko, como autores de los
disparos resultando con heridas graves los ciudadanos Miguel Casanelli y Juan
Oscuroni y con heridas de menor importancia Carlos Busnadiego, Cecilio
Maldonado y E. Turchini” . El Chubut,
Comodoro Rivadavia, 25/09/1955, p. 2.
[7] El Rivadavia, Comodoro Rivadavia, 26/08/1955, p. 2.
[8] El Rivadavia, Comodoro Rivadavia, 27/08/1955, p. 6.
[9] El Rivadavia, Comodoro Rivadavia, 29/08/1955, p. 3.
[10] El Rivadavia, Comodoro Rivadavia, 30/09/1955, p. 3.
[11] El Rivadavia, Comodoro Rivadavia, 03/10/1956, p. 2.
[12] Para un estudio de los usos
políticos de la figura de Mosconi durante el primer peronismo, véase: (Carrizo,
2015).
[13] El Rivadavia, Comodoro Rivadavia, 04/10/1955, p. 9.
[14] El Rivadavia, Comodoro Rivadavia, 04/10/1955, p. 9.
[15] El Chubut, Comodoro Rivadavia, 18/12/1955, p. 5.
[16] El Chubut, Comodoro Rivadavia, 22/12/1955, p. 5.
[17] El General Julio Lagos se
trasladó desde Buenos Aires a Mendoza para organizar allí el levantamiento de
septiembre de 1955. Para más detalles de la Revolución Libertadora en Mendoza, véase
(Álvarez, 2016).
[18] El Rivadavia, Comodoro Rivadavia, 13/01/1956, p. 3.
[19] El Rivadavia, Comodoro Rivadavia, 12/01/1956, p. 2.
[20] El Rivadavia, Comodoro Rivadavia, 14/01/1956, p. 3.
[21] El Rivadavia, Comodoro Rivadavia, 06/04/1956, p. 3.
[22] El Rivadavia, Comodoro Rivadavia, 05/05/1956, p. 5.
[23] Comisión investigadora de la
provincia del Chubut. Presidentes: teniente de navío Manuel Alberto
Schneidewind y señor Julio Leoncio Ibarguren. Vocales: Dr. Ricardo Beltrán
Elicagaray, Sr. Carlos Mario Stroppiana y Sr. Julio Leoncio Ibarguren.
Vicepresidencia de la Nación. Comisión Nacional de Investigaciones.
Documentación, autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la
segunda tiranía, Tomo IV, Buenos Aires, 1958.
[24] Nota del presidente de la
Comisión Investigadora Eduardo Amaro Pourciel del día 28 de noviembre de 1955
al capitán Romero. Oficina de Coordinación de la Comisión Nacional de
Investigaciones.
[25] Ministerio de Justicia. Fiscalía
Nacional de Recuperación Patrimonial. “La Revolución Libertadora en la Gerencia
de Navegación de YPF”. Expediente n° 100166. Archivo General de la Nación,
Archivo Intermedio.
[26] Nota de Eduardo Amaro Pourciel
al presidente de la CNI Contralmirante Leonardo Mac Lean, 8 de marzo de 1956,
Ministerio de Justicia, Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial, Expdte.
100044, “Correspondencia general de la Comisión Investigadora de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales.
[27] Nota al Administrador General de
YPF General de Brigada Alfredo Intzaugarat, 7 de diciembre de 1955, Ministerio
de Justicia, Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial, Expdte. 100044,
“Correspondencia general de la Comisión Investigadora de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales.
[28] Nota al presidente de la CNI
Contralmirante Leonardo Mac Lean, folio 20, Ministerio de Justicia, Fiscalía
Nacional de Recuperación Patrimonial, Expdte. 100044, “Correspondencia general
de la Comisión Investigadora de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
[29] C. I. N. 51, Nota al presidente
de la CNI Contralmirante Leonardo Mac Lean, 23 de marzo de 1956, Ministerio de
Justicia, Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial, Expdte. 100044,
“Correspondencia general de la Comisión Investigadora de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales.
[30] Ministerio de Justicia. Fiscalía
Nacional de Recuperación Patrimonial. Expediente n° 100043, “Correspondencia
varia de la Comisión Investigadora de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 21 de
mayo de 1956. Informe preliminar de la Sub comisión nacional investigadora en
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Mendoza.
[31] Comisión de Afirmación de la
Revolución Libertadora (1985) A 30 años
de la Revolución Libertadora. Sucedió una vez… y sucedió para siempre, 1955 –
1985, Buenos Aires, p. 8.